Las columnas políticas hoy, martes 22 de septiembre de 2026..

¿Un fiasco monumental en la FGR?

El agudo análisis que Raymundo Riva Palacio despliega en su columna Estrictamente Personal, bajo el revelador título "Fábrica de mentiras", nos pone un espejo incómodo frente al sistema de justicia en México. Ernestina Godoy Ramos hizo historia al llegar a la cúspide de la Fiscalía General de la República (FGR), pero hoy,  esa historia amenaza con reescribirse desde el ojo del huracán...

Apenas el 3 de diciembre de 2025, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, el Senado le entregó las llaves de la institución. Su designación se logró con 97 votos de Morena y aliados —superando los 91 obtenidos por Gertz en 2019—, impulsada por la unión monolítica del bloque oficialista y un quiebre estratégico en la oposición. Con seis votos clave de Movimiento Ciudadano y la sospecha de otros cuatro provenientes del PAN (lo que abre la interrogante sobre una posible presión de los gobernadores), se convirtió en la primera mujer al frente de la Fiscalía con un mandato blindado hasta 2034. Sin embargo, el espejismo de estabilidad se está desmoronando rápidamente a golpe de expedientes polémicos y pifias mediáticas.

Lo que la FGR vendió con estridencia como el golpe definitivo al contrabando de hidrocarburos —un decomiso histórico de 59 millones de litros en San José Iturbide, Guanajuato— apesta a montaje político. La historia, leída a través de la lente de Riva Palacio, esconde una feroz pugna de poder. En este tablero chocan dos fuerzas: una fiscalía acostumbrada a construir casos endebles, y la figura del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien sus adversarios ya le ven alas presidenciales y, por ende, le han pintado una diana en la espalda.

La narrativa oficial hace agua por todas partes. Pasaron días de silencio injustificado entre la inspección a las instalaciones operadas por Grupo Simsa y el espectacular anuncio del "mega aseguramiento". 

¿El momento elegido para soltar la bomba? Curiosamente, coincidió con la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato. En la política mexicana, nada es casual.

Mientras la empresa se defiende con documentos en mano, argumentando que sus permisos están en regla y que solo fungen como almacén para terceros, la presión forzó a Godoy a dar un volantazo desesperado. En un acto que descalifica a su propio equipo, le arrebató el expediente a su delegado en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, para entregárselo a César Oliveros Aparicio, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). La brutal ironía de esta trama es que tanto Vera como Oliveros son hombres de la entera confianza de García Harfuch, colocados estratégicamente en las entrañas del sistema de justicia.

Al final de este confuso episodio desmenuzado en El Financiero, el colosal decomiso pende de un hilo muy fino. Si el gobierno logra probar la trazabilidad ilícita del combustible, se anotará una victoria contundente contra el crimen organizado. Pero si este castillo de naipes colapsa por falta de sustento, dejará de ser una medalla para convertirse en un fiasco monumental; una prueba fehaciente de las grietas procesales y las guerras intestinas que terminarán desgastando, de forma prematura e irreversible, el largo mandato que la fiscal tiene por delan

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Las columnas políticas hoy, martes 22 de septiembre de 2026..

¿Y la lealtad? Morenistas critican método de elección de candidatos

Bajo Reserva/ El Universal

Nos hacen ver que en Morena ya empezaron a inconformarse con la forma de elegir a sus candidatos defensores por medio de las encuestas, porque afirman que se privilegia la popularidad sobre el conocimiento. Los diputados Alejandro Carvajal, de Puebla, y Leonel Godoy, de Michoacán, protestaron y criticaron que sea un concurso de popularidad como Big Brother o La Casa de los Famosos. “Si yo salgo en La Casa de los Famosos voy a ganar la encuesta de Morena, pero si no salgo y soy una persona que estudia, no voy a ganar”, dijo don Alejandro. Y don Leonel aseguró que la “guerra sucia surtió efectos” contra Raúl Morón. ¿Dónde quedó la disciplina y la lealtad con las decisiones de su partido? Parece que ya no les gustó eso de 90 por ciento de lealtad y 10 de capacidad, que es una máxima del fundador de su movimiento.

El futbol, la prioridad del senador Castañeda

Vaya que hay de prioridades a prioridades. Y mientras el país, y estados como Jalisco, tienen problemas urgentes, hay senadores para quienes sus preocupaciones están alejadas de lo que verdaderamente afecta a la población. Es el caso, nos hacen ver, del senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, quien organizó un foro sobre ascenso y descenso en el futbol mexicano, que transmitió el canal de YouTube del Senado. El senador Castañeda, jalisciense, se aventó la puntada de decir que presentará una iniciativa de ley para que regrese el ascenso por decreto. Nos dicen que quizá la FIFA vea esta idea del legislador jalisciense como una intromisión en las reglas del deporte federado, y que considere suspensiones de México en torneos internacionales. Quizá, nos comentan, los ciudadanos agradecerían más al senador tan interesado en el futbol que presentara iniciativas sobre seguridad en estadios o para que existan mayores garantías en plazas donde la violencia del crimen organizado impide que la afición acuda con confianza con sus familias a los partidos. ¿O será que don Clemente tiene algún interés personal en el tema del ascenso y descenso?

¿El crimen organizado controlaba al futbol mexicano?

Y también dentro del citado foro sobre el ascenso y descenso en el futbol mexicano, el comentarista deportivo David Faitelson dijo que hace años el narco penetró ese deporte profesional. El popular comentarista aseguró que nadie le contó, sino que él mismo vio cómo equipos como el Querétaro y el Irapuato eran manejados por el crimen organizado. Sin embargo, nos cuentan que algún duende hizo de las suyas en el sitio del Canal del Congreso en YouTube, pues exactamente esa parte del video fue eliminada. La pregunta es si hubo censura o fue una falla técnica, porque en la transmisión en vivo sí se escuchó completa la intervención, pero quienes accedieron posteriormente al video no pudieron ver esa parte.

El llamado a misa que nunca escuchará el INE

Movimiento Ciudadano no quita el dedo del renglón e insiste en que el INE actúe conforme lo establece la ley electoral y sancione las campañas anticipadas de los llamados “coordinadores de la defensa de la transformación” de Morena. No solo ha sido la dirigencia nacional de MC, también sus coordinadores parlamentarios y otros liderazgos, que, al igual que en 2024, exigen que el INE deje de ser un árbitro complaciente y asuma su papel. Sin embargo, nos dicen, no hay muchas esperanzas de que el Consejo General del INE, que preside Guadalupe Taddei, haga caso a este reclamo, y por lo que se ha visto hasta ahora, será un nuevo “llamado a misa” que dejará pasar la autoridad electoral, uno más.

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El escándalo que viene para el gobierno de Aguascalientes/Héctor De Mauleón

El Universal, | 22-09-26

El caso Next Energy se ha convertido en una bomba para la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, y muy pronto le va a explotar. Se trata de un escándalo de contratos públicos firmados en 2019, cuando ella era presidenta municipal de la capital del estado, para la construcción de una planta solar que nunca se llevó a cabo.

Las autorizaciones de aquel proyecto fueron firmadas por funcionarios que hoy forman parte tanto del gobierno de la panista como del Poder Judicial del estado. Es decir, son ellos los encargados de investigar el caso.

El principal involucrado, Eugenio Maiz Domene, propietario de Next Energy, fue aprehendido en diciembre de 2025 y recluido en el Centro de Reclusión Social Varonil de Aguascalientes, bajo una acusación de fraude.

Entre enero y junio de 2026 se le abrieron cuatro carpetas más. Aunque por medio de juicios de amparo jueces federales han ordenado en varias ocasiones su libertad, Maiz Domene sigue preso. De acuerdo con su defensa, “No ha salido ni un solo día: cada vez que una resolución lo iba a dejar libre, apareció una orden de aprehensión nueva o se le volvió a imponer la prisión”.

En una recopilación de las irregularidades del caso, la defensa del detenido sostiene que “hay documentos fechados antes de los hechos que supuestamente les dieron origen, órdenes de aprehensión de las que no existe un registro que se pueda verificar y acusaciones que se sostienen en el dicho de una sola persona, sin video y sin el objeto del delito”.

En círculos empresariales de Aguascalientes la preocupación es la misma: que Maiz Domene pague lo que tenga que pagar, pero que esto se haga bajo el debido proceso y no bajo “lo que a todas luces es una persecución desde el gobierno del estado para tapar la participación en el escándalo de quienes hoy son funcionarios del estado, y lo que es peor: para tapar la relación entre funcionarios del estado y el dueño de Next Energy”.

Maiz Domene ha sido acusado, además del delito de fraude, de ofrecer dinero y amenazar a dos policías durante su traslado. La orden de aprehensión girada por esa causa llegó el mismo día en que un amparo sustituía su prisión por medidas de libertad.

Más tarde se le acusó de entregar droga a otro interno. La orden de aprehensión por este delito se cumplió la víspera de que se decretara su libertad.

Poco después se le abrió otra carpeta por extorsionar a un custodio dentro del penal y más adelante otra por los mismos contratos que eran investigados desde noviembre de 2024. La nueva capeta se abrió, según la defensa, “semanas después de que se le sustituyera la prisión en esa causa: para sostener la prisión llegó a hablarse de 13 hechos y dos penas de hasta 182 años”.

En el expediente hay una orden de investigar la extorsión al custodio que es anterior a la denuncia.

Hay también un peritaje llevado a cabo antes de que este se ordenara, y existen constancias, además, de que el custodio que denunció a Maiz Domene estuvo aquel día en servicio de rondín a lo largo de 24 horas: ¿cómo le hizo para ir a denunciar ese mismo día, como asegura la fiscalía?

En una carta enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, el detenido pide la intervención de autoridades federales para que se revisen las cinco carpetas: “Estoy dispuesto a que se investiguen los hechos y a enfrentar cualquier procedimiento conforme a derecho. Lo único que pido es que las acusaciones sean revisadas por autoridades ajenas a los intereses del gobierno de Aguascalientes”, escribe.

“No le pido que ordene mi libertad. Le pido que impida que sigan inventándose delitos para evitarla”, agrega.

En ese documento de cuatro cartillas escritas de puño y letra, Maiz Domene afirma ser víctima de una persecución:

“La respuesta que encuentro después de estos ocho meses, es profundamente preocupante: en Aguascalientes existe un gobierno cooptado por los intereses personales y políticos de la gobernadora (…) La fiscalía y el Poder Judicial del estado parecen actuar en contubernio para cumplir una decisión tomada de antemano: que yo no recupere mi libertad”.

Empresarios locales han manifestado su inquietud ante las presuntas irregularidades y la falta de certeza que acompaña el caso Next Energy.

En una convocatoria a los medios, la defensa ha anunciado que expondrá las irregularidades presentes en las carpetas y presentará pruebas de actos de corrupción vinculados al Poder Judicial de Aguascalientes. Entre la documentación, habría información que puede sacudir por completo las estructuras políticas del estado.

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Estrictamente Personal

Fábrica de mentiras/Raymundo Riva Palacio

El Financiero, septiembre 22, 2026 |

Tamaño embrollo en el que se encuentra la Fiscalía General de la República, donde el aseguramiento de una planta en Guanajuato con 59 millones de litros de combustible, que calificó como el contrabando de combustible “más grande en la historia”, está en el umbral de convertirse en un fiasco. La FGR volvió a mostrar que es pésima para procurar la justicia, pero una sólida fábrica de mentiras. En este momento ya no se sabe si esa operación fue un gran paso en falso, si hay algo de combustible robado en el producto que entregaron para su almacenamiento, si fue un distractor o un pretexto para golpear al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a quien los duros de la ‘4T’, y los ajenos, le ven alas de candidato presidencial.

Esta última acción de la FGR está llena de hoyos por todos lados y preguntas sin responder. El anuncio del mega aseguramiento se hizo el pasado jueves 17, 13 días después de que las autoridades habían detenido una pipa en San Luis de la Paz. Al no poder mostrar la trazabilidad del combustible, las autoridades llegaron a la planta de Gas Natural del Noroeste, inaugurada en 2017, donde había cargado la pipa, en San José Iturbide, Guanajuato, a unos 40 kilómetros de distancia. Durante dos días las autoridades revisaron su documentación y se fueron sin clausurarla. Cuando dos semanas después se hizo el sonoro anuncio de la FGR, el Grupo Simsa, al que pertenece la empresa operadora de la planta, aclaró tres cosas: que sus permisos están en regla, que ya proporcionaron la documentación a las autoridades y que no son dueñas del combustible, al que solo cuidan y almacenan para terceros.

El siguiente momento fue de pánico mediático. La fiscal Ernestina Godoy ordenó el traslado del expediente de la delegación de la FGR en Guanajuato a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para indagar, informó, la trazabilidad fiscal del combustible. Lo que hizo fue descalificar la actuación de Juan Francisco Vera Ayala, que fue designado a finales de enero pasado como el delegado de la FGR en Guanajuato. El caso lo llevará ahora el titular de Delincuencia Organizada, César Oliveros Aparicio, que asumió esa fiscalía en diciembre de 2025.

Oliveros Aparicio, que era el fiscal para temas de huachicol y uno de los instrumentadores de la operación mediática que acabó con Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR, al filtrar el criterio de oportunidad para el empresario Hugo Rocha Cantú, exdueño de Miss Universe y presuntamente vinculado con el robo de combustible, en asociación con Andrés López Beltrán, sustituyó en la FEMDO a Alfredo Higuera Bernal, como parte de las piezas que estaba moviendo García Harfuch para meter todo el cuerpo en la fiscalía y alinearla a sus esfuerzos en el combate al crimen organizado.

El nuevo titular de la FEMDO es de toda su confianza, y tenía una vieja relación con Vera Ayala, que fue uno de los fiscales que García Harfuch fue enviando como delegados en todo el país para tener el control de la procuración de justicia, y no la responsable legal, la fiscal Godoy. Oliveros Aparicio había sido vicefiscal en Tabasco, durante el gobierno de Arturo Núñez, y coincidió con Vera Ayala, que era el vicefiscal de Delitos de Alto Impacto en el mismo estado.

Vera Ayala llegó precedido de un escándalo en Tabasco que llegó a la Suprema Corte de Justicia que, en diciembre de 2022, resolvió un amparo otorgando la inmediata libertad de tres personas a quienes detuvo en 2015 acusándolos por un secuestro en Macuspana, por lo que fueron sentenciados a 50 años de prisión. El pleno de la Corte avaló por unanimidad el proyecto, que señalaba que habían sido inculpados por Vera Ayala y María del Rosario Delfín, en ese entonces titular de Delitos de Alto Impacto, donde “fabricaron pruebas contra los acusados”.

La fabricación de acusados es algo que pareciera estar en el ADN de la FGR de la ‘4T’.

Godoy, como fiscal general en la Ciudad de México, se subordinó al entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para encarcelar a Laura Morán, que fue pareja de su hermano durante medio siglo, y a su hija Alejandra Cuevas, por haberlo descuidado de una enfermedad que lo llevó a la muerte. Por edad, Morán no fue a la cárcel, pero su hija sí, a quien detuvo la entonces fiscal capitalina sin orden de aprehensión. La denuncia de Gertz Manero contra su familia política se basó en una figura inexistente en el Código Penal, la de “garante accesoria”, por medio de la cual, Godoy logró que encarcelaran a la señora Cuevas durante 553 días.

El caso también llegó a la Suprema Corte de Justicia, que en marzo de 2022 votó unánimemente a favor del amparo liso y llano en favor de las señoras Morán y Cuevas, la cancelación de una orden de aprehensión y su liberación inmediata, señalando que Gertz Manero y Godoy manipularon la ley, inventaron acusaciones, ignoraron pruebas de las acusadas de homicidio por comisión, incurrieron en misoginia y violaron derechos humanos. Es decir, los últimos garantes de la procuración y administración de justicia le dispararon un tiro a la cabeza a la ley.

Godoy ha estado involucrada en diversos casos polémicos durante sus años como fiscal local y federal. Dos casos muestran fuertes indicios de haber actuado políticamente: la tragedia de la Línea 12 del Metro, en donde los señalamientos fueron por el manejo de responsabilidades penales que no alcanzó a todos los responsables de la obra y protegió a funcionarios, y la persecución que hizo, fuera de su jurisdicción, en contra del exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, por la polémica investigación de un feminicidio.

Pero el caso en San José Iturbide es más complejo de entender, al no haber explicación alguna sobre por qué tardaron 13 días entre la investigación en la planta y el anuncio del aseguramiento, donde los funcionarios responsables de la confusión que se vive responden a García Harfuch. No obstante, si se confirmara que una parte sustancial de los 59 millones de litros procedían del contrabando, probaría la capacidad de México para combatir ese delito. Si no es así, el golpe principal sería para la FGR, porque pasaría de ser un gran golpe a un aseguramiento cuya hipótesis no logró acreditarse –consistente con la trayectoria de la fiscal de la presidenta–.

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El montaje del “decomiso histórico de huachicol”/Carlos Loret de Mola

El Universal, 

Horas antes de que llegaran de visita a Guanajuato la presidenta Sheinbaum y su gabinete de Seguridad, estaba listo un operativo contra las policías municipales de tres municipios gobernados por Morena en el estado.

Cuando supieron del asunto, los altos funcionarios federales frenaron el operativo: no se había establecido coordinación con las fuerzas federales y tratándose de detener a decenas de policías con acceso a armamento, preocupaba que reaccionaran violentamente (balaceras, narcobloqueos, etc.) estando la presidenta y su gabinete de Seguridad en Guanajuato sin la protección adecuada para un escenario así.

Detrás de ese operativo estaba la misma persona que unos días antes encabezó lo que llamaron “el mayor decomiso de huachicol en la historia de México”: el delegado de la FGR en Guanajuato (el cargo se llama ahora Fiscal Federal en el Estado), Juan Francisco Vera.

Hoy, Vera está bajo la lupa del gobierno federal. A él le atribuyen el montaje de haber catalogado como huachicol un depósito industrial de dimensiones espectaculares con 59 millones de litros de combustible. En la reunión de seguridad de Palacio Nacional ayer lunes, el reporte que le dieron a la presidenta Sheinbaum fue escalofriante: hasta este momento no hay ninguna prueba de que el combustible sea ilegal.

Por eso el gobierno empezó a dar pasitos para atrás después del anuncio con bombo y platillo del “decomiso histórico”. La empresa se defendió en un comunicado expresando que toda su operación es legal y que los documentos para probarlo son públicos. Surgieron por todos lados reportes de que los empresarios dueños son gente honorable que no tendrían ninguna necesidad de meterse al negocio sucio del huachicol. Se supo que el operativo no había sucedido cuando se anunció, sino dos semanas antes. Se contradijeron autoridades federales y estatales sobre si había personas en la planta al momento del operativo. Con todo esto, arrinconado por la creciente evidencia de que todo fue una pifia, el gobierno emitió un comunicado con un tono cauteloso (casi-casi se retracta) que distó mucho del anuncio grandilocuente de un par de días antes.

Estamos frente a otro montaje del régimen. Es escandaloso. ¿Cada cuándo los descubren en un montaje? ¿Uno cada tres meses, uno al mes?

Hoy, bajo sospecha de haber orquestado el falso decomiso de huachicol más grande en la historia de México, está el Fiscal Federal en el Estado de Guanajuato, Juan Francisco Vera. Y en ese sentido, otra vez está bajo la lupa la atropellada y errática gestión de Ernestina Godoy en la FGR. Pero, además, las autoridades federales, según fuentes que me revelaron todo lo que se plasma en esta columna, saben que también alguien del gobierno panista de Guanajuato actuó de la mano con Juan Francisco Vera. Está bajo investigación la actuación del fiscal local, Gerardo Vázquez Alatriste, y el secretario de Seguridad guanajuatense, Juan Mauro González Martínez.

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La pipa que condujo a SIMSA y las prisas de la FGR/Mario Maldonado

El Universal, | 22-09-26 | 03:00 

La investigación comenzó el 3 de julio en una gasolinera de San Luis de la Paz, Guanajuato. Una pipa descargaba 33 mil litros de diésel que su conductor no pudo acreditar. La revisión llevó a las autoridades hasta una terminal de San José Iturbide, donde fueron asegurados 59 millones de litros de gasolinas y diésel.

El operativo fue presentado como uno de los mayores golpes contra el huachicol. Sin embargo, la instalación está autorizada para almacenar combustibles. Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo SIMSA, exhibió el permiso PL/19344/ALM/2016 y sostuvo que el producto pertenece a clientes que deben acreditar su procedencia.

La cronología contiene un vacío. Según información publicada por medios de comunicación, el operativo ocurrió el 4 de septiembre, la terminal reanudó actividades el día 10 y el aseguramiento fue anunciado hasta el 17, cuando llevaba una semana funcionando nuevamente.

El permiso de SIMSA autorizaba el almacenamiento, pero no el origen ni la trazabilidad del combustible incautado. La FGR deberá entonces establecer si éste fue adquirido conforme a la ley, si se pagaron impuestos y quiénes son sus propietarios. Hasta ahora existe un aseguramiento, no un decomiso definitivo.

La FEMDO atrajo el expediente, mientras que la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, informó que varias empresas deben entregar documentación sobre origen, manejo y destino. La presidenta Claudia Sheinbaum también reaccionó y pidió a la Fiscalía presentar los detalles. Previamente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que no hubo detenidos porque no había personas en el predio, aunque anticipó detenciones.

Grupo SIMSA tiene seis décadas en el sector. Salomón Issa Murra fundó el consorcio en Torreón en 1967. Sus hijos, Salomón y Nesim Issa Tafich, asumieron la administración en 2010 y ampliaron operaciones.

Un recuento de junio de 2023 identificó 292 permisos vinculados con 11 de 26 empresas relacionadas con los Issa Tafich. Los registros de la Comisión Nacional de Energía mezclan autorizaciones en operación, pendientes, vencidas, terminadas y modificadas. Los principales corresponden a Combugas, las filiales de Torreón y Zacatecas, y a Gas Natural del Noroeste.

La integración del grupo también quedó bajo revisión regulatoria. En 2022, 10 empresas relacionadas con SIMSA solicitaron a la Comisión de competencia una opinión sobre su participación simultánea en distintos eslabones del mercado de hidrocarburos. El punto era determinar si compañías bajo un mismo control podían operar en transporte, almacenamiento y comercialización sin favorecer a sus propias filiales ni limitar el acceso de competidores.

SIMSA también ha enfrentado conflictos con competidores. En Navojoa, Gas Natural del Noroeste y Monterrey Energy Pipeline se acusaron por derechos de vía, invasión y sabotaje. La FGR abrió una carpeta y un socio de MEP fue vinculado a proceso. En Coahuila, el conflicto con EON Energy derivó en la detención de su propietario por supuesto fraude, en un expediente cuestionado por la defensa. Otra filial obtuvo en 2018 un amparo de la Suprema Corte por vicios legislativos en reglas sobre reporte de precios, volúmenes y estructura corporativa.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador inició su sexenio con una cruzada contra el huachicol. Cerró ductos, reforzó la vigilancia militar y compró pipas para supuestamente reducir el robo directo. Pero los ilícitos cobraron fuerza no sólo con el contrabando, sino con cargamentos declarados como aditivos que cruzaron puertos y aduanas: el huachicol fiscal.

Sheinbaum y Harfuch han desplazado la persecución hacia barcos, trenes, terminales, facturas y pedimentos. La estrategia busca reconstruir operaciones financieras y comerciales, no sólo localizar combustible.

El caso de SIMSA y los 59 millones de litros pone a prueba a la FGR y al gabinete de seguridad: ¿corresponden a operaciones lícitas?, ¿existen inconsistencias documentales o fiscales y qué responsabilidad corresponde a cada involucrado? La pipa condujo a una terminal. Ahora la investigación debe conducir, con pruebas y control judicial, al origen del combustible y a sus propietarios.

Posdata 1

El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, elevó la presión sobre Morena rumbo a las elecciones de 2027. Advirtió que la alianza puede fracturarse si el partido mayoritario continúa tomando decisiones sin incorporar a sus aliados y abrió las puertas del PT a los aspirantes inconformes con los procesos internos. Su reclamo es que Morena se siente con capacidad para competir solo, debido a la debilidad de la oposición, y ha dejado de escuchar tanto al PT como a algunos de sus propios liderazgos.

La disputa tiene como principal objetivo Baja California Sur, una de las gubernaturas que el PT quiere encabezar dentro de la coalición. Para conseguirla, los petistas están utilizando como instrumentos de negociación las inconformidades de Zacatecas y Guerrero, donde respaldaron perfiles que no obtuvieron las coordinaciones, y podrían sumar también Quintana Roo. No se trata todavía de una ruptura definitiva, sino de una negociación territorial: el PT busca que Morena reconozca su peso electoral y le entregue por lo menos una candidatura competitiva a gobernador.

La lectura de la dirigencia petista es que el Partido Verde recibió un trato preferencial. Considera que Quintana Roo quedó bajo la influencia de un grupo político estrechamente relacionado con el Verde y anticipa que San Luis Potosí también podría reservarse para ese partido. El PT, en cambio, no tiene hasta ahora una gubernatura asegurada. La advertencia de Sandoval y la posibilidad de postular a morenistas inconformes forman parte de esa presión. La alianza no está rota, pero el reparto de Baja California Sur definirá si el PT permanece como socio electoral de Morena o comienza a competir con candidatos propios.

Posdata 2

Se sabe que la designación de Verónica Díaz como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Zacatecas abrió una inconformidad entre los grupos de Morena que respaldaban a Ulises Mejía Haro. Diversas encuestas públicas habían colocado a Mejía entre los perfiles mejor posicionados. Esas mediciones generaron una expectativa que ahora requiere una explicación técnica.

Ulises Mejía, sin embargo, ha actuado con responsabilidad. No ha roto con Morena, no ha desconocido a la coordinadora ni ha convertido su inconformidad en una confrontación contra la familia Monreal. Su petición consiste en conocer la metodología, la muestra y los resultados de las encuestas internas. Transparentarlos no debilitaría la designación de Verónica Díaz; por el contrario, ayudaría a fortalecerla, cerraría espacios a las especulaciones y facilitaría la integración de los grupos que participaron en el proceso.

El plan B de Mejía tampoco tendría que pasar por una candidatura opositora. Su mejor ruta es mantenerse dentro de Morena, regresar a la Cámara de Diputados, conservar su estructura territorial y participar en la construcción de la unidad rumbo a 2027. Cuenta con reconocimiento electoral y con una base propia que puede ser relevante para el futuro.

El reto de Ariadna Montiel y Citlalli Hernández será conducir un acuerdo que reconozca plenamente a Verónica Díaz e incorpore a Mejía y a los demás aspirantes. Morena necesita explicar los resultados, ordenar a sus corrientes y evitar que una diferencia procesal termine convertida en una fractura electoral.

Posdata 3

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, y el exgobernador del Banco de México y también extitular de Hacienda, Guillermo Ortiz, protagonizaron un choque público sobre la situación económica y social de México. Ortiz publicó un artículo en el que cuestionó la lectura presentada por Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno. Reconoció que la pobreza disminuyó alrededor de 12 puntos porcentuales desde 2018, que también bajó la pobreza extrema y que el salario mínimo se duplicó en términos reales, pero sostuvo que esos avances no bastan para concluir que los mexicanos viven mejor. Su argumento es que el gobierno destaca los indicadores que favorecen su narrativa y resta importancia a los que muestran deterioro.

Ortiz puso el énfasis en la calidad del empleo y de los servicios públicos. La proporción de trabajadores en la informalidad llegó a 55% hacia finales de 2025, su mayor nivel en tres años, y prácticamente todos los empleos netos creados durante ese año fueron informales. El exsecretario de Hacienda también señaló problemas en salud, educación y seguridad. Su conclusión fue que las transferencias sociales elevaron el ingreso de millones de hogares, pero no necesariamente ampliaron sus oportunidades de movilidad. En otras palabras, la 4T elevó el piso para una parte de la población, mientras que el techo de crecimiento, educación, atención médica y empleo formal siguió limitado.

Amador respondió con una comparación directa entre los resultados actuales y el periodo en que Ortiz encabezó Hacienda, de 1994 a 1997. Recordó que durante esos años la pobreza patrimonial pasó de 52.3% a 63.7% y la pobreza alimentaria aumentó de 21.2% a 33.3%, mientras la crisis de 1995 llevó la inflación a 51.97%. Contrastó esos datos con la inflación de 3.26% registrada en agosto de 2026 y con la reducción de más de 13 millones de personas en situación de pobreza desde 2018. También responsabilizó a Ortiz de haber respaldado la conversión del Fobaproa en deuda pública y afirmó que su gestión privilegió el rescate de los bancos sobre el gasto social.

El intercambio contrapone dos formas de evaluar la economía: Ortiz concentra su análisis en la informalidad laboral y la calidad de los servicios, mientras Amador destaca la reducción de la pobreza, la recuperación salarial, la estabilidad de precios y el aumento del gasto social. Ambos utilizan indicadores distintos para responder una misma pregunta: cuánto ha mejorado realmente el bienestar de los mexicanos desde 2018.

Posdata 4

La Liga MX llevó un millón 920 mil 373 aficionados a los estadios durante las primeras ocho jornadas completas del Apertura 2026, el segundo mejor arranque de su historia. El promedio fue de 26 mil 672 espectadores por partido y quedó solamente por debajo del Clausura 2016, que registró un millón 999 mil 553 asistentes en el mismo periodo. La diferencia entre ambos torneos es de 79 mil 180 personas. El Clásico entre América y Guadalajara también impulsó la convocatoria de la jornada nueve, que reunió a 244 mil 652 aficionados.

El crecimiento es considerable frente a los torneos recientes. La asistencia aumentó 21.7% respecto al Clausura 2024, 36.4% frente al Apertura de ese año, 26.1% en comparación con el Clausura 2025 y 25.5% contra el Apertura 2025. La precisión es que el acumulado todavía no incluye la jornada siete, debido a que siguen pendientes los partidos América-Tijuana y Querétaro-Rayados. Aun con esos encuentros por disputar, el torneo ya superó por poco al Clausura 2015 y se colocó entre los de mayor convocatoria de la última década.

Esto se da mientras el modelo de competencia del futbol mexicano vuelve al debate público. Este lunes el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, presentó una iniciativa para recuperar el ascenso y descenso y establecer reglas para los clubes y la Federación Mexicana de Futbol, y mientras la Comisión Nacional Antimonopolio mantiene una investigación por posibles prácticas anticompetitivas y barreras de acceso.

@MarioMal

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