El choque entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum.: la ruptura del protocolo y la guerra por el relato.
Más allá del impacto mediático, la entrevista de la gobernadora Maru Campos con Carlos Loret de Mola en Latinus dejó al descubierto la fragilidad institucional. Distante de la habitual narrativa de cooperación entre estados y Federación, la mandataria chihuahuense exhibió la fractura política al detallar el ríspido encuentro que sostuvo a puerta cerrada con la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de septiembre en el aeropuerto de Ciudad Juárez..
En la entrevista, la mandataria chihuahuense relató un ríspido diálogo de escasos diez minutos en el que afloraron reclamos en ambos sentidos. De acuerdo con el testimonio de Campos, la titular del Ejecutivo federal le reclamó la supuesta intervención de agencias estadounidenses en la desarticulación de un laboratorio clandestino en el estado, bajo el argumento de que la maniobra entorpecía los acuerdos bilaterales con Washington.
Por otro, la gobernadora justificó su molestia en los reiterados embates emitidos desde la conferencia matutina presidencial, donde se le ha acusado de traición a la patria.
La tensión escaló cuando Campos afirmó haber señalado directamente a liderazgos de Morena —mencionando a Ariadna Montiel y a ediles de la Sierra Tarahumara— por presuntos nexos con el crimen organizado, a lo que la mandataria federal reaccionó devolviendo los señalamientos hacia la administración estatal.
Las revelaciones de la mandataria chihuahuense dejan al descubierto tres lecturas clave sobre el momento político.
En primer lugar, se rompe el patrón habitual de la "entrega pactada"; a diferencia de otros exgobernadores de oposición que optaron por el repliegue y una posterior salida diplomática, Campos descartó cualquier consulado y calificó la oferta electoral guinda en el estado como un riesgo de "narcopartido", buscando cerrar filas en Acción Nacional y blindar la sucesión gubernamental en Chihuahua.
En segundo lugar, la seguridad pública queda exhibida como rehén de la disputa política. El reclamo por el laboratorio clandestino y la presunta injerencia de agencias extranjeras evidencia la falta de alineación en materia de inteligencia entre el Gobierno Federal y el estado, mostrando el riesgo de que la polarización partidista condicione la estrategia nacional de seguridad.
Finalmente, se observa una clara quema de naves institucionales.
Romper la confidencialidad de una reunión privada con la titular del Ejecutivo Federal es una apuesta táctica de alto riesgo. Con este movimiento, Campos busca posicionar en la opinión pública la narrativa de resistencia y persecución política, aun a costa de dinamitar los canales directos de negociación con la Presidencia.
El testimonio de Maru Campos confirma que la relación entre la Federación y las gubernaturas de oposición ha dejado atrás la cortesía política para entrar en una etapa de confrontación abierta, donde la seguridad y la disputa electoral se juegan en el mismo terreno.
La réplica en la Mañanera: la versión de Palacio Nacional
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el encuentro a puerta cerrada en Ciudad Juárez fue ciertamente tenso y con elevaciones de voz: "Hubo gritos, levantamos la voz. Ella inició la conversación reclamando", reconoció la Presidenta, dando crédito a la tirantez del diálogo, aunque dio un giro narrativo clave al asegurar que fue la propia gobernadora panista quien abrió el fuego cruzado al cuestionar los señalamientos en su contra.
Sin embargo, la Presidenta matizó el relato de la chihuahuense al revelar que, lejos de un choque ideológico frontal, la gobernadora buscó un deslinde operativo. Según Sheinbaum, Campos negó haber autorizado el ingreso irregular de agentes estadounidenses a territorio estatal para el operativo en el narcolaboratorio y trasladó toda la responsabilidad a su exfiscal general, César Jáuregui —hoy bajo investigación federal—. "Ella me dijo: 'No fui yo, fue mi ex Fiscal'. Pero no sólo me dijo eso; me dijo que habían encontrado actos de corrupción cometidos por él y que el Fiscal tiene casinos", relató la titular del Ejecutivo en la mañanera..
Ante la gravedad de las imputaciones, la Presidenta refirió haber instado a la mandataria estatal a actuar por la vía legal, facilitándole un canal directo con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, ante quien la gobernadora habría ratificado la misma versión acusatoria contra su excolaborador. Asimismo, Sheinbaum confirmó que Campos acusó a la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, de presuntos nexos con el crimen organizado en la región serrana. No obstante, la Mandataria atajó el señalamiento enfatizando la falta de sustento probatorio: "Le dije: 'Si tienes pruebas, preséntalas'. Hasta ahora no han presentado ninguna", subrayó..
La réplica de Palacio Nacional expone así una doble estrategia: por un lado, desarmar el relato de persecución política exhibiendo las contradicciones internas y las acusaciones cruzadas en el equipo de la gobernadora; por el otro, contener la crisis institucional acotando el conflicto a lo declarativo. Pese al ríspido choque de reclamos en la frontera, la versión oficial concluyó con el compromiso de mantener la interlocución operativa: los temas de seguridad nacional se canalizarán a través de la SSPC que encabeza Omar García Harfuch, mientras que la gobernabilidad política quedará en manos de la Secretaría de Gobernación. Resta ver si las formas institucionales resistirán la inminente fricción del escenario electoral.
Contrarréplica: "guerra de dimes y diretes"
Durante una entrevista en el programa Por la Mañana con Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula, la gobernadora de Chihuahua contradijo a la Presidenta al señalar que ella no acusó al exfiscal César Jáuregui, pues sostuvo que las autoridades federales ya contaban con información sobre su actuación.
"Ellos también sabían cuál era el actuar de César Jáuregui y ya tenían información acerca del exfiscal, entonces no me pueden decir que yo lo acusé. Hay muchas contradicciones en esta plática", declaró.
Campos Galván consideró que la controversia con la presidenta de la República amenaza con convertirse en una "guerra de dimes y diretes", en la que reconoció la desventaja de su posición institucional. "Ella es la Presidenta de la República y es difícil ganarle o ponernos en competencia", sostuvo.
Respecto a la presencia de agentes estadounidenses en la entidad, la gobernadora reiteró que no estaba enterada de dicho operativo y que este fue coordinado por el exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comandante Zuany, y el exfiscal. Añadió que no le corresponde pronunciarse sobre la situación para no vulnerar el debido proceso ni la presunción de inocencia, dejando el caso en manos del Poder Judicial.
Por otro lado, al ser cuestionada sobre los señalamientos en contra de Ariadna Montiel —a quien vinculó con el Cártel de Sinaloa desde 2021—, la gobernadora argumentó que no ha presentado pruebas ante las autoridades porque su prioridad es responder a la ciudadanía de Chihuahua. Ante esto, la presidenta de México defendió la honestidad de Montiel y subrayó que ante acusaciones de tal gravedad es indispensable presentar pruebas.
Al respecto, la mandataria estatal concluyó señalando que quizá acuda a la Fiscalía a presentar las pruebas correspondientes, aprovechando que la Presidenta abrió la puerta al tema.
Sin embargo, se prevé poco probable que la denuncia prospere ante la falta de autonomía de la FGR. Aun así, el haber ventilado el asunto funciona como una "vacuna" política para Maru Campos frente a los señalamientos de haber negociado el estado de Chihuahua o la entrega del exfiscal.
Un dato para la historia inmediata!
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Sombras en el INE: auditoría sin excepciones...
El activo más valioso de cualquier árbitro electoral no es su presupuesto ni sus instalaciones, sino la confianza ciudadana. Por ello, las crecientes revelaciones sobre presunto tráfico de influencias, nepotismo e irregularidades en las contrataciones del INE encienden una alerta roja que no admite matices.
Las investigaciones periodísticas publicadas por Reforma y El Universal exhiben una alarmante red de complicidades dentro de la institución.. Se documentan desde contratos a empresas vinculadas con asesores cercanos a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, hasta la presencia de colaboradores informales sin registro en nómina que ejercen un poder real dentro del instituto.
A esto se suma el involucramiento de mandos en Comunicación Social con antecedentes de inhabilitación y firmas privadas que lucran con la capacitación para la elección judicial.
Ante este panorama, la postura expresada por la presidenta Sheinbaum en la mañanera resulta oportuna y contundente: "No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", dijo...
Al respaldar que se realicen auditorías exhaustivas y subrayar que la autonomía institucional no puede utilizarse como un escudo para evitar la fiscalización, la mandataria marca un límite indispensable. Cuidar al instituto no significa encubrir conductas indebidas ni proteger intereses particulares.
Guadalupe Taddei ha solicitado la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y del Órgano Interno de Control. Sin embargo, ante el volumen de los hallazgos, las explicaciones administrativas quedan cortas. El INE enfrenta una prueba decisiva para demostrar que sus mecanismos de rendición de cuentas funcionan de manera autónoma, objetiva y caiga quien caiga.
Permitir la opacidad dentro de la casa del arbitraje democrático es dinamitar la credibilidad de los futuros procesos electorales del país.
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Coahuayana: la captura del "Mando 20" y la deuda con la verdad..
Por Fred Álvarez Palafox
La aprehensión en Colima de David "N", alias el Mando 20, junto a dos de sus principales operadores, es una noticia que debe reconocerse y celebrarse sin regateos. La labor de inteligencia coordinada entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encabezada por Omar García Harfuch, y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR demuestra que, cuando existe articulación institucional y voluntad operativa, el Estado mexicano tiene la capacidad real de golpear los nodos más violentos del crimen organizado.
Detener a los presuntos autores materiales e intelectuales del brutal atentado registrado el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, representa un paso indispensable para llevar justicia a las familias de las seis víctimas mortales y a los heridos de aquella trágica jornada.
Sin embargo, el éxito operativo de hoy no borra la discusión de fondo sobre la naturaleza de los hechos ni sobre la narrativa con la que el Gobierno Federal intentó matizarlos. Como advertí a los pocos días de la tragedia en La Silla Rota —bajo el título "El auto bomba en Coahuayana, un acto narcoterrorista"—, la detonación de un vehículo cargado con explosivos de alta potencia en un perímetro urbano nunca fue una simple "pugna entre bandas" ni un incidente menor de la delincuencia común. Fue, en toda la extensión de la palabra, un acto de narcoterrorismo diseñado deliberadamente para sembrar pánico, vulnerar a las instituciones y aterrorizar a la población civil.
La eficaz captura de estos objetivos prioritarios confirma una realidad incómoda: la inteligencia preventiva era perfectamente posible antes de que el vehículo detonara.
Celebrar la contundencia de las Fuerzas Armadas y de la SSPC en esta aprehensión obliga también a exigir una severa autocrítica institucional. La seguridad de Michoacán no puede seguir subordinada a la capacidad de respuesta posterior al desastre, ni a la pasividad de autoridades locales que priorizan la agenda política y partidista por encima de las emergencias que asolan a sus municipios.
La caída de alías el Mando 20 es un triunfo innegable de la justicia sobre la impunidad y un acierto operativo que se le reconoce a la autoridad en su justa dimensión. Resta ahora garantizar que el proceso penal sea impertérrito, que las carpetas de investigación no se desmoronen en el Poder Judicial y que la estrategia de seguridad nacional entienda que golpear a las cabezas criminales exige, además, nombrar a los delitos por su verdadero nombre, sin eufemismos ni regateos políticos.
PD… comparto mi video comentario de diciembre de 2025..https://studio.youtube.com/video/bqKNtjohfBs/analytics/tab-overview/period-default
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Las columnas políticas hoy, viernes 23 de octubre de 2026
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Templo Mayor/ REFORMA;
HACE MUCHO que no se vivía una jornada tan tensa y difícil como la de ayer en el INE, en la que la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, estuvo en el centro de la controversia pues la revelaciones sobre su extrema cercanía con un consorcio empresarial que es proveedor del propio instituto ponen en tela de juicio la honestidad con la que se manejan los recursos públicos del INE.
Y MÁS cuando sigue surgiendo evidencia de que la convivencia, por no llamarla complicidad, tiene en el ajo a buena parte de la estructura de funcionarios electorales que llegaron al cargo por decisión de Taddei. Pareciera que se saben inmunes a la rendición de cuentas, de ahí que no les importe aparecer al lado de sus proveedores en fiestas y cenas demasiado íntimas como para pensar que son meros encuentros casuales. El problema no es la amistad en sí, sino la amistad que sirve de pretexto para el negocio y para amañar licitaciones.
SE SABE que las consejeras y los consejeros del INE están divididos en cuanto al apoyo a Taddei. Hay un sector, aparentemente minoritario, que está dispuesto a jugársela con la sonorense bajo la creencia de que la 4T la sostendrá contra viento y marea. El otro grupo está en favor de que si no renuncia, al menos se separe del cargo de consejera presidenta, como un acto necesario -aunque insuficiente- para restablecer la imagen y la confianza en el INE.
TREMENDO APRIETO en el que metió Daniel Sibaja a su jefe político, Higinio Martínez, presidente del Senado. Resulta que en su calidad de secretario técnico, solicitó a la Cancillería trato diplomático para senadoras y senadores, a fin de que pudieran acceder al Salón de Protocolo del AICM. ¡Como si los legisladores necesitaran más privilegios! Según lo dicho por el propio Higinio, Sibaja no lo enteró del favorcito que estaba pidiendo a la SRE. ¿Entonces quién anda promoviendo esas solicitudes? Porque sobran senadores morenistas que gustan de usar los salones VIP con cualquier pretexto y ahora querían uno donde no se les molestara.
VAYA PROBLEMA se armó ayer en Puebla con el bloqueo de transportistas en la entrada de la carretera procedente de la CDMX, en protesta por el asesinato de uno de sus dirigentes que fue acribillado cuando viajaba en su auto por las calles de la capital camotera. Ante la inacción de la autoridad para indagar ese crimen, decidieron cerrar el paso de la carretera federal. El bloqueo ocurrió a la vuelta de las oficinas de la Secretaría de Seguridad poblana.
¿Y LAS AUTORIDADES estatales? Pues no hicieron gran cosa pues el gobernador Alejandro Armenta anda disfrutando de un helicóptero que dijo comprar en Londres para tareas de seguridad, pero tal parece que ya anda en otros usos. Por lo pronto, los poblanos la pasaron mal, fastidiados por la ausencia de autoridad.
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Sheinbaum les leyó la cartilla a gobernadores rumbo a 2027/Mario Maldonado
El UniveRSal, | 23-10-26
La presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática con los 24 gobernadores de la 4T. Este miércoles, durante los últimos 20 minutos de la reunión en Palacio Nacional, les pidió unidad y les leyó la cartilla. Según tres versiones compartidas con esta columna, quienes no consiguieron impulsar a sus aspirantes fueron conminados a respaldar a los coordinadores designados y aprender a “soltar el poder”.
Sheinbaum también les advirtió que no podrán disponer de las diputaciones y presidencias municipales para acomodar a sus grupos. La selección, les dijo, será por encuesta. La advertencia tiene una razón electoral. Como hemos venido comentando aquí, Morena necesita candidatos competitivos en las ciudades con amplios sectores de clase media, donde según las encuestas internas el respaldo de Morena va en picada. Repartir candidaturas entre los grupos locales puede tener un costo en las urnas.
La Presidenta convocó a los gobernadores a un encuentro para revisar los programas de vivienda y el funcionamiento del IMSS-Bienestar. A la sesión sobre Vivienda para el Bienestar acudieron los mandatarios de la oposición. Después, solo permanecieron los del bloque gobernante para revisar salud y los temas electorales.
El llamado se dio 11 días después de que Morena tomara protesta a sus 17 coordinadores estatales. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, no habían terminado de hacer los acuerdos con quienes cuestionaron los resultados del proceso interno. Los conflictos involucran a gobernadores, alcaldes, legisladores y dirigentes del PT y del Verde.
En Baja California Sur, Víctor Manuel Castro respaldó a Milena Quiroga, pero la coordinación quedó en Manuel Cota Cárdenas, hijo del exgobernador Leonel Cota. La aspirante pidió una revisión técnica del proceso. En Tlaxcala, Ana Lilia Rivera ganó frente a Alfonso Sánchez García, identificado con Lorena Cuéllar. El 12 de octubre, el vocero estatal explicó que el gobierno no había reconocido la designación porque correspondía al partido pronunciarse.
En Guerrero, la ganadora, Beatriz Mojica, no era la candidata de la gobernadora Evelyn Salgado. Tampoco Esthela Damián, sino el propio Félix Salgado Macedonio. En Quintana Roo, Eugenio “Gino” Segura declaró que no habría vetos para quienes apoyaron a Rafael Marín, pero tampoco negociación de candidaturas para reconciliar a los grupos. Marín descartó abandonar Morena y después se reunió con Segura. Marybel Villegas mantuvo sus cuestionamientos a las encuestas y acusó una negociación con el Verde.
En Zacatecas ganó Verónica Díaz, cercana a David Monreal, y los reclamos provinieron de Ulises Mejía, José Narro, Geovanna Bañuelos y Carlos Puente. La disputa incluyó a los tres partidos aliados. El 16 de octubre, Montiel acudió a buscar la unidad, pero se reportaron las ausencias de Ulises y Saúl Monreal.
En Nayarit, Héctor Santana encabezó la encuesta, pero un ajuste de paridad favoreció a Jasmine Bugarín, proveniente del Verde y quien en breve se convertirá al morenismo. Santana aceptó y Geraldine Ponce dijo que respetaría la decisión.
La advertencia a los gobernadores da cuenta de la influencia de la Presidenta en el proceso electoral de 2027. Sheinbaum les pidió renunciar a la posibilidad de imponer a sus candidatos. Falta ver quiénes aceptarán y quiénes se rebelarán.
Posdata 1
Zoé Robledo tendrá que explicar en el Senado por qué el IMSS acotó la Modalidad 40 y qué sustento tiene la decisión. El legislador Alfonso Cepeda Salas, presidente de la Comisión de Seguridad Social y dirigente del SNTE, anunció que citarán al funcionario, aunque todavía no hay fecha. El propio senador adelantó parte de la defensa del Instituto al comparar el esquema con prácticas del magisterio que permitían mejorar pensiones mediante plazas adicionales antes del retiro.
El acuerdo del Consejo Técnico, publicado el 21 de octubre, limita las nuevas incorporaciones al último salario base de cotización más una UMA y establece que surtan efectos desde la solicitud. Quienes ya estaban inscritos conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado y se reconocerán las semanas y los salarios efectivamente pagados. La consecuencia es concreta para quienes planeaban elevar sus aportaciones antes de jubilarse bajo el régimen de 1973, cuyo cálculo considera el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas.
Hay un punto del documento que Robledo debería explicar con precisión. El Consejo Técnico impuso la restricción mientras encargaba a la Dirección de Finanzas un análisis del impacto del esquema, con un plazo de hasta seis meses. Después, el área jurídica tendrá hasta otros seis meses para elaborar una propuesta normativa. Aunque el acuerdo refiere informes previos, no publica sus cifras ni cuantifica el ahorro esperado. La medida afecta decisiones de retiro mientras el Instituto termina de estudiar sus consecuencias financieras.
Posdata 2
Durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, presentó los resultados de la estrategia de seguridad de la administración de Clara Brugada. De acuerdo con las cifras expuestas, los delitos de alto impacto disminuyeron cerca de 19%, los homicidios dolosos más de 18%, los feminicidios 41% y el robo de vehículo con violencia 55%. También informó sobre la ampliación de los cuadrantes de vigilancia y el fortalecimiento del equipamiento policial.
Los avances fueron reconocidos tanto por legisladores de Morena, quienes expresaron un amplio respaldo al secretario, como por representantes de la oposición, quienes coincidieron en que hay avances importantes en la materia.
A estos resultados se suma el desempeño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en los operativos desplegados durante el Mundial, que le valió un reconocimiento en el Estadio Azteca. El acto pasó un tanto desapercibido, pese a que puso de relieve el trabajo de los policías capitalinos para atender las exigencias de seguridad de un evento de esa magnitud.
La comparecencia contó además con la presencia de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal, entre quienes destacó Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y colaboradora cercana de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Posdata 3
La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por la Cámara de Diputados el 6 de octubre, dejaría en manos de Hacienda una decisión que afecta directamente a los comercios. La dependencia definiría en qué sectores los negocios tendrían que aceptar exclusivamente pagos digitales. El proyecto busca reducir el uso de efectivo y facilitar la fiscalización del SAT, pero deja pendientes los criterios para determinar quiénes quedarían sujetos a esa obligación.
Esa facultad podría contravenir la Constitución, pues corresponde al Congreso delimitar los sectores afectados. También es cuestionable la posible restricción a la libertad de comercio y los establecimientos todavía no tienen claridad sobre montos, condiciones, supervisión y sanciones.
Además, para las pequeñas empresas la adaptación tendría un costo. Luis Antonio Andrade León, del Colegio de la Contaduría Pública de México, ya advirtió sobre las comisiones y el gasto que implicaría incorporar medios electrónicos de cobro.
Posdata 4
El próximo 31 de octubre, Casa Náufrago, vinícola dirigida por Kevin Rosas en Parras de la Fuente, Coahuila, será sede de RIZOMA, un festival que reunirá a Stavroz, Viken Arman, Tom & Collins y Sinego, entre otros exponentes de la música electrónica. La propuesta combina conciertos, vino y gastronomía dentro de un viñedo, con una asistencia prevista por los organizadores de alrededor de mil personas.
La apuesta tiene una lectura de negocios. Además de la venta de entradas y el consumo dentro del recinto, un encuentro de este tipo puede generar demanda para hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios de Parras. El efecto dependerá de cuántos asistentes lleguen de otras ciudades, cuánto tiempo permanezcan y qué proporción del gasto se quede en negocios locales. Por ahora, la información del festival no incluye una estimación de derrama económica.
Para Casa Náufrago, RIZOMA representa una oportunidad de ampliar su negocio más allá de la venta de vino y atraer visitantes mediante una oferta musical y gastronómica. El reto será convertir esa convocatoria en visitas recurrentes al viñedo y demostrar que el festival puede sostenerse como una actividad adicional para el turismo de Parras.
@MarioMal
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¿Pemex rescatado?
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA, 23 octubre 2026;
"Poner a refinar a Pemex es igual que quemar dinero en la hoguera". Rosanety Barrios
En el ánimo siempre triunfalista de las mañaneras el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, afirmó este 21 de octubre: "Pemex está fortaleciendo su capacidad para generar energía, producir más valor dentro del país, mejorar su situación financiera y seguir apoyando a las comunidades".
La empresa, continuó, mantiene "una producción estable [de crudo y condensados] cercana a la meta de 1.8 millones de barriles diarios... La producción de gas natural aumentó 7.5 por ciento respecto a 2024 y supera los 4,900 millones de pies cúbicos diarios... Actualmente, refinamos 81 por ciento más petróleo que en 2018, al pasar de alrededor de 612 mil barriles por día a más de un millón 100 mil barriles diarios... En 2018, de cada 100 litros vendidos, solo 24 eran producidos por sus propias refinerías. Hoy, son 87 de cada 100... En menos de dos años Pemex redujo su deuda en más de 20 mil millones de dólares".
El director no mencionó una sola vez el concepto fundamental de cualquier informe de resultados de una empresa: "ganancias". Quizá podríamos suponer que los avances que presume habrían elevado las ganan-cias de la empresa para hacer los pagos que redujeron la deuda, pero no es así.
Empecemos por la deuda. Sí ha habido una disminución, pero no la logró Pemex con sus ganancias. En el segundo trimestre de 2026 la empresa registraba una deuda financiera, sin contar proveedores, de 77,500 millones de dólares, contra 97,600 millones al cierre de 2024. Pero las pobres ganancias de la empresa no pagaron esta disminución. Nada más en 2025 el gobierno entregó aportaciones de capital a Pemex por 396,200 millones de pesos, unos 22 mil millones de dólares. En el primer semestre de 2026 estas aportaciones fueron de 100,444 millones de pesos, unos 5,580 millones de dólares. El gobierno ha entregado a Pemex en año y medio más de 27 mil millones de dólares de aportaciones al capital, pero la empresa solo ha reducido su deuda en 20 mil millones.
En un año en que las petroleras han ganado carretadas de dinero por los altos precios del crudo, Pemex ha obtenido una bicoca. En el segundo trimestre de 2026 su utilidad integral fue de solo 1,802 millones de pesos, unos 100 millones de dólares, 91 por ciento menos que los 21,270 millones de pesos del segundo trimestre de 2025. La utilidad fue 0.3 por ciento de los 510,443 millones de pesos de ingresos totales. Para comparar, en 2025, la brasileña Petrobras tuvo una utilidad neta de 19,634 millones de dólares, 22 por ciento de los 89,195 millones de dólares en ventas.
Refinar más no significa generar más utilidades para la empresa o sus accionistas, que somos los mexicanos. Nada más en 2024, ya con Dos Bocas en operación, Pemex TRI (Transformación Industrial) tuvo una pérdida neta de 583,194 millones de pesos, 10 veces más que los 57,037 millones de 2018. La verdad es que la refinación siempre ha perdido en Pemex, mientras que las ganancias se generan en la exportación de crudo. En ningún año de 2011 a 2024 Pemex TRI tuvo utilidades. En 2024 Pemex TRI perdió 41.94 dólares por barril procesado (Francisco Barnés de Castro, "Sistema Nacional de Refinación"). En una situación así, aumentar la producción profundiza las pérdidas.
La presidenta Sheinbaum ha afirmado en repetidas ocasiones que los gobiernos de la 4T han rescatado a Pemex. La información oficial, sin embargo, tiene otros datos. El gobierno le está inyectando dinero a Pemex, pero no lo está rescatando de sus problemas.
· SHEFFIELD
El senador morenista Ricardo Sheffield votó contra la iniciativa que permitirá a Hacienda prohibir el efectivo en los mercados que quiera. Argumentó que sería mejor darle esta facultad a un organismo colegiado autónomo como el Banco de México, pero la aplanadora morenista aprobó la ley sin cambiar una coma. No tuvieron siquiera tiempo de leerla, me dijo Sheffield en una entrevista de radio.
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Estrictamente Personal
Empezaron las operaciones de EU en México/Raymundo Riva Palacio
El Financiero, octubre 23, 2026 |
Reavivar el episodio en la Sierra Tarahumara de hace casi seis meses, donde murieron en un accidente dos agentes de la CIA tras un operativo para desmantelar un laboratorio del Cártel de Sinaloa, le da sentido a la declaración del presidente Donald Trump del 15 de octubre en la Casa Blanca: las operaciones terrestres contra los cárteles de las drogas y, eventualmente, políticos que los protegen ya comenzaron. No llegaron marchando tropas por la frontera, sino agentes de la CIA que salieron de las fuerzas especiales del Ejército y la Marina, con experiencia en las guerras contra Al Qaeda y el Estado Islámico en Afganistán, Irak, Siria o Libia.
En este espacio publiqué el 21 de abril, dos días después del accidente, que la operación en la que habían participado había sido sin el conocimiento del gobierno federal. Esto significaba que una parte importante del operativo había sido realizada de manera encubierta. El domingo 19 de abril sólo había trascendido que habían muerto dos estadounidenses, y al día siguiente, Katarina Szulc, una periodista canadiense especializada en la cobertura de los cárteles mexicanos, reveló que los estadounidenses eran agentes de la CIA estacionados en Monterrey. Tenía una imprecisión relevante. No eran parte de la oficina en la capital de Nuevo León, sino que habían ingresado a México encubiertos, para reforzar esa operación.
Aquel episodio volvió al centro de la atención pública el sábado pasado, cuando el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, fue detenido por la Fiscalía General acusado de traición a la patria, por no haber informado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como exige la Ley de Seguridad Nacional, de la cooperación en campo de agentes extranjeros. En medio del debate público sobre la dureza de la acusación, el martes se filtraron los nombres de los dos agentes fallecidos y su hoja reciente de servicios: Richard Leiter Johnson III, del Ejército y exboina verde, que son fuerzas especiales, y John Dudley Black, capitán del Cuerpo de Marines. Ambos con experiencia en Afganistán.
La revelación de los nombres tiene un alto significado, aunque no se pueden plantear posibles motivaciones por desconocerse si la filtración vino de Washington, Chihuahua o la Ciudad de México. Sólo trascendieron en México, lo que añade humo a la fuente de origen, lo cual llama la atención. Hasta ahora, la CIA no tuvo una postura oficial ni ha reconocido que Johnson y Black fueran sus agentes. La CIA ha admitido pública, pero discretamente, a 140 personas de la agencia muertas durante su servicio, de las cuales 32 permanecen todavía sin ser identificadas.
Los nombres de su personal figuran como estrellas de bronce en su Memorial Wall, un muro de mármol en la recepción del cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, a 15 kilómetros de Washington. Sólo en casos excepcionales, “la compañía” ha informado rápidamente de la muerte de uno de sus empleados. La última vez fue el 28 de noviembre de 2001, cuando el entonces director de la CIA, George Tenet, informó de la muerte de un agente, tres días antes, durante un levantamiento de prisioneros talibanes en Afganistán. El primero fue la muerte de Richard Welch, jefe de Estación de la CIA en Grecia, que se volvió paradigmático.
El nombre de Welch y su cargo como jefe de la CIA habían sido publicado en varios medios estadounidenses y europeos, pero en noviembre de 1975, el periódico Athens News, que se editaba (ya no existe) en la capital griega, y Eleftherotypia, un diario griego de izquierda que cerró en 2014, publicaron su dirección en Atenas. El 23 de diciembre de 1975, al regresar de una cena en la casa del embajador, fue asesinado en la puerta de su casa por el grupo terrorista de extrema izquierda Organización Revolucionaria 17 de Noviembre.
Su muerte aceleró la aprobación del Acta de Protección de Identidades de Inteligencia en 1982, que hacía un acto criminal publicar su identidad deliberadamente, a fin de contener la difusión de nombres de los agentes de la CIA, que no pudo frenarse en su totalidad hasta que tras los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001, el Congreso unánimamente pasó el Acta Patriota para combatir al terrorismo y crímenes financieros, que abrió la puerta para que quien revelara nombres de agentes en el mundo, pudiera ser juzgado en tribunales estadounidenses y terminar en la cárcel.
La revelación de las identidades de los agentes que murieron en la Sierra Tarahumara tiene una relevancia política-diplomática, sobre todo si la filtración fue de autoridades mexicanas, porque habrían abierto un nuevo frente de tensión diplomática, pero, sobre todo, de desconfianza por la ligereza con que abordan asuntos delicados que deberían mantenerse con confidencialidad. De haber sido así, no se entendería el proceder mexicano, pese a que, como lo reconocen, fueron mantenidas en la oscuridad sobre la participación de los agentes de la CIA en territorio mexicano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores no tenía conocimiento de los agentes, y no había tramitado su acreditación y la circunscripción territorial en la que trabajarían. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tiene registro de alguna autorización para que Johnson y Black pudieran internarse en territorio mexicano para fines de intercambio de información. El Instituto Nacional de Migración reportó que no tenía información y registros de entrada de los agentes fallecidos, ni de los otros dos que participaron en la operación, cuyas identidades no se han revelado. El Centro Nacional de Inteligencia nunca se enteró de su presencia.
El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, de acuerdo con fuentes de primera mano, tampoco fue informado de su participación en los operativos de Chihuahua, que es un procedimiento para mantenerlo libre de cualquier acusación de haber violado leyes mexicanas, y fue enterado de lo que había sucedido por la muerte de los agentes. Si no hubieran fallecido, no se sabe si la CIA le habría dicho en algún momento de sus operaciones encubiertas en Chihuahua, y probablemente el gobierno mexicano no lo hubiera sabido de no haberse dado ese accidente.
Cualquiera que haya sido la fuente de la filtración, el mensaje que queda es claro: el gobierno de Trump, como lo ha venido advirtiendo ante la inacción contra los cárteles y el andamiaje de protección e impunidad que crearon para los gobernadores de Morena y políticos en general, inició operaciones terrestres en México que no terminaron con el episodio en Chihuahua, sino que evidenciaron que lo que comenzó no se frenará.
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Sinaloa, el epicentro/Lourdes Mendoza
Sobremesa
El Financiero, octubre 23, 2026 |
Hay estados que pesan por su población, otros por su economía y otros por el número de votos que ponen sobre la mesa. Sinaloa pesa por algo mucho más delicado: hoy es uno de los puntos donde se concentra la crisis de seguridad que condiciona la relación entre México y Estados Unidos. No es por su extensión territorial, no es por su aportación al PIB ni tampoco por los siete distritos federales que representa. Washington está viendo otro mapa.
Está viendo la tierra donde nació y se desarrolló una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Una estructura que desde Sinaloa construyó conexiones internacionales para producir, transportar y distribuir cocaína, heroína, metanfetaminas y, finalmente, fentanilo. El propio Departamento de Justicia estadounidense utilizó este año una definición que debería haber provocado una discusión mucho mayor en México: señaló a Sinaloa como el epicentro geográfico del narcotráfico global. Eso cambia la dimensión del problema.
Sinaloa dejó hace mucho tiempo de ser únicamente un asunto de seguridad pública mexicana. Lo que ocurre aquí toca directamente intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa está considerado por las autoridades estadounidenses como una organización terrorista. Sus redes son perseguidas dentro y fuera de Estados Unidos. Ya no se observa solamente a los narcotraficantes; también se observan sus estructuras financieras, sus operadores y, cada vez con mayor atención, a sus narcopolíticos.
Y ahí empieza la parte verdaderamente incómoda. En 2026, fiscales federales estadounidenses presentaron acusaciones contra el gobernador Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas. Son acusaciones, no sentencias.
Es inevitable regresar a 2021.
Frente a Rocha estaba Mario Zamora. El resultado institucional es conocido: Rocha ganó oficialmente aquella elección y eso forma parte de la historia legal de Sinaloa. Pero también es parte de la historia que, desde aquellos días, Zamora denunció secuestros de integrantes de su estructura, violencia y participación del crimen organizado en el proceso electoral.
Cinco años después, cuando una acusación federal estadounidense sostiene que Los Chapitos habrían ayudado mediante secuestros e intimidación al candidato que terminó llegando al gobierno, aquella elección inevitablemente vuelve a ser observada bajo otra luz. No significa que jurídicamente pueda afirmarse que otro candidato ganó. Sí significa que México no puede comportarse como si aquí no hubiera pasado nada.
Pasó demasiado. Pasó la expansión internacional del Cártel de Sinaloa. Pasó el fentanilo. Pasaron las guerras internas que han golpeado al estado. Pasó la designación estadounidense de esa organización como terrorista. Y ahora existen acusaciones del Departamento de Justicia que colocan en un mismo expediente narcotráfico, funcionarios públicos y la elección de gobernador de 2021.
Sinaloa 2027 no es una elección local más.
Puede y debería ser la punta de lanza de la alianza PAN-PRI para un futuro sin narcopolíticos.
La próxima gubernatura tendrá que enfrentar violencia, reconstruir instituciones, recuperar autoridad y, sobre todo, garantizar una separación absoluta entre poder político y poder criminal.
Imelda Castro representa la continuidad del proyecto político de Morena. Del lado opositor están Mario Zamora, Paloma Sánchez y Paola Gárate. Mario, la noche del 6 de junio de 2021, salió a pedir respetuosamente que liberaran a sus más de 100 operadores levantados. Presentó, junto con PAN, PRI y PRD, las denuncias pertinentes en México y fuera del país. A Paola la levantaron.
Estados Unidos no elige al gobernador de Sinaloa. Ni puede ni debe hacerlo. Pero sería ingenuo pensar que Washington observará 2027 como una elección estatal cualquiera. No después de haber definido a México, a Sinaloa, como epicentro geográfico del narcotráfico global. No después de clasificar al Cártel de Sinaloa como organización terrorista. No después de acusar a funcionarios públicos de colaborar presuntamente con esa organización. Y, sobre todo, no después de que sus propios fiscales introdujeran dentro de una acusación federal lo ocurrido alrededor de la elección de 2021.
Sinaloa se convirtió en uno de los territorios donde se pone a prueba la capacidad del Estado mexicano para recuperar el control territorial y enfrentar al crimen organizado. Si la oposición, léase el PRI y el PAN, toma a Sinaloa como punta de lanza, podrán mandar un mensaje muy esperanzador desde Sinaloa para todo el país: Sacamos al narcogobierno de Rocha Moya. En México ninguna organización criminal puede decidir quién gobierna. ¡Quihúboles!
El Grande, un narco del Cártel de Sinaloa, el mismo que declaró en contra de García Luna y festejaron en Palacio Nacional, en entrevista con Anabel Hernández asegura haberle entregado a AMLO, en compañía de Audomaro, en Coahuila, la primera maleta con 500 mil dólares en 2006 de parte de Arturo Beltrán Leyva.
Sinaloa no se trata solamente de Morena contra la oposición. Ni de Imelda contra Mario, Paloma o Paola. Se trata de algo mucho mayor: de la capacidad de México para demostrar que entendió lo sucedido y que la política puede recuperar plenamente su autoridad frente al crimen.
Porque el peor mensaje posible sería actuar como si aquí no hubiera pasado nada. Sí pasó. Y demasiado.
Sinaloa quizá no tenga el mayor PIB, ni la mayor población, ni el mayor número de votos del país. Pero cuando se habla de narcotráfico, fentanilo, seguridad y de una de las zonas más delicadas de la relación entre México y Estados Unidos, Sinaloa no está en la periferia. Sinaloa es el epicentro.
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Taddei se debe ir/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior, 23 OCTUBRE, 2026
La situación de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, al frente del Instituto Nacional Electoral, a poco menos de ocho meses de las elecciones, es insostenible. La acumulación autoritaria de poder de la que hizo gala en el Instituto, las denuncias de corrupción y malos manejos que involucran a empresas y personajes cercanísimos a la funcionaria electoral y las evidentes rupturas internas que se han expresado en forma pública hacen inmanejable su permanencia en el cargo.
El INE atraviesa una de las crisis internas más delicadas desde su creación. El escándalo se concentra en los contratos, los proveedores y las personas que rodean a la presidenta. Varios reportajes de investigación exhiben sus presuntos vínculos con Corporativo ZEG y Cajas Graf, entre otras cinco empresas relacionadas con la proveeduría de materiales electorales. También se ha señalado la existencia de relaciones personales entre integrantes del entorno de la presidencia y proveedores de material electoral.
Taddei ha sostenido que corresponde al Órgano Interno de Control revisar las denuncias. Esa postura sería válida si la investigación fuera pública en sus resultados, autónoma en su conducción y suficientemente amplia para indagar a todos los involucrados, incluida la propia presidencia si fuera necesario.
Pero la investigación que pide Taddei ocurre dentro de un instituto cuya conducción ha perdido credibilidad. La revisión no puede depender únicamente de la confianza que Taddei tenga en sus propios funcionarios e ir a los comicios más grandes de la historia con una presidenta del INE cuestionada en su imparcialidad e integridad no es viable.
La trayectoria de Guadalupe Taddei está inevitablemente asociada con Morena y al gobernador de Sonora, y presidente del consejo político nacional del partido, Alfonso Durazo. No sólo por la cauda de familiares de primer y segundo grado que trabajan en el gobierno de Sonora y en distintos puestos en Morena y en la administración federal sino incluso porque su hijo es el secretario particular del propio Durazo.
La llegada de Taddei permitió a Morena hacerse con el control del árbitro electoral. A Taddei y su grupo en el consejo del INE le deben la mayoría calificada que tienen y usan en el congreso y que no ganaron en las urnas.
La controversia creció con los cambios que ampliaron las facultades de la presidencia para nombrar directivos sin contar con el respaldo del Consejo General. La oposición y algunos de los consejeros electorales como Carla Humphrey han atribuido a esa concentración de poder los escándalos recientes y han reclamado revisiones sobre las contrataciones y la administración del instituto.
Todo se ha combinado con una creciente fractura interna. Desde la llegada de Taddei, las diferencias con varios consejeros por los nombramientos de directores, distribución de responsabilidades y acceso a la información son explícitos. Varios consejeros han cuestionado que Taddei realice designaciones sin construir acuerdos en el Consejo General. También se han protestado por despidos y cambios de personal que han debilitado áreas técnicas y favorecido una administración dependiente de decisiones centrales.
El Consejo General fue concebido como un órgano colegiado. Su legitimidad depende de que las decisiones trascendentes sean producto de deliberación y no de la voluntad de un funcionario. Cuando una presidencia utiliza de manera reiterada nombramientos provisionales porque no obtiene los consensos necesarios, puede mantener la operación diaria, pero también incrementa la percepción de que gobierna al margen del órgano colegiado. Y eso es lo que sucede con Taddei
Hoy en el INE cada nombramiento se convierte en una batalla política, cada contrato otorgado en forma discrecional, en una sospecha y cada resolución en una prueba de alineamiento político. El INE pierde así la autoridad moral necesaria para conducir procesos complejos y para exigir que los partidos acepten sus decisiones. El consenso es parte de la arquitectura del órgano electoral.
Pero todo palidece ante la presunta red de corrupción conformada por al menos siete empresas vinculadas con Taddei y algunos de sus funcionarios. Entre los nombres exhibidos aparecen Jonathan Navarrete Torres, quien se desempeñaba como chofer de la presidenta, y Jesús Octavio García, exencargado de despacho de la Dirección de Administración, ambos relacionados con Corporativo ZEG y Cajas Graf, compañías que han obtenido contratos para materiales electorales.
También se ha exhibido la relación privada entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, identificado como propietario de una de las empresas proveedoras del INE y beneficiaria de varios contratos entregados por Taddei. Esa relación personal con contratistas, así como la presencia de personas vinculadas a proveedores dentro de la propia estructura INE, son acusaciones basadas en datos duros que hacen indefendible su posición.
El INE debería publicar la información completa de los contratos cuestionados, permitir una auditoría independiente, separar temporalmente a los funcionarios cuya actuación sea revisada y garantizar que el Órgano Interno de Control pueda investigar sin interferencias, con una supervisión directa del Consejo General. Nada de eso se puede hacer si Guadalupe Taddei se mantiene en el cargo. Debe presentar su renuncia. El INE no puede llegar así a las elecciones.
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Nicaragua es una dictadura/ Emilio Lezama.
EL UNIVERSAL
Escribo desde Caracas, Venezuela, donde se celebra un congreso de innovación y emprendimiento en el que me invitaron a hablar. Doy el contexto porque hace un par de años esto hubiera sido imposible. No solo congregar gente internacional en torno a Caracas, sino hablar de emprendimiento en un país donde nadie podía emprender. Durante casi 27 años Venezuela fue gobernada por un gobierno autoritario y represor, una dictadura que eliminó derechos humanos básicos en pos de una supuesta ideología social. Increíblemente, en 1998 la pobreza extrema en Venezuela era del 15% y hoy, tras casi 3 décadas de un gobierno “por los pobres” esa cifra es del 30%. La situación actual de Venezuela no es alentadora, pasaron de ser dictadura a ser una especie de colonia, pero deshacerse del dictador da al menos esperanza de cambio, ahora tendrán que liberarse de otro tipo de yugo.
Hay un sector de la izquierda mexicana que suscribe y defiende los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Una idea extraña de que hay que defender a estos regímenes del imperialismo. Creen que defendiéndolos defienden a la izquierda y sus ideales. Todo lo contrario, estos tres regímenes son regímenes autoritarios. Se dicen de izquierda para sostener un discurso legitimador, pero la izquierda verdadera defiende los derechos humanos, protege a la gente y busca el bienestar. En Venezuela, Cuba y Nicaragua, hay represión, no hay libertad de expresión, hay violaciones graves a los derechos humanos y peor aún para las causas de la izquierda, hay un empobrecimiento constante de la población.
Cuando la izquierda mexicana o brasileña defienden a Nicaragua, lo único que hacen es dañar su propia imagen. El gobierno de México no tiene nada que ver con lo que sucedió en Venezuela o en Cuba; la presidenta Claudia Sheinbaum ganó democráticamente las elecciones, respetará su mandato, garantiza la libertad de expresión, se reúne con empresarios de todos los sectores para promover la economía y respeta los derechos humanos. La izquierda que ella representa vive en otro universo a la que Maduro, Castro u Ortega vociferan. Fuera de idealismos románticos no hay nada que ganar de defender lo indefendible. A la marca de la izquierda le hacen daño Venezuela y Nicaragua. Si la derecha quiere reivindicar a Mussolini, allá ellos, pero que la izquierda defienda a dictadores no tiene sentido bajo sus propios principios.
En Nicaragua el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo son acusados de cientos de ejecuciones extrajudiciales, han encarcelado a miles de opositores o críticos incluyendo ciudadanos mexicanos, hay acusaciones de tortura e innegable persecución política y se han perpetuado ilegalmente en el poder. Y aún así hace unas semanas México se abstuvo en la votación para condenar a estos personajes en la OEA.
No hay duda que desde la terrible gestión de Luis Almagro frente a la OEA, este organismo se volvió una maquinaria de Estados Unidos para la región y que México históricamente ha adoptado un rol neutral en estas votaciones, pero el mundo ha cambiado y si México no deja atrás la anacrónica Doctrina Estrada y empieza a tomar posiciones políticas será difícil navegar el nuevo orden mundial. Nicaragua es una dictadura, como Venezuela y Cuba. El gobierno de la presidenta Sheinbaum no gana nada pretendiendo que es de otra forma. Estos países no representan ninguna forma apetecible de gobierno y los modelos izquierdistas que sí tienen legitimidad política como los de Chile, Brasil y México solo acaban ensuciando su propia viabilidad al defender las dictaduras.
A Brasil este error le costó caro, durante décadas Lula se asumió líder de Latinoamérica y custodio de lo que sucedía en Sudamérica. Pero durante años toleró e incluso celebró el régimen venezolano. En 2024, cuando el fraude electoral, era innegable intentó mediar una situación que ya su propia desidia había vuelto insostenible. Cuando Donald Trump entró ilegalmente a Venezuela a principios de este año, toda ilusión de liderazgo brasileño en el continente fue desechada. Si Lula se hubiera tomado en serio la tarea de resolver el evidente problema político que tenía en su frontera quizás hubiera podido evitar una situación que acabó debilitando la posición de Brasil y dando comienzo a un giro ideológico radical en el continente.
México no debe cometer el mismo error. La apuesta de México en el panorama internacional de hoy es la de ser una de las pocas democracias que se sostienen entre un mundo cada vez más radicalizado. Esa es la fuerza de Sheinbaum internacionalmente, le guste o no a la oposición en México. El discurso del “camarada Ortega” no hace ningún sentido para la viabilidad del proyecto político de México. Es hora de llamar dictadura a lo que lo es, y buscar consolidar proyectos sociales viables en una región que parece estar autocondenándose a la doctrina Donroe y la extrema derecha.
El camino no es Cuba ni Nicaragua. El camino es justamente mostrar que las izquierdas y la socialdemocracia latinoamericana no son Venezuela, sino una nueva visión democrática, moderna, económicamente funcional y comprometida con la construcción de un estado de bienestar y la justicia social. Claudia Sheinbaum puede liderar internacionalmente a esa izquierda, pero para ello tiene que marcar claramente su rechazo a esa otra autodenominada izquierda.
Analista político
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