La columna de opinión de Salvador García Soto, publicada en El Universal este sábado 17 de octubre, expone la crisis de violencia en Morelos y cuestiona la lentitud de la respuesta gubernamental. El autor argumenta que la decisión de la presidenta Sheinbaum de realizar una consulta de un mes retrasa acciones urgentes frente al evidente rebase de la administración estatal.
Aunque el gobierno federal destaca una reducción del 54% en homicidios, datos independientes señalan que Morelos registró un máximo histórico de 1,502 asesinatos en 2023. Además, García Soto recoge un dato alarmante: en el primer semestre de 2026, las denuncias por extorsión aumentaron un 61.5%, colocando a la entidad en el primer lugar nacional en este delito, así como en robo por tasa poblacional. A esto se suma que la percepción de inseguridad en el área metropolitana de Cuernavaca alcanza el 80.2% y el estado es clasificado como el cuarto menos pacífico del país.
El territorio morelense es disputado por grandes cárteles (CJNG, Familia Michoacana y Cártel del Pacífico) y numerosas células locales y regionales (Los Mayas, La Unión Tepito y Los Tlacos, entre otros). Asimismo, existen altos niveles de infiltración criminal en los gobiernos locales, lo que ha derivado en la intervención de cuatro ayuntamientos, la detención de 80 funcionarios mediante la "Operación Enjambre" y el asesinato de tres alcaldes en la última década.
El costo económico de la violencia asciende al 33% del PIB estatal, provocando el retiro de inversiones y la pérdida de empleos. En el ámbito político, la gobernadora Margarita González Saravia registra bajos niveles de aprobación; la percepción ciudadana es que su administración no ha logrado contener la crisis, a pesar del aumento de efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército.
Finalmente, García Soto critica que, frente a la gravedad de las cifras y el control territorial ejercido por los cárteles, la estrategia del gobierno federal y de la Secretaría de Seguridad —encabezada por Omar García Harfuch— opte por dilatar la intervención directa mediante un periodo de diagnóstico.+
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Morelos en llamas y Sheinbaum pide “un mes para consulta”/Salvador García Soto
El Universal, | 17-10-26
El estado de Morelos enfrenta una grave crisis de inseguridad por la expansión del crimen organizado, la violencia y los presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales. Con la gobernadora Margarita González Saravia totalmente rebasada y la población morelense desesperada e indignada, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tuvo que entrarle al quite, pero lejos de ordenar un operativo rápido y contundente, la doctora ordenó “una consulta” para diagnosticar la situación morelense, lo que llevará por lo menos un mes.
Las cifras de los graves delitos que padecen los morelenses ameritarían una decisión más rápida del gobierno federal. En 2023 la entidad registró 1,502 homicidios, mientras que en 2026 las denuncias por extorsión aumentaron 61.5%, colocando al estado en el primer lugar nacional por este delito. Además, el 80.2% de la población del área metropolitana de Cuernavaca percibe inseguridad y Morelos ocupa el cuarto lugar entre los estados menos pacíficos del país.
Y por más que las cifras del gobierno hablen de una reducción del 54% en homicidios, en Morelos persisten la impunidad, las disputas territoriales y la desconfianza ciudadana sobre la eficacia gubernamental. El impacto económico de la violencia supera el 33% del PIB estatal, evidenciando sus graves consecuencias sociales, económicas e institucionales; en paralelo, evidencia los montos redituables de ingresos para la delincuencia.
Cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicó a México como “el epicentro de la violencia de los cárteles” y habló de una falta de control del gobierno mexicano, prácticamente describió lo que sucede en Morelos, además de otros estados de la República. La entidad está minada por la delincuencia o por policías infiltrados por ella. En el estado se localizan cinco sitios de violencia criminal extrema: Tetecala, con un factor de 197 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; Mazatepec, con 144; Tlalnepantla, con 107; Huitzilac, con 93.3 y Miacatlán, con 86.4.
Su territorio abarca apenas el 0.2% del área nacional y tiene las tasas más altas de homicidios por cada 100 mil habitantes. La organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD) consigna en el Atlas de Homicidios México 2024 que Morelos registró su máximo histórico de muertes en el año 2023, con mil 502 víctimas, la mayoría en los grupos etarios de 20 a 44 años en su gran mayoría hombres.
El 3 de septiembre de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el 50% de los homicidios del país se concentra en siete entidades: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Morelos. Los fines de semana, los homicidios múltiples son cada vez más frecuentes y ocurren en cualquier lugar de la geografía estatal, siendo el escenario más recurrente la vía pública.
El estudio independiente titulado “¿Quién controla México? Mapa térmico del control del narcotráfico y del cobro de piso por estado y ciudad", menciona un Índice Compuesto de Control Criminal (ICCC) con el que estima la capacidad de las organizaciones criminales para imponer reglas, ejercer gobernanza efectiva, cobrar extorsiones o "cobro de piso", instalar retenes, restringir la movilidad e influir en estructuras o autoridades locales, trascendiendo el número tradicional de homicidios dolosos. Y a partir de ese índice menciona que los estados de Colima (ICCC de 92), Sinaloa (ICCC de 88), Guanajuato (ICCC de 86), Morelos (ICCC de 78), Baja California y Guerrero (ICCC de 68), Michoacán (ICCC de 66), Chihuahua (ICCC de 64) y Quintana Roo (ICCC de 63) presentan "predominio criminal en amplias regiones".
En contraste con la baja en homicidios, las denuncias por extorsión en Morelos aumentaron un 61.5% durante la primera mitad de 2026 en comparación con el último semestre del año previo y el estado ocupa el primer lugar nacional en ese delito. Los delitos contra la libertad personal suman 285 denuncias radicadas ante la Fiscalía General del Estado. En tanto, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), suman ocho denuncias por secuestro en la entidad, en sus diferentes variables.
El estado ocupa el segundo lugar en el contexto nacional en casos de secuestro exprés por cada 100 mil habitantes. En cuanto al delito de robo, las estadísticas del SESNSP precisan que Morelos ocupa el primer lugar nacional por tasa poblacional, con 55.3 casos por cada 100 mil habitantes. Se incluyen las variantes de robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transportistas y robo con violencia.
En junio de 2026, el INEGI reportó que el 59.8 % de la población de 18 años y más en México consideró que era inseguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). En el Área Metropolitana de Cuernavaca, sede de los tres poderes del estado, la ENSU registró una percepción de inseguridad de 80.2 % a mediados de 2026 (12).
A pesar de todos esos indicadores oficiales, la gravedad de la situación que priva en el estado de Morelos parece que se ha perdido de vista y mientras la gobernadora morenista Margarita González no tiene idea ni estrategia contra la violencia criminal, el gobierno de Sheinbaum se toma las cosas con calma y se da tiempo para “consultar” la situación.
En los dos años que lleva como gobernadora, González Saravia enfrenta severos cuestionamientos de los morelenses a su capacidad de gobierno y en distintas encuestas que miden el desempeño de los mandatarios estatales colocan a la mandataria morelense en posiciones de media tabla hacia abajo, hasta llegar, en septiembre de este año, al último sitio, según la encuestadora Demoscopia Digital.
La inseguridad pública morelense ha traído consecuencias para el estado, como el retiro de inversiones y la pérdida de empleos. La ineficacia del gobierno de la morenista y el desdén por las demandas ciudadanas, explican la mala evaluación de la morenista. Ni siquiera el apoyo federal que le han dado con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, que aumentaron de mil 500 a dos mil 300 el número de la guardia y mil 250 soldados más en la 24ª Zona Militar, han logrado contener los delitos de alto impacto en Morelos.
La gestión de González Saravia, desde su inicio y hasta ahora, avanza a traspiés. Delitos, pérdida de empleos, protestas ciudadanas y políticas fallidas han marcado los dos años de la gobernadora. Basta señalar que tan sólo un sector de la población –los universitarios–, ha sido afectado con seis casos de muertes violentas en 2026, entre ellos una estudiante española de intercambio. La percepción ciudadana es que Margarita González no gobierna sino administra el caos que se vive en la entidad, a pesar de que la premisa de su sexenio es “ordenar la casa”.
Con todo y eso, en julio pasado, durante su visita al estado, la presidenta Sheinbaum expresó su respaldo a la mandataria estatal y reconoció que el Plan Morelos de Seguridad había logrado reducir en 54% los homicidios en la entidad. Pero la desconfianza en las cifras oficiales es más que clara en Morelos, pues casi el 80% de los habitantes mayores de 18 años consideró inseguro vivir en la capital Cuernavaca.
Ni siquiera los golpes que ha dado el gobierno federal con la llamada “Operación Enjambre”, en la que cuatro ayuntamientos fueron intervenidos por la autoridad federal y se ha detenido a 80 funcionarios municipales, logran reducir la violencia y el dominio del narcotráfico en el estado. Porque en Morelos el crimen organizado ya no está sólo en la sierra ni en las rutas de la droga. Grupos del vecino estado de Guerrero y de la Ciudad de México se disputan el control de rutas criminales y territorios.
Entre esos grupos están Los Tlacos, con presencia en 10 municipios en la zona norte del estado de Guerrero; Los Ardillos, en la zona de la Montaña, y que disputan a Los Tlacos el control de Chilpancingo; La Familia Michoacana, que apoya al Cártel Independiente, con base en Acapulco; provenientes de la Ciudad de México, se cuentan también La Unión Tepito y la Fuerza AntiUnión Tepito.
En el Mapa Criminal de México, 2019-2020, el grupo Lantia Intelligence consignó la presencia de al menos cuatro grupos delictivos relevantes en Morelos: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico, Cártel de los Beltrán Leyva y Familia Michoacana, además de diversos grupos locales. Un documento independiente consigna además de los cuatro grandes cárteles y sus escisiones, a los grupos locales: Los Mayas, vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva; Los Tlahuicas (que controlaba el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca), Los Linos (en Jiutepec y las colonias Antonio Barona y Universo), La Empresa de la Vieja Escuela; Los Colombianos (en la franja poniente de Morelos, desde Cuernavaca hasta Amacuzac). Cuautla es disputada por el Cártel del Pacífico, que posteriormente se hizo llamar La Empresa y ahora se menciona como Cárteles Unidos. El Cártel del Pacífico tiene presencia actualmente en los municipios de Totolapan, Atlatlahucan, Temoac, Jonacatepec y Axochiapan, y se disputa Tlayacapan, Yautepec, Cuautla y Ayala. El Cártel de Cuautla, en ese municipio, y La Unión Tepito, con presencia en Cocoyoc y el municipio de Yautepec.
Algunas zonas de influencia de los grupos se traslapan y explican, en parte, la violencia que se genera por el control territorial. Incluso se menciona a una mujer como operadora destacada de la delincuencia organizada: Arisbel Rubí Vázquez Amaro, alias “La Jefa”, presunta enlace del grupo ligado al Cártel de Sinaloa, detenida el 20 de mayo, con situación legal desconocida. La Jefa, además de pretender la candidatura a la presidencia municipal de Atlatlahucan, de donde es originaria, frecuentaba los círculos del poder estatal.
En la actualidad, las autoridades locales y federales (Mesa para la Construcción de la Paz) consideran que el componente criminal lo encabezan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Familia Michoacana (FM), con presencia en gran parte de los 36 municipios de la entidad, aunque disputan territorio con las agrupaciones criminales regionales de la Federación Guerrerense, Unión Morelense, Unión Tepito y Nuevo Imperio, así como 15 células delictivas distribuidas en todo el estado.
Un atlas criminal de las autoridades focaliza a Cuernavaca como zona de disputa entre células de La Familia Michoacana y Los Mayas, este último liderado por un hombre identificado por las autoridades como Abel Maya, formado en el Cártel de Los Beltrán Leyva, cuyo grupo más representativo en la década de los 90 fue el Cártel del Pacífico Sur (CPS). Considera a Los Mayas, también conocidos como Los de Siempre, como la célula más violenta en el estado y su estructura pasó de reconstruirse con el abatimiento de su líder, Arturo Beltrán Leyva, en diciembre de 2009, a fortalecerse y tener el dominio actual de los municipios de Cuernavaca, Huitzilac, Tepoztlán, Emiliano Zapata, Temixco y Jiutepec, prácticamente la zona metropolitana del estado.
La colusión de políticos locales con el narcotráfico es más que evidente en los municipios de Morelos. En los últimos 10 años, tres presidentes municipales han sido asesinados: el 2 de enero de 2016, Gisela Mota Ocampo, de Temixco, dos días después de iniciar su gobierno; el 11 de enero de 2022, Benjamín López Palacios, de Xoxocotla, a 11 días de haber tomado posesión del cargo, y el 22 de julio de 2026, Valentín Lavín Romero, de Temoac, después de sobrevivir a un primer atentado. En los tres casos se estableció que el posible motivo de sus homicidios fue su relación con delincuentes.
El costo que paga Morelos, como el resto de México, por la violencia sin control y el dominio del narcotráfico es muy alto. El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) advirtió en julio del año en curso, que el costo económico de la criminalidad es del 33 % del PIB local, y menciona que entre los 5 estados menos pacíficos del país, Morelos ocupa el cuarto lugar.
Con todos esos datos públicos y privados disponibles, la pregunta es por qué la tardanza y dilación del gobierno federal para entrar al rescate de Morelos, ante la evidente incapacidad de la gobernadora Margarita González. Morelos lleva 8 años, los 6 de Cuauhtémoc Blanco y dos del actual sexenio, secuestrado por el narcotráfico, pero a la doctora Sheinbaum y a su super secretario Omar García Harfuch no les corre prisa y esperarán un mes más para “hacer una consulta” sobre la tragedia que viven los morelenses. Total, como dijera el cronista de Tepito, Armando Ramírez: “Qué tanto es tantito”.
Se batieron los dados. Escalera Doble. Descanso para los amables lectores.
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