5 feb 2010

Estado de excepción?

Rechaza PRI estado de excepción.-Manlio
El senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, también destacó la sensibilidad de Felipe Calderón en la lucha anticrimen.
El PRI seguirá pidiendo que el Gobierno federal se coordine con los gobiernos estatales para garantizar la seguridad, dijo Manlio Fabio Beltrones
Nota de Carole Simonnet
Reforma on line, Ciudad de México (5 febrero 2010).- En medio de la ola de violencia que vive Ciudad Juárez y otras entidades del País, el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, advirtió que su partido atajará cualquier intento por establecer estados de excepción y suspensión de garantías.
"Se han escuchado voces hasta hoy aisladas, pero que deben de ser atendidas de inmediato con un no a la suspensión de garantías, en ningún caso, y evitar también los estados de excepción, a los que invitan algunos ante esta incapacidad que hasta hoy se ha mostrado por tener resultados positivos en el combate a la delincuencia y a la violencia de este País.
"Lo único que estoy haciendo es un preventivo ante voces aisladas que se escuchan hablando al respecto que nosotros rápidamente debemos de atajar", dijo.
En entrevista, el senador negó que Ciudad Juárez, donde hace unos días se registró la matanza de 16 jóvenes, existan condiciones para establecer un estado de excepción.
"De ninguna manera, nosotros no coincidimos con este planteamiento. Estaremos atentos a combatirlo y seguiremos exigiendo que el Gobierno federal se esmere mucho más en coordinarse con los gobiernos estatales para brindarnos la seguridad que todos estamos requiriendo. No a los estados de excepción, no a la suspensión de garantías de la que hablan algunas voces aisladas hasta el momento.
"Es elemental porque este es un País cuya Constitución prevé las garantías de libertad que deben de existir y las que nosotros debemos de preservar. Que nadie, aunque sean voces aisladas se atreva a hacer una propuesta de este tipo", indicó en entrevista en la conmemoración del 93 aniversario de la Constitución en el Senado.
Manlio Fabio Beltrones, quien recibirá la próxima semana, junto los coordinadores parlamentarios, al Secretario de Gobernación y al Gabinete de Seguridad, consideró que el Presidente Felipe Calderón demostró sensibilidad al admitir que se requiere un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado.
"No es cuestión de complacencias, estoy seguro que el Presidente de la República ha escuchado las diferentes voces que se han mostrado insatisfechas por los resultados en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, y un replanteamiento de la estrategia aceptado por él, admitido por él, habla de su sensibilidad al respecto", mencionó.
En relación a la liberación de los funcionarios y alcaldes michoacanos tras 8 meses de cárcel por falta de pruebas por el presunto vínculo con el crimen organizado, Manlio Fabio Beltrones advirtió que las figuras del arraigo y de los testigos protegidos deben ejercerse con enorme responsabilidad.
Consideró que el testimonio de un solo testigo protegido no puede ser una prueba suficiente para arraigar a una persona.
Hora de publicación: 12:43 hrs.






Acuerdo del Pleno de CJF

DOF: 05/02/2010
ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso Acuerdo General que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por el que se fusionan la Secretaría Ejecutiva del Pleno y la Secretaría General de la Presidencia, para crear la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia.
ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE MODIFICA EL DIVERSO ACUERDO GENERAL QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO, POR EL QUE SE FUSIONAN LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PLENO Y LA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, PARA CREAR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, y 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;
SEGUNDO.- La estructura orgánica de un organismo como el Consejo de la Judicatura Federal, requiere de las constantes transformaciones que adecuen su funcionamiento a las necesidades operativas impuestas por la realidad, para lograr la mayor eficacia en las acciones que despliega el propio Consejo en el objetivo de otorgar las mejores condiciones para que los órganos jurisdiccionales a su cargo, puedan impartir la Justicia Federal con las cualidades de profesionalismo, excelencia, imparcialidad, objetividad e independencia que exige la norma constitucional;
TERCERO.- Desde su creación, el Consejo de la Judicatura Federal ha expedido diversos acuerdos generales que constituyen el marco normativo para quienes se desempeñan en él como servidores públicos. Destaca de entre esas normas, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis y vigente a partir del día dieciséis del mismo mes y año. En el citado Acuerdo se establecen las bases fundamentales de la actividad particular de cada uno de sus órganos internos, las atribuciones de los titulares, y los procedimientos y criterios a seguir para la toma de decisiones en sus distintas áreas;
CUARTO.- El artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dispone que corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y los procedimientos administrativos internos, así como los de servicio al público;
QUINTO.- De conformidad con lo que dispone el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Secretarios Ejecutivos contarán con las atribuciones que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales;
SEXTO.- Las Secretarías Ejecutiva del Pleno y General de la Presidencia previstas en los artículos 70 y 86 Ter del Acuerdo General que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, realizan actividades relacionadas con el desarrollo de las sesiones del Pleno y con el apoyo y asesoría al Presidente y a los Consejeros que, atendiendo a las políticas de racionalidad y austeridad en el ejercicio del gasto, que siempre ha mantenido este Consejo y previo análisis de sus atribuciones, se ha determinado la conveniencia de llevar a cabo su fusión, para lograr el más eficiente ejercicio de dichas atribuciones, al propio tiempo que se consigue la racionalidad de su estructura.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales indicadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente
ACUERDO
UNICO.- Se modifican los artículos 2, fracción X, 7, 9, 17, 18, 20, 26, fracción II, 29, fracciones XVII y XX, 64, párrafo segundo, 65 fracción XV, 68, fracción I, 69, 70, 145, 147, fracción IX, 166, 181, 182, fracciones VII y VIII; y se derogan la fracción X Bis del artículo 2, y los artículos 86 Bis y 86 Ter del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, para quedar como sigue:
"Artículo 2.- Para los efectos de este Acuerdo se entenderá por:
I. a IX. ...
X. Secretarías ejecutivas:
Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia;
...
X Bis. Derogada.
XI. a XV. ...
Artículo 7.- Las sesiones extraordinarias serán públicas en los siguientes casos:
I. a VIII. ...
IX. Aquellas que el Pleno considere deban tener tal carácter.
En estos casos, el Pleno instruirá al Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia para que emita la convocatoria correspondiente con setenta y dos horas de anticipación.
Los visitantes distinguidos a que se refiere la fracción VIII, firmarán el libro designado con ese nombre, cuya custodia estará a cargo del Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia.
Artículo 9.- En las sesiones, el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia tomará nota de los acuerdos establecidos y de las observaciones formuladas para la elaboración del acta correspondiente.
Artículo 17.- Para proceder a tomar la votación, el Presidente, por sí o a propuesta de cualquier consejero, preguntará al Pleno si el asunto en cuestión se encuentra suficientemente discutido, y si así fuere determinado, en opinión mayoritaria, preguntará si en votación económica se aprueba; de no ser así solicitará al Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia tomar la votación y declarar el sentido de la misma.
Artículo 18.- Las votaciones se tomarán por el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia o por quien lo sustituya, en orden de los escaños que los consejeros ocupen en el Pleno, de derecha a izquierda, con excepción del Presidente quien emitirá su voto al final; serán nominales, a menos que uno de los miembros del Consejo solicite que la votación sea secreta, para lo cual será necesario que se motive la propuesta y exista consenso de la mayoría para ello. Si en alguna votación no se obtuviere la mayoría necesaria para la aprobación del asunto, se podrán practicar hasta dos votaciones adicionales con absoluta libertad de decisión para los consejeros, quienes no estarán ligados por el sentido de su voto anterior. Si a pesar de las dos votaciones adicionales persiste la imposibilidad de alcanzar la mayoría, y se trata de un asunto contenido en proyecto preparado por uno de los consejeros, se procederá en términos del artículo 13 de este Acuerdo.
Artículo 20.- Los reglamentos, acuerdos o resoluciones del Pleno que sean aprobados con modificaciones, serán remitidos al Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia dentro de los tres días siguientes, contados a partir del día de su aprobación, para el trámite que corresponda.
Si el asunto fuere de interés general, deberá remitirse en algún medio de almacenamiento magnético o digital al Secretario Ejecutivo antes mencionado, al día siguiente de su aprobación, a fin de agilizar su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Artículo 26.- Además de las facultades previstas en el artículo 85 de la Ley, son facultades del consejero Presidente las siguientes:
I. ...
II. Designar a un consejero ponente para que someta un asunto dudoso o trascendental a la consideración del Pleno, a fin de que éste determine lo que corresponda, conforme al turno que al efecto lleve el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia;
III. a XVI. ...
Artículo 29.- Son facultades de los consejeros:
I. a XVI. ...
XVII. Nombrar y remover al personal adscrito a su ponencia, con excepción del nombramiento de los secretarios técnicos que las integren, los que serán propuestos por cada titular a la Comisión de Administración, previa revisión por parte de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia de que se cumple con los requisitos legales correspondientes y, hecho lo anterior, se informará al Pleno respecto del nombramiento realizado;
XVIII. ...
XIX ...
XX. Someter al Pleno, por conducto de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia, iniciativas de acuerdos generales, reglamentos, manuales internos u otras disposiciones de acatamiento obligatorio, así como las propuestas para la reforma, modificación o derogación de ellos;
XXI. ...
XXII. ...
Artículo 64.- ...
La afinidad a que se refiere el párrafo anterior, en el caso de los Secretarios Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia, de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos, y de Disciplina, consistirá en tener título profesional de licenciado en derecho. En el caso de los titulares de las Secretaría Ejecutivas de Administración; de Finanzas; de Obra, Recursos Materiales y Servicios Generales; y de Vigilancia, Información y Evaluación, el título deberá ser de Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Finanzas Públicas, Economía, Arquitectura, Ingeniería Civil, o algún otro inherente a sus funciones.
Artículo 65.- Los secretarios ejecutivos del Consejo tendrán las siguientes facultades:
I. a XIV. ...
XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, así como certificar las copias que obren en sus archivos.
La facultad de certificar documentos relacionados con la competencia y atribuciones del área a su cargo, podrá delegarla en los secretarios técnicos, secretarios de apoyo y directores de área adscritos al área administrativa de que es titular, sin perjuicio de que la ejerza directamente. Para el control de las facultades delegadas, los titulares deberán llevar el registro de los funcionarios autorizados, e informar a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, de la delegación que hagan. La fecha en que se reciba la comunicación señalada establecerá el inicio de la eficacia de la delegación otorgada;
XVI. a XXI. ...
Artículo 68.- El Consejo contará con un secretariado ejecutivo, el cual estará integrado por los siguientes secretarios:
I. El Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia;
II. a VIII. ...
Artículo 69.- El Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia tendrá la función de auxiliar al Pleno, al Presidente y a los consejeros en todos aquellos asuntos que se determinen.
Artículo 70.- Son atribuciones del titular de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia:
I. Tramitar los asuntos que sean de la competencia del Pleno;
II. Recibir la documentación de los asuntos que deban someterse a la consideración del Pleno y enviar la convocatoria con la documentación correspondiente a los consejeros;
III. Recibir y presentar al Pleno los dictámenes enviados por la Comisión Substanciadora Unica del Poder Judicial de la Federación;

IV. Integrar la carpeta del Presidente con los asuntos listados para la sesión del Pleno;
V. Informar al Presidente sobre los asuntos que se analizarán en las sesiones del Pleno;
VI. Elaborar opiniones jurídicas, dictámenes y notas informativas para el Presidente, sobre los asuntos mencionados en la fracción que precede;
VII. Preparar y proponer al Presidente el orden del día de las sesiones, dando cuenta en cada una de éstas con los asuntos correspondientes;
VIII. Verificar y hacer constar la integración en las sesiones del Pleno;
IX. Recabar y certificar el sentido de la votación y, en su caso, de los votos particulares que se emitan en las sesiones del Pleno, así como hacer constar el impedimento legal de los consejeros en la intervención, discusión y aprobación de algún asunto y los pormenores de la sesión, de manera sucinta;
X. Elaborar las actas respectivas y presentarlas al Pleno para su aprobación;
XI. Firmar, conjuntamente con el Presidente del Consejo, las actas de las sesiones del Pleno;
XII. Citar a los funcionarios que el Pleno determine a la sesión correspondiente para el mejor conocimiento de los asuntos;
XIII. Desahogar y dar seguimiento a los asuntos que consten en las actas de las sesiones del Pleno y llevar el control del archivo de los asuntos;
XIV. Expedir copia certificada de las actas del Pleno cuando así se le solicite;
XV. Notificar los asuntos que determine el Pleno, así como tramitar su publicación, en los medios de difusión correspondientes;
XVI. Coordinar y supervisar el funcionamiento de la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del Consejo;
XVII. Tramitar la legalización de la firma de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en los casos que la ley de la materia exija ese requisito;
XVIII. Legalizar la firma de los servidores públicos a que se refiere la fracción anterior, cuando el Presidente así lo autorice;
XIX. Firmar, previo acuerdo del Presidente, las certificaciones que por disposición legal o a petición de parte interesada deban ser expedidas;
XX. Participar, conforme lo disponga el Pleno, en la elaboración de proyectos de acuerdos, bases generales de organización, disposiciones generales y acuerdos generales que tome aquél;
XXI. Participar, cuando así lo acuerde el Pleno, o lo instruya el Presidente, emitiendo opinión en las reuniones de los titulares de los órganos auxiliares y administrativos del Consejo que tengan como propósito el estudio y análisis para la creación, modificación o derogación de normas internas del propio Consejo;
XXII. Tramitar ante el Pleno las propuestas que haga el Presidente con respecto a nombramientos de los servidores públicos a que se refiere la fracción V del artículo 85 de la Ley;
XXIII. Llevar el registro de turnos, efectuar el trámite requerido y realizar el control del archivo relativo a los recursos de revisión administrativa interpuestos en contra de resoluciones del Pleno, a que se refiere el Título Séptimo, Capítulo III, de la Ley;
XXIV. Tramitar ante el Presidente del Consejo las licencias que sean de su competencia establecidas en los artículos 171 y 173 de la Ley;
XXV. Preparar, con información proporcionada por las diversas áreas administrativas del Consejo y con datos obtenidos de los acuerdos asentados en las actas de las sesiones del Pleno del propio Consejo, el Informe Anual de Labores del Poder Judicial de la Federación que de conformidad con el artículo 14, fracción XI, de la Ley, rinde el Presidente al finalizar el segundo periodo de sesiones de cada año;
XXVI. Elaborar y presentar informes con la periodicidad que le sean requeridos por el Pleno;

XXVII. Recibir los escritos, peticiones y avisos que magistrados de circuito, jueces de distrito y trabajadores del Poder Judicial de la Federación dirijan al Presidente y canalizarlos a las áreas administrativas del Consejo que conforme a sus atribuciones, corresponda tramitar y resolver;
XXVIII. Recibir los escritos que particulares, autoridades e instituciones dirigen al Presidente y remitirlos a las áreas administrativas del Consejo que correspondan o, en su caso, darles respuesta;
XXIX. Dar seguimiento e informar al Presidente sobre el trámite y resultado de los escritos y peticiones mencionadas en las fracciones XXVIII y XXIX de este artículo;
XXX. Brindar atención ciudadana a quienes soliciten entrevistas con el Presidente;
XXXI. Coadyuvar con la Secretaría Particular del Presidente, en todo lo concerniente a la administración de las oficinas de la Presidencia;
XXXII. Llevar el archivo y correspondencia de la Presidencia del Consejo;
XXXIII. Asistir a las reuniones interinstitucionales en las que participe el Consejo y coordinar, con las áreas involucradas, el cumplimiento de los acuerdos tomados en dichas reuniones;
XXXIV. Asesorar al Presidente en los asuntos en que éste se lo requiera, así como desempeñar las comisiones y funciones especiales que aquél le encomiende;
XXXV. Fungir como enlace operativo entre el Presidente y los Directores de los Organos Auxiliares del Consejo, los Secretarios Ejecutivos y los Directores Generales, con el objeto de mantener una línea de información directa sobre las actividades y avances programáticos de las áreas a cargo de dichos funcionarios;
XXXVI. Coordinar a la Dirección General de Gestión Administrativa y demás áreas involucradas en las acciones que sean necesarias para la realización de las ceremonias de instalación de los nuevos órganos jurisdiccionales, inicio de obra e inauguración de Edificios Sede del Poder Judicial de la Federación; y
XXXVII. Las demás que determine el Pleno, el Presidente y los consejeros.
Artículo 86 Bis.- Derogado.
Artículo 86 Ter.- Derogado.
Artículo 145.- Los consejeros propondrán a la Comisión de Administración a los secretarios técnicos adscritos a sus ponencias, previa comprobación por parte de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia de que se reúnen los requisitos legales correspondientes y, hecho lo anterior, se turnará al Pleno para la autorización de la designación de que se trate.
Las prórrogas de estos nombramientos aprobados por el Pleno serán enviadas directamente a la Dirección General de Recursos Humanos para el trámite correspondiente.
Artículo 147.- Los secretarios técnicos de las comisiones tendrán las siguientes atribuciones:
I. a VIII. ...
IX. Enviar al Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia los asuntos dictaminados por su comisión, que deban ser sometidos a la consideración del Pleno;
X. a XII. ...
Artículo 166.- El Pleno otorgará comisiones a los servidores públicos a que se refiere este Acuerdo, las que se cumplimentarán por el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia y por el Secretario Ejecutivo de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Artículo 181.- La Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del Consejo contará con la estructura y el personal que el Pleno determine con base en el presupuesto, y jerárquicamente dependerá de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia.
Artículo 182.- La Oficialía de Partes tiene como función:
I. a VI. ...
VII. Realizar un informe mensual de entradas de la documentación recibida y su respectiva entrega, y
remitirlo a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia; y
VIII. Otorgar a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia las facilidades necesarias para su adecuada supervisión."
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor el dieciséis de enero de dos mil diez.
SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en la páginas de Internet e Intranet del Consejo de la Judicatura Federal.
TERCERO.- El personal de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y el de la Secretaría General de la Presidencia deberá integrar la estructura inicial de la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, lo que deberá hacerse del conocimiento de la Dirección General de Programación y Presupuesto y de la Dirección General de Recursos Humanos.
CUARTO.- La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, deberá integrar de inmediato el texto de esta reforma, al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo.
MARIA DOLORES OMAÑA RAMIREZ, SECRETARIA EJECUTIVA DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Modifica el Diverso Acuerdo General que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, por el que se Fusionan la Secretaría Ejecutiva del Pleno y la Secretaría General de la Presidencia, para Crear la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de trece de enero de dos mil diez, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz Razo, César Esquinca Muñoa, César Alejandro Jáuregui Robles, Jorge Moreno Collado y Oscar Vázquez Marín.- México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil diez.- Conste.- Rúbrica
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5130782&fecha=05/02/2010

Luigi Ferrajoli

Publicado en Pagina 12, 12 de junio de 2008;
LUIGI FERRAJOLI, PADRE DEL GARANTISMO PENAL
“Hay intereses muy fuertes para mantener las drogas prohibidas”
Es uno de los principales teóricos del garantismo en materia penal. Aquí, sus reflexiones sobre drogas, despenalización, derecho, globalización y libertades.
Por Carlos Rodríguez
“La legislación antidroga que se ha desarrollado en el mundo, bajo la presión de Estados Unidos, es totalmente irracional. Sólo produce criminalidad y no produce la disminución del consumo.” El jurista italiano Luigi Ferrajoli, padre de la teoría del garantismo penal, en una entrevista con Página/12 se manifestó a favor de la legalización de las drogas. “La legalización podría producir un aumento del consumo al principio, durante un breve tiempo, pero después se produciría una disminución”, opinó Ferrajoli, quien se mostró de acuerdo además con la despenalización de la tenencia de droga para consumo. Lamentó, por otra parte, que el garantismo se haya desarrollado “exclusivamente frente a los poderes públicos”, cuando debería poner freno “a los poderes privados que, sin derecho, pueden desarrollarse en forma salvaje e ilimitada”. Puso como ejemplos “la confusión que hay entre libertad de prensa y propiedad de los medios”, así como el avance de las empresas multinacionales sobre los recursos naturales de los pueblos más débiles. “Creo que es necesario señalar el carácter suicida de esta falta de límites frente a las empresas privadas” porque, concluyó, “al contrario de otras catástrofes del pasado, puede que hoy no estemos a tiempo de decir, una vez más, ‘nunca más’”.
Ferrajoli viajó a Buenos Aires para dejar inaugurado el III Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (Aidef), financiado por el programa Eurosocial Justicia de la Comisión Europea y organizado por la Defensoría General de la Nación, cuya titular es Stella Maris Martínez, a su vez coordinadora general de la Aidef
–A fines de los noventa usted decía que el garantismo era una palabra nueva en el léxico jurídico porque se había incorporado veinte años antes, en Italia, al Derecho Penal. ¿Cómo es hoy la situación a nivel universal?
–El garantismo es una expresión acuñada en los setenta, en Italia, en el terreno del Derecho Penal. Sin embargo, puede ser extendido como paradigma teórico a las garantías de todos los derechos fundamentales, no sólo del derecho de libertad en materia penal sino también en los derechos sociales. Y no solamente frente a los poderes públicos sino también frente a los poderes privados. Y no solamente frente al poder de un Estado sino también frente a los poderes internacionales.
–Usted afirma que hay expansiones del garantismo que deberían ser tomadas en cuenta en forma urgente. ¿A qué cuestiones se refiere?
–Una de las expansiones es en dirección de los derechos sociales. Otra es en dirección de los poderes privados que la tradición liberal siempre ha confundido con las libertades cuando son cosas diferentes. Por ejemplo, se confunde lo que es la propiedad de los medios y lo que es la libertad de prensa. O también el poder del mercado, que es un poder al que se pone por encima de los derechos civiles. El garantismo se ha desarrollado exclusivamente frente a los poderes públicos, como expresa el estado de derecho, en vez de manifestarse también frente a los poderes privados. El derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente no tienen un diseño constitucional. Estas expansiones deben ser estructurales.
–Hay una tercera expansión de la que usted habla.
–La tercera expansión es el derecho internacional. Nosotros tenemos muchas cartas internacionales: declaración de derechos, convenciones, pactos, pero sin garantías. Sobre este vacío de garantías, el poder privado y de las grandes empresas privadas llenan el vacío de garantías públicas. Esto permite que los poderes privados, sin derecho, puedan desarrollarse en forma salvaje e ilimitada.
–Volviendo sobre el tema de la libertad de prensa, en Argentina, en algunos momentos históricos, hasta puede ser menos complicado trabajar con cierta libertad en un medio de prensa estatal que en uno privado.
–Esto también ocurre en Italia y es signo de la importancia de los conceptos teóricos. Esto es el fruto de una confusión conceptual que deviene de hablar de “libertad de prensa” cuando en realidad es “libertad de la propiedad de los medios”. La polémica que se dio en Italia, sobre el monopolio de los medios por parte de (Silvio) Berlusconi, ha hecho hincapié sobre el pluralismo de la propiedad, que es un valor que debe ser garantizado, naturalmente. Pero yo creo que se debe también afirmar la separación entre libertad de prensa, es decir la libertad de los periodistas para informar, de la propiedad de los medios. La propiedad no debería tener influencia en la opinión de los periodistas y no debería haber nadie que tenga más de una red de televisión o más de un periódico. Esto debería ser garantizado por ley. Si no ocurre eso, son sólo garantías de papel, que no tienen aplicación real.
–Estuvo reunido con el ministro Aníbal Fernández y habló con él sobre el proyecto de despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. ¿Cuál es su opinión sobre esa iniciativa?
–La legislación antidroga que se ha desarrollado en el mundo bajo la presión de Estados Unidos es totalmente irracional. Esto sólo produce criminalidad y no la disminución del consumo. El prohibicionismo significa afirmar el monopolio criminal del mercado de la droga, que produce, en forma inevitable, criminalidad grande y pequeña, en este caso de los pequeños vendedores de droga. Esta criminalidad ejerce una presión sobre todos los jóvenes que la legalización de la droga no produciría. Existe un interés de los pequeños consumidores-vendedores de corromper a otros jóvenes. Esto está ligado a la presión de los grandes monopolios de la droga. Todo eso lleva a que la represión caiga sobre la mano de obra barata y no sobre las grandes empresas.
–¿La legalización de la droga sería la solución al problema?
–Es posible que la legalización, en un breve primer momento, produzca un aumento del consumo, pero en el largo plazo produzca una disminución, porque ya no estaría la presión y la corrupción sobre los consumidores, que deben convencer a sus propios compañeros de que consuman.
–¿Qué opinión tiene sobre el proyecto argentino de despenalización?
–Yo no he leído el proyecto, no conozco el detalle. Me ha parecido que el ministro tiene una política muy racional. Uno de los pasos a dar, en el combate contra las drogas, es disponer la inimputabilidad del consumo. Es un principio clásicamente liberal el decir que “los actos contra sí mismo no son punibles”. Cada uno es soberano sobre su persona. La criminalización sólo empeora el problema. Otra medida podría ser la de diferenciar droga pesada de droga liviana. Lo importante es disminuir el daño. Y para eso, el Derecho Penal no es una varita mágica.
–Tengo entendido que también se interesó por el plan de desarme de la sociedad civil que se está llevando a cabo.
–Una política importante sería la de ilegalizar el uso de armas. Las armas deberían ser consideradas, más que la droga, bienes ilícitos. Las armas son destinadas a matar, producen guerra y criminalidad. ¿Por qué no hablar del arma-tráfico en lugar de hablar tanto del narco-tráfico?
–Antes hablaba de la “irracionalidad” de la política en materia de drogas que impulsa Estados Unidos. ¿Es posible hacer cambios de fondo para terminar con las drogas y las armas cuando son dos negocios fabulosos?
–Es legítima la sospecha de que hay intereses muy fuertes para sostener el prohibicionismo de las drogas. Es increíble, porque Estados Unidos tiene experiencias de prohibicionismo, en los años ’20, lo que ha producido el gangsterismo, lo que ha producido una criminalidad feroz.
–Usted habla de la relación entre Derecho y globalización.
–Es importante analizar cómo se puede utilizar el Derecho para neutralizar los efectos negativos de la globalización. La globalización se caracteriza como un vacío del derecho público, un vacío de garantías de los derechos fundamentales. Nosotros tenemos los pactos de derechos humanos, muchas convenciones interamericanas, europeas, africanas. Tenemos muchas cartas y declaraciones, pero son derechos de papel si no existen leyes que permitan su aplicación práctica.
–¿Cómo se frena una globalización que, en muchos aspectos, está llevando a la destrucción del ambiente, como ocurre en la Argentina con las empresas que explotan minas a cielo abierto?
–Hay una total falta de límites para las empresas que pueden devastar el medio ambiente y los recursos naturales. Las empresas encuentran, entre los grandes lineamientos nacionales de los países, cuáles son los más vulnerables. De ese modo pueden decidir en cuál de los países existen leyes o ellos las pueden imponer, mediante las cuales se puede explotar el trabajo, destruir el medio ambiente o corromper a los gobernantes. Esto se llama, como un eufemismo, la “competencia” entre los ordenamientos nacionales más benignos y los ordenamientos de las empresas. Esto sólo es bueno para las empresas, que aprovechan los Estados con una legislación menos garantista.
–En Argentina hubo protestas de las comunidades afectadas, con éxito o sin él, para evitar la destrucción de los recursos naturales, pero las empresas siguen destruyendo el ambiente.
–Son procesos difíciles, de largo plazo. Sólo las luchas sociales pueden evidenciar la violación de los derechos, la inconstitucionalidad de lo que está sucediendo. Es necesario señalar el carácter suicida de esta falta de límites frente a las empresas privadas. Este es el único planeta que tenemos. Respecto de las grandes catástrofes del pasado, hoy existe una diferencia: podemos no estar a tiempo de decir, una vez más, “nunca más”.
–Es como decir que hay riesgo de que nunca más podamos decir “nunca más”.
–Bravo. Les dijimos “nunca más” al fascismo, “nunca más” a la dictadura, “nunca más” a la destrucción del planeta, “nunca más” a la desigualdad que produce millones de muertes. Ahora podríamos no estar a tiempo para tomar decisiones que paren lo que está ocurriendo.

MALOVA!

Preocupaciòn en el PRI
Columna
PLAZA PÚBLICA / Coalición sinaloense
Miguel Ángel Granados Chapa
5 febrero 2010.- Como en Durango, podría formarse en Sinaloa una coalición opositora al PRI con un candidato que sigue siendo miembro de ese partido, y que podría ganar la elección para gobernador el próximo julio. Si el senador Mario López Valdez diera el paso hacia la oposición, su decisión no sólo debilitaría al PRI en general sino que causaría un efecto adverso al papel que desempeña en la escena política nacional Manlio Fabio Beltrones, por la probidad que el sinaloense ha ganado con el líder senatorial priista.
Publicado en Reforma,
Malova, como se conoce a este aspirante, porque con ese acrónimo formado por la primera sílaba de su nombre y apellidos se identifica a sus empresas, es un político neófito pero exitoso. Nació en Los Mochis el 18 de enero de 1957, de modo que hace tres semanas cumplió 53 años. Es un hombre hecho a sí mismo, pues de empleado de Leonardo Félix, un empresario mochiteco también, se alzó con sus propios negocios. Tardíamente estudió la carrera de contaduría en el Tecnológico de Los Mochis, que concluyó en 1994. Hoy es dueño de una cadena de refaccionarias y en un tiempo poseyó el equipo de béisbol de su ciudad natal, los Cañeros. Al interesarse en política, su capacidad económica le permitió presidir la Comisión de Finanzas del PRI estatal y luego ser elegido alcalde de Ahome, el municipio cuya cabecera es Los Mochis, en 2002.

4 feb 2010

Sinaloa, cuenta regresiva

Columna EN PRIVADO/ Alfredo Originales
rrazones.com, 3 de febrero de 2010;
LA CUENTA REGRESIVA.
Urge nominar candidato para que haya tiempo a la operación cicatriz.
Advertía en el artículo anterior que la guerra sucia con miras a la sucesión en el gobierno del Estado de Sinaloa, iba a seguir y cada vez con mayor intensidad en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Vizcarra Calderón, para muchos el candidato del gobernador.
Pues bien, no pasaron muchos días para ser testigos de otro misil dirigido no solo a reventar el proyecto del gobernador, sino a enfrentar al propio mandatario Jesús Aguilar Padilla con su delfín, al atribuirle al primero una declaración dando por muerto a Jesús Vizcarra debido a su relación con el narcotráfico.
Hace días gente cercana al presidente municipal de Culiacán me revelo que en la agenda de riesgos ya tenían previsto todos estos ataques, de tal manera que no los toman por sorpresa, sin embargo, creo que a estas alturas y por el alto grado de belicosidad la sucesión gubernamental en Sinaloa está entrando en una etapa crítica de polarización riesgosa.
Hace una semana señalaba también que esta situación de polarización aguda generada y alentada por el “fuego amigo”, podría dar pie a que finalmente el gobernador Jesús Aguilar opte por otra vía, lo que implicaría sacrificar a los dos precandidatos más visibles: Jesús Vizcarra y el senador Mario López Valdez.
Quienes se oponen a ultranza de que el alcalde de Culiacán no sea el candidato del PRI para gobernador y para ello están echando toda la lumbre al asador, a lo mejor no han dimensionado que, junto con ello están “quemando las naves” de las aspiraciones del empresario ferretero.
En este sentido, la especulación más fuerte es que dentro del cuartel del gobernador ya se valora la conveniencia de seguir o no adelante con el proyecto vizcarrista, pero con la premisa por delante de que si no es uno, el otro tampoco.
¿Qué tan viable es este escenario? Hay quienes no lo descartan porque la polarización que se está dando entre los grupos aguilaristas y millanistas, va más allá de posicionamientos personales, sino de intereses no “alineados” término acuñado por el principal protagonistas, el ex gobernador Juan Millán.
Pero también hay quienes sostienen la idea de que a pesar de toda esta guerra sucia, o lodo, como quieran llamarle, el proyecto vizcarrista sigue adelante en el entendido de que no hay la mínima preocupación por el linchamiento mediático en su contra.
Según estos últimos, el sustento optimista de este escenario es que le apuestan a que, si bien es cierto de que una mentira repetida hasta la saciedad termina por creerse, igual sucede en que al final genera fastidio dentro de la percepción ciudadana y por ende acaba encapsulada como desecho.
Sobre todo porque hasta el momento, después de tres meses de ataque continuo, en nada ha menguado el trabajo que como alcalde y presidente de la FENAM, Jesús Vizcarra está desplegando en su municipio y en la entidad.
Los más optimistas, creen en que este ataque sistemático está generando en torno al alcalde culiche la sensación de víctima, y de repudio contra sus adversarios.
Al margen de estos posicionamientos y tratando de ser lo más objetivo o menos subjetivo posible, creo que este enfrentamiento intestino dentro del PRI por la candidatura a gobernador, esta desgastando al partido, a los precandidatos y a toda la clase política en general porque deja en evidencia la ambición desmedida por el poder.
Y hablo en términos generales, porque lo mismo ha sucedido en otros partidos, como en el PRD cuyas tribus prácticamente desmantelaron todo el capital político que generó Andrés Manuel López Obrados en el 2005 y que hoy se encuentra minimizado y focalizado solo en el centro del país.
Lo cierto es que el PRI enfrenta hoy en Sinaloa uno de sus mayores retos de su existencia que es la estabilidad y unidad partidista y si el gobernador como primer priista no acierta en su decisión puede poner en riesgo la hegemonía que por casi nueve décadas ha mantenido en la entidad.
Cualquier decisión que tome Jesús Aguilar Padilla sobre quien deberá ser el candidato, -haya o no la tercera vía- debe ser sustentada en una valoración ponderada que incluya las debilidades y fortalezas del ungido, pero en especial fincado en acuerdos y negociaciones, cuya premisa será la de ganar-ganar.
Así pues, empieza la cuenta regresiva en el PRI-Gobierno. El destape oficial debe darse ya para que la operación cicatriz entre en acción inmediata, para que haya tiempo suficiente de restaurar heridas, cubrir facturas, cumplir compromisos, acuerdos y negociaciones.
Sobre todo porque las condiciones de vida en Sinaloa no son nada favorables para el gobierno en sus tres niveles, por el alto grado de violencia e inseguridad y nula respuesta de las autoridades para garantizar la paz y tranquilidad a los sinaloenses

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