6 feb 2010

Reunión de la República en Quéretaro

Celebración del XCIII Aniversario de la promulgación de la Constitución Política.
En el Teatro de la República, acompañado del gobernador de Querétaro y ante representantes de los tres Poderes de la Unión, el Presidente señaló que es momento de debatir, pensar, proponer y tener la madurez política para encontrar consensos y, quienes por su mandato representan a los mexicanos, deben logar acuerdos medulares que permitan transitar del conflicto político y la amenaza de la parálisis a la cooperación.
Discurso del Presidente
Señor Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
Señor Senador Carlos Navarrete, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Señor Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Señor licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador del Estado de Querétaro.
Maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado de Michoacán y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Señores Gobernadores.
Maestro Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.
Doctor Agustín Carstens, Gobernador del Banco de México.
Doctor Raúl Plascencia, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Doctora Jacqueline Peschard, Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información.
Licenciada María del Carmen Alanís, Presidenta del Tribunal Federal Electoral.
Señoras y señores legisladores.
Señores magistrados y ministros, integrantes del Poder Judicial.
Señoras y señores:
Nos hemos congregado en esta sesión solemne, a fin de conmemorar el XCIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hoy recordamos y recordamos con honda gratitud a nuestros Constituyentes del 17, que reunidos, precisamente, en este mismo recinto, supieron dar rumbo y dar destino a México.
Honramos a quienes, a pesar de sus diferencias y desencuentros, supieron ponerse de acuerdo para construir un país más libre, más justo, democrático y equitativo. Los Constituyentes sembraron semilla de futuro, eran plenamente conscientes de que de sus resoluciones dependía el porvenir de la Patria, y por eso no dejaron de lado ninguno de los temas cruciales de la Nación.
En este Teatro de la República asumieron el reto de otorgar más libertades y más derechos a los ciudadanos; establecieron los derechos sociales que México privilegió en su Carta Magna e introdujeron, precisamente, una nueva dimensión en la organización de la sociedad y de las relaciones entre ésta y el Gobierno.
Trabajaron arduamente para diseñar un sistema democrático que impidiera la concentración del poder; discutieron y definieron los pesos y contrapesos entre los poderes y las facultades de cada uno de ellos; protagonizaron debates históricos sobre la economía del país, sobre el papel del Estado en el desarrollo del campo y en los recursos naturales.
Acordaron que éstos debían ser propiedad de la Nación, para que de ellos nos beneficiásemos todos los mexicanos.
Intercambiaron argumentos sobre la importancia de la educación, el papel del Estado en la materia y el carácter laico de su naturaleza.
Sabían que en la formación de nuestros niños y jóvenes radicaba el porvenir de la Patria, y por eso, establecieron también el mismo carácter a la instrucción pública.
Ningún ámbito de la vida nacional, de los relevantes, quedó fuera, entonces, de la discusión de los legisladores de 1917.
En este Teatro de la República se discutió, desde luego, con pasión e incluso con rispidez, pero también con altura de miras y con franqueza y, sobre todo, con generosidad y con un profundo amor a México.
Los Constituyentes sabían que lo que estaba de por medio era el proyecto de nuestra Nación. Hoy, nosotros recordamos a los legisladores del 17 por su patriotismo y porque supieron estar a la altura de la historia.
En este 2010, en el que celebramos el Bicentenario del Inicio de la Independencia y el Centenario de la Revolución, las mexicanas y los mexicanos debemos honrar la memoria de nuestros Constituyentes, enarbolando sus ideales y luchando por darles cumplimiento.
No sólo tenemos el compromiso de hacer realidad el espíritu y el mandato de la Constitución, sino que además debemos ser capaces de construir los acuerdos que nos permitan responder a los grandes retos que enfrenta la Nación.
Los mexicanos hemos demostrado una y otra vez que sí es posible hacer a un lado las diferencias y trabajar unidos en una causa común. Lo hemos hecho en nuestra historia y lo hemos hecho en el pasado reciente, a través de reformas importantes que dejarán estela de beneficio a las futuras generaciones de mexicanos.
Fue precisamente esa unidad y ese impulso lo que nos permitió construir, con grandes esfuerzos, la democracia plural y vibrante que hoy tenemos, y gracias a la cual todos podemos expresarnos, participar, opinar y votar con libertad; buscar el legítimo acceso al ejercicio del poder, ejercerlo y vigilar también el poder que se ejerce.
Sin embargo, también debemos reconocer que el actual diseño no permite generar todos los consensos que México necesita para poder resolver las necesidades de su gente.
La dinámica de la competencia democrática hace también muy difícil la construcción de consensos entre los actores políticos. La falta de estímulos e incentivos que permitan la construcción de políticas generales más allá de las contiendas electorales, impacta, precisamente, en que México no realice las transformaciones con la profundidad y la velocidad que necesita.
Los temas realmente importantes se ven permanentemente desafiados o incluso sustituidos por la agenda pública, por la contienda electoral en algún punto del país, por temas de coyuntura, por descalificaciones, no siempre acompañadas de propuestas; y lamentablemente, el encono, en no pocas ocasiones, termina sustituyendo la razón.
No hemos podido hacer de nuestra democracia un ejercicio de disenso fértil que genere, a partir del contraste razonado de ideas y de propuestas, mejores leyes, instituciones más efectivas y gobiernos con más capacidad de respuesta.
Ante esto, no es extraño que los ciudadanos expresen cada vez mayor insatisfacción. Es claro que ellos perciben que la brecha entre sus necesidades y preocupaciones, y la política y los políticos, es cada vez mayor.
Muestran su rechazo a la situación, absteniéndose de votar, anulando su voto o simplemente dándole la espalda a la política y a los asuntos públicos.
Se requieren cambios de fondo para que la voluntad ciudadana esté debidamente representada en las decisiones democráticas, y para que la democracia misma le resulte útil y le resulte eficaz al ciudadano en su vida cotidiana.
Tenemos diferencias sobre cómo abordar estos temas, sí; pero me parece que lo importante es analizarlos desde la pluralidad, discutirlos con razones y argumentos, y resolverlos asumiendo la capacidad de las instituciones, de los Poderes y de los partidos para tomar decisiones.
No por otra razón hemos propuesto al Poder Legislativo una iniciativa de Reforma Política que tiene dos propósitos fundamentales. Por un lado, dar más poder al ciudadano para participar en la toma de decisiones y hacer, por otro, más eficientes y más representativas las instituciones democráticas del país.
Se busca crear mecanismos institucionales que faciliten los acuerdos y que permitan a México avanzar más rápido hacia el progreso y la equidad.
El espíritu de la reforma es llevar al sistema político al Siglo XXI, transformándolo para que tenga como eje principal a los ciudadanos, dar más voz y más voto a los electores, oxigenar la vida pública con las ideas y las propuestas de la ciudadanía, y abrir nuevas avenidas a la participación de la gente en los asuntos que son de todos, a fin de cerrar la brecha que existe, efectivamente, entre política y sociedad.
Pero más importante que ello, señoras y señores, es poder asumir en la vida nacional, con claridad, las diferencias entre los asuntos que son de Estado, que corresponden estrictamente al interés nacional, de aquellos temas que son de competencia y diferencia político partidista.
Cada vez que los mexicanos hemos sabido hacer esta valiosa distinción, cada vez que hemos asumido en nuestros actos las consecuencias de esta verdad elemental, de saber distinguir los asuntos que son de interés nacional de aquellos que son de interés político partidista, México ha avanzado, ha podido construir consensos, ha impulsado reformas indispensables y, en suma, se ha fortalecido como Nación.
Por el contrario, el no saber distinguir entre ambos el interés nacional y el interés parcial, por legítimo que éste sea, ha hecho que nuestro país limite su capacidad de avanzar y ha provocado que México sufra limitaciones que le han impedido, durante décadas salir más rápido del subdesarrollo, de la pobreza.
Una fecha tan singular, como el Bicentenario y el Centenario, debe ser, sin lugar a dudas, ocasión para poder distinguir con nitidez lo que es de la República y lo que es de los partidos; los temas que requieren como condición indispensable la unidad de todos, por encima de las diferencias, y aquellos que corresponden a la válida estrategia electoral de cada quien.
Si ello no fuera posible, si el empeño por destruir al adversario prevaleciera, incluso en los temas que requieren la unidad de todos, la vida de la Nación se debilitaría, la política se empobrece y queda convertida en alternativas que están lejos de la dimensión de la dignidad de los ciudadanos. Lo más grave es que se pierde en el momento de la historia que nos toca vivir la oportunidad de avanzar y de transformar.
Este XCIII Aniversario de nuestra Carga Magna nos invita a una reflexión histórica, no sólo del pasado, sino del presente. Aquellos mexicanos del 17 tenían ante sí una tarea titánica; sin duda estaban obligados a discutir temas complejos para la Nación.
Tenían también, diferencias políticas naturales, que obedecían a la pluralidad de pensamiento de su época, pero ni sus diferentes puntos de vista ni la dificultad de la tarea fueron un obstáculo para que cumplieran con el papel que la historia les había encomendado.
Por eso, hoy nuestra obligación es estar a la altura de aquella generación valiosa de Constituyentes, y discutir abierta y francamente lo que sea mejor para México.
Por difícil que parezca la tarea, por controversiales que resulten los temas, por diferentes que sean nuestros puntos de vista y por hondos que sean los agravios, es momento de debatir, de pensar, de proponer y de tener la madurez política para encontrar el amplio caudal del consenso, en el cual la Nación a todos nos une.
Eso, y no menos, esperan los ciudadanos de nosotros. Y tengo plena confianza en que el bien superior de la Nación será lo que guíe a quienes representamos al pueblo de México en sus diferentes expresiones constitucionales.
Señoras y señores:
2010 es el Año de la Patria. En cada hogar y en cada rincón de nuestro país vibra con fuerza el orgullo de ser mexicano, el orgullo de nuestra historia y de nuestras raíces.
Por lo mismo, éste debe ser un año de reconciliación nacional, debe ser el año en el que todas las mexicanas y los mexicanos, todos los que deseamos lo mejor para nuestro país, reconozcamos lo mucho que nos une, lo mucho que nos hermana y lo que nos hace ser un solo pueblo, con una misma historia, un mismo ideal, y una misma Bandera, una misma Constitución.
Sé que se requerirá un enorme esfuerzo, una gran madurez y generosidad de todos los actores políticos, sin distinción.
Por eso, bienvenida la propuesta que aquí han hecho los señores gobernadores, de un pacto social sobre la base de reconocer la preeminencia del interés nacional por encima de cualquier interés parcial, partidista o de grupo, así sea interés legítimo.
Decía Octavio Paz que la Revolución trajo la reconciliación del mexicano con su historia y con su origen. El Centenario de la Revolución debe traer ahora la reconciliación de todos los mexicanos en su presente y para con su futuro. Traer consigo la unidad de todos para poder sumar esfuerzos y luchar por un porvenir posible y mejor para México.
Nosotros, quienes conformamos la generación del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución, debemos ser capaces de alcanzar los acuerdos que transformen a la Nación en esta hora crucial, sin que eso implique en lo mínimo renuncia o claudicación alguna a las diferencias de ideas, de propuestas y de puntos de vista.
Simplemente, el poder de la Nación misma, la tarea que representa, precisamente, el encauzarla en este trascendental e histórico momento es, precisamente, motivo y razón suficiente para poder encauzar lo que son las coincidencias y las prioridades nacionales.
Nosotros, quienes por su mandato representamos a los mexicanos, debemos lograr acuerdos medulares que cambien, no sólo las reglas del juego, sino que nos permitan eficazmente transitar del conflicto político y la amenaza de parálisis a la cooperación y el consenso, que es precisamente lo que nos ha permitido avanzar en cada momento histórico.
Como generación debemos decidir si queremos dejar las cosas como están y que nos lleve años o décadas para superar los desafíos enormes que México tiene, o si somos capaces de tener la altura de miras necesaria para derribar los obstáculos que inhiben el desarrollo humano sustentable del país.
Aprendamos de la visión de Estado que caracterizó a los Constituyentes del 17; aprendamos de su capacidad para superar diferencias políticas e ideológicas y transformar a la Nación.
Por muchas que puedan ser las propuestas e iniciativas para superar los desafíos nacionales, si no existe voluntad política para discutirlas en el plano de la diferencia y de la pluralidad, simple y sencillamente no será posible impulsar el rumbo que merece México.
Hoy la Nación nos exige, no sólo que seamos auténticos demócratas, sino que tengamos la visión de Estado necesaria para ir más allá de la coyuntura y poner a México en la ruta del desarrollo y de la justicia.
Hoy la Nación exige de cada uno de nosotros que levantemos la mirada más allá de lo inmediato para alcanzar, finalmente, los ideales que trazaron las mujeres y los hombres que nos dieron Patria y que nos dieron Constitución.
Las mujeres y los hombres que han luchado valientemente por la Independencia de México, por la justicia entre los mexicanos, por la libertad de cada una y de cada uno de nosotros, de quienes han luchado por el progreso de esta gran Nación.
Asumir como propio el interés nacional y encontrar en él la necesaria coincidencia en favor de México, es la mejor manera de honrar, ahora y siempre, a quienes nos dieron, precisamente, la organización moderna del Estado mexicano en la Constitución de 1917.
Que el Año de la Patria sea, no sólo el año en el que celebremos nuestro pasado, sino en el que definamos los trazos generosos de un mejor futuro para nuestro país.
Antes hablaron:
1. José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador del Estado de Querétaro.
Ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa.
Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Doctor Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado de Michoacán y Presidente de la CONAGO.
Señoras y señores gobernadores.
Legisladores federales y locales.
Ciudadanos presidentes municipales.
Señoras y señores:
Si las reuniones de la República siempre han encontrado plena justificación y simbolismo, en la Conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Carta Magna, el significado de este encuentro tiene una trascendencia singular. Por la memoria, por los días que nos ha tocado vivir y por el México que deseamos para las generaciones venideras, la ocasión es pródiga para la reflexión y los acuerdos.
Este es un año de memorias eminentes. Pero no basta recordar las gestas, sino también imitar los ejemplos de sus protagonistas y ser dignos herederos de sus frutos.
Los festejos de los centenarios deben servir para repensar los afanes de quienes nos dieron una Patria independiente y establecieron el punto de partida de instituciones sólidas.
Los ciclos fundacionales se reviven en la capacidad que tengamos para reconstruir, transformar y reconciliar.
De qué serviría el homenaje a los héroes que nos dieron libertad y a los apasionados Constituyentes que forjaron los principios de nuestro Estado de Derecho, si no somos leales a sus sueños de unidad nacional y de paz social.
La República se ha vuelto a reunir. Tal como lo hicieron hace 93 años, poco más de 200 hombres que se encontraron en la palabra y en las ideas.
Aquel grupo de inteligencias y pensamientos heterogéneos coincidieron en las razones y en los anhelos, supieron ponerse de acuerdo al margen de sus diferencias para crear un proyecto que pusiera fin a la lucha armada, y sirviera de marco legal para dar cauce y sentido a sus afanes de justicia.
El mejor homenaje a la Ley Suprema es que bajo, cualquier circunstancia, estemos convencidos que debe servir para cumplirla y hacerla cumplir, para normar nuestra convivencia, para fortalecer nuestra democracia.
El espíritu de nuestra Constitución trascendió a la letra. El objetivo, sin duda, fue sentar las bases para forjar un país de oportunidades para todos.
Por ello, no puede haber libertad cuando existe desigualdad, cuando se carece de satisfactores, cuando no se tiene una vida digna, cuando no se disfruta de paz social, cuando la política económica no alcanza la política de los individuos en sus hogares.
No basta el reconocimiento de la ley. La existencia de derechos civiles, políticos y sociales requiere de una puesta en práctica de su sentido primordial: la justicia como valor superior, la justicia en su connotación más amplia, como garantía de los mexicanos al bienestar dentro de la paz.
Los días complejos en materia económica y las jornadas de violencia nos urgen a una nueva reingeniería institucional. Acordemos el diseño y la aplicación de políticas públicas que, primero, nos hagan reconocer en dónde hemos fallado, para coincidir en las medidas necesarias para recomponer el rumbo en torno a las necesidades de nuestra gente.
Lo que aspiramos para nuestros hijos es un México en progreso y en concordia. Lo que queremos para las generaciones que ya están aquí y las generaciones que vienen es la legalidad y la ética como valores indeclinables del pacto social.
Es la redefinición de los destinos de la Nación sin renuncia a la tradición república, y con apego a los ideales de quienes lucharon por una Nación justa y una Nación independiente.
Las conmemoraciones, incluso este aniversario del orden constitucional, que fue el epílogo de un periodo sangriento, deben ser propicias para la gran reconciliación nacional.
Es hora de hacer una tregua en nuestros enconos históricos, es hora de las reformas profundas, sin egoísmos partidistas, sin oportunismos pragmáticos. Esa gran reforma que recupere el sentido de las instituciones republicanas, que se perdió en las exigencias de la inmediatez.
Señoras y señores:
Querétaro ha sido el cruce de caminos en los momentos decisivos que forjaron a la Nación mexicana: en la lucha emancipadora, en la consolidación de la República, y en el debate del proyecto que ha servido como marco jurídico para resolver en la paz social y en la equidad los grandes problemas de México.
Desde aquí han surgido los llamados culminantes de nuestra historia. Desde esta ciudad los mexicanos podemos reemprender una marcha que convoque a la acción colectiva, con el objeto de lograr la unidad nacional y el replanteamiento de aquellas estrategias políticas y sociales que cumplan con las expectativas del pueblo, que respondan al clamor de las familias mexicanas que aspiran y merecen una vida mejor.
Desde este recinto, donde hace 93 años se acordaron cambios trascendentales para la vida de la Nación convulsa y contrastante, intentemos un nuevo pacto social.
Renovemos el compromiso de actuar con oportunidad y decisión para frenar los enconos y atemperar las contradicciones.
Bienvenido siempre a esta tierra generosa, prodiga de anhelos libertarios y crisol de la memoria que siempre seremos.
Muchas gracias.
***
2. Leonel Godoy Rangel, Gobernador del Estado de Michoacán y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Licenciado Guillermo Ortiz Mayagoitia, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Cámara de Senadores.
Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Cámara de Diputados.
Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro.
Distinguidos miembros del presídium.
Señoras y señores:
Hoy celebramos el XCIII Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. El 5 de febrero de 1917 aquí, en Querétaro, se aprobó el Pacto Social que dio a México rumbo e instituciones.
Los Constituyentes tuvieron el talento y la sabiduría de plasmar los anhelos de quienes ofrendaron su vida por un país democrático, con profundo sentido social.
Estamos en pleno Siglo XXI y, por ello, es necesario reflexionar qué de ese consenso nacional, surgido de los sentimientos profundos de la Revolución Mexicana, nos sirven para avanzar y cuales deben de ser revisados y proponer nuevos acuerdos para enfrentar mejor los retos de esta nueva centuria.
De unos años para acá se ha discutido si debe de darse una nueva Constitución o sólo hacerle modificaciones a la actual para adecuarla a nuestros tiempos.
En estricta teoría constitucional no puede derogarse la actual Carta Magna, sólo puede reformarse. A mi juicio, dejando para otro momento ese debate, lo que está claro es que sí se requieren cambios constitucionales.
Cuáles.
Primero. Plantearía qué es lo que está vigente conforme al desarrollo actual de México. Creo, sin duda, que los derechos sociales, las garantías individuales y los derechos humanos, las garantías procesales, los derechos políticos, la división de poderes y la separación Estado-Iglesia son conquistas del pueblo que están vigentes y, por tanto, no deben modificarse.
Por ejemplo, nadie pone en duda que en un país pobre la educación pública, el sistema de salud, la seguridad social, el ejido, la comunidad indígena, la pequeña propiedad, las libertades públicas de expresión y asociación, el sistema de justicia basado en la presunción de inocencia, la soberanía nacional, los derechos laborales y el Estado laico deben prevalecer, pues le dan certeza a los más pobres y evitan riesgos de inestabilidad social y política.
Qué se requiere revisar.
Según nosotros, el procedimiento judicial, el régimen político, el sistema electoral, el sistema de partidos, urgen las candidaturas independientes; el modelo económico, el Régimen Fiscal y el Hacendario, y las modalidades del Pacto Federal.
Hoy son tiempos de cambio en base a profundas reflexiones, debates serios y responsables, en donde debe de plantearse un nuevo pacto social propio de este Siglo XXI.
Cómo lograrlo.
En base a grandes acuerdos nacionales, donde prevalezca el interés público sobre cualquier interés personal, de grupo o de partido. Debe de sobreponerse el interés de la Nación para darle oportunidades al pueblo mexicano: oportunidades de desarrollo, de igualdad, de justicia y de democracia.
Los grandes retos nacionales, como la pobreza, la democracia, la seguridad y la Independencia de México, se enfrentan mejor respetando el Estado de Derecho, que para mí es el respeto a la Constitución Mexicana.
Este es el significado concreto, no abstracto, de un país de leyes. Sin duda, debe de sufrir cambios nuestra Constitución, pero hoy, por ser Ley Suprema vigente debe de observarse. Sólo así México tendrá certeza jurídica y rumbo seguro. Nada por encima de la Constitución.
Hoy invito a velar por el respeto irrestricto a nuestra Constitución, tal como juramos al rendir protesta en nuestro cargos.
La Conferencia Nacional de Gobernadores surge con el noble fin de respetar el Federalismo, para llegar a acuerdos mediante los consensos entre las entidades y el Gobierno Federal, siempre pensando en México más allá de intereses partidistas o regionales. Mejorar el Pacto Federal es su objetivo.
Como Presidente en turno de este espacio de ejecutivos locales, convoco a que busquemos las soluciones que el país requiere, estemos a la altura, que el México del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, de las mujeres y de los hombres que nos han dado patria.
Este será el mejor homenaje que les debemos a los revolucionarios que hace 100 años lucharon por un México sin desigualdades, y que los Constituyentes del 17 de manera genial plasmaron en el Documento Patrio suscrito ese 5 de febrero aquí, en el Querétaro Constituyente.
Muchas gracias y buenos días.
***
3. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.
Ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa.
Ciudadano Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.
Ciudadano Diputado Francisco Javier Ramírez Acuña.
Ciudadano Leonel Godoy.
Señores gobernadores.
Señoras y señores:
Hace 93 años, en este mismo escenario y después de dos meses de intensas deliberaciones, los diputados Constituyentes entregaron a la Nación un nuevo Pacto Social.
El Congreso aprobó una nueva Constitución cuando el país pendía de un hilo y en el aire podía respirarse el olor de la pólvora, después de cinco años de guerra civil y de enfrentamientos entre las facciones y grupos que se disputaban la conducción de la Revolución.
El 1º de diciembre de 1916, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, Venustiano Carranza, entregó al Congreso Constituyente un proyecto de reforma a la Constitución de 1857.
El 5 de febrero, al final de los trabajos, los diputados aprobaron no una reforma, sino una nueva Constitución, que sustentada en la de 1857, recogió los ideales y los anhelos revolucionarios.
Uno de los historiadores más destacados de la época escribió: Carranza apareció en la Sala de Sesiones debidamente escoltado. Un auditorio joven, en donde había obreros, profesionales, liberales, pequeños comerciantes, periodistas, maestros, escuchó su discurso con respeto, pero sin sumisión. Carranza les hablaba desde otro siglo. Ellos eran impacientes y románticos y sólo confiaban en la ley como palanca inmediata del cambio revolucionario. No representaban a la Reforma. Representaban a la Revolución.
Sí, así fue, porque los Constituyentes de 1917, provenían de la vida, no de la academia. Por eso, hicieron una Constitución social.
En el proceso de discusión y de aprobación se formaron dos bandos: uno a favor y otro en contra del proyecto enviado al Congreso por Carranza.
Los diputados Constituyentes, con visión, responsabilidad y habilidad, lograron una mayoría parlamentaria que asumió decisiones fundamentales para el Estado Mexicano y el destino que, a partir de ese momento, siguió a la Revolución.
El Artículo 27 del proyecto decía que el texto original de la Constitución del 57 era suficiente para el propósito de adquirir tierras y repartirlas. Pero la realidad no era así.
El estallido social de los campesinos del Sur, encabezados por Zapata, y los pequeños propietarios del Norte demandaban un cambio de fondo en la posesión de la tierra y explotación de los recursos naturales.
Sensibles a esta situación, en este mismo Artículo, la mayoría de los diputados establecieron claramente que la propiedad de la tierra, las aguas y los recursos naturales del suelo y del subsuelo correspondían originariamente a la Nación.
El Artículo 5º del proyecto incluía algunos cambios referentes a los derechos individuales de los trabajadores. Los Constituyentes reaccionaron a esta propuesta. Se creó una comisión para el caso, y de aquellas maratónicas y apasionadas sesiones emergió el Artículo 123 Constitucional.
La pretensión de encauzar los grandes temas nacidos de la Revolución sólo mediante reformas a las leyes y la expedición de decretos, como lo quería Venustiano Carranza, fue rebasada por los integrantes del Congreso, decididos a plasmar en tinta lo que había costado sangre.
Señoras y señores:
En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, una generación brillante de compatriotas introdujo la separación del Estado y de la Iglesia. Hoy, tenemos que reafirmar con toda energía el carácter laico del Estado mexicano.
Es necesario reafirmarlo. El Estado laico no es religioso, pero tampoco anticlerical; desde la ley garantiza la plena libertad y el respeto a cada mexicano para profesar la religión que desee, así como la más libre expresión de sus puntos de vista y convicciones sin que creyentes o iglesias tengan que enfrentar persecución, hostigamiento o censura.
Hoy, en 2010, la aseveración de que a partir de la pluralidad y la alternancia en el Gobierno existe parálisis legislativa y que no han existido reformas de fondo a nuestra Constitución, resulta equivocado.
Para demostrarlo, basta recordar que de 2000 a 2006, con un Gobierno sin mayoría en las Cámaras del Congreso se hicieron 17 reformas. Y de 2006 a la fecha, con una situación similar en el Congreso, han sido aprobados y publicados 22 decretos con diversas modificaciones a nuestra Carta Magna.
Ya transcurrió la primera década de este siglo, son tiempos difíciles para la Nación. Los 20 años de paulatino avance hacia la democracia no han propiciado un mejoramiento significativo de las condiciones de vida de un importante segmento de la población que hoy, pese a los esfuerzos de diferentes gobiernos, sigue viviendo en condiciones de pobreza y desigualdad.
Desde finales de 2008, el país atraviesa por una crisis económica que ha afectado severamente a todos los sectores de la economía; ha propiciado el cierre de empresas y la pérdida de empleos, y ha mermado los niveles de vida de los mexicanos.
Por si esto fuera poco, el país padece la violencia del crimen organizado y el embate de fenómenos naturales y epidemias. Hoy mismo el ciudadano Presidente de la República, deberá atender la emergencia en Michoacán, porque las cosas están difíciles.
Ante estos retos necesitamos tener la altura de miras de los Constituyentes. El país exige políticos con visión de Estado y no jefes de facción que sólo vean por la defensa de su tendencia política.
Los políticos que estén en el Gobierno o los políticos que estemos en la oposición, a todos nos exige lo mismo.
Estoy seguro que con responsabilidad y trabajo los grupos parlamentarios, representados en el Senado de la República, en una relación de respeto, sin sumisión, con los otros poderes de la Unión, podrán lograr los acuerdos para el beneficio del país y de los mexicanos.
Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.
***
4 . Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro.
Maestro Leonel Godoy Rangel, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Señores Gobernadores.
Distinguidos miembros del presídium:
Hoy celebramos el Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917, aquella que las diferentes fuerzas políticas crearon con el claro objetivo de darle a México una Carta Magna, un rumbo, acorde a la realidad del México posrevolucionario.
Nuestra Constitución es el punto de partida para iniciar la pacificación del país, de ahí de que cobre especial significado conmemorar nuestras Gestas históricas, el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, luchas en las cuales nuestros ideales de libertad y progreso han transformado a nuestra Patria.
Esta celebración debe ser, además del festejo, impulso para el trabajo comprometido por nuestra Patria. Los mexicanos debemos hacer una contribución más clara y decidida al crecimiento de nuestro país con altas exigencias, principalmente para aquellos que tenemos mayor responsabilidad y que debemos de estar más cerca de los que menos tienen.
Todos debemos trabajar para garantizar el desarrollo integral de las personas, a través de la generación de condiciones sociales y económicas, y políticas, que nos permitan ejercer plenamente nuestras libertades que quedaron consagradas en esta Constitución.
Este aniversario es también una oportunidad para un ejercicio de reflexión sobre el México que queremos construir y que queremos dejar a las nuevas generaciones. El Constituyente de Querétaro resolvió las diferencias ideológicas, puso por encima el bien de todos los mexicanos, la construcción del México que hoy gozamos.
Hoy, como entonces, el interés por atender las necesidades de los ciudadanos debe superar cualquier diferendo ideológico y doctrinario; más allá de los compromisos políticos está el compromiso con nuestra Patria.
Al igual que los hombres y las mujeres nos dieron Patria, trabajaron para alcanzar acuerdos que permitieran construir una nueva Nación, los actores políticos del México de hoy, independientemente de nuestro signo o filiación partidista, debemos dar respuesta clara y decidida a las exigencias que los mexicanos nos demandan en ejercicio de sus derechos consagrados en la Constitución.
Hoy los mexicanos nos exigen que atendamos requerimientos sociales, que resolvamos de manera puntual la necesidad de una mayor seguridad, que brindemos una mejor atención a las víctimas del delito y que devolvamos a través de ejercicios políticos los derechos libertarios a cada uno de los ciudadanos.
Hoy es el día en que la historia nos recuerda que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma jurídica fundamental y más importante que rige a nuestro país, forjándonos como una Nación libre e independiente y de nuestras responsabilidades hacia el futuro.
Nuestra Constitución es la gran convocatoria que cohesiona a los mexicanos y llama a la participación de todos en la tarea de consolidar un Estado fuerte y soberano, donde todos cabemos, donde todos somos necesarios, donde todos tenemos y debemos de comprometernos para solucionar todos los problemas que hoy pasan en nuestro país.
Esta ocasión nos invita a que acudamos a la historia para darnos cuenta de que los procesos de reformas constitucionales son imperativos, dado los cambios políticos y sociales que acontecen.
El sinnúmero de iniciativas presentadas tanto en la Cámara de Senadores, como en la Cámara de Diputados, es una prueba inequívoca de que estamos ciertos, que es urgente realizar grandes modificaciones a nuestro Derecho Constitucional para crear el México del futuro.
El Constituyente de Querétaro plasmó su huella de pasión e ingenio, traduciendo el reclamo social de la ciudadanía en la norma fundamental de los mexicanos, tomando en cuenta postulados tan importantes, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida y a la educación, los derechos agrarios y laborales y la consolidación de los derechos del ciudadano.
Hoy la sociedad mexicana exige, exige ser escuchada, exige que estemos atentos a sus necesidades, nos exige a los políticos verticalidad, a sus dirigentes transparencia tanto en el manejo de sus dineros, como en el proceso de los asuntos públicos.
Los legisladores como representantes populares, sea cual fuere nuestro punto de vista personal, debemos privilegiar la tarea legislativa, eficiente y el debate parlamentario responsable, a fin de incorporar en la Reforma Política la opinión de la ciudadanía que exige mayores y mejores espacios de participación para ejercicios de sus derechos.
México enfrenta en la actualidad muchos desafíos que no podemos ocultar, ni debemos ignorar. No podemos pasar por alto los recientes acontecimientos de violencia en nuestra Patria.
Los mexicanos debemos de cerrar filas, cada uno desde nuestra trinchera para no dejar espacio a que estos lamentables hechos vuelvan a repetirse. Es indispensable que los tres niveles de Gobierno se coordinen de manera estrecha y eficiente para combatir la delincuencia en cualquiera de sus expresiones.
Por su parte, la sociedad debe estar alerta y denunciar ante las autoridades las irregularidades, delitos y abusos que se vean en su entorno. Este año, en el que celebramos los acontecimientos medulares de la historia de México, debemos actuar con responsabilidad, conciencia social y civismo, a fin de alcanzar el bienestar que México hoy demanda, y que llegando al Centenario de la Constitución, el 2017, con una nueva realidad en la cual nuestra democracia ofrezca a la sociedad mexicana mayores y mejores oportunidades.
Muchas gracias.
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5. Ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Con esta frase que hemos repetido en todos los tribunales y juzgados federales, don José María Morelos y Pavón preconizó para todos el Derecho de Acceso a la Justicia.
Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Señor Diputado Francisco Ramírez Acuña, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Señor Senador Carlos Navarrete Ruiz, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Señor licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro.
Señor licenciado Leonel Godoy, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Señores Secretarios de Estado.
Señores Gobernadores.
Señora y señores titulares de los órganos constitucionales autónomos.
Distinguidos asistentes.
Congregados en este recinto, los tres Poderes de la Unión regresan a la Ciudad de Querétaro donde fueron reconstituidos hace exactamente 93 años por el Congreso Constituyente de 1917, resultado del Movimiento Revolucionario de 1910, cuyo Centenario conmemoramos este mismo año junto con el Bicentenario el inicio del Movimiento de la Independencia.
Es así que en este histórico Teatro de la República se une, en nuestra mente y en nuestro recuerdo el corazón y la sangre, el alma y el espíritu, la idea y la palabra de quienes nos precedieron, de aquellos que hace 93 años discutían aquí el futuro de México, convencidos en hacer de la ley justicia, de la Constitución garantía y protección, de la igualdad y la libertad una convicción y del orden jurídico un instrumento de convivencia y de solución, y no un motivo de conflictos. Esa misma esencia constituyente se respira en esta fecha y nos invita a reflexionar en el siglo por venir.
Conmemorar a nuestra Constitución, a la Revolución que le dio origen y al movimiento que nos dio nombre como mexicanos, significa ser los responsables de la gran herencia recibida y del legado que estamos obligados a transmitir a quienes nos sigan.
La Independencia dio curso a la voluntad nacional de hacerse cargo del destino propio y a la determinación de reconocer la soberanía del pueblo en la igualdad y en la libertad del otro.
La Revolución fue el reconocimiento de las legítimas diferencias que organizan a la sociedad en grupos, que debemos convivir con mucho más compromiso que la simple y pasiva tolerancia, para sabernos y sentirnos socios en lo económico, corresponsables en lo político, copropietarios de la gran riqueza nacional y, sobre todo, parientes y hermanos unidos en el linaje de la historia y del futuro de México, porque para nuestra Constitución todos somos iguales, por nuestra propia decisión soberana.
Nuestra esencia constitucional mexicana nació, seguramente desde la abolición de la esclavitud decretada por don Miguel Hidalgo y Costilla en 1810. Está en los Sentimientos de la Nación de 1813 y en la Constitución de Apatzingán de 1814. Está en el Acta Constitutiva y en la Constitución Federal de 1824; en las Siete Leyes Constitucionales de 1836, en las Bases Orgánicas de 1843, en el Acta Constitutiva de 1847 y en la Constitución de 1857.
Todos ellos, antecedentes evolutivos del texto sancionado en este Teatro de la República, que a su vez ha merecido innumerables reformas que lo adaptan a nuevas condiciones, siempre para dar respuesta y solución pacífica a los problemas que enfrentamos.
Por eso, conmemorar nuestra historia constitucional es recordar la decisión nacional de convertir nuestros más graves enfrentamientos y conflictos en soluciones normativas exigibles mediante procedimientos jurídicos.
Ese es el relato de los caminos de la justicia en México; esa es la historia del acceso a la justicia y la razón de ser del Poder Judicial de la Federación. Por eso, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tributo respetuoso a las conmemoraciones centenarias y como exhorto público para que los mexicanos sigamos defendiendo nuestros derechos y libertades, hemos designado al 2010 como el Año del Acceso a la Justicia.
Señoras y señores:
La justicia no se reduce a su expresión jurídica, demanda una convicción social, un compromiso de la sociedad consigo mismo y un ideal compartido.
Sea este día una fecha propicia para refrendar nuestra voluntad individual y colectiva, para seguir construyendo con ahínco el país que nació hace 200 años y que ha tenido la capacidad de reconstituirse para bien y para darnos cobijo.
Es preciso que todos veamos en las leyes y en la Constitución una cultura y un modo de vida digno de ser enseñado, transmitido y compartido.
Es preciso que la legalidad se ostente como virtud social para que la ilegalidad no sea admiraba como válida astucia.
Es preciso que proclamemos juntos que nadie tiene jamás derecho ni razón para hacerse justicia por propia mano, ni hay cabida para que mecanismos o corporaciones paralelas, resuelvan nuestros problemas individuales o colectivos.
Es preciso que todo individuo se sujete al orden previsto en las leyes, porque ese es el equilibrio que nos garantiza la tranquilidad y la seguridad como sociedad.
Es preciso que los derechos humanos y las libertades fundamentales sean nuestro más valioso tesoro en lo más cotidiano de nuestra existencia social.
Así, la justicia no estará únicamente en las sentencias y en los procesos judiciales, porque se volverá parte de nuestro código moral de convivencia.
El valioso aprendizaje revolucionario que culminó aquí, en esta sede, es que sólo la discusión democrática y la deliberación Constituyente son el camino para ordenar nuestra vida pública y nuestro entorno social. Sólo la Constitución garantiza paz y orden, y fuera de ella la justicia no puede tener lugar.
Revolución es cambio. Actualmente importantes iniciativas buscan modificar el Juicio de Amparo, ampliar el acceso a la justicia mediante acciones colectivas, hacer posible la defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales ante los tribunales y hacer más dinámica la jurisprudencia para que sea más útil a la sociedad en cada región.
La justicia penal, también está en proceso de renovación. La Constitución, ella misma, nos ha ordenado a todos los poderes y órdenes de Gobierno a concurrir en una instancia de coordinación para ello.
El fortalecimiento y modernización de la justicia es objetivo común de todos, absolutamente todos los juzgadores mexicanos.
Distinguido auditorio:
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, son producto de la Constitución; son baluarte de la Constitución y son fieles custodios de los grandes anhelos que nos mueven a seguir avanzando y construyendo los caminos de la justicia en México.
A nosotros nos corresponde garantizar que todo aquél que se queje con justicia tenga un Tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.
Esa es nuestra esencia Constitucional, esa es nuestra razón de ser, ese es nuestro compromiso y en eso estamos empeñados, porque somos convencidos de que el mejor homenaje que podemos rendirle a nuestra Constitución es honrar la protesta de cumplirla y hacer cumplir las disposiciones que emanan de ella.
Muchas gracias.
El presiente Calderón fue el sexto orador (su discurso arriba)

Reformas al 40 Constitucional

Agregar la palabra laico.

¿República laica?/Manuel Gómez Granados
Excélsior, 6-Feb-2010;
La intención del dictamen es revertir las intervenciones de las iglesias en asuntos de carácter público.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó, el 3 de febrero, un dictamen por el que se agrega la palabra “laica” a las características del Estado señaladas en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en iniciativas de César Augusto Santiago Ramírez (PRI) y Víctor Hugo Círigo Vásquez (PRD).
Dicha reforma es innecesaria, fruto de la ignorante necedad, pues desde las leyes de Reforma (que ambas iniciativas citan) y con la modificación a la Constitución de 1873, ésta contiene la laicidad expresamente en su texto. La Constitución de 1917 la ubicó en el artículo 3° al ordenar la educación laica, el 24 al garantizar la libertad de creencias y el 130 al establecer la separación de las iglesias y el Estado, así como una serie de restricciones a las religiones en el texto de 1917 —pertinentes unas, excesivas otras—, y reformadas en 1992. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria al artículo 130, establece también límites para garantizar la no injerencia de lo religioso en la vida pública. Por ello, esta reforma es demagógica.
Las características que establece el artículo 40 de la Constitución se refieren al régimen de la República como representativa democrática y federal, es claro que el carácter laico del Estado no pertenece a esas notas. Si no, deberían incluirse muchas otras como: plural, multicultural, incluyente, pluriétnica, con perspectiva de género y otras bondades del moderno Estado mexicano.
La intencionalidad más bien es revertir las recientes intervenciones de las iglesias en asuntos de carácter público, intervenciones que fueron simples opiniones expresadas abiertamente, que no actos de poder. Si el objetivo de dicha reforma es antirreligioso, violaría el carácter mismo del Estado laico. Bastaría con exigir la aplicación de la ley actual y no impulsar reformas que tensan más el ambiente por limitar la libertad de expresión. O, ¿es que los clérigos no son ciudadanos con derechos?
Las iniciativas mencionan la laicidad como un aspecto fundamental de las democracias modernas ignorando que en democracias avanzadas (como Inglaterra, Dinamarca, Suecia, Japón, entre otras), existen Estados confesionales con religiones oficiales. Por otra parte, la Iniciativa es deficiente en su redacción, ya que en su reforma al artículo 108 dice: “Las autoridades federales, estatales y municipales guiarán su actuación respetando, y salvaguardando, el principio de los asuntos públicos y religiosos…”. ignoran que los prejuicios tienen múltiples orígenes: hay misoginia laica y homofobia secular, argumentaciones aconfesionales para oponerse al aborto y elementos científicos para sustentar ideologías partidistas…
Esa iniciativa fue presentada originalmente en 2007 por Juventino Víctor Castro y Castro o Enoé Uranga. No es nueva y podría ir contra el sentido profundo del Estado laico; éste es laico para garantizar ampliamente la libertad religiosa, no al revés. Y como dijo el Papa: La libertad religiosa no es un derecho más, tampoco un privilegio que la Iglesia católica reclama. Es la roca firme donde los derechos humanos se asientan sólidamente, ya que dicha libertad manifiesta de modo particular la dimensión trascendente de la persona humana y la absoluta inviolabilidad de su dignidad.
Se ve que algunos de nuestros legisladores y sus asesores se consideran más iluminados que los liberales del siglo XIX, ¿o son Robespierres tropicales?
*Analista
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INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 40, 108 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI, 1 de diciembre de 2009,
Exposición de Motivos
Con el fin de generar mejores instrumentos normativos que contribuyan al respeto los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente iniciativa tiene como objeto elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano.
La Constitución de todos los mexicanos establece ya diversas disposiciones que, de hecho, perfilan un Estado laico.
Entre otras, en el artículo 1 se prevé el derecho fundamental de igualdad entre los "individuos", lo que apareja la no discriminación por ningún motivo –específicamente se incluye la no discriminación por la religión profesada–, el artículo 3 dispone que la educación que imparta el Estado será laica; en el artículo 24, se establecen los derechos de libertad de creencia, libertad para profesarla y ejercerla, con los límites determinados por la propia Constitución; la fracción III del artículo 27 dispone la capacidad de las asociaciones religiosas para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que sean indispensables para su objeto.
Finalmente, en el artículo 130, bajo el principio de separación del Estado y las iglesias, se hizo el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas, la autonomía de éstas en el Estado, el derecho individual para el ejercicio del ministerio de algún culto –en concordancia con el derecho de profesión previsto por el artículo 5–, el derecho de votar y ser votados, y de ejercer cargos públicos. En la propia disposición constitucional se establecen diversas limitaciones, entre otras, a los derechos de asociación y, particularmente, asociación política, y de reunión –prohibiéndolo con fines políticos–, así como a derechos reales (en materia de herencia).
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público señala en el artículo 3o.: que el "Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros". También afirma: "El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa".
No obstante lo anterior, más allá de dicha ley, no existe una disposición constitucional que establezca en ese rango la laicidad del Estado.
Cierto que, a partir de la normativa constitucional y sobre todo de la expresión de la legislación reglamentaria, podemos hablar, sin duda, de un Estado laico. Lo anterior se corrobora doctrinalmente, si seguimos, por ejemplo, a Valerio Zazone, quien expresa que el Estado laico se refiere a "las corrientes políticas que sostienen la autonomía de las instituciones públicas y de la sociedad civil respecto del magisterio eclesiástico y de las injerencias de las organizaciones confesionales, el régimen de separación jurídica entre estado e iglesia y la garantía de libertad de los ciudadanos en la confrontación con ambos poderes".
Sin embargo, la ausencia de la expresión concreta en el marco constitucional parece generar dudas de la existencia de un Estado laico en el país, por lo que resulta conveniente plantear la presente reforma.
La construcción de un Estado laico y la concepción jurídica de un Estado laico son consecuencia de nuestra historia.
Ya en la Constitución de 1857 y, con mayor claridad, en las Leyes de Reforma, se incorporaron elementos de laicismo en nuestra ley fundamental, que se ratificaron en la Constitución de 1917, en la que incluso se fue más allá, ya que se negó la personalidad a las agrupaciones religiosas, "con el fin de que, ante el Estado, no tengan carácter colectivo".
La modificación de esa concepción política, así la convicción de respeto y reconocimiento de derechos fundamentales, con la armonía exigible frente a los derechos de los otros y la consideración necesaria de nuestra historia, han hecho posible la evolución de la concepción laica del Estado. En 1992 se realizó una reforma sin precedentes, al incorporar nuevos principios constitucionales para regir las relaciones entre el Estado y las iglesias en México, a saber: a) reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones religiosas; b) régimen patrimonial específico; c) aspectos sobre libertad en materia religiosa; y d) definición de la situación jurídica de los ministros de culto.
La existencia del Estado laico es, por lo demás, una exigencia de las sociedades modernas y democráticas. Hay una creciente diversidad religiosa y moral en el seno de las sociedades actuales y los Estados tienen ante sí desafíos cotidianos para favorecer la convivencia armoniosa, además de la necesidad de respetar la pluralidad de las convicciones religiosas, ateas, agnósticas, filosóficas, así como la obligación de favorecer, por diversos medios, la deliberación democrática y pacífica. El Estado democrático tiene igualmente la obligación de velar por el equilibrio entre los principios esenciales que favorecen el respeto de la diversidad y la integración de todos los ciudadanos a la esfera pública.
Una definición sintetizadora del laicismo la da por ejemplo Guido Clogero, al referir que el laicismo no es una filosofía o ideología particular sino el método de convivencia de todas las filosofías e ideologías posibles; el principio laico consiste en la regla de "no pretender poseer más verdad de la que cualquier otro puede pretender poseer". Una posición laicista, desde la acepción contemporánea, es una posición democrática.
La laicidad del Estado, en ese sentido, supone la armonía de tres principios esenciales: 1) respeto a la libertad de creencia (conciencia) y de su práctica individual y colectiva; 2) autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; y 3) igualdad ante la ley y no discriminación directa o indirecta hacia las personas.
La laicidad, así concebida, constituye un elemento clave de la vida democrática. Impregna inevitablemente lo político y lo jurídico, acompañando de esa manera el avance de la democracia, el reconocimiento de los derechos fundamentales y la aceptación social y política del pluralismo.
El Estado laico se vuelve necesario en toda sociedad que quiere armonizar relaciones sociales marcadas por intereses y concepciones morales o religiosas plurales, de ahí la importancia del establecimiento de la no discriminación, como consecuencia del derecho de igualdad.
Un estado laico, desde la perspectiva de la toma de decisiones públicas por los órganos estaduales competentes, debe garantizar que el orden político tenga la libertad para elaborar normas colectivas sin que alguna religión o convicción particular domine el poder civil y las instituciones públicas. La autonomía del Estado implica entonces la disociación entre la ley civil y las normas religiosas o filosóficas particulares. Ello significa que las religiones y los grupos de convicción pueden participar libremente en los debates de la sociedad civil; sin embargo, no deben de manera alguna dominar esta sociedad e imponerle a priori doctrinas o comportamientos.
En la laicidad, la legitimidad del Estado deviene no de elementos religiosos o sagrados, sino de la soberanía popular.
En nuestro país la laicización de las instituciones públicas emergió cuando el Estado ya no estuvo legitimado, directa o indirectamente, por una religión o por una corriente de pensamiento particular, y cuando el conjunto de los ciudadanos pudo deliberar en igualdad de derechos para ejercer su soberanía.
El respeto concreto a la libertad de conciencia y a la no discriminación, así como la autonomía de lo político y de la sociedad frente a normas particulares, deben aplicarse a los necesarios debates que conciernen a las cuestiones relacionadas con el cuerpo y la sexualidad, la enfermedad y la muerte, la educación y la investigación científica, la emancipación de las mujeres y los temas relacionados con minorías de todo tipo. El principio de laicidad, por tanto, debe regir los debates en que la opinión personal puede enmarcarse en una posición confesional.
Consecuentemente, no obstante la evolución histórica que nuestro derecho ha tenido en materia de derechos fundamentales, con la finalidad de expresar en nuestro derecho positivo, sin duda alguna, el Estado laico y con la finalidad de reforzar desde el derecho la autonomía de las decisiones políticas del Estado frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas, se propone al Congreso de la Unión la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano.
Así, se propone incorporar en el artículo 40 constitucional como atributo de la República el de ser laica, además de los de representativa, democrática y federal.
Asimismo, se agrega al artículo 108 constitucional, la obligación de las autoridades públicas de respetar escrupulosamente el Estado laico y la separación entre la iglesia y el Estado.
También, como parte de la consagración del principio de separación de la iglesia y el Estado, se le agregan dos párrafos al artículo 130 en los cuales se establece de manera explícita la sujeción a la ley de las iglesias y demás agrupaciones religiosas, así como el establecimiento de que en el Estado laico no podrá haber preferencia sobre alguna religión o convicción filosófica.
Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de
Decreto que adiciona los artículos 40, 108, y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adiciona una palabra al artículo 40, se agrega un quinto párrafo al artículo 108, y se adicionan los dos últimos párrafos al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes:
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república laica, representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en la federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 108. …
…
…
…
Las autoridades federales, estatales y municipales guiarán su actuación respetando, y salvaguardando, el principio de los asuntos públicos y religiosos; entre aquellos los relativos al Estado y las asociaciones religiosas; y entre las creencias y la conciencia personal y función pública.
Artículo 130. …
…
a) a la e) …
…
…
…
…
…
El principio de laicidad orientará las normas contenidas en el presente artículo.
El Estado laico ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, y no establecerá ninguna preferencia o privilegio a favor de religión o convicción filosófica alguna, ni en beneficio de cualquier iglesia o agrupación religiosa.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de diciembre de 2009.
Diputado César Augusto Santiago Ramírez (rúbrica)

5 feb 2010

La libertad de ofender

La libertad de ofender/CÉSAR NOVA.
La democracia se sustenta en un mínimo de condiciones que se pueden denominar como "derechos humanos". Uno de estos es el derecho a la libertad de opinión que tenemos todos los ciudadanos. Pero el derecho no es más que un mínimo, porque de nada sirven los derechos si no tenemos posibilidades.
El derecho humano más importante que tenemos todos en el contexto social y político es el derecho a opinar y, a su vez, a ser diferente. El derecho a opinar y de la forma en que uno quiera. Porque de no ser así uno no tiene más que el derecho a ser igual, a pensar igual y a escribir igual (qué atentado contra la Literatura), y todavía eso no es un derecho; pues el derecho -decía Marx- para que exista, necesita la posibilidad.
Generalmente se dice que democracia es libertad. Pero libertad es posibilidad. Uno no tiene las libertades porque están escritas en un papel, por hacer aquello que la ley no le prohíbe. Puede que la ley no le prohíba a nadie entrar a la universidad, pero si se lo prohíbe la vida, si se lo prohíbe la economía, si se lo prohíben los hechos; de todas maneras no tiene libertad de educarse. Es por ello que la libertad está en el orden de la posibilidad.
Ahora bien. ¿Qué libertad tiene un columnista de prensa si su forma de escribir es susceptible de una demanda por injuria y calumnia? ¡Tiene la libertad de escribir, pero después es posible que termine en la cárcel! De acuerdo con el filósofo político Isaiah Berlin, la libertad debe asumirse de manera positiva, es decir, como aquello que la vida nos permita hacer; y no "como aquello que no nos prohíban".
Por estos días se adelanta un proceso penal por injuria y calumnia contra el columnista y escritor Alfredo Molano: conocedor profundo de la realidad colombiana. Su único crimen fue escribir una columna de opinión que señalaba, con nombre propio, a los caciques políticos y económicos de Valledupar -que tienen el monopolio de la tierra, fuertes vínculos con los paramilitares y alto control político de la región-: los Araújo. Estos lo demandaron porque se sintieron aludidos por el retrato y las palabras que utilizó Molano en su columna sobre el secular "modo de hacer negocios" de las élites regionales, su fuerte injerencia política y cómo salen siempre indemnes de todo ello.
Es decir: lo único que hizo Molano fue cumplir con su oficio: informar a la opinión pública. Y utilizó el lenguaje que él consideró necesario: que no es procaz ni mucho menos; pero y si lo fuera, ¿qué? Está en su derecho. Porque para qué la libertad de expresión si no lleva implícita la libertad de ofender. En otras palabras, como dice el escritor Salman Rushdie, "sin el derecho a ofender, no se puede hablar de libertad de expresión". Entre otras cosas, porque el insulto, las palabras fuertes, aparte de ser una reacción humana bastante normal, son quizá la única arma de defensa que tienen los escritores y periodistas frente a los poderosos de todo tipo. Un ejemplo claro es la libérrima prosa de Fernando Vallejo que no da concesiones de ningún tipo a toda clase de poder. Y ahí radica, precisamente, su encanto, así como el de Molano y otros periodistas en denunciar lo que muchos ven y saben, pero no se atreven a decir.
La asociación de escritores más conocida del mundo, el Pen Club, lanzó hace cuatro años una campaña internacional para que sean abolidas en todas partes las leyes penales que castigan con cárcel los delitos de calumnia e injuria. El Pen Club intenta que se desmonten en todo el mundo las leyes que penalizan la injuria y calumnia, pues estas en realidad están siendo usadas (en Turquía contra Pamuk y otros, en Irán, en China, en países árabes, en Venezuela e incluso en Colombia, como en el caso de Molano, entre otros) para acallar a los escritores y periodistas.
Y puede que en Colombia las demandas por calumnia contra los periodistas no prosperen, pero sí hacen que ellos se muerdan la lengua por miedo a tener que encarar largos, agotadores y carísimos pleitos, con lo cual se promueve, indirectamente, la autocensura.
Una solución equilibrada, digo yo, podría ser que los delitos de injuria y calumnia sólo tengan consecuencias de tipo administrativo (indemnización y rectificación), pero en ningún caso penas de cárcel. Y así nos evitaríamos ver no sólo a Molano, sino a otros periodistas, en los juzgados y en el peor de los casos en la cárcel, que lo único que hacen es cumplir con su deber: informar a la opinión pública mediante el lenguaje que ellos consideran más apropiado. Así a los que sean objeto de su crítica no les guste. No hay nada más fácil de evitar que una columna de prensa nos ofenda: basta con cambiar la página del periódico.
Es triste que un escritor y periodista de la talla de Molano esté corriendo por los pasillos de los juzgados de Paloquemado para justificar jurídicamente su opinión. ¡Una opinión! Es desalentador ver que a las personas que llaman las cosas por su nombre, pueden llegar a terminar en la cárcel. Es una hipocresía total -propio de nuestra cultura- no poder siquiera decirles terratenientes a los terratenientes, tiranos a los tiranos, caciques a los caciques de las regiones, o hijos de lo que sea a los que se portan como tales. En suma: es una desgracia tener el derecho sin la posibilidad. Así las cosas, ¿para qué opinión sin la posibilidad... de ofender?
febrero 05 de 2010

Google

‘Cyber power’: Google se enfrenta a China/Francis Pisani, periodista
Publicado en EL PAÍS, 02/02/10;
Las motivaciones de Google para pelearse con el Gobierno chino a plena luz cuentan menos que el juego que están abriendo. Al retar públicamente a un enorme poder político se afirma como actor político cuyo poder no radica en un territorio, cohetes o divisiones blindadas, pero sí en una red global de servidores, ancho de banda e imagen pública renovada. Nadie pone en duda el deseo de sus dirigentes -cuando pueden- de “No hacer el mal” (Don’t do evil), como reza el lema de la empresa que, sin embargo, no les impidió aceptar la censura china desde 2006 y hace de este giro repentino una medida no del todo convincente.
Conocen mejor que nadie cuánto se ha deteriorado su imagen en los últimos meses. Medios de comunicación y editores la acusan de robar contenidos y digitalizarlos sin autorización. Hasta sus partidarios se preocupan por la ampliación de sus actividades -y por tanto de su poder- en campos como la telefonía móvil o la venta de electricidad. Muchos tememos la emergencia de un nuevo monopolio tentacular, mayor que cuantos conocemos a la fecha. Posicionarse como defensores de los militantes de los derechos humanos y de la sacralidad de los datos personales de sus usuarios resulta ser una excelente operación de relaciones públicas. Interesa, pues, analizar las consecuencias de la estrategia elegida para mejorar su posición a nivel global.
En lugar de negociar discretamente, como suelen operar las empresas comerciales, optaron por desafiar públicamente a un Gobierno poderoso -la primera potencia mundial de mañana-, que se esmera en jamás perder la cara. Algo casi nunca visto. Enorme. “Con excepción del papel de la East India Company en lo que hoy conocemos como India, es difícil encontrar ejemplos de una corporación tirando más duro de las riendas de la historia”, afirma Jay Ogilvy, cofundador de Global Business Network, en entrevista concedida al China Digital Times. Sería un error, explica, analizar la decisión como una astuta movida en un tablero de ajedrez o de go. Es una acción que cambia la naturaleza misma del juego entre manos, un game changer. “Resulta ser un caso paradigmático del tránsito de la era política a la era económica, cuando el poder se traslada de presidentes y primeros ministros a presidentes de los consejos de administración y directores ejecutivos de las corporaciones más importantes (semejante a la manera cómo durante la Primera Reforma el poder pasó de manos de la Iglesia a la de presidentes y primeros ministros)”.
Vivimos en el siglo XXI y la naturaleza del poder cambia. El poderío de la East India Company se medía en número de naves, cañones, factorías. El de Google en número de servidores, en el tamaño de sus “granjas de servidores” estratégicamente ubicadas en el mundo y al ancho de banda con que pueden contar.
Suficiente para que ni China se dé el lujo de ignorarlo. De hecho la mejor manera para circunvenir las medidas de control impuestas por gobiernos autoritarios y conocedores de las tecnologías digitales reside en su capacidad de contar con un gran número de direcciones IP, renovables fácilmente para que resulte complicado bloquearlas todas, y un ancho de banda suficiente que asegure la estabilidad del sistema. Prácticamente imposible y muy caro para los militantes pro derechos humanos. No para Google. Los detalles técnicos son bastante más complicados, advierte Ethan Zuckerman, cofundador de GlobalVoicesOnline.org y coautor de un informe sobre el tema. Explica en su blog My heart’s in Accra que “un sistema anticensura soportado por Google (tal vez operado conjuntamente con activistas e ingenieros inteligentes que hayan apuntado contra la censura en Irán y China) sería considerablemente más poderoso (y amenazador) que los sistemas que conocemos hoy”. Convencido de que existe un mercado -las decenas de millones de chinos deseosos de circunvenir “La gran muralla cortafuego de China”, Zuckerman no descarta que Google se vuelva activo paladín de la lucha mundial contra la censura sin gran detrimento de sus intereses comerciales.
Sin sentirse obligados a adoptar el optimismo de Zuckerman ni el énfasis de Ogilvy, podemos reconocer que la confrontación pública entre Google y el Gobierno chino tiene implicaciones de primera importancia. En los conflictos de hoy, Washington, Pekín y los demás pueden recurrir al uso del poder duro (aviones, tanques y cohetes entre otros), o del poder blando (influencia, medios, redes sociales, como lo define Joseph Nye entre otros). También pueden valerse de múltiples formas de cyberwar o netwar. No es casual que todo haya comenzado con un ataque de esta naturaleza.
Pero cuando se trata de ciberpoder Google tiene algo que decir y los recursos para hacerse oír. Los dirigentes de la empresa de Mountain View acaban de señalar que son capaces de blandirlo. Este hecho -en sí un gesto político aunque simbólico aún- marca nuestra entrada a una nueva era de las relaciones internacionales en la que el ciberpoder no puede ser ignorado. Tampoco pueden ser ignoradas las redes y su capacidad de movilización. Actores y reglas del nuevo juego geopolítico cambian así como las modalidades de sus confrontaciones y nadie sabe a ciencia cierta cuál es el arte de tales guerras. Excitante. ¿No?

En riesgo la democracia: SEGOB

Segob: en riesgo la democracia por deterioro político
Fernando Gómez Mont, afirmó que existe un deterioro de la política en nuestro país que de no detenerse a tiempo pone en riego el sistema democrático, por lo que convocó a concretar la reforma política y un nuevo contrato que empodere a la ciudadanía.
En el contexto del desplegado que emitió el presidente Calderón ayer miércoles para dar a conocer las bondades de la reforma política, Gómez Mont informó que a partir de hoy pone a disposición de los ciudadanos la página http://www.reformapolitica.gob.mx/, con el fin de que sean incorporadas las opiniones de la sociedad al debate, y sitio en el que el encargado de la política interna participará.
Conferencia de prensa del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. México, D. F., a 03 de febrero de 2010
Acompañado de los Subsecretarios Gerónimo Gutiérrez, Alejandro Poiré, la doctora Blanca Heredia y el licenciado Pablo Ojeda.

-FERNANDO GÓMEZ MONT: Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.
Hoy nos da gusto comparecer frente a ustedes para comentar lo que nos parece un paso más en busca de la construcción de una Reforma Constitucional en materia Política que el país está demandando, que creemos que es buena para los mexicanos, y que creemos que puede ser buena y urgente para la política misma.
Hoy el Presidente, don Felipe Calderón Hinojosa, ha publicado en diversos medios un artículo, que fue repartido a estos medios y hubo quien voluntariamente lo publicó y quien decidió no hacerlo, como debe ser en un país democrático, en donde fija una postura personal de lo que mueve al hombre que le da consistencia histórica a la investidura presidencial, su visión del país, la necesidad de avanzar en una Reforma Política que vaya más allá de lo estrictamente electoral.
Una Reforma Política que tienda a un cambio de diseño en el sistema de representación política, donde los políticos nos hagamos conscientes de la necesidad de fortalecer el vínculo de la política con la ciudadanía, que es la reserva más importante de toda democracia; donde se le abran espacios a esa ciudadanía para que se pueda movilizar, para que pueda ejercer su derecho a la representación política sobre bases más libres al tiempo que plantea, frente a la clase política, mecanismos para superar la parálisis y buscar tomar definiciones más claras, que le sirvan al país y que paren, en buena medida, la indefinición que hace mucho daño en la política, sobre todo para la adopción de decisiones y soluciones que la gente está demandando.
Todos, en el ámbito de nuestras funciones, tenemos una responsabilidad de servir a la gente y debemos de superar esta idea de que nuestra capacidad está limitada por el otro, y buscar esquemas en el cual podamos cumplir con esa responsabilidad de la mejor manera, y poniendo los incentivos correctos para que la política le responda a la gente de una manera más rápida, más ágil y más transparente.
Ese es el propósito de la Reforma que se enarbola, es el propósito que hoy defiende el Presidente en su artículo y es una etapa más en donde no se puede ni se debe acusar a este proceso de falta de claridad; se hace de frente a la ciudadanía y -es más- yo creo que es muy importante que la ciudadanía se incorpore al debate.
No se trata de generar una tensión entre la ciudadanía y los partidos políticos. Se trata de articularlos de una nueva manera, donde los partidos políticos respondan mejor a los intereses ciudadanos, donde los ciudadanos tengan un mayor poder para determinar quién sí los representa legítimamente y quién fracasó en ese empeño y, por ende, no debe seguir en el espacio electoral en juego.
Donde se busca superar las disfuncionalidades de un orden municipal que, hoy por hoy, no está construyendo las soluciones que su comunidad necesita, y donde necesita estar más cerca de su comunidad y responder mejor a sus intereses.
Donde se busca que el Ejecutivo y el Legislativo se relacionen desde una manera razonable, en donde patear el bote no sea una actitud política considerada dentro de la ética del servicio público, donde los políticos se definan sobre las virtudes o los defectos que encuentran en tal o cual propuesta del Presidente o de otros políticos.
Es tiempo de definirnos frente a la gente, es tiempo de hacerlo respondiendo ante la gente y necesitamos que la gente, que las organizaciones ciudadanas, que las organizaciones civiles, que las organizaciones sociales participen en este debate con los representantes políticos.
Repito: No se trata de hacer una tensión entre ciudadanos y políticos que sólo genera una disfunción democrática; es reconectar a los ciudadanos con la política y evitar un deterioro mayor del prestigio de la política frente a la sociedad.
Estos deben ser fenómenos más vinculados, donde la gente se sienta representada por sus servidores, donde sientan que tienen derecho a exigir como tienen la obligación de cumplir con sus deberes, y que los servidores públicos no es un estamento que esté por encima de la realidad de la gente.
Asimismo, y en una continuación de este ejercicio, les anuncio que mañana se abrirá una página de internet vinculada con la Reforma Política. En la medida que nuestras labores lo permitan, los funcionarios aquí presentes estaremos interactuando con los que participen, o que convoquen, o que abran la página o que hagan los clicks -como se dice en términos informáticos- buscando intercambiar puntos de vista.
Si creemos que si la Secretaría de Gobernación convoca a los políticos y a los ciudadanos a inmiscuirse en este esfuerzo, le pide al Congreso de la Unión que abra espacios para oír a las organizaciones ciudadanas, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes que organizaron movimientos de voto blanco y voto nulo en la elección pasada; si se reconoce que hay un déficit democrático, que sea mediante la comunicación entre la política y los ciudadanos que este tema pueda resolverse. Estamos a tiempo.
Le pido a la doctora Heredia si por favor puede darnos los datos específicos de la página que se abrirá mañana.
-DRA. BLANCA HEREDIA: http://www.reformapolitica.gob.mx/
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: No sé si tienen alguna pregunta o ustedes quisieran hacer algún comentario al respecto.
Carlos Quiroz, Excélsior. -Gracias, buenas tardes a todos. Secretario, si bien es cierto que en las últimas semanas usted ha estado defendiendo esta Reforma Política y ha estado asistiendo a foros -precisamente para comentarla- y ha hablado de las bondades de la misma y los alcances que podría tener, como lo ha hecho en este momento, en este resumen, preguntarle concretamente: ¿cuáles serán los beneficios para la gente en el corto plazo?
Si bien es cierto esta Reforma se empezará a discutir, pasará al Congreso, se aprobará probablemente, la pregunta es:
¿Qué cambios podrá ver la ciudadanía, sobre todo cuando requiere en este momento ya, respuestas en materia de seguridad, en materia económica, en materia de salud?
Y, sobre todo, cuando también se está en un desencuentro, en un desencanto con la clase política, que da espectáculos como el que se dio ayer en la Cámara de Diputados, por ejemplo, y que no da respuestas como lo que pasa en materia de seguridad en Ciudad Juárez. Por favor, gracias.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Primero, todos los asuntos que tocan, en ellos el gobierno tiene una responsabilidad muy im

portante.
El gobierno municipal, el gobierno del estado y el Gobierno Federal -cada uno, en el ámbito de sus atribuciones- tienen elementos de responsabilidad para mejorar las cosas en términos del desarrollo económico, en términos de la seguridad, en términos de la lucha contra la corrupción, etcétera.
Si nosotros modificamos la relación de la ciudadanía con esa representación política, con esos gobiernos, obligamos a que éstos respondan de una manera más rápida, más ágil y más clara a lo que están demandando los ciudadanos. Pero también, en esos problemas la ciudadanía también tiene una enorme responsabilidad para solucionar los problemas.
Frente a gobiernos mejor comunicados y más vinculados, la ciudadanía puede responder de manera más eficiente también en la solución de los problemas.
Hoy por hoy, los grandes problemas del país requieren a la sociedad y al gobierno, cada quien en el ámbito de sus funciones, comunicándose, organizándose para superarlos.
Romper esta diferencia entre la sociedad y el gobierno, diluir esta diferencia y volverlos a acercar bajo nuevos términos es fundamental para resolver los otros problemas.
Eso no quita -y lo he dicho y lo sostengo- que hay otros temas en la agenda nacional que requieren tratamiento también muy urgente y muy importante, que tienen que ser discutidos en el contexto de este año y que tienen que ser abarcados.
Nadie ha pedido que la Reforma Política excluya otros debates y análisis que requiere la nación.
La Reforma Política no tapa el tiempo que le tenemos que dedicar a afinar los esquemas de seguridad en Juárez y la necesidad de rescatar a Juárez de la situación tan trágica en la que vive.
Pero donde los gobernantes tengan que responder de manera más clara y más diáfana, donde se pueda constituir una autoridad municipal más fuerte en Juárez, que responda a los intereses de la comunidad y el desarrollo comunitario, que ésta demanda; donde los gobiernos estatales sean mucho más responsables y mucho más sensibles a las demandas de seguridad o desarrollo de los ciudadanos, donde el Gobierno Federal se perciba vinculado con la ciudadanía.
Y hablo que el Gobierno Federal, que el Congreso de la Unión, que el Ejecutivo Federal se sientan y se perciban vinculados con la ciudadanía, de tal manera que puedan articular, de manera más ágil, las soluciones que la gente demanda, y solucionar de manera más franca y frente a la sociedad las diferencias sobre las que muchas veces se construye la acción pública. En ese sentido, todo debe caminar mejor.
¿Qué hace la propuesta de Reforma?
Empoderar a la ciudadanía para que aquellos que quieran participar, no se encuentren con muros de frustración, no se encuentren con un escepticismo sobre el que se construye la indolencia de muchos servidores públicos para que su participación en los problemas comunes sea efectiva, tenga mejores posibilidades de gestión; para que asumir sus responsabilidades no les sea tan pesado y decir "si tú le entras y me proteges, yo le entro en lo que me toca".
Ese es el acuerdo que se tiene que rehacer -que se tiene que reconstruir- y la Reforma Política es el referente sobre el cual, ese nuevo contrato debe de ser suscrito por los políticos y por los ciudadanos.
Acuérdense que hay otras reformas que también buscan empoderar a los ciudadanos: La Reforma a la Ley de Amparo, la Reforma a las Acciones Colectivas, que les buscan darles cauces para que sean mucho más exitosos en sus posiciones, para que los jueces puedan también servir como gentes que dirimen conflictos y ponen orden en las tensiones que existen en la sociedad; y aquí, las resoluciones judiciales se acatan.
Ustedes ya no deben tener el triste oficio de ir recogiendo frustraciones por todas partes, también tienen que tener la posibilidad de contar historias de cómo sí pueden construirse soluciones. Esto busca construir ese ambiente.
Pero una clase política aislada de la sociedad la sirve mal y una sociedad que no se vincule a la política en términos de compromiso y en términos de exigencia, tampoco soluciona sus problemas y no podemos estarlos dejando en la indefinición.
Este es el ejercicio al que convoca el Presidente de la República y que nos compromete a los aquí presentes, a ser puentes articuladores, generadores de encuentros, promotores de la concordia sobre la base de la verdad, de rendirle cuentas a la gente.
Raquel Flores, de Radio Fórmula. -Gracias, Secretario. Buenas tardes a todos. Hay politólogos, Secretario, que aseguran que el PRI es quien está frenando esta Reforma Política bajo su viejo esquema de mentalidad monopolista. ¿Cuál es su opinión al respecto, Secretario?
Y por otro lado, ¿cómo acercar a los políticos, a los actores políticos, a que intervengan en este análisis sobre la Reforma Política sin que intervengan -por supuesto- sus propios intereses? Gracias.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: A ver, primero, y lo digo con toda claridad: Esta es una Reforma de dimensión constitucional que difícilmente puede lograrse sin el PRI o sin el concurso del PRD y, obviamente, el PAN. Los partidos políticos tienen, todos los partidos políticos en el Congreso -el Partido del Trabajo, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Convergencia, el Partido Nueva Alianza, el Partido Verde- tienen una enorme responsabilidad de involucrarse si son sinceros en sus discursos, que son sensibles al deterioro de la política, al reclamo de una ciudadanía que no se siente representada.
Obvio, no toda la ciudadanía. Muchos mexicanos seguimos cumpliendo con nuestro deber de ir a las urnas a constituir poder político democrático y otros han ido ahí a decir "hay un déficit que tenemos que subsanar, hay un cambio en la lógica de la representación que tenemos que lograr, queremos tener más poder sobre nuestros elegidos".
No. Que se dé la fiesta cívica y que de repente se desprendan de responder frente a sus electores por sí y para siempre. Necesitamos tenerlos más presentes.
Todos los partidos políticos tienen una responsabilidad, el PRI una muy importante, por la posición de mayoría que juega en la Cámara de Diputados y porque la mayoría de los Estados son gobernados por Legislaturas en donde el PRI tiene una importancia fundamental.
Es muy difícil una Reforma Política en la cual no participe el PRI como un factor fundamental, pero nuestra convocatoria es: Esta Reforma es por todos y para todos. La convocatoria es: Escuchen a los ciudadanos, escuchemos a los ciudadanos y dialoguemos con ellos.
Por eso les pedimos y le pedimos al Congreso de la Unión que en sus deliberaciones incorpore esos puntos de vista. Nosotros estamos acudiendo a diversos foros a intercambiar, a alimentarnos, a enriquecernos, a presentarles la racionalidad de las propuestas que se hacen, por qué nos preocupan unas y no.
Y no somos de grupos cómodos, ¿eh?; hemos ido a buscar espacios libres y plurales dónde pensar con la gente, dónde hablar con la gente, dónde comunicarnos con la gente, no en escenarios controlados.
Luciano Franco, del Periódico Crónica. - Señor Secretario, quiero preguntarle dos cosas básicamente: En primer lugar, si este alentar la Reforma Política, como lo está haciendo el Gobierno ahora, responde a un reconocimiento de que la política en México actualmente ha fallado, le ha fallado a los mexicanos, por un parte.
Por la otra, desde qué aliento el Secretario de Gobernación, la Secretaría de Gobernación lleva a cabo un mecanismo de participación ciudadana como el que ahora anuncian, cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado el PRI y el PRD no han visto con los mejores ojos esta Reforma.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Primero, es una Reforma sometida a la consideración del Constituyente. El Presidente, en ejercicio de sus facultades, la presenta ante el Constituyente Permanente y pide que se analice con justeza, que se valore en sus méritos, que sea considerada por la soberanía.
De entrada, yo he escuchado un discurso difuso, con algunas reticencias, otros con algunos apoyos al mismo, pero se van formando los consensos, las discusiones intrapartidistas y sociales se van perfilando y todo tiene su tiempo.
Para nada soy escéptico de que la Reforma no pueda tener muy buenas posibilidades. En mi corta estancia en la Secretaría de Gobernación he conversado con muchísimos políticos, he conocido de sus preocupaciones, de las preocupaciones en torno a la necesidad de darle mayor vigor y mayor fortaleza ciudadana a la representación política, a la necesidad de encontrar mejores esquemas de encuentros.
Yo creo que la Iniciativa se construye sobre preocupaciones muy generalizadas, muy propias de toda una gama de políticos y de ciudadanos que entienden que como vienen funcionando las cosas no se está sacando, ni con mucho, lo mejor de la política.
Que claro, hay acuerdos sobre lo que se construye una gobernabilidad básica para que las instituciones funcionen; son menos los casos de interferencia que los de autorización que se acaban logrando en los ejercicios políticos y eso es de reconocerse; pero a su vez, sí existe un deterioro del prestigio de la política que de no detenerse a tiempo, pone en riesgo al sistema democrático. Lo hemos visto en otras latitudes.
Es el momento de hacer un nuevo contrato con la ciudadanía, donde se le empodere; y si se empodera a la ciudadanía, la esperanza es que con ello se empodere al Servicio Público y la capacidad de solucionar problemas. Hacia esas reservas democráticas se construye la Reforma.
Sí, los gobiernos divididos del 97 para acá, si bien han logrado ciertos acuerdos, no están dando todos los resultados que el país demanda. Ahí hay una insatisfacción importante, facturada de manera distinta a los partidos políticos pero ahí hay una insatisfacción importante que tiene que ser reconocida y que, hasta donde yo lo alcanzo, los principales líderes de los partidos políticos -y ahí hay discursos- lo reconocen.
Lo reconoció doña Beatriz Paredes en el Senado, lo reconoció don Jesús Ortega, lo reconoció don César Nava y así, otros han reconocido ese déficit, han reconocido ese diagnóstico.
Si hay un consenso en el diagnóstico, pongámonos a discutir aquellas medidas que lo pueden resolver. Ese es el deber primario de quien se mete a la política: A servir, no a no servir.
Silvia González, de Radio Centro. -Secretario, ¿usted considera que en este Período que acaba de iniciar se podría aprobar por el cabildeo que ha realizado con los partidos políticos? Una. Y la otra: Si no se aprueba esta Reforma, ¿entonces los ciudadanos tendríamos que conformarnos con seguir como hasta ahora?
Y otra, si me permite: Ahora mismo, en la sede de la ONU aquí en México, organizaciones de ciudadanos e industriales están presentando una propuesta para que los Cascos Azules estén en Ciudad Juárez ante lo que está ocurriendo, señor Secretario.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Muy bien. Primero, por supuesto que yo creo que este tema se ha venido discutiendo muchísimo en México. Lo que hace la Iniciativa del Presidente es darle un espacio histórico concreto para su análisis.
Creo que es tema en donde se ha reflexionado mucho, ha habido foros en las administraciones pasadas; al inicio de esta Administración hubo un enorme despliegue de consultas y yo creo que es un ejercicio que se debe seguir haciendo pero yo sí creo que debe resolverse ya.
Si la clase política, si el Congreso, si el Constituyente quiere hacerlo en el contexto de lo que celebramos como Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, si le ofrecen a los mexicanos y a la historia la capacidad de una transformación institucional profunda en conmemoración de lo que nos ha hecho mexicanos y de lo que ha anclado las luchas históricas democráticas en este país, ésta es la circunstancia idónea.
Que, por un parte, haya una polarización política en función de una agenda electoral, lo único que le estamos pidiendo al Constituyente Permanente es que por encima de esas cuestiones coyunturales, que son episódicas, que rigen lo inmediato en la política, tengamos la capacidad de ver, con un mayor plazo y con un mejor horizonte, el interés superior de México y la necesidad de fortalecer al sistema político para que le cumpla a la gente y que pueda llegar a esas valoraciones constitucionales.
Por lo que hace a la valoración de lo que vienen haciendo organizaciones ciudadanas, no tengo yo un conocimiento formal de ello. Lo que sí reconozco es que este tipo de organizaciones están legítimamente preocupadas por una situación grave que va a ser resuelta.
Nosotros no vamos a abandonar Juárez y vamos a acompañar a quien no la quiera dejar. Estamos perfilando los instrumentos para que se atienda la cuestión de la seguridad y la cuestión de desarrollo social sobre el que se construya la falta de alternativas a los jóvenes que están siendo masacrados.
-PREGUNTA: -¿Y sobre lo de los Cascos Azules?
SECRETARIO GÓMEZ MONT: -Ni está en la programación y no veo que haya condiciones para eso. No ha sido valorado. Lo que yo le quiero llegar a decir es que para nosotros no es un tema ahorita más que en función de que usted nos lo presenta.
Lo que yo sí le digo es que hay reservas institucionales en este país para poder hacerle frente al problema, que las Fuerzas Armadas han asumido riesgos y enfrentaron muchas veces a convoyes armados a fin de ponerles un límite.
Que se van afinando los mecanismos de inteligencia para, cada vez, detectar más rápido y mejor por dónde vienen los riesgos, que no son perfectos y que generan espacios de agresión y de violencia contra jóvenes estudiantes, deportistas que fueron masacrados, también lo es y que tenemos que reconocerlo para implementar las soluciones del caso.
Pero no va a ser la frustración, el desencanto, la derrota lo que va a marcar el rumbo de lo que el Gobierno tiene que hacer en Juárez. Vamos a asumir nuestra responsabilidad y estamos exigiendo que los otros órdenes de gobierno lo hagan.
Juntos vamos a caminar y vamos a recuperar Juárez para la gente buena que tiene en ese espacio una palanca de desarrollo para el país. Lo vamos a hacer.
Fabiola Martínez, de La Jornada. -Qué tal, buenas tardes. Secretario, ¿usted ha encontrado en la Reforma Política, en la discusión que inicia sobre la Reforma Política, un análisis profundo por parte de los partidos políticos o un discurso difuso, como lo acaba de mencionar?
O peor aún, ¿Otra vez chantaje -toma y daca- y que nos volvamos a enfrentar a que esto se va a negociar, si es que se negocia, en las cúpulas?
Y segundo: Con todo el reconocimiento que hay hacia las nuevas tecnologías, yo quisiera preguntarle si usted con tantos asuntos qué resolver en el país en materia de política interna, ¿le va a dar tiempo para chatear, para twittear?; ¿de este tamaño es la importancia para el Ejecutivo de que se aprueba la Reforma Política? Gracias.
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: A ver, primero, yo he dicho que los tiempos que tengamos disponibles, no voy a estar chateando ni twitteando todo el tiempo. Ahí sí yo le confieso ser un analfabeta informático y constantemente requiero de la ayuda de quien está más metido en esa lógica para superar esas deficiencias.
Ofrezco poner tiempo de mi semana, algún tiempo, para interactuar en tiempo real y contestar algunas de las cuestiones que se hayan dado y le pido ese ejercicio a mis colaboradores para que haya un intercambio real.
Yo no voy a poner a nadie en mi lugar a simular mi presentación, yo acudiré; en poco o muchos espacios -yo espero que no serán muchos porque no tengo el tiempo- acudiré para hacerlo y para contestar lo que vaya cayendo.
En la medida en que yo lo vaya agrupando, en la medida en que vayamos identificando cuáles son las preocupaciones mayores, hacer un ejercicio honesto de comunicación. Pero sí, es un proceso de adaptación frente a estas dinámicas de la información y la adaptación es supervivencia.
Dos: Yo creo que se van posicionando poco a poco los actores políticos frente a una reforma de gran calado; mi esperanza es que todo mundo reconozca no solo la responsabilidad que tiene frente a este tema, sino la oportunidad de desahogarlo ahora, en este año, en este contexto.
Y sí, normalmente a mí me ha ido mejor confiando en la gente que desconfiando en ella, pero voy con los ojos abiertos pero con toda la disposición como Secretario de Gobernación, por ser instruido así por el Presidente de la República, y porque creo que es una tarea que nos toca como mexicanos y una oportunidad de poder servir a México en estos momentos y dar el siguiente paso en la consolidación democrática de México, el siguiente paso. La historia es un proceso continuo.
Brenda Herrera, de Enfoque. -Secretario, nada más una pregunta: De lo que usted nos ha comentado, el Gobierno Federal parece que está muy preocupado por la opinión de los ciudadanos.
¿Por qué el Gobierno Federal no ha hecho el mismo ejercicio para abordar un tema que también es de suma importancia para ellos, como es lo económico?
¿Por qué no se abre un espacio, una Página de Internet para abordar temas que le preocupan verdaderamente, como es la economía, los impuestos, en fin?
¿Esos espacios no habrá para los ciudadanos en esta ocasión?
-SECRETARIO GÓMEZ MONT: Entiendo y este es el ámbito de la
Reforma Política y le digo: Otras reformas deben ser sostenidas y discutidas desde el Gobierno también.
-PREGUNTA: (inaudible)
-SECRETARIO FERNANDO GÓMEZ MONT: Yo creo que constantemente los otros miembros del Gabinete están hablando con sus interlocutores naturales. A mí me toca el tema de la Reforma Política y ese es el diálogo que yo busco articular, que yo busco promover, que yo creo que se tiene que dar, que se va dando, que se va surtiendo de mil maneras.
Yo entiendo que constantemente ellos, en sus horas de trabajo, están hablando con las gentes afectadas por las ramas de la administración que ellos manejan y yo, por supuesto, creo que las reformas económicas también deben involucrar a los ciudadanos.
Por ejemplo, yo creo que la tala regulatoria difícilmente puede ser eficiente si solo se hace desde las administraciones. Obviamente que las burocracias tienen puntos ciegos, los que resienten los déficit de atención o los problemas de atención o las dilaciones indebidas de la atención de sus asuntos son los ciudadanos.
Hay temas en los que yo no puedo verlos ausentes, en el tema fiscal sí. Bueno, una parte fundamental de la Reforma Fiscal es que los ciudadanos reconozcan que ellos mantienen al Gobierno y que es necesario aportar esos recursos para que el Gobierno cumpla con esos deberes.
Que ya no se perciba que los recursos públicos es dinero de alguien más. Es dinero de la gente que debe servir a la gente. Los recursos públicos no es patrimonio de los servidores, es dinero de la gente para servir a la gente.
Ese es el corazón de una Reforma Fiscal, cómo todos colaboramos para que las cosas marchen mejor; quién tiene que hacer lo más, cómo se hace de una manera más transparente y cómo deben gastarse esos recursos en beneficio de la gente.
Yo no concibo que alguien hable del dinero del Gobierno como si fuera una entidad que no responde frente a quienes generan la riqueza de donde viene ese dinero, que somos todos, trabajando, todos.

Dónde diablos está José Alfredo Hernández?

Dónde diablos está José Alfredo Hernández Casillas , el proveedor consentido al que Guadalupe Taddei le soltó aquel revelador y familiar ...