Sinaloa: La ruptura innegable y el anhelo de paz en las calles.
Las primeras planas de la prensa nacional ofrecen hoy una radiografía nítida —y casi unánime— de la transición política en Sinaloa. Reforma encabeza con una sentencia demoledora: "Inicia limpia anti-rochista"; El Universal secunda advirtiendo que el nuevo gobierno "da la espalda a Rocha". Y aunque el titular de Milenio sugiere un espejismo al asegurar que "se impone el rochismo", basta rasgar la superficie de su propia nota para confirmar la misma historia.
La lectura es inobjetable: estamos ante una ruptura innegable y un deslinde institucional auspiciado desde Palacio Nacional, claro, con sus respectivos asegunes.
El reloj político en nuestro estado ha marcado un giro abrupto. Tras veintiséis horas de intenso hermetismo, Graciela Domínguez Nava ha rendido protesta como gobernadora interina. La proyección es que concluya el sexenio el 31 de octubre de 2027, aunque el Congreso local haya dejado una puerta entreabierta en la redacción del dictamen, estableciendo que ocupará el cargo "hasta en tanto el Doctor Rubén Rocha Moya se incorpore a sus funciones constitucionales y legales".
Seamos claros: esto es mera cortesía política. Rocha ya no regresará a Palacio de Gobierno.
Es en este escenario de fractura donde, a sus 50 años, esta socióloga y veterana militante asume el poder caminando sobre el filo de una navaja. Su llegada no es un simple relevo de trámite; es la construcción de un puente urgente entre un rochismo en retirada y el inminente proyecto de la senadora Imelda Castro rumbo al 2027.
Pero más allá de la frialdad de los cálculos políticos, hay una dimensión que no podemos soslayar: la profundamente humana. Sinaloa es hoy un estado herido, polarizado y exhausto. Por ello, la primera decisión de Domínguez —anunciar una revisión profunda y la depuración del gabinete— no solo busca marcar una frontera política, sino enviarle un tanque de oxígeno a una sociedad asfixiada que exige certidumbre.
En su primer mensaje desde el Congreso, la nueva mandataria hizo un diagnóstico crudo. Habló de lograr una paz "que se sienta en las calles", en los campos, en las costas. Una paz que permita, sencillamente, recuperar la vida cotidiana sin miedo. Para sanar este tejido social roto, ha extendido la mano a la presidenta Claudia Sheinbaum, reconociendo con humildad política que la voluntad local no alcanza: se requiere de toda la fuerza del Estado mexicano.
El reto que tiene enfrente es colosal. La oposición, incisiva, advierte que no tolerará un "borrón y cuenta nueva" ni pactos de impunidad; mientras tanto, el sector empresarial le otorga un voto de confianza con la esperanza de reactivar la economía y la vida diaria.
Graciela Domínguez tiene poco más de un año al frente del Ejecutivo. Su verdadera prueba de fuego no será la reingeniería burocrática ni administrar la neutralidad en las próximas elecciones. Su éxito o fracaso no se medirá en los pasillos de Palacio, se medirá en la calle. La historia juzgará si este interinato fue el inicio de la pacificación que Sinaloa clama con urgencia, o si solo atestiguamos un reacomodo de las mismas piezas sobre un tablero roto.
Vuela Mara Lezama en aviones de proveedor
Nota de Rolando Herrera/ Reforma, 26 agosto 2026.
La Gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, y su familia han realizado al menos 43 vuelos al extranjero en dos aviones privados administrados por la empresa PABE-TAX, vinculada con Grupo Seguritech, empresa con la que tiene contratos el gobierno estatal.
Actualmente, Seguritech presta servicios al gobierno de Lezama en la operación en sistemas de seguridad.
PABE-TAX es una empresa de servicios de taxi aéreo y tiene su centro de operaciones en el Aeropuerto de Toluca; es considerada parte del conglomerado empresarial de Seguritech Privada y funciona como la división de operación aérea dentro del grupo.
Según una investigación de POPLab y CONNECTAS, la empresa opera las aeronaves Gulfstream G200 con matrículas XA-PKR y XA-GLF, mismas que han sido utilizadas por Mara Lezama desde que era alcaldesa de Cancún y en su etapa como gobernadora, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025.
En distintos documentos públicos revelados por POPLab y CONNECTAS, consultados por REFORMA, Federico del Palacio Ruiz Cabañas, René Bustos y Ernesto Valdés fungen como representantes tanto de Grupo Seguritech como de PABE-TAX.
René Bustos, por ejemplo, firmó como apoderado de Seguritech un contrato de 744 millones de pesos con el gobierno de Guanajuato el 26 de marzo de 2024.
Entonces, según datos del Registro Público de Comercio, Bustos, nacido el 19 de mayo de 1972, ostentándose como Licenciado, era el representante de PABE-TAX
'VIAJÉ COMO MAMÁ', DICE MORENISTA
La Gobernadora morenista Mara Lezama justificó sus frecuentes viajes al extranjero en aviones privados con el argumento de que fueron de carácter familiar y que no se pagaron con dinero público.
"Derivado de mis responsabilidades como servidora pública, en la que estoy comprometida al cien por ciento, y al rol como madre que debo combinar de manera eficiente, en su momento tuve que realizar viajes de servicio privado y que por supuesto jamás fueron solventados con dinero público", señaló.
Sin embargo, como lo documentó REFORMA, algunos de esos viajes a Vail, uno de sus destinos frecuentes, tiene un costo de hasta 800 mil pesos, lo que no podría solventar con su sueldo de Gobernadora que es de 102 mil pesos netos.
Previamente, en su mañanera, la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Gobernadora de Quintana Roo explicar si utilizó aeronaves privadas, quién cubrió los traslados y bajo qué condiciones, tras la publicación de viajes con familiares y el Senador Eugenio "Gino" Segura.
Lezama aseguró que no ha compartido vuelos privados con "Gino" Segura.
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Las columnas políticas hoy, miércoles 26 de agosto de 2026
El tamaño del enojo presidencial con Rocha Moya/El Universal
Nos comentan que si se busca saber de qué tamaño fue el enojo de la presidenta Sheinbaum con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solo hace falta leer lo dicho ayer por la titular de la Comisión de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, quien dejó abierta la posibilidad de que el caso de Rocha Moya sea sometido a la Comisión de Honestidad y Justicia, instancia morenista que tendría que decidir si permanece o no dentro del partido. “Esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia. Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo”. Así que quizá Rocha Moya podría quedar expulsado del partido, aunque no por estar acusado de presuntos nexos con el narcotráfico, sino por haberse ido por la libre.
Ven triunfo en la llegada de Graciela Domínguez al gobierno de Sinaloa
En Palacio Nacional consideran una victoria política la designación de Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina de Sinaloa, tras la licencia de Rubén Rocha Moya. El nombramiento se retrasó un día mientras se buscaba construir el consenso y revisar los distintos perfiles para encabezar el gobierno estatal. Finalmente, el Congreso local se inclinó por Domínguez Nava, que no era, ni de cerca, la persona que impulsaban con fuerza los rochistas. Doña Graciela, nos dicen, tiene trayectoria en Morena y no debe su carrera política a Rocha Moya y, aunque fue secretaria de Educación durante su gobierno, condenó el regreso intempestivo y fugaz de don Rubén a la gubernatura. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum le expresó su respaldo y la calificó como una mujer “honesta” y con capacidad para cumplir con la encomienda.
Tribunal Electoral ¿a favor o en contra de la libertad de expresión?
Hoy toda la radio y TV, comercial y gubernamental, estarán atentos a la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Nos dicen que se va a resolver el tema de la validez de una nueva regla del Instituto Nacional Electoral (INE) para sancionar a medios y comunicadores: “mecanismos discursivos indirectos de censura a candidatos”. Mediante esta regla, el INE quiere evaluar tono de voz, gestos, muecas y hasta actitud corporal de quienes den información de políticos en campaña. La ponente es la magistrada Claudia Valle. Ojalá, nos dicen, que el fallo no sea una muestra más de cómo autoridades buscan acallar la libertad de expresión.
Pone la UNAM bajo el mantel los gastos en comidas de Taibo
En la Universidad Nacional Autónoma de México prefieren no tocar el tema de los gastos en comida del director de Radio UNAM, Benito Taibo. Desde el viernes, se solicitó a la máxima casa de estudios una postura sobre esos desembolsos y hasta ahora, la respuesta ha sido el silencio. Nadie ha querido, o podido, externar una postura oficial, ni dicho si avalan o cuestionan los gastos pagados con el presupuesto de la UNAM, es decir con recursos públicos. Por ahora, ni una aclaración, ni defensa, ni un deslinde. Quizá en la UNAM esperan que el tema se enfríe y que las cuentas de don Benito se queden debajo del mantel.
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Entregaron a Rocha... pero el estado de Sinaloa/Carlos Loret de Mola
Me resulta incomprensible que la presidenta Sheinbaum haya sido incapaz hasta ahora de cortar de tajo esta continuidad del rochismo
El Universal, | 26-08-26 |
Tras el ridículo que hizo el fin de semana, al regresar de gobernador 34 horas, se podría deducir que el morenista Rubén Rocha Moya ya perdió todo el poder que tenía en su estado. Todos lo dejaron solo. Primero el gobierno federal, vía la Secretaría de Gobernación. Después el partido oficial, su partido, Morena. Después todos los gobernadores de su partido. Y al final, la posición oficial de la presidenta que parecía enterrarlo políticamente.
Pero no. Rocha podrá haber quedado fuera, pero la gobernadora interina es de él. Fue su compañera desde los tiempos que eran del PRD. Fue su secretaria de Educación en los primeros tres años de administración. Luego la impulsó para que se convirtiera en diputada federal. Hace poco pidió licencia porque Rocha Moya la mandó a inscribirse como una de las “corcholatas” para la gubernatura sinaloense que se juega en el 2027. Se les adelantó a todos los aspirantes: se quedó con la gubernatura sustituta a pesar de la lógica política y la exigencia ciudadana que decía que el relevo no podía ser otra vez alguien de Rocha.
Uno pensaría que hasta ahí llegaría la influencia de Rocha. Pero no. En Sinaloa está circulando otra versión: otro rochista está apareciendo con mucha fuerza en los medios locales como el puntero en la carrera para convertirse en el Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, ese nombre pomposo con el que Morena viola la ley electoral nombrando a sus candidatos medio año antes de lo permitido, con la comparsa del INE y el Tribunal electoral. Se trata de Omar Alejandro López Campos. Es nada menos que el suplente en el Senado de Enrique Inzunza, el que era el plan A de Rubén Rocha Moya para su sucesión pero que se cayó porque también está en el expediente de Estados Unidos. López Campos, hasta antes del registro de precandidatos en Morena, era secretario del Bienestar del propio Rocha.
Omar López Campos tampoco era el Plan B. Ese era su ahijado, Juan de Dios Gámez, el presidente municipal de Culiacán que también quedó descarrilado porque es otro de los nombrados en el expediente de Estados Unidos. ¿Va el Plan C? En las próximas horas sabremos si el rochismo navegará viento en popa 6 años más. Porque en las próximas horas Morena prometió definir a su candidato.
Me resulta asombroso, incomprensible, que la presidenta Sheinbaum haya sido incapaz hasta ahora de cortar de tajo esta continuidad del rochismo —llámele narcontinuidad, si así lo desea—. La presidenta tiene todas las armas para parar a Rocha. Tiene a la FGR que podría aceptar que hay pruebas para vincular a Rocha con el narco, con el asesinato de su principal rival político, Héctor Melesio Cuén, o incluso hasta con los escándalos de corrupción que salpican a sus hijos. Puede salvar algo de cara ante un electorado mexicano que ya etiquetó a Morena como un narcopartido (lo dicen las mismas encuestas que le atribuyen una gran popularidad). Puede incluso extraditarlo a Estados Unidos y obtener una ficha de enorme importancia en la relación bilateral más importante para el país. Pero no. Hasta ahora, la presidenta ha indultado a Rocha. Y eso sólo me lo explico por una razón: Rocha sabe mucho. Me lo dicen todas las fuentes: Rocha fue quien canalizó recursos ilegales a la campaña presidencial de 2024.
¿Se atreverá a ponerle un alto de cara a la sucesión del 2027? Quizá deba evaluar que, si no se lo pone ella, se lo va a poner la ciudadanía.
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Estrictamente Personal
Apoyar, aunque no lo entienda/ Raymundo Riva Palacio
El Financiero, Estrictamente Personal
agosto 26, 2026 | 2:00 hrs
El oficialismo y algunos colaboradores espontáneos están embarcados en un esfuerzo por normalizar la rebelión de Rubén Rocha Moya, y plantear su intento de regresar a la gubernatura como un lance derivado de su arrogancia y mal cálculo político, que fue manejado con talento por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar una fractura en Morena. Intentan neutralizar información y argumentos sobre el papel que jugó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en este affaire, porque aceptarlo sería reconocer que, en efecto, hay un choque entre ellos.
El spin en los medios ha sido reforzado por la presidenta durante dos días en la mañanera, señalando que las columnas políticas que hablan de la intervención de López Obrador son “política ficción” o, abiertamente, escaló ayer, “mentiras” de algunos de nosotros. No hay que tomarlo personal, sino como parte de la dialéctica de los medios con el poder. Hay que admitir que la palabra de la presidenta pesa más que cualquier periodista, pero la palabra de la presidenta pesa menos que la realidad.
Y en la realidad en la que nos encontramos, hay que definirse y no entrar en un dilema: todo el apoyo a Sheinbaum, que representa al Estado mexicano y la institucionalidad del país. López Obrador es un ciudadano más, muy poderoso porque controla los resortes del poder en el movimiento que fundó y tiene lleno de topos el gobierno, pero no representa al Estado. Si la presidenta quiere mantener en su crítica a los críticos como parte de un relato distractor, es su decisión, pero hacerlo no elimina la afrenta del radicalismo obradorista que está buscando arrebatarle el poder.
Esa intentona es inadmisible.
La rebelión de Rocha Moya tocó el máximo punto tolerable para la presidenta el sábado, cuyos límites estableció en su mensaje en X, en el último párrafo, donde afirmó: “Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la nación”. El mensaje no es críptico; va dirigido. “Cualquier nombre” es un término que desacraliza a López Obrador. Su efecto fue una reversa del ala dura del obradorismo, que en principio respaldó a Rocha Moya y luego lo condenó.
El giro que hizo Morena –cuya líder Ariadna Montiel tiene un origen obradorista–, los gobernadores –puestos todos por López Obrador–, o de algunos legisladores como Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en San Lázaro –pieza estratégica del expresidente desde hace más de 20 años–, ha sido interpretado como resultado del manotazo que dio la presidenta. Puede ser visto de otra manera, como un respaldo cosmético y coyuntural por la variable que no se ha puesto sobre la mesa, la persecución en Estados Unidos contra políticos de Morena vinculados con el crimen organizado.
El corrimiento a las antípodas de sus apoyos al otro lado del río no parece un realineamiento de lealtades, sino un repliegue táctico ante la reciente reiteración de funcionarios estadounidenses de su respaldo total al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y por consiguiente, a la presidenta Sheinbaum, que se han convertido en los dos únicos interlocutores legítimos, fuera de los canales institucionales de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, de la Administración Trump.
El mensaje en X de la presidenta contuvo momentáneamente al ala radical y a los incondicionales de López Obrador, pero no cambió la correlación de fuerzas. La designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa es una demostración de que el poder real no lo tiene la presidenta. Domínguez es una pieza de Rocha Moya, quien la hizo secretaria de Educación y Cultura en 2021 cuando asumió la gubernatura, y luego la promovió como diputada federal. Cuando le preguntaron ayer a la presidenta sobre Domínguez, que ya estaba perfilada para el interinato, respondió que no la conocía, pero que tenía información de que era honesta.
La honestidad es la bandera de la ‘4T’, y la impulsan hasta la ignominia. Son honestos hasta que las denuncias masivas de corrupción demuestran lo contrario, o que con retórica barren sus corruptelas por debajo de la alfombra. Monreal es el último ejemplo. Ayer, en su artículo en uno de los múltiples periódicos donde hace propaganda cada semana, salió en defensa de Rocha Moya porque dijo que no hay prueba alguna de que el Cártel de Sinaloa lo ayudó a ganar la gubernatura en 2021.
Sin embargo, hubo denuncias de candidatos y operadores electorales de la oposición amenazados y secuestrados por el crimen organizado, pero no prosperó ninguna de ellas. En la acusación del Departamento de Justicia contra Rocha Moya y nueve servidores públicos más de Sinaloa, la relatoría de sus fechorías comienza, precisamente, con el caso paradigmático de la diputada Paola Gárate, levantada por los sicarios para impedir su participación.
La designación de Domínguez para terminar el periodo de Rocha Moya significa mantener el statu quo, y que la arquitectura político-criminal que se erigió durante ese gobierno descabezado se mantiene. Si en el mensaje de Sheinbaum había un apartado entre líneas para Los Chapitos o La Mayiza en Sinaloa, como sugirieron Roy Campos y Salvador Camarena en una mesa de análisis de N+Foro, no sobrevivió 72 horas.
En este primer corte de caja de lo que desencadenó el intento de Rocha Moya por regresar a la gubernatura el viernes pasado, estamos viendo que la presidenta va perdiendo. Su esfuerzo para descalificar las interpretaciones e informaciones sobre López Obrador como el titiritero, no solo es evocado y repetido por las plumas del oficialismo y sus colaboracionistas inopinados, sino la debilidad ante la realidad que está enfrentando.
No es una batalla perdida, por supuesto, pero se necesita la determinación presidencial y un análisis interno, en su fuero y con su equipo, sobre lo que significa recular o no mantener una línea de acción para defender la institución. No es la inmolación por López Obrador como lo logrará. Tampoco enfrentándolo de manera directa. No es Lázaro Cárdenas ni Ernesto Zedillo, que cuando necesitaron afianzar su Presidencia, actuaron contra sus antecesores.
Pero es la presidenta de la República a la que quieren arrebatarle la prerrogativa del poder que le dieron las urnas. Esa no es opción para ella, ni para el país. Sheinbaum representa al Estado y como tal hay que salir en su apoyo incondicional para que no pierda el momentum que alcanzó el sábado, y resuelva por el bien de los intereses nacionales, como lo apunta, esta traición en movimiento.
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Rocha desahuciado, Inzunza advertido e Imelda candidata/ Salvador García Soto
Salvador García Soto
El Universal, | 26-08-26
Con Rubén Rocha Moya desahuciado políticamente, desconocido por sus correligionarios y hasta amenazado con un proceso de expulsión de Morena, la estocada final al gobernador que desafió a la presidenta Sheinbaum se la darán hoy cuando la dirigencia nacional morenista anuncie la candidatura de la senadora Imelda Castro, una opositora del rochismo que confirmaría la decisión presidencial de acabar con el dominio de esa corriente política en Sinaloa.
El último estertor del grupo de Rocha Moya fue sacar, con su mayoría en el Congreso local, la designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina, aunque la consigna con la que llega la hasta ahora diputada federal es sacudir al gabinete estatal y tomar ella el control del estado, rompiendo cualquier injerencia del gobernador con licencia. Y es que si bien la nueva gobernadora trabajó en el gabinete de Rocha como secretaria de Educación, Domínguez es una antigua militante de la izquierda sinaloense que tiene su propio grupo político, con el cual se deshará de las influencias del grupo rochista.
Y para confirmar que a Rubén Rocha le cobrarán muy caro el desafío que hizo a la autoridad de la presidenta, ayer la misma doctora le sugirió a Enrique Inzunza, hombre fuerte del rochismo y operador directo de los pactos con el Cártel de Sinaloa, que pida licencia a la senaduría que hasta hoy ocupa y a la que, según anunció él en redes sociales, pretendía reincorporarse el próximo 1 de septiembre. “Considero lo mismo en todos los 10 casos que están bajo investigación de la Fiscalía”, dijo la presidenta cuando le preguntaron si Inzunza debía separarse del cargo de senador.
Fue la presidenta del Consejo Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, quien dijo ayer que el caso de Rocha Moya debía ser analizado por la Comisión de Honestidad y Justicia de su partido, que podría evaluar la expulsión del gobernador sinaloense a partir de su decisión de regresar a la gubernatura sin consultar a ninguna autoridad o instancia del partido. “Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Se está investigando de cualquier delito que se le acuse, en cuanto al partido los órganos internos decidirán. Vamos a discutirlo”, dijo ayer la dirigente morenista.
Hasta antes de la crisis política que desató el pasado fin de semana, con su regreso a la gubernatura y su segunda petición de licencia, Rocha Moya seguía controlando y manejando la sucesión interna en Morena e impulsaba a sus candidatos a la gubernatura como Omar López Campos, su exsecretario del Bienestar, y sobre todo a la diputada local María Teresa Guerra, quien era vista como la favorita del gobernador con licencia, precisamente para enfrentar la postulación de la senadora Imelda Castro, a quien Rocha quería cerrarle el paso a toda costa.
Por eso cuando hoy se anuncie la decisión de Morena de postular como “Defensora de la 4T” en Sinaloa a la senadora Castro, que en realidad sería ya su próxima candidata al gobierno estatal, la decisión de poner fin al control del rochismo en Sinaloa, como una orden directa de Palacio Nacional, quedará más que clara, y se confirmará el desahucio político que hoy enfrenta Rocha Moya.
Es de esperar que, tras el comentario de ayer de la presidenta, también el senador Enrique Inzunza entienda el mensaje. Y justamente ayer se le vio regresando en un avión de la Ciudad de México a Sinaloa, luego de que, además de la presidenta varios senadores de Morena y del PT se pronunciaran en contra de su regreso al Senado mientras siga sujeto a investigaciones por la FGR. Si se confirma en las próximas horas su petición de licencia, quien asumiría la senaduría sería su suplente, Omar López, que buscaba también la candidatura al gobierno estatal.
Así que ya no hay duda de que Rocha Moya está pagando un costo muy alto por la rebelión que encabezó el pasado fin de semana en contra de la presidenta Sheinbaum, quien terminó operando y aplastando las intenciones del político sinaloense. La pregunta es qué pasará con quienes azuzaron y apoyaron a Rocha en su intento de recuperar la gubernatura. Varios de ellos están plenamente identificados en Palacio Nacional, pero como no quieren ahondar el escándalo por la fractura interna, dejarán pasar el tiempo antes de ir cobrándoles, uno a uno, el acto de rebeldía.
Por ejemplo, hasta ahora nada se sabe del “hermano” político de Rocha Moya y quien lo impuso como candidato a gobernador en 2021. Lo único que se maneja es que, tras el desvisamiento de Andy y los movimientos de Omar García Harfuch, ese hermano de Rocha Moya está tan preocupado por su familia que quizás no le preocupen por ahora sus hermanos políticos. Se diría, pues, que mientras desmantelan al rochismo en Sinaloa y defenestran al gobernador, sus protectores y antiguos promotores y defensores, están agazapados a la espera de un mejor momento para actuar.
NOTAS INDISCRETAS… La guerra intestina en Morena por el control de Quintana Roo está subiendo cada vez más de intensidad. A los señalamientos contra Rafael Marín Mollinedo, de tener en su equipo a un operador vinculado a la mafia rumana, Alejandro Arcos, quien ya fue destituido y desconocido por el aspirante morenista, se suman ahora las revelaciones de los viajes privados en avión de la gobernadora Mara Lezama a la que le documentaron, con base en bitácoras de vuelo y registros del gobierno estadounidense, hasta 119 salidas y entradas del país en los últimos 4 años, además del uso de al menos tres aviones privados en los que la morenista viaja con frecuencia a Vail, Colorado, y a Orlando, Florida, en varias ocasiones acompañada por toda su familia y hasta por su “delfín” el senador Eugenio Segura, a quien apoya para la candidatura de Morena. Mara se defendió diciendo que viaja por motivos familiares y que en todos sus viajes, en aviones privados o incluso en comerciales, no ha utilizado recursos públicos. Sólo que la explicación de la gobernadora no explica del todo de dónde le salió tanta riqueza y abundancia para ir y venir, cada que se le antoje, al vecino país. Porque si no es dinero privado, la pregunta es de dónde le salió tanta abundancia, pues que se sepa ella pasó de ser una conocida locutora de la radio local a ser alcaldesa de Cancún y luego gobernadora, e incluso su esposo era un modesto conductor de deportes en un programa local. ¿Quen pompó entonces? diría el clásico. El caso es que entre ataques, filtraciones y guerra sucia, la pelea por la candidatura de Morena en Quintana Roo está cada vez más fuerte y amenaza con terminar en luchas de lodo… Y hablando de las batallas internas del oficialismo, en Nuevo León, el que les puso a todos los aspirantes morenistas a la gubernatura un cuete en la cola fue el aspirante petista Jesús Elizondo. Y es que el diputado local del PT, que participa en el proceso interno de ese estado, subió su tono en contra de Rocha Moya y pidió que salga a aclarar sus vínculos con el narcotráfico y dé la cara a los mexicanos. Y ya encarrerado, el joven diputado retó a todos sus contrincantes en el proceso morenista a que demuestren, con documentos y hechos, que no enfrentan investigaciones por narcotráfico o delincuencia organizada y que se pronuncien sobre ese tema y condenen los vínculos de Rocha Moya. Hasta ahora ninguno de los morenistas que buscan la candidatura en Nuevo León le han contestado y él les advirtió que mientras más silencio guarden más votos perderán. ¿Será que de plano ninguno de los morenistas puede salir a decir que está limpio de señalamientos por vínculos con el narco o será que ninguno se atreve a lanzar la primera piedra?... A propósito de Nuevo León, hay molestia y rebelión de varios de los aspirantes registrados en contra del delegado de Morena en su estado, Alejandro Murat, a quien acusan de favorecer al senador Waldo Fernández para que gane la postulación. Tan enojados están con Murat los aspirantes que a una reunión que convocaron en el CEN para tratar de llegar a un acuerdo de civilidad, no se presentaron ni Tatiana Clouthier ni Andrés Mijes, quienes son los principales acusadores de la imparcialidad del expriista encargado de conducir el proceso en el estado norteño… Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.
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Comienza el destape de “corcholatas” de Morena/Mario Maldonado
El Universal, | 26-08-26 |
Morena comenzó a definir las candidaturas para las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 y las primeras decisiones confirman el criterio acordado en la cúpula del partido, con el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Salvo que algo cambie de último momento, 10 posiciones serán para mujeres y siete para hombres. Aguascalientes, Campeche y Colima ya tienen virtuales candidatos. Nora Ruvalcaba, Pablo Gutiérrez Lazarus y Rosi Bayardo, respectivamente, fueron nombrados coordinadores estatales de Defensa de la Transformación, la fórmula utilizada para adelantar las sucesiones sin llamarlas todavía candidaturas.
El reparto deja dos posiciones para mujeres y una para hombre. Si no cambia el acuerdo de género, Morena deberá distribuir los 14 estados restantes entre ocho mujeres y seis hombres. El cálculo será determinante porque en varias entidades el aspirante mejor posicionado es un hombre, pero la candidatura podría reservarse para una mujer.
Nora Ruvalcaba volverá a buscar la gubernatura de Aguascalientes frente a un PAN que conserva uno de sus principales bastiones. Será su cuarta candidatura al gobierno estatal; en la interna también aparecía Arturo Ávila, uno de los principales voceros de Morena quien buscará la candidatura de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.
En Campeche fue elegido Pablo Gutiérrez Lazarus, alcalde con licencia de Carmen. La decisión cerró una disputa con Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores, quien buscaba avanzar desde el PT. Gutiérrez Lazarus ha ganado tres veces la alcaldía del municipio petrolero más importante del estado. La elección no será un trámite.
Colima quedó para Rosi Bayardo, alcaldesa con licencia de Manzanillo y cercana a la gobernadora Indira Vizcaíno. Llevaba meses encabezando las mediciones internas y Morena parte con buenas condiciones para conservar el gobierno.
En Baja California lleva ventaja el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño. En Baja California Sur aparece Milena Quiroga. Chihuahua tiene a Cruz Pérez Cuéllar con una de las mayores estructuras, aunque ahí el género puede modificar la competencia. Andrea Chávez es la otra figura competitiva.
Guerrero apunta hacia Beatriz Mojica. En Michoacán la disputa se concentra entre Raúl Morón y Carlos Torres Piña. Nayarit tiene dos nombres principales, Geraldine Ponce y Héctor Javier Santana. Nuevo León se perfila, en cambio, para una mujer. Clara Luz Flores y Tatiana Clouthier aparecen como las opciones con mayor peso político para intentar arrebatarle el estado a Movimiento Ciudadano.
En Querétaro, Santiago Nieto mantiene ventaja. En Quintana Roo, el pleito de la gobernadora Mara Lezama y su “delfín”, Gino Segura, contra Rafael Marín Mollinedo podría abrirle paso a Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez. La decisión dependerá de las encuestas, del reparto de género y de la operación con el Partido Verde.
San Luis Potosí tiene entre los perfiles mejor posicionados al empresario Gerardo Sánchez Zumaya. La negociación con el Verde será compleja por el control político del gobernador Ricardo Gallardo.
En Sinaloa ha ganado terreno Imelda Castro. La crisis política del gobernador Rubén Rocha Moya y el desgaste provocado por la violencia cambiaron el escenario sucesorio. Una candidatura femenina permitiría a Morena marcar distancia del actual gobierno sin entregar la plaza a la oposición.
Sonora se encamina también hacia una mujer. Célida López y Lorenia Valles concentran la competencia. En Tlaxcala aparece Ana Lilia Rivera. Zacatecas mantiene una disputa entre Verónica Díaz Robles y Ulises Mejía Haro.
Morena empezó a cerrar las sucesiones antes de septiembre y lo hizo sin transparentar públicamente los resultados completos de las encuestas que sustentaron las designaciones.
Con dos mujeres y un hombre ya definidos, quedan ocho espacios femeninos y seis masculinos. Esa aritmética terminará eliminando aspirantes que hoy aparecen arriba en las encuestas. La presidenta Sheinbaum será la “gran electora”, pues con las y los mandatarios emanados de la elección de 2027 gobernará la segunda parte de su gobierno y su transición.
Posdata 1
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió ayer a Mara Lezama aclarar sus viajes en aviones privados, quién los pagó y bajo qué condiciones fueron utilizados. Horas después (no fuer horas después, Lezama lo dijo muy temprano, antes que CSP emitiera posicionamiento), la gobernadora de Quintana Roo respondió en X. Reconoció haber utilizado vuelos privados, aseguró que “jamás fueron solventados con dinero público” y rechazó que sean reales los 97 vuelos documentados. No explicó quién pagó las aeronaves, cuánto costaron los traslados ni la relación con sus operadores o propietarios. Tampoco aclaró por qué utilizó al menos dos aviones en los que también se ha trasladado Jorge Emilio González, el Niño Verde.
El asunto puede escalar más allá de los vuelos. Fuentes con conocimiento de las investigaciones estadounidenses aseguran que Lezama aparece entre los funcionarios mexicanos sobre los que agencias de Estados Unidos recaban información. Quintana Roo tiene especial interés para Washington por el volumen de turistas estadounidenses que recibe y por la operación de organizaciones criminales en Cancún y la Riviera Maya. Según estas fuentes, las indagatorias incluyen información patrimonial de la gobernadora y su entorno.
Los señalamientos sobre el patrimonio de Lezama tampoco son nuevos. En 2020, cuando era alcaldesa de Benito Juárez, Luces del Siglo publicó la investigación “Amasa fortuna Mara y familia”, en la que documentó adquisiciones inmobiliarias de ella y su familia con un valor catastral superior a 15 millones de pesos y cercano a 40 millones a valor comercial. Entre las operaciones figuraba un departamento en Puerto Cancún adquirido en diciembre de 2018, cuando Lezama ya ejercía como presidenta municipal. Parte de aquella información todavía puede rastrearse en publicaciones que reprodujeron los datos del reportaje original.
En Palacio Nacional conocen tanto los cuestionamientos patrimoniales como la información que circula en Estados Unidos sobre la gobernadora. De acuerdo con fuentes del gobierno federal, esos antecedentes pesaron para cerrar en su momento la posibilidad de que Lezama llegara a la Secretaría de Gobernación, una opción que había sido impulsada desde el entorno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. La gobernadora mantiene una posición política relevante rumbo a la sucesión de 2027 en Quintana Roo, pero ahora tiene dos frentes abiertos: explicar con documentos quién financió sus vuelos privados y saber hasta dónde llegará el escrutinio de las agencias estadounidenses.
Posdata 2
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspendió este lunes un nuevo concurso internacional para el arrendamiento de vehículos, luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le ordenó no iniciar una “segunda vuelta” o procedimiento sustituto mientras resuelve una demanda contra el proceso anterior. El procedimiento suspendido es el CFE-0001-CASAT-0044-2026, publicado apenas el 18 de agosto. La decisión quedó asentada este 25 de agosto en un acta de la Gerencia de Abastecimientos de la CFE.
El litigio se originó en el concurso anterior, CFE-0001-CASAT-0023-2026. La Novena Sala Regional Metropolitana del TFJA concedió el 13 de agosto una medida cautelar para mantener las cosas en el estado en que se encontraban. La instrucción fue específica: impedir que la CFE iniciara otro procedimiento con el mismo objeto, para evitar que el juicio quedara sin materia o se causara un daño irreparable a la empresa demandante.
La resolución judicial se emitió el 13 de agosto; cinco días después, el 18, la empresa eléctrica publicó el nuevo concurso; el 19, su Departamento Legal de Adquisiciones recibió el aviso relacionado con la resolución, y hasta el 25 de agosto la Gerencia de Abastecimientos formalizó la suspensión. El procedimiento tenía programada la recepción de ofertas para el 31 de agosto y el fallo para el 14 de septiembre. La nueva licitación queda, por ahora, detenida por orden judicial.
Posdata 3
Las empresas de Ricardo Salinas Pliego reportaron haber pagado más de 319 mil millones de pesos en impuestos entre 2005 y 2026. Grupo Salinas informó que, sólo entre enero y julio de este año, los pagos sumaron 36 mil 616 millones de pesos, incluidos impuestos ordinarios y recursos destinados a concluir litigios fiscales. La cifra busca poner datos verificables sobre la mesa después de años de acusaciones y confrontaciones públicas alrededor de la situación fiscal del empresario y sus compañías.
El grupo informó también que TV Azteca liquidó en enero de 2026 el adeudo fiscal que le correspondía, mientras que Grupo Elektra se encuentra al corriente con el calendario de pagos acordado con la autoridad fiscal. Frente a años de señalamientos que Grupo Salinas considera falsos o imprecisos, la decisión fue transparentar las cifras y actualizar públicamente los pagos realizados para eliminar dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
La cuenta todavía aumentará este año. Grupo Salinas calcula que antes de terminar 2026 pagará otros 5 mil 900 millones de pesos correspondientes a compromisos derivados del cierre de litigios, además de los impuestos ordinarios de sus compañías. El conglomerado anunció que actualizará mensualmente esta información.
@MarioMal
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COLUMNA INVITADA
La captura (y la historia que no fue)/Manelich Castilla
El Heraldo, miércoles, 26 de agosto de 2026 ·
Un operativo encabezado por un grupo de élite de la Marina Armada de México. Uno más de varios lanzados para recapturar a Joaquín Guzmán Loera. Otro de muchos que el vicealmirante que lideraba ese equipo desplegó en aquellos años contra la delincuencia organizada. Y, nuevamente, la fuga del objetivo.
Un día rutinario para los policías de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal destacamentados en Los Mochis, Sinaloa. Como sucede en la “rutina” policial, sobresaltos y tedio conviven en una atmósfera que solamente pueden explicar quienes han portado un uniforme.
Operativo, enfrentamiento, escape y captura. Iniciado por una institución del Estado mexicano y concluido por otra. Esa sería la historia en breve. El dramatismo de aquellas horas queda detallado en La Captura, recientemente estrenada en Netflix, basada en testimonios y en la convicción de quienes los rindieron. Las crónicas de Héctor de Mauleón son el punto de partida de algo más que un guion cinematográfico. Pero esa reflexión la reservo para el final.
Es sabido el acto heroico de los policías federales que no sucumbieron a las amenazas y ofertas del capo y rompieron el paradigma de “la oferta que no podrían rechazar”, al estilo de Vito Corleone en El Padrino. Ni plata ni plomo. Ambos viven. No la vida glamorosa que les propuso el criminal, pero sí una que pueden explicar con dignidad.
¿Qué hubiera pasado si esos policías hubieran emprendido el camino a Juan José Ríos (Che Ríos, como se dice por esos rumbos), a 21 kilómetros de Los Mochis, como pidió “El Chapo”?
¿Estaríamos hablando de una captura histórica o de otro espectacular escape de Joaquín Guzmán Loera?
¿Cómo habría cambiado la historia si, en aquellos minutos, la lealtad al uniforme hubiera cedido frente al miedo o la promesa de una fortuna?
¿Cuántas veces la historia de un país depende de que dos servidores públicos, solos frente a una decisión, simplemente hagan lo correcto?
Respuestas caben muchas y, como con la memoria, terminan siendo ejercicios de convicción.
La mía es que “Fue el Estado” no tendría que ser solamente una frase para señalar responsabilidades. También debería servir para reconocerlas cuando el Estado cumple.
En Los Mochis, aquel 8 de enero de 2016, fue el Estado.
También es cierto que un episodio que debió ser de unión nacional fue empañado por egos y el afán de anteponer el mérito personal al institucional. En medio de esa disputa, se perdió de vista el trabajo de la Policía Federal, institución que, lo digo una vez más, pudo ser insuficiente, mas no ineficiente. Tuvo capacidades, experiencia operativa y servidores públicos que sirvieron con dignidad. Esa parte de la historia también merece ser reconocida.
La captura fue un golpe de enorme significado contra el Cártel de Sinaloa. Años después, sus liderazgos más simbólicos enfrentan a la justicia en Estados Unidos y la organización atraviesa una profunda fractura interna.
El actuar del gabinete de seguridad de la actual administración ha sido eficaz. Destaca, además, el mensaje institucional de quien lo encabeza desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin egos ni medallas.
Las crónicas de Héctor de Mauleón, llevadas a la pantalla en La Captura, tienen un mérito que trasciende la reconstrucción de aquellas horas: reivindican el trabajo de las Fuerzas Armadas y policiales.
Si algo cambiase del guion, con la licencia de la creación cinematográfica, sería el final: una escena en la que el delincuente es entregado a la justicia por representantes de todas las instituciones que participaron en su captura. Los dos policías federales de aquella patrulla en Los Mochis y el grupo de élite de la Marina caminan juntos. Al final, ninguna medalla. Ningún nombre por encima de otro. Sólo una certeza: fue el Estado.
Pero esa es la historia que no fue.
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Una sombra más en el trayecto al poder de Morena/Héctor De Mauleón
El Universal, | 26-08-26 |
Carlos Alberto Beltrán Olmeda renunció a la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de los Cabos, en Baja California Sur, el 25 de mayo de 2026. Alegó “motivos personales”. Doce días después desapareció.
Al poco tiempo, un video subido a redes sociales desde una cuenta presuntamente asociada al crimen organizado informó que un sujeto apodado El Cazabaches había sido privado de la libertad, torturado, asesinado e inhumado en una fosa clandestina ubicada al norte de San José del Cabo.
A Beltrán Olmeda le apodaban precisamente así, debido a la campaña de bacheo que lanzó desde el Ayuntamiento. Las coordenadas ofrecidas en el video eran exactas, según comprobó el colectivo Madres Buscadoras Los Cabos: el 13 de julio fueron localizados ahí unos restos humanos. Más de un mes después, el 22 de agosto de 2026, se confirmó que pertenecían al exfuncionario.
Su asesinato empaña aún más el siniestro panorama de la narcopolítica sinaloense, así como el de los vínculos de Morena con los grupos del crimen organizado que llevaron al poder a este partido.
Beltrán Olmeda había sido asesor del hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, entre 2021 y 2022. Según investigación del semanario Zeta era propietario de una empresa que a cambio de vales de despensa, gasolina, consultas médicas, monederos electrónicos y paquetes de saldo para internet y teléfono celular, reclutaba usuarios que promovieran las candidaturas de Morena: BOATIP de México, S.A. de C.V.
Los usuarios de redes debían cumplir determinadas tareas de promoción para recibir los vales. La empresa fondeó con sus propios recursos esa campaña y luego prestó servicios a varias dependencias y secretarías del gobierno de Sinaloa, así como a los Ayuntamientos de Ahome y Navolato, en Sinaloa.
Beltrán Olmeda figuró también como asesor de la exalcaldesa de Navolato, Margoth Urrea, Gerardo Vargas, de Ahome, y Jesús Alberto Pujol, de Nogales.
Operó también para la campaña del gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío. Zeta asegura que llegó recomendado por Rocha Moya. El entonces alcalde de Los Cabos, Óscar Leggs, dijo después que recibió la orden de Castro Cosío de darlo de alta primero como asesor y luego como Oficial Mayor de Los Cabos, encargado de manejar los recursos del municipio.
“Nada de que Óscar Leggs lo trajo, Óscar Leggs no se mandaba solo, hubo instrucciones que llegaron a Los Cabos”, dijo el hoy exalcalde.
Beltrán Olmeda fue ratificado en el cargo por el sucesor de Leggs, Christian Agundez. La revista Proceso citó una fuente que aseguró que Beltrán había sido reclutado en Culiacán por Iván Archivaldo Guzmán, líder Los Chapitos.
Desde 2025 fue acusado en narcomantas dejadas en La Paz y Los Cabos, al lado del entonces secretario de seguridad pública Edilberto Miramontes, hoy preso bajo cargos de feminicidio. Los funcionarios eran acusados de haber traicionado ciertos pactos. “O se abren o los vamos a fusilar por traidores”.
El Oficial Mayor de Los Cabos renunció “por motivos personales” unos días después de que trascendiera la acusación del Departamento de Justicia contra Rubén Rocha Moya (y nueve funcionarios y exfuncionarios de su círculo cercano) y a solo unos días, también, de que este renunciara al gobierno de Sinaloa.
El reportaje de Proceso al que se hace referencia líneas arriba habla de la existencia de una ficha de la Unidad de Inteligencia Naval sobre las redes criminales en Baja California Sur.
Se ignora si la privación de la libertad y el asesinato del ex Oficial Mayor de Los Cabos se conecta directamente con el caso Rocha Moya, pero es una pieza más en la inmensa cadena de hechos oscuros que rodean el escándalo del financiamiento del Cártel de Sinaloa a diversas compañas de Morena en las elecciones de 2021.
En el video que dio cuenta de la ubicación de sus restos se habla de un pago de cinco millones que el exfuncionario hizo a un grupo criminal para tratar de salvar la vida. En todo caso, en esta historia, las huellas de la narcopolítica vuelven a emerger aquí y allá. Una sombra más en el trayecto al poder de Morena.
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No hay crisis de Estado/Jorge G. Castañeda
El Universal, | 26-08-26 |
Resulta imposible desenmarañar el enredo de Rocha Moya en Sinaloa, que sigue su curso, ahora con una nueva gobernadora, dizque rochista. Abundan las incógnitas, los enigmas, los misterios, y sobre todo, los inventos de columnistas fantasiosos y de políticos lambiscones. Mientras alguien -Palenque, Palacio, Washington, el Cártel de Sinaloa- no filtre algo parecido a la verdad, nos veremos confinados a la especulación o al chisme. Me mantengo en mi especulación anterior, y en mi chisme previo: no hay ruptura entre AMLO y CSP, ni la habrá.
Dicho eso, parece que podemos dar por buenas dos afirmaciones de Claudia Sheinbaum, una sobre Rocha Moya, otra sobre López Beltrán. Normalmente creo poco de lo que nos receta cada mañana; sin embargo, esta vez quizás diga la verdad. Ha confesado que se enteró de la carta de Andy cuando se publicó, y que supo del regreso de Rocha Moya (not quite MacArthur) por las redes sociales. Dejó entender que tuvo conocimiento de la epístola de López Beltran de ese modo, no necesariamente de la revocación de su visa, que pudo haber sucedido días, semanas o meses antes.
Parto de que así fue. Entonces aún haciendo a un lado las payasadas ingenuas de López Obrador, según las cuales el Presidente de México se entera de todo, o las boberías clásicas de que es el hombre mejor informado del país, sorprende que el servicio de inteligencia mexicano se haya visto tan desprevenido con ambos acontecimientos. El primer mandatario de este país ha sido engañado -López Portillo-, sorprendido -Salinas y Zedillo- o manipulado -Calderón y Peña Nieto- suficientes veces para que todos sepamos que en muchas ocasiones navega de noche.
El Centro Nacional de Inteligencia es la agencia civil encargada de proporcionarle información el gobierno y a la presidenta. Sucede al Cisen, que a su vez suplió a las dos agencias anteriores -la Dirección de Investigaciones Políticas y la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional- que sustituyeron a la famosa o infame Dirección Federal de Seguridad, creada en 1947 por Miguel Alemán y el coronel Serrano. Acompañaron a estas dependencias las secciones de inteligencias del Ejército y del Estado Mayor Presidencial (la Sección II), la Unidad de Inteligencia Naval, creada en 2008 por Calderón, y los aparatos primitivos de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, de la policía de la Ciudad de México y de la entonces Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía, a saber, el Centro Federal de Inteligencia Criminal, parte de la Agencia de Investigación Criminal.
Huelga decir que desconocemos los presupuestos de esta amplia burocracia. Menos aún disponemos de alguna métrica para determinar si todos sus integrantes sirven de algo. Pero supongamos que medio desquitan su sueldo, por lo menos en cuanto a vigilancia y espionaje de la oposición y de la clase política oficial se refiere. Sobre el narco, mejor ni opinar, ya que buena parte de los golpes que se le han asestado en estos años se suelen atribuir a informes suministrados por los servicios norteamericanos.
¿Como es posible que toda esta bola de gente -por no decir inútiles- no le haya informado a Sheinbaum de la carta de Andy, y del retorno de Rocha Moya? ¿No los seguían? ¿Por qué no? Sí los seguían ¿pero no se percataron de sus intenciones? Sí supieron o sospecharon ¿pero no informaron? ¿A quién? Volvemos a lo que la comentocracia ha reiterado: no hay Secretaría de Gobernación, el aparato de la Presidencia no alcanza para procesar todo, y las fuerzas armadas se encuentran ocupadas en otros menesteres: trenes, aeropuertos, hoteles, caza de migrantes, etc.
Ni la carta de López Beltrán, ni el efímero fin de la nueva gubernatura de Rocha Moya constituyen crisis de Estado. Ni el mundo ni México se acaban con estos miniescándalos. Pero si en efecto Sheinbaum no supo de ambos incidentes hasta que se produjeron, alguien debiera pagar los platos rotos. El actual director del CNI, Francisco Almazán Barocio, es gente de García Harfuch. No se le puede pedir que sus agentes en el extranjero hagan algo; no le van a avisar cuando Washington vuelva a expedir solicitudes de detención provisional para fines de extradición de otro gobernador, o un senador, o un secretario de Estado. No nos alcanza para eso. Pero además de proteger a la familia del Peje, debiera vigilarla. O conseguirse otra chamba.
Excanciller de México
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Palenque o Palacio Nacional/Ana Paula Ordorica
El Universal,
Sheinbaum no ha logrado desterrar la percepción (para algunos, certeza) de que López Obrador sigue teniendo poder de veto dentro de Morena. De un lado están los rudos y del otro los “moderados”. Pero la división más interesante no es ideológica, es de lealtades. Unos creen y actúan como si el poder siguiera despachando desde Palenque. Otros han entendido que la Presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum y trabaja en Palacio Nacional. En la silla presidencial no caben dos.
El episodio de Rubén Rocha Moya fue revelador. Tras 112 días de licencia regresó a querer gobernar. Sheinbaum se enteró, según ella misma, por su mensaje en redes. Duró alrededor de 34 horas. Gobernación lo llamó decisión personal; Morena se deslindó; Monreal le pidió reconsiderar y 23 gobernadores de la 4T cerraron filas con la Presidenta. Rocha volvió a pedir licencia, ahora indefinida. El Congreso local se la aprobó por unanimidad. Ni sus diputados lo defendieron.
El lunes, en la mañanera, Sheinbaum dio por terminada la era Rocha. La licencia es definitiva, dijo, y el interino se quedará hasta el relevo de 2027. Un día después, tras una sesión suspendida y horas de negociación entre las tribus de Morena, el Congreso designó a Graciela Domínguez Nava, exsecretaria de Educación del propio Rocha que en plena crisis se puso del lado de la Presidenta. Sheinbaum la avaló como “una mujer honesta”. Rocha no regresa. Y quien lo sustituye ya sabe a quién le debe el cargo.
Esto es una prueba clara de que cuando Sheinbaum decide ejercer el poder, sí puede. Falta saber si está dispuesta a hacerlo incluso contra los intereses del obradorismo.
Con 17 gubernaturas en disputa el año próximo, las candidaturas serán una guerra. Gobernadores querrán imponer sucesores, grupos nacionales buscarán ampliar territorios y los distintos clanes de Morena medirán fuerzas. En algún momento cada aspirante tendrá que responder si su lealtad está en Palacio Nacional o en Palenque.
Sheinbaum tiene una enorme ventaja para resolver el dilema. Es Presidenta de México. Controla el Ejecutivo y cuenta con las instituciones que, utilizadas conforme a la ley, pueden investigar los múltiples señalamientos que pesan sobre personajes de su propio movimiento. Ni siquiera necesita fabricar expedientes. Sobran casos que deberían de ser investigados.
El problema es que hacerlo implica romper uno de los vínculos más difíciles para ella, la lealtad a López Obrador y al movimiento que la llevó al poder. Durante casi dos años ha intentado demostrar que puede gobernar sin romper con su antecesor. La pregunta es cuánto tiempo más podrá hacerlo si quienes se sienten protegidos por Palenque sigan desafiando abiertamente a Palacio.
Ella misma ofreció la respuesta este fin de semana. Ante la crisis provocada por Rocha escribió que por encima de cualquier interés personal o de grupo están el pueblo y México. Exactamente. Si realmente lo cree, debería convertir esa frase en método de gobierno. Aplicar la ley también hacia dentro. Permitir que las investigaciones lleguen hasta donde tengan que llegar, sin importar el apellido, la amistad o la lealtad política. Pertenecer a Morena no puede seguir siendo un escudo de impunidad.
La crisis de Sinaloa le presenta a Sheinbaum una buena oportunidad para dejar claro que México tiene una Presidenta, no una regencia compartida. Rocha ya comprobó que desafiarla tiene consecuencias. De aquí a 2027 sabremos quién manda en Morena. Y, sobre todo, desde dónde, Palenque o Palacio Nacional.
Apostilla:
En Washington también han tomado nota sobre la capacidad de Sheinbaum de ejercer el poder, cuando quiere. Eso es muy valioso ante cualquier negociación con Trump, que detesta y por ello aplasta a los que percibe débiles.
@AnaPOrdorica
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Por México, ¿primero Rocha?/Ignacio Morales Lechuga
El Universal, | 26-08-26 |
Rubén Rocha Moya provocó algo que probablemente jamás imaginó: mostrar una radiografía lamentable del poder y de la justicia en México. Tras 112 días de licencia, con una grave acusación en tribunales de EU y una anémica carpeta abierta aquí de la cual no se conocen avances, el gobernador decidió reaparecer para volver a ausentarse al día siguiente.
Desde Palacio Nacional, su regreso manejado primero como una “decisión personal”, obligó a la clase política oficial a marcar distancia. Ningún acto realizado por un gobernante con orden de aprehensión es puramente “personal”.
El episodio evoca a Tabasco en 1995. Zedillo intentó pactar la renuncia de Madrazo tras unas polémicas elecciones frente a AMLO. Madrazo se atrincheró y dijo “no”. Aquel desafío marcó el ocaso del absolutismo del viejo presidencialismo que hoy reaparece.
Tres décadas después, el desplante de Rocha no representa una victoria del federalismo democrático, sino el regreso a un sistema que sustituyó a las instituciones por la disciplina partidista. Cuando esta se desgasta, queda al descubierto la debilidad de los canales institucionales para dirimir responsabilidades.
Durante el sexenio anterior, la legitimidad del régimen descansó en el autoritarismo unipersonal que provocó la erosión y destrucción de las instituciones con las que contaba nuestro país, hasta el punto de anular al poder judicial y volver al legislativo un mero apéndice del Ejecutivo; hoy la figura del expresidente persiste como variante de un maximato.
Sheinbaum posee una legitimidad electoral indiscutible; esta debería convertirse en autoridad de ejercicio: capacidad efectiva para decidir, ordenar y hacer reconocible el sentido de las decisiones públicas sin intervención de Palenque. Tiene el apoyo, pero no lo ejerce con la contundencia institucional que el momento exige.
Mientras en Estados Unidos hay imputaciones concretas de testigos que atribuyen delitos a Rocha Moya y a otros funcionarios, aquí se invoca la falta de pruebas, un clásico del limbo ministerial, en un expediente inconcluso no obstante la abundancia de ellas, las declaraciones del Mayo y las del propio gobernador nunca desmentidas.
Esa ambigüedad es terreno fértil donde florece la impunidad selectiva; el problema no es la disyuntiva entre soberanía y extradición; sino entre la primera y la impunidad. El problema es el Estado de derecho. Se abre una carpeta solo para tomarle el pelo a los Estados Unidos, a los sinaloenses y a los mexicanos, sobre todo cuando los artículos 4 y 5 del Código Penal Federal otorgan a la Fiscalía herramientas útiles.
En medio de una crisis de violencia sin precedentes en Sinaloa, con empresas y negocios cerrados, con el miedo instalado en cada casa y la economía local golpeada, la respuesta institucional ha sido la pasividad. La oposición se limita a hacer declaraciones para cubrir el expediente. En el Congreso federal no hay movilización seria. Nadie ha planteado con rigor los mecanismos constitucionales disponibles: desaparición de poderes, juicios políticos, exigencias formales a la Corte, acciones del congreso local. Las correas de transmisión institucional de las decisiones están rotas. Llevamos ocho años sin Estado de derecho efectivo, no solo en Sinaloa, sino en muchas otras regiones. Y nadie sale a rescatarlo. Estamos atrapados por la tiranía de la indiferencia.
¿Puede una democracia exigir pulcritud procesal a Washington mientras archiva en casa expedientes con la cómoda excusa de la falta de pruebas? La salida a esta encrucijada no pasa por negociaciones en lo oscurito ni por pulsos mediáticos. El destino de Rocha debe resolverse donde siempre debió estar: en la investigación, los códigos penales, los juzgados, las fiscalías autónomas y en las pruebas. Entre las presiones de Washington y los ecos de Palenque, el principal territorio que urge rescatar sigue siendo el del Estado de derecho.
Notario, exprocurador General de la República
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¿Importa quién quedó como gobernadora de Sinaloa?
Duda razonable/Carlos Puig
Milenio,
Hay nueva gobernadora en Sinaloa.
Graciela Domínguez, a la que la Presidenta dijo no conocer, pero en ella confiar por las referencias que tiene. Oquei. Ya se la presentarán.
En su primer discurso, la nueva gobernadora lo dijo claro: “Hoy, Sinaloa necesita toda la fuerza del Estado mexicano, coordinación, inteligencia, política social, atención a las causas y capacidad institucional para recuperar plenamente la tranquilidad”. Pues sí. Tiene razón.
Y ya veremos si con ello alcanza.
Porque hay que ver la historia y el terrible momento del estado y no está sencillo.
Lo que se rompió hace dos años con el secuestro de Zambada por parte de los Chapitos son muchas décadas de un estado en el que fundamentalmente mandaba ese clan más allá de qué partidos o personajes estaban en el poder.
Por décadas, como lo explicó en un gran texto Adrián López (12 octubre 2024. “Culiacán: la mentira que nos trajo aquí”. El País), los sinaloenses se habían “engañado a sí mismos”, diciéndose y creyendo que los suyos eran “una mafia donde sus miembros son “buenas gentes”, que “dejan trabajar”, un grupo “que no se mete contigo, siempre y cuando no te metas con ellos”. Veíamos los casos de Tamaulipas o Michoacán y en voz baja agradecíamos que nuestro cártel “es más sofisticado”.
Fue en ese estado donde crecieron y se hicieron del tamaño que fueron, que son, los dos más grandes capos de la criminalidad tan tolerada en México. Su ruptura y la tragedia que la ha acompañado es de la misma magnitud que sus negocios. Rochas pueden irse y venir que aquello sigue como está, porque las razones tienen que ver con ellos y sus negocios.
“La fuerza del Estado mexicano”, dijo ayer la nueva gobernadora que es lo que necesitaba Sinaloa. Pero el tamaño de la bronca entre los que mandan se puede medir por los casi catorce mil miembros del Ejército y la Guardia Nacional enviados a la entidad (ayer se fueron 300 más) desde el secuestro de Zambada y que las cosas siguen igual, o peor. Claro, si no le hacemos caso a los números de la fiscalía local para la que todo va muy bien.
“Nuestra prioridad será la paz, no de discurso”, dijo la gobernadora.
Suena bien, pero queda claro que tantas décadas no se arreglan con un manotazo o dos licencias temporales o definitivas, ni con el Ejército. Tiene razón Graciela Domínguez: este es un asunto de Estado.
Y vienen elecciones. Así comenzó la crisis más reciente.
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La Presidenta que sabía demasiado
Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milenio,
Increíble la cantidad de cosas que pasan durante su gobierno de las que la presidenta Sheinbaum dice no saber nada.
Cosas de las que la Presidenta dice haberse enterado por la prensa o por las redes, como todos nosotros.
Cosas que corresponden a decisiones de otros países, en particular a oficinas del gobierno estadunidense.
Cosas que se refieren a instituciones del gobierno, como la Fiscalía General de la República, o a decisiones personales de personajes del gobierno y del partido en el gobierno, como la de un gobernador que renuncia y desrenuncia de un día para otro.
Y así cada día.
Cada día, en su mañanera, la presidenta Sheinbaum dice no saber esto, no saber aquello, haberse enterado por la prensa o por las redes, y no tener en sus manos la información que le piden, no tener pruebas para esto, no tener información para aquello, porque no le corresponde o porque alguien informará después.
No es el performance de una presidenta de México en control ni en conocimiento de lo que pasa en el país que gobierna.
Los observadores atentos a su mañanera saben que, en cuanto la Presidenta empieza a decir que no sabe, que no tiene pruebas de esto o de aquello, lo que está diciendo, en realidad, es que sabe demasiado, que sabe más que nadie, pero que no puede decir lo que sabe sin hacerse daño, sin sacudir la alianza política que la llevó al poder y la mantiene ahí.
Aunque habla mucho todos los días, la Presidenta en realidad está callada, habla bajo consigna, bajo censura, de los intereses del movimiento que la tienen en el poder. Y se la oye titubeante y censurada.
Es una Presidenta que habla y calla regida por el temor de hacerse daño a sí misma y a su movimiento. No le habla a los ciudadanos, al país, a quienes gobierna. Le habla a los suyos.
Habla y calla por igual, para lo mismo: para servir a su causa y para lastimar a sus adversarios. Pero hay un gap que sobrevive a su palabra, una grieta cuasi física: calla lo que sabe, porque sabe demasiado.
La Presidenta explica de menos, porque sabe de más. Sabe demasiado de lo que se calla.
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La mediación de EU para traer a Farías
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio
Cuando la justicia argentina estaba por decidir si procedía la extradición del excontraalmirante Fernando Farías Laguna (con audiencia programada para mañana), México tomó el atajo de un acuerdo trinacional inconfesable.
Se desistió del reclamo por intuir que la petición legal no se sostendría en los tribunales y por la antipatía mutua con el ultraderechoso Javier Milei.
¿Para qué someter el expediente al escrutinio de un juez extranjero pudiendo resolver el asunto por la vía política?
Aunque niega la captura provisional de Rubén Rocha Moya y los demás solicitados por el Departamento de Justicia, México le pidió a Estados Unidos el favor de mediar con el argentino, porque la acusación no es tan sólida como se cacarea.
Según el defensor de Farías en ese país, Félix Helou, EU intervino para acelerar la expulsión y entrega del excontraalmirante y, al igual que la esposa, informa que oficiales de “agencias” como el FBI se reunieron con Farías poco antes de la expulsión y dijo que el encuentro fue sin la presencia del equipo legal del acusado ni de autoridades mexicanas o argentinas.
El encuentro, pues, no pudo centrarse en cuestiones jurídicas, sino políticas, y más pronto que tarde se sabrá qué fue lo platicado y acordado.
Por lo que toca al gobierno mexicano, lo que quiso fue lograr un resultado “práctico” en vez de procurar justicia, ya que una cosa es perseguir delitos y otra maniobrar por vías jurídicas, diplomáticas y policiacas para conseguir un desenlace políticamente conveniente.
A la presidenta Claudia Sheinbaum le urgía cambiar los principales temas del quehacer periodístico.
Andrés Manuel López Beltrán estaba en el centro de la discusión por su presunta relación con el huachicol fiscal dentro del expediente de los hermanos Farías Laguna, los hermanos que ya habían sido exhibidos como los principales “cabecillas” de un colosal entramado criminal.
En eso se estaba cuando Rocha Moya dio sabadazo en viernes reasumiendo la gubernatura sinaloense, que también intempestivamente fue obligado a abandonar.
A la pregunta de si el sainete (abrupto y provocador) de su correligionario implica una “ruptura política”, la presidenta Sheinbaum prefirió no responder y sólo comentó que la conducta de Rocha le pareció “impertinente”.
La entrega de Farías a México fue la ocasión perfecta para sacar de los reflectores al hijo incómodo de López Obrador y a otros morenistas que han sido señalados y acusados por sus probables vínculos con el narcotráfico y el contrabando de combustibles.
El caso es que la justicia puede ser pública cuando conviene, confidencial cuando estorba y diplomática cuando el expediente judicial amenaza con complicarse.
Los procedimientos legales, las audiencias, la ley, pueden irse a la basura cuando urge cambiar los principales temas de la conversación social para salvar a un vástago de padre prominente.
De los acuerdos vergonzantes México-EU-Argentina nada se sabe, nadie ha querido decirlo… todavía.
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La Presidenta no sabía/Jorge Fernández Menéndezz
Excelsior
Hace ya varios años atrás, entrevisté a Carlos Salinas de Gortari y le comenté al expresidente, mientras hablaba de las decisiones que había tomado como mandatario, que sus sucesores, Fox, Calderón, Peña, no tenían las atribuciones metaconstitucionales de las que él había gozado. Salinas me dijo que las atribuciones constitucionales del presidente de la república no habían cambiado en absoluto, la diferencia estaba, aseguró, en si los mandatarios las utilizaban o no.
Años después, López Obrador aseguró en varias mañaneras que en el país no se movía ni una hoja sin que el presidente lo supiera. Como todo en el ex presidente, el juicio es exagerado y se torna en contra suyo, pero tiene una base de razón: el jefe del ejecutivo tiene atribuciones constitucionales, instrumentos, instituciones y operadores para tomar decisiones estando informado no sólo de qué sucedió sino de qué va a suceder.
Yo no sé quién asesora a la presidenta Sheinbaum para que ante casi todos los temas delicados, diga en la mañanera que no sabía qué iba a suceder. En los últimos días dijo que no sabía de la carta de Andy López Beltrán contra el presidente Trump porque le habían quitado la visa, que tampoco sabía que eso había ocurrido; dijo que no sabía, que se enteró por las redes sociales, que Rocha Moya regresaba a la gubernatura de Sinaloa; ayer aseguró que no sabía que Graciela Domínguez sería la gobernadora interina de ese estado; dijo que no sabía cómo estaba la situación legal del asistente de Héctor Melesio Cuén, Fausto Carretero ni la del contralmirante Fernando Farías Laguna, que esos eran temas de la FGR. Son muchos “no sabía” para tantos temas demasiado importantes.
Si el poder presidencial no se ejerce se debilita o por lo menos esa es la percepción que queda. Puedo entender que, por ejemplo, Andy o Rocha no hayan informado previamente a la presidenta, que el primero iba a insultar por carta a Trump o que el segundo había decidido regresar a la gubernatura, pero no puedo entender que Gobernación y sus delegados y operadores, el CNI, las instancias de inteligencia civiles o militares, ninguna tuviera información de dos decisiones tan delicadas.
La presidenta no sólo debe saber, debe saber antes de que ocurran las cosas cuando se trata de hechos que, como éstos, no son en absoluto impredecibles. No estamos hablando de un terremoto sino de una carta dirigida a Trump por el hijo del ex presidente, que debe haber pasado por más de una mano antes de hacerse pública, o de un gobernador que decide regresar al gobierno cuando está custodiado por fuerzas federales y bajo investigación, se supone, de la FGR. Algunos han dicho que la presidenta salió fortalecida de esos eventos, pues lo dudo mucho, y si así lo ven fue a un costo demasiado alto en la percepción pública.
Veamos el episodio Sinaloa. Ayer dijo la mandataria que no sabía que Graciela Domínguez sería elegida gobernadora interina. Resulta imposible imaginarlo, pero es más grave aún porque para tomar esa decisión se canceló el lunes la sesión del congreso local y se dio una intensa disputa interna con cuatro nombres sobre la mesa. Se impuso el de Domínguez y no es en absoluto alguien lejano a Rocha Moya: vienen juntos desde los tiempos del PRD, fue durante tres años su secretaria de Educación, el propio Rocha la impulsó para que sea diputada federal. La eligió un congreso local que está dominado por gente de Rocha lo mismo que el gabinete estatal, mientras que el poder judicial del estado lo controla el senador Enrique Inzunza.
Para deshacerse de toda esa trama, profundamente relacionada con el crimen organizado durante años, hubiera sido necesario decretar la desaparición de poderes en la entidad, una decisión que si bien la toma el senado es, en términos políticos, absolutamente presidencial. Por lo pronto hoy Sinaloa tiene una nueva gobernadora que sigue siendo parte del equipo de Rocha.
Las atribuciones presidenciales se ejercen, diría Salinas; hay demasiadas hojas moviéndose sin que sepa el presidente, diría López Obrador. No creo que la presidenta Sheinbaum haya renunciado a ejercer sus atribuciones ni que desconozca qué hojas se mueven. Pero sí creo que está mal asesorada, que tiene enemigos dentro de sus propias oficinas, que algo no funciona en los mecanismos de control y gobernabilidad y que la exhibición cotidiana y el tono de las mañaneras no la benefician en absoluto.
El sueño de García Harfuch
La noticia no ha tenido mucha repercusión en México, pero para tiene mucha importancia. Dentro del Homeland Security (el departamento de seguridad interior) de Estados Unidos se creó la Homeland Security Task Force, HSTF una fuerza de tareas nacional, permanente e interagencial, creada por orden ejecutiva para coordinar la desarticulación de cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que Washington vincula con amenazas a la seguridad interior. Combina la propia fuerza operativa, con unidades de inteligencia inter agencias y otra unidad dedicada exclusivamente a la ciberseguridad, todo bajo un mando unificado.
Concentra en una sola estrategia las capacidades de la autoridades federales de procuración de justicia, las agencias policiales estatales y locales; la comunidad de inteligencia, las dependencias de seguridad interior y hasta las capacidades militares cuando corresponda, dentro del esquema federal. Llevará la relación con socios extranjeros, particularmente para intercambio de inteligencia, capturas, decomisos e investigaciones transnacionales.
Una estructura de ese tipo sería el sueño institucional de García Harfuch.
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