3 dic 2007

Un año de gobierno

El Presidente Calderón en el Desayuno con Motivo del Primer Año de Gobierno
Ciudad de México, Palacio Nacional, 1/12/2007;
Gracias, muy buenos días a todas y todos ustedes.
Honorables integrantes del presídium.
Señor Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Señor senador Santiago Creel, Presidente del Senado de la República.
Señor Cristian Castaño Contreras, Presidente de la Mesa Directiva en funciones de la Cámara de Diputados.
Señoras y señores gobernadores.
Estimados colaboradores del Gobierno Federal.
Estimados alcaldes.
Distinguidos invitados especiales que nos acompañan, líderes sociales, sindicales, empresariales, deportistas, mexicanos de la cultura.
Amigas y amigos:
Agradezco enormemente su presencia esta mañana aquí en Palacio Nacional.
Más que hacer un recuento de los hechos ocurridos, mi propósito es compartir algunas reflexiones después de un año de Gobierno.
Quiero, desde luego también, expresarles mi gratitud por todo el apoyo y por toda la comprensión que he recibido de parte de ustedes que desempeñan responsabilidades relevantes en la vida del país.
Hace exactamente un año en las primeras horas de una mañana como ésta los mexicanos vivíamos momentos difíciles, momentos de gran incertidumbre, peligraba la vida institucional de la República amagada por la vía de los hechos.
No sólo era la inquietud acerca de que ocurriría en la rendición de la Protesta Constitucional del nuevo Gobierno, sino la genuina preocupación acerca de lo que le pasaría al país en el futuro.
La responsabilidad de los legisladores, quienes a pesar de las circunstancias hicieron posible el cumplimiento de la Constitución, marcó de manera muy significativa el rumbo del nuevo Gobierno.
Pienso que en cierta forma las cosas empezaron a cambiar desde ese momento.
Esa mañana me quedó muy firme la idea que me había permitido superar la adversidad en diversas circunstancias durante los años previos, la idea de que podemos tener problemas y parecerán los problemas verdaderamente insuperables, pero la clave es enfrentarlos con decisión y determinación y resolverlos.
Hoy, transcurrido un año de Gobierno y ante un panorama verdaderamente distinto, estoy aún más convencido de que los problemas de México tienen solución, pero que se requiere la unidad y la solidaridad de todos, que en la unión de los mexicanos está la clave de la prosperidad del país.
Los problemas están desde luego, pero los mexicanos hemos comenzando a definir con mayor claridad el rumbo del país, compartimos ahora una visión responsable de lo que queremos, una visión responsable del futuro.
Algunos de los pasos en este primer año forman parte de esa estrategia, un esfuerzo fundamental del Gobierno ha sido plasmar con la participación de los ciudadanos el México que queremos.
Primero contemplamos el Proyecto de Gran Visión México 2030, luego el Plan Nacional de Desarrollo y finalmente presentamos los planes sectoriales de todas las áreas del Gobierno Federal.
Hoy cumplimos un año en la responsabilidad de servir a los mexicanos, pero incluso los seis en que nos corresponde esta tarea de servir, serán apenas un paso, un peldaño en el enorme desafío de colocar a México en la ruta del Desarrollo Humano Sustentable, en la ruta de la equidad, de la justicia, de la seguridad, de la igualdad, de la democracia y de la sustentabilidad.
Para el Gobierno Federal, y para mí en lo particular, queda claro que esta Administración tiene que asumirse como un Gobierno enfocado a la transformación del país.
Sabemos que debemos enfrentar y no eludir los problemas, sabemos que los retos de México en el Siglo XXI tienen que abordarse a profundidad ahora, que quizá no haya otra oportunidad para hacerlo.
Que nos toca asumir las decisiones y sus costos con tal de que se pueda garantizar un mejor porvenir a las generaciones de los mexicanos que vienen.
Sabemos que el futuro de México se decide hoy y tenemos una responsabilidad con la historia.
Al igual que hace un año me queda claro que la mayor amenaza para el futuro de México es la inseguridad pública y la acción del crimen organizado.
Por eso, desde los primeros días, nos dimos a la tarea de enfrentar estos problemas de manera firme y decidida, estamos empeñados en combatir sin tregua a la criminalidad y a emplear con determinación todos los recursos del Estado para rescatar la seguridad en las calles, las ciudades y regiones del país de manera particular en aquellas zonas que al inicio del Gobierno habían quedado prácticamente en manos de delincuentes, pusimos en marcha los operativos conjuntos para restablecer condiciones mínimas de seguridad y a la vez recuperar la autoridad de los ciudadanos que se expresa únicamente en los órganos del Estado.
Al propio tiempo pusimos en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad, con el objetivo de garantizar el imperio de la ley, en ella se consideran no sólo acciones orientadas a perseguir la delincuencia, sino sobre todo a prevenir el delito, y por supuesto, a reconstruir desde los cimientos las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia en México.
Por ello, además de los operativos hemos concentrado el esfuerzo en construir la Plataforma México y el Sistema Único de Información Criminalística.
De lo que se trata es de generar inteligencia policial con información sustantiva para combatir con eficacia y contundencia a los criminales.
También echamos a andar un nuevo modelo de policía que permitirá, mediante rigurosos mecanismos de control de confianza, capacitación, profesionalización y supervisión ciudadana, depurar y fortalecer los cuerpos policíacos en el país comenzando por los federales.
En la tarea preventiva pusimos en marcha Limpiemos México, Zona en Recuperación, que con distintas vertientes: Escuela Segura, Rescate de Espacios Públicos, Prevención y Tratamiento de Adicciones, Participación Ciudadana; busca mantener alejados a los niños y a los jóvenes de las drogas, y la violencia criminal lejos de los ciudadanos.
Lo he dicho y lo reitero, el reto de recuperar la seguridad pública de los mexicanos será una batalla muy larga que costará tiempo, dinero y por desgracia, vidas humanas.
A pesar de que los resultados de fondo sólo los veremos en el largo plazo, en este año comenzamos ya a vislumbrar algunos avances.
Al retomar la iniciativa en la lucha contra el crimen hemos logrado recuperar espacios de libertad, hemos atrapado a más de 15 mil personas vinculadas con el crimen organizado y, entre ellos, a una veintena de los principales capos regionales de distintos cárteles.
Se dice fácil, pero también hemos logrado los decomisos de cocaína y de dinero en efectivo vinculado al crimen, no sólo más grandes de México, sino los mayores del mundo.
Con cada decomiso de droga, con cada criminal tras las rejas, con cada zona que recuperamos del crimen organizado, alejamos a nuestros hijos de las adicciones, de la violencia y de la delincuencia.
Pero, más allá de las cifras siempre relativas, a un año de Gobierno estoy más convencido que nunca de que vamos a ganar esta batalla, no sólo se trata de pensar que no tenemos otra alternativa más que ganarla, se trata de reconocer que las enormes potencialidades y talentos de los mexicanos nos permitirán retomar el control de la vida pública del país.
Se trata de saber que es posible vencer si logramos poner la tecnología, la disciplina, la organización, la coordinación y la participación de los ciudadanos al servicio de una causa común.
Se trata de entender que allá afuera millones y millones de mexicanas y mexicanos están ansiosos de ver a sus gobiernos trabajar unidos y decididos en la lucha contra la delincuencia.
En materia económica, también el futuro del país registraba incertidumbre.
Si bien al iniciar el Gobierno, hay que decirlo una vez más, recibí finanzas públicas en equilibrio, éstas arrastraban problemas sustanciales que había que resolver de inmediato.
La recaudación fiscal era extraordinariamente baja comparada con el resto de los países de la OCDE y aún con el resto de los países de América Latina.
Lo relevante era que los ingresos públicos eran totalmente insuficientes para financiar el desarrollo y enfrentaríamos severos problemas más pronto que tarde, particularmente porque era claramente insuficiente para hacer frente al problema de pensiones de los servidores públicos.
En este año, sin embargo, los poderes públicos pudimos ponernos de acuerdo y resolvimos el problema, lo resolvimos mediante la Reforma Hacendaria y gracias a la comprensión de los sectores productivos del país.
Y comenzamos a resolverlo asumiendo el reto, del problema crónico de la baja recaudación.
Por otra parte, con la Reforma al Sistema de Pensiones de los Servidores Públicos dimos solución al problema también en el mediano y largo plazos que más amenazaba a las finanzas nacionales, es decir, en este año hemos resuelto el problema de finanzas públicas del Estado y hemos dado certidumbre y estabilidad presente y futura.
Quizás aquí está también uno de los temas que más vale ponderar en el nuevo escenario de México,
A juzgar por las escenas en momentos vividos en San Lázaro hace exactamente un año, parecía impensable vislumbrar siquiera el más mínimo acuerdo entre las fuerzas políticas del país.
Hoy, sin embargo, las cosas aquí también son diametralmente distintas.
En el Congreso de la Unión se discute y razona con responsabilidad.
Los partidos políticos realizan una intensa labor parlamentaria, además de las Reformas de Pensiones y la Reforma Hacendaria, ya mencionada, en el año en curso se han aprobado reformas al régimen fiscal de PEMEX, se ha ampliado a nivel constitucional el derecho a la información y se han aprobado dos presupuestos anuales por consenso entre las fuerzas políticas.
Hace un año era impensable el mínimo acuerdo, hoy el Congreso ha procesado reformas cuya trascendencia no se había observado en más de 10 años en la vida de México, con lo cual se rompió el tabú de la incapacidad crónica de los mexicanos para procesar nuestros desencuentros y avanzar en las reformas estructurales que el país necesita.
Otra reforma fundamental ha sido la que tiene que ver con los procesos electorales, la cual se completó en el plano constitucional y que ahora avanza en la Ley Reglamentaria y en la integración de nuevos miembros del Instituto Federal Electoral.
Se podrá estar de acuerdo o no con las decisiones del Congreso, eso es de esperarse, pero lo revelante es que las diferencias entre los mexicanos se procesen donde deben hacerlo, en la representación política.
Por otra parte, el proceso de acuerdo seguido en materia electoral, algo muy importante, está permitiendo reconstruir el consenso general y el aval pluripartidista y generalizado a las normas y a los órganos electorales, elemento indispensable para revitalizar la gobernabilidad democrática de México.
Hace un año la incapacidad política crónica para ponernos de acuerdo hacía pensar que iríamos irremediablemente a la parálisis y al atraso.
Hoy, sin embargo, el Congreso, los poderes públicos han logrado no uno, sino varios acuerdos sustanciales. Los poderes públicos resuelven sus temas con independencia unos de otros y con trascendencia para el país, funciona el sistema constitucional de pesos y contrapesos, con problemas y dificultades, pero México avanza y vale la pena recordarlo un día como hoy.
Este impulso reformador comienza también a dar frutos en otros planos, este año a pesar de las turbulencias financieras internacionales, México se ha mantenido con una enorme estabilidad económica.
Hacia el tercer trimestre del año habíamos captado ya la meta de inversión foránea para todo el 2007, 18 mil 400 millones de dólares, más del 30 por ciento superior al año previo y la mayor para un primer año de Gobierno.
Analistas y medios especializados perciben que México tiene conducción y rumbo y en consecuencia, futuro. En las prospectivas económicas más importantes del mundo, cada vez más se coincide que nuestra economía será una de las cinco más grandes dentro de tres décadas.
Yo estoy seguro que así será, si en los próximos meses y años seguimos el ritmo de transformación y reformas que hemos iniciado en México.
A pesar del estancamiento que amenaza a la economía de Estados Unidos y de la cual dependemos y que limitó, además, nuestro crecimiento este año un poco más de tres por ciento, del 1 de diciembre del año pasado a la fecha, la confianza en México permitió que se siguieran generando empleos formales.
En el primer año de Gobierno el Seguro Social ha registrado más de 800 mil nuevos empleos netos en el mercado laboral mexicano, es con mucho la cifra más alta para un primer año de Gobierno y la segunda más alta en la historia de México.
El reto que tenemos para los próximos años es dar un impulso renovado a la inversión y a la competitividad, por eso vamos a seguir promoviendo las actividades productivas y generadoras de empleo, por eso vamos a seguir impulsando reformas legislativas y administrativas indispensables para mejorar la competitividad.
Sin menoscabo de seguir en el segundo año con un manejo responsable en las finanzas públicas y gracias a la Reforma Hacendaria, a partir de 2008 realizaremos inversiones históricas en materia de infraestructura.
Tan sólo la inversión presupuestal federal, sin contar la que hagan los estados, que estoy seguro también crecerá, en infraestructura el Gobierno Federal invertirá un punto más del Producto Interno Bruto para el año pasado.
La combinación de inversión pública y privada nos permitirá pasar de poco más del tres al cinco por ciento del Producto Interno Bruto tan sólo en infraestructura.
Eso implica, por ejemplo, que para el próximo año México estará invirtiendo una cifra cercana a los 50 mil millones de dólares en carreteras, puertos, aeropuertos, centrales energéticas, regasificadoras, mejores redes de telecomunicaciones, mejora de nuestras refinerías, todo dentro del marco del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012.
Además para mejorar la competitividad del aparato productivo, vamos a reducir las tarifas eléctricas en hora pico hasta en un 30 por ciento para disminuir los costos y mejorar las condiciones de competencia de nuestro sector productor.
Por otra parte, vamos a reformar y a reforzar la dinámica del mercado interno, vamos a promover sectores clave como el de la construcción, el turismo, el campo, la vivienda, la energía, las telecomunicaciones y diversificaremos las exportaciones que fuera del mercado norteamericano crecieron a ritmos superiores al 25 por ciento este año.
Yo estoy convencido, amigos, de que todas estas acciones repercutirán positivamente en la creación de más empleos y un mayor crecimiento económico para el país.
Estamos decididos a que la estabilidad y el crecimiento contribuyan a la construcción de un país más justo, sin embargo, sabemos que crecimiento y estabilidad no son suficientes para eso.
Creo firmemente que el principal reto de la generación nuestra es reducir la desigualdad entre los mexicanos, cerrar la brecha entre los ricos y los pobres en el país, una herramienta fundamental para reducir desigualdades, es el gasto social.
Para el próximo año, nuevamente gracias a las reformas destinaremos más de un billón 100 mil millones de pesos a la inversión social, a la inversión en la gente, es decir, para decirlo con calma, un millón de millones y 100 mil millones de pesos más en salud, educación y servicios públicos.
Sé bien que el reto ahora es que ese dinero se emplee bien y rinda mucho más que lo que ha rendido hasta ahora.
Estoy convencido de que la superación de la pobreza y la marginación es un proceso de largo plazo en el que cada generación y cada Gobierno debe poner la parte que le corresponde, que para lograr ese proceso de ampliación de capacidades necesitamos abrirle puertas a la gente para que salga de la pobreza a través de la educación, la salud, los servicios y el empleo.
Mi Gobierno está haciendo la parte que le toca, hemos puesto en marcha programas novedosos y también hemos conservado y reforzado programas que habían probado su eficacia.
En el caso de Oportunidades, por ejemplo, en enero agregamos una nueva ayuda económica para respaldar el gasto en luz y en gas en los cinco millones de hogares más pobres del país, pusimos en marcha la Estrategia Cien por Cien para llevar obras y servicios, piso firme, drenaje, agua, clínicas, escuelas, a los cien municipios más pobres del país según cualquier clasificación de los cuales la abrumadora mayoría son municipios indígenas.
En esto hemos invertido ya este año cinco mil 700 millones de pesos que es casi tres veces más de lo invertido el año pasado.
También en enero de este año empezó a actuar el Programa 70 y Más con un apoyo económico de 500 pesos mensuales a los adultos mayores marginados por todo, marginados por estar en el sector rural, marginados por su edad.
Este programa beneficia ya a un millón de personas y por decisión del Congreso vamos a ampliarlo ahora a los adultos mayores en comunidades hasta 10 mil habitantes en todo el país.
También pusimos en marcha el Seguro Médico para una Nueva Generación, me comprometí a que cada niña o cada niño que naciera en nuestro país tuvieran derecho a un seguro médico eficaz para su vida, hoy a la fecha el seguro atiende a más de 700 mil niñas y niños.
Gracias al programa el número de niños recién nacidos cubiertos por un seguro médico aumentó más del 70 por ciento en el último año, asimismo hemos dado un sólido impulso al Seguro Popular que atiende a 33 por ciento más familias que el año pasado, casi siete millones.
La inversión en salud y alimentación han tenido también algunos resultados, la tasa de mortalidad infantil cayó en más de tres por ciento pero tenemos que acelerar mucho más su caída.
Por eso, para el próximo año, el sector salud va a ejercer un presupuesto de casi 70 mil millones de pesos, es decir, 64 por ciento más grande que el del año pasado.
Con ese incremento vamos a fortalecer los programas destinados a la salud.
Para atender, por otra parte, la creciente demanda en Educación Superior, estamos apoyando con becas a casi 370 mil alumnos, una cuarta parte más que en el ciclo pasado, que sumadas a las becas de todos los programas del Gobierno Federal estamos hablando de más de un millón de becas en el país.
Casi uno de cada dos estudiantes en Educación Media Superior, educación pública recibe, precisamente, este apoyo del Gobierno Federal.
También en el primer año, en cumplimiento de otro compromiso, pusimos en marcha el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a las madres trabajadores que necesitan un lugar donde cuiden a sus hijos y para darles empleo también a otras mujeres que por su edad son discriminadas en las fuentes de trabajo.
Se vio con escepticismo este programa y se dijo que lo abandonaríamos pronto, hemos abierto casi cinco mil nuevas instancias y teníamos tan sólo tres mil programadas.
Ahí se atiende a 100 mil niños, ahí apoyamos la incorporación de 90 mil mujeres a la vida productiva nacional, en especial madres solteras.
Sin duda, falta mucho por hacer, falta mucho para pagar la enorme deuda social con los que menos tienen, el reto para el 2008 será ese, redoblar el combate a la pobreza extrema, trabajar para que más jóvenes puedan concluir el bachillerato y entrar a la universidad, apoyar a quienes menos tienen para que puedan tener un proyecto productivo y hacerse de una vivienda digna.
En suma, estamos decididos a combatir la pobreza y al mismo tiempo brindar las oportunidades a quienes lo necesitan para que salgan adelante con su propio esfuerzo.
Por último, creo que todos los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de que en este año se han logrado metas muy importantes en el cuidado de nuestros recursos naturales.
En el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, en este primer año recuperamos para futuras generaciones más de un millón de hectáreas que son ya parte de nuestras Áreas Naturales Protegidas. La mayor superficie protegida en un primer año de Gobierno.
Impulsamos PROÁRBOL, un programa mediante el cual quienes viven en los bosques y selvas reciben un apoyo para cuidar nuestro patrimonio ambiental y, al mismo tiempo, tienen un ingreso.
Si perdíamos o perdemos 350 mil hectáreas por año por incendios, por tala ilegal, por prácticas agrícolas, por medio de PROÁRBOL estamos protegiendo en este año, recuperado o reforestado, más de 650 mil hectáreas forestales y se han plantado 217 millones de árboles, lo que implica haber hecho en México, como lo dijimos, la cuarta parte de la meta de Naciones Unidas para todo el mundo.
Señoras y señores:
Durante este año en que he tenido la más alta responsabilidad y honor al que pueda aspirar un mexicano, he afianzado mi convicción de que podemos superar los desafíos que nos ha tocado vivir.
En las giras de trabajo veo siempre en la gente el enorme impulso para transformar a México.
Lo que hemos hecho en un año con el trabajo de todos, con aciertos y errores, es una muestra de que es posible y de lo que es posible hacer si avanzamos en el camino de cambios que México necesita para crecer.
Tenemos graves problemas y desafíos, pero tenemos también un rumbo claro y definido.
México ha iniciado este año un proceso de transformación que no debe detenerse.
Como podrán imaginarse, en lo personal, este ha sido el año más importante de mi vida.
Yo agradezco enormemente a las mexicanas y a los mexicanos que me han apoyado e impulsado, que me alientan todos los días, que me dicen que siga adelante.
Agradezco a los legisladores, especialmente a los que han asumido por norma, más allá de las diferencias partidistas, el proteger el valor de las instituciones de la República y, desde luego, a los de mi partido que hicieron posible ese inolvidable 1 de diciembre.
A mis adversarios políticos y a mis críticos, a la prensa porque me han obligado a mantenerme alerta, a no confiarme y a esmerarme en que el Gobierno sea cada día mejor.
También agradezco a las Fuerzas Armadas del país por su entrega y lealtad a México, a los miembros de mi Gabinete y a todos mis colaboradores por su tesón y su esfuerzo, por su valor personal para enfrentar los retos que aquí he descrito, en especial el reto de la delincuencia.
Yo agradezco también a muchas mexicanas y mexicanos que oran por México y por sus gobernantes, agradezco los cariños y las bendiciones de la gente mayor.
Doy gracias porque se me ha permitido vivir un año tan especial y con toda intensidad.
Desde luego, agradezco mucho a mi familia que es, sin duda alguna, lo mejor de mí y a Margarita por ser el gran apoyo y fortaleza personal.
Agradezco también a mis hijos por permitirme servir al país y entregarme totalmente a México, por el tiempo que no les dedico y por la compresión que estoy seguro algún día tendrán.
Amigas y amigos:
Hace un año había un ambiente de división, encono e incertidumbre, la Nación atravesaba por momentos difíciles, a un año de distancia hoy sé que México saldrá adelante y que será un país distinto y mejor, y lo sé porque la principal fortaleza, el mayor activo con el que este gran país cuenta son sus mujeres y sus hombres, son todos aquellos mexicanos que cada día dan lo mejor de sí mismos por elevar la calidad de sus vidas, las de sus familias y las de sus comunidades.
Hablo del profesor de la escuela rural que camina varios kilómetros cada mañana para educar los niños, el policía honesto que con un mal salario arriesga su vida para proteger a su comunidad del crimen.
El estudiante que se esfuerza para poder asistir a la universidad con una beca a pesar de las enormes deficiencias de nuestro sistema, el jornalero que recorre grandes distancias en busca de su empleo, de la madre soltera que se levanta de madrugada para trabajar y poder comprar la leche para sus hijos.
De quienes salen adelante y tienen más carácter que muchos a pesar de que la naturaleza les ha quitado todo, incluso a los suyos, como ha ocurrido en las tragedias naturales del país, particularmente en el sureste y en Tabasco.
A propósito de ello, yo quiero agradecer a todos ustedes por la labor que hicieron desde cada una de sus trincheras para ayudar a nuestros hermanos de Tabasco y de Chiapas, ante la tragedia que vivieron en las últimas semanas.
Agradezco al Gobernador Granier, aquí presente, por su testimonio y su trabajo ejemplar.
Gracias a la labor de las mexicanas y los mexicanos para hacer llegar las diversas formas de cómo ayudar, a millones de mexicanos que se volcaron en los centros de acopio, a los bancos para hacer un depósito, a la Cruz Roja para dejar sus víveres, a los que fueron voluntarios y ayudaron con sus propias manos.
Gracias a muchos líderes y a muchos empresarios aquí presentes por apoyar y aportar con recursos materiales.
Como ustedes, todos los mexicanos que salen a ganarse cada peso honestamente, esos mexicanos que trabajan y se esfuerzan todos los días por salir adelante, son el verdadero México, el México que queremos.
Porque en cada mujer y en cada hombre de bien hay un anhelo de superarse, donde radica la fuerza de la transformación del país.
Porque somos mayoría, abrumadora mayoría los que queremos vivir en paz y prosperar, porque quienes están ávidos de justicia golpean sin cesar nuestras conciencias, porque en esos millones de mexicanas y mexicanos hay quienes, como ustedes, son capaces de soñar en un México mejor y de trabajar todos los días por sacarlo adelante.
En lo que a mí respecta, he vivido con toda intensidad mis responsabilidades, aprendí de mis padres que la máxima recompensa es la satisfacción del deber cumplido.
Y mi mayor anhelo es entregar al final de la vida, cuando quiera que se presente, cuentas claras a quien nadie pueda engañar.
Es el legar un buen nombre y un orgullo a los que nos suceden y no hago más que lo que hacen millones y millones de mexicanas y mexicanos que trabajan hasta el límite para que sus hijos tengan carrera universitaria, que se esfuerzan para que sus padres ancianos, reciban atención y tratamiento.
En quienes se preparan por ser cada día mejores estudiantes o profesionistas, quienes organizan su comunidad para lograr que sus niños puedan jugar tranquilos en la escuela o en un parque seguro, quienes ayudan a los que han perdido todo en un desastre natural.
En un año, tres huracanes de máxima peligrosidad e inundaciones sin precedentes también nos han hecho ver, vivir y revivir el México solidario, el México que se ayuda, el México de hermanos, esa también es la visión que nos motiva, el México solidario y generoso que queremos y que sabemos podemos construir.
Yo percibo en cada campesino, en cada trabajador, en cada empresario una nueva actitud, un nuevo México vendrá, amigas y amigos, y esto podemos celebrarlo ahora y todos los días.
Celebramos hoy un cambio de actitud, celebramos un impulso renovador de reformas pensadas no para las próximas elecciones, sino para las próximas generaciones y que estamos enfrentando con decisión y firmeza nuestros problemas.
Celebramos que hemos sacudido inercias y creencias que nos ataban al pasado, al lamento por lo que no tenemos, al agravio permanente y al resentimiento.
Celebramos con renovado optimismo que los mexicanos estamos decididos y dispuestos a trabajar por ese México próspero, a construir ese país donde se pueda vivir y progresar en paz, por un México más justo y más limpio, por un México más democrático y más próspero, por un México seguro y libre del tamaño de la dignidad de los mexicanos.
Ese México es posible, amigas y amigos, hagámoslo entre todos, hagámoslo juntos, hagámoslo ahora.
Muchas gracias y felicidades a todos por este año.

Sobre el fallo de la Corte

Los festejos de la impunidad/Jesús Silva-Herzog Márquez
Publicado en Reforma, 3 diciembre 2007;
La impunidad sonríe. Festeja jactanciosa. Se pavonea con el aval del último tribunal de la nación. El gobernador de Puebla, el gobernante que puso todo el poder público a servicio de la venganza, recibió la exoneración definitiva de la Suprema Corte de Justicia. Ahora el gobernador nos regala perlas de compromiso institucional, consejos de buenos modales y cantos de lealtad a la República. No imagino ninguna democracia que hubiera permitido la sobrevivencia política de un gobernante tras el escándalo de las conversaciones telefónicas que escuchamos. Más allá de su procacidad, las conversaciones daban cuenta de la más perversa utilización del poder

2 dic 2007

Seis ministr@s de la SCJN


Tres opiniones sobre la Corte y el caso de Lidya Cacho.
Duro reves a la credibilidadad de los grandes arbitr@s. Los subrayados son míos.
Antes el comunicado oficial del Alto Tribunal", dado a conocer el 30 de noviembre por la Ministra Margarita Luna Ramos:
Señoras y señores de los medios de comunicación:
El día de ayer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el caso de la Facultad de Investigación 2/2006.
Por mayoría de votos de sus integrantes presentes, la Suprema Corte resolvió este asunto en los términos indicados por el párrafo segundo del Artículo 97 de nuestra Constitución.
El ejercicio de esta facultad para investigar violaciones graves a garantías
individuales, fue solicitado a la Suprema Corte por ambas Cámaras del Congreso de la Unión en febrero de 2006. En el análisis inicial de las solicitudes, la Corte determinó que la violación grave de garantías individuales solamente se daría en caso de que se demostrara que el gobernador del Estado de Puebla orquestó una concertación con la Procuraduría de Justicia y las autoridades judiciales del mismo estado, para entre todas perjudicar a la periodista Lydia Cacho.
En este caso, como en todos los que son de su conocimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene empatía y sensibilidad con las causas que se le presentan. No obstante, la Corte debe resolver todos los asuntos con estricto apego a derecho.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede resolver basándose en pruebas ilegales. En el caso concreto, la premisa de la que parte la solicitud de investigación fue una grabación obtenida en franca violación al artículo 16 de la Constitución y, por tanto, no tiene valor probatorio alguno según lo determina el propio precepto constitucional en su párrafo décimo.Como Tribunal Constitucional del país, la Corte es la primera obligada a cumplir con la Constitución, y a velar por que las pruebas que obren en los expedientes sean obtenidas en forma legal.
El debate sobre la legalidad o ilegalidad de este tipo de pruebas ha sido resuelto por la doctrina, la jurisprudencia, la ley y, por supuesto, la propia Constitución en el sentido indicado; es decir, que carecen de valor probatorio absoluto.
A pesar de lo anterior, el tema se volvió a traer a la mesa de discusión en este asunto y el resultado fue el mismo que han venido sosteniendo todas las fuentes de derecho mencionadas, y es a partir de pruebas y sólo de pruebas legalmente presentadas, como pueden valorarse la legalidad y la constitucionalidad de los hechos que se someten a su jurisdicción. Se trata de una consideración técnica, que soporta la justicia y que da solidez al funcionamiento de todo el sistema judicial de nuestro país.
Lo único que resolvió la Corte es que no quedó demostrado el concierto entre autoridades del Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista Lydia Cacho, lo cual no significa que otras autoridades no puedan o deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad; esto es, de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos.
La seguridad jurídica de nuestro sistema constitucional descansa en el principio de legalidad y estricta aplicación de la Constitución.
La Suprema Corte de Justicia debe velar, en cada una de sus resoluciones, por la vigencia del orden constitucional y la validez del Estado de derecho de nuestro país. Esto la obliga a actuar en función del interés superior que se construye a través del cumplimiento riguroso de las leyes.
La jurisdicción debe ejercerse siempre en libertad. Libertad, a fin de poner siempre primero al derecho. Libertad, que implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular y, a veces, de fácil comprensión para grupos muy numerosos de la sociedad.
Es el derecho, y su impecable aplicación, lo que garantiza a los ciudadanos un verdadero acceso a la justicia. No hay justicia donde no prevalece el derecho. No hay justicia donde no se aplica la ley con el mismo rigor en todos los casos. En todos.
Que la Corte actúe apegada a derecho, a pesar de las voces sentidas de grupos de la sociedad, constituye la mejor garantía de un estado de constitucional derecho.
Hemos decidido de cara a la sociedad. Nuestros debates y argumentos individuales se transmitieron en vivo, durante varios días estuvieron presentes a través del Canal Judicial. Actuamos con gran transparencia, y hemos puesto en éste como en todos los casos lo mejor de nosotros para servir correctamente a nuestro país.
La resolución adoptada por la Suprema Corte responde a su obligación de discernir la legalidad y constitucionalidad de los temas que conoce, y de resolver con claridad y firmeza con apego a la Constitución.
Ésa es la garantía primaria que ofrece la Corte a la sociedad mexicana.
El detalle de estos debates queda a su disposición para su análisis y estudio. Están en la red (de la Suprema Corte) para que puedan ser consultados.
Muchas gracias.
Margarita Beatriz Luna Ramos.
Algunas reacciones de líederes de opinión:
Columna Sobreaviso / Impunidad garantizada/ René Delgado
Publicada en Reforma, 01/12/2007;
El crimen está de fiesta, en particular el dedicado a la explotación y el abuso sexual de menores. Seis ministros de la Suprema Corte se hicieron de la vista gorda ante su industria y, de paso, exoneraron a un amigo de ellos. Tamaña victoria les tomó casi dos años, pero valió la pena: el crimen nunca había obtenido una garantía de impunidad de tan alta autoridad como ésa.
¡Qué vergüenza!
* * *
Si seis meses atrás los ministros reivindicaron el valor de la justicia frente al poder de los grandes concesionarios, ahora lo mancillaron frente al poder del crimen. Cumplieron al pie de la letra con la ley, dejando de lado a la justicia.
¿Para qué aceptaron esos seis ministros investigar al gobernador Mario Marín, si a pesar del resultado de la indagatoria tenían decidido consagrarlo como un tirano con fuero? ¿Para qué dejaron crecer la ilusión ciudadana de que finalmente Mario Marín encontraría la horma de su calzado, si a fin de cuentas le iban a confeccionar unas pantuflas? ¿Para qué hicieron creer que les preocupaba la pederastia, si después iban a hacer de lado ese asunto?
Los nombres de esos seis ministros son Guillermo Ortiz Mayagoitia, Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Sergio Valls, Olga Sánchez y Margarita Luna Ramos. Y esos nombres hay que distinguirlos de los de los ministros Juan Silva Meza, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño y José Ramón Cossío que, ellos sí, de principio a fin se comprometieron con el deber.
* * *
La decisión de esos seis ministros es lamentable de todo punto de vista. Es lamentable en lo concreto y en lo abstracto.
En lo concreto porque deja en el desamparo las garantías fundamentales de una persona -en este caso, la periodista Lydia Cacho- y abre la puerta a un absurdo: en la violación de las garantías consagradas en la Constitución hay grados, a veces puede ser grave y a veces no. Si no es grave, la violación no cuenta. ¿Cuándo es grave y cuándo no? ¡Ah!, eso es materia de debate. Y es lamentable también porque, con la decisión de hacer un lado el problema de la explotación y el abuso sexual de menores, subyacente en el asunto manifiesto, el desinterés de la máxima autoridad judicial quedó manifiesto.
En lo abstracto, la decisión de esos ministros es lamentable porque reitera la conducta de los magistrados del anterior Tribunal Electoral, en relación con la calificación de la elección presidencial: la ley se puede violar pero si no se viola mucho no hay por qué proceder. Ahora, aquellos ciudadanos agraviados por alguna autoridad deberán calcular muy bien si, en verdad, vale la pena acudir al tribunal, porque la justicia se administra sobre la base de una variable no muy claramente establecida.
Pero, en el fondo, lo más lamentable de esa decisión es que en vez de fortalecer la certidumbre jurídica, la vulnera. Y la vulnera en un momento crítico, aquel donde el país flota -por no decir naufraga- en la mar de la incertidumbre política, económica, social... y, ahora, jurídica. Flaco favor le hacen lo ministros a la democracia y al Estado de derecho. Ratifican con su decisión que el país vive -por no decir padece- una democracia defectuosa y un Estado de derecho intermitente y, a veces, simulado.
Una democracia y un Estado de derecho sujetos a las negociaciones y pendientes de las coyunturas. Cuestión que, desde luego, el gobernador Mario Marín les agradece cumplidamente a esos seis ministros.
* * *
La toga y el birrete de esos hombres y mujeres no alcanzaron para cubrir el disfraz del rigorismo legal que elude administrar justicia, y la puesta en escena que montaron dejó en el altar del imperio de la justicia un monumental homenaje a la impunidad y el cinismo.
Sólo falta pedirle una disculpa a Mario Marín por molestarlo pero sin interrumpirlo en el libre ejercicio del poder de su capricho, aunque la verdad ese gobernador es en extremo comprensivo. Ya declaró que ese asunto nunca le quitó el sueño.
Si tan firme y correcta fue la decisión tomada por esos seis ministros, a título de qué vienen ahora a emitir un comunicado aclarando que "de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos". La debilidad de sus argumentos en las sesiones del pleno de la Corte, ahora lo fortalecen con la contundencia de un boletín de prensa.
Vaya ministros. Terminaron por igualarse a los legisladores y los ejecutivos que, en el resbalar los problemas y en el dejar al tiempo la conversión de los problemas en crisis, encuentran la tabla de salvación de su sobrevivencia aunque no de su naufragio.
* * *
Al lavarle la cara al gobernador Marín, esos ministros se quedaron sin cara qué poner.
Venir a reiterar ahora que era imposible aceptar como prueba la grabación de la elocuente conversación telefónica entre el gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif donde festejan el escarmiento y la tortura a la periodista, carcajeándose del Estado de derecho, obliga una pregunta a los ministros.
¿Si así era desde un principio, por qué resolvieron crear una comisión, integrar una investigación y, luego, en el colmo del absurdo, elaborar las reglas de esa indagatoria para repetirla y, más tarde, escenificar un debate cuya conclusión habían tomado de antemano? ¿Querían jugarle la ley en la boca a la ciudadanía? El problema de su proceder es que, en el armado del montaje, se fueron entrampando de más en más. Es mejor pensar eso, que concluir que nada les dijo la compilación de los 9 mil 85 casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores que ellos, ¡ellos!, compilaron. Es mejor pensar eso, que concluir que el análisis de 877 expedientes de esos casos no los hizo sensibles a la gravedad de la explotación y abuso sexual de los niñ@s.
La última instancia para dejar en claro que un gobernante no puede transgredir como si nada el Estado de derecho, violar los derechos de un ciudadano y encubrir a un probable pederasta viene a decir ahora -eso dice el boletín de ayer- que no, que la Suprema Corte no es la última instancia, que otras autoridades pueden o deben seguir adelante con la investigación.
Después de lavarle la cara al gobernador, quieren lavarse las manos. ¡Qué impudicia!
* * *
Nomás por no dejar, vale preguntarle a esos seis ministros cuáles son esas otras autoridades que podrían o deberían seguir la investigación.
¿Era el gobierno anterior que, en virtud de la elección presidencial entonces en curso, eludió el asunto? ¿Es el gobierno actual que, por razones de gobernabilidad, pide no meterse con el gobernador Mario Marín? ¿Era y es el Poder Legislativo que, en la duda política y existencial, evade tener facultades para llevar a juicio político al gobernador? ¿Es el ombusdman que a veces confunde la procuración de los derechos humanos con la procuración de los abusos de los servidores públicos? ¿O, sencillamente, hay que ir con el procurador de Puebla, que actúa con absoluta autonomía, excepto cuando el gobernador le dice que no?
Si ya la resolución de la Suprema Corte avalada por esos seis ministros constituía un agravio para la ciudadanía, el boletín de ayer es una burla. Hoy, por lo pronto, está claro que pueden tanto los demonios del edén como los ángeles de Puebla y su corte de ministros.
Vengan las botellas de coñac, el crimen y la impunidad están de fiesta.
Columna PLAZA PÚBLICA/Precioso, y avalado por la Corte/Miguel Ángel Granados Chapa
Publicado en Reforma, 02/12/2007;
Propongo desde ahora que en febrero de 2011, cuando concluya su sexenio, el abogado Mario Plutarco Marín Torres sea designado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su canto al Estado de derecho, su decisión de apegarse a la resolución de ese tribunal (llamado alto por un convencionalismo rutinario) emitida el jueves pasado es conmovedora, máxime que no es postura de última hora sino que durante 19 meses el góber precioso mantuvo su "plena confianza y respeto a las determinaciones de nuestro máximo tribunal", en el que reconoce a un "garante del control constitucional y promotor de la vigencia del estado de derecho".
Es imaginable que, con aviso telefónico o sin él, el rey de la mezclilla Kamel Nacif haya enviado a la Casa Puebla o a la Casa Aguayo botellas de coñac para que su amigo brindara el jueves por la noche, tras emitir el comunicado cuyas frases cito ahora, por su triunfo contra la calumnia que los enemigos de la vigencia de la ley pretendieron asestarle, pero contra la cual contó con el invaluable escudo de seis ministros de la Corte, que le obsequiaron un certificado de impunidad, y que lo recibirían gozosos como uno de los suyos, al que estuvieron a punto de pedir disculpas por el maltrato con que se le molestó desde que en abril de 2005 las dos Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron a la Corte ejercer la facultad indagatoria del artículo 97 constitucional, facultad que estorba o perturba a los miembros de ese tribunal, tanto que en su libro blanco sobre la reforma judicial demandan que el Congreso lo regule o de plano lo elimine.
Por lo pronto, en junio pasado ellos mismos ciñeron con reglas procesales esa atribución para investigar violaciones graves a las garantías individuales. Y en un exceso de escrúpulo, decidieron aplicarlas ¡cuando ni siquiera existían! a una pesquisa ya concluida, cuyo informe final, donde se evidenciaba la conspiración encabezada por Marín contra la periodista Lydia Cacho, había sido presentado en la sesión donde la mala conciencia procesal de la mayor parte de los ministros los llevó a infringir su propia legalidad interna en aras de respetar la legalidad general. El hecho es que aplazaron la discusión del informe, que, ahora bajo la forma de dictamen, fue presentado el lunes pasado al pleno integrado durante esa semana por 10 miembros por la ausencia de Fernando Franco.
El presidente de la comisión elaboradora del dictamen, Juan N. Silva Meza, leyó, como lo había hecho el 26 de junio, un documento rotundo, que esta vez presentaba, entre otras, las siguientes conclusiones: "sí existió un concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar garantías individuales de la periodista Lydia María Cacho Ribeiro con motivo del proceso penal seguido en su contra, con lo que se violó además, los principios democráticos de federalismo y división de poderes, en especial el principio de independencia judicial", que "sí existe violación reiterada y sistemática de derechos fundamentales en perjuicio de menores de edad" y que "en la violación de garantías individuales se encuentran involucradas las autoridades a que se ha hecho referencia", con Marín a la cabeza.
Ese mismo día, la discusión del dictamen comenzó con una estrujante participación del ministro Genaro David Góngora Pimentel, quien concentró su argumento en la tortura sufrida por Lydia Cacho. Lo hizo tras leer la transcripción de la conversación de Marín con Kamel Nacif. El lenguaje tabernario de uno y otro, su oronda referencia a maniobras destinadas a ofender a la justicia restallaron como látigos al ser dichas por un atildado juzgador en el salón de plenos de la Corte.
Tal vez el efecto de esa lectura orilló al ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia a mudar el orden de la discusión. Propuso resolver si la investigación debía comprender los aspectos de pederastia y pornografía infantil, sobre los cuales el proyecto incluyó "un amplio capítulo". Ciertamente la comisión Silva Meza había otorgado especial importancia a esos hechos, vinculados indisolublemente al caso de Lydia Cacho, tanto que eran en realidad la causa del ataque a sus garantías individuales, e incluidos en la petición de las Cámaras del Congreso. En su profunda pesquisa, la comisión identificó más de nueve 9 mil casos relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores y analizó 877 expedientes en que la constante, además de los delitos en sí, es su maltrato como víctimas y el ningún compromiso de la justicia para velar por sus derechos.

Conforme el tema se discutía, era evidente que se avanzaba hacia su desechamiento.
Hubo quienes reconocieron la importancia de los delitos contra menores y hasta quienes con sarcasmo dijeron que no bastaba la relevancia social de un asunto para que la Corte lo abordara, pues de lo contrario habría que ocuparse de la miseria. Llegado el momento de la votación seis ministros formaron mayoría para que se declarara que "la investigación no debe comprender la existencia de redes de pederastia".
Comenzó en seguida, a propuesta de Ortiz Mayagoitia, la discusión sobre "la intervención de comunicaciones privadas, las tenemos como buenas o se desestiman". Se refería a la que pidió la comisión, a un juez, para verificar extremos de su indagación. Pero el debate se extendió naturalmente a otra interferencia telefónica, la que permitió conocer el diálogo entre Nacif y Marín, en que se concentró la discusión del jueves 29, pues el martes la hora de comer interrumpió el inicial intercambio de opiniones.
Todos estuvieron de acuerdo en que la grabación hecha en diciembre de 2005 y dada a conocer en febrero siguiente no es una prueba en sí misma, porque fue realizada ilegalmente. Pero la Corte misma, al desechar la primera indagación sobre el tema, había convenido en considerarla como la base de una hipótesis, que adquiriría valor probatorio si otros indicios la corroboraban. La comisión halló esos indicios al obtener de empresas telefónicas registros de las llamadas hechas desde y hacia las oficinas públicas relacionadas con la trama. Son registros legales, tanto como las intervenciones solicitadas por la comisión puesto que las ordenó un juez. Y de los registros telefónicos se determinó que la llamada principal, la de Nacif a Marín, se efectuó en la fecha sabida y tuvo la duración correspondiente al diálogo conocido. Y a partir de esos datos se tejió el mapa de los cruces de participación de los subalternos de Marín, incluidos en ese concepto no sólo miembros de la Procuraduría sino también del Tribunal Superior de Justicia. Los llamados telefónicos, aun sin conocerse sus contenidos, mostraron por sí mismos un sostenido nivel de comunicación que por las fechas en que se realizaron y sus secuelas, así como quienes presumiblemente los realizaron, permitieron saber que se avanzaba en la trama contra Lydia Cacho.
Al cabo de esa discusión, Ortiz Mayagoitia planteó las cuestiones de fondo: si quedó probada la violación grave de garantías individuales de Lydia Cacho, si hubo concertación de autoridades para consumarla y si es posible determinar y si se puede determinar qué autoridades quedaron involucradas. Hubo quienes admitieron que sí hubo violaciones pero no tan graves como para ameritar la intervención de la Corte, sino que podían ventilarse a través de otros medios de control constitucional. Quienes estaban en esa posición lo hacían sólo de dientes para afuera, pues no podían ignorar que es imposible que un juez federal expida una orden de aprehensión contra Marín a sabiendas de cuál es la posición de la Corte al respecto. La Corte misma, en esa hipótesis de imposible realización, tendría muy probablemente que conocer el asunto en su extremo final y llegaría a abordarlo con parcialidad, atada a los criterios que expuso la mayoría de sus miembros.
El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano llevó sus razonamientos a la náusea. No sólo concluyó que no hubo violación grave ni leve sino que se mofó de Lydia Cacho, le propinó un "coscorrón" de semejante índole ética que el que Marín dijo haberle asestado a la periodista en su conversación con Nacif, que la Corte no negó que existiera, sino simplemente que no quedó probado.
Así se expidió un certificado de inocencia a Marín y, sin siquiera votarlo, a todos cuantos lo obedecieron en este caso.
Correo electrónico:
miguelangel@granadoschapa.com
Juzguemos a los jueces de la Corte/Jorge Zepeda Patterson
Publicado en El Universal, 02/12/2007;
El viernes pasado, 36 horas después de que la Suprema Corte fallara a favor del gobernador Mario Marín, Lydia Cacho recibió la llamada de una niña aterrada. Se trataba de una de las víctimas de Succar Kuri y una testigo clave en el juicio que se sigue en contra del pederasta. “Nos van a matar”, dijo al teléfono entre balbuceos. Y razones de preocupación no le faltaban. Durante meses personeros de Succar han presionado a la niña y a su madre con amenazas de toda índole para que se retracte del testimonio en el que describe las maneras en que fue abusada. Ha resistido el acoso porque abogados y defensores de derechos humanos le habían pedido confianza en la posibilidad de que se hiciera justicia. El viernes le dijo a Lydia, entre sollozos que le cortaban el aliento, que el perdón a Marín confirmaba que Succar tenía razón: tienen comprados a los jueces y al gobierno.
Lo que han hecho los seis ministros de la Corte que fallaron a favor de Marín es preocupante y sospechoso por donde se le mire. Si alguna vez hubo una causa ciudadana era esta. Si alguna vez hubo algo que pareciera la confrontación entre “el bien y el mal” era ahora. No sólo porque se trataba de la represión artera de empresarios y políticos de poder contra una periodista por haber denunciado el abuso sexual de menores; también porque la opinión pública toda se había involucrado luego de las ominosas grabaciones escuchadas por todo el país.
Lo que sucedió en la Corte tiene muchos signos de haber sido decidido en otros ámbitos. Una y otra vez pudimos observar a lo largo de los meses la disputa de los ministros entre dos posiciones encontradas: por un lado, la defensa a ultranza de Marín por parte de Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y Ortiz Mayagoitia, este último presidente en funciones. Un trío decidido a impedir que la denuncia periodística de una ciudadana terminara por afectar la autoridad de un gobernador, así fuera un góber precioso. A lo largo de todo el proceso mostraron su disgusto por el hecho de que el caso hubiese llegado a la Corte y recurrieron a todo tipo de argucias para retrasarlo y desecharlo.
Del otro lado, varios ministros, entre ellos, Silva Meza y Góngora Pimentel, entendieron que el caso entrañaba mucho más que los derechos individuales de una periodista y que lo que estaba en juego eran las redes de crimen organizado a favor de la pederastia que Cacho había denunciado.
Sin embargo, parecía que las diferencias quedarían zanjadas por el contundente dictamen presentado por Silva Meza en el que se comprobaba la culpabilidad de las autoridades poblanas. Fue una investigación, encargada por la propia Corte, que durante meses recopiló pruebas, entrevistó a cientos de testigos y exigió documentación y expedientes a todo tipo de autoridades. La operación para reprimir a la periodista por encargo de Kamel Nacif fue demostrada amplia y meticulosamente. Sólo quedaba la votación final para emitir un fallo definitivo.
Se sabía que los tres ministros “marinistas” votarían en contra del dictamen pretextando distintos tecnicismos, pero que prácticamente el resto del pleno reconocería la investigación de su colega. No había razón para no hacerlo, porque ninguno de ellos había hecho su propia investigación ni tenía más datos que los contenidos en las mil y tantas fojas de la descripción de los hechos descritos por Silva Meza. La controversia simplemente parecía resumirse a los términos en que saldría la resolución contra Marín.
Sorpresivamente, las dos ministras, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos, cambiaron su voto en el momento justo de la votación, pese a que dos días antes durante sus intervenciones habían respaldado el dictamen de Silva Meza. El fallo a favor de Marín fue tan inesperado, que el propio presidente, Ortiz Mayagoita, no pudo reprimir una sonora carcajada de alivio cuando dio por concluida la votación final. ¡Había cumplido! ¿Con quién?
¿De quién es la mano que movió la cuna de la Suprema Corte? Sabemos que durante meses los cabildeos del gobierno de Puebla y de la cúpula priísta habían conseguido “la simpatía” de los tres ministros “marinistas”, pero el resto parecía blindado frente a los encantos poblanos. ¿Qué fuerza fue capaz de arrancar una decisión que a todas luces parecía improbable?
Todo parece indicar que la resolución saltó del plano jurídico a una consideración de “Estado”. O dicho en plata pura, a un arreglo político. Ya parecía suficientemente sospechoso que se hubiese retrasado el fallo hasta después de las elecciones del mes pasado en Puebla; peor aún, trascendió que el gobierno federal había solicitado al PAN que sus candidatos en Puebla no hicieran campaña mencionando al góber precioso y el caso Lydia Cacho. Hace un año, Calderón ganó en una Puebla gobernada por Marín, hace unas semanas, Marín arrasó en Puebla con Calderón como presidente.
¿Quién habría perdido si Marín hubiese sido declarado culpable por la Suprema Corte? Sin duda, el gobierno federal. Y habría perdido en cualquier escenario: si la PGR ejecutaba detenciones en contra de autoridades poblanas o emprendía acciones que propiciaran la caída del gobernador, habría torpedeado su alianza con el PRI en el Congreso. Y, por el contrario, si se quedaba cruzado de brazos luego del fallo se habría exhibido frente a la opinión pública nacional e internacional por su evidente complicidad. Todo indica que prefirió exonerar a Marín, tragarse el escándalo momentáneo, y hacer una contención de medios de comunicación durante algunos días (sugiero al lector revisar qué noticiarios y periódicos han dado relevancia u opacidad a la nota y qué tan rápido la han desaparecido).
Con la decisión de la Corte el mensaje que envía el Estado mexicano es doble. Primero, se permite informar a ciudadanos y a periodistas que con los poderosos no deben meterse o serán castigados. Y, segundo, invita a gobernadores y procuradores de todo el territorio a hacer con sus ciudadanos lo que les plazca porque, cortesía de la Corte, cuentan con plena impunidad.
http://www.jorgezepeda.net/

Nuestro genoma

La huella de la historia en nuestro genoma/David Comas, profesor agregado de Biología en la UPF
Publicado en LA VANGUARDIA, 02/12/2007:
El brillo de las estrellas que observamos en una noche despejada es resultado de emisiones de luz que tuvieron lugar en astros lejanos en un pasado muy remoto, e incluso algunos de los brillos que contemplamos actualmente pertenecen a estrellas ya extintas. De manera similar, los genes que portamos son el rastro heredado de antepasados que pertenecían a poblaciones que ya no existen. Alo largo de la vida, nuestro genoma va acumulando pequeñas diferencias, pequeños cambios. Algunas de estas mutaciones son responsables de nuestro envejecimiento y quizás del desarrollo de alguna enfermedad. Sin embargo, gran parte de ellas no provoca ningún efecto y una pequeña porción la transmitimos a nuestra descendencia. De este modo, las mutaciones inocuas se acumulan paulatinamente en las poblaciones de generación en generación. Estos cambios genéticos nos pueden ayudar a explicar cuáles han sido las migraciones de las poblaciones, cómo se han colonizado los continentes y territorios, y qué mezclas de poblaciones pretéritas han dado lugar a la diversidad genética actual.

Aguayo-CNDH-CDHDF

Debate mediático: Segio Aguayo-Soberanes-Alvarez Icaza.
El miércoles 28 de noviembre Segio Aguayo, escribió en Reforma:
¡Hagan cancha!/Sergio Aguayo Quesada
Publicado en Reforma, 28/11/2007;
La pluralidad enriquece. Ése debiera ser el criterio del Senado de la República para seleccionar a dos nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Horroriza constatar cómo se arrasan los derechos en nuestro país. Indigna el escaso compromiso y/o la ineficacia de buena parte de los organismos públicos encargados de protegerlos. Si dilapidan potencial y presupuesto es porque les preocupa más congraciarse con el poderoso y por esa indolencia absurda de los legislativos que debieran vigilarlos. La CNDH es un caso paradigmático porque, pese a ser el ombudsman más rico del continente, es timorata frente a los abusos.
Cuán paradójico resulta que la CNDH brillara cuando más la controlaba el régimen. Carlos Salinas ordenó su creación en 1990 pero la entregó con grilletes que no le impidieron a Jorge Carpizo hacer una gestión notable. Posicionó el tema y dio batallas memorables apoyándose en un equipo de primer nivel (entre otros, Rosario Green, Miguel Sarre y Rodolfo Stavenhagen -este último en el Consejo Consultivo).
El actual presidente, José Luis Soberanes, tomó posesión en 1999 en la víspera de la alternancia federal. En lugar de engrandecer la presencia y autoridad moral de la CNDH ha sido el pastor de su empequeñecimiento. Poco queda de su energía original y actualmente está enfrentada con buena parte de la comunidad nacional interesada y es vista con suspicacia por algunos de los principales organismos internacionales que observan, con azoro y curiosidad, cómo una institución puede ser rica e intrascendente.
Pese a la frecuencia de este tipo de críticas, el Senado de la República nunca ha ordenado una auditoría independiente e integral sobre lo hecho y dejado de hacer por un organismo receptor de miles de millones de pesos. Han permitido que sobre la CNDH cayeran unas persianas oscuras que impiden saber lo que pasa en sus entrañas. Eso ha llevado a diversas instituciones académicas y sociales a desviar parte de sus escasos recursos al monitoreo de un organismo que enfrenta varias demandas por su falta de transparencia.
La CNDH tiene un Consejo Consultivo de 10 personas que debiera dictar los lineamientos generales e informarse de lo que hace su presidente. Cuesta trabajo saber qué hacen porque las actas de sus reuniones son tan escuetas que ni siquiera identifican a los asistentes ni a los aviadores. La revisión de esos documentos deja la impresión de que estamos ante un cuerpo colegiado pasivo que acata la voluntad del presidente.
Una excepción es su reacción a la polémica decisión de Soberanes de interponer una acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en materia de interrupción voluntaria del embarazo. El acta de la sesión del 10 de julio pasado identifica las opiniones de los consejeros y se puede apreciar su potencial creativo. Se confirmó que no fueron consultados, que tienen opiniones diferentes sobre ese tema y que Soberanes tenía la autoridad legal para actuar de esa manera.
Al consejo le falta pluralidad. En estos días la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida por Rosario Ibarra, está seleccionando a dos nuevos miembros con un procedimiento innovador. A diferencia de años anteriores las reglas son claras y las audiencias públicas. Así sabemos que buscan reelegirse las consejeras Paulette Dieterlen Struck y Patricia Kurczyn Villalobos, ambas distinguidas profesoras de la UNAM (la primera es del Instituto de Investigaciones Filosóficas, la segunda de Investigaciones Jurídicas). Sin poner en duda su calidad intelectual es dudoso el interés de Patricia Kurczyn la cual, según las actas, sólo participó en tres de las 11 sesiones de este año. Es probable que en estos momentos se estén beneficiando de la tradicional cargada de los centenares de organismos civiles que la CNDH convida a unas reuniones millonarias organizadas en playas de moda. En esta ocasión el Senado debería verificar su representatividad.
Si nos apegamos al criterio de la pluralidad las dos consejeras no deben ser reelectas. La UNAM ya está sobrerrepresentada porque hay otros cuatro consejeros de esa institución: Ricardo Pozas Horcasitas, Fernando Serrano Migallón, Juliana González Valenzuela y Miguel Carbonell Sánchez. El consejo podría enriquecerse con representantes de la izquierda y la derecha sociales. Con eso en mente me parecen particularmente atractivas las candidaturas de Pilar Noriega y Ricardo Sepúlveda. Ambos se formaron en la Escuela Libre de Derecho aunque sus vidas profesionales luego tomaron rumbos diferentes.
En 1980, cuando nadie hablaba de derechos humanos en México, Pilar Noriega ya los defendía. Y así ha seguido con un compromiso tan indudable como una legitimidad fortalecida porque su candidatura fue gestada en un proceso deliberativo de múltiples organismos. Al final fue postulada por 32 organizaciones representativas. Su incorporación al consejo incluiría a un sector tradicionalmente excluido.
Estaría luego el sector conservador. Ricardo Sepúlveda es un joven abogado afiliado al PAN quien se distingue por su disposición al diálogo, su tolerancia hacia la diversidad y su independencia. Tiene experiencia porque durante el sexenio pasado estuvo encargado en la Secretaría de Gobernación de armar el Programa Nacional de los Derechos Humanos, que si naufragó en los últimos años de Fox fue porque a éste sólo le interesaba violar los derechos políticos del Peje.
Desde 1999 el Senado ha integrado un consejo al gusto de José Luis Soberanes. Algunos nombramientos fueron acertados, otros fueron un fiasco. Para fortalecer la pluralidad es tiempo de que le hagan cancha a otros sectores representativos.
Dos días después la CNDH envía la siguiente réplica. ese mismo día Aguayo responde:
Réplica: Aclara la CNDH
Reforma, 30/11/2007:
Sr. Director:
Para conocimiento de los lectores agradeceré a usted dar cabida en las páginas de Reforma al siguiente comentario y aclaración: - En contraste con lo que opina Sergio Aguayo en su artículo del pasado 28 de noviembre, las reglas para el nombramiento de consejeros de la CNDH son claras y públicas no de ahora, sino desde hace varios lustros. De tal manera, quien revise ésta o cualquiera de las convocatorias anteriores advertirá que con requisitos muy semejantes han aspirado a ser integrantes del Consejo Consultivo quienes lo han querido y han aceptado el procedimiento establecido para tal efecto por el Senado de la República.
- Hace cuatro años, y aunque su candidatura no obtuvo voto alguno, el propio Aguayo fue propuesto para incorporarse a ese órgano de la CNDH. Hoy, para manifestar su aquiescencia hacia dos personas que, con todo su derecho, él considera las idóneas, el articulista pide que le "abran cancha" y revela -con algo más que el título de su artículo- su proclividad a descalificar lo que no le parece y a denostar a quienes no comparten su orientación en cualquiera de las materias de las que suele opinar como experto.
- En cuanto a las invocaciones del autor del artículo al concepto de sociedad civil, me parece insostenible que se confunda el todo con las partes. Habría que recordarle que la sociedad civil es hoy mucho más compleja y variada que el grupo de las 12 organizaciones a las que desde hace muchos años pertenece o con las que simpatiza y apoya el señor Aguayo como únicos interlocutores válidos hacia y desde la CNDH, y cuya transparencia y vocación democrática no parecen ser su carta de presentación, a juzgar por la insuficiente información que ofrecen de sí mismas y de los casos y causas que defienden.
- Con el desgastado argumento del alto presupuesto que el Congreso autoriza a la CNDH -de cuyo ejercicio se rinden cuentas de manera puntual y permanente, tal y como también se informa en www.cndh.org.mx- Aguayo embiste de nuevo a la CNDH, pero pierde de vista que en ése, que es uno de los aspectos que tanto le ocupan, el organismo público local para la defensa de los derechos humanos en el Distrito Federal registra una proporción mucho mayor de empleados y de presupuesto para cada persona atendida.
- Sorprende, finalmente, que quien se ha dicho defensor del derecho a la equidad de género proponga sin más que los espacios ocupados durante cinco años por dos mujeres consejeras se renueven designando a un hombre para uno de ellos.
Agradezco mucho su atención y lo saludo con respeto.
Atentamente,
Licenciado Jorge Elliot Rodríguez,
Secretario particular del presidente de la CNDH.
Respuesta del Columnista
¡Qué carta tan confusa!
La columna que provocó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fue construida sobre tres ejes:
1. Considero que la CNDH ha sido ineficaz, timorata y opaca... y tengo información para demostrarlo.
2. El Senado ha sido corresponsable de esta situación ... y dispongo de la evidencia para fundamentarlo.
3. Este año la Comisión de Derechos Humanos del Senado dio un viraje y está eligiendo a dos nuevos integrantes del consejo con reglas claras y procedimientos transparentes... y por eso los felicité y me permití respaldar a dos candidatos. Habría más candidaturas merecedoras del honor; una de ellas es la de Raúl Ramírez Baena de Baja California.
Considero confusa la carta de la CNDH porque...
1. Se pone a defender los procedimientos que siguió el Senado para nombrar a los funcionarios de la CNDH. La Cámara alta no necesita a la CNDH para responder a mis textos.
2. Guarda silencio sobre críticas muy concretas. Nada dice sobre la sobrerrepresentación de la UNAM en su Consejo Consultivo o sobre los millones gastados en eventos realizados en playas de lujo para ONG que luego inundan de cartas el Senado para apoyar a las y los candidatos de la presidencia de la CNDH.
3. En lugar de ello intenta descalificarme, para lo cual invoca hechos sin relación alguna con lo que yo escribí. Por ejemplo, ¿en qué rincón de su mente fraguó esa extraña asociación entre mi columna y el número de empleados y el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal?
Modifico, por esa carta, mi opinión sobre la CNDH de José Luis Soberanes. Tal vez su ineficacia, opacidad y tibieza se engendraron en una confusión original sobre lo que significa defender víctimas en un país que se esfuerza por ser democrático.
Sergio Aguayo Quezada
El sábado 1 de diciembre, el vocero de la CDHDF envía una carta y compara cifras enambas instituciones autónomas:

Carta / Precisa cifras CDHDF
Reforma, 01/12/2007;
Sr. Director:
El artículo "¡Hagan cancha!" de Sergio Aguayo Quezada, publicado el miércoles pasado en Reforma, generó una pronta respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
buscando descalificar al reconocido analista político.
Sorprende que para ello la CNDH aluda al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF). Dice la carta del secretario particular del titular de la CNDH: "...el organismo público local para la defensa de los derechos humanos en el Distrito Federal registra una proporción mucho mayor de empleados y de presupuesto que cada persona atendida".

En ese sentido, solicitamos a usted la publicación de las siguientes cifras que permitirán a las y los lectores de Reforma formarse una mejor opinión:
Año 2007
Presupuesto
CDHDF: 242 millones 172 mil 486 pesos.
CNDH: 800 millones 964 mil 174 pesos.
(Nota: para el 2008, la CNDH recibirá 866 millones de pesos, habiendo pedido 984 millones de pesos).
Año 2006
Quejas tramitadas
CDHDF: 8 mil 55.
CNDH: 6 mil 895.
Del total de quejas tramitadas por la CNDH, mil 109 le fueron remitidas, debidamente integradas, por la CDHDF. Es decir, el 16.8 por ciento del trabajo que reporta, se realizó en nuestras oficinas.
Personas atendidas
CDHDF: 38 mil 284.
CNDH: 30 mil 555.
Personal
CDHDF: 541 (mandos medios y superiores, fuerza de trabajo y honorarios).
CNDH: 541 servidores públicos (mandos medios y superiores, sin contabilizar fuerza de trabajo ni honorarios).
La comparación que hace la CNDH con respecto a cómo explicar el presupuesto, vinculando personal con personas atendidas no es la correcta, pero aún así, arroja la siguiente cifra.
CDHDF: personal y personas atendidas (38 mil 825), a cada uno le corresponderían 6 mil 237 pesos con 53 centavos.
CNDH: personal y personas atendidas (31 mil 96), a cada uno le corresponderían 25 mil 757 pesos con 78 centavos.
De nuestra parte, señor Director, es claro que servimos a la ciudadanía y a ella le rendiremos cuentas. Ni entablaremos ni aceptaremos falsos debates que afectan la credibilidad de las instituciones. Las y los mexicanos esperan de instituciones como las nuestras una férrea defensa de sus derechos humanos, no peleas pagadas con dinero público.
De antemano, agradezco su atención.
Hugo Morales Galván,
director general de Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Dónde diablos está José Alfredo Hernández?

Dónde diablos está José Alfredo Hernández Casillas , el proveedor consentido al que Guadalupe Taddei le soltó aquel revelador y familiar ...