Revela Ministra Ortiz 'ofrecimientos' de Elektra
"Vinieron del Grupo de Salinas Pliego, y me dijeron, y yo fui la primera que resolví una primera parte, vinieron y se acercaron y me dijeron: usted necesita que le manejen la publicidad, toda la imagen", afirmó en una entrevista con Telereportaje de Tabasco.
"No, yo no necesito eso... pero sabe uno que así se acercan las personas, esas son las formas de tentar, o te hago la publicidad, te pago tus boletos para ir a tus partidos de X, Y, Z con tu esposa, amante, amiga y te vas a los estadios y no sé qué", agregó.
Ortiz se refería a un recurso de revisión de Elektra que la Segunda Sala de la Corte desechó en enero de 2022, proyecto que ella presentó, y por el cual la empresa tuvo que pagar 2 mil 636 millones de pesos al SAT.
En días pasados, Grupo Elektra pidió que el Pleno de la Corte resolviera sus litigios por más de 34 mil millones de pesos contra el SAT.
Ayer, en su conferencia matutina, AMLO lamentó que los adeudos de Salinas Pliego no se resolverán en su sexenio, que termina en unos días.
Elektra criticó al Presidente, a quien le atribuyó un "ataque sistemático" contra la Corte. (Reforma)
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'Expropian' a Calica; prevén sanción en EU
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador declaró ayer como área natural protegida el polígono "Felipe Carillo Puerto", que abarca el banco de materiales de la empresa Calica, en Quintana Roo.
El área natural protegida abarca los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, e incluye los terrenos de Calica, de la estadounidense Vulcan Materials.
Antes de darse a conocer la declaratoria del Gobierno federal, senadores republicanos y demócratas de EU presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones en caso de que se concretara la expropiación de la cantera de caliza y la terminal marítima de la empresa Vulcan Materials.
"El plan del Presidente López Obrador para apoderarse del puerto de aguas profundas de Vulcan (Materials) representaría una expropiación flagrante de una operación propiedad de EU legalmente permitida", dijo la senadora republicana por Arizona, Katie Britt, el estado sede de la firma.
Tal como lo hicieron congresistas en la Cámara baja, los senadores proponen sancionar a todas las compañías de buques que hagan uso de la Terminal Marítima de Puerto Venado.
"Este comportamiento no será tolerado. Tras la controvertida reforma judicial en México, esta conducta sólo daña aún más la relación económica entre nuestros dos países", externó el senador demócrata por Virginia, Tim Kaine.
"Ningún país o Presidente, y especialmente uno de nuestros mayores socios comerciales, debería tener permitido intimidar a una empresa de EU sin consecuencias", manifestó el senador republicano, Bill Hagerty. (José Díaz Briseño / CorresponsalWashington DC,()
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Denuncian abuso de Sesma y protección de PGJ
Regina Seemann acusó a su ex esposo Guillermo Sesma de usar influencias en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) y en el Tribunal de Justicia para evitar la judicialización de la denuncia que presentó en su contra por abuso sexual en contra de sus hijos y violencia familiar.
Seemann exigió a las autoridades judiciales piso parejo frente a las demandas presentadas contra su ex marido, quien es hermano del diputado local del PVEM, Jesús Sesma.
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Vincula AMLO 'botellazo' con Poder Judicial
AMLO aseguró que el presunto agresor que le lanzó una botella el pasado fin de semana en Veracruz, es abogado presuntamente vinculado al PJ.
"En el caso de los permisos de construcción, ahora que fui a Veracruz resultó que uno de los que me tiró una botella de agua es un abogado, seguramente vinculado a la red de traficantes de influencia en el Poder Judicial", declaró durante su conferencia matutina.
"Ahí en Veracruz, ahí en donde yo estaba, permitieron la construcción los jueces del Poder Judicial, abogados, de despachos, vinculados al Poder Judicial, pues por eso están tan enojados y lo lamento, ojalá y se serenen", expresó.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación del Séptimo Circuito se deslindaron de los incidentes ocurridos durante la visita del Presidente a la casa de Benito Juárez, en Veracruz, donde se reportó el lanzamiento de una botella hacia el mandatario.
Los trabajadores judiciales respaldaron sus declaraciones haciendo referencia a videos y fotografías difundidos en redes sociales, que según ellos, mostraban agresiones tanto a los manifestantes como a periodistas locales presentes en el evento.
Adicionalmente, el comunicado solicitó el cese inmediato de Jorge Cedillo Guevara, identificado como trabajador de la dirección de política regional de la Secretaría General de Gobierno de Veracruz, a quien acusaron de haber incitado a la violencia durante el evento. (Nota de Reforma).
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Las columnas políticas hoy, martes 24 de septiembre de 2024
Templo Mayor/ Reforma
LAS PRESIONES sobre gobernadores para que influyan en los legisladores de sus estados para aprobar la reforma de la Guardia Nacional han ido creciendo. Obvio, las presiones son en aquellas entidades donde no gobierna Morena como Chihuahua, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro, Coahuila, Jalisco y Guanajuato.
POR LO PRONTO, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, ya dijo que si él fuera legislador votaría en favor de pasar a la Guardia Nacional al Ejército. Y su voz influye en el priismo como para que algún senador tricolor le haga caso.
AUNQUE PUEDEN DAR casi por seguro que tienen la mayoría calificada con la incorporación de Miguel Ángel Yunes Márquez, los morenistas no quieren confiarse.
A DOS DÍAS de que se cumplan 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los ánimos entre los familiares de las víctimas y el Gobierno federal están muy calientes.
EL FIN DE SEMANA, un contingente de estudiantes de la Normal guerrerense y familiares de los desaparecidos atacaron el cuartel del Ejército, el lugar donde más podrían saber sobre la llamada Noche de Iguala, pero que nomás no han ayudado a esclarecer lo que pasó aquel 26 de septiembre.
YA ARRIBARON a la CDMX en varios camiones los contingentes estudiantiles y, pa' pronto, atacaron el inmueble de la Secretaría de Gobernación.
LOS FAMILIARES de los estudiantes, si bien fueron recibidos varias veces en Palacio Nacional, nomás no quedaron convencidos de las indagatorias en la administración saliente. Y luego de observar cómo le fue al ex subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, con el Ejército, pues incluso lo sentaron a juicio, lucen más que decepcionados.
A UNOS DÍAS del aniversario, las cosas están peor que cuando empezó el sexenio. Ni fue resuelta ni esclarecida la desaparición, y menos se castigó a los responsables. Quedará como un pendiente muy complicado para la nueva Presidenta.
¡AH, CARAY! ¿Cómo entender la declaración de ayer de la presidenta electa Claudia Sheinbaum de que el fiscal Alejandro Gertz Manero permanecerá en su cargo?
SI BIEN ha dicho que pretende hacer sus reuniones de seguridad no sólo con los miembros de su gabinete, sino también con el Fiscal, es claro que el titular de la Fiscalía General de la República no depende de la Presidencia. Formalmente, su periodo concluye hasta 2028, y sólo puede ser removido antes de concluir su encomienda por el Senado, que fue quien lo nombró.
EL ASUNTO NO ES MENOR, pues si la Fiscalía será integrada en las reuniones diarias de seguridad, deberá ser muy clara en la autonomía de sus decisiones. Es previsible que tenga una mayor exigencia de trabajo.
VAMOS A VER si al propio Gertz Manero se le ve más activo, pues a veces no parece tener el menor reparo en comportarse como uno más de la familia morenista.
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Pésimo inicio del proceso INE-jueces7Carlos Marín
Milenio,
Al iniciar el proceso para la destructiva elección popular de jueces, magistrados y ministros y sin que se lo hubiese propuesto, el Instituto Nacional Electoral viola la Constitución en sus artículos 41, 105 y 133.
La prisa por aprobar la reforma constitucional al Poder Judicial —en palabras de Mario Delgado: “regalo de despedida” al presidente López Obrador— obligan al INE a suplantar funciones exclusivas de un Congreso federal avasallado por las mayorías oficialistas, que ha sido incapaz de elaborar la correspondiente ley reglamentaria.
Sus 11 consejeros electorales tomaron la decisión sin la presencia de los consejeros del Poder Legislativo y los partidos políticos que integran el Consejo General, el órgano superior de dirección, responsable de aplicar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad rijan las actividades del instituto.
Otra violación es al tercer párrafo del inciso i de la fracción II del artículo 105, que reza:
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
En el banderazo al proceso, la consejera presidenta Guadalupe Taddei prometió algo esencial que al INE le será imposible cumplir:
“Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes (…). Estas son las condiciones para que el 1 de junio de 2025 sea uno de los momentos más transparentes y nítidos de nuestra vida democrática. La elección de las personas ministras, magistradas y juzgadores será auténtica, el INE ya la está organizando en forma certera, objetiva e imparcial…”.
Claridad, equidad, certeza e imparcialidad es lo que menos habrá ese día, entre otras razones porque dos de cada tres candidatos a jueces, magistrados o ministros van a ser propuestos por los poderes Ejecutivo y Legislativo, y uno por lo que para entonces quede del Judicial.
En las boletas, folletos, libretas o lo que sea en que quepan las listas de millares de pretendientes a impartir la peligrosa “justicia popular” que promete el oficialismo, aparecerá cuál de los tres poderes los propone.
Se requiere de una gran dosis de estulticia para imaginar que la mayoría de votos los gane alguien sugerido por el Poder Judicial después de que ha sido exhibido como “enemigo del pueblo” por el empoderado y ensoberbecido nacional populismo.
Las boletas debilitarán más la división de poderes, porque las listas de aspirantes aparecerán divididas en este orden: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, presentación que implica una jerarquización y contradice el principio de igualdad de poderes en un sistema democrático como el que se supone tiene México, cuya Constitución (artículo 49) define al integrado por los tres como el Supremo Poder de la Federación...
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Estrictamente Personal
¿Por qué el maltrato?/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, septiembre 24, 2024 | 8
Qué gran paradoja estamos viendo: Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial que obtuvo el mayor número de votos en la historia desde que hay elecciones libres y competidas, será la presidenta más débil que asuma el cargo. La razón es obvia. Andrés Manuel López Obrador no quiere irse. Dejará la Presidencia, pero está aferrado al poder, y en lugar de haber permitido lo que por gravedad política sucede, el desvanecimiento del suyo y el empoderamiento de la sucesora, la acota y domina en forma y fondo.
La metáfora y a la vez anécdota la vimos en el último Grito de Independencia, cuando tañó la campana de Dolores en 60 ocasiones y no quería terminar las arengas, y días antes, en una mañanera donde al final forcejeó con su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, que le decía que ya había terminado y sutilmente lo jalaba, sin que él quisiera dejar de hablar. La forma en él ha sido destino y el fondo un puente. Cumplirá el mandato sexenal que comprometió desde un principio y que no puede cambiar legalmente.
No le ha dado respiro a Sheinbaum, a quien hace mucho escogió como su sucesora, y la ha arrastrado por todo el país en su gira de despedida, en lugar de ser prudente con los tiempos de quien será presidenta, para permitirle trabajar en el arranque de su gobierno y articular la transición. La verdad es que no hay transición, por decisión de López Obrador, que tampoco parece concebir un nuevo gobierno, entendido como una administración que despierte ánimo y expectativas, porque la continuidad manifestada por ambos ha sido tan abrumadora que la presidenta electa ha sido reducida a administradora de su legado.
Forma y fondo. A principios de septiembre López Obrador dijo que ya había empezado la mudanza de sus libros, pero en lo general, en el departamento donde vive en Palacio Nacional y en las oficinas de la Presidencia, no se aprecian los preparativos para la llegada de la nueva inquilina. De hecho, adelantó que no se iría hasta cuando menos el último día de su gobierno, sin interesarse en las reglas no escritas donde el incumbente deja la sede oficial para que se aliste para quien va a llegar. El presidente que más se resistió a dejar la residencia oficial fue Vicente Fox, yéndose un mes y medio antes de que llegara Felipe Calderón.
López Obrador quiere seguir restregándole quién es él. En las giras a donde va obligada Sheinbaum, es testigo de primera fila para que vea cómo lo aplauden, cómo lo quieren, cómo le gritan que no se vaya, y él contesta que ella hará lo que él comenzó y la compromete a portarse bien, ya sean comunidades o militares.
Le impuso a más de la mitad del gabinete, lo que no sólo es un tema cuantitativo, sino cualitativo. La Secretaría de Gobernación quedará en manos de Rosa Icela Rodríguez, que está adquiriendo un poder creciente en estas semanas más allá del control de Sheinbaum. Se quedó en la Secretaría del Bienestar Adriana Montiel, que operó para López Obrador los programas sociales dentro de un diseño electoral que se construyó en Palacio Nacional con la participación directa de Andrés López Beltrán, el hijo del Presidente, que será el operador de la maquinaria electoral de Morena. En la Secretaría de la Función Pública, que se encarga de revisar los temas de corrupción dentro del gobierno, quedó una incondicional del Presidente, Raquel Buenrostro. En Educación Pública, otra secretaría política, le colocó contra sus deseos a Mario Delgado. Sheinbaum había acordado desde el año pasado una elevada cuota de repeticiones en el gabinete, pero no más de 50 por ciento y no más allá del gabinete legal. Ilusiones.
López Obrador dejó a Zoé Robledo al frente del Seguro Social y le impuso a otro enemigo político de Sheinbaum, Martí Batres, en el ISSSTE. Como le fue muy difícil mantener a Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex –haberlo hecho era un suicidio político y financiero–, López Obrador lo dejó al frente del Infonavit, que es el único, como el sector salud, que tiene recursos por fuera de presupuesto para construir hospitales y vivienda, dejando también la caja abierta para respaldar operaciones político-electorales.
El Presidente ha carecido de sentido mínimo de institucionalidad. Cuando el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna hizo pública una carta donde dijo tener documentación que vinculaba al Presidente con el narcotráfico, se comunicó con Juan Ramón de la Fuente, que será el próximo secretario de Relaciones Exteriores, para preguntarle su opinión, ignorando a su canciller, Alicia Bárcena, y al embajador en Washington, Esteban Moctezuma. También ordenó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que no le dijera el destino del dinero que habían tenido los 350 fideicomisos que desapareció, ocultándole información.
Ramírez de la O refleja parte de la debilidad de Sheinbaum, al surgir versiones de que quería renunciar al cargo de Hacienda que aún no asume, cuyos motivos presumiblemente eran ver las exigencias de López Obrador de seguir regalando dinero cuando está en serios problemas para poder reducir el déficit fiscal del 6 por ciento –que podría provocar la cancelación definitiva de inversiones y la salida de fondos de inversión que conllevaría a la casi segura pérdida de grado de inversión– y perfila una crisis financiera de arranque de sexenio. Sheinbaum dijo que no se iría, pero la decisión no recae en ella, sino en López Obrador.
Es la primera vez que antes de iniciar un nuevo gobierno se filtre información de que uno de los futuros secretarios quiera renunciar, pero Ramírez de la O no fue el primero. Otro de los miembros del gabinete de Sheinbaum también le planteó la renuncia por los bloqueos que estaba recibiendo del gobierno obradorista, pero la próxima presidenta lo persuadió. Son muchas las primeras veces, los inéditos y los insólitos que se han vivido en esta transición, que no parece el relevo de un gobierno, sino de la gerencia de la empresa llamada México, dirigida ad infinitum por López Obrador.
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La Feria
Cinco apuntes tras la reforma judicial/Salvador Camarena
El Financiero, septiembre 24, 2024 |
El Poder Judicial es un gran desconocido. Su funcionamiento –imperfecto y perfectible– se atrofiará por la reforma judicial. Para tratar de paliar los efectos sería conveniente un diálogo, que a dos semanas de la aprobación en el Senado brilla por su ausencia.
Tras el avasallamiento de Morena y aliados, el panorama político es más o menos el siguiente:
1) No hay interlocución entre el Poder Judicial y los dos poderes que se lo echaron al plato.
¿Por qué?
En parte, porque en el Poder Judicial hay quienes creen que aún hay mecanismos o espacios internos y externos donde se podría caer la reforma. (¡?)
También porque otros actores esperan las consultas iniciadas en la Suprema Corte. Pero éstas no son para echar abajo la reforma judicial. Son para saber si los jueces están legitimados para impugnar la RJ. La Corte dirime cuando hay disputa entre otras autoridades y el PJ. ¿Existe el conflicto cuando la realidad es que ya hubo una reforma a la Constitución? Parece un dilema más filosófico que político.
Además, porque una parte de los trabajadores cree que aún puede forzar un diálogo para que la reforma no sea implementada como viene, para modificarla. ¿Habrá espacio para tal negociación pasado el 2 de octubre, cuando habiendo ya tomado posesión la nueva presidenta volverán a sus actividades? Difícilmente.
Y, punto nada menor, porque en Morena andan en otras reformas que les encargó YSQ.
2) Norma Piña debe dejar la presidencia del Poder Judicial.
La reforma no es su culpa, pero el pasmo que se vive sí es su responsabilidad. Como encargada de ese poder, ha de mostrar su conciencia de que ella carece de toda posibilidad de interlocución con el Ejecutivo (hoy y después del 1 de octubre) y lo mismo con el Legislativo.
Y aunque trabajadores del PJ la reconocen como su líder, no es ella, no ha sido, nunca fue, la líder de la resistencia. Por ende, no conduce la protesta de los integrantes del Poder Judicial, ni la representación de todas y todos los ministros de la Corte. Y la Judicatura, que también preside, ha sido actor de reparto durante todo el conflicto.
Sin embargo, no resultaría sencillo que Norma Piña se haga a un lado. Los dos bloques de la Corte –una anomalía per se– subsisten, y aunque la presidenta no las trae todas consigo ni entre sus mismos apoyadores en la Suprema, tendría que encontrar una forma de delegar facultades a otro ministro si tal cosa es aceptada por Morena para negociar.
3) El Poder Judicial puede quedar lastrado durante meses por las prejubilaciones.
Trescientos es la cifra que se maneja de jueces y magistrados que se podrían jubilar anticipadamente, bien porque no les gustaría ir a elección o porque desconfían de que luego siquiera les paguen lo que les corresponda incluso con las rebajadas condiciones económicas. ¿Cuántas plazas se irán quedando vacías en los próximos meses?
4) Nuevos retrasos en los juicios.
Pregunten a cualquier abogado con asuntos en un juzgado. Se encogen de hombros porque no saben calcular cuánto se van a tardar sus temas. Testimonios de pausas que podrían convertirse en parálisis. ¿Cuántos meses o años costaría revertir eso?
5) Transparencia en peligro.
Una de las constantes de Morena es la opacidad: representan la regresión en el derecho a la información y en las condiciones en que trabaja la prensa en los organismos donde el obradorismo domina. En las negociaciones de las leyes secundarias a todos debería importar que los tribunales no pierdan la mínima transparencia que costó décadas conseguir.
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Pensándolo bien
Vivir sin López Obrador, día 1 Era D.A./Jorge Zepeda Patterson
Milenio, / 24.09.2024;
Ten cuidado con lo que deseas, porque podría cumplirse, una sabia agudeza atribuida a Oscar Wilde. Muchos mexicanos esperan con la impaciencia de una cuenta regresiva el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. No extrañarán ni su estilo aguerrido, ni su tozudez para sacar adelante una agenda que no compartieron. Y aunque entienden que el inmediato futuro ofrece más interrogantes que certidumbres, ningún escenario les resulta más frustrante que un presidente todopoderoso con el que no coinciden. Su salida, dan por sentado, ofrece una oportunidad para dejar atrás la polarización o la atonía económica que atribuyen a su gestión. Hablo, desde luego, de los críticos y opositores de la 4T, no de sus muchos seguidores.
Pero habría que entender que el liderazgo de López Obrador surgió a partir de una serie de graves tensiones en la sociedad mexicana; su salida podría visibilizarlas. Es simplista y peligroso asumir que sus niveles de aprobación son producto exclusivo de la demagogia o de políticas públicas populistas. Justamente esa es la tesis que sostuvo la oposición durante todo el sexenio; creer que bastaba con desengañar al pueblo para que esa popularidad se desplomara. El fracaso de esa postura es que no entiende que el malestar del grueso de los mexicanos obedece a causas reales y profundas, al margen de que hubiera aparecido un soliviantador para darles cuerpo.
La inconformidad de los sectores populares fue acumulándose en los últimos lustros. En lo político un desencanto evidente respecto a las opciones tradicionales del PAN y el PRI; en lo económico la pérdida de poder adquisitivo y falta de oportunidades (56 por ciento de la población empleada en el sector informal, por ejemplo). El sistema “creó” a esas masas inconformes; en 2018 encontraron una vía electoral para expresar la exigencia de un cambio. El tabasqueño ofreció a través de su discurso y su partido un contenedor a ese malestar.
O, para decirlo en otros términos, las élites perdieron el control del poder político en 2018, pero en realidad lo que tenían ya era un cascarón que carecía del soporte de una base social. Peña Nieto obtuvo la Presidencia en 2012 con 38 por ciento de la votación y sus niveles de aprobación al terminar el sexenio apenas superaban 20 por ciento; los partidos que habían regenteado la operación política se habían agotado: el PRI en plena declinación y un PAN condenado a cifras en torno a 25 por ciento. El sistema se había vaciado de contenido a ojos del grueso de los ciudadanos. El riesgo de inestabilidad que eso supone en un país tan desigual está a la vista.
A pesar de su narrativa áspera, en realidad López Obrador intentó una propuesta que asegurase la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, introdujera cambios significativos en la distribución del ingreso popular. Una remodelación del edificio sin poner en riesgo su estructura. Se podrá cuestionar el modo, pero en esencia consistió en darle a los de abajo sin quitarle a los de arriba. Para las élites López Obrador puede ser un interlocutor incómodo, pero garantiza una relación confiable con el resto de los mexicanos; una vía para construir acuerdos, por más que existan desencuentros con el interlocutor. El peor escenario es no tenerlo.
Estén o no de acuerdo con sus propuestas, las élites tendrían que considerar que López Obrador conjuró, a su manera, los riesgos de desestabilización social y política que necesariamente surgen cuando el sistema no puede canalizar la inconformidad de las mayorías. La incapacidad de las élites y los partidos tradicionales para construir una oferta alternativa para esas mayorías, antes y durante este sexenio, nos ha traído al llamado segundo piso de la 4T. La narrativa creada por esta fuerza política es, en este momento, el cemento adhesivo del edificio social. Y no hablo del riesgo de un resquebrajamiento violento o una revuelta armada, sino de la multiplicación al infinito de conflictos locales y regionales provocados por comunidades, gremios, grupos de interés, vecinos y un gran etcétera, decididos a resolver su agenda de manera unilateral y en plena confrontación con el orden vigente. De alguna forma eso ya ha comenzado, pero el gran detente sigue siendo la convicción de parte de las mayorías de que el Presidente es un hombre que pertenece a los de abajo, habla en nombre de ellos, de sus agravios.
Ese personaje atrabancado y rijoso en opinión de muchos ha tenido la habilidad para mantener una ascendencia decisiva sobre las masas. Algo que el sistema político había perdido hace mucho. Y justamente ese es el riesgo, el de la fractura. Hay un profundo desencuentro en oportunidades, visión de país y realidades entre el tercio más próspero de la población y la mitad más desprotegida y desencantada.
Él se va, pero deja un relevo y un andamiaje. La pregunta es: ¿por cuánto tiempo y con cuánta intensidad el nuevo gobierno será capaz de mantenerlo? ¿Cuánto de ese vínculo identitario con las mayorías podrá sostenerse sin el protagonismo intenso del líder del movimiento? Es imperativo que el país haga algo sustantivo en favor de las mayorías inconformes, pero tendría que conseguirlo sin lastimar a las partes prósperas y, al mismo tiempo, sin perder el apoyo popular que en este momento garantiza la estabilidad. Mientras la oposición no construya una opción atractiva a las masas que exigen un cambio, ese desafío pasa por lo que hoy tenemos.
La salida de López Obrador ofrece la posibilidad de intentar el difícil equilibrio con otras modalidades. Podrían ser más tersas y económicamente eficaces, pero en términos de legitimidad política y social nada garantiza el éxito indefinido. Dependerá del equipo que ahora entra al relevo; de la madurez de las élites para asumir que lo que venga no puede construirse sobre la deconstrucción del lopezobradorismo, pues pondría en riesgo la estabilidad vigente; de los sectores populares para entender que un gobierno en favor de su causa no necesariamente tiene que ser incendiario. Vivir sin López Obrador es un desafío estimulante, pero un desafío que de alguna manera nos pondrá a prueba a todos.
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Uso de Razón
Cuánta mentira, cuánta traición/Pablo Hiriart/
Milenio. septiembre 24, 2024 |
Toda su crítica al militarismo de los sexenios anteriores fue falaz.
Lo que querían era militarizar ellos el país. Darle a las Fuerzas Armadas facultades permanentes de policías con atribuciones del Ministerio Público.
Y los ciudadanos, investigados por soldados y marinos, con el derecho de amparo mutilado, y a la cárcel por sospechas de los uniformados, mientras se averigua.
Eso se llama dictadura. Construida, por supuesto, en nombre de la paz y del ‘humanismo mexicano’.
Mintieron todos estos años. Cuánta traición.
Le pedí a ChatGPT que me diera algunas declaraciones de López Obrador, Mario Delgado, Adán Augusto López, Olga Sánchez Cordero y Gerardo Fernández Noroña, cuando estaban en la oposición, sobre las funciones transitorias que se le dieron a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.
Recojo sólo algunas:
López Obrador el 19 de marzo de 2008, en Villahermosa:
“Felipe Calderón le ha declarado la guerra al narcotráfico usando al Ejército, pero esto no es la solución. No podemos convertir el país en un cuartel y hacer que los problemas de seguridad sean tratados con armas. El Ejército debe regresar a sus cuarteles, y el gobierno debe atender las causas profundas que generan la inseguridad y la violencia: la falta de empleo y oportunidades”.
AMLO el 9 de diciembre de 2010, en Zacatecas:
“Es un grave error seguir utilizando al Ejército en trabajos de seguridad pública. Estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo se está incrementando la violencia y cómo la gente está sufriendo las consecuencias de esta estrategia fallida. El gobierno federal debería invertir más en programas sociales, en educación y en empleo, no en armamento ni en soldados en las calles”.
AMLO, el 1 de julio de 2012:
“Nosotros siempre hemos defendido que no se puede resolver la inseguridad con el uso de la fuerza. La violencia no se enfrenta con más violencia. Sacar al Ejército a las calles es poner en riesgo la vida de ciudadanos inocentes. La paz no se construye con armas, sino con justicia social, oportunidades para todos y la mejora de las condiciones de vida de la gente”.
En Oaxaca, el 22 de noviembre de 2017:
“La Ley de Seguridad Interior es un retroceso. Pretende legalizar lo que no debe legalizarse, la militarización del país. Yo estoy a favor de que el Ejército regrese a los cuarteles y que se fortalezca a la policía civil con capacitación y mejores condiciones laborales. No es con soldados en las calles como se va a pacificar a México, sino atendiendo las causas que originan la violencia: la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades”.
En esta intervención, López Obrador rechazó tajantemente la ley y subrayó su preferencia por una estrategia que fortaleciera las instituciones civiles.
El 7 de febrero de 2018, en Monterrey:
“No podemos seguir apostando a una estrategia que ha fracasado, que ha costado miles de vidas y que ha generado más violencia. Vamos a reorientar los esfuerzos del Estado para garantizar la paz. La militarización no es la solución. El Ejército debe cumplir con su función de proteger la soberanía, no de patrullar las calles. Vamos a pacificar al país con empleo, educación y bienestar”.
Mario Delgado, el 11 de noviembre de 2017:
“Es un error histórico legalizar la militarización del país a través de la Ley de Seguridad Interior. Esta ley no sólo viola derechos humanos, sino que convierte en permanentes los militares que ya han demostrado su ineficacia para reducir la violencia. México no necesita más soldados en las calles, necesita instituciones civiles fuertes y políticas de prevención”.
Gerardo Fernández Noroña, el 15 de diciembre de 2010:
“La estrategia de Calderón es un fracaso rotundo. Sacar al Ejército a las calles sólo ha generado más violencia, más muertes y ha sumido al país en un estado de inseguridad sin precedentes. La militarización no es la solución, lo que necesitamos es una estrategia de inteligencia y fortalecimiento de las instituciones civiles”.
Adán Augusto López, el 12 de diciembre de 2017:
“La Ley de Seguridad Interior perpetúa una estrategia fallida. Lo que México necesita no es más militares en las calles, sino una política integral de seguridad que incluya el fortalecimiento de las policías civiles, la prevención del delito y el combate a la corrupción. La militarización solo ha traído más violencia y la erosión de los derechos humanos”.
Olga Sánchez Cordero, 20 de noviembre de 2017:
Como jurista y como legisladora, debo señalar que la militarización del país y la Ley de Seguridad Interior ponen en riesgo el Estado de derecho y los derechos humanos en México. No podemos normalizar la presencia militar en tareas de seguridad pública. Es necesario regresar a un modelo de seguridad civil, basado en la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales”.
Más de AMLO: golpistas:
“Calderón le ha hecho mucho daño al país. Es un presidente espurio que, para legitimarse, ha decidido militarizar el país, lo que es una actitud golpista, porque quiere sostenerse en el poder a través de la fuerza y la violencia. En lugar de resolver los problemas de fondo, ha llevado al país a una crisis de violencia que ha costado miles de vidas”.
AMLO contra Peña Nieto: golpista
“La Ley de Seguridad Interior es un paso más hacia la militarización del país. Peña Nieto, como Calderón, se comporta como un golpista al insistir en usar al Ejército para tareas que deben corresponder a las autoridades civiles. Esta ley sólo sirve para proteger a la élite política corrupta mientras aumenta la represión y la violencia en México”.
Gerardo Fernández Noroña contra Calderón: golpista
“Felipe Calderón no sólo es un presidente ilegítimo, sino que ha militarizado el país para mantenerse en el poder. Esto es lo que hacen los golpistas: usar al Ejército para su propia protección y para reprimir al pueblo. Calderón está jugando con fuego al mantener esta política violenta y represiva”.
Fernández Noroña contra Peña Nieto: golpista
“Peña Nieto está repitiendo el mismo esquema golpista de Calderón: usar al Ejército para controlar al país, para reprimir al pueblo y para sostener un gobierno corrupto. La Ley de Seguridad Interior es una amenaza para la democracia y los derechos humanos en México”.
Mario Delgado contra Felipe Calderón: golpista
“Lo que está haciendo Calderón es sumamente peligroso. Está militarizando el país y violando los principios básicos de nuestra Constitución. En cualquier otro contexto, esta sería la conducta de un golpista: usar al Ejército para tomar control de la seguridad pública, cuando debería estar en manos de las autoridades civiles”.
Mario Delgado contra Peña Nieto: golpista
“Con la Ley de Seguridad Interior, Peña Nieto está repitiendo los mismos errores que Calderón. Está militarizando el país y erosionando las instituciones democráticas. Esto es lo que hacen los gobiernos golpistas: pretenden mantener el control a través de la fuerza, y eso es lo que estamos viendo en México”.
Entonces, ¿quién era el golpista?
Ni Calderón ni Peña Nieto lo fueron.
AMLO sí dio el golpe, con una mayoría artificial en el Congreso que le regalaron consejeros y magistrados serviles.#
REFORMA, 24 septiembre 2024;
A Francisco Burgoa,el ejemplar abogado
constitucionalista.
El proyecto infame de reforma constitucional al Poder Judicial redactado por trogloditas, enemigos de la paz social y de la evolución política de México, pretende, con pretextos ingrávidos y perversos, someter al Poder Judicial al voto popular, destruir los principios que sustentan la República nacida hace 200 años, acabar con la independencia de los jueces, magistrados y ministros, sometiéndolos a los caprichos de una mayoría política coyuntural deseosa de construir una nueva dictadura camuflada.
La fortaleza de los argumentos para impedir la aplicación de la reforma es irrefutable. Constan en las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados, por trabajadores del Poder Judicial, por ciudadanos, organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y hasta partidos políticos de oposición y municipios que claman justicia. Es evidente que se vulneró el proceso legislativo en ambas cámaras federales y en los Congresos locales que aprobaron los aberrantes textos sin haberlos leído siquiera.
La mayoría de los ínclitos y perínclitos ministros de la Corte bien podrían aplicar lo dispuesto por el artículo 110, fracciones I, III y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para iniciar un procedimiento en contra de las ministras Batres, Esquivel y Ortiz, y separarlas provisionalmente de sus funciones. A la primera, por notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones a realizar, y a las tres, por conductas realizadas que atentan contra la independencia judicial, y por no preservar la dignidad, la imparcialidad y el profesionalismo propios de la función judicial.
La mayoría de dichos ministros también podría admitir las impugnaciones y declarar la suspensión inmediata de la reforma judicial, hasta en tanto aquellas no se resuelvan de forma y fondo de acuerdo con los precedentes judiciales, la doctrina y el derecho comparado. La Corte debe defender la Constitución e impedir que un poder u órgano revisor de la Constitución, previsto en su artículo 135, pueda modificar el Poder Judicial, facultad reservada al poder constituyente originario, el único autorizado para establecer nuevas disposiciones, principios y reglas.
La paz de la República, la economía, los derechos fundamentales de las personas, la libertad y la vida no pueden estar sujetas al apetito de venganza de quien detente el poder. Los 8 ministros, conscientes de que la defensa de la Constitución no solo se libra en los tribunales, deberían convocar y presidir una "Marcha por la justicia y la democracia". Millones de compatriotas marcharíamos a su lado, junto con jueces y magistrados a la voz de "La Constitución se respeta".
Es evidente que ya no estamos solo frente a una discusión jurídica de alto nivel, en donde nos jugamos el destino de México, se trata, además, de una cuestión de principios. El INE y el TEPJF traicionaron a la República cuando la mayoría de sus consejeros y magistrados le obsequiaron a López Obrador la mayoría calificada que la ciudadanía jamás le concedió en las urnas. El fraude a la Constitución quedó expuesto a su máxima expresión. ¿Los ministros de la Corte, defensores de la Constitución, también van a traicionar a la República y pasarán a la historia como los impartidores de justicia que ayudaron a colocar los cimientos para construir una nueva dictadura?, ¿o deben esperar a que las fuerzas armadas los expulsen del recinto, en donde se vigila la aplicación de las leyes y se vela porque los actos de autoridad se apeguen a la Constitución? La fotografía de nuestros máximos togados arrojados a la calle dará la vuelta al mundo para exhibir los alcances del primer gobierno mexicano presidido por una mujer, cuando AMLO, el verdadero dictador, dejó todo armado para quedar eximido de cualquier género de culpa, de modo que ella, su sucesora, cargará con todo el peso de la responsabilidad histórica. Acabemos con la cultura de la simulación.
La defensa de la Constitución es responsabilidad de todos los jueces, sí, pero también de todos los ciudadanos. La historia nos llama a defender nuestra República. No seremos la generación de la ignominia que permitió la destrucción de nuestra democracia, construida con la sangre de mexicanos amantes del progreso y de la libertad. Es la hora de la "Marcha por la justicia". ¿El ejército desalojaría la Corte...? ¿Sí...?
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Voz de profeta
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA
"La fama de muchos profetas descansa
en la mala memoria de sus oyentes". Ignazio Silone
Tres mil militantes acudieron este domingo al World Trade Center de la Ciudad de México a participar en el séptimo Congreso Nacional Extraordinario que renovaría la dirigencia de Morena. Escucharon la carta de despedida del presidente López Obrador, quien prefirió no asistir, leída de manera emotiva por Alfonso Durazo, gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional, en la que el mandatario advirtió: "No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo". No hay duda, sin embargo, de que varios de los vicios y perversiones de la vieja política mexicana estuvieron de manifiesto en la reunión.
La todavía secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, habló sobre el cambio de guardia: "El 1 de octubre Claudia Sheinbaum, fundadora de Morena, se convertirá en la primera presidenta de México. Yo asumiré la presidencia de Morena, emocionada porque pronto se cumplirá la profecía de Andrés Manuel López Obrador: México tendrá la mejor presidenta del mundo y Morena seguirá su rumbo y se convertirá también en el mejor partido del mundo, ni más ni menos". Sí, López Obrador ofrece ahora profecías: es un profeta.
Las loas al Presidente, con todo y gritos de "¡Es un honor estar con Obrador!", fluyeron en cascada. Era imposible no ver en la reunión una calca de las que se realizaban en los tiempos del PRI hegemónico, incluido el culto a la personalidad del presidente en turno y su sucesora. La elección de los nuevos dirigentes del partido, Alcalde como presidenta, Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, como secretario de organización, y otros más, se hicieron por voto unánime. Esto solo revela que el nuevo partido hegemónico tiene una estructura tan vertical como el viejo. En las democracias no hay votos unánimes.
La doctora Sheinbaum, que sí asistió al congreso, declaró: "Inicia una nueva etapa para Morena. Me corresponde, como debe ser, pedir licencia el día de hoy como militante de Morena. Seré Presidenta constitucional y debo gobernar para todas y todos los mexicanos". En realidad, no es necesario que un jefe de gobierno renuncie a su partido, pero sí debe gobernar para todos. López Obrador apenas renunció ayer a Morena, pero siempre gobernó como autócrata, sin escuchar las posiciones distintas a las suyas.
Al inaugurar el Centro Cultural Leyes de Reforma en Veracruz, este 22 de septiembre, el Presidente hizo gala de esa supuesta humildad con la que busca ocultar su arrogancia. "No quiero, no quiero ser hombre fuerte, no quiero ser caudillo, no quiero ser jefe máximo, mucho menos cacique, eso no, no". Es bueno que lo declare, aunque esto no da certeza de que realmente se va a encerrar en su rancho y ya no tomará parte en la política. En los últimos meses, cuando la presidenta electa ofrecía diálogo, como en el caso de la reforma judicial, el Presidente respondía cerrando las puertas a la discusión. Al final, López Obrador hizo aprobar al vapor una reforma sin pies ni cabeza, que no resuelve los problemas de justicia, y que será una pesadilla de administrar. Le tocará a la nueva Presidenta resolver estos y muchos otros problemas que le está heredando su mentor, un presidente más preocupado por los golpes de popularidad que por el buen gobierno.
Es interesante que Alcalde diga que López Obrador ofrece ahora profecías. La idolatría con la que lo tratan sus seguidores es impresionante. Pero ahora que sus seguidores empiezan a verlo como un profeta, quizá valga la pena recordar una frase que se ha atribuido a varios autores: "Nunca profetices, especialmente sobre el futuro".
· DECIRLE 'NO'
No sé si realmente Andy López Beltrán es ya un contendiente para la Presidencia en el año 2030. De lo que no hay duda es que nadie se atreverá a decirle que no en Morena, el partido fundado por su padre.
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