ACADEMIA INTERNACIONAL DE CAPACITACIÓN POLICIAL EN QUERÉTARO
El eco de la primera piedra y los oficios perdidos/Fred Alvarez Palafox
El eco de la primera piedra de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro -integrada al Complejo Rhino-, resonó con más fuerza en los pasillos de Palacio Nacional que en la propia obra. | Fred Álvarez.
La Silla Rota, opinión, 7/10/2026 · 22:04 hs
Mientras el gobierno queretano justificó el acto de la colocación de la primera piedra de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro ante la Federación como una simple visita de cortesía, la delegación de EU lo proyectó con los reflectores de un hito estratégico binacional.
Mientras el gobierno queretano justificó el acto de la colocación de la primera piedra de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro ante la Federación como una simple visita de cortesía, la delegación de EU lo proyectó con los reflectores de un hito estratégico binacional.(Cuartoscuro)
El eco de la primera piedra de la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro -integrada al Complejo Rhino-, resonó con más fuerza en los pasillos de Palacio Nacional que en la propia obra. Lo que a nivel local se orquestó y vendió como un avance histórico en materia de seguridad, en la arena política detonó un cortocircuito que frenó en seco la coordinación entre el gobernador panista Mauricio Kuri y la Federación, desatando una onda expansiva que terminó golpeando directo al embajador estadounidense, Ronald Johnson.
Todo estalló la mañana del lunes 5 de octubre. Desde el atril presidencial, Claudia Sheinbaum lanzó un reproche público y frontal: acusó al mandatario estatal de invitar al diplomático sin convocar a la Cancillería ni al Gabinete de Seguridad. La narrativa oficial de aquella mañana dictaba que el gobierno federal había sido relegado por completo de la jugada.
Pero la burocracia tiene memoria y, casi siempre, un acuse de recibo. Ese mismo día, desde Querétaro se filtró un oficio firmado por Kuri y sellado por la oficina de Roberto Velasco en la Secretaría de Relaciones Exteriores el 25 de septiembre, una semana completa antes del evento. El documento aclaraba meticulosamente que se trataba de un encuentro "protocolario". Además, la fotografía del presídium desmintió la supuesta orfandad federal que acusaba la Presidenta: ahí estuvieron, en primera fila, el capitán primero David Valadez Arenas, de la Guardia Nacional; el general brigadier Aldo Raúl Gómez Quintero, de la 17ª Zona Militar; y Javier Rodríguez Uribe, delegado de la FGR en Querétaro. Todos ellos atestiguaron la colocación de una piedra que, paradójicamente, el gobierno federal aseguraba no haber visto venir.
El verdadero contraste de visiones, sin embargo, radicó en el peso que cada parte le otorgó al proyecto, y fue ahí donde un mensaje en redes encendió la pradera. Mientras el gobierno queretano justificó el acto ante la Federación como una simple visita de cortesía sin impacto en convenios internacionales, la delegación estadounidense lo proyectó con los reflectores de un hito estratégico binacional.
Durante la ceremonia, el embajador Johnson detalló que la academia serviría para entrenar a las fuerzas del orden en la incautación de drogas, armas y dinero ilícito. Esta postura expansiva fue reafirmada públicamente el 3 de octubre, cuando el diplomático publicó en su cuenta oficial un post: "Los Estados Unidos y Querétaro amplían la cooperación en materia de seguridad con la nueva Academia Internacional de Capacitación Policial", y agrego un video de 28 segundo y un comunicado oficial
Este mensaje —que a todas luces no fue consensuado con el equipo de Kuri— terminó por dinamitar la paciencia en Palacio Nacional. Subrayó la profunda discrepancia del episodio: lo que a nivel local se diseñó como un acto inofensivo para no despertar suspicacias, la embajada lo celebró a los cuatro vientos como una ampliación directa de la cooperación y la consolidación de una alianza que ha canalizado más de 10 millones de dólares hacia el estado en la última década.
La noche de ese convulso lunes, obligada por la crisis mediática, la Cancillería emitió la nota informativa 014/2026. En ella, la dependencia terminó reconociendo que, en efecto, había recibido el aviso queretano informando sobre la visita del embajador para abordar “diversos temas de interés común”, donde se precisaba que el acto no implicaba mecanismos directos de cooperación internacional.
A pesar de la concesión, el comunicado fijó la postura inamovible de la Federación: al ser un proyecto que en la práctica prevé cooperación en seguridad con un gobierno extranjero, la academia debe someterse irremediablemente a la aprobación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG). El texto cerró revelando que el canciller Velasco y el gobernador Kuri habían charlado, ofreciendo el "acompañamiento" de la Cancillería para regularizar las gestiones. El fuego diplomático parecía contenido en el papel, pero en la opinión pública y en las mesas de redacción, las aguas siguieron irremediablemente turbias.
El anzuelo, la evasiva y el dardo diplomático
En realidad, el reclamo sobre Querétaro fue un dardo directo contra el embajador Johnson por su supuesto injerencismo. La crisis nació de una provocación en la mañanera del lunes 5 de octubre: una reportera arrinconó a la Presidenta citando el libro “Pueblo”, donde el expresidente López Obrador tilda al diplomático de "entrometido policía". La trampa estaba cantada: avalar los insultos desataría un conflicto inmediato con Washington; contradecirlos implicaba chocar con su predecesor.
Sheinbaum desactivó la jugada de tajo: "Como Presidenta, tengo que tener una opinión diplomática siempre". Con esa frase encapsuló los dichos como una postura personal de AMLO. Pero, lejos de esquivar el bulto, aprovechó la inercia para lanzar su propio contragolpe y exponer el agravio queretano.
A lo largo del intercambio, escaló el tema hasta convertirlo en una acción de Estado. Aclaró que no lo consideraba un delito penal, pero justificó exhibirlo públicamente para evitar que estas prácticas se "normalicen", ordenando desde el atril que la Cancillería exigiera explicaciones tanto al gobernador como a la embajada.
Así, la mandataria logró deslindarse de la víscera de López Obrador, pero demostró que comparte el fondo del reclamo sobre la soberanía frente a Estados Unidos, ejecutando una amonestación política en tiempo real... aunque con un pequeño desliz inicial: pasar por alto que, pese a la queja de ausencia, el presídium sí contó con mandos federales de la Guardia Nacional, el Ejército y la FGR. Pecado menor.
La mesura de Monreal frente al vacío de Bucareli
Tras la crisis desatada y el duro reclamo presidencial, la respuesta desde el flanco oficialista dejó ver dos caras radicalmente opuestas: la operación política fina y el desconcierto institucional.
Ante los reflectores de San Lázaro, el diputado Ricardo Monreal asumió su rol de operador mayor aplicando una estrategia de estricto equilibrio entre la firmeza y la distensión. De entrada, cerró filas con la Presidenta: al invocar la Carta Magna y la Ley de Seguridad Nacional, respaldó el malestar del Ejecutivo y elevó el debate a un asunto de soberanía. Y cuando los reporteros buscaron avivar la hoguera sugiriendo una provocación opositora deliberada, Monreal rechazó el anzuelo. Atribuyó el tropiezo del gobernador Mauricio Kuri a la "premura" o el "desconocimiento", eximiéndolo de mala fe y ofreciéndole una salida digna para rectificar sin morder el polvo. Apelando a sus antecedentes compartidos en el Senado con Kuri, suavizó las asperezas del conflicto.
La jugada de Monreal reflejó la postura dual de la Federación: marcar una línea roja intransitable en materia de seguridad nacional, pero utilizando la diplomacia legislativa para evitar que un error de protocolo derive en una ruptura innecesaria.
En contraste con la operación de Monreal, la reacción de la Secretaría de Gobernación dejó más sombras que respuestas. ¿Qué dijo Rosa Icela? Primero habló de una supuesta “cautela institucional” para admitir, sin tapujos, que no tenía información sobre el asunto. Escudarse en que primero debe "recabar información" para no avivar un conflicto es un eufemismo inaceptable para maquillar la evasiva de responsabilidades. Decir “voy a investigar de qué se trata” no es la postura de la responsable de la estabilidad política del país; es la respuesta de un oficinista al que le acaban de extraviar un memorándum en el escritorio, con todo respeto.
Si la funcionaria encargada de mantener el pulso del país, anticipar riesgos y coordinar la política interior se entera de los temas de seguridad nacional al mismo tiempo que el ciudadano que lee las noticias en el café, el mensaje que se emite desde el Palacio de Covián es lapidario: más que prudencia institucional, lo que hay es un evidente vacío de poder.
La “escuelita” constitucional y el revés al oficio queretano
El tema siguió en la conferencia matutina del martes 6 de octubre; de hecho, escaló de un regaño político a una exhibición jurídica. Ante la pregunta expresa del reportero Alberto Rivera (24 Horas) sobre si la polémica academia policial cuenta con autorización para operar, la presidenta Sheinbaum no dejó margen de duda al asegurar que ni siquiera ha pasado por el Grupo de Alto Nivel. A modo de clase magistral, la mandataria desmenuzó el conflicto y desarmó la defensa del gobierno estatal basándose en que la ley no es opcional. Recordó que por mandato constitucional y según la Ley de Seguridad Nacional, los estados tienen prohibido pactar directamente con potencias extranjeras, por lo que cualquier cooperación debe solicitarse a través de la Cancillería y ser aprobada por el Gabinete de Seguridad.
Además, Sheinbaum atajó el oficio que el gobierno de Mauricio Kuri había filtrado a la prensa un día antes, aclarando que ese papel era una simple notificación sobre la asistencia del embajador estadounidense y nunca una solicitud legal para que agencias de Estados Unidos operaran en dicha academia. Para anular cualquier pretexto, exhibió en pantalla al propio secretario de Seguridad de Querétaro, quien durante el evento presumió abiertamente que el centro estaba concebido para recibir capacitación especializada extranjera. Con sus propias palabras se comprobó que decidieron saltarse la ventanilla federal. Aunque Querétaro tiene nueve proyectos internacionales aprobados desde 2021, la Presidenta precisó que esta academia no figura entre ellos, enviando un mensaje claro: el primer paso para hablar de Estado de derecho es no brincarse las leyes mexicanas.
Sobre las consecuencias legales del acto, Sheinbaum matizó explicando que por ahora solo se ha colocado la primera piedra de un complejo que aún no opera, pero lo calificó como un claro alertamiento al gobierno de Querétaro. La advertencia es directa, ya que si el objetivo es operar una academia internacional involucrando agencias estadounidenses, el estado está obligado a cumplir con todos los procedimientos legales. Serán las instancias federales las que determinen si la participación extranjera es factible. Finalmente, sobre la asistencia del embajador, confirmó que la Cancillería sí fue notificada, pero remató sentenciando que el problema no es la presencia del diplomático, sino la naturaleza de la actividad y la falta de los permisos necesarios para desarrollarla.
La soberanía no vive en los oficios sellados
Este pulso entre la Presidencia y la embajada de EU apenas comienza. Según un reporte de Santiago Pérez para The Wall Street Journal, Claudia Sheinbaum ha endurecido su discurso, distendiéndose de la cooperación incondicional de los últimos años para priorizar la defensa a ultranza de la soberanía nacional.
Un antecedente clave ocurrió cuando Washington acusó a políticos y exfuncionarios de Baja California de proteger al Cártel de Sinaloa. Ante ello, relata el rotativo, la mandataria confrontó a su propio gabinete de seguridad —particularmente al secretario Omar García Harfuch— por dar por buenas las filtraciones estadounidenses, sugiriendo que buscaban desestabilizar a su gobierno. Y aunque consideró que las irregularidades financieras no probaban nexos criminales, terminó autorizando el congelamiento de cuentas para evitar una fractura mayor.
Pero más allá de las tensiones binacionales, el episodio de Querétaro destapó una preocupante cadena de omisiones internas.
Recapitulando: el estado coloca la primera piedra de una academia policial con el embajador Johnson como invitado estrella. La Presidenta, con la ley en la mano, denuncia una falta grave: el gobierno local se saltó a la Defensa Nacional, al Gabinete de Seguridad y a la Cancillería. De inmediato, el gobernador Mauricio Kuri revira con un as bajo la manga: un oficio fechado el 23 de septiembre donde notificó formalmente a la SRE sobre una visita que catalogó como "protocolaria". Es aquí donde debemos aplicar la precisión sobre la precisión.
Si la Cancillería tenía ese documento en su escritorio desde septiembre, ¿por qué nadie frenó el evento a tiempo? ¿Por qué no se marcaron las fronteras de esa visita antes de que ocurriera? El gobierno federal exige, con toda justicia, respeto al Estado de derecho, pero al mismo tiempo confiesa una inacción administrativa severa. No se puede dejar pasar el balón en la burocracia para luego gritar gol en la tribuna pública.
Tampoco podemos ignorar un detalle: este diferendo no ocurre en el vacío; es la onda expansiva de las tensiones heredadas. Una pregunta de la prensa sobre el libro de López Obrador —donde tilda al embajador de "entrometido policía"— sirvió como el catalizador perfecto. Sheinbaum maniobró con agudeza: no secundó el insulto, lo encapsuló diplomáticamente como una opinión personal de su antecesor, pero aprovechó el micrófono para dar un manotazo en la mesa. Fue un mensaje innegociable de autoridad.
Entonces, ¿de quién es la culpa? La irresponsabilidad es compartida. Por un lado, un gobierno estatal que intentó tomar un atajo, disfrazando de "protocolo" lo que los hechos delataban como cooperación operativa. Por el otro, un aparato federal que descuidó la puerta. ¿Y el embajador? Sería absurdo llamarlo a cuentas por asistir a donde lo invitan: cuidar nuestras fronteras institucionales no es tarea de los extranjeros, sino obligación exclusiva del Estado mexicano.
Al final de esta historia, nos queda una lección dolorosamente humana. Mientras las autoridades estatales y federales gastan energía proyectando láminas, discutiendo leyes y pasándose la factura de su propia desorganización, allá afuera hay una ciudadanía aterrorizada por la violencia que clama por policías de verdad.
La politización de la seguridad nos deshumaniza. Olvidamos que el objetivo de una academia policial no es servir de trofeo político para un gobernador, ni de pretexto ideal para una reprimenda presidencial. Su único fin debe ser proteger a la gente.
La verdadera soberanía no vive en los oficios sellados; se demuestra garantizando la paz en las calles. Y para eso, a nuestros políticos les sobra ego y les urge coordinación.
Para la historia inmediata…
Fred Álvarez
@fredalvarez
No hay comentarios.:
Publicar un comentario