El peligro de los nuevos Lineamientos

 El peligro de los nuevos Lineamientos

Por Fred Alvarez Palafox

La reciente propuesta de lineamientos impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular los contenidos en radio y televisión enciende alertas legítimas sobre el futuro de nuestra democracia y la pluralidad informativa en nuestro país.

Bajo el argumento oficial de proteger supuestamente los derechos de las audiencias y combatir la desinformación, este proyecto otorga facultades inéditas y alarmantes a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para vigilar, evaluar y sancionar contenidos de manera oficiosa.

Voces expertas e independientes —como la presidenta de Observatel, Irene Levy, y Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y relator especial de la ONU— coinciden en un diagnóstico crítico: esta medida excede las facultades legales y vulnera abiertamente la Constitución.

El riesgo central de este entramado radica en dos aspectos fundamentales:

i) Extralimitación de funciones: Se dota a un órgano dependiente del Poder Ejecutivo de la facultad de actuar como juez y parte, decidiendo de manera unilateral qué es verdad, qué está descontextualizado o qué constituye una falta, sin que medie siquiera una denuncia ciudadana. Esto abre una peligrosa puerta para la persecución de la prensa crítica y disidente, y; 

ii) Efecto inhibidor: Como advierten los especialistas, la profunda ambigüedad jurídica y la amenaza latente de sanciones administrativas y económicas generan un clima de zozobra e incertidumbre que empuja irremediablemente a los medios y periodistas a la autocensura.

Como advierte Leopoldo Maldonado, este tipo de marcos regulatorios no son propios de repúblicas democráticas, sino de regímenes autoritarios donde el Estado busca controlar por completo la narrativa pública para silenciar a la oposición, tal como ocurre tristemente en naciones como Venezuela, Nicaragua, Cuba, Sudán o Malasia.

¿Cuál es la postura de la industria organizada?

En entrevista con el diario El Universal, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, advirtió que la propuesta de regulación pone en un grave estado de vulnerabilidad a los comunicadores, dejándolos expuestos al acoso mediante denuncias sin sustento o de carácter anónimo.

García Herrera hizo un llamado enérgico a la autoridad para desechar de inmediato cualquier queja frívola o improcedente. Y aunque aplaudió que la presidenta Sheinbaum se haya pronunciado previamente a favor de la autorregulación y en contra de las denuncias anónimas, insistió en que la CIRT mantiene un proceso activo de diálogo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para modificar los lineamientos antes de que concluya el periodo de consulta pública el 21 de agosto.

La industria exige que no se impongan sanciones económicas desproporcionadas y que se garantice un equilibrio real entre los derechos de las audiencias y la libertad editorial. Si bien reconocen que el documento retoma algunas propuestas de la propia CIRT —como asegurar la autonomía total de los defensores de las audiencias frente al gobierno y las empresas—, los puntos desequilibrados del proyecto deben corregirse a fondo.

¿Y qué dice la autoridad?

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, salió a desmentir que los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones busquen censurar a la prensa. Durante la conferencia Derecho de Réplica, Alcalde fue tajante al aclarar que estas reglas aplican exclusivamente a la radio y la televisión, descartando por completo a las redes sociales y plataformas digitales.

Además, acusó que, desde el inicio de la consulta pública, medios de comunicación, articulistas y usuarios impulsaron una narrativa para presentar la regulación como un intento gubernamental por controlar la información y silenciar las críticas.

Podríamos decir, parafraseando el rezo cristiano: «Perdónala, Señor, porque no sabe lo que dice». Pero no nos equivoquemos: Luisa María Alcalde sí sabe perfectamente lo que dice y lo que busca. No es ingenuidad; es cálculo político puro. Lo que verdaderamente persiguen no es proteger a las audiencias, sino blindar relatos, controlar la narrativa y pavimentar el terreno rumbo a las elecciones de 2027.

Ante semejante calca regulatoria, uno no puede evitar preguntarse: ¿Acaso el gobierno de México le pidió asesoría para este proyecto al régimen sátrapa de Daniel Ortega en Nicaragua?

Defender la libertad de expresión y la pluralidad informativa jamás será un capricho gremial; es una condición indispensable y no negociable para la supervivencia de nuestra democracia.

Para la historia inmediata!