Cenizas, cárteles y austeridad simulada: las verdades que estrelló un jet en Nayarit

 Cenizas, cárteles y austeridad simulada: las verdades que estrelló un jet en Nayarit

Por Fred Alvarez Palafox

El silencio de la sierra en Ixtlán del Río fue quebrado la tarde del domingo 4 de octubre por el impacto de un jet privado. Los habitantes de Mezquites vieron caer, envuelto en llamas, un Cessna Citation I/SP 501 con matrícula XB-BAR. Entre los fierros calcinados quedaron las vidas del piloto Óscar Quesada y su copiloto, Ricardo. Habían despegado del aeropuerto Amado Nervo de Tepic con rumbo a Aguascalientes. Lo que en los primeros minutos se leyó como una trágica fatalidad de la aviación, en menos de 48 horas mutó en un escándalo que desnudó las contradicciones, la opacidad y los privilegios en la cúpula del poder estatal.

Con el humo aún sobre la sierra, el luto de dos familias fue rápidamente eclipsado por un choque de narrativas oficiales y revelaciones periodísticas que colocaron al gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, en el centro de una tormenta política.

La coartada local: el fantasma del cártel

Al día siguiente de la caída, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Elvia Ludmila Heredia, intentó dar un giro de timón al caso. En un encuentro con medios, sugirió una hipótesis de alto impacto: el desplome podría haber sido un atentado del crimen organizado dirigido al gobernador, quien utilizaba la aeronave con frecuencia.

Para sostener la teoría, la fiscalía expuso la captura de El Talibán II, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien se le incautaron teléfonos celulares con bitácoras precisas de los vuelos de funcionarios estatales. El mandatario estatal secundó la narrativa del asedio criminal, reconociendo la profunda infiltración de la delincuencia en las corporaciones locales y recordando que había recibido amenazas tras arrebatar 750 hectáreas a grupos delictivos. "Es necesario limpiar a Nayarit", sentenció.

Sin embargo, la tesis del magnicidio en grado de tentativa chocó de frente con el muro de Palacio Nacional.

El desmentido federal

A cientos de kilómetros de la sierra nayarita, la presidenta Sheinbaum despresurizó la tensión y, con ello, desarmó la defensa mediática del gobierno estatal. Durante su conferencia matutina, al ser cuestionada sobre la posibilidad de un atentado, su respuesta fue tajante: el Gabinete de Seguridad no tiene un solo indicio de un ataque contra el gobernador.

"No sé si fue caída, como tal [...] Más bien, tuvo un desperfecto, por lo que sé", acotó la titular del Ejecutivo. La frialdad de la respuesta federal dejó en el aire una pregunta : ¿por qué el gobierno de Nayarit se apresuró a invocar la sombra del narcotráfico ante un aparente accidente mecánico? La respuesta parece asomarse en la propiedad y el uso real de la aeronave.

El "jet set" y el vuelo familiar: el golpe a la austeridad

Mientras las autoridades estatales hablaban de cárteles, investigaciones periodísticas destapaban la verdadera naturaleza del vuelo. El diario Reforma reveló en su primera plana que el Cessna  formaba parte del uso cotidiano del gobernador y su familia, contraviniendo frontalmente el "Decálogo Presidencial" y los principios de austeridad que prohíben estrictamente el uso de jets privados como transporte habitual.

La crítica se vuelve más aguda al analizar los detalles del siniestro: el fatídico vuelo de Tepic a Aguascalientes tenía, presuntamente, el propósito de recoger a la hija del mandatario.

Pero la irregularidad trasciende la doble moral política y roza la ilegalidad administrativa. El jet operaba bajo la matrícula XB, una nomenclatura aeronáutica que lo restringe de manera estricta al uso privado, prohibiendo terminantemente su renta comercial como taxi aéreo. A esto se suma el perfil del propietario: la empresa CABJE, registrada en Metepec, Estado de México. Lejos de ser una compañía de aviación, su actividad comercial oficial es la compra-venta de maquinaria y equipo, figurando además como proveedora oficial del Gobierno de Durango.

El desplome del Cessna obliga a cuestionar bajo qué esquema jurídico o contable un gobernador y su familia utilizaban la aeronave privada de una empresa comercializadora de maquinaria para realizar recados personales en estados vecinos.

Hoy, Ixtlán del Río guarda el eco de un impacto que le costó la vida a dos hombres. Pero en el terreno político, el fuego consumió la retórica. Entre los restos de la aeronave no solo se investiga una falla mecánica, sino el retrato de una élite gobernante que, mientras discursea sobre austeridad y se escuda en las amenazas del crimen, viaja en el aire bajo las mismas prácticas de opacidad que prometió erradicar.