El sábado 26 de septiembre por la noche, alrededor de las 20:00 horas, Christian y Gael —ambos estudiantes de la Preparatoria 2 "Antonio L. Mora del Castillo" de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)— fueron asesinados a balazos en la colonia Chulavista, ubicada al suroeste de Cuernavaca, mientras convivían tras haber asistido a una fiesta de cumpleaños.
Ante el crimen, la UAEM emitió un comunicado oficial para expresar sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la comunidad universitaria, señalando que el dolor y la indignación ya no bastan, y exigiendo coordinación institucional con las autoridades correspondientes.
Este doble homicidio se inserta en una serie de agresiones recientes contra integrantes de la misma casa de estudios:
Mayo - Junio: Michelle Itzayana Fuentes, estudiante de 15 años de la preparatoria de la UAEM, fue reportada desaparecida y posteriormente hallada sin vida en el municipio de Yautepec.
20 de febrero: Kimberly Joselín Ramos Beltrán fue víctima de feminicidio en el Campus Chamilpa.
2 de marzo: Karol Toledo Gómez sufrió un feminicidio en el municipio de Mazatepec.
Mes en curso: Se registró también el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de origen español que se encontraba en la institución realizando un intercambio académico.
Grave...
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De acuerdo con la investigación de la reportera Cristopher Cabello de El Universal, Fernanda Tapia, directora de Radio Educación, reportó en su declaración patrimonial 2025 ingresos netos totales por más de 25.4 millones de pesos, de los cuales 10.4 millones se destinaron a la compra al contado de una casa, a pesar de que la emisora pública enfrenta graves recortes presupuestales y precariedad laboral.
Mientras el sindicato y los trabajadores denuncian salarios mínimos y un severo deterioro en la infraestructura de la estación —exigiendo una mayor presencia de la funcionaria—, la investigación señala que Tapia divide su tiempo entre múltiples empleos en medios privados y consultorías que le generan millonarias ganancias, superando por amplio margen el sueldo que percibe por su cargo público.
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Las columnas políticas hoy, lunes 28 de septiembre de 2026
Templo Mayor/ REFORMA;
TERMINADO EL PLACEO gubernamental sobre el Segundo Informe y medio arreglado el pleito con el PT por las candidaturas, Morena terminará hoy de destapar a sus 17 aspirantes a una gubernatura en 2027.
LOS SIETE -tomen aire- "coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional" que saldrán este lunes son los de Nuevo León, Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Baja California Sur, Nayarit y Tlaxcala.
EL CASO QUE seguramente más llama la atención es el chihuahuense, dado el peso que ha tenido en ese proceso el apestado senador Adán Augusto López. Pese a los señalamientos en su contra y al hecho de que fue destituido como coordinador parlamentario, le dio todo tipo de apoyos de precampaña a una de sus más cercanas colaboradoras.
DE QUEDARSE la senadora Andrea Chávez con la candidatura, se vería como un triunfo no sólo de ella, sino del propio Adán Augusto en contra de los deseos de la presidenta Claudia Sheinbaum.
VA A ESTAR bueno el desenlace de este drama con sabor norteño.
POR CIERTO, ahora que se sabrá quién en Morena buscará suceder al gobernador Miguel Ángel Navarro en Nayarit, se revelan asuntos escabrosos de algunos de sus funcionarios como Gabriel Camarena Morales, su coordinador general Jurídico, quien desapareció de la escena pública alegando que había sido amenazado, pero sin decir por quién, ni por qué.
SE SABE que Camarena operó la recuperación de más de 10 millones de metros cuadrados de terrenos playeros que estaban en manos de particulares y que -supuestamente- se requerían para hacer obras gubernamentales. Peeero... se dice que esos bienes fueron obtenidos por el gobierno estatal mediante extorsiones y amenazas.
DE HECHO, a la FGR llegaron denuncias de los afectados y muchos creen que esa es la verdadera razón para que Camarena se escondiera y no las dichosas "amenazas".
DONDE ya comienzan a sentir el calor por estar bajo la lupa es en la delegación del Infonavit en Hidalgo pues los auditores de ese instituto están revisando minuciosamente cuanto papel se encuentran.
CUENTAN que el delegado Canek Vázquez ya está buscando abogados dado que las pesquisas apuntan más allá de una simple verificación administrativa, hacia algo mucho más gordo pues Vázquez fue denunciado no sólo en las oficinas centrales del Infonavit, donde despacha el emproblemado Octavio Romero, sino también en otras instancias de los gobiernos estatal y federal.
LAS QUEJAS tienen que ver con que una red bajo las órdenes del delegado andaba pidiendo moche para "arreglar" créditos.
FALTA ver si el asunto llega "hasta las últimas consecuencias" como les gusta decir a los funcionarios cuando tienen el agua hasta el cuello, o si, por el contrario, andan cuadrando cifras para liberar de culpa al ex priista y ahora morenista.
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Llegó el momento decisivo para la 4T
Bajo Reserva/El Universal
Finalmente, hoy se definirán los coordinadores estatales y eventuales candidatos a gobernador en las entidades con mayores diferencias entre Morena y sus partidos aliados, el PT y el Verde. La jornada comenzará pasadas las 10 de la mañana con San Luis Potosí, donde se espera que los morenistas rompan definitivamente con el Partido Verde en esa entidad, y terminará con Chihuahua, donde PT y PVEM han apoyado la candidatura de Cruz Pérez Cuéllar sobre Andrea Chávez, aspirante apoyada por el senador Adán Augusto López. El jueves Morena tenía planeado anunciar la mitad de estos nombramientos, pero por las reuniones que tuvieron con líderes petistas los postergaron hasta hoy. Un dato que podría dar una clave es que, de la reunión entre las dirigencias de Morena y el PT, ambas partes salieron sonrientes y garantizando que habría unidad. Además de San Luis Potosí y Chihuahua, se darán a conocer a las y los coordinadores de Sonora, Nuevo León, Tlaxcala, Nayarit y Baja California Sur. El martes, se pretende que sean dados a conocer los detalles de los resultados de las encuestas de los 17 estados.
Pablo Gómez acabó su misión, pero sigue en la nómina
Nos hacen ver que, tras el fallido Plan B de la reforma electoral, que fue boicoteado por el PT en el tema de revocación de mandato en marzo pasado, su autor, Pablo Gómez, al parecer sigue cobrando su sueldo en el gobierno federal. Aunque la comisión presidencial para la reforma electoral quedó sin materia, el exlegislador sigue adscrito a la Oficina de la Presidencia de la República. En el último reporte trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia, con corte al 30 de junio, aparece con un salario mensual neto de 122 mil 786 pesos. Nadie sabe si está a cargo de algún nuevo proyecto de la Presidencia, y públicamente no se ha informado si recibió algún nombramiento. Habrá que esperar unos días, al corte del 30 de septiembre, para saber si continúa en la nómina y que se explique cuál es su función y si justifica un sueldo de ese nivel.
Por fin se presenta el informe de Ayotzinapa
Aunque se dijo que se presentaría días antes del 12 aniversario, hoy por fin se presenta el informe del caso Ayotzinapa. Nos hacen ver que las familias de los 43 normalistas desaparecidos ya tienen conocimiento del informe, con nuevas líneas de investigación que trabajó la presente administración. Aunque tardío, nos apuntan que la información abre una nueva posibilidad acerca del posible paradero de los estudiantes desaparecidos, obtenida por medio de información científica y registros telefónicos.
La terquedad que rindió frutos
Nos comentan que en el equipo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila hay satisfacción tras la colocación de la primera piedra de la desaladora de Rosarito. No es para menos, pues nos recuerdan que doña Marina del Pilar cabildeó durante años para que el proyecto se hiciera con inversión pública y no bajo un esquema privado que encareciera el agua. Nos dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido esa insistencia como clave para que la Federación apostara por la obra que será la desaladora más grande en América Latina para consumo humano. Una vez terminado el proyecto, habrá agua asegurada para las próximas tres décadas, nos mencionan.
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Confidencial/ El Financiero.
“Como quieran y donde quieran”/
Aunque el líder morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, admitió en público que no quiere “arriesgar” ni exponer a los titulares de Economía y de Gobernación a una comparecencia en el pleno para la Glosa del Informe, reveló que la respuesta de los funcionarios fue contundente: “Yo, lo que decida la Cámara de Diputados, puedo ir al pleno, a comisiones, a la junta. No tengo problema, donde quieran ustedes yo voy”, retó Marcelo Ebrard. “Yo estoy dispuesta a ir a donde quieran”, respondió también Rosa Icela Rodríguez. Veremos si se concreta su asistencia en el pleno y si la oposición se conduce con respeto.
¿Habrá encuentros ríspidos?
El miércoles 30 tendrá lugar en San Lázaro lo que la oposición del PRI y el PAN llama el “primer encuentro ríspido” de legisladores con el gabinete presidencial de Claudia Sheinbaum, para la glosa del informe en el pleno. Ese día le toca al secretario de Hacienda, Edgar Amador. Nos anticipan los opositores que son indefendibles y hasta impresentables los resultados: “Cero crecimiento y gigantesca deuda pública es lo menos que reclaman. De antemano, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, de Morena, les ofreció “diálogo, apertura y responsabilidad”. Ya se verá cómo se pone. En comisiones, hoy va la titular del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
Copia Alito método de Morena
Más que solo criticar y acusar a Morena, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, copió y siguió el método morenista y este fin de semana designó en Zacatecas al empresario y político priista Adolfo Bonilla Gómez como su futuro candidato a la gubernatura del estado para 2027. Y no solo eso, lo que fue notorio también fue que, en sus discursos y en sus redes sociales, Alito llamó de todo a los morenistas y al gobierno de aquel estado, pero en ningún momento los calificó de “narcopolíticos”, “narcopartido” ni “narcogobierno”, como le ordenó el INE. ¿Será solo por su buena relación con los Monreal?
¿Más fracturas PT-Morena?
Parece que las inconformidades en el Partido del Trabajo siguen. Ayer la senadora Geovanna Bañuelos agradeció el apoyo que tiene del partido allá en Zacatecas, la tierra que ella quiere gobernar, pero en la que Morena decidió colocar a Verónica Díaz como su candidata. “Su apoyo incondicional me inspira a continuar en la lucha por la transformación. ¡Gracias por estar siempre! ¡Juntas y juntos, más unidos y firmes que nunca!”, expresó la vicecoordinadora parlamentaria. ¿Habrá candidatura sin alianza?
Morenafest en el Zócalo
Las hordas en las redes sociales siguen a todo lo que dan contra el oficialismo. Ayer lograron colocar la palabra “narcofest” como tendencia en la red social X. Otros temas muy sonados ayer fueron las críticas hacia el acarreo en el Zócalo, así como la venta de parafernalia alusiva a los rostros de AMLO y Sheinbaun, los presidentes de la llamada “cuarta transformación”, incluidos cuadros de hasta mil 500 pesos. Pero para todos había precios, pues también se vieron muñequitos de trapo alusivos a prominentes miembros del “movimiento”.
Pasaron lista y les tomaron foto
Y para que no quede duda, muchos de los asistentes ayer al Zócalo lo hicieron “invitados” por los servidores de la nación, quienes prácticamente a diario recorren la capital ofreciendo los programas sociales del gobierno capitalino y federal, y quienes en los últimos días advirtieron a la gente que para que la gestión de sus “trámites” avanzara, tenían que ir al Zócalo a escuchar a la presidenta y, ya luego, si querían se podían quedar a pasear en el Centro Histórico. Ofrecieron llevarlos y les advirtieron que les iban a pasar lista de asistencia y tomarles foto como prueba. Y así lo hicieron.
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#El pacto de Adán Augusto: la cárcel o tu voto/Carlos Loret de Mola
El Universal, | 28-09-26 |
En este momento tu hijo viene volando rumbo a México. Tenemos una orden de aprehensión en su contra por desvíos que significan muchos millones de pesos. El operativo está listo para detenerlo tan pronto aterrice en el aeropuerto de la Ciudad de México y conducirlo al reclusorio. Pero hay otra alternativa: si tú aceptas que voten del lado de Morena, lo van a sacar por una escalera diferente tan pronto desembarque del avión y ahí lo va a estar esperando mi camioneta para traerlo a mi oficina donde lo vamos a recibir tú y yo.
Ese fue el contenido de la comunicación de Adán Augusto López a Miguel Ángel Yunes Linares en la víspera de la aprobación de la reforma judicial hace dos años. Así me lo han revelado fuentes con acceso al contenido de la comunicación que selló uno de los golpes autoritarios más profundos en la historia reciente de México.
Miguel Ángel Yunes Linares, el papá, aceptó el trato. Cuando Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo, en ese momento senador del PAN, aterrizó en la capital del país, el protocolo anunciado se siguió al pie de la letra. Las dos partes cumplieron el trato sin contratiempos y bajo un vendaval de escándalos y acusaciones que, tratándose de dos viejos lobos de la política que han sido acusados de toda suerte de delitos, aguantaron sin despeinarse. Adán Augusto desapareció la orden de aprehensión contra Yunes hijo, y Morena tuvo el voto que le faltaba para aprobar la reforma al Poder Judicial.
Mafia pura.
Este pacto tuvo el visto bueno de quien en ese momento era presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y de quien estaba a unos días de tomar posesión, Claudia Sheinbaum.
Cuando entraron al salón de plenos del Senado, hombro con hombro, Adán Augusto y los Yunes (papá e hijo), caminando ufanos presumiendo su nueva alianza, quedó claro que algo así había sucedido, pero algunos detalles se están revelando por primera vez en esta columna. No sólo implicaba la aprobación de la controversial reforma —considerada internacionalmente un profundo error— sino que implicaba un cambio de discurso hacia la familia Yunes, a cuyos integrantes los obradoristas y el propio AMLO habían lanzado acusaciones de narcotráfico, corrupción y hasta pederastia. Para López Obrador y Sheinbaum la alianza con los Yunes fue una derrota moral. Para Adán Augusto, la recuperación de su papel central como el operador de la mafia (lo había medio perdido tras su fallido intento de ser el candidato presidencial morenista). Para los Yunes fue protección y estigma: la traición se la siguen recordando a donde van (la semana pasada en un aeropuerto, por ejemplo).
SACIAMORBOS
El caso está enfocado contra el esposo. Porque era esposo cuando cometió todos los delitos de los que lo acusan y lo del divorcio fue un ardid político para intentar salvar cara. El expediente es enorme y todo está listo para una ráfaga de congelamientos, alertas y boletinadas. El esposo con decenas de personas físicas y morales. Una red de lavado gigantesca al servicio del crimen organizado. Lo interesante será ver si dejan fuera a la esposa de toda esta trama. Constituiría un robusto mensaje de paz entre gobiernos.
historiasreportero@gmail.com
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La Feria
Ruffo, por la vía larga, recuerda cuán iguales son los morenistas/Salvador Camarena
El Financiero, septiembre 28, 2026 |
La Fiscalía General de la República, o sea, el gobierno federal, decidió trasladar al exgobernador Ernesto Ruffo por carretera desde el Estado de México hasta Baja California. Más de dos mil 700 kilómetros para que el opositor y todos veamos quién manda.
El antecedente más famoso y más lamentable de un traslado por tierra de una persona encausada es el de Lydia Cacho en diciembre de 2005. Hay, por supuesto, diferencias: para empezar, la denuncia de tortura por parte de la periodista, quien fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y obligada a viajar con policías judiciales hasta Puebla capital, donde la esperaba la amenaza de otro infierno.
Salvadas las diferencias, incluso sobre la calidad de la acusación que llevó a la cárcel a Cacho –el trabajo periodístico donde denunciaba mafias de explotación sexual infantil y las complicidades desde el poder de las mismas– y a Ruffo –su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal–, 21 años después se aprecia la reedición de una manera prepotente de proceder del gobierno.
La manera más evidente de ver cuán abusivo, independientemente de que sea legal, resulta ese modo de trasladar a un reo es recordar quiénes protestaron por el trato y la amenaza del gobernador de Puebla contra Cacho y dónde están esos desmemoriados hoy.
El traslado de Cacho fue condenado casi en tiempo real, en una era sin la potencia ni alcance de las actuales redes sociales, por ciudadanos que denunciaron la vulnerabilidad de la periodista y la arbitraria decisión de hacerla padecer largas horas en carretera.
El PRD capitalino fue uno de los que de inmediato se posicionó en contra. Y una nota del día 19 de diciembre de la agencia CIMAC noticias titula así: “Se usó la justicia para intimidar a Lydia Cacho”. En ese despacho se cita a las diputadas perredistas Beatriz Mojica (hoy candidata de facto de Morena a la gubernatura de Guerrero) y a la feminista Marcela Lagarde.
El caso de Cacho, como se sabe, se convertiría en un escándalo descomunal cuando La Jornada y Carmen Aristegui dieron a conocer conversaciones entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif sobre la conjura para “dar un coscorrón” a la periodista (agraviante forma de minimizar la treta que incluía violencia en el traslado y a su llegada a una cárcel poblana).
Esa conversación suscitó denuncias de Alejandro Encinas (entonces jefe de Gobierno capitalino y hoy embajador ante la OEA, tras ser el sexenio anterior subsecretario de Derechos Humanos) y de Pablo Gómez, entonces diputado perredista. Todos vieron en la detención, el traslado carretero y la pretensión de violentarla en la cárcel, y, por supuesto, en el juicio en contra de Cacho, una única maquinación.
Es tan nítido que todo el operativo quedó establecido como un condenable e inaceptable prototipo de abuso desde el poder que, muchos años después, en agosto de 2024, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al criticar el cambio de prisión preventiva a domiciliaria en contra de Mario Marín, dijo sobre esa decisión: “otro sabadazo, imagínense, otra razón más para cambiar al Poder Judicial”.
Ayer, Ruffo iba en algún punto de la carretera rumbo a Baja California. Un trato denigrante que tiene una sola motivación: hacer sentir desde el poder que Morena no está de acuerdo en que, incluso cuando tiene por el cogote al Poder Judicial, a un septuagenario opositor procesado se le dé el derecho de llevar el juicio, en el que no ha sido encontrado culpable, fuera de un penal de alta seguridad.
Así de iguales son.
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El derrumbe silencioso de Guanajuato
No es normal/Viri Ríos
Milenio
Hace unos días el INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta intercensal (EIC). Quien conoce estos datos sabe que rara vez coquetean con la sorpresa. En educación, salud, ingreso y casi cualquier indicador socioeconómico, el sur siempre aparece abajo, y el norte y El Bajío, arriba.
Esta vez, sin embargo, Guanajuato rompió el patrón.
La EIC muestra que el estado se ha convertido en el segundo del país con menor asistencia escolar entre jóvenes de 15 a 24 años.
El dato debería prender las alarmas. La inasistencia escolar suele presentarse en los territorios más vulnerables del país, como Guerrero, Veracruz u Oaxaca. No en un estado como Guanajuato, que durante años ha sido identificado como un polo de dinamismo industrial e inversión.
El deterioro es de tal magnitud que Guanajuato comienza a rozar niveles de asistencia escolar propios de Chiapas.
El problema tiene género. Se concentra sobre todo en hombres. El 61% de los guanajuatenses varones de entre 15 y 24 años deja la escuela, en gran medida, atraídos por la posibilidad de tener un trabajo e ingresos propios.
El espejismo dura poco. En un inicio, el salario les parece suficiente, pero en realidad los empleos que encuentran los jóvenes suelen ser precarios. Al tener familia, caen en pobreza.
El resultado ya comienza a verse. En 2023, Guanajuato superó por primera vez la media nacional de pobreza laboral, un dato que, hace algunos años, habría parecido impensable.
Sin embargo, el problema educativo de Guanajuato dista de existir solo entre los mayores de edad. Lo más inquietante es que la EIC muestra que el abandono escolar empieza mucho antes. Uno de cada tres hombres de 15 años de Guanajuato ya no asiste a la escuela. Solo considerando esta edad, Guanajuato es el cuarto estado con mayor inasistencia escolar de México.
Con semejante reserva de jóvenes fuera de las aulas, con empleos precarios y pocas perspectivas de movilidad, tampoco debería sorprender que el crimen organizado encuentre en Guanajuato un terreno fértil para el reclutamiento.
México tiene estados pobres que, dolorosamente, llevan décadas siéndolo. Lo que no tiene es un estado que, estando mejor que el promedio, se haya deslizado hacia la precariedad. Eso parece ser lo que está sucediendo en Guanajuato.
Es tiempo de que las autoridades estatales, incluida la gobernadora Libia Dennise García, comiencen a tratar el tema educativo de Guanajuato como lo que es: una emergencia.
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La '4T', atrapada en sus mentiras
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
Nada consistente y esperanzador se conocerá este lunes cuando el subsecretario federal de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, informen lo que la presidenta Sheinbaum anunció como “los avances” en las investigaciones de la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Si algo es claro en el indescifrable mamotreto en que el obradorato convirtió el tema es la mala fe con que las autoridades políticas y ministeriales vienen actuando desde que López Obrador aprovechó la tragedia para su campaña por la Presidencia con la patraña de que se trató de un “crimen de Estado” y la perversa promesa de hallarlos “vivos”.
La intencionalidad, los motivos que conducen a la comisión de un crimen, es en extremo difícil de probar en los tribunales cuando se quiere de veras procurar e impartir justicia, pero en la actuación del primero y segundo pisos de la 4T abundan elementos para sostener que el único propósito de lo pregonado en ocho años de manera contradictoria y sin éxito, es complacer en sus interpretaciones y especulaciones a los deudos y a las organizaciones que los vienen apoyando.
Entre los más importantes elementos demostrativos de la mala fe con que el régimen viene actuando sobresale uno que indigna: desde finales de 2018 ha sido criminalmente ignorada la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a la facciosa Rosario Piedra Ibarra para que la General de la República envíe al laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck 114 restos recuperados del basurero de Cocula y el río San Juan —petrosas incluidas—, susceptibles de conservar ADN, para que se les practique el estudio genético que quizá permita la identificación de los 40 jóvenes (tres ya lo fueron) que siguen reclamando sus deudos.
Para ganar simpatías electorales, AMLO prometió lo imposible: localizar con vida a los normalistas desaparecidos y devolverlos a sus familias, pero pronto comprobó que “no es lo mismo ser borracho que cantinero”.
La noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 de 109 estudiantes de la normal rural que acudieron a Iguala fueron detenidos por policías municipales que los entregaron a la banda criminal Guerreros Unidos, que los ejecutó y trató de desaparecer quemando sus cuerpos hasta la carbonización en el muladar y esparció los fragmentos en el río.
Casi desde el principio, el centro Tlachinollan de Derechos Humanos aventuró lo del “crimen de Estado” y acusó al Ejército de haber ejecutado la masacre.
La patraña fue secundada por el pernicioso Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y la brasa de la insidia se volvió el actual incendio.
En el peñato, decenas de los perpetradores fueron detenidos; confesaron los homicidios, la quema de los cadáveres y la disipación de los restos, pero tanto los padres como sus representantes se negaron a aceptar lo único que no se ha podido desmentir: la abominable “verdad histórica…”.
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Entre el “epicentro del narco” y la soberanía/Salvador García Soto
El Universal, | 28-09-26 |
En una misma semana la brecha que se ha abierto en la relación México-Estados Unidos, por el combate a los cárteles de la droga y a sus políticos protectores, se hizo más que evidente.
El choque de visiones y posiciones entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Claudia Sheinbaum se ahondó en estos últimos ocho días y la repetición de frases y consignas por parte de los dos mandatarios confirma que, por el momento, no hay un punto de encuentro, pero tampoco de retorno. La amenaza cada vez más latente e inminente de acciones militares unilaterales de Estados Unidos contra el narcoterrorismo y la narcopolítica mexicana, choca con el discurso de defensa de la soberanía y de que “México no acepta imposiciones de ninguna potencia extranjera.
Cada mandatario eligió su foro para reiterar mensajes que no son nuevos, pero que parecen estar llegando a un punto de conflicto. Trump escogió el martes pasado la Asamblea General de la ONU, desde donde elevó el tono y acusó a México, frente a la comunidad de naciones y al menos 130 jefes de Estado, de ser “el epicentro de la violencia de los cárteles” y de no ceder el control de su territorio y de la frontera a los narcos “enemigos de la humanidad”.
Sheinbaum respondió ayer domingo, desde el Zócalo de la Ciudad de México, con su repetido discurso de defensa de la soberanía nacional: “La independencia sigue marcando nuestro camino, porque la y los mexicanos no queremos injerencias, ni intervencionismo, ni violación a nuestra territorialidad", dijo la mandataria mexicana en un mitin con seguidores de su partido.
Y aunque ni el choque, ni los discursos son nuevos en ambos presidentes, su repetición esta semana parece ser distinta a la de las disputas discursivas que han tenido en los últimos meses los gobiernos de México y Estados Unidos. Porque los tiempos electorales en Estados Unidos están influyendo y acelerando, no sólo el tono y la intención de los mensajes, sino la decisión que parece tener tomada la administración trumpista para convertir la guerra al narcoterrorismo en bandera electoral que ayude a levantar las bajas intenciones de voto en favor del partido Republicano en los próximos comicios de medio término en la Unión Americana.
Eso es lo que hace distinto el diferendo discursivo de esta semana en la tensa relación entre los dos países. La inexplicable ausencia de la presidenta en la Asamblea de la ONU y la cara del canciller Roberto Velasco y de toda la delegación mexicana que escuchaba a Trump en el salón de sesiones de Nueva York, mientras señalaba a México como un estado fallido que no puede controlar ni su territorio ni sus fronteras y nos catalogaba como el centro de la violencia criminal que amenaza a su país y al mundo, dijeron mucho a la comunidad internacional, sobre el vacío de autoridad y de Estado que hoy vive México.
La respuesta de la presidenta, que no se quiso tomar el tiempo para ir personalmente a responderle a Trump, en lugar de mandar al joven canciller que salió a hacer la “defensa” del país en un auditorio casi vacío y ya en la parte final de la Asamblea de la ONU, habla también de que el gobierno de Sheinbaum carece de una estrategia real para enfrentar la presión y la amenaza intervencionista de Estados Unidos, y se limita a repetir discursos y lugares comunes sobre defender una soberanía que muchos mexicanos no ven, ni viven ni perciben en sus comunidades en donde impera el miedo y la soberanía, pero del crimen organizado.
Y así, mientras la doctora se sigue negando a entregar a políticos acusados por la justicia estadunidense de proteger al narcotráfico y Trump está urgido de subir en las encuestas para ayudar a su partido a no perder la mayoría parlamentaria en sus próximos comicios, la tensión se mantiene y nos aproximamos, por las fechas, a un mes de octubre que podría ser histórico en la siempre compleja relación de los dos países vecinos. De los discursos a los hechos, entre el “epicentro de la violencia” y la retórica defensa soberana, cualquier cosa puede pasar en las próximas semanas que le dé un vuelco a una relación que, en el tema de combate a los cárteles, parece estancada y sin punto de retorno.
NOTAS INDISCRETAS… Terminado ya “el mes de la presidenta” y su road show de informes, discursos y acarreos masivos por toda la República, habrá que ver si la doctora se ocupa de los problemas realmente urgentes en el país, esos que existen a pesar de su discurso de que “vamos muy bien y México nunca ha estado mejor”. La muerte de bebés en el IMSS de Durango, que tardó más de una semana en reconocer su director Zoé Robledo, quien al final tuvo que pedir “disculpas” a los dolidos y maltratados padres, las extorsiones de un alcalde morenista en Juchitán y la violencia narca que sigue desbordada en estados gobernados por su partido como Morelos y muchos otros, se suman a muchas otras problemáticas que siguen ahí y no se irán por más que la presidenta haga giras, shows y mítines celebrando una supuesta bonanza y normalidad que no ven ni viven muchos mexicanos. Así que ya se terminó el jubileo del informe presidencial. Una vuelta a la realidad, aunque sea mucho pedir, es necesaria… Por cierto, cada vez crecen más las versiones de que la presidenta y la fiscal Ernestina Godoy taparon, o quisieron tapar, la corrupción de Ulises Lara con un simple despido o renuncia “por motivos personales”, a pesar de que las dos servidoras públicas tuvieron información sobre denuncias de extorsiones, tráfico de influencias y sobornos por filtrar información de investigaciones judiciales a indiciados que involucraban sumas hasta de 1 millón de dólares. Todo eso se comentó desde que ocurrió la intempestiva renuncia de quien fuera el “hombre de confianza” de la fiscal Godoy, pero en Palacio Nacional y en la FGR optaron por el encubrimiento y la complicidad con conductas del que fuera Fiscal de Asuntos Relevantes de la Fiscalía. ¿No es un asunto relevante que un fiscal encabece una red de corrupción, sobornos y extorsión desde adentro de al FGR? ¿Por qué no se le abrió una carpeta de investigación y en lugar de pedirle su renuncia personal, se le investigó, acusó y proceso? Eso se llama encubrimiento de un delito y conlleva responsabilidad penal y legal para quienes supieron de dicha conducta delictiva y no hicieron nada al respecto, porque prefirieron cuidar al presunto delincuente por ser tan cercano a la fiscal. Pero ojo, que hay personas que en su momento pagaron extorsiones y sufrieron los chantajes del exfuncionario de la fiscalía, y se dicen dispuestos a hablar y hasta a denunciar. ¿Qué hará al respecto la fiscal que, dicen, lloró al enterarse de que su protegido usaba el poder que le dio para delinquir? ¿Procederá contra él? Ojalá se le apareciera una bodega con pruebas y expedientes de los presuntos delitos de Ulises Lara a la doctora Godoy, y si no de plano, que se le aparezca un poco de dignidad y congruencia… Los dados mandan Serpiente. La semana se viene tensa.
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#Cambio de juego/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, septiembre 28, 2026 |
El PT, el Partido del Trabajo, parte de la coalición gobernante y con oscuros vínculos con el crimen organizado, está en rebeldía y generando procesos de inestabilidad para forzar concesiones en candidaturas. En menos de una semana de protestas por la forma como se han decidido las candidaturas, engañosamente llamadas “coordinaciones de defensa de la transformación y la soberanía nacional”, provocó un cambio de juego en el proceso y una fisura importante dentro de la dirigencia de Morena, al mover la correlación de fuerzas internas.
La mecha que explotó la reacción del PT fue la selección de candidata en Zacatecas, donde se impuso a la senadora Verónica Díaz, excuñada de los hermanos Monreal, en un intercambio de favores políticos entre Palacio Nacional y el coordinador de la bancada en San Lázaro, Ricardo Monreal. Díaz no ganó en las encuestas, salvo en la medición alterada del estratega electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, Iván Silva, que en dos semanas, con la misma casa encuestadora pagada por diferente cartera, esfumó 35 puntos de ventaja del senador Ulises Mejía que aparecieron en la contabilidad de la senadora.
En Zacatecas había una fuerte contendiente del PT, la senadora Geovanna Bañuelos, que no es solo una militante destacada, sino fundamental en el partido. Es la operadora del líder y fundador del partido, Alberto Anaya, tan poderosa que para solucionar problemas con diputados petistas o con el partido, de gobernadores para abajo tienen que pasar por su ventanilla para que intervenga. Pero si bien fue un factor subjetivo importante, no fue el único.
El maltrato con el que han tratado al PT y el trato diferenciado con el Partido Verde, otro miembro de la alianza, al que le regalaron las candidaturas de San Luis Potosí y Quintana Roo, rompió el frágil equilibrio existente. La denuncia por marginar su propuesta para analizar colectivamente la metodología de las encuestas para seleccionar candidatos sirvió de cobertura pública a su levantamiento, que se acordó el martes por la noche, en una reunión en la sede del partido, donde se decidió detonar procesos de inestabilidad para forzar una nueva negociación.
La primera expresión de la estrategia se dio horas después en Cuernavaca, donde la diputada local Tania Valentina Rodríguez y su pareja cerraron el Palacio de Gobierno de Morelos y bloquearon las vías primarias en Cuernavaca y la Autopista del Sol. El pretexto fue una anterior demanda de la legisladora, la realización de obras pendientes en municipios gobernados por el PT, que el gobierno trató de controlar con una mesa de diálogo instalada en la Secretaría de Gobernación horas después, presidida por el subsecretario César Yáñez.
Durante el miércoles se movieron mucho las cosas dentro de Morena. Ariadna Montiel, líder nacional del partido, sugirió, en una entrevista con un medio que es parte de la maquinaria de propaganda de la ‘4T’, que había señales de que el PT había decidido separarse de la alianza, que agregó a las diferencias con Citlalli Hernández, responsable de Elecciones, que apuró una reunión con el PT. Las posiciones de las dirigentes eran antagónicas: Montiel pensaba en una depuración de la coalición gobernante para impulsar sin obstáculos las candidaturas pendientes con las personas escogidas por Sheinbaum, mientras que Hernández, que está jugando las contras, optó por una alianza táctica con las fuerzas del senador Adán Augusto López, que está desafiando abiertamente a la presidenta en varios estados.
Por la noche, tras el encuentro en Gobernación, el vocero de la ruptura, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, amenazó con terminar la alianza con Morena, y afirmó que si bien sus números no les daban para ganar solos una gubernatura, “sí nos da para hacer perder siete, ocho y hasta 12” a la alianza, además de impedir que en las elecciones legislativas del próximo año alcancen la mayoría calificada, que es una preocupación de la presidenta para poder tener gobernabilidad ante lo que se avecina como una segunda mitad del sexenio muy complicada en términos económicos.
Probablemente exageró Sandoval, pero el PT sí puede hacer daño a Morena en algunos estados, particularmente en Baja California Sur, donde su candidato, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, prácticamente está fuera de la contienda interna por la gubernatura por sus vínculos con Los Chapitos; Nayarit, donde respaldan al candidato del gobernador, Héctor Santana, alcalde de Bahía de Banderas, que también está imputado por vínculos con el crimen organizado, y en Tlaxcala, donde pueden inclinarse por la candidatura de Alfonso Sánchez García, que está respaldado por la gobernadora Lorena Cuéllar y el senador López.
Pero el realineamiento más importante es en Chihuahua, donde el PT volvió a inclinar la balanza de la candidatura al lado de la senadora Andrea Chávez, respaldada infranqueablemente por el senador López, contra la voluntad de Sheinbaum, cuyo delfín es el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez. La presidenta, que no puede ver a Chávez –quien tampoco le expresa mucha lealtad–, no pudo descarrilarla de la contienda porque ni Luisa María Alcalde, como presidenta de Morena, ni Montiel, como su sucesora, la pudieron desbarrancar.
Originalmente se le propondría que fuera la alcaldesa de Ciudad Juárez, pudiendo esperar por su edad otros seis años para la gubernatura. Mandaron llamar a la Ciudad de México a Chávez y a Cruz el miércoles, porque pensaban anunciar la candidatura el jueves, pero las cosas se complicaron. Pensaron posponerla al viernes, pero optaron por aplazarlo hasta esta semana, al menos, para evitar que un nuevo escándalo en el interior del partido arruinara el discurso de la presidenta del domingo por sus dos años de gobierno.
En Chihuahua, el estado donde se disputa con mayor fuerza e intensidad el poder entre Sheinbaum y el senador López, dos de las principales personas a quienes encargó la presidenta los procesos, la han traicionado. Silva trabaja para Cruz y subrepticiamente para Chávez, aparentemente como parte de los compromisos adquiridos con los financieros del senador, Fernando Padilla y Mario Pacchiano, que están fondeando al estratega de la presidenta en varios estados, mientras que Hernández mostró en la semana su disposición para respaldar también a la senadora, contra los deseos presidenciales.
Las divisiones en la cúpula del partido han estado acompañadas por un sinuoso camino de cruce de lealtades y traiciones que no se sabe cómo terminarán porque la operación cicatriz no ha funcionado, por la falta de liderazgos en la ‘4T’ y las diferencias entre Montiel y Hernández, las responsables de cerrarla.
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Corrupción e inseguridad/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior,
El caso de los 59 millones de litros de combustible supuestamente ilegal que se había encontrado en una refinería en Guanajuato se ha caído en forma estrepitosa, luego de que la propia presidenta Sheinbaum lo citara como un decomiso histórico. La empresa demostró que contaba con todos los permisos para operar como lo hacía desde hace años, mientras que también el combustible decomisado, parte del cual era de la empresa estadounidense Exxon, era legal. Al mismo tiempo, confirmando que se trataba de una venganza política que no estaba sustentada en pruebas sólidas, una jueza otorgó la libertad a Ernesto Ruffo para que pudiera dejar el penal del Altiplano y seguir su proceso en libertad domiciliaria. En un acto que en nada la enaltece, la FGR decidió hacer el traslado de más de 3 mil kilómetros del Altiplano a Mexicali, por tierra, con un adulto mayor enfermo y debilitado por la prisión. Se podrá o no simpatizar políticamente con Ruffo, yo soy muy crítico con el ex gobernador, pero hay que insistir en que no había pruebas para su detención y menos para recluirlo en el Altiplano.
Mientras tanto, el caso de huachicol fiscal que involucra a los hermanos Farías Laguna, a otros mandos de la marina, incluyendo al ex secretario, el almirante Rafael Ojeda y a muchos otros, desde el ex secretario de gobernación, Adán Augusto López hasta a Andy López Beltrán, está congelado por los riesgos políticos que implicaría llegar hasta el propio expresidente López Obrador.
En el caso del montaje realizado por la fiscalía estatal de Sinaloa por el asesinato de Héctor Melesio Cuén, no hay noticias a pesar de que existen delitos evidentes, mucho menos de la investigación sobre la extracción de Ismael El Mayo Zambada. Nada debilita más la soberanía que a dos años de esos hechos no se sepa qué paso… o no se quiera saberlo.
De 67 mil detenidos por delitos de alto impacto, la mayoría de ellos relacionados con el crimen organizado, sólo 37 mil permanecen detenidos, la mayoría sin condena.
Los casos paradigmáticos que ha asumido la FGR en los últimos años están todos sin resolver: el sábado se cumplió un aniversario más del caso Ayotzinapa, con la liturgia correspondiente de marcha y vandalismo, y hoy se dará a conocer un nuevo informe que tratará de exhibir nuevas evidencias que no son tales porque al final se debe volver siempre, con algún matiz diferenciado, a la verdad histórica.
El caso Odebrecht y de Emilio Lozoya, al que se le dio tanta trascendencia, continúan siendo expedientes sin avance sustantivo ni desenlace penal firme. Agronitrogenados, ligado al mismo universo de investigación de Lozoya, permanece sin resolución. La llamada Estafa Maestra, ha palidecido ante los casos de corrupción descubiertos en los años de la 4T, pero no ha recuperado el dinero presuntamente desviado y no existe una cadena de sanciones penales firmes.
Más grave aún es el caso de Segalmex, con malversaciones por más de 12 mil millones de pesos y sin claridad sobre sus responsables, comenzando por su director Ignacio Ovalle que fue políticamente indultado de todo delito por López Obrador. Peor aún, Segalmex esta en la mira de la justicia de Estados Unidos por sus negocios con Alex Saab, el lavador de dinero de Nicolás Maduro, convertido en colaborador de la justicia de ese país. Mientras tanto, los narcopolíticos se pasean por los pasillos del poder, escudados en la bandera de una falsa soberanía.
El patrón es el de una Fiscalía que no logra cerrar investigaciones complejas ni convertirlas en sentencias. Y muchos menos que investigue con autonomía casos que involucren a personajes relacionados con el poder. Eso genera dos consecuencias evidentes: víctimas sin reparación y redes de corrupción o violencia sin castigo.
La FGR es el eslabón más débil de toda la cadena de justicia y seguridad en el país y en buena medida lo es porque ha perdido, hasta en las formas, la autonomía que requiere frente al poder: Ernestina Godoy está rebasada por la realidad. Una vez más, el esquema de 90 por ciento de lealtad y diez por ciento de capacidad, daña hasta al propio modelo que busca defender.
Juchitán
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara hizo lo que tenía que hacer ante el encarcelamiento del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano, relacionado con el CJNG, extorsionador y desfalcador de las arcas municipales: desaparecer el ayuntamiento y nombrar nuevas autoridades, al tiempo que “renunció” Emilio Montero Pérez, quien fue el anterior presidente municipal de Juchitán. Sánchez Altamirano fue su secretario particular y luego como secretario técnico del ayuntamiento, antes de asumir la presidencia municipal interina en noviembre de 2022. La limpieza debe continuar, todo está demasiado contaminado.
Chihuahua
Estuve en Ciudad Juárez el jueves y viernes. Hay cosas que me impresionaron muy favorablemente en términos de seguridad. Ya lo analizaremos. Por lo pronto les dejo lo que escribió este sábado en redes sociales el embajador Ronald Johnson. “Felicito a la SSPEC, al Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya y a su equipo por su valentía y compromiso tras el ataque del 12 de septiembre a un helicóptero de la Policía Estatal. Le deseo al oficial herido una recuperación completa y rápida. Reconozco el compromiso de la gobernadora Maru Campos con la seguridad. Los arrestos y decomisos que siguieron envían un mensaje claro: aquellos que atacan a nuestros oficiales de aplicación de la ley serán llevados ante la justicia. Su trabajo está ayudando a hacer que las comunidades a ambos lados de nuestra frontera sean más seguras”.
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La Jornada, Domingo 27 de septiembre de 2026
Gonzalo Martré. 97 años de símbolos literarios/Liliana García Sánchez*
Llegué a él por una de las vías que sus trenes desbocados recorren: el de la historia mexicana del siglo XX. Yo difundía mi libro sobre la compositora revolucionaria Judith Reyes, lo que posibilitó una amistad que celebro hasta la fecha.
Sin contar sus cuentos y relatos de ficción y fantasía, Martré es un personaje definitivo en la literatura sobre nuestro México acallado, con su narrativa nutrida de verdades muy otras, distintas a las “verdades históricas” y otros discursos oficiales que apuestan por la desmemoria.
En una ocasión, luego de leer su novela Los símbolos transparentes, le pregunté: “¿Quién es Rosa, maestro?”, respondió que “Rosa son todas las muchachas del 68”: la estudiante llena de sueños cuyo destino es la muerte por bayoneta en la Plaza de las Tres Culturas. Los símbolos transparentes es un texto indispensable sobre 1968. Una juventud expresada sin idealizaciones ni romanticismos que toca fibras de nuestra memoria personal o colectiva. Despliega el aparato de la violencia y la corrupción, la negociación de vidas, la disputa por la legitimidad de cara a las Olimpiadas; las historias perdidas, las de los muertos y las de los tuertos, las de madres y empleados buscando a sus hijos en delegaciones y bodegas forenses; las comelitonas de los poderosos mientras un joven pierde su ojo por pegar una pancarta. Una excelente novela histórica, pendiente de reeditarse, leerse, divulgarse.
En 2023, participé en la edición de su libro Qué pasa en el Congo, relato que difumina las fronteras entre realidad y ficción. Fue publicado en 2019, cuando iniciaba la larga temporada de pandemia y pudimos reflejarnos en ese espejo estrafalario de verdades escalofriantes, para cuestionarnos como humanidad.
En 2024, Martré me invitó a presentar otro polémico libro: Extrañas en la noche. Dicen que ley y justicia no van de la mano. Que la ley obedece al que puede o al que tiene, y que la justicia rara vez aparece bajo el ala de la ley; muchas veces, la justicia se toma por mano propia. Extrañas en la noche relata una serie de asesinatos a cuatro manos. Dos mujeres policías deciden ejercer la justicia al margen de la ley contra corruptos y pederastas; ¿justicieras?, ¿delincuentes?
Las mujeres protagonistas de Extrañas en la noche y Arañas salvajes, su más reciente novela, son el producto de una sociedad en crisis, donde los valores podridos orillan a las personas a buscar el mejor postor de cuerpos, habilidades y conocimientos. Y esto aplicaría no sólo en el contexto terrible del narcotráfico, la trata y la corrupción política, sino también, con frecuencia, en los ámbitos artísticos, intelectuales y académicos. Tal vez, como cantaba Violeta Parra, “me gustan los estudiantes/que marchan sobre las ruinas/con las banderas en alto”, por eso, vuelvo a Los símbolos transparentes para, por contraste, encontrar a esas mujeres llenas de ideales, dispuestas a poner sus talentos y saberes al servicio de los más altos valores.
Martré ha transitado prolíficamente por temáticas diversas y escabrosas, con el sello particular del habla popular, rescatando rasgos e idiosincrasias de un México que va quedando en el pasado, pero cuya situación política y social poco ha cambiado. El escritor ha tenido el privilegio de observar los cambios en la sociedad mexicana por varias décadas, presenciando la emergencia de la innovación tecnológica y los cambios geopolíticos del siglo XX; esa amplia visión histórica le permite hacer uso del humor y la crítica mordaz para observar el presente con mirada privilegiada, crítica e imaginativa. De ahí que haya que leerlo no sólo como pluma de larga trayectoria y genio particular, sino como testigo de cambios históricos dispuesto a observar, criticar y participar de este convulso siglo XXI.
Como buen agitador intelectual, Martré suele decir que sus libros serán famosos cuando él ya no se encuentre entre nosotros. En parte, tiene razón. Hay escritores visionarios, capaces de sentir y entender la manera en que su obra es recibida por el público de su tiempo; aunque Martré nos invita a imaginar sin idealismos a la humanidad futura, no podemos saber si todo esto que llamamos “progreso” y “civilización” ha llegado a un punto sin retorno que linda en la deshumanización; lo cierto es que mientras haya comunidad de lectores, los símbolos que Martré ofrece a nuestra imaginación seguirán vibrando, incomodando al discurso oficial, eclipsando nuestras creencias al estilo de Bertolt Brecht: ponernos frente a la realidad como un espejo; crearnos un extrañamiento frente a nuestra normalidad y desde ahí cuestionar, dudar, ironizar sobre nuestra condición.
Esta claridad de transitar temas escabrosos y complejos sin complacencias hacen de Martré un escritor libre para narrar con su estilo personal, reproduciendo las voces de los distintos Méxicos. Libre para criticar trascendiendo la coyuntura política. Esta libertad le ha traído glorias y el cariño de un amplio público a lo largo de los años; pero también, esta libertad suele pagarse con una insuficiencia a su merecido reconocimiento, como con las peripecias de Los símbolos transparentes para lograr su publicación, la escasa difusión de su claridosa serie Sabor a PRI. Curso breve de historia patria contemporánea o los años de espera en una fila de injusto silencio, donde esperamos la publicación de sus obras completas en el estado de Hidalgo.
Así de multicolor es Martré, así de diversa su simbología, así de complejas las emociones que nos genera, y vertiginosos los pensamientos, debates y reflexiones que provoca. Fiel a su tradición intelectual, Martré es un provocador, un traseúnte que no pasa desapercibido en la multitud, un viajero excéntrico entre pasajeros grises. Yo lo celebro hoy, celebro sus trajes y camisas de colores, su baile cabaretero, su plática sabrosa como las cubas libres que prepara.
lilianazur2478@gmail.com
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Noche de Iguala
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento/
REFORMA, 28 septiembre 2026;
"Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables". Andrés Manuel López Obrador, 1.12.2018
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, emitió el sábado un mensaje a 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: "Desde la Secretaría de Gobernación reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes". La verdad, sin embargo, ya la conocemos: minuto a minuto sabemos lo que pasó en Iguala y en Cocula, pero el gobierno no quiere aceptarlo.
Un grupo de 109 normalistas, la mayoría de primer grado, llegaron a Iguala el 26 de septiembre en dos autobuses robados y secuestraron ahí otros tres para trasladarse a la Ciudad de México y participar en las manifestaciones del 2 de octubre. Guerreros Unidos, la banda criminal, sabía de la llegada de los normalistas y sospechaba que iban entre ellos miembros de los Rojos, un grupo rival. "Omar García", en realidad Manuel Vázquez Arellano, actual diputado federal por Morena, era hermano de Narciso, un integrante de los Rojos asesinado el 1 de junio de 2014. "El Chereje", de Guerreros Unidos, identificó como Rojo a Bernardo Flores Alcaraz, "El Cochiloco", el líder a cuyo cargo iban los normalistas. César Nava, subdirector de la policía de Cocula, Gildardo López Astudillo, "El Gil", y Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", de Guerreros Unidos, comentaron sobre la identificación de "Omar García" como Rojo.
Los policías de Iguala detuvieron violentamente a decenas de normalistas, aunque otros lograron escapar. El ejército no participó en las detenciones, pero elementos del 27º batallón de infantería tuvieron conocimiento de la comisión de delitos y no actuaron. Los normalistas fueron entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos y trasladados a Cocula, donde por lo menos algunos fueron quemados en el basurero municipal. El padre Alejandro Solalinde declaró en varias entrevistas: "Estaban heridos, y así como estaban heridos, los quemaron vivos. Les pusieron diésel...".
Ha habido una conspiración para ocultar lo sucedido, pero viene de los líderes de Ayotzinapa, que exigieron al padre Solalinde dejar de hablar sobre la quema de los estudiantes. Muchos de los participantes en los crímenes confesaron, pero sus abogados, apoyados por los de Ayotzinapa y el GIEI, un grupo politizado de investigadores, sostuvieron que habían sido torturados. Aunque había muchas pruebas de su participación además de las confesiones, el fiscal especial de López Obrador, Omar Gómez Trejo, ex miembro del GIEI, no presentó las pruebas supervenientes para mantenerlos en la cárcel. Un juez de Tamaulipas liberó a 120 acusados, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la mayoría no habían sido torturados. Algunos, como "El Gil", fueron reaprehendidos, pero por delincuencia organizada y no por el asesinato de los normalistas. Legalmente, los crímenes de Iguala y Cocula quedaron impunes.
Ahora, en lugar de perseguir a los asesinos, el gobierno se ha lanzado contra quienes investigaron el caso y detuvieron a los responsables. El exprocurador Jesús Murillo Karam ha sido acusado de "desaparición forzada" porque presentó una hipótesis legal, la "verdad histórica", que es aún la más sólida.
El gobierno no puede seguir diciendo que tiene un compromiso con la justicia y la verdad cuando se niega a aceptar las pruebas. La CNDH pidió a la FGR en su recomendación 15VG/2018 que someta algunos de los restos humanos encontrados en el basurero de Cocula y el río San Juan a un examen genético, pero la FGR no lo ha hecho porque esto podría confirmar que los normalistas fueron quemados ahí. Y la FGR no quiere que se conozca la verdad.
·INDEPENDENCIA
El acta de independencia de México se firmó el 28 de septiembre de 1821. Si el nuestro fuera un país respetuoso de la historia, hoy celebraríamos nuestra independencia.
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Espionaje desde Palacio/Héctor De Mauleón
El Universal,
A finales de 2022 López Obrador negó que el Ejército espiara a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, a través del software Pegasus, tal y como lo había documentado la investigación “Ejército Espía” llevada a cabo por Citizen Lab, Artículo 19 y varios medios de comunicación.
AMLO sostuvo entonces que el software adquirido en 2019 por el Ejército tenía como fin llevar a cabo labores de inteligencia y no de espionaje.
Fue otra de sus mentiras. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley (HRC) acaba de documentar la realidad de un sexenio en el que 337 periodistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados, y en el que estas muertes fueron solo la punta del iceberg de un patrón de ataques y hostigamiento contra periodistas y activistas que cubrieron casos de corrupción, denunciaron abusos del Estado y dieron seguimiento al incontenible avance de la delincuencia organizada entre 2018 y 2014.
Se trata de la investigación más completa y demoledora que se ha hecho de aquel sexenio.
Parte de una base de datos verificada de agresiones, de la documentación de la compra y el uso de ciberarmas de espionaje como Pegasus y otras herramientas Geomatrix y Cellebrite UFED (un hardware que permite extraer, decodificar y analizar datos de teléfonos celulares y tabletas), del análisis de 6 terabytes de información hackeada a la Sedena por el colectivo Guacamaya, y de una revisión de las conferencias mañaneras que permitió identificar 2,287 segmentos en los que AMLO atacó y usó lenguaje estigmatizante contra periodistas y medios de comunicación.
El estudio “Bajo ataque: persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos en México”, revela “un ataque que el Estado fomentó abiertamente y que rara vez castigó”, “una campaña sostenida para castigar a los vigilantes cívicos por sus reportajes y su labor de defensa” en la que “se les trató como enemigos del Estado por exigir responsabilidad al poder”.
La investigación del HRC de la Universidad de Berkeley prueba lo que todos vimos: la vigilancia intrusiva sin orden judicial, las campañas digitales de acoso, la estigmatización desde el poder público, y la existencia de un sistema de ataque desde el Estado a través del acoso de redes de bots, del uso de aparato judicial para castigar a los críticos y “una ausencia de consecuencias tan sistemática que funcionaba como un mensaje: atacar a la prensa no tenía ningún coste”.
Según el estudio, “una impunidad de tal magnitud es un claro indicio de que México no está dispuesto o no es capaz de investigar y enjuiciar los delitos contra este grupo específico de civiles”.
El gobierno de AMLO fue el principal perpetrador de los ataques documentados por el HRC.
“Ya no hay golondrinas en los alambres”, dijo López Obrador en 2018, poco antes de que se descubriera la existencia de un centro militar de espionaje desde la Sedena. Las golondrinas, sin embargo, fueron empleadas incluso para espiar funcionarios de su propio gobierno. Todo esto, desde luego “sin autorización judicial y sin que existiera ninguna ley que facultara a las fuerzas armadas a interceptar comunicaciones privadas”.
López Obrador empleó las mañaneras para revelar datos personales y patrimoniales de periodistas críticos. Durante su gobierno se perpetraron más de 3,500 agresiones contra la prensa, según Artículo 19: intimidación, acoso, amenazas, uso ilegítimo del poder. Prácticamente la mitad de las agresiones vinieron de funcionarios de su gobierno. En el sexenio se abrieron más de 150 procesos judiciales contra periodistas y activistas.
¿Quiénes fueron los responsables del espionaje? Nada de esto pudo ocurrir sin que los titulares de la Sedena, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República lo supieran. ¿Quién recibía la información y la entregaba López Obrador para que los ataques fueran perpetrados desde la mañanera? Exactamente el mismo personaje que sigue operando desde Palacio Nacional las redes de bots y los ataques sistemáticos contra la prensa.
Hace unas semanas, la aún consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, reanudó la estrategia que la Universidad de Berkeley ha desnudado, e hizo pública una lista —que la presidenta Claudia Sheinbaum negó que fuera una lista— con 54 nombres de periodistas y medios críticos.
La pregunta es si en este sexenio continúa también el espionaje. Si Jesús Ramírez Cuevas habrá convencido a la presidenta de mantener el “seguimiento especial” a periodistas críticos, como ha quedado demostrado que ocurrió en un sexenio… que al parecer no ha terminado…
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Constituyentes
TOLVANERA / Roberto Zamarripa
REFORMA, 28 septiembre 2026
Aunque la definición del Segundo Informe Presidencial se enmarcó en el lema de honestidad y resultados, ayer en el Zócalo la palabra corrupción o corruptos no fue dicha en ningún párrafo. Cierto es que en el propio mensaje político del primero de septiembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum puso como asunto central la probidad de los funcionarios y un llamado ético.
El asunto sigue siento central. Recorre y apretuja el nervio del gobierno. Tanto que las acciones más celebradas por la propia administración federal han sido las detenciones de alcaldes y funcionarios relacionados con el crimen. Incluso la detención del ex gobernador bajacaliforniano Ernesto Ruffo era divisa. Pero el tema, extrañamente, no se pone a debate o a consideración en las plazas. El gobierno no reivindica su ejercicio de la ley.
Ha cerrado la etapa del Segundo Informe con una ratificación de principios. Con aquellos en los que fácilmente el Movimiento de la 4T puede recargarse sobre todo ante las presiones estadounidenses.
El tema de la corrupción está inserto en esas presiones. El gobierno estadounidense insiste en que los narcopolíticos deben ser castigados y pide a 12 de ellos.
Pero el asunto de la corrupción institucional no nació con la presión estadounidense. Ha sido el propio gobierno de la presidenta Sheinbaum el que ha decidido colocarlo en el centro pero parece que lo hace con arrepentimiento. Capturas de capos, la eliminación de "El Mencho", la detención de Hernán Bermúdez, el apresamiento de los hermanos Farías, 13 alcaldes de distintos partidos y entidades encarcelados, han ocurrido en los dos años de gobierno. Faltan muchos, es cierto. Pero la colección tampoco es despreciable. Una exhibición no de las rémoras del neoliberalismo sino de las complicidades del sexenio anterior que se supone no fue neoliberal.
La Presidenta no destaca esos golpes en las alocuciones públicas ni de su primero ni de su segundo informe. La palabra huachicol, esa sustancia envenenada que corrompió y descompuso a la 4T, no ha sido mencionada en ninguna plaza repleta de las que visita.
"Somos un gobierno cercano al pueblo, surgimos de un movimiento social, venimos de la lucha por la justicia y la democracia.
"Nos formamos en la plaza pública y siempre rendimos cuentas en la plaza pública", dijo ayer con emoción la Presidenta en una profesión de fe. Le colocó a esa acta de nacimiento elementos centrales de la política morenista: la búsqueda de la justicia social, la promoción de la igualdad, la defensa de la independencia y la soberanía. Y alegó que la democracia por la que propugnan no es de élites sino el "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", lo que ello signifique.
Y de manera relevante, Sheinbaum reivindicó las reformas constitucionales aprobadas en este bienio sobre todo en materia de política social y económica. Definió el tamaño de sus cambios al considerar a la legislatura actual como un Congreso Constituyente. En letras de oro, de ese Constituyente quedarán inscritos, entre otros próceres, senadores como Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Enrique Inzunza, Gino Segura, Antonino Morales o diputados como Ricardo Monreal, Pedro Haces, Cuauhtémoc Blanco, Napoleón Gómez Urrutia.
Las reformas aprobadas en distintas materias son profundas. La gestión, que al fin y al cabo es la materia de la rendición de cuentas, es la que deja qué desear.
Un gobierno-partido-movimiento que se ufana de surgir de la plaza pública y de rendirle cuentas primordialmente a esa arena. Pero que no se hace cargo de que los líderes emanados, ungidos o premiados antes que la plaza obedecen a la encuesta, a la negociación y recientemente al tamiz de las oficinas que encabeza Omar García Harfuch como la UIF y la Secretaría de Seguridad. Ya no se hurga el currículum político sino la ficha criminal.
La democracia de la discrecionalidad y del tanteo. La subordinación al expediente. Es un honor estar con visa hoy.
robertozamarripa2017@gmail.com
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Prohibido reír/Denise Dresser
REFORMA, 28 septiembre 2026
El meme es el nuevo cartón político. La caricatura de nuestro tiempo. El grafiti de la plaza pública digital. Condensa una crítica en una imagen, pincha la solemnidad del poderoso, vuelve viral lo que antes hacía un monero con plumón. Y ahora quieren regular el territorio donde vive. La denominada "Ley Antimemes" no se llama así y tampoco dice que "queda prohibido burlarse del gobierno". Conviene aclararlo porque exagerar el contenido de una ley termina ayudando a quienes quieren minimizar sus riesgos. Bajo esa etiqueta se han mezclado reformas distintas sobre propiedad industrial, identidad gráfica gubernamental, derechos de autor y responsabilidades de proveedores de internet. El problema no está solamente en lo que sus defensores dicen que pretende hacer la legislación. Está en lo que puede permitir hacer.
La iniciativa busca castigar la utilización, reproducción o imitación de la identidad gráfica de instituciones públicas para inducir al engaño. Tras las críticas, el Senado corrigió la redacción original, redujo las penas previstas y acotó algunos supuestos. Bien. Combatir páginas fraudulentas que imitan al SAT para robar datos o dinero es perfectamente defendible. Pero entonces legislen sobre fraude. No sobre expresiones suficientemente amplias que obligan a preguntarnos si también caben ahí la parodia y la sátira.
Porque con la ambigüedad comienza la pendiente resbaladiza. ¿Qué ocurre con un caricaturista que monetiza su página? Con un influencer que obtiene ingresos de sus contenidos? Con un medio que publica una parodia utilizando un logotipo oficial? Quién decide cuándo una imitación pretende engañar y cuándo pretende hacer reír? Los memes viven precisamente de apropiarse, recortar, modificar o mezclar una fotografía. Una película. Una canción. Un logotipo. Una cara. Ese es su lenguaje.
Y cuando el incentivo para las plataformas es bajar primero y preguntar después, aparece el verdadero peligro. No necesariamente la censura directa, sino la autocensura preventiva. El contenido que desaparece porque resulta jurídicamente más barato eliminarlo que defenderlo. Por eso la pregunta correcta no es si mañana alguien irá a prisión por ponerle cola de rata a Claudia Sheinbaum. La pregunta es por qué una legislación que toca directamente la expresión digital no contiene salvaguardas inequívocas para la sátira, la parodia, la caricatura y la crítica política.
La ambigüedad también censura. Censura cuando el ciudadano no sabe dónde está la raya. Cuando el creador decide no cruzarla. Cuando el medio consulta al abogado antes de publicar el chiste. Y el contexto censurador importa. Venimos del "Quién es quién en las mentiras", de funcionarios exhibiendo críticos desde Palacio Nacional, de listas de supuestos "amplificadores", de iniciativas para monitorear el ecosistema digital. Y por eso cualquier facultad vaga merece escrutinio especial.
Sobre todo en un país donde hablar puede costar la vida. El Human Rights Center de UC Berkeley acaba de publicar una investigación estremecedora sobre el sexenio de AMLO. Documentó 337 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados entre 2018 y 2024. De ellos, 78 eran periodistas y 259 defensores. El estudio también documenta vigilancia, hostigamiento digital y procesos legales abusivos, y calcula niveles de impunidad de entre 93 y 99 por ciento. Evidencia a un gobierno que no consigue proteger a quienes hablan, pero quiere ampliar las reglas sobre cómo hablan. Un gobierno que no esclarece asesinatos pero quiere esclarecer memes. Un gobierno que no logra contener la violencia, pero quiere contener el sarcasmo.
México necesita combatir deepfakes, fraudes, suplantaciones y robo de propiedad intelectual. Pero puede hacerlo sin convertir el humor en daño colateral. Porque la sátira política es incómoda por definición. Deforma. Exagera. Descontextualiza. Ridiculiza. Carlos Salinas tuvo sus orejas. Vicente Fox sus botas. Enrique Peña Nieto sus libros leídos. López Obrador sus estampitas. Sheinbaum ya tiene sus memes. Así debe ser. El poderoso que sólo tolera el humor cuando apunta hacia otro lado no defiende la libertad de expresión. Defiende su derecho a no ser molestado. Por eso la ley debe escribirse con bisturí y no con hacha. Porque cuando el gobierno empieza a decidir qué chiste cruza la raya, el problema ya no es el meme. Es quién tiene el poder de borrar la sonrisa.
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