La implosión del Cártel de Sinaloa devasta Culiacán

 La implosión del Cártel de Sinaloa devasta Culiacán

El Universal, | 11/12/2024 |

Silber Meza, reportero.

Es de mañana en Culiacán, y Rosa Lidia Félix Camacho trata de abrir una carpa móvil a los pies de la Catedral de la ciudad. Se tambalea, habla con debilidad. Es martes 26 de noviembre y lleva casi un mes en huelga de hambre. La inició como un grito desesperado ante la desaparición de su hijo, Jesús Tomás Félix Félix, sucedida el 31 de octubre pasado.

Rosa Lidia no entiende lo sucedido. Sólo puede decir que su hijo es un hombre de bien, deportista, trabajador y padre de familia. Llevaba una semana desempleado cuando desapareció, cuenta su madre sentada en una silla plegable debajo de una lona que la protege del sol semitropical.

Recuerda que la noche de su desaparición acudió a casa de un amigo en la colonia Las Quintas, y cuando salió, alrededor de la 1:40 de la madrugada, avanzó unas cuadras y desapareció con todo y vehículo, un Nissan Versa gris oxford. La señora realizó el recorrido que debió transitar su hijo y unió las huellas de su paso. Solicitó copia de las cámaras de seguridad a los vecinos y, en una de ellas, se ve a Jesús Tomás mientras conduce el automóvil. Desde entonces, sólo ha conseguido un registro en video; ni los bancos ni los negocios de comida que se encuentran en la ruta han querido entregarle copias.

“Les pido al banco Banamex, al Banorte que se encuentran en la colonia Campiña, que por favor se toquen el corazón y que nos proporcionen esos videos donde quedó grabado por donde pasó mi hijo… son los videos clave”, dice inmersa en un vértigo aciago.

El joven de 28 años es uno de los más de 500 desaparecidos registrados por organizaciones civiles en el estado desde el 9 de septiembre, cuando empezó de lleno la batalla entre las dos facciones más poderosas del llamado Cártel de Sinaloa, la de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y el hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo. Las estructuras conocidas como la Chapiza y la Mayiza, o Los Chapitos y Los Mayitos, fueron aliadas durante décadas, y ahora buscan aniquilarse.

La señora Rosa Lidia, de 56 años, de oficio ama de casa, inició la huelga de hambre el 4 de noviembre, y en cuanto llamó la atención de la sociedad se le acercaron enviados del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para solicitarle que se levantara del lugar, presuntamente preocupados por su salud. Ella continuó en el sitio y solicitó una entrevista con el mandatario. La señora le pidió a los funcionarios estatales que le entreguen a su hijo con vida, que le asignaran atención médica y seguridad permanente. El apoyo del gobierno ha llegado de manera momentánea y sólo cuando ella lo solicita por teléfono.

A su costado se halla una hielera con sueros, miel y suplementos alimenticios. Ha sobrellevado estos días con el apoyo de amigos médicos que le recomendaron no dejar el omeprazol para el estómago y los sueros intravenosos.

“Por favor, tengan piedad del dolor que tenemos. Se los pido con el alma destrozada, ya no aguanto más: regresenme a mi hijo. Ya son muchos días”, ruega a los captores, al gobierno, al vacío, a quien escuche el débil aliento que aún le queda.

El Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones criminales más poderosas de México, y es también una de las más estructuradas del mundo, según han dicho autoridades estadounidenses. Los registros de esta asociación se inician desde hace más de medio siglo, incluso desde antes de llamarse así, con la creación del Cártel de Guadalajara en la década de los 70, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces estaba liderado por los sinaloenses Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, entre otros capos. En los años 80, y con el liderazgo de El Chapo y Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, nace el Cártel de Sinaloa, nombrado por la autoridad como Cártel del Pacífico. Una década después se identificó en lo alto de la estructura a los hermanos Beltrán Leyva, a Ignacio Coronel, a Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, y a Ismael Zambada García, alias El Mayo. Desde entonces se creó una alianza entre El Chapo y El Mayo que parecía indivisible, hasta hoy.

El 25 de julio pasado se inició un nuevo capítulo en la historia del narcotráfico en México, uno que ni los más aventurados pueden imaginar su desenlace. De acuerdo con la carta enviada por el propio Mayo Zambada a través de su abogado en Estados Unidos y respaldada en lo general por la Fiscalía General de la República (FGR), Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, le pidió que se reuniera con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con el líder de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda. El objetivo era que El Mayo ayudara a los dos líderes políticos a encontrar un acuerdo político porque ambos estaban confrontados por la sucesión en la UAS. En la misiva, Zambada también afirma que le aseguraron que en el encuentro estaría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de El Chapo identificado como líder del imperio criminal de su padre.

En la carta firmada al 10 de agosto, El Mayo asegura que el 25 de julio fue a un rancho dentro de Huertos del Pedregal, un área ubicada a las afueras de Culiacán. En ese lugar, a las 11 de la mañana, se llevaría a cabo la reunión. Lo acompañaban cuatro escoltas, entre ellos un comandante de la Policía Judicial de Sinaloa.

Relata que, al entrar a la Hacienda, vio a Cuén Ojeda y a Joaquín Guzmán López.

“Tan pronto como puse un pie dentro de esa habitación fui emboscado. Un grupo de hombres me agredió, me tiró al suelo y me puso una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron y luego me obligaron a subir a la caja de una camioneta”, se lee en el relato publicado originalmente en inglés.

Después lo habrían subido a un avión privado y trasladado a El Paso, Texas: “No había nadie más a bordo del avión excepto Joaquín, el piloto y yo”. Joaquín e Ismael fueron detenidos por autoridades de Estados Unidos, mientras que el piloto fue puesto en libertad. Se desconoce su identidad y paradero.

En ese lugar, escribió El Mayo, mataron a Héctor Melesio Cuén Ojeda. La aclaración la consideró necesaria porque la Fiscalía de Sinaloa manejó una versión distinta que concluyó en un desmentido de la Fiscalía General de la República, la apertura de una investigación federal y la caída de la fiscal del estado señalada de liderar un montaje.

Tras darse a conocer la misiva, el gobernador de Sinaloa negó la versión de El Mayo y mostró un plan de vuelo donde se leía que justo ese día había volado en un avión privado a los Estados Unidos.

Al finalizar la carta, El Mayo hace un cierre singular, y llama a mantener la paz: “Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden”.

Pero en Sinaloa ha pasado todo lo contrario. En menos de tres meses se han contabilizado más de 500 asesinatos. Sumado a la incertidumbre de los desaparecidos, son más de un millar de víctimas. Ahora, los hijos de ambos barones del crimen encabezan una escalada de violencia nunca antes vista: por un lado los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar en representación de La Chapiza, por otro Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco, con las fuerzas de La Mayiza. Aunque los sucesos violentos han ocurrido en la mayor parte de los municipios de Sinaloa, el grueso se ha concentrado en Culiacán, lugar donde se agrupan sus más grandes estructuras.

Se bajaron de un carro oscuro. Dos jóvenes de unos 16, 17 años. Prendas negras, tatuajes en los brazos y gorras con viseras planas. Entraron a una panadería. Tranquilos. Sin armas. Era jueves 28 de noviembre.

–Venimos de parte de los jefes –soltó uno de ellos.

–¿Perdón? –dijo una señora que despachaba el pan.

–Sí, de parte de los jefes de aquí de Culiacán. Venimos a pedir permiso.

–Y permiso de qué –respondió ella.

–Permiso para poner una cámara aquí afuera, para que no ande tanto puntero, pues –continuó el joven mientras se le acercaba al oído y comentaba casi con susurros.

La señora palideció; ellos ordenaron pan para llevar.

Días antes, en la madrugada del 25 de noviembre, grupos armados que no fueron identificados destruyeron a balazos 65 videocámaras de seguridad instaladas en la ciudad. Los aparatos eran parte del sistema de inteligencia y vigilancia de Culiacán operado por el Ejército.

De manera fortuita, los reporteros presenciamos la conversación. Después nos retiramos sin hacer comentarios y sin conocer el desenlace.

Aunque la fractura entre La Chapiza y La Mayiza sucedió el 25 de julio, cuando fue secuestrado Zambada García, la batalla abierta entre ambos comenzó 46 días después. Han sucedido tantas cosas en estos tres meses que resulta imposible detallarlas en un solo texto, pero los primeros 21 días de la batalla nos dan una idea de la magnitud del conflicto.

El 9 de septiembre, en Culiacán, hombres armados fueron enfrentados por soldados en el sector La Campiña durante una refriega. En distintos hechos, la violencia se prolongó por 15 horas; el 10, nuevamente circularon convoyes de civiles con armas largas y las escuelas fueron cerradas; el 11 se reportaron nueve asesinatos, 11 desaparecidos y 16 robos de vehículos en la zona centro de Sinaloa; el 12 cerraron la carretera Mazatlán-Durango por enfrentamientos, vehículos que bloquean el paso y arrojo de ponchallantas. Hoteleros de Mazatlán registraron el inicio de cancelaciones de cuartos; el 13 estallaron las agresiones contra policías: privaron de la libertad a un elemento estatal y balearon la casa de un municipal.

La violencia se extendió al sur, y aparecieron cinco muertos en la sierra de Concordia. A la vez, en Nueva York, El Mayo se declaró no culpable; el 14, la FGR inició el cateo a Huertos del Pedregal, en Culiacán, y se registran enfrentamientos entre criminales y soldados al sur de Sinaloa, en los límites con Durango; el 15 hackearon la página de impuestos locales del gobierno de Sinaloa y colocan una amenaza en contra del gobernador Rocha, además, personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, la más grande institución de salud, denunció agresiones de un grupo armado que llegó con personas heridas en Mazatlán: “Si mueren ellos, mueren ustedes”, les dijeron; el 16, el general de División, Francisco Jesús Leana Ojeda, máxima autoridad militar en lo local, afirmó que la violencia en Sinaloa “no depende de nosotros; depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer confrontación entre ellos”.

El comentario generó indignación y fue removido del cargo; el 17, la Sedena informó que sumaba dos militares muertos y nueve heridos en la batalla local; el 18, el colectivo civil de búsqueda Sabuesos Guerreras acumuló 80 fichas de desapariciones desde el 27 de agosto; el 19, elementos del Ejército capturaron a Mario Alexander N, alias El Piyi, uno de los presuntos jefes de seguridad de Los Chapitos; el 20, diputados locales reformaron la Ley Orgánica de la UAS, iniciativa legal de disputa entre Cuén y Rocha para quitarle al primero el control de la máxima casa de estudios local; el 21 se enfrentaron civiles armados y soldados con un saldo de tres presuntos criminales muertos y tres militares heridos.

El enfrentamiento se registró en la zona más comercial de Culiacán y evacuaron a las personas de una plaza comercial; el 22 se dio a conocer tres personas muertas y tres desaparecidos más; el 23, en un corte de seguridad, el gobierno estatal informó de 32 personas detenidas y 89 vehículos asegurados a los presuntos criminales, de los cuales, 16 tenían blindaje artesanal y dos eran patrullas clonadas; el 24 de septiembre, Estados Unidos señaló a un negocio de paletas de hielo en Culiacán como parte de la estructura de lavado de activos de Zambada García; el 25, el Ejército desarmó a la Policía de Culiacán para revisar el uso del armamento de cargo y paralizó la operación de más de mil elementos preventivos; el 26, militares asumieron de lleno las funciones de la municipal, y encontraron 10 muertos en la carretera Mazatlán-Durango; el 27, el presidente López Obrador visitó por última vez el municipio de Rosario, Sinaloa.

En un hecho diferente, a unos 300 kilómetros de ahí, apareció una camioneta tipo van con cinco cuerpos en su interior y un mensaje: “Bienvenidos a Culiacán”, en referencia a integrantes de un grupo rival foráneo; el 28 se registraron más bloqueos y cinco muertos en la autopista Mazatlán-Culiacán; el 29, ciudadanos realizan una marcha por la paz; el 30 asesinaron Faustino Hernández, exdiputado local de Sinaloa y líder de los ganaderos del estado. Horas después, asumió la presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta en México y la segunda titular del partido Morena.

El miércoles 27 de noviembre, un grupo de mujeres con familiares desaparecidos se manifestaron en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, a los pies de la oficina del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Ahora, ahora, se hace indispensable, presentación con vida y castigo a los culpables”, gritaron en una voz.

Se hallaban ahí para pedir una audiencia con el mandatario. Acusaron que desde que comenzó la ola de violencia y de desaparecidos cerró las puertas del diálogo.

Una de las manifestantes era Carolina Verástica, joven de 21 años. Blusa blanca y lentes negros. Sostenía una fotocopia de la ficha de búsqueda de su padre, el policía estatal preventivo Francisco Javier Verástica Muñoz, de 47 años de edad y 24 de servicio. En junio de 2025 se habilitaría su jubilación.

Carolina contó que un día antes, el 26 de noviembre a las 7:45 de la mañana, su padre se contactó con una tía y le dijo que ya había salido de su turno laboral y que se dirigía a su casa, sin embargo, el comandante no llegó a su destino.

Su familia empezó a rastrearlo. Se dieron cuenta que su última conexión a WhatsApp era a las 8:12 de la mañana, y a las 11 se contactaron con la base policial para localizarlo. Carolina acudió a la oficina de la corporación, no halló el vehículo de su padre, reportó lo sucedido y le dijeron que el operativo de búsqueda ya estaba en curso. Le pidieron sus datos y le dijeron que se fuera a casa.

Ella no paró. Lo comunicó en sus redes sociales, después en las radios locales y en los colectivos de búsqueda, uno de ellos Sabuesos Guerreras, de Culiacán.

“Ya no pido que paguen los culpables, lo único que pido es que lo regresen con bien a casa, con nosotros. Lo estamos esperando toda su familia, unidos. Nosotros sabemos que es una persona de bien; no entendemos qué pasó”, dijo en la entrevista.

La hija del comandante explicó que el policía no era de problemas ni de muchas amistades.

Cuando preguntó por las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la ciudad le comentaron que grupos de criminales habían baleado buena parte de ellas, y eso hacía complicada la búsqueda de su padre.

Al día siguiente, el 28 de noviembre, el policía apareció muerto.

“Te encontré papi, no de la manera que quería, pero te encontré”, escribió Carolina en una de sus redes sociales, según reportaron medios locales.

Óscar Loza Ochoa es un célebre defensor de derechos humanos de Sinaloa. Ha realizado este trabajo desde hace décadas, con o sin presupuesto público. Años atrás fue presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un órgano constitucional autónomo, pero la mayoría del trabajo lo ha hecho desde una organización civil llamada Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa.

Por más de medio siglo, él ha podido presenciar como ciudadano y defensor de derechos los cambios de Culiacán y Sinaloa en materia de crecimiento, población, gobierno, política y, por supuesto, crimen organizado.

Loza recuerda que lo que se vive hoy en el estado no surgió hace cinco o 10 años, sino que es un problema que “se ha incubado por décadas”. Y empezó, de manera más fuerte, en los años 70 del siglo pasado, cuando explotó el tráfico de cocaína en el mundo.

El también profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa menciona que el estado siempre ha tenido crisis de seguridad por el efecto de la criminalidad organizada, y el ejemplo más cercano sucedió en 2008, cuando el Cártel de Sinaloa pasó por una escisión importante y se separó de la estructura los hermanos Beltrán Leyva, sin embargo, menciona que esa situación no fue tan fuerte como la actual.

“Nunca se había prolongado una crisis tantos días”, diferencia.

Además, el profe anota otras características: ahora persiguen a los que se desplazan de los pueblos por la violencia, queman casas habitación y negocios y se disparó el número de desaparecidos.

Mientras la autoridad reconoce unos 400 no localizados en los primeros tres meses, los grupos de búsqueda de desaparecidos enumeran más de 500.

“Nos está dañando desde el punto de vista emocional, psicológico. Esto nos está dejando una huella indeleble”, advierte el defensor.

“La gente de mi generación vamos para afuera, pero qué hay para mis hijos y mis nietos, ¿con qué pérdida se quedan y qué les ofrecemos para enfrentar la vida luego de que esto termine?”

El conflicto de violencia en Sinaloa no solo ha dejado una estela de sangre y sufrimiento, también ha generado afectaciones económicas profundas con más de mil 600 vehículos robados en tres meses. La población ha abandonado la vida nocturna y eso ya empezó a causar estragos.

Marco Iván Torres Sandoval, un joven de 31 años que es socio del restaurante Canario, ubicado sobre un corredor comercial llamado Paseo del Ángel, en el centro de Culiacán, reconoce que por la crisis de seguridad su negocio ha tenido una afectación de más del 70% en las ventas.

“Ha sido bastante agotador y difícil”, dice desde el interior del local que antes se enfocaba en las bebidas con alcohol y el horario nocturno.

“Si en la noche hubo violencia, el flujo de personas disminuye de 20 a uno”, anota.

El problema de seguridad en la ciudad obligó a la empresa a dejar de apostar por las noches y dedicarse a las mañanas, cuando la gente sí está dispuesta a salir y gastar.

“Nuestro concepto se ha modificado totalmente a enfocarlo en los desayunos”, afirma.

Esta adaptación ha hecho que la empresa no cierre, mantenga empleos y pueda seguir operando.

La gente está aprendiendo a vivir con esto”, añade.

A la autoridad le gusta anunciar inversiones, pero no habla de los cierres de negocios y la caída de las ventas. Los datos son inciertos. Algunos empresarios locales hablan de una afectación de 500 millones de pesos al día, mientras otras organizaciones, como la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas, calculan de forma general más de 10 mil millones de pesos.

El problema para la vida nocturna no es llegar al sitio, explica José Ambrosio Valenzuela García, impulsor del Paseo del Ángel y ahora presidente del Patronato de Revitalización de los Centros Históricos de Sinaloa, sino regresar a casa con bien.

“No podemos garantizarles la seguridad del regreso”, afirma el empresario.

Justo por eso están en charlas con negocios hoteleros de la zona centro para que la gente que vaya al Paseo del Ángel se hospede a dos cuadras del lugar y a un precio preferencial; así no tendrán que trasladarse a sus viviendas a altas horas de la noche.

José Ambrosio comenta que, en un intento por salir adelante, han aumentado la iluminación en la zona, han fortalecido la coordinación con la policía y han incrementado las presentaciones culturales y los espectáculos.

“Nosotros estamos doblando la apuesta”, concluye.

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Después del 9 de septiembre nada ha sido igual en Culiacán. Las calles se vacían a partir de las 7 de la tarde, los eventos masivos cancelados, la feria ganadera y el palenque más importantes del año han bajado las cortinas, las escuelas han vuelto a la virtualidad de la pandemia cada que se reportan balaceras cercanas; a inicio de este mes, el Ejército convirtió una primaria en cuartel militar; el temor a los explosivos, a los drones armados y coches bomba pulula en las conversaciones públicas; los canales anónimos de WhatsApp se han convertido en una de las principales fuentes de información y desinformación, la popularidad del gobernador de Sinaloa se ha derrumbado; el secretario de Seguridad federal cambió su oficina temporal a Sinaloa por la gravedad del conflicto. Y así, en este ambiente, la gente tiene que hacer su vida. Los culichis saben bien de estos momentos y encuentran alternativas para amainar la presión, una de ellas es el arte.

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En el centro de Culiacán, a un costado de los negocios que cierran o se adaptan a la violencia, y a unas cuadras de la huelga de hambre de Rosa Lidia que busca a su hijo desaparecido, Catherine Quiñónez Morales pinta lentamente su primer mural. Acrílico vinílico. Ella es parte de un colectivo de nueve artistas mujeres llamado Bachia que buscan embellecer la zona para que la gente la ocupe y se sienta más segura.

El tema de Catherine: la salud mental.

“Es un mensaje de esperanza. Siento que quiero que este cuadro hable de salir de la depresión, de salir de ese hoyo que en estos momentos mucha gente está dentro”, comenta la joven de 24 años.

La imagen representa una mujer que florece con la ayuda de la mano de Dios que le arroja gotas de agua desde la parte superior.

“Mira, si ella está floreciendo, tú también puedes florecer; tú también te puedes sentir bien, tú también puedes estar bien”.

***Rosa Lidia dejó la huelga de hambre el 1 de diciembre, y fue recibida por el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.