Policía investigadora

EE UU participa en la preparación de 1,500 policás federales
Joelle D. Mclaughlin, de la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en México, cuyo personal participará en el programa de capacitación que inicia este mes, detalló que el entrenamiento durará cinco semanas y forma parte del proyecto del gobierno federal para contar con un nuevo perfil de policía investigador.
En el blog de la sede diplomática, el funcionario estadounidense informó que con el apoyo de los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional de Estados Unidos, así como del Buró Internacional para Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), se diseñó este proyecto de capacitación a petición de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
Entrenamiento de agentes de investigación de la SSP
Con el apoyo de los departamentos de Justicia (DOJ) y Seguridad Nacional (DHS) estadounidenses, el Buró Internacional para Asuntos Anti-Narcóticos y Procuración de Justicia (INL) respondió a la petición de la Policía Federal de México (SSP) para que con la ayuda de 80 agentes activos de procuración de justicia estadounidense, se brindara entrenamiento a 1,500 nuevos elementos de la policía especializada en investigación de México.
De acuerdo a las nuevas leyes mexicanas en materia policiaca, la Policía Federal extenderá sus roles para el desarrollo de “investigaciones preventivas”, requiriendo más de 9,000 agentes adicionales con estudios universitarios y entrenamiento especializado en investigación para ejercer ese rol apropiadamente. La nueva ley forma parte de una amplia legislación que asigna tareas y responsabilidades específicas dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas, creando sistemas más fuertes para un mayor control interno y definiendo trayectorias claras para el desarrollo profesional de los agentes. La nueva ley también permitirá una mejor distribución de las fuerzas federales, estatales, y locales, estableciendo requerimientos profesionales y dándoles una formación en común.
Coordinadores y contratistas de la Sección de Asuntos de Anti-Narcóticos de la Embajada de Estados Unidos (NAS) han trabajado muy de cerca con elementos de la SSP durante todo un mes, para desarrollar un programa de entrenamiento de 5 semanas que cubra diferentes aspectos: estudios forenses, técnicas de investigación, vigilancia, entrevistas, y manejo de la escena del crimen en la SSP de San Luis Potosí. Después del entrenamiento, la SSP solicitará a los nuevos reclutas tomar un curso de entrenamiento de siete semanas en diferentes universidades de la Ciudad de México. El enlace con las universidades, y el ingreso de un gran número de egresados universitarios a la policía federal, es un elemento clave en la visión del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien quiere una fuerza policiaca que no solamente esté bien entrenada y debidamente acreditada, sino que además forme parte de la sociedad convencional.
A la ceremonia inaugural del nuevo curso asistieron 12 miembros de agencias de procuración de justicia de la Embajada y 1,500 nuevos reclutas que fueron formados en el Centro de Comando de la SSP en Iztapalapa, a las afueras de la Ciudad de México. La reunión fue impresionante no sólo por la cantidad de asistentes, sino también por la calidad de los nuevos agentes. Además de los comentarios del Secretario Genaro García Luna, el Presidente Calderón emitió un mensaje a los nuevos agentes ese día a través de un video. La promulgación de la nueva ley de policía y la inauguración del nuevo curso marcarán el antes y el después de la nueva policía en México.
Uno de los rectores universitarios que tomaron la palabra aquél día, dijo que su hija le había llamado recientemente de Ciudad Juárez con la noticia de que se sumaría a las filas de la nueva policía de investigación. Dijo que algo que le sorprendía más que esta noticia, era la reacción positiva que él había tenido ante este hecho. Dijo que después de varios intentos de comenzar de nuevo a través de los años, tal vez en esta ocasión las cosas serán realmente diferentes y México desarrollará una policía federal capaz que pueda contener el aumento de la violencia generada por los cárteles. El equipo de la Embajada para Asuntos de Narcóticos, quienes además de los entrenadores y coordinadores, incluye personal de apoyo, especialistas en procuración de justicia y programas de asistencia, se sienten privilegiados de formar parte de este esfuerzo histórico desde sus comienzos.
Por Joelle D MclaughlinNarcotic Affairs Section

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El Acapulco de hoy

El Acapulco de hoy: playas, metralla y granadas...
JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y EZEQUIEL FLORES
Revista Proceso #1702, 14 de junio de 2009;
Sin otro rival que el Ejército –y eso a veces–, los sicarios de los hermanos Beltrán Leyva dirimen con balas y granadas sus disputas internas. Y cuando se topan con las fuerzas federales, como sucedió la noche del sábado 6 en plena zona tradicional de Acapulco, presentan batalla y causan bajas. La guerra interior no sólo se intensifica, sino que cada vez implica a más policías y soldados, no necesariamente del mismo lado.
ACAPULCO, GRO.- Para los civiles que quedaron en medio de la refriega fue “como la guerra”; y para las propias fuerzas federales resultó inesperada la gran capacidad de fuego y despliegue mostrada por el cártel de los hermanos Beltrán Leyva en una sola noche y en tres zonas de Acapulco.
Una disputa entre dos lugartenientes de la organización, El Güero Huetamo y El Buche, terminó por involucrar al Ejército, que se enfrentó, en un hecho sin precedentes en el puerto, a una célula de sicarios proveniente de Sinaloa en la que participaban cuatro policías de ese estado (tres municipales y uno estatal).
El cártel de los hermanos Beltrán Leyva –originarios de Sinaloa– ya es el principal enemigo del Ejército en Guerrero. A raíz de la decapitación de nueve militares en Chilpancingo, hecho que no ha sido esclarecido por las autoridades ministeriales del estado, los militares emprendieron la cacería de operadores de los Beltrán prácticamente en toda la entidad.
En un combate que duró casi cinco horas, entre la noche del sábado 6 y la madrugada del domingo 7, efectivos del 56 Batallón de Infantería mataron a 13 sicarios de esa organización. Cientos de vecinos, tirados en el piso y escondidos en cualquier rincón que consideraban seguro, escucharon disparos de armas cortas y largas, y cómo esquirlas de granadas rompían vidrios, mellaban paredes y dañaban cuanto alcanzaban.
El tamaño de su angustia fue el de la oscuridad. Apenas había comenzado el tiroteo, alguien le disparó al transformador eléctrico de la avenida Rancho Grande, del fraccionamiento Las Playas, enclavado en la zona de Caleta y Caletilla, en el llamado Acapulco tradicional.
En el número 42 de esa serpenteada calle estaba una casa de seguridad de cuatro niveles, construida en los años dorados de Acapulco para uso particular y que durante un tiempo fue rentada para fiestas. Terminó como refugio y tumba de sicarios.
Dos militares murieron y nueve fueron heridos. Dos civiles fallecieron en el fuego cruzado. Varios sicarios lograron escapar, cinco quedaron detenidos y otros fueron muertos.
Un segundo choque armado ocurrió esa misma noche en la periferia norte de la ciudad portuaria, cuando agentes de la Policía Federal se enfrentaron por más de una hora a otro grupo de sicarios que desde fuera de Acapulco intentó llegar a Caleta para reforzar el ataque de los narcotraficantes en Las Playas.
Los sicarios fueron detenidos por un grupo de patrullas federales a la altura del punto conocido como El Retorno, de Paso Limonero. Oficialmente, ningún sicario murió o fue detenido en esta acción; pero sí murió una mujer de 36 años, y a su hijo de 15 años dos balas le perforaron los intestinos, y dañaron su columna y su cadera.
En el caso de las dos víctimas de Las Playas, la Sedena atribuyó la responsabilidad a los sicarios, aunque los civiles murieron del mismo lado en el que cayeron por lo menos cuatro narcotraficantes.
En el cuartel del 56 Batallón de Infantería, en Cumbres de Llano Largo, Acapulco, el comandante de la 27 Zona Militar, general Daniel Velásquez Ramírez, aseguró en el comunicado que leyó la mañana del lunes: “En el momento del enfrentamiento cruzaban por el lugar tres civiles, dos de los cuales fueron ejecutados por los sicarios (padre e hijo), mientras que el tercero (una mujer) pudo salvar la vida gracias a la oportuna intervención militar”.
Los 13 sicarios muertos trabajaban para la organización de los Beltrán Leyva; 10 de ellos eran originarios de Badiraguato, Navolato y Culiacán, en Sinaloa. Según pudo corroborar Proceso, cuatro eran policías de esa entidad: Víctor Manuel Cervantes Meza, quien perteneció a la Policía Estatal Preventiva, y José Antonio Rosas Rocha, Ernesto Soto Núñez y Carlos Lucio Castro López, que estuvieron adscritos a la Policía Municipal de Culiacán.
En su comunicación del lunes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los identificó como integrantes de una célula de los Beltrán Leyva e identificó entre los abatidos a su jefe, el “comandante Magaña”.
Al siguiente día de esa escueta referencia oficial a la identidad de los sicarios, se identificó a otros de los abatidos. Esto se consiguió a través del blog ytúquehacespormexico.blogspot.com, que se presenta con el subtítulo La maña de Acapulco.
Según ese espacio, El Huetamo y El Buche se repartían el control de Acapulco y estaban al servicio de los Beltrán. Pero el primero se pasó al grupo de El Chapo Guzmán, quien en enero de 2008 rompió su alianza con los Beltrán Leyva. De acuerdo con la PGR, el representante de El Chapo en Guerrero es el expresidentes municipal priista de Petatlán, Rogaciano Álvarez, de quien grupos antagónicos dicen que recibe protección del Ejército.
La citada bitácora electrónica precisó también que el nombre del “comandante Magaña” es Gerardo Magaña, originario de Sinaloa y quien durante 10 años fue jefe de escoltas de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, a quien en Acapulco conocen como El Señor de las Botas Blancas.
Desde hace dos años, la tarea de Magaña era “limpiar” las plazas de aquellos que traicionaban o desafiaban a la organización. Hace seis meses se estableció en Acapulco con el propósito de eliminar a El Güero Huetamo, originario de Huetamo, Michoacán.
Su logro más reciente, una semana antes, fue el levantón del comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Antonio López Damián, uno de los cinco detenidos por el Ejército en la casa de seguridad de Las Playas. La PGJE se deslindó de ellos argumentando que desde el 25 de mayo y el 3 de junio los judiciales se ausentaron de su trabajo.
De acuerdo con el blog, otro de los muertos en Las Playas fue El Chuky o El Moreno, ubicado como jefe de escoltas de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. Asegura que éste conoció a El Chuky como jefe de seguridad en una discoteca de Monterrey. El espacio, cuyo acceso fue limitado esta semana, incluso presentó una fotografía de cómo El Chuky quedó muerto en una camioneta negra tipo Suburban cuando intentó entrar a la casa del enfrentamiento para rescatar al “comandante Magaña”. Sin mayores precisiones, señaló que también murieron El R y El Gato.

Frágil control

Desde enero de 2006, cuando se agudizó la disputa por el control de Acapulco, sus habitantes y sus ahora escasos turistas no habían padecido tanta zozobra.
El Ejército intensificó los patrullajes, cateos y revisiones por toda la ciudad. De cualquier forma, comandos armados asesinaron a cinco policías (tres preventivos municipales, un auxiliar del estado y uno privado), y los rumores sobre nuevos ataques, detenciones y enfrentamientos son mucho más creíbles que la tibia y tardía reacción del gobierno del perredista Zeferino Torreblanca.
El jueves 11, cuatro días después de la refriega, el gobernador dio la cara para hablar sobre la detención de cuatro agentes de la Policía Ministerial, a quienes la Sedena presentó como “los agresores”, es decir, supuestos miembros del cártel de los Beltrán Leyva.
Al igual que el titular de la PGJE, Eduardo Murueta Urrutia, Torreblanca calificó como “inspección rutinaria” la redada que el Ejército realizó esa mañana en distintas comandancias de la Procuraduría estatal en Acapulco.
Más de 100 militares participaron en la caravana que se encargó de revisar las armas de los agentes ministeriales. De manera extraoficial se informó de la detención de dos comandantes: Óscar Vásquez Mondragón, de la colonia Emiliano Zapata, y Raúl Ricardo Rodríguez Román, de la colonia Ciudad Renacimiento.
El viernes, el gobernador confirmó la liberación de un agente adscrito a la comandancia de Puerto Marqués y la detención de dos comandantes, pero evitó dar sus nombres.
A partir de los enfrentamientos de aquel fin de semana, la relación de las fuerzas federales con el gobierno de Guerrero, en particular con la PGJE, ha sido tensa. El martes 9, elementos de la Policía Federal encañonaron “por error” al propio Murueta durante un operativo de la corporación de la SSP en el centro de Chilpancingo, la capital del estado.
El procurador fue obligado a identificarse luego de que sus guardias quedaran rodeados por agentes federales encapuchados y que portaban armas largas.
Al día siguiente, miércoles 10, cuando eran identificados los cuerpos de los abatidos en el enfrentamiento de Las Playas, un jefe castrense que sólo se identificó como segundo comandante del 56 Batallón de Infantería se dirigió a la coordinadora del Servicio Médico Forense (Semefo), María del Rosario Atilano Caballero: “Necesito los nombres de todas las personas que están identificadas”.
Ante la reserva de la funcionaria, el supuesto militar insistió: “Soy el segundo comandante del 56 Batallón de Infantería y vengo a que me den los nombres”.
La funcionaria de la PGJE seguía reticente. El hombre se presentó como enviado no sólo de la Sedena, sino de la Procuraduría General de la República (PGR): “Vengo de la Sedena, de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) de la PGR. No sabe el problema en el que se va a meter si no colabora”, le advirtió a Atilano Caballero, quien por fin accedió.
La escena fue presenciada por reporteros a la entrada del Semefo, que permanece vigilado por el Ejército desde el domingo y que, a tres días de los enfrentamientos y a causa de los 37 grados en promedio que alcanzó el calor en el puerto, se llena con facilidad de los humores de la muerte.
Hasta la tarde del viernes, el Ejército continuaba con los cateos, principalmente en casas vecinas a aquella donde se registró la balacera principal, sobre la avenida Rancho Grande, en el fraccionamiento Las Playas. En el número 80 de esa calle fue decomisada una camioneta tipo Cheyenne de doble cabina, color arena, con placas 382-VXG del Distrito Federal.
Posteriormente, en una casa del fraccionamiento Las Américas, cerca de Caleta, los militares incautaron granadas, rifles y cartuchos, además de enseres personales y un busto de Jesús Malverde, el llamado santo de los narcos, venerado inicialmente en Culiacán.
Desde el domingo 7, camiones y humvees militares con entre 20 y 40 efectivos se desplazan por la ciudad constantemente. Ese día, catearon una residencia en Mozimba, una zona habitacional del poniente de la ciudad, en la salida hacia la Costa Grande.
La casa, que algunos vecinos identificaron como propiedad de El Buche, fue abandonada ese mismo día por las familias que habían llegado el fin de semana. “Estuvieron mujeres y niños. Todos se fueron desde la noche del sábado”, cuentan vecinos que atestiguaron cómo la residencia fue construida en unos meses.
También observaron cómo fue extraída una gran cantidad de cajas selladas con cinta canela. A media cuadra, otra casa –propiedad de un militar– fue balaceada esa noche. Sus habitantes la abandonaron al día siguiente.
Varios vecinos del fraccionamiento Las Playas dejaron su casa por miedo a que hubiera más enfrentamientos. Poco a poco regresan a sus propiedades, aunque una semana después ninguna autoridad municipal, estatal o federal se les ha acercado para hacerse cargo de los daños sicológicos y las pérdidas materiales sufridas.
Lo mismo ocurrió con los vecinos de Paso Limonero, cuyas fachadas recibieron varios impactos de bala y de esquirlas de granada. Incluso, a unos 10 metros, quedó perforado el anuncio espectacular de una cervecera sobre un montículo.
Para los vecinos de Las Playas, el enfrentamiento fue la culminación de una historia violenta que comenzó el 30 de enero pasado, con el asesinato a puñaladas de una vecina conocida como La More, quien junto con su hija y su yerno trabajó durante varios meses en la casa de seguridad de los Beltrán Leyva.
Ella vendía antojitos tras abandonar aquel trabajo, pero fue acuchillada por un grupo de jóvenes que le espetaron: “Para que dejes de andar de chismosa”. Tras el asesinato, la familia de La More abandonó el barrio y los vecinos decidieron callarse lo que saben sobre la constante presencia en la casa de desconocidos que llegaban en vehículos de lujo y organizaban ostentosas fiestas con grupos de música norteña.
El silencio se rompió la noche del sábado 6. Alrededor de las 19:00 horas, dos grupos de sicarios se tirotearon sobre la costera Miguel Alemán, a la altura de la sede de la CROM, en pleno centro de Acapulco. Testigos aseguran que el choque se prolongó hasta la zona de Caleta.
Una sección del 56 Batallón de Infantería, integrada por 50 elementos –incluidos algunos que estaban francos–, fue requerida para trasladarse a la casa de seguridad de Las Playas. Ahí fueron recibidos con granadas y armas largas. “No esperábamos una capacidad de fuego tan grande”, aseguró a Proceso un militar que participó en la “batalla”.
Murieron el capitán segundo Germán Parra Salgado y el soldado de Transmisiones Juan Loaeza Lanche. Algunos sicarios cayeron en el inmueble y otros cuando intentaron apoyar a los que estaban parapetados. Una cantidad indeterminada escapó gracias a que la casa colinda con moteles y viviendas construidas a un nivel más bajo, y saltaron a sus techos.
“Lo que pedíamos eran granadas, porque nos recibieron a granadazos”, contó otro de los efectivos, quien relató que desde la salida del convoy militar del cuartel de Cumbres de Llano Largo fueron seguidos por los llamados halcones, choferes particulares que están al servicio de los narcotraficantes. “Pero eso no fue nada, comparado con la intensidad del enfrentamiento”, reiteró.

Jenaro Villamil entrevista a Manlio

El de Calderón, un gobierno faccioso: Manlio
JENARO VILLAMIL entrevista a Manlio Fabio Beltrones
Revista Proceso #1702, 14 de junio de 2009;
El país “rápidamente se está acercando” a un modelo de Estado fascista ante la mala apuesta del gobierno de Felipe Calderón por “narcotizar la lucha político-electoral”, advierte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Manlio Fabio Beltrones. E insiste en la necesidad de continuar con la reforma del Estado, o de lo contrario la próxima contienda por la Presidencia podría generar más incertidumbre aun que la pasada. Además, revela un encuentro en el que Calderón, como presidente electo, le propuso al PRI un cogobierno...
En pleno debate sobre la actitud sesgada del gobierno calderonista en la lucha contra el narcotráfico, y en medio de la guerra sucia electoral desatada por el PAN contra el PRI, Manlio Fabio Beltrones subraya, en una extensa entrevista con Proceso, la preocupación de las bancadas del Senado porque “los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, los cateos y el arraigo, están siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa”.
Actor de los primeros acuerdos entre el PRI y el gobierno de Felipe Calderón, Beltrones medita cada una de sus palabras. No rompe con la administración calderonista porque confía que “el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista de largo plazo”, pero admite que existe en el gobierno federal un “ala dura” que encabeza las posiciones “más facciosas” del panismo.
“Esta política facciosa del gobierno –insiste– ha hecho mucho daño, ha minado la confianza incluso en torno a sus buenos propósitos y la mayoría de los observadores se pregunta: al pasar el 5 de julio, quién va a recoger y a reponer los platos rotos que permitan rearmar los acuerdos de todos los actores del país”, argumenta Beltrones.
El exgobernador de Sonora ubica como fecha determinante del avance de “los duros” del PAN el avionazo del 4 de noviembre de 2008:
“Creo que esa vertical de Felipe Calderón se perdió cuando se desplomó el avión de Juan Camilo Mouriño. Y otro tipo de criterios, más de un jefe de partido que de un jefe de Estado, fueron los que se impusieron. Después de Juan Camilo, los duros del PAN ganaron la batalla e intentaron gobernar. Y en buena parte, por su falta de visión y de respeto a la pluralidad, son quienes encabezan el desastre político y económico al que, parece, nos estamos acercando en el corto plazo.”
–¿Son los más facciosos? –se le pregunta a Beltrones.
–Estos duros son los que empujaron a Felipe Calderón a simular un gobierno que respeta la pluralidad, cuando en realidad sus acciones lo único que intentan es apoyar a su partido.
–¿Quiénes son esos duros? ¿Germán Martínez?
–Es el protagonista más visible, aunque no debe ser el único de los que están participando en estas decisiones. Le corresponde a él dar la cara, pues es el presidente del PAN.
Crítico del “desastre económico” actual, Beltrones ha dado un giro en sus declaraciones frente a la administración de Felipe Calderón. El 19 de marzo pasado le demandó que “se faje los pantalones” para definir una posición firme en asuntos delicados, como la adquisición de los activos de Citigroup-Banamex por parte del gobierno de Estados Unidos, la definición de la refinería de Pemex y el conflicto diplomático con Francia generado por el caso de Florence Cassez.
Sin embargo, él ubica el punto de quiebre en mayo pasado, cuando el gobierno calderonista, “para evitar el fracaso electoral, comienza a utilizar de manera político-electoral el combate al narcotráfico”, dice.
Insiste en que la movilización del Ejército para el combate al narcotráfico debe tener un plazo para regresarlo a los cuarteles. Reconoce la labor realizada por las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico, pero también aclara que, de no fijar el plazo referido, “el jefe real del Ejército mexicano, con el tiempo, tendrá que responder directamente por todas las acciones que se cometan por parte de las Fuerzas Armadas, que están capacitadas para otra función superior, más que la de actuar como policías”.
“Todo lo que quepa dentro de lo que no sea el cumplimiento explícito del estado de derecho, que no es lo mismo que el Estado de derecha” en el que vivimos.
Riesgo de fascismo
–¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cuando el PRI en el Senado ha pedido que se fije un plazo perentorio para el retorno de las Fuerzas Armadas a los cuarteles?
–Silencio absoluto. Soporta esta actitud en las encuestas que hoy aparecen y en las que la mayoría de los mexicanos dice estar de acuerdo en que el Ejército haya salido a combatir al narcotráfico.
“Pero ese no es el punto. El tema se centra en si es el Ejército el que debe hacer el trabajo policiaco, porque de ser así debemos pedirle a los policías que hagan el trabajo del Ejército y es cuando se complica toda la operación”.
–Usted ha mencionado con frecuencia que se ha sustituido el estado de derecho por un Estado de derecha, pero, ¿no estamos más cerca del fascismo?
–Si no lo estamos en este momento, parece que rápidamente nos estamos acercando. A muchos nos preocupa que los instrumentos de excepción que el Congreso le ha dado a este gobierno, como son la intervención telefónica, la de los cateos y el arraigo, estén siendo utilizados de manera incorrecta y facciosa. Porque lo lastima desde sus inicios y ese no es el espíritu que nos hizo llegar al acuerdo. Por ello, se dieron tantas resistencias entre muchos senadores y diputados para otorgar los mismos instrumentos de excepción.
“Nunca antes un gobierno había tenido tantos instrumentos para combatir a la delincuencia organizada, no obstante que se habían dado resultados tan mediocres”, subraya.
Beltrones, como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del PRI, fue el principal negociador para que se aprobara una serie de reformas a fin de otorgarle atribuciones extraordinarias al Ministerio Público federal. Una de las discusiones más fuertes en el Senado se produjo a raíz de la ley de extinción de dominio, que aún no ha sido promulgada por el Ejecutivo.
– ¿No fueron ingenuos en este sentido? ¿No pensaron que iban a usar facciosamente estas atribuciones?
–Teníamos que correr ese riesgo. Fue una actitud de buena fe. Lamento mucho que hoy se discuta sobre un gobierno que no está a la altura de esa condición y no respete los propósitos que lo animaron.
–¿Siente una traición?
–No, veo una irresponsabilidad, pero también observo que estamos a tiempo de corregir estas desviaciones para beneficio del país.
–¿En plena época electoral?
–Confío en que el presidente Felipe Calderón haga un alto en el camino y recupere su visión de estadista a largo plazo.
En la primera parte de la entrevista, Beltrones recuerda que la coalición encabezada por Andrés Manuel López Obrador ya había hecho la misma acusación que ahora el PRI, en plena campaña electoral y ante los ataques recientes dirigidos por el líder nacional panista Germán Martínez, le reprocha al gobierno de Felipe Calderón.
En medio de esta tensión se reunieron gobernadores priistas y la dirigencia nacional de su partido para analizar cuál debía ser la respuesta ante la guerra sucia electoral del PAN y el doble rasero, de índole electoral, de la lucha contra el narcotráfico. Esto mismo fue denunciado por la bancada priista en la Comisión Permanente a raíz de los operativos en Morelos, Michoacán y Nuevo León.
–¿No habían tenido antes esa certeza de un manejo político-electoral de la lucha contra el narcotráfico?
–No, existía otra presunción que mantenían algunos adversarios políticos de Felipe Calderón: que por lo difícil de su acceso a la Presidencia de la República había tenido que sacar al Ejército a las calles para realizar una serie de operativos que le construyeran la imagen de presidente valiente y le quitara la de presidente ilegítimo que le había puesto Andrés Manuel López Obrador.
“Hasta ahí, la especulación que algunos hicieron, y que con algunos golpes eficaces la iba desvaneciendo. Pero, en este caso, han sido los mismos componentes del Estado mexicano, como los gobernadores de los estados o los miembros del Congreso, quienes han iniciado la denuncia de estas acciones en contra del narcotráfico y de la corrupción política. Esto no resulta nada sano, porque ha generado grandes confusiones y resistencias en donde no existían para el objetivo correcto, que debe ser el cumplimiento del estado de derecho.
“En síntesis, fue una mala apuesta de Felipe Calderón y de su partido haber narcotizado la lucha político-electoral.”
“El régimen ya no funciona”
Impulsor de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión (CENCA) a principios de la LX Legislatura para avanzar en la reforma del Estado, Beltrones no abandona este punto:
“Queremos que se rectifique el rumbo del país, y esto es en el entendido de que el régimen político presidencial, tal cual, ya no funciona. Fue planeado para que lo ejerciera un partido hegemónico, pero a partir de la pluralidad expresada en las elecciones el sistema no está preparado para premiar los acuerdos sino, por el contrario, parece castigarlos”, sostiene Beltrones.
La agenda de reforma política que defiende el político sonorense es conocida como las “ocho erres”: la ratificación de los miembros del gabinete; la reelección de legisladores y munícipes; la reducción del Congreso para disminuir 100 diputaciones plurinominales y la reducción de senadores por la vía plurinominal; la reingeniería del gobierno para hacerlo menos pesado y burocrático; la reducción del gasto corriente; la reforma de la política social y la política de relaciones exteriores; así como la incorporación de figuras como la revocación de mandato presidencial y el referéndum.
Beltrones reconoce que estas dos últimas propuestas son las más polémicas, y aclara que tanto la revocación del mandato como el referéndum “deben estar acotados para evitar su abuso y garantizar gobernabilidad”.
Con todo, añade, “tenemos que regresarle a la gente instrumentos básicos para interactuar con sus gobernantes. Uno de ellos es la revocación de mandato, con el que se pueda castigar a los gobernantes y no esperar a que la Sacra Rota algún día los declare incapaces mentales, sino desde antes poderlos relevar del cargo”.
–Pero estas reformas no son las que se están discutiendo legislativamente…
–Estas erres sí están en el debate de muchos de nosotros, aunque no han permeado en la población debido a que tenemos elecciones el 5 de julio, y a que los partidos han privilegiado en su estrategia cuerpo a cuerpo para demostrar cuál es el más malo, no el mejor. Las propuestas se han hecho a un lado. Por eso, un grupo importante del priismo dentro del Congreso –en el que me incluyo– ha formado una corriente a fin de pensar, no en el 5 sino en el 6 de julio, a fin de reflexionar sobre las reformas necesarias para la gobernabilidad moderna.
–Algunos observadores han señalado que hay lentitud de parte de la dirigencia del PRI frente a los ataques de los duros del PAN. No se ve un PRI combativo, se ve un PRI reactivo...
–¿No es un error?
–No. Reconozcamos algo: el gobierno y su partido se acuartelaron en una estrategia mediática de combate a la delincuencia que “premiaba” a un presidente valiente y a un partido político que lo acompañaba. Todo ello para tender una cortina de humo sobre el fracaso económico de este gobierno, que nos está llevando al peor decrecimiento que un país va a tener en 2009, no obstante que su diagnóstico había sido que estábamos lo suficientemente blindados y que si en Estados Unidos había un resfriado, nosotros tendríamos sólo un catarrito. Hoy vemos que es de tal tamaño el desastre, que lo tendremos que pagar con el mayor desempleo que haya vivido México.
Mal rumbo
Con una carrera de más de tres décadas en el servicio público, Beltrones ha sido diputado, dos veces senador, gobernador de Sonora entre 1991 y 1997, subsecretario de Gobernación, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), el sector popular del PRI, y ahora se encuentra en la antesala de la lucha por la candidatura presidencial de su partido para 2012.
Reconocido como un hábil operador político, Beltrones fue un colaborador de primera línea de los tres últimos presidentes priistas, pero también un protagonista polémico en coyunturas críticas, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y la crisis poselectoral de 2006.
Esa experiencia ha convertido a Beltrones en un personaje tan respetado como temido por adversarios y simpatizantes, pero también un político que se colocó como el “factor bisagra” ante la crisis inicial del gobierno de Felipe Calderón, aun cuando el PRI perdió por segunda vez la Presidencia de la República.
Su posición crítica de estos momentos contrasta no sólo con su papel en la toma de posesión de Calderón, en diciembre de 2006, sino también con los acuerdos iniciales con la administración panista que llevaron a la reforma del sistema de pensiones, a la reforma electoral de 2007 y a la polémica reforma petrolera de 2008, que generó el primer enfrentamiento directo entre Beltrones y el excandidato presidencial perredista Andrés Manuel López Obrador.
–Usted siempre ha defendido la gobernabilidad como un factor clave para la reforma del régimen político. ¿Estamos ante una crisis de gobernabilidad tal que desbarranque al régimen?
–Lo único que lamento es que el debate no esté puesto sobre lo importante sino sobre lo circunstancial. De no alcanzar las reformas políticas, económicas y sociales que el régimen requiere, 2012 podrá ser igual o peor que 2006.
Beltrones relata que, antes de tomar posesión, como presidente electo Calderón se reunió en las oficinas panistas de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, con el exdirigente nacional priista Mariano Palacios Alcocer, con el propio Beltrones y con su homólogo en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa Patrón.
“En una plática amable y coloquial (Calderón) nos habló de la posibilidad de un cogobierno, que podría iniciarse con la presencia de algunos priistas en ciertas secretarías. Ahí, con enorme claridad y honestidad, Mariano Palacios le dijo que si quería llegar a una nueva forma de gobierno, lo estableciera en la Constitución, creando las nuevas instituciones, y alejándonos de las ocurrencias que inició Ernesto Zedillo entregando la PGR a un panista como cuota de poder, pero no con una visión de modernización del sistema político mexicano.”
En julio del año pasado, en vísperas de la presentación de su libro Señal de alerta. Advertencia de una regresión política, el expresidente del PAN, Manuel Espino, comentó al reportero Álvaro Delgado que Felipe Calderón buscó una concertacesión con Beltrones poco antes de que llegara a Los Pinos.
“Según Espino –escribió Delgado–, es lógico que Calderón busque reformas por la vía de la negociación. ‘Lo que no entiendo es que, a cambio de promesas, se le otorguen concesiones a un hombre como Manlio, un hombre escurridizo, que suele cobrar antes de cumplir y que finalmente tiene el propósito de ser determinante en la sucesión presidencial con él como candidato o con alguien que él apoye o ponga de candidato de su partido. Me parece que es válida la negociación, pero el extremo hasta donde la está llevando me parece que está cerca de la temeridad’.” (Proceso 1654)
Inevitable la comparación con lo sucedido en la Presidencia de Ernesto Zedillo, y reciente el debate generado por las declaraciones del expresidente Miguel de la Madrid sobre la familia Salinas de Gortari, se le cuestiona a Beltrones sobre las reacciones generadas por las participaciones recientes de los expresidentes. Responde:
–Es un debate a destiempo y difícil de evaluar por tantos desmentidos. Estos últimos nos obligarían a hacer hipótesis o elucubraciones, y yo hace tiempo que me alejé de eso.

Fredy Padilla en SEMANA

En el fin del fin las Farc optan por el terrorismo"
Revista SEMANA, 14 DE JUNIO DE 2009;

Nación El general Freddy Padilla de León habla de sus desafíos como ministro encargado de Defensa y comandante general de las Fuerzas Armadas
Encargado del Ministerio de Defensa, el comandante general de las Fuerzas Militares atiende de lo que le toca y de lo otro. En los últimos días el general Freddy Padilla de León ha tenido que reunirse con el relator de Naciones Unidas, apersonarse de la oleada de traslados en Justicia Penal Militar y hasta ponerles el pecho a las amenazas de Salvatore Mancuso. ¿Qué tan a gusto se siente en un puesto donde la guillotina siempre está rondando el cuello?
GUSTAVO GÓMEZ: -¿A Philiph Alston, relator especial de Naciones Unidas, lo convenció el resultado de las medidas que ha tomado para evitar más falsos positivos?
FREDDY PADILLA: Tuve la oportunidad de mostrarle todas las actividades que se han realizado en el Ministerio de Defensa y en las Fuerza Militares en procura de garantizarles a los colombianos y a la comunidad internacional el correcto proceder de nuestras fuerzas. Hubo incluso dos reuniones, ambas más largas de lo programado, lo que indica amplitud y cordialidad del diálogo.
G.G.: ¿Qué tan satisfecho está él con el interés del gobierno en su tarea?
F.P.: El gobierno le ha abierto todas las puertas para que tenga la mayor información posible. El viernes estuvo en la VII División del Ejército en Medellín y agendamos visitas de ese tipo a Villavicencio y Bucaramanga. Ha tenido acceso a jueces, víctimas, organismos de control… como me lo dijo, nunca había encontrado en otro país tanta colaboración.
G.G.: ¿Ha pedido hablar con militares que están siendo juzgados?
F.P.: Esa solicitud no se hizo, y la tendría que tramitar con la Fiscalía.
G.G.: ¿Lo convenció la teoría de que muchos de los falsos positivos son parte de una campaña de desprestigio de la guerrilla?
F.P.: Se habló de las falsas denuncias que se hacen en procura de empañar los resultados de la Seguridad Democrática, pero me parece que es un asunto que debe descubrir en desarrollo de sus visitas.
G.G.: ¿Usted tiene esa seguridad?
F.P.: Es indiscutible. Hay comunicaciones de inteligencia que dan cuenta de que hay un aprovechamiento de las Farc de estas circunstancias para confundir a la opinión pública.
G.G.: ¿Lo preocupa el hecho de que el Presidente reconociera que los falsos positivos tienen frenada la firma de los tratados de libre comercio?
F.P.: Hay una difusión de información que martilla la mente de la comunidad internacional, así que la llamada 'diplomacia de las Farc' tiene que dejar algunos efectos. Canadá es uno de los países que han permitido mayor cantidad de refugiados. Es elemental comprender que muchos de ellos tienen tendencias ideológicas y seguramente es uno de los medios que utilizan las organizaciones interesadas en que haya una difusión de informaciones en contra de los propósitos que tiene el gobierno.
G.G.: Una cosa es que un refugiado tenga unas ideas políticas, y otra, que trabaje para la guerrilla. ¿Tiene establecida la presencia de agentes de la guerrilla en Canadá, haciéndose pasar por refugiados?
F.P.: No. Cuando hemos logrado establecer ese vínculo, el gobierno ha realizado las coordinaciones correspondientes y hemos obtenido respuestas positivas, como en el caso de México.
G.G.: ¿Quedó satisfecho con las recientes explicaciones que le dieron sobre los traslados de funcionarios de Justicia Penal Militar?
F.P.: El Ministerio de Defensa y el mando militar han sido respetuosos de la independencia de la justicia. El coordinador de Justicia Penal Militar decidió unos traslados, con autoridad y requisitos de ley, pero se le ha recomendado que verifique su decisión para que, de una forma más reposada, determine si en esos traslados hay necesidad de hacer algún tipo de rectificación.
G.G.: ¿Algunos podrían entorpecer investigaciones de falsos positivos?
F.P.: Él coronel Édgar Emilio Ávila me ha dicho que no es así, pero está haciendo, de conformidad con su mandato independiente, una revisión.
G.G.: Gustavo Petro sostiene que el coronel Ávila tiene nexos con paramilitares. ¿Atendió usted esa denuncia?
F.P.: Consultamos con la Procuraduría y la Fiscalía, y no tiene ningún tipo de investigación.
G.G.: ¿El coronel Ávila cuenta con su confianza y su respaldo?
F.P.: Lo nombró el ministro Santos y no tengo nuevos elementos de juicio para modificar esa decisión. Pero quisiera subrayar que este es un nombramiento en encargo, y esta semana están estudiando las hojas de vida para nombrar un funcionario en propiedad.
G.G.: En la carta al Presidente que se hizo pública hace unos días, Mancuso dice que los nexos de militares con las autodefensas serán más escandalosos que la para-política. ¿Lo inquietó?
F.P.: Desde cuando me posesioné como comandante general comenzó un rumor de que iba a haber un desastre porque los miembros de las autodefensas sometidos iban a señalar oficiales. Lo dije en su momento y lo repito: si se presenta el caso, se trata de responsabilidades individuales.
G.G.: ¿Encenderá Mancuso el ventilador?
F.P.: Si hay un caso, vergonzoso; si son 10, vergonzoso, pero la institución actuó con transparencia. Es que las autodefensas no se desmovilizaron porque estuvieran felices bailando la conga, sino porque militarmente estaban cercadas.
G.G.: ¿Buscaba Mancuso presionar para que lo nombren gestor de paz?
F.P.: Usted como periodista podrá responder eso, y con mayor amplitud.
G.G.: ¿Por qué la guerrilla ha incrementado acciones en departamentos como Huila, Tolima y Arauca?
F.P.: En el fin del fin donde nos encontramos optan por el terrorismo que no necesita de mayores recursos y que se manifiesta a través de los medios de comunicación. Una acción que no registran los medios, por terrible que sea, es como si no hubiera existido. El terrorismo necesita de los medios de comunicación para llegar hasta cada colombiano.
G.G.: ¿De la misma manera en que la acción del Estado necesita de los medios de comunicación?
F.P.: No estoy criticando a los medios, que hacen su oficio. Simplemente quiero explicar cuál es la mecánica que utiliza el terrorismo. Si usted compara el secuestro del concejal de Garzón con lo que ocurrió en Cali hace unos años, hay una diferencia muy grande. Pero si este secuestro del concejal hubiera ocurrido cuando lo de Cali, los medios ni siquiera lo habrían registrado. A los colombianos no les habría importado, porque había tantas cosas terribles, que este crimen atroz se habría convertido en detalle. Por eso hoy es el propio Presidente el que asumió la voluntad de que el Estado utilice todos sus recursos para lograr la libertad del concejal.
G.G.: ¿Saben si habitantes de Garzón colaboraron con la guerrilla?
F.P.: Hay una investigación en curso que está andando muy bien.
G.G.: ¿Qué tan complicada es la vida de un ministro de Defensa?
F.P.: Los soldados tenemos un ritmo de trabajo endemoniado, así que por el canal de la carga de trabajo no vienen las complicaciones. Vienen por el canal de la responsabilidad.
G.G.: ¿Más fácil atender esa responsabilidad con uniforme que con Everfit?
F.P.: Creo que no hay queja de mi desempeño hasta este momento.
G.G.: ¿Cuándo fue la última vez que habló con el ex ministro Santos?
F.P.: Cuando llamé a preguntarle si él había dado algún instructivo en relación con los traslados de Justicia Penal Militar.
G.G.: ¿Le dio algún consejo, ahora que está encargado del Ministerio?
F.P.: No, pero cuando necesite consejo, lo llamo.
G.G.: ¿Amañado en el Ministerio?
F.P.: Un soldado no se amaña en los cargos, un soldado desempeña una función.
G.G.: ¿Pediría la baja para aspirar a quedarse?
F.P.: En este momento no es un asunto que esté considerando. Los soldados juramos el cumplimiento del deber u ofrecer la vida, si es del caso. Quiere decir que uno luce el uniforme, pero también está dispuesto a dejarlo.
G.G.: Lancero, muchas gracias.
A usted, señor, muy amable. ¡Firmeza y honor!

El DAS colombiano

Tomado de El Portal de El Tiempo, Junio 14 de 2009;

Un 'manual' para seguir y acosar a personas calificadas como opositores tenía el DAS
Hasta el punto de indagar en sus vidas privadas para buscar 'vicios' o 'amantes', y tomar fotos de sus hijos, llegó la oscura organización que se creó en el organismo en el 2005.
El 'manual' aparece detallado en una de las 103 carpetas que la actual administración del DAS le entregó a la Fiscalía y que fueron elaboradas por el Grupo de Inteligencia G-3, creado durante la administración de Jorge Noguera y coordinado por su entonces asesor José Miguel Narváez."Ubicaron a padres y cónyuges de miembros de ONG nacionales y extranjeras; fotografiaron a hijos de defensores de derechos humanos y hasta escribieron grafittis amenazantes en las paredes cercanas a la casa del entonces viceministro Andrés Peñate, porque creían que era un conspirador", asegura uno de los investigadores del caso.

'No sacrifique a su hija'

Todo indica que fueron ellos quienes le enviaron a Zoraya Gutiérrez, directiva del Colectivo de Abogados José Alvear, una muñeca salpicada con sangre y la nota: "Usted tiene una hija muy linda, No la sacrifique...".

El mensaje llegó a su oficina a mediados de mayo del 2005, cuando su hija apenas cumplía siete años. Entre las carpetas también había fotos y seguimientos a los hijos y sobrinos de los abogados de Derechos Humanos Dora Lucía Arias, Alejandra Cadavid y Reinaldo Villalba, y de la periodista Claudia Julieta Duque. Ninguno de los pequeños sobrepasaba los 10 años.

En abril del 2005, un memorando del G-3 estableció el modus operandi y se explayó en instrucciones sobre Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Andina de Juristas, y del abogado Alirio Uribe, miembro del Colectivo de Abogados Alvear Restrepo. "(...) Verificar lugar de residencia y si tiene seguridad paralela; establecer identidad de familia cercana; seguimientos para conocer su rutina; obtener información de su esposa e hijos; establecer si hay un apartamento cercano desde donde se puedan realizar labores de inteligencia", dice la orden contra Gallón.

En cuanto a Uribe, aparecen varias carpetas con fotografías, extractos bancarios, valoraciones de "hábitos, debilidades y fortalezas", reportes de lugares frecuentados y de la estructura familiar, nombres de los hijos, amigas, relación de propiedades, contactos en el exterior y registros migratorios.

En los dos casos, hay información bancaria y financiera que indica que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que ahora está enredada en el escándalo de los seguimientos a los magistrados, entregó información sobre las ONG.
Incluso, en marzo del 2004 -según uno de los reportes- el DAS le hizo seguimiento a una delegación extranjera que visitó a la Comisión Andina de Juristas. El hecho es todavía más grave porque tanto Uribe como Gallón tienen medidas cautelares (protección especial) ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, además, porque los dos llevan algunas de las más importantes demandas contra la Nación por violaciones de derechos humanos. Pero no eran los únicos. La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Redepaz, el Cinep y la CUT aparecen en la lista de la llamada 'Operación Lince'. Decenas de miembros de estas organizaciones fueron grabados ilegalmente desde la sala 'Vino' del DAS.

En el caso de la Comunidad de Paz y el periodista Holman Morris, se usaron órdenes falsas que dieron el libre acceso a la plataforma Esperanza, manejada por la Fiscalía. A Morris, dice un reporte del CTI, los seguimientos se hacían "en tiempo real", pues el control a sus llamadas y correos les permitía estar en los sitios a los que iba a citas.Según reveló el senador Gustavo Petro en un debate en el Senado, se indaga la elaboración de un video en su contra que el G-3 divulgó en el exterior a nombre de la ONG Frente Social por la Paz, que no existe, y que también implicó al padre Javier Giraldo. EL TIEMPO estableció que hay una denuncia de Morris que dice que un directivo del DAS le corroboró que el G-3 hizo el video en septiembre del 2005.
La práctica siguió
El DAS usó desde ese año y probablemente hasta hace pocos meses buena parte de sus recursos humanos y financieros (incluso de gastos reservados) para espiar y acosar a este grupo de ciudadanos.
De hecho, las carpetas que armó para tal fin seguían siendo consultadas hasta finales del 2008 por José Fernando Ovalle (pieza central en el caso) en una oficina del octavo piso del DAS que tenía carácter "ultrasecreto".
Por eso, la Fiscalía llamó a responder a los directores del DAS hasta el año pasado, incluido el mismo Peñate. Y por eso, considera que el G-3 y los grupos que le siguieron "rebosaron sus facultades y afectaron gravemente derechos y garantías constitucionales".Más implicadosVarios de los memorandos con los resultados de las interceptaciones ilegales aparecen entregados a Miguel Alzayús, hasta hace poco destacado fiscal de la administración Iguarán. Otros fueron robados por un detective que los ha filtrado y que en los próximos días será judicializado.Pero el G-3 no estaba solo en esta labor. Hay pruebas documentales de que directivos y mandos medios de otras dependencias del DAS -que incluso aún siguen en la institución- les aportaron considerable información. Por eso, el listado de implicados -que ya superó los 30- puede crecer en más de 15 personas.
'Los blancos políticos'Decenas de nombres aparecen en listas de 'blancos políticos'. Además, el DAS aplicó tácticas de "inteligencia ofensiva" y trató de "boicotear" actividades de ONG. Esos habría pasado con la Semana por la Paz del 2005.En el expediente también se comprueba que las prevenciones de los magistrados de la Corte Suprema hacia miembros del DAS en sus escoltas personales era justificada: "El compendio de documentos también permite evidenciar que existen carpetas que son propias de la oficina de Protección Especial -dice la Fiscalía-, (...) Coordinación de seguridad a instalaciones o avanzadas e informes de los detectives que hacen parte del esquema de seguridad de estas personalidades". Ante estos escandalosos hallazgos, la Fiscalía alista decisiones de fondo."Ya denunciamos ante la ONU. Y pensamos llevar el caso ante todas las instancias, incluida la Corte Penal Internacional".Alirio Uribe Muñoz, presidente del colectivo de abogados Alvear Restrepo."No me cabe en la cabeza que en una democracia se haga esto. En el 2005 intentaron sabotear la Semana por la Paz".Ana Teresa Bernal, directora de Redepaz y comisionada de la CNRR. "Nunca imaginé que pusieran a 30 ó 40 personas a investigarnos. Más parece un procedimiento para un atentado".Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, desde Suiza.
El DAS tiene datos de otros aforadosLa Fiscalía y la Procuraduría parecen haber aclarado por qué el DAS tenía en su poder información de magistrados y periodistas.En la base de datos del organismo (que data de los 70) hay informes de 13 millones 827 mil 977 colombianos que entraron a ese registro por movimientos migratorios, solicitud del pasado judicial, reportes a centrales de riesgo, decisiones judiciales, actuaciones de inteligencia o simples ingresos al edificio de Paloquemao.Incluso hay memorandos de la Procuraduría y de la propia Fiscalía pidiendo información de otros aforados como los congresistas Nancy Patricia Gutiérrez, Armando Benedetti, Wilson Borja, Piedad Córdoba, Salomon Saade y de los ex congresistas Zulema Jattin y Habib Merheg."El problema radica en el uso que un grupo de funcionarios le dio a esa información y en cómo la mezclaron con rastreos e interceptaciones ilegales", explicó un investigador. Dijo que la restructuración del DAS debe contemplar la separación de las labores de policía judicial (incluso renunciando a ellas) de las de inteligencia.

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