Las columnas políticas hoy, 20 de marzo de 2021

Asíva el tema de la Ley eléctrica...

LAS SUSPENSIONES

Los jueces Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro han otorgado suspensiones, con efectos generales, contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica.

De acuerdo con un estudio preliminar, los juzgadores consideran que la reforma legal para favorecer a la CFE sobre las empresas privadas es inconstitucional.

Los dos argumentos centrales de los jueces son la afectación a la libre competencia y concurrencia en la generación de electricidad, y daños al medio ambiente, por marginar las plantas privadas de energías renovables.

Apenas este 19 de marzo, Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Segundo Especializado en Competencia Económica, concedió las primeras dos suspensiones definitivas que paralizan los efectos y consecuencias de la ley eléctrica.

JUEZ, AL BANQUILLO

El 12 de marzo, el Presidente pidió al CJF revisar el proceder del juez Juan Pablo Gómez. “Estos jueces se crearon y surgen cuando se lleva a cabo la reforma energética para proteger a las empresas particulares extranjeras, no para proteger el interés nacional”, dijo AMLO:

En respuesta, el presidente de la Corte y del CJF, Arturo Zaldívar, aclaró que se abrirá una investigación sólo en caso de que ésta proceda y con pleno respeto a la autonomía e independencia del impartidor de justicia.

¿LEY ELÉCTRICA, A LA CORTE?

López Obrador afirmó que el tema eléctrico deberá ser resuelto en la SCJN ante los diversos amparos que se han otorgado. “Vamos a que resuelva la Suprema Corte porque es un proceso legal, se inicia con una suspensión, se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va llegar a la Suprema Corte de Justicia”, dijo.

También advirtió que, si se declara inconstitucional, impulsará entonces en el Congreso una reforma constitucional.

¿Y AHORA QUÉ SIGUE?

El Ejecutivo federal y el Congreso tienen 10 días para impugnar las suspensiones definitivas ante un tribunal colegiado de circuito, que tomará varias semanas para resolver.

La SCJN podría atraer estos recursos a petición de FGR, el tribunal colegiado o algún Ministro. Decidir primero si atrae, y luego resolver los recursos, también tomaría varios meses.

El tribunal colegiado, o la Corte, pueden confirmar, modificar o revocar las suspensiones. La reforma a la LIE sólo sería plenamente operativa si las suspensiones son revocadas.

Para confirmar las suspensiones contra la Ley Eléctrica, si la Corte atrae su revisión, bastarían seis de once votos en el Pleno, o tres de cinco votos en una de las Salas. En el tribunal colegiado, basta mayoría de dos de tres magistrados. (Reforma)

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Revira IP a AMLO con datos duros

En la mañanera de ayer el C. presidente se lanzó en contra de empresas que dice pagan menos por la luz que una casa de clase baja o media, y amenazó con revelar cuánto pagan y "llegar hasta las últimas consecuencias”: "Ppga más una familia de clase popular o de clase media que lo que paga un Oxxo de luz", afirmó, sin dar cifras.

"Paga mucho más la dueña de abarrotes de una colonia, de un barrio, de un pueblo, que lo que paga un Oxxo", continuó, "y ahora que sean para Bimbo y que sean para Walmart, pues vamos a dar a conocer cuánto pagaban. O por qué quieren mantener esos privilegios".

Ante estas afirmaciones, FEMSA dio a conocer que en el 2020 su cadena de tiendas Oxxo pagó mil 576 millones de pesos por concepto de electricidad a la CFE.

En promedio, dijo, cada tienda conectada a un parque eólico paga 14 mil 52 pesos al mes por energía renovable.

"Actuamos siempre apegados a la legalidad", señaló en un comunicado. "Los contratos correspondientes son legales y legítimos".

A su vez, Bimbo informó que paga en su totalidad sus tarifas eléctricas conforme a la legislación aplicable en cada uno de los países en donde opera y destacó que, al cierre del 2020, el 80 por ciento de la energía eléctrica consumida por la empresa provenía de fuentes limpias. 

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Las columnas políticas hoy, 20 de marzo de 2021

TEMPLO MAYOR/ Reforma

PARECE que ni la titular de la Segob y ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, ni el consejero jurídico Julio Scherer Ibarra le han explicado a Andrés Manuel López Obrador que la posible inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica no se resolvería sólo cambiando el artículo 27 a como estaba en tiempos de Adolfo López Mateos.

QUIENES han revisado los amparos contra la nueva legislación cuentan que en ellos se citan también los artículos 4, 5, 25, 28 y 133 de la Constitución. Incluso hay quienes buscan el amparo bajo el argumento de que la nueva ley atenta contra los derechos fundamentales de todos los mexicanos y, ahí sí, no habría reforma que alcanzara para hacer constitucional la ley que tanto defiende el Presidente. A MENOS que la idea sea hacer una nueva Constitución que elimine algunos “inconvenientes” para el proyecto energético de la 4T, como el derecho a la salud de quienes deben respirar los contaminantes generados por la quema de combustóleo para generar electricidad… por poner un ejemplo. ¿DE VERDAD alguien se sorprende de que las flamantes sucursales del Banco de Bienestar carezcan de cajeros automáticos para dar servicio a sus clientes? Nomás es cosa de acordarse que las construyó el mismo gobierno que hizo la rifa del avión presidencial sin avión, presentó el plan de inversión en infraestructura sin inversiones y arrancó la campaña de vacunación sin tener vacunas. COMPLICADA debe estar la labor del INE de conseguir a suficientes ciudadanos dispuestos a ser funcionarios de casilla para las elecciones del 6 de junio en la CDMX, pues ya comenzaron a invitar a quienes no estaban contemplados. POR SORTEO, le toca cumplir con esa función a los nacidos en agosto y septiembre que se apellidan con “A”, pero esta semana llegaron notificaciones a personas que nacieron en junio y cuyo primer apellido inicia con “B”. ¿SERÁ QUE el miedo a una tercera ola del Covid-19 está causando que muchos insaculados declinen o que de plano no hay mucho ánimo entre los capitalinos ante las elecciones de medio término? Es pregunta ciudadana. HOY,HOY,HOY se celebra el Día Internacional de la Felicidad pero en México no hay muchas razones para celebrar después de la caída del lugar 23 al 46 en el índice mundial que mide la felicidad en 149 países. A VER si no resulta que en Palacio Nacional tienen “otros datos” y el diagnóstico es que el pueblo sigue “feliz, feliz, feliz”… ¡por decreto presidencial!.

@# BAJO RESERVA/El Universal AMLO cede otro pedazo a los militares Cuando ayer le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de que un tren ligero en Xalapa, Veracruz, fuera construido por ingenieros militares, el mandatario dio un rotundo no, porque ellos, dijo, ya tienen muchísimo trabajo. Y es que en la presente administración se les ha juntado la chamba a los militares, quienes ya construyen el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía; así como los cuarteles de la Guardia Nacional, las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, los canales de riego en Nayarit, 700 kilómetros del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, además de sus tareas de seguridad y apoyo en desastres naturales y la contingencia contra el Covid-19. Pero no pasó ni un día cuando López Obrador, otra vez, les asignó una tarea a los de uniforme. Esta vez, anunció que tanto la operación del Tren Transístmico como la propiedad del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec serán para la Secretaría de Marina. Lo bueno es que no hay militarización en México. ¿Y los demás gobernadores? El titular de la Unidad de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, rechazó que haya una persecución política contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Al participar como testigo en la diligencia que organizó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para el desahogo de pruebas por este proceso de desafuero, Nieto Castillo adelantó que ya presentó otras tres denuncias contra gobernadores en funciones por diversas irregularidades con sus finanzas y precisó que no es el primer caso. Sin embargo, es la Fiscalía General de la República, nos dicen, la que sólo ha decidido hacer público e indagar el caso del funcionario tamaulipeco. ¿Algo contra algún gobernador “moreno”? Antes de las elecciones, nos adelantan, seguramente no. Preparan vacaciones en el Senado El Senado de la República ya tiene todo listo para irse de descanso con motivo de la Semana Santa. Para ello, se realizarán tres sesiones la próxima semana con la idea de que los senadores desahoguen la agenda y se vayan de vacaciones sin ningún pendiente. La Mesa Directiva convocó a la próxima sesión del Pleno para el martes 23 de marzo; al día siguiente habrá doble sesión: una ordinaria y otra solemne, para recibir al presidente de Bolivia, Luis Arce, quien realizará una visita oficial a México. El jueves será la última sesión ordinaria antes de que los legisladores hagan maletas y se tomen una semana de asueto. Eso sí, regresando les esperan otras tres sesiones entre el martes 6 y el jueves 8 de abril. Estudiantes extranjeros siguen sin cobro En donde parece que se han olvidado de los plazos es en la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), pues hace dos semanas la institución se comprometió a pagar lo que se les debe a becarios extranjeros, quienes llevan desde enero sin recibir lo correspondiente a su beca. Los estudiantes comienzan a pasar momentos difíciles toda vez que de ese pago depende su manutención en México. Los alumnos siguen sin recibir, además, una explicación de qué es lo que está pasando.

@# TRASCENDIÓ/Milenio Diario Que a las enemistades recientes de Joe Biden con Siria, Corea del Norte y Rusia hay que agregar China, pues la cumbre citada entre las delegaciones de ambas potencias en Alaska terminó en un duelo de reproches, insultos y amenazas, que ponen en entredicho el encuentro del jefe de la Casa Blanca con Xi Jinping para el 22 de abril. Encima, un día después de su choque con Vladímir Putin, el demócrata se tropezó tres veces en las escalinatas del Air Force One. Las aguas están turbulentas. Que el presidente Andrés Manuel López Obrador está preparando para el próximo martes un acto en Palacio Nacional para celebrar que los 31 gobernadores y la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmaron el Acuerdo Nacional por la Democracia, consistente en términos básicos en que no se meta mano en las elecciones de junio próximo desde el poder. Se espera que participe un grupo plural de mandatarios, pero no los 32, debido a la pandemia y a que algunos no se ponen el tapabocas. Que será la próxima semana cuando el llamado bloque de contención en el Senado presente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucional contra la reforma en materia eléctrica enviada por el Presidente y aprobada por Morena. La bancada de Acción Nacional afirmó que dará la batalla legal para defender el derecho de los mexicanos a la salud, al medio ambiente y a energía barata y limpia, por lo que celebró el fallo del juez segundo de Distrito en Materia de Competencia Económica, Juan Pablo Gómez Fierro, de suspender por tiempo indefinido los efectos generales de la modificación.

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FRENTES POLÍTICOS/Excélsior 1. Desperdicio. Francisco Pelayo Covarrubias fue diputado federal en la LXII Legislatura del Congreso de la Unión de 2012 a 2015 y presidente municipal de Comondú de 2015 a 2018. Tiene 51 años y quiere ser gobernador de Baja California Sur. Ha convencido a los miembros del PAN, del PRI, del PRD, del Partido Humanista y del Partido de la Renovación Sudcaliforniana, quienes lo proponen en candidatura común. La llaman “una gran alianza” y ya hasta se reparten el pastel: dentro de los acuerdos entre las fuerzas políticas se signó que la alcaldía de Los Cabos, Loreto y Mulegé será propuesta por el PAN, La Paz por el PRI, y Comondú por el PRD. ¿Y ya le vieron la cara cuando confiesa en entrevista que no se acuerda de los tres libros que cambiaron su vida, porque “no soy una persona muy afecta a la lectura”? Ja. ¿Y ése es su mejor gallo? 2. No me ayudes, compadre. Sin que lo llamaran, Martí Batres defendió la constitucionalidad de la reforma a la ley eléctrica y aseguró que “jueces y otras personalidades” que pretenden cuestionarla están equivocados, pues la Constitución somete la participación de los particulares a una planeación y control del sistema eléctrico exclusivos de la nación. La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada por diputados y senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación, sin embargo, empresas han promovido una serie de suspensiones, por lo que los efectos de ley están detenidos hasta que se resuelvan estos recursos. El asunto ha escalado a niveles muy superiores a lo que representa Batres y la Suprema Corte de Justicia sería la encargada de tomar la última decisión. ¿Batres qué? 3. Triste realidad. Dice la titular de la CNDH que las acusaciones que pesan sobre la gestión de Rosario Piedra Ibarra “forman parte de una serie de ataques y calumnias que se promueven con fines políticos y aprovechando la ocupación de las oficinas de ese organismo en diversos puntos del país, por organizaciones feministas”. Así se defiende la propia Piedra Ibarra, quien confiesa que la crisis de derechos humanos que se vive en el país no puede resolverse únicamente desde la CNDH. “Es consecuencia de una crisis generada por omisiones del pasado y rescoldos que persisten”, aseveró. Pretendamos no poner eso en duda. ¿Y las omisiones del presente?, ¿las carpetas que involucran a sus amigos y que se esconden en el escritorio?, ¿De eso no habla, señora? 4. Manchados. El panismo ha atravesado por diversas etiquetas. Suyos han sido los moches, el exceso de alcohol, los golpeadores de Brasil, las fiestas en el Senado, los dipu-tables y toda suerte de tropezones de sus militantes. Y no entienden. Ahora, una empresa de la cual es socia Jovita Morín, presidenta de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ganó a modo una licitación de luminarias en la capital de Aguascalientes, mediante un proceso al que acusan de corrupto y viciado. No es la primera vez que el gobierno de la alcaldesa Tere Jiménez cae en un escándalo de este tipo. El año pasado, la regidora Citlalli Rodríguez denunció la compra de 55 mil 716 luminarias con un sobreprecio de 595 mdp. ¿Y Marko Cortés, el líder azul, qué opina? ¿O mejor no opina? 5. Desacierto. Muchos errores ha cometido Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, desde que se quiso agandallar tres años más en el cargo, mismos que la gente no había votado. Desde entonces y hasta ahora, la racha continúa. Ensenada suma casi un año sin arribo de cruceros. Precisamente en marzo de 2020 se registró la última cifra, 12, cuando ya había estallado la pandemia, dejando a este municipio, cuya vocación turística es vital, hundido en graves problemas. Con la ocupación hotelera más baja de la historia y más de 10 mil empleos perdidos, Ensenada ha corrido con Jaime Bonilla la misma suerte que con otros exmandatarios, el gran olvido. No lo interrumpan. El señor Bonilla está ocupado en aplastar adversarios rumbo a las urnas. Eso sí le sale.

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RAZONES/La Razón INE y el orden a las mayorías Resulta que los consejeros del INE aprobaron un acuerdo que frenará la sobrerrepresentación de los partidos en la próxima Legislatura de la Cámara de Diputados. El consejero Ciro Murayama detalló que desde 1996 la Constitución plantea que ningún partido político puede tener más de un 8% de diputados respecto a su porcentaje de votación; es decir, “si alguno tuvo 30% no puede tener más del 38% de los asientos”. El consejero detalla que la disposición constitucional se ha vulnerado por la existencia de las coaliciones, y puso de ejemplo que, en la actual Cámara de Diputados, la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo el 44% de los votos y sin embargo recibió el 62% de los diputados. Afirmó que las coaliciones permiten que los partidos más votados “disfracen” sus triunfos de mayoría relativa y eso les permita tener muchos diputados de representación proporcional. Pero con lo acordado anoche, la norma se empezará a respetar, nos comentan. • MILLÁN, JEFE DE LA OFICINA DE EBRARD Con la novedad de que el canciller Marcelo Ebrard realizó ayer un par de movimientos de relevancia en su Secretaría, que además abren la oportunidad de que se consoliden nuevos liderazgos. Como nuevo jefe de la Oficina del secretario de Relaciones Exteriores, espacio del que salió hace unos días Fabián Medina, designó a Daniel Millán. Este último ocupaba la Dirección de Comunicación Social y realizaba un trabajo destacable. Fue quien sucedió a Roberto Velasco en esa posición, cuando éste fue nombrado director para América del Norte. En el espacio de Millán queda un funcionario también muy solvente, Esteban González Mancha, quien se ha desempeñado en la SRE como director de Educación e Innovación y director de Enlace Institucional. • GARCÍA HARFUCH, SIN DISTRACTORES Y fue el Secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, quien salió a hacerle frente a los dichos de El Cholo, presunto narco que —forzado por otro— dijo en un video difundido en redes sociales que es fundador del Cártel Nueva Plaza y que habría tenido acercamiento con el jefe policiaco capitalino. García Harfuch afirmó que, de inicio, el mensaje es falso y que su compromiso con la sociedad es firme, así como el combate a la delincuencia “hasta las últimas consecuencias”. El titular de la SSC señaló que no lo van a “distraer mensajes falsos de los criminales”. Y efectivamente, el funcionario dedicó muy poco espacio en tuit y siguió en otras cosas. • SE APLICA LA SCT El sismo de anoche recordó a muchos que los daños causados por la naturaleza no tienen una solución inmediata; que es necesaria la atención y seguimiento de las autoridades. Y eso, nos dicen, es justamente lo que está haciendo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Jorge Arganis Díaz Leal a la cabeza, en Tabasco. Las fuertes lluvias que se registraron entre septiembre y noviembre del año pasado en la entidad dejaron severas afectaciones en la red carretera tabasqueña y la SCT ha estado atenta a los trabajos de reparación y en otros casos de reconstrucción. Arganis Díaz Leal ayer supervisó los avances en la reconstrucción en diversos tramos: recorrió la carretera Villahermosa-Escárcega-Teapa-Villahermosa y constató que la reconstrucción, en la que se han invertido 187.7 millones de pesos ya tiene un avance de más del 46 por ciento. Además, existen otros 23 tramos donde se realizan obras de rehabilitación. Avanza la SCT en Tabasco. • NO CONVENCIÓ EL ALCALDE ACOSTA Resulta que la alcaldía Xochimilco, que encabeza José Carlos Acosta, publicó en la Gaceta Oficial de la CDMX “que el uso de cubrebocas es obligatorio dentro de la Alcaldía Xochimilco”. El bando también señala que el cubrebocas deberá ser usado, entre una larga lista, en plazas, áreas verdes o comunes, jardines, parques, senderos, calles, avenidas, tianguis, bazares, comercios en vía publica, áreas deportivas, de recreo o esparcimiento. Sin embargo, la medida no gustó a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien si bien consideró que cada alcaldía es autónoma, afirmó que abordaría el asunto con Acosta. Es más que conocido que aunque desde la CDMX se defiende el uso de cubrebocas, incluso a contracorriente de algunas posiciones en el Gobierno federal, el tema de la obligatoriedad por decreto no gusta nadita. Así que horas más tarde, desde la alcaldía se anunció que la medida quedaba sin efecto. • SACUDIDA A PRIISMO DE LA CDMX Cuentan que los golpes asestados por el aparato de justicia de la Ciudad de México contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Diana Sánchez Barrios, de quienes se cuestiona su historial, pegan en la línea de flotación del sector popular del priismo en la capital. Y es que Gutiérrez de la Torre se convirtió en figura destacada del Movimiento Territorial, organización del PRI descrita como una estructura “que orienta sus actividades a los asentamientos humanos en áreas urbanas y tiene por objeto impulsar y conducir la participación de las comunidades en el mejoramiento de su calidad de vida”. Diana Sánchez es hija de la poderosa lideresa del comercio informal en el primer cuadro de la capital Alejandra Barrios Richard, quien fue diputada en la otrora Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y llegó a ser secretaria de Operación Política del PRI capitalino. La estructura territorial tricolor, que desde hace varias elecciones luce mermada en la capital, a poco más de dos meses de las elecciones la tendrá difícil para levantar cabeza. Al tiempo.

@# SACAPUNTAS/El Heraldo de México Acuerdo en puerta Nos adelantan que el próximo martes se realizaría el acto oficial del Acuerdo Nacional por la Democracia, convocado por el presidente López Obrador, para que él y los gobernadores estatales se comprometan a no intervenir en las campañas políticas y en la jornada electoral del próximo 6 de junio. Sólo están afinando detalles y falta decidir si será presencial o virtual. La Guardia, aprobada Buena recepción ha tenido la Guardia Nacional, y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha recibido peticiones para ampliar su operación. Los datos indican que 8 de cada 10 personas en México aprueban el trabajo de seguridad de ese cuerpo, lo cual la llena de satisfacción. Las solicitudes, nos dicen, se están analizando. Irma, en foro mundial Nos platican que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, representó al gobierno mexicano en la reunión de alto nivel sobre integridad financiera, en la que se presentó el Informe sobre Rendición de Cuentas y Transparencia, en el marco de la agenda 2030. En el evento, la mexicana dio a conocer las acciones de la 4T contra la corrupción. Como dice una cosa… Más tardó el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta, en ordenar el uso obligatorio de cubrebocas en la demarcación, que en echarse para atrás. Y es que, al conocer la noticia, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, manifestó su desacuerdo, por lo que el alcalde decidió revocar su propia instrucción, publicada en la Gaceta Oficial de Ciudad de México. Bloque electoral Diputados locales de Morena, que buscan reelegirse, harán campaña en bloque para afianzar y reforzar al partido. En las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, GAM, Venustiano Carranza, Iztacalco y Álvaro Obregón, va un grupo conformado por José Luis Rodríguez, Isabela Morales, Temístocles Villanueva, Guadalupe Morales, Yuriri Ayala, Lulú Paz y Maricela Zúñiga.

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SERPIENTES Y ESCALERAS/Salvador García Soto / 

El Universal AMLO y su ley eléctrica, de la seguridad a la soberbia Cuando AMLO dice que si la Corte rechaza su reforma, promoverá entonces una reforma Constitucional, es porque confía en refrendar su mayoría legislativa. El discurso del Presidente en tono amenazante, diciendo que si su reforma eléctrica llega a ser considerada inconstitucional, no pasa nada porque mandaría a reformar la Constitución, es mucho más que un desplante autoritario o un exceso discursivo de López Obrador. Más que amenaza, lo que mandó el inquilino de Palacio, para dejar claro de qué tamaño es para él el tema eléctrico, es un aviso de la confianza y seguridad que en este momento tienen en Palacio, de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones de junio: Morena se lleva todo y ratifica su mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Ese el mensaje de fondo de López Obrador y eso es lo que le dicen sus encuestas internas de la Presidencia y las que manda a realizar también el general Audomaro Martínez en la CNI que, como el antiguo Cisen, tiene un área dedicada a medir el pulso electoral. El tono presidencial puede parecer autoritario, imperial y soberbio, pero de ese tamaño es la certeza que siente en estos momentos el Presidente de que, a partir de junio y en la segunda mitad de su gobierno, podrá contar con una mayoría calificada en San Lázaro que le permita iniciar la segunda parte de su “Cuarta Transformación” con una serie de reformas constitucionales que consumarán su proyecto político y de gobierno. Y es que el Presidente está decidido a imponer, como sea, su reforma eléctrica que es parte esencial de lo que él considera el nacionalismo y la soberanía energética. Por eso está adelantando incluso el escenario más catástrofico para su Ley de la Industria Eléctrica que está siendo fuertemente torpedeada por una ofensiva jurídica en la que no sólo participarán empresarios nacionales y extranjeros, sino gobernadores, opositores y organizaciones civiles que apoyan el embate contra la nueva ley. Cuando López Obrador dice que si la Corte rechaza su reforma y la declara inconstitucional promueve una reforma Constitucional, es porque está apostando al extremo, porque confía en que va a refrendar su mayoría. Pero ese desplante es más bien un blofeo con el que el mandatario nacional quiere dejar en claro hasta dónde está dispuesto a llegar en la defensa de su reforma. Porque antes de pensar en un fallo adverso de la Corte, en Palacio Nacional tienen ya lista una operación para tratar de influir y “convencer” a los ministros afines a la 4T para que voten en contra de las Controversias o Acciones de Inconstitucionalidad que se interpondrán por parte de algunos gobernadores y congresistas de oposición. Ayer mismo, en su conferencia mañanera, se refirió a eso y mencionó que para tumbar su ley, “necesitarían tener mayoría absoluta o dos terceras votos de los ministros de la Corte, con cuatro ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley, y vamos a hacer de este asunto un tema de debate nacional”, advirtió el Presidente. Ya habíamos comentado en este espacio que para que una acción o controversia de inconstitucionalidad se apruebe y una ley, en este caso la de la Industria Eléctrica, se anule por violar la Constitución, se requieren por lo menos 8 votos de los 11 ministros que analizan y discuten estos temas en la Primera Sala de la Suprema Corte. Y dijimos desde entonces que desde la oficina de la Consejería Jurídica de la Presidencia, que dirige Julio Scherer, ya había cálculos y una operación en marcha para “blindar la reforma eléctrica”, tratando de “amarrar” los votos necesarios, al menos de cuatro ministros, para evitar una declaración de inconstitucionalidad. Decíamos desde entonces que hay por lo menos cuatro ministros que podían votar contra las acciones de inconstitucionalidad: Yasmín Esquivel, que fue el único voto a favor del llamado Decreto “Nahle”, Juan Luis Alcántara, el presidente Arturo Zaldívar y, probablemente, Margarita Ríos Farjat. Los tres primeros, de entrada, parecerían seguros y en el caso de la ministra Ríos Farjat, sus allegados afirman que ella no vota de manera automática los proyectos de la 4T. Pero aún en el caso de que Scherer solo pudiera garantizarle al Presidente 3 votos, en noviembre termina el periodo del ministro José Fernando Franco y tendrá que ser sustituido, con lo que es casi seguro que llegue otro ministro afín a la 4T. Esa renovación de un lugar en la Corte juega totalmente a favor del presidente López Obrador y su reforma eléctrica, porque si colocan a un nuevo ministro o ministra rápido, con la aprobación de la mayoría del Senado, el nuevo espacio suma porque sería muy probablemente un voto a favor, pero aún si no lo procesan rápidamente y dejan el espacio vacío, también les suma porque Franco votó a favor del anterior decreto eléctrico y sería un voto en contra menos. Todo eso lo tenían previsto en Palacio Nacional desde que el Presidente mandó la iniciativa de Ley de Industria Eléctrica como preferente. Sabían que tenían un blindaje en el Poder Judicial y en la Corte para enfrentar la ofensiva legal y por eso se sentía tan seguro el Presidente. Pero ocurrió que el blindaje se rompió por los jueces, los dos de competencia económica que otorgaron las suspensiones provisionales, Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza, cuya actuación no fue la que esperaban en el Poder Ejecutivo y por eso el enojo y berrinche del Presidente que pidió incluso a la Judicatura investigar al juez Gómez Fierro. Así es que las encuestas que tienen en Palacio Nacional les dicen que la intención de voto ha ido subiendo para Morena conforme avanza la vacunación en el país y en eso coinciden con otras encuestas publicadas por periódicos y por distintas encuestadoras que arrojan datos contundentes de que el partido de López Obrador podría ganar entre 43 y 45% de la votación nacional para la Cámara de Diputados, lo que le daría una mayoría absoluta con la claúsula de sobrerrepresentación. Y en los estados, salvo dos o tres excepciones donde la oposición, sobre todo el PAN, está dando la pelea (Querétaro, San Luis Potosí, Baja California Sur) en el resto de las entidades parece que Morena ganará con relativa facilidad no sólo las gubernaturas sino también los congresos locales. Y esto último es clave porque para poder aprobar reformas constitucionales, como las que ya prevén en la 4T para su segunda mitad de gobierno, algunas de ellas de gran calado, se necesita tener tres mayorías: dos calificadas, la del Senado —que hoy no la tienen pero la operan con votos de la oposición—, la de la Cámara de Diputados que podrían volver a tenerla con sus aliados y los partidos satélite, y tener la mayoría simple de los congresos estatales. Y hoy, en las encuestas y cálculos oficiales, en los estados donde Morena puede ganar las gubernaturas también ganaría mayoría en los congresos estatales. Así que junio y sus escenarios es lo que está alimentando la soberbia y el exceso de seguridad del presidente López Obrador. Y si eso es ahorita, que aún no tiene la nueva mayoría, imagínense lo que será cuando la tenga. NOTAS INDISCRETAS… A propósito del Juez Gómez Fierro, de acuerdo a fuentes de muy alto nivel en el gobierno federal, los constantes ataques del Presidente por sus suspensiones provisionales a la ley eléctrica, primero, y ahora suspensiones definitivas, no eran solo por enojo de López Obrador. Al pedir que el Consejo de la Judicatura Federal lo investigara y revisara sus decisiones, el Presidente ya tenía información que había pedido a las áreas fiscales y financieras de su gobierno que habían realizado una exhaustiva investigación a las cuentas bancarias y el patrimonio del juez federal. Y como resultado de esa investigación ordenada por el propio Presidente aparecieron “varias propiedades de un valor considerable” que, de acuerdo a la fuente, no tendrían correlación con los ingresos reportados por el juzgador en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Por eso la insistencia de López Obrador al presidente de la Corte y de la Judicatura, el ministro Arturo Zaldívar, para que se investigaran las actuaciones del juez Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Será que al juez que otorgó ya los primeros 3 amparos a las empresas que impugnaron la Ley de Industria Eléctrica ya le armaron un expediente financiero como los que les hacen en la 4T a los opositores políticos incómodos?... A propósito de opositores incómodos, como si se tratara de una versión tropicalizada de aquella serie de televisión de “La Ley y el Orden”, ayer comenzó en la Cámara de Diputados el proceso para revisar la solicitud de un juicio de Procedencia en contra del gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, que se llevó a cabo de manera virtual y remota y contó con la participación de dos actores estelares en toda esta trama política y jurídica que ahora también fue televisada. Santiago Nieto, titular de la UIF, y el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero, dieron sus testimonios y declaraciones ante el “gran jurado” calificador de la Sección Instructora que encabeza el colmilludo diputado Pablo Gómez, protagonista principal en este evento, mientras en otro de los recuadros aparecía, por momentos serio y por momentos riéndose, el acusado mandatario de Tamaulipas. Tal y como se esperaba, la decisión de hacer público y televisado un procedimiento que siempre se había realizado de manera privada, despertó no sólo una gran audiencia sino todo el morbo que genera un evento mediático, lo que provocó que el abogado de Cabeza de Vaca, Alonso Aguilar Zínser, pidió suspender la transimisión por considerar que se violentaban los derechos humanos de su cliente, mientras que Nieto no sólo sacaba sus ya conocidas “sábanas” con el diagrama de los negocios, transferencias y pagos del gobernador tamaulipeco y su familia a empresas factureras que, dijo el titular de la UIF, también fueron utilizadas por el Cártel de Sinaloa para “lavar dinero”. Cabeza de Vaca, que permaneció en silencio, escuchó las acusaciones de Santiago Nieto, quien es el principal investigador de las acusaciones en su contra y, aunque a veces se agarraba el mentón reflexivo, a veces ante algunas afirmaciones del funcionario de Hacienda de plano se reía como descalificando sus dichos. En fin que éste fue apenas el primer capítulo de la primera temporada de “La Ley y el Orden” región 4, que tendrá una duración aproximada de dos meses y medio y concluirá con un fallo que ya se puede anticipar en contra de Cabeza de Vaca y a favor del desafuero para que la FGR proceda en contra de él, justo una par de semanas antes de las votaciones del 6 de junio. ¿Será que además de mediático y televisivo, el show es también electoral?... La diputada Olga Sosa Ruiz de Morena solicitó a la Secretaría General de la Cámara de Diputados que le informara, de manera oficial con una carta, si “en el año 2019 se presentó ante esta Cámara un documento o solicitud de parte del Congreso del Estado de Tamaulipas con el propósito de solicitar mi destitución como diputada federal”. También pidió la legisladora por el distrito VIII de Tamaulipas que le informaran “si en el año 2019 se presentó ante esta Cámara, documento, oficio y solicitud de parte de algún ciudadano, sector o institución, con la intención de solicitar mi destitución como Diputada Federal”. Sosa Ruiz pidió que le respondieran por escrito y de manera oficial a su petición, ante lo cual, la secretaria general de San Lázaro, Graciela Báez Ricardez, le respondió con el oficio SG/1.-0042/2021 fechado el pasado 16 de marzo: “Le informo que en los registros de los archivos recibidos en las áreas que dependen de esta Secretaría General, no se tiene algún documento, oficio o solicitud con respecto al tema que hace mención en su diverso”. Con este oficio, la diputada tamaulipeca Olga Sosa, niega haber tenido alguna relación con la secta Nexium en México y sostiene que ninguna asociación de mujeres del sur de Tamaulipas o diputados locales de su estado hayan pedido su destitución por esos presuntos vínculos… Un gobernador de Morena está siendo investigado por la UIF por haber otorgado contratos por cerca de 13 millones de pesos a los panistas Roberto Gil Zuarth y Jorge Lavalle, ambos mencionados en investigaciones federales, tanto de la FGR como de la propia Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que llamó la atención de esos contratos es que el mandatario morenista, del que no dan el nombre, haya sido tan generoso con dos políticos de oposición que en Palacio Nacional tienen ubicados como “operadores de campañas en contra del presidente López Obrador”. ¿Quién será ese gobernador al que están viendo con desconfianza desde la 4T por financiar a opositores?...Los dados mandan Escalera Doble. Semana del inicio de la primavera.

@# SEÑORAS Y SEÑORES: ¡EL ESTADO SOY YO!/Sergio García Ramírez / 

El Universal Hace varios siglos, un monarca de Francia ligeramente más luminoso que nuestro gobernante en turno resumió así la suma de sus potestades: “El Estado soy yo”. Era verdad. Ungido por Dios, reunía todos los poderes: legislaba, administraba y juzgaba. Además, definía la razón de Estado y era el jefe de las fuerzas armadas. Por lo tanto, no exageró al definirse con aquellas palabras. Dos años atrás descubrimos una pretensión semejante en quien aspiraba a presidirnos. Algunos supusieron que podría traer a México el mismo viento autoritario que sopló sobre Francia bajo aquel monarca. Pero la situación que prevalecía en nuestro país enfiló a millones de electores en favor del cambio prometido. Los discursos sembraron la esperanza. Hoy transitamos un camino que lleva a la dictadura. Lo anuncian los rumores y los clamores que advierten la nueva condición de una República en acelerado proceso de transformación. Pronto seremos súbditos o vasallos, y dejaremos de ser ciudadanos al amparo de derechos y libertades. El gobernante, residente de un palacio, seguirá encarnando al Estado. En estos días —pero los vientos soplan desde hace tiempo— vimos muestras del rumbo que se pretende imponer a la República dolida. Es notorio. Lo es tanto para muchos que creyeron, ilusionados, que la travesía llevaría a una Patria más libre y más justa, como para quienes sospecharon lo contrario. Comencemos por el Legislativo. Los legisladores —pieza fundamental del sistema de frenos y contrapesos— han sido avasallados por el imperio del Ejecutivo, aunque lo hayan aceptado con docilidad. No pueden poner o quitar un punto o una coma a las iniciativas que provienen del único poder efectivo. Hay regla de obediencia ciega. Porque “El Estado soy yo”. Sigamos por el Judicial. Las disposiciones del Ejecutivo deben ser acatadas por los tribunales, a los que se pretende restar independencia. Cuando incomodan en el ejercicio de sus atribuciones, reciben reproches y amenazas. Se les descalifica ante el pueblo, para que éste reaccione en contra de la justicia. Si no hay acatamiento, habrá reformas constitucionales que abran el curso a la voluntad del soberano: la Constitución a merced del Ejecutivo. Porque “El Estado soy yo”. Avancemos hacia los órganos constitucionales autónomos, también factores del sistema de frenos y contrapesos. Las arremetidas en contra de los custodios del proceso electoral y de la transparencia son cotidianas y virulentas. En vísperas de un proceso electoral de gran impacto, se procura desacreditar al supervisor de la contienda. El ambiente se puebla de sombras. Iremos a elecciones atrapados por la sospecha y el encono. Porque “El Estado soy yo”. Vayamos al propio proceso electoral. El Ejecutivo, que debe abstenerse de asumir partido, lo ha tomado —con tambores de guerra— en favor de una corriente política y en contra de otras, a las que combate frontalmente. Y ha defendido con obstinación la candidatura de algún allegado, que no resiste el menor análisis. Porque “El Estado soy yo”. Sigamos hacia los profesionales de la información y de otras disciplinas. Quienes expresan discrepancias en los medios de comunicación, ejerciendo sus derechos, son adversarios que es preciso denunciar y combatir. Los abogados que representan derechos de particulares, en ejercicio de su profesión, merecen condena: son traidores a la Patria. Porque “El Estado soy yo”. ¿Qué escapa a esta relación de agraviados para demostrar que contamos con un ciudadano que encarna al Estado y está dispuesto a ejercer esa encarnación omnipotente? Profesor emérito de la UNAM.

@# ARSENAL/Francisco Garfias /

Excélsior) Matar sale barato En cualquier país, la masacre de 13 policías por bandas del crimen organizado detonaría una crisis mayor, prendería todas las alarmas, provocaría renuncias. Aquí no pasa de una condena. Sale barato matar. El crimen organizado se siente muy a gusto con la estrategia de abrazos no balazos. Les asegura un alto grado de impunidad. Ya controlan, según estimaciones de Washington, entre 30 y 35 por ciento del territorio nacional. Si las autoridades federales no pueden con los malosos, menos las estatales y las municipales. México aparece en el lugar 60, entre 69 países medidos, en el índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas de Puebla. La brutal masacre, ocurrida en la localidad mexiquense de Coatepec Harinas, el pasado jueves, apenas despertó interés en redes y sólo fue primera plana en cinco de 18 medios nacionales analizados. Ni uno sólo le dio la nota principal. Un síntoma de la normalización de la violencia en este país. “Causa en Común”, que encabeza María Elena Morera, documentó que el asesinato de los policías no es un hecho aislado. Desde el 2018 han matado a 1,531 agentes. La mayoría ha quedado impune. “Los policías tienen cinco veces más riesgo de ser asesinados que cualquier otro ciudadano. Si no nos importan los policías, ¿cómo podemos pedirles que nos protejan? ¿Cómo exigirles que cuiden de nuestra vida cuando no nos indigna que los maten?”, preguntó la activista. No hay señales de que la violencia disminuya. No las hay. El Presidente lleva más de dos años en el poder. Sigue culpando al pasado de lo que ocurre en el presente. Dice que la violencia creció porque nunca se atendieron las causas que la provocan. Lleva 27 meses en el poder y las estadísticas de violencia nomas no bajan: más de 70 mil muertos en dos años. Esa incapacidad de proteger a los ciudadanos se incrementa con los candidatos en campaña. Intergalia Consultores, que encabeza Luis Carlos Ugalde, hizo un reporte sobre la violencia de septiembre de 2020 a enero de 2021. En ese lapso se registraron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos. ¿El saldo? 64 asesinados: 17 funcionarios municipales, seis activistas, cinco funcionarios federales y estatales, cuatro periodistas, tres líderes partidistas, tres expresidentes municipales, tres legisladores locales, dos presidentes municipales, dos jueces, dos funcionarios de fiscalías y 12 más bajo el rubro “otros”. A principios de marzo fue presentada la estrategia de la 4T para proteger a candidatos o aspirantes a algún puesto de elección popular. No ha servido de mucho. En lo que va de este mes ya bajaron a tres aspirantes: El morenista Pedro Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Chilón, Chiapas; Yuriel Armando González, aspirante del PRI al municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua: y José Melquiades Vázquez, virtual aspirante del tricolor a la alcaldía de La Perla, Veracruz. Le pedimos a Ugalde un comentario sobre la estrategia de la 4T contra la violencia política. No lo convenció. “El anuncio de AMLO es retórica sin substancia. La única forma de proteger a los candidatos de los ataques del crimen organizado es erradicar la fuerza territorial de dichos grupos”, nos dijo. El exconsejero presidente del IFE agregó que se requerirá de al menos una generación para lograr esa erradicación, si empezáramos hoy. Y explicó los motivos de su pesimismo frente a las elecciones del 2021: “El gobierno carece de las capacidades para dar protección a cientos de candidatos en campaña. En 2021 habrá más de 10 mil candidatos en campaña para las 3 mil 500 posiciones que se compiten (sin excluir regidores). “De esos habrá aproximadamente seis mil candidatos para competir por las casi 2 mil presidencias municipales, asumiendo tres candidatos, en promedio, por cada una. “Imaginemos que en ese universo de 2 mil 500 ayuntamientos hay 500 que operan en zonas de alto riesgo. Tendrías que dar protección a 1,500 candidatos. Suponiendo que le ponen tres guardias a cada uno, requerirías de 4 mil 500 para cuidar a los candidatos sólo de los ayuntamientos. “Y eso sin contar a los candidatos a diputados locales”, puntualizó. Arturo de Jesús Peimbert Calvo es el nuevo fiscal general de Oaxaca. El Congreso de Oaxaca lo eligió con 33 votos a favor. Su perfil tranquiliza. Ha tenido acciones relevantes en la protección y defensoría de los derechos humanos. Fue el primer ombudsman de Oaxaca. ¿Su primer compromiso? Proveer justicia a los y las oaxaqueñas, de manera enfática a las mujeres”, dijo, luego de rendir protesta al cargo. Buen comienzo. Vamos a ver cómo termina.

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PARALAJE (Liébano Sáenz / Milenio Diario) Ciega obsesión A la memoria de Sylvia Sánchez de Beltrones, mujer íntegra. De distintas formas y con villanos diferentes, el país desde hace tiempo está domiciliado en la polarización. La actual es más insidiosa porque deriva desde el poder y porque situados en los extremos, todos perdemos. Confrontar para dividir quizá sirva para ganar votos, pero no para gobernar y menos para resolver problemas de vieja o reciente factura. El diferendo del Presidente con el juez que suspendió provisionalmente la aplicación de la reforma eléctrica es un ejemplo. Para algunos, todo lo que hace o dice el Presidente está mal; para otros, el diferendo tiene como origen la resistencia al cambio del ancien régime, incluso una acción de sabotaje al proceso de cambio. El Presidente tiene derecho a defender su reforma. Incluso le asiste la facultad para solicitar al Constituyente Permanente el cambio a la Carta Magna, pero no tiene derecho a la calumnia. Que el juez haya resuelto en un sentido contrario al proyecto gubernamental es una diferencia legal que tiene que ventilarse en las instancias y formas establecidas. No hay lugar para poner en entredicho la solvencia moral y profesional del funcionario judicial. Y tampoco se pueden incumplir los acuerdos internacionales sin consecuencias. Al presidente de la Corte la polarización lo ha llevado al patíbulo. Es explicable que quienes se sienten alarmados por la sentencia presidencial, que puede apreciarse como un acto de intimidación y una interferencia indebida hacia otro poder, hubieran deseado del ministro una conducta de fajador. Habría sido un error y lo que él hizo fue salvaguardar lo relevante: el principio de autonomía y libertad del juez. Fue lo prudente, aunque es inevitable la polémica, y para algunos su respuesta es suficiente para la hoguera. Es inexorable romper con la polarización. Que el Presidente dé curso a ésta no implica que se deba caer en el juego. Alejarse de ella no es claudicación, es tener claro que hay espacios, sujetos, formas, momentos y temas para el debate y el reclamo, pero que se debe rescatar lo mejor de la política: el acuerdo, la concordia y la razón por encima de las pasiones y la vehemencia de quienes han resuelto mantener o ganar el poder con ciega obsesión. 

@# POLÍTICA ZOOM /Ricardo Raphael / 

Milenio Diario La Constitución como campo de batalla Si quiere usted reformar la Constitución haga su propia revolución.” Esta fue la consigna que el priismo convencional defendió durante su larguísimo reinado. Bajo esta lógica, el texto constitucional solo podía haber sido escrito con la pluma de los vencedores. Sus páginas contenían la declaración de principios del triunfador, la expresión más elevada del victorioso, el deseo del gobernante inexpugnable —redactado en letras de oro. El libro de José Ramón Cossío Díaz, Cambio social y cambio jurídico, publicado en 2001 significó una refutación respecto a esta visión. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora en retiro, afirmó entonces que el fin del autoritarismo político priista debía traducirse en el fin del entendimiento de la Constitución como una ofrenda en manos del triunfador. El máximo ordenamiento jurídico del país tenía que ser, en cambio, un texto capaz de ordenar pacíficamente los fenómenos de la política, colocando en el centro los derechos de las personas y la organización democrática de los poderes. En vez de ser un libro al servicio del poder, la Constitución habría de convertirse en una norma capaz de limitar y dar cauce democrático al poder. El cambio jurídico, según Cossío, no necesitaría por tanto de una revolución para producirse, mucho menos de la exclusión de los vencidos, sino de un proceso capaz de incluir a todas las partes alrededor de un pacto destinado a asegurar la coexistencia pacífica de las y los diferentes. La visión expresada por Cossío en Cambio social y cambio jurídico es esencialmente antirevolucionaria, apuesta por las transformaciones graduales y pacíficas a través del derecho, y no concede razón —a priori ni en términos absolutos— a ninguna de las facciones en disputa por el poder. Ese libro responde una definición de la democracia donde no solo las mayorías, sino también las minorías, cuentan con dignidad y derechos políticos. Consistente con sus planteamientos, José Ramón Cossío fue uno de los primeros juristas en concederle valor a los Acuerdos de San Andrés, aquel documento novedosísimo en la historia del derecho mexicano que propuso incluir a las comunidades indígenas, sus usos y costumbres, como parte del gran lienzo constitucional mexicano. Defendió la prerrogativa de las minorías indígenas como argumento principal de la convivencia política mexicana, en contra de una tradición jurídica muy larga, tanto liberal como conservadora, que negó existencia a las personas pertenecientes a los pueblos originarios. Como académico del derecho, a principios de siglo Cossío también fue solicitado por el movimiento feminista para que asesorara como estratega jurídico en el esfuerzo por legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Estas y otras causas progresistas, defendidas con honestidad durante su carrera como académico y funcionario del Poder Judicial, llevaron a que Cossío se convirtiera a edad temprana en ministro de la SCJN. No arribó al máximo tribunal porque los conservadores o los neoliberales lo consideraran uno de los suyos. Tampoco porque el panismo jurídico —encabezado por Diego Fernández de Cevallos y otros abogados que se hicieron millonarios litigando contra el Estado– lo hubiesen apoyado. Su nombramiento en la SCJN tiene que ver con la defensa que hizo del pluralismo democrático, con su compromiso hacia las minorías, con la defensa de la libertad de las mujeres y también con la elaboración teórica celebrada en su momento sobre el derecho a la no discriminación. A partir de esta trayectoria, ¿cómo explicar que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo acuse ahora de ser “un hipócrita de doble discurso y doble moral… un ministro que aprobó resoluciones injustas (y ahora pretende convertirse) en paladín de las libertades y la injusticia.” En otros espacios Cossío ha dedicado sendas entrevistas para explicar cada uno de sus votos, acertados o equivocados, alrededor de los temas referidos por el Presidente: los casos ABC, Florence Cassez, energías eólicas o Atenco, entre otros. No alcanza esta plana para repetir los argumentos que el ex ministro ha expresado para sustentar sus decisiones. Merece, sin embargo, destacarse aquí la dramática diferencia entre este ex ministro de la Corte y el Presidente de la República mexicana: mientras Cossío ha dedicado su biografía a defender el derecho de las minorías como actores centrales de la Constitución mexicana, López Obrador rechaza el pluralismo, o más puntualmente, estigmatiza a quienes no coinciden con su visión de las cosas, al tiempo que considera que solo las mayorías tienen derecho a redactar las líneas gruesas de la Constitución. En otras palabras, mientras para el Presidente la Constitución es un campo de batalla, para Cossío es una norma jurídica que tiene como propósito civilizar las furias de la política. El pleito que el Presidente trae contra el ex ministro merece ser leído, no a partir de descalificaciones meramente personales, sino del contraste entre dos visiones políticas diametralmente opuestas a propósito de la utilidad del texto constitucional. López Obrador ha venido perfilando en su discurso la posibilidad de una cirugía mayor a la Constitución mexicana para que responda, sin contradicciones, a la versión de los valores y los principios de la mayoría triunfadora que él representa. El mandatario tiene en mente una Constitución para la cuarta transformación igual que, en su día, los triunfadores de la Revolución Mexicana concibieron a la Carta Magna de 1917 como su trofeo más presumible. En cambio, Cossío pertenece a una generación de juristas que no contemplan a la Constitución como el resultado de una guerra entre facciones, sino como el pacto que permite a vencedores y vencidos —calidad que en democracia nunca es definitiva— una convivencia política sin aspiraciones aniquilantes. 

@# DOBLE FONDO7Juan Pablo Becerra-Acosta M. / 

El Universal La Güera, Ben Sutchi, Artz y la corrupción del Estado… Sutchi infundía temor: era protegido por miembros del crimen organizado y por funcionarios cómplices, tanto del gobierno federal como locales Déjeme le cuento parte de la historia de “La Güera” (detenida este viernes) y del caso Plaza Artz, aquel escándalo del 24 de julio del 2019, cuando a plena luz del día fueron ejecutados en un restaurante de Ciudad de México dos ciudadanos israelíes. Y le narro este asunto porque ilustra la forma en que se tejen la corrupción y los vínculos de criminales con policías, y la manera en que los servicios de inteligencia mexicanos se vuelven coladeras… Binyamin Yeshurón Sutchi, mejor conocido en México como Ben Sutchi, fue detenido en Polanco el 28 de junio de 2005, y fue deportado a Israel, su país de origen, donde era buscado por varios crímenes. En ese entonces, los organismos de inteligencia del Estado mexicano ya sabían que Sutchi extorsionaba a miembros de la comunidad judía en el Estado de México y en el entonces Distrito Federal, pero nunca procedieron contra él porque, según decían, “no había denuncias”. Sutchi infundía temor: era protegido por miembros del crimen organizado y por funcionarios cómplices, tanto del gobierno federal, como chilangos y mexiquenses. Existían indicios de eso y de las presuntas ventas de droga de Sutchi y sus socios en Polanco, pero era tan amplio el manto protector de este hombre, que nadie quería exhibir pesquisas ante un juez, hasta que investigaciones de israelíes en nuestro país, a las que tuve acceso y publiqué el 6 de agosto del 2019, dieron con lo que consideraban una prueba irrefutable de sus nexos criminales: una fotografía de 2003 de Sutchi conviviendo en un antro acapulqueño (el Palladium) ni más ni menos que… con Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, miembro prominente del cártel de los hermanos Beltrán Leyva. Ambos, como si nada, posaban acompañados de mujeres. Así que, como estaba muy bien escudado cuando lo detuvieron en 2005, Sutchi no fue procesado en México: se le extraditó, en cumplimiento de una ficha roja de la Interpol solicitada por Israel. Sutchi, nacido el 13 de marzo de 1975, estuvo en una prisión catorce años, hasta 2019. En cuanto quedó libre, fue a tramitar un pasaporte y el diez de marzo de ese año lo obtuvo. Luego adquirió un boleto de avión rumbo a Ciudad de México, a donde ingresó una madrugada sin que nadie le dijera nada. Nada, a pesar de ser considerado “muy peligroso”, y que estaba en una base de datos de alerta desde 2005, cuando fue extraditado. Ni una alarma se encendió al momento en que su pasaporte fue escaneado por un agente del Instituto Nacional de Migración, redacté en un reportaje de tres entregas. ¿Ineficiencia o corrupción? A la fecha, el gobierno federal no da una explicación. Durante nueve semanas y media, Sutchi hizo lo que quiso en el país: contrató a ex policías como guardaespaldas, vivía en un lujoso condominio Be Grand en Jardines del Pedregal, andaba por la ciudad en una moto BMW y en una camioneta Ford, en las cuales acudía a varios de los mejores restaurantes en Polanco y el Pedregal; asistía a antros de moda, y él y sus amigos rentaron durante un fin de semana una casa en Las Brisas de Acapulco, ciudad en la que usó un “enorme yate” en Puerto Marqués, y se fue de fiesta al Baby’O. En Ciudad de México contactó y se reunió dos veces con Vanessa Linette Ballar Fallas, “La Güera”, quien, para intimidar a Sutchi, presumía ser “amiga de generales”. ¿Qué hacía Sutchi en México y para qué buscó a esa mujer? De acuerdo a las investigaciones de los israelíes en el país, Sutchi la contactó para cobrar una deuda de $23 millones de euros: era dinero, según decía el propio Sutchi a su círculo cercano, perteneciente a “hackers” que conoció estando preso. Ellos le contaron —aseguraba— que lo habían estafado del sistema bancario europeo y lo enviaron a cierta gente en México. Le darían cinco millones de euros por cobrar el dinero con esa cierta gente, que era “La Güera” y sus socios. Pero no le pagaron: ella y sus aliados lo asesinaron en Plaza Artz. Ahora, un año y medio después, será interesante saber qué declara esta mujer. Pero el asunto es el que señalé el principio: los grados de ineficiencia y corrupción de las oficinas de inteligencia del Estado, y de diferentes cuerpos policiales, permitieron que, desde 2003, sucediera todo lo aquí sintetizado…

@# TRES EN RAYA /Verónica Malo Guzmán / 

El Heraldo de México ¡Lo serán ustedes! La Santa Inquisición ya no se basa ni siquiera en cuestiones ideológicas; responde ahora a humores, a suposiciones, creencias, a lo que intuye, piensa, cree. ¡Qué maravilla! Dos años y meses de mentiras. Acusaciones que nunca se sustentan, informes que no se brindan, críticas que se hacen y dañan reputaciones, aunque jamás se comprueban. La Santa Inquisición ya no se basa ni siquiera en cuestiones ideológicas; responde ahora a humores, a suposiciones, creencias, a lo que intuye, piensa, cree y querría AMLO y sis seguidores que sucediera. Una inquisición que se basa en otros datos, los suyos, que nunca aparecen. Un gobierno que paga —de más— para destruir lo bueno que existía en México —¡había mucho!— y el cual sigue sin probar cuál fue la corrupción pasada. Lo que es peor, los corruptos confesos como Emilio Lozoya no pisan la cárcel. La misma “austera” administración que exige a los empresarios no despedir empleados, pagar el IMSS y los impuestos, pero que ha recortado más del 30% de las plantillas de servidores públicos, y que sigue insistiendo en ello (ahora en la SEP); una administración que pide que rueden cabezas, no importa si estas sí sabían pensar. La magnánima gobernanza tiene sus prioridades establecidas, clara y estratégicamente. Así, el personal hospitalario del sector privado sigue milagrosamente sin recibir las vacunas anti covid; total, ellos no votarán por Morena. Como tampoco se han tenido jornadas de vacunación en la alcaldía Benito Juárez, tal vez porque es perdidamente panista. En cuestión de dinero, la 4T es tan ilusionista como el mago David Copperfield: sabe a la perfección cómo desaparecerlo. Más de 110 millones de pesos de 109 fideicomisos que se esfumaron porque estaban corrompidos (no hay pruebas y no importa; lo dijo el ‘cabecita de algodón’ de la mañanera y eso es lo que cuenta), y seguimos sin conocer su uso o destino. Desaparecieron también los recursos del FONDEN, por lo que hoy, que arde la sierra en Arteaga, Coahuila, y Santiago, Nuevo León, no hay dinero para siquiera intentar contener dicho incendio. Las miles de hectáreas de bosques perdidas, poco importan. Increíble que cuando un consorcio de empresarios fue beneficiario de condonaciones fiscales por millones de pesos no mucho tiempo atrás, recibe hoy como premio adicional créditos por $150 millones de pesos. Algo sumamente lógico y justificable, máxime cuando el presidente dijo que no se haría lo primero ni lo segundo, esto es, rescatar a empresarios (no importa si estos operan en lo individual o como grupo asociado). Minucia si uno de dichos socios se llama Epigmenio Ibarra; cercano comunicador y propagandista del régimen. Pobres socios, en realidad, ¡con esto apenas podrán afrontar el golpe que significó la pandemia! Máxime cuando su negocio (hacer series para la televisión) fue de los pocos rubros que tuvo ganancias el año pasado... Pero lo que vale oro es la justificante de Andrés Manuel: “Epigmenio Ibarra [el presidente no mencionó a sus otros asociados: Televisa y TV Azteca] es un periodista honesto, no es chayotero y nosotros no apoyamos ni damos créditos para que hablen bien del gobierno. No repartimos chayote ni entregamos subvenciones... Epigmenio es un periodista honesto y tiene muy molesta a la mafia del poder”. Insisto, ¡lo que se tiene que sufrir para ser un periodista que recibe un crédito por esa cuantía! Seguro Lord Molécula, Lady Corredora Keniata y Carlos Pozos, mejor conocido como “el reportero del parche mentiroso”, ya están formados para poder recibir créditos, no de igual valía, pero sí en cómodas mensualidades. Las prebendas, las canonjías y el chayote no existen en la 4T. Muestra inequívoca de ello es John Ackerman, quien maneja un apoyo del CONACYT de 5 millones de pesos, al tiempo que se están cerrando los apoyos a los científicos en México. Sin olvidar el programa que tiene en el Canal 11, donde pudo demostrar su misoginia al apropiarse del mismo, portándose como todo un patán con Sabina Berman. El mismo Canal 11 dejó de ser un medio serio para ser un apologista de la turbia Cuarta Transformación. Si no me creen, vean el contenido de uno de sus más recientes programas, repasando todas las sentencias del ex ministro José Ramón Cossío. El mismo jurista que, coincidentemente, fue difamado hace unos días por Lopez Obrador. Así que cada vez que escucho que Epigmenio, Villamil, Ackerman y otros corifeos acusan sin pruebas a los críticos del régimen (incluyendo a articulistas que, como su servidora, intentan argumentar de la manera más seria, prudente, objetiva e informada los elementos que indican un retroceso autocrático por parte del actual régimen federal en nuestro país), a jueces (que tienen el valor civil de frenar los desplantes déspotas del presidente López Obrador) y a todos quienes señalan los yerros del señor de Palacio, solo puedo sonreír y sentir pena por ellos. Son unas pobres víctimas que de forma honestamente hipócrita están al servicio de AMLO. A sus acusaciones —así, lanzadas en general— solo puedo responder, también en lo general: ¡Lo serán ustedes!