19 nov 2010

Javier Corral y Rojas

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Javier Corral Jurado, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Javier Corral Jurado: Señor Presidente de la Cámara de los Diputados. Señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo Ortiz Mayagoitia. Señor secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, representante personal del Presidente de la República, señores coordinadores parlamentarios, señora coordinadora y amiga, diputadas y diputados del Congreso de la Unión, decía Guillermo Prieto Luján, uno de mis mayores en Chihuahua, que la historia es el legado común de los mexicanos; con sus claroscuros, con sus bajorrelieves, con sus luminosidades. La historia es la lección permanente frente a la que debemos extraer la conciencia de lo que debemos hacer y de lo que debemos evitar.

La celebración centenaria de la Revolución Mexicana debe ser oportunidad para recuperar un sentido autocrítico de los logros y de los enormes pendientes de esos principios y esos anhelos que en no pocos postulados parecen actuales. Solamente que, como dijera ese mismo pensador, están impregnados de una amargura más antigua, una amargura que habla de un millón de hombres que con su sangre regaron los campos de México.

Una revisión necesaria de una de las causas fundamentales del movimiento armado que encabezó ese hombre de cuerpo pequeño pero de alma grande, el apóstol de la democracia Francisco I. Madero. Sobre todo, en el de la insultante concentración de la riqueza en unas cuantas manos que, además del lastre de la pobreza ancestral, genera uno de los mayores niveles de desigualdad social.

A 100 años de la Revolución Mexicana, 10 por ciento de la población en México detenta  42 por ciento del ingreso y un puñado de mexicanos que hacen negocios privados con bienes públicos acapara 20 por ciento de ese ingreso.

Así llegamos al día de hoy. Manuel Gómez Morín, más que el fundador del PAN, el creador de instituciones, el hombre universal a quien Enrique Krauze definiera como caudillo cultural de la Revolución Mexicana.

El creador de la primera Ley del Crédito Agrícola en México, el que fundó el Banco Nacional de Crédito Agrícola en el país, vio a la Revolución Mexicana desde una mirada reivindicatoria de la democracia, pero también como un movimiento de amplio contenido social para la redistribución de la riqueza.

Gómez Morín concebía a la Revolución como el fin de un largo monopolio político, un volver a restaurar las fuentes de la autoridad legítima, que son el consentimiento del pueblo, la votación informada y respetada del pueblo. Pero también, y esencialmente, la necesidad de que México tuviera un mejor y más justo desarrollo económico.

De manera –decía Gómez Morín- de poder producir más de lo que se producía y poder establecer un estándar de vida superior para todas las mexicanas y todos los mexicanos.

La tierra había quedado en manos de un corto número de personas, todas con apetito de tener más y  más tierras. Fue indispensable atacar el problema agrario desde el comienzo de la Revolución.

Gómez Morin vio a la Revolución Mexicana en varios ideales, lo cito textualmente: “por una vida mejor y más digna para todos. Un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país. Un arreglo justiciero de la distribución de la riqueza y de sus productos. Una mejor y más difundida educación, y en la base de todo ello, una organización política fundada en el juego real y respetado de las instituciones democráticas”.

La Revolución, significa para mí, le escribió Gómez Morín a Simona Tapia en 1924, una acción espiritual. Cierta forma de espiritualidad, de anhelo que desde la época colonial ha pugnado por triunfar en México y que se manifiesta en los tres grandes movimientos ocurridos en el país: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

La lucha profunda está en lo más íntimo de la nación, no es una lucha de colores, ni de razas, sino una lucha de valores morales y culturales. La Revolución triunfará si de anhelo pasa a la realidad.

Es que como bien lo identificaron Meyer y Aguilar Camín en la sombra de la Revolución Mexicana, el federalismo había tomado la forma operativa del cacicazgo. La democracia, el rostro de la dictadura. La igualdad, el rumbo de la inmovilidad social. El progreso, la forma del ferrocarril y la inversión extranjera. La industriosidad, la forma de la especulación, la apropiación de bienes que agrandaron caudales, sin capitalizar al país.

Son las cifras del progreso porfiriano, conviene subrayarlas, para recordar que la Revolución que Madero liberó, no fue hija de la miseria y estancamiento, sino de los desarreglos que trajeron el auge y el cambio, según los autores.

Por eso, sostengo compañeras diputadas y diputados que es momento de revisión, para una nueva época de reforma política. Revisar los saldos y deudas históricas con los postulados de las dos revoluciones centenarias. Una revisión de conceptos instituciones y distribución de competencias, que a la luz del desarrollo político, social y económico ya no libran la batalla del tiempo.

Una nueva constitución hubiera sido una celebración de lujo en este año de celebraciones centenarias, pero esa ilusión se le antepone una realidad. Una nueva constitución hubiera sido una celebración de lujo, pero a esa ilusión se le antepone una realidad. No se vislumbra ni para hoy, ni para los siguientes años una clase política que esté dispuesta a agotarse con sus propias reformas. Seguimos en los medios mirajes del inmediatismo electoral.

Por supuesto que tenemos logros indiscutibles, avances insoslayables en instituciones que explican el Estado moderno. México, ha cambiado radicalmente en los últimos cincuenta años, de haber sido un país básicamente rural se ha transformado en un país eminentemente urbano.

En 1957 éramos un país de jóvenes y niños, y yo somos un país de adultos con un creciente número de personas mayores. Estos cambios plantean retos y oportunidades; las pensiones jubilares y la necesidad de infraestructura básica son tres retos que no podemos posponer, diferir o relegar.

La agricultura ha venido desarrollándose y ha mejorado su competitividad, los productos mexicanos se exportan cada vez más de mejor manera y más creciente, pero aún así las condiciones de pobreza de vastos sectores son lacerantes. Los efectos del minifundismo siguen siendo dañinos para los ejidatarios; en una más de nuestras paradojas históricas tenemos retos y oportunidades enormes, monumentales.

Si no superamos los retos, las oportunidades se perderán o harán poco para mejorar las condiciones de los mexicanos, paradoja que siendo nuestra economía una de las más grandes del mundo, con ventajas geopolíticas especiales, al mismo tiempo sufrimos de una desigualdad distribución del ingreso. Contamos con regiones con un alto desempeño económico e índices de desarrollo humano importante, y junto a ellas conviven otras con índices de pobreza altos.

Son estos contrastes los que agravian la condición humana. Evadir la realidad cuesta caro, llegado el momento de enfrentar las consecuencias frecuentemente resulta catastrófico. Nadie en el 1910 podía vaticinar la revuelta; era la paz porfiriana, calma chicha que en tiempo irremediable estalló para modificar esencial y estructuralmente la base política y social de México.

Engañar a la sociedad del estado real del país y cómo colaboran en ello los poderes, para procurar el aplauso o evitar las voces radicales, es una mentira que tarde que temprano se evidencia por las crisis, sale a flote y el desprecio es universal.

Como país necesitamos tener una visión de futuro y un compromiso con la verdad. Las instituciones de la postguerra se han transformado; de una economía cerrada hemos pasado a una economía abierta y competitiva. La anterior intervención directa del gobierno en la economía se ha limitado a áreas estratégicas.

El recurso del petróleo, que hace pocos años se veía como la panacea a nuestros problemas, hoy estamos en la seria posibilidad que en los próximos 10 años tengamos que importarlo.

Es necesario fortalecer al Estado. No es regresar a un pasado reciente de un Estado interventor en la vida económica, con empresas públicas ineficientes y un gasto excesivo para crear efímeros desarrollos económicos. Robustecer al Estado en el momento actual significa ensanchar la función reguladora del gobierno para evitar que se generen monopolios o actividades, en donde unos cuantos determinan los precios de los productos.

La rectoría del Estado también se ejerce arbitrando a las partes, determinando reglas de operación y fomentando la competencia.
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mpulsar la acción reguladora del Estado significa que los bienes o servicios que los particulares ofrecen cumplan condiciones de calidad y precio. Un Estado con capacidad rectora en las ramas de la administración pública. Un Estado que no sea rehén de intereses grupales, sino que tenga la fortaleza de dictar y ejecutar políticas públicas en beneficio de las mayorías.

Asentar al Estado democrático parte de la relación y el desempeño de los poderes públicos. Por lo tanto, fortalecer la vida política significa abonar en la comunicación entre los poderes y lograr que éstos se aboquen de manera conjunta en una relación fructífera a buscar las mejores soluciones para el país.

El diálogo y la exposición de razones por parte de los interlocutores acercarían a las distintas posiciones políticas propias de una sociedad plural. El mayor riesgo para el país es la parálisis por la falta de consensos. Viviríamos en un griterío de confusión frente a problemas crecientes y amenazadores de la estabilidad y el desarrollo del país.

Como generación que cruzará en la mitad de sus vidas las dos celebraciones centenarias, tenemos la gran oportunidad de diseñar nuestro futuro antes que los acontecimientos nos arrastren y nos conduzcan como marionetas de la historia en una calma chicha de la sociedad mexicana.

En una democracia madura como en una sociedad abierta, todo se puede discutir, analizar y debatir. No nos impongamos fetiches o tabúes que no podamos discutir. Hagamos a un lado dogmas o prisiones ideológicas. No tengamos miedo a la razón ni nos engañemos con la realidad.

La celebración de estas etapas fundacionales de nuestra historia la debiéramos dar con testimonios de solidaridad, no sólo con discursos. Mostrémosle al futuro como una nación abierta al mundo con profundas raíces seculares, nación que es crisol de cultura indígena y española que ha integrado regiones y costumbres y que tiene un perfil propio alimentado por su idiosincrasia. Que desde su aprecio por su pasado ha sido capaz de insertarse en el pulso de la vida internacional.
La Independencia, compañeras diputadas, compañeros diputados, fue un movimiento surgido en el centro del país. La Revolución nació y se desarrolló en el norte. En efecto, tiene en Yucatán, tiene en Sinaloa, en Tlaxcala, en Puebla y en Chihuahua, estados precursores. Pero es Chihuahua la cuna y chispa del movimiento armado de 1910, porque ahí se inició, en la concepción de lo que da origen, ahí se formó el Ejército Revolucionario que la hizo continua y en Chihuahua, y por los hombres de Chihuahua la Revolución fue victoriosa, tras la decisiva batalla de Ciudad Juárez y ese honor está acreditado en las mejores fuentes de la historiografía de la Revolución Mexicana y en los más rigurosos estudios de los historiadores con mayor rigor científico en México.

Por eso sostenemos que declarar oficialmente a Chihuahua cuna de la Revolución no es más que el reconocimiento de un mérito indiscutible. No lo concebimos como pleito con ninguna otra entidad, si acaso una disputa por el honor de ser llamados así, que por lo demás reivindica un dato interesante que los jóvenes debieran recoger.

Un dato que habla de una inusitada actualidad del hecho revolucionario. Los Chihuahuenses que estamos en esta Cámara no hemos venido a disipar duda alguna. No hay duda. Hasta el mayor adversario de la Revolución que lo fue el general Porfirio Díaz supo reconocer donde se había originado el movimiento armado.

En su manifiesto de renuncia a la Presidencia de la República el 7 de mayo de 1911, tras la batalla de Ciudad Juárez textualmente afirmó, voy a leer textualmente los primeros renglones del manifiesto de Díaz: “la rebelión iniciada en Chihuahua en noviembre del año próximo pasado y que paulatinamente ha ido extendiéndose, hizo que el gobierno que presido acudiese, como era de su estricto deber, a combatir en el orden militar el movimiento armado”.
Si el dictador tenía claro el territorio donde se prendió la chispa, al Congreso no le puede faltar decisión para reconocérselo a ese digno pueblo de Chihuahua. En este tenor y para confirmar y dimensionar la trascendencia del estado de Chihuahua en la primera parte de la Revolución, es preciso tomar en cuenta que entre el mes de noviembre del año de 1910 y el mes de febrero del año de 1911, en la geografía estatal chihuahuense se libraron 58 batallas, de las cuales las fuerzas revolucionarias resultaron victoriosas en 41 contra apenas 9 de las fuerzas federales y 8 quedaron inconclusas.
Es la hora de un gran acuerdo político para una auténtica reforma del Estado. Cuando planteo lo anterior como reconocimiento del pasado que mira al norte y al movimiento armado, también digo que la nueva etapa de consolidación de la democracia debe provenir de una reforma profunda del Estado con dos características: pacífica y abocada a rescatar al sureste.
Podemos levantar al sureste sin destruir lo construido. La prosperidad y las instituciones que hemos edificado serán nuestras mejores armas para la construcción de una patria que dé cobijo a todos sus hijos, porque la historia es el legado común de los mexicanos. He dicho.
El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Tiene la palabra el diputado Francisco Rojas Gutiérrez, en representación del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Francisco José Rojas Gutiérrez: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, saludo cordialmente al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Guillermo Ortiz Mayagoytia; saludo igualmente al maestro Alonso Lujambio, secretario de Educación Pública y representante del Poder  Ejecutivo.

A 100 años del llamado de Madero al pueblo mexicano para hacer valer la democracia, la revolución se reafirma como el gran movimiento incluyente en el que confluyeron la lucha agraria de Zapata, las demandas populares de Villa, el constitucionalismo de Carranza, la visión modernizadora de Obregón, la edificación institucional de Calles y el patriotismo de Cárdenas.

La nuestra no es una revolución dogmática ni propugna la aniquilación de una parte de la sociedad por otra; es un proceso histórico abarcador, una concepción moral y política en la que cabemos todos, sin discriminaciones por motivos étnicos, religiosos, ideológicos, sociales, económicos o de cualquier otra índole.

La revolución ha armonizado principios, valores y demandas que en la superficie, sólo en la superficie, podrían parecer antagónicos pero que están en la raíz diversa de nuestro pueblo y fueron el germen del México moderno.

La revolución es la gran reserva doctrinaria y política para enfrentar las adversidades de nuestro tiempo y salir más fuertes, más justos y más unidos. Sólo la superficialidad irresponsable o el carcamón perezoso ven contradicciones donde hay complementariedad y probada racionalidad histórica.

Somos un pueblo diverso por la geografía, las costumbres y la cultura. En la nación coexistimos indios, negros, criollos y mestizos, pero finalmente todos somos mexicanos.

Cuando estalla la revolución se abrían paso en el norte las pequeñas y medianas empresas agrícolas y surgían las primeras industrias impulsadas por la red ferroviaria. En el centro, sur y sureste, inspirados en la fuerza de las tradiciones, los campesinos exigían la restitución de las tierras que habían sido arrebatadas a sus comunidades.

Las comunidades indígenas reclamaban su inserción en la modernidad, sin renunciar a su cosmovisión y a sus costumbres.

La revolución mexicana estalló como reclamo general de justicia y democracia y fue modulando y decantando sus ideas esenciales sobre la marcha.

El método fue sencillo y sabio: escuchar al pueblo, entenderlo y respetarlo, identificar sus necesidades y usar los recursos del Estado para mejorar sus condiciones de vida y abrir oportunidades a las nuevas generaciones.

La estructura institucional de la revolución ha sido capaz de procesar todas las parcialidades. Por eso, en el año 2000 llegó pacíficamente a la presidencia de la república un partido creado como antípoda de los gobiernos revolucionarios. Así es la democracia.

La Constitución sintetiza los ideales nacidos de la voluntad popular. Es programa y propósito y se cristaliza en dos valores inseparables: democracia y justicia social. Democracia como ejercicio de todas las libertades: de pensamiento y expresión, de reunión y crítica. Democracia que es sufragio efectivo, pero también participación de todos en la toma de decisiones. Libertad que sólo es posible con seguridad, con una economía sólida y con una distribución justa del ingreso.

Debemos entenderlo bien de una vez por todas: sin justicia social la libertad es una ficción, es palabra hueca, es adorno para el discurso, pero sin el ejercicio pleno de las libertades tampoco es viable la justicia social.

Transcurrida la fase armada, la revolución se convirtió en proceso creador y se renovó en cada estación histórica del mundo cambiante del siglo XX. Su doctrina es la base para comprender el país que somos, para identificar sus potencialidades, para dar sentido de actualidad y perspectiva de futuro a nuestros valores.

La Revolución hizo de México uno de los países con mayor movilidad social y política en el siglo XX, confió al Estado la rectoría del desarrollo, reivindicó el dominio de la nación sobre la riqueza del subsuelo, consumó la reforma agraria y creó una amplia planta industrial mexicana. El desarrollo agrícola industrial aumentó las tasas de crecimiento a mediano y largo plazos, y generó empleos.

El sistema educativo formó capital humano con distintos rasgos de calificación y los sistemas de salud pública, seguridad social, vivienda y otros, duplicaron la esperanza de vida y elevaron el bienestar de las familias mexicanas.

La defensa del derecho internacional, la promoción activa de la paz y la cooperación internacional para el desarrollo fueron los pilares del prestigio mundial de México.

La escuela pública y los proyectos culturales fomentaron el desarrollo político entre los jóvenes que emergían del campo y de las áreas urbanas marginadas para convertirlos en profesionistas y trabajadores calificados.

Por eso afirmo que ahí, en la Revolución Mexicana y su programa está el germen de la transición democrática que transformaría la sociedad y acreditaría la naturaleza incluyente de la nación y su sistema político.

Los constituyentes del 17 ratificaron las garantías individuales clásicas y elevaron a rango constitucional las garantías sociales. Con espíritu revolucionario Cárdenas convirtió al petróleo en columna vertebral de la modernización; y López Mateos rescató para la nación la energía eléctrica.

México, confiado en su potencialidad y dueño de su destino constituyó un amplio y generoso sistema de seguridad social para amparar no sólo a los trabajadores sino también a sus familias. Construimos un país que llegó a ser la décima economía del mundo, con tranquilidad y paz social, pero sobre todo, porque teníamos fe en nuestro destino.

En el Partido Revolucionario Institucional nos consideramos y asumimos herederos y custodios del ideario, el programa y las aspiraciones de la Revolución. Con ellos podemos retomar el camino hacia la justicia social, hoy más que nunca, cuando 6 millones de mexicanos más se han sumado a la pobreza en sólo dos años, y la economía apenas crece, y la violencia criminal secuestra áreas de la geografía nacional.

El PRI hace suyo el justo reclamo de los jóvenes del siglo XXI por el derecho a construir su porvenir, con su esfuerzo personal como lo hicieron sus padres y sus abuelos. No es justo que los profesionistas mexicanos no encuentren espacio en los mercados de trabajo del país. No es justo ni aceptable que otros, los que ni siquiera tienen lugar en la educación superior sean arrastrados a la informalidad, la emigración o la delincuencia.

Nuestro país está herido por la violencia, por la miseria, por la injusticia y el desaliento, acentuados en los últimos 10 años. Estas heridas no van a sanar con parches, necesitamos ir a las causas, definir los objetivos y los métodos y actuar en consecuencia. Es inaplazable reforzar la unidad nacional, pero en torno a una persona, o a una quimera vacía de contenido social, sino a partir de propósitos comunes, tales como la tranquilidad y la paz social y con oportunidades reales de desarrollo.
 E
s verdaderamente inaceptable, que en este año del centenario tengamos que defender el patrimonio nacional todavía con controversias constitucionales, en la corte y comisiones especiales en la Cámara de Diputados, para evitar la pérdida de soberanía o la mengua de la rectoría del Estado o la privatización soterrada de los recursos naturales propiedad de la nación.

No debemos imponer las ideas propias a los otros y menos aún para destruir a quienes piensan distinto, sino para convocar, discutir, acordar y resolver. Es la hora de la política entendida como debate informado y libre entre todos los mexicanos.

Señoras y señores diputados, en el amanecer del siglo XXI, la Revolución Mexicana exige resolver de manera seria, eficaz y permanente la pobreza, superar para siempre la desigualdad social en sus orígenes, restablecer el estado de derecho en todo el territorio nacional, combatir al crimen organizado en sus causas y cerrar los mecanismos que legitiman las ganancias mal habidas de los delincuentes.

La Revolución debe ser crecimiento sustentable de la economía con el concurso de los trabajadores y empresarios mexicanos, debe ser defensa inquebrantable de la soberanía que, como lo dice la Constitución, reside en el pueblo.

La Revolución debe ser oportunidad de progreso para todos y sigue siendo, como en su inicio y desarrollo, la síntesis magnífica de democracia con justicia social.

La Revolución debe ser apasionada defensa de la libertad frente a los dogmas y prejuicios que intentan anquilosar conciencias y atarnos al pasado.

La Revolución debe ser defensa de la soberanía, del patrimonio nacional y de la rectoría del Estado en beneficio de los mexicanos de hoy y de mañana.

La Revolución debe ser esfuerzo constructivo de los mexicanos que creen en el talento de sus hombres y mujeres para convertir en realidad los ideales de la gesta centenaria que hoy conmemoramos.

Para lograr ser lo que queremos ser, la nación contará con todos nosotros, los mexicanos con ideales de democracia y justicia social. Muchas gracias.


El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: De esta manera hemos concluido las intervenciones previstas para esta sesión solemne. Se invita a los presentes ponerse de pie para entonar el Himno Nacional.

(Himno Nacional)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Continúe la Secretaría. Se levanta la sesión solemne.

Se invita a las comisiones de cortesía acompañar a nuestros distinguidos invitados cuando así lo deseen abandonar el salón.

La Secretaria diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Señor presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

(Lectura del orden del día)

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (13:58 horas): Muchas gracias, señora secretaria.

Se cita a la sesión que tendrá lugar el martes 23 de noviembre a las 11 horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30.

Discurso del diputado Don Juventino Castro

El Presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se concede el uso de la palabra al diputado don Juventino Castro y Castro, en representación del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Con su venia, señor presidente. Honorable Cámara de Diputados, compañeras y compañeros diputados, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, señor representante personal del Ejecutivo federal y secretario de educación pública, maestro Alfonso Lujambio, distinguidos invitados especiales.
Recordamos el día de hoy la gesta social de mayor significancia en México. Es comparable únicamente con la insurgencia libertaria que nos dio nación y nacionalidad. El movimiento social de 1910 que hoy recordamos nació bajo una especialidad que no encuentra paralelo en ningún país del mundo. México es pionero en él respecto al reconocimiento constitucional de los derechos sociales como garantías de sus habitantes.

Lamentablemente esta conmemoración de la Revolución mexicana ha perdido importancia, pues se ha convertido en una celebración de trámite.

Mientras el constitucionalismo de todos los demás países hacía radicar sus fundamentos esenciales en los derechos individuales, de acuerdo con la época  liberal, los mexicanos ya manejábamos y aplicábamos los derechos sociales y a la cabeza de todos ellos, como una pugna dolorosa de la lucha por una mejor distribución de la riqueza en todos sus países, pero específicamente con base en una cultura política y jurídica motivada como la nuestra.

México es quizá el país más representativo del constitucionalismo en materia de libertad y de unidad, sobre todo juzgándose por el trato a los pueblos indígenas sojuzgados por europeos que hicieron valer una superioridad éticamente dudosa y políticamente tiránica y abusiva, lo cual impidió durante algún tiempo de nuestra historia los justos reclamos y reconocimientos a una raza indígena o mestiza hasta que lo hizo la Revolución, que siempre ha tratado de superar sus orígenes bajo el mandato de la dictadura europea que son verdaderamente indignantes.

Ni la influencia libertaria ni la reforma política que derrumbó estrepitosamente a las ideologías ajenas que se nos impusieron atribuyeron una prioridad determinante a los derechos sociales. Éstos encontraron su voz en un sentido de igualdad y justicia que ya desde entonces nos era entrañable.

El Partido de la Revolución Democrática es un partido revolucionario y demócrata como lo mandata nuestra Constitución, y una organización política que tiene como ejemplo un movimiento popular inspirado en el regreso a la esencia del mexicano.

Nuestro movimiento social de 1910 en todo momento pugnó por el reconocimiento de los derechos sociales principiando por la reprobación al peonaje agrícola y el inicio de las garantías laborales de los trabajadores en general. Todo ello sin detenernos específicamente en su condena definitiva a los monopolios y al acaparamiento de las mercancías de primera necesidad.

Por ello, el artículo 39 de nuestra ley fundamental en 1917 confirmó todas las razones sociales para instalar en México un sistema político que ubicara la soberanía nacional en el pueblo soberano. Pero este mandato trasciende aún más cuando con gran visión estatuye que todo poder público tiene su origen en el pueblo y que éste sólo resulta válido si se establece para el beneficio del propio pueblo y solamente llenando tal fin.

El partido que generosamente me ofreció su apoyo y su inspiración nació bajo los atributos reales reconocidos posteriormente como base y fundamento de una cultura política bajo los sistemas democráticos y revolucionarios que inspiran sus siglas con fundamento y legitimación en el pueblo y no en los intereses o poderes particulares.

Sé que una única circunstancia lamenta este día el Partido de la Revolución Democrática: que al pueblo le cause tanta dificultad ubicarse en el lugar capital que le corresponde dentro de la normatividad general y de la administración pública del país. Se rehúsa insistentemente en enajenarse en la cosa pública a la cual desprecia para no abandonarse a ella.

Si el pueblo, por mandato constitucional es el soberano directo de México, la democracia representativa  es tan sólo un instrumento auxiliar de su aceptación, la directa es la participativa.

Aunque jamás –afortunadamente-, ha cedido su soberanía nacional, en cambio se pliega a la libre voluntad de sus representantes y no a la suya propia, que es originaria y esencial, como sólo puede hacerlo un pueblo soberano como lo es el de México.

La misión esencial del partido es concientizar al pueblo y adoctrinarlo dentro de los parámetros de la más pura democracia directa: la participativa.

Señores legisladores: unamos nuestros regocijos comunes bajo el signo de la Revolución y la democracia mexicanas y comprometámonos en una sola vía de acción política; no esforzarse tanto para obtener un beneficio particular o partidista, dentro de la Revolución, sino para plasmar a la histórica Revolución Mexicana que hoy recordamos y revivimos en el accionar político común.

Es precisamente bajo el signo de la unidad nacional que, con el aval del partido, he hecho un llamado al cambio de nuestra actual cultura mestiza para tomar lo mejor de ambas excelsas culturas bajo el lema: Cambia tú, cambia México.

Es patente que la nacionalidad mexicana desde antes de la llegada a América de los europeos es pluricultural. Las etnias nativas del actual suelo mexicano eran similares pero diferentes. Los ahora mexicanos nos acostumbramos a vivir un natural pluriculturalismo. Es el que nuestro artículo 2o. de la Constitución ha proclamado y predicado como esencia en nuestra cultura nacional, ya después de nuestro subyugamiento.

Las excelencias de la unión de nuestras dos culturas sobresalientes: la española y las indígenas, sobresalen en el moderno mexicano. Sobresalen y se colapsan.

Ello ha dado vivencia a un mexicano indeciso, contradictorio, de fatiga y de alto índice de desempleo, evasor de su realidad. Un mexicano contrapuesto e individualista, porque así es –de hecho– su pluriculturalidad.

Es menester que, bajo un signo unitario, colectivo, forjemos al mexicano que resaltará igual que históricamente lo ha sido siempre, pero se ha reforzado en su individualidad.

Un cambio cultural exige de personas y de escuelas, y ésta con claridad de propósitos y sentidos de rumbo. Pronto experimentaríamos los excelentes resultados de nuestra auténtica pluriculturalidad y de nuestra versatilidad latente, aunque siempre presente.

En cambio, si se acepta, sólo podría llevarse a cabo por los padres de familia, que son los forjadores naturales de los individuos, y por la acción de los maestros primarios, que son una sucesión natural de los padres; convencidos de la acción del cambio cultural en nuestro país.

De los padres de familia de México, bien informados, todos estamos ciertos y seguros, pero no sobraría pensar en una Escuela para padres de familia.

De los maestros sólo nos podrán decir ellos mismos y sus dirigentes. ¿Podríamos confiar que ese cambio se ha producido ya en México, o está en vías de producirse?

En ello nos juzgamos nuestra nueva Revolución, ésta pacífica, aunque requiere ser dinámica, muy dinámica. Muchas gracias.

XXIX sesión del CNSP

El Presidente Calderón en la XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
2010-11-18 | Discurso
Muy buenos días.
Señora y señores Gobernadores, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Señor Diputado Francisco Salazar, Vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Señoras y señores Secretarios de Estado, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad.
Ingeniero Andrés Ruiz Morcillo, Presidente de Othón Blanco, Quintana Roo; Presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública Municipal.
Señoras y señores representantes de la sociedad civil.
Señoras y señores representantes de los medios de comunicación.
Distinguidos invitados especiales.
Señoras y señores:
En mi calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, les doy la más cordial bienvenida a la XXIX Sesión de este Consejo.
Saludo respetuosamente a los Gobernadores que hace poco tomaron posesión de su cargo: Gobernador de Durango, Gobernador de Zacatecas, señor Gobernador de Chihuahua.
Y saludo, también, a los Gobernadores Electos aquí presentes, en esta Sesión de Consejo. Es un honor recibirles en éste, que es el órgano superior de coordinación por la seguridad pública de los mexicanos.

Sabemos y estamos plenamente conscientes que la situación en materia de seguridad es una preocupación honda y compartida por todos los mexicanos. Hoy la criminalidad pretende que vivamos con miedo, bajo la amenaza constante de su acción a través del asalto, la extorsión, el secuestro y, por supuesto, la violencia.

La violencia perpetrada así por los criminales, contra grupos rivales, contra las autoridades que los combaten o contra los propios ciudadanos, desalienta y preocupa a nuestra sociedad.

Durante mucho tiempo, estos grupos delictivos iniciaron una lucha frenética por un mayor control territorial respecto de sus actividades, que les permitiera incrementar su presencia, al inicio, en zonas de producción, en rutas de transporte y, particularmente, en mercados para el consumo de drogas.

En esa lucha comenzaron a someter por una vía u otra a las autoridades y ciudadanos, con objeto de neutralizarles o sumarles a su bando, en contra de sus enemigos.

Una vez hechos de control territorial, han extendido sus actividades ilícitas a delitos que agravian, verdaderamente, a los ciudadanos: al secuestro, a la extorsión, al robo y, por supuesto, al homicidio, fundamentalmente de sus rivales, pero, también, de autoridades y ciudadanos inocentes.

Esta violencia y la barbarie practicada por los criminales en contra de sus enemigos y en contra de la sociedad han llegado a niveles intolerables e inadmisibles.

La violencia proviene claramente de la ambición y de la falta absoluta de escrúpulos de los criminales y de nadie más. Ellos son los responsables, y ellos son los enemigos de la sociedad. Así debemos entenderlo y así debemos asumirlo.
Por supuesto, que a todos los gobiernos, sea el Federal, el estatal o el municipal, nos preocupa la delincuencia y la violencia irracional que utiliza. Pero suponer que esa violencia se termine o se reduzca a partir del mero retraimiento de la acción del Estado o de poner en práctica una política de no hacer, de dejar hacer, de dejar pasar, es simplemente iluso.
Es, precisamente, la inacción frente a la delincuencia lo que ha provocado su escalamiento a los niveles intolerables que hoy presenta. La pasividad alienta el crimen y termina convirtiéndose en complicidad.
Enfrentar el problema, acotarlo, es mejor hacerlo hoy, con todos sus costos, que mañana, que puede ser demasiado tarde.
La inacción, no sólo conduciría a un desbordamiento de la violencia, sino que representaría un nuevo agravio a las víctimas del crimen. De no actuar, qué cuentas rendiríamos a las familias que han perdido, o pierden, a sus hijos en manos de los criminales; a quienes viven, ahora mismo, constantemente amenazadas y sometidas al yugo de la cuota, o de la extorsión, que permanentemente perpetran los delincuentes en diversas zonas del país.
La inacción también incrementaría el drama familiar que representan el secuestro o la drogadicción. Estaríamos condenando a los ciudadanos de bien a la impotencia, al abandono y a la desesperación. Dejaríamos, literalmente, a la ciudadanía en manos de los criminales y de sus ilimitadas ambiciones, y estaríamos cancelando el futuro de México.
La opción ética, y moralmente viable para el Estado es la enfrentar el problema de la criminalidad, y hacerlo de manera integral. Es decir, cumplir con la obligación de defender a la ciudadanía ante quienes pretenden arrebatarle la paz y la tranquilidad; fortalecer, y fortalecer rápida y permanentemente a las instituciones policiales, ministeriales y judiciales, porque, con ello, fortalecemos el Estado de Derecho, al que aspiramos y, a la vez, construir una sólida política preventiva, que permita atajar de raíz el problema, trabajando por restituir el tejido social que está dañado, y ofrecer opciones de desarrollo a los mexicanos.
Por todo ello, y de manera integral, se golpea y debilita al crimen. Y ese es el único camino viable y definitivo para acabar con la violencia y su amenaza.
Es por eso, que hemos puesto en la Administración Federal una Estrategia Integral de Seguridad de largo plazo, que está estructurada en varios frentes.
Primero. El enfrentar a la delincuencia, y cerrarle el paso a la impunidad con la que operaba, fundamentalmente a través de la instrumentación de operativos conjuntos. Se trata, precisamente, de frenar sus acciones y sus desplantes, que a plena luz del día realizan y realizaban, fundamentalmente, en varias partes del país.

En este aspecto, quiero comentarles, señores consejeros, que desde nuestra última sesión, que tuvo lugar en el mes de junio pasado, hemos detenido a peligrosos criminales, como Édgar Valdez Villarreal o Sergio Enrique Villarreal Barragán, integrantes de la organización de los Beltrán Leyva; o a Manuel Fernández Valencia, uno de los principales operadores de la organización del Pacífico.
Asimismo, al enfrentar a las Fuerzas Armadas, fueron abatidos Ignacio Coronel, líder de una fracción del Cártel del Pacífico, y Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, jefe de la organización del Golfo.
Se ha golpeado, como nunca antes, las estructuras operativas y financieras del crimen; se ha asegurado droga con un valor superior a los 10 mil millones de dólares. Estos aseguramientos han evitado que más de 50 mil millones de dosis lleguen a los jóvenes mexicanos. El total de marihuana, cocaína y heroína asegurada equivale a haberle dado más de mil 600 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años de edad.

Con la aplicación de esa estrategia, también, se ha mermado el poder de fuego de la criminalidad, al asegurarle más de 90 armas, suficientes para armar un ejército completo en la mayoría de los países de América Latina o de África, además de tener resultados importantes en la lucha contra otros delitos.
Por ejemplo, en el caso del secuestro, entre autoridades locales y Federales se ha detenido a cerca de tres mil 300 secuestradores y se han desarticulado más de 600 bandas. De 2007 a la fecha se han liberado a más de cuatro mil 100 víctimas del delito de secuestro.
Estos resultados mejoran, en la medida en que cumplamos con la creación de unidades especializadas en el combate al secuestro en todo el país, en las entidades federativas, específicamente.
A la fecha, se han creado ya en 25 entidades federativas. Es indispensable que los estados que faltan puedan alinearse al modelo nacional y cumplan con este compromiso asumido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
El segundo elemento de la estrategia es uno fundamental: el fortalecimiento institucional. Ello supone la depuración y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad. Debemos garantizarnos, como gobernantes, y garantizarles a los ciudadanos, que tengan policías, Ministerios Públicos y jueces que sean confiables y eficaces.
En estos cuatro años hemos triplicado el número de elementos de la Policía Federal y hemos aumentado sustancialmente sus capacidades tecnológicas y operativas.
El Gobierno Federal, a través de las Fuerzas Federales, ha redoblado su apoyo a los estados en diversas áreas. Colaboramos en la creación y fortalecimiento de Centros de Evaluación y Control de Confianza; y la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública y el CISEN continúan la formación de especialistas para fortalecer los mecanismos de ingreso y permanencia en las policías estatales.
Por otra parte, señores, quiero comentarles que los recursos Federales para estados y municipios, recientemente aprobados en el Presupuesto de Egresos para 2011, son los más altos de la historia. Sin contar el FORTAMUN, el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que también tiene un componente en materia de seguridad, se cuenta con un monto superior a los 13 mil 800 millones de pesos.
El Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública se incrementó, para llegar a siete mil 100 millones. El Subsidio para la Seguridad Municipal se situó en cuatro mil 300 millones, además de otros fondos específicos para la eventual aprobación, si así lo considera el Congreso, de una reforma en materia de Mando Único.
Ahora toca a todos ejercer esos recursos oportunamente, hacerlo de manera transparente y, sobre todo, orientando el esfuerzo a los resultados que hemos comprometido. Cuentan con el apoyo del Gobierno Federal para poder lograrlo.
El tercer elemento ha sido el rediseño y el fortalecimiento del marco legal. En respuesta a un compromiso que surgió aquí, en esta instancia de coordinación, el Ejecutivo Federal, a mi cargo, envió al Legislativo, tal y como lo comprometimos, la Iniciativa en Materia de Mando Estatal Único de Policía.

La Reforma prevé que el Gobernador de cada estado esté responsable de la seguridad y a cargo del cuerpo de policía y de las policías municipales en los casos en que éstos cumplan con los estándares legales de confiabilidad y profesionalismo, pero, en general, que exista, precisamente, un cuerpo policiaco uniforme y con un Mando Único a nivel estatal.
La iniciativa fortalece las atribuciones de las policías estatales en la lucha por la seguridad y mandata el establecimiento de criterios estandarizados y homologados para el ingreso, la capacitación, la operación y la permanencia en los cuerpos policiales de los tres órdenes de Gobierno.
Se trata de una Reforma que facilita la coordinación de las fuerzas estatales, que busca homologarlas en cada entidad y, en aquellos casos donde los ayuntamientos acrediten contar con policías eficaces y, en consecuencia, certificadas, éstas permanecerán.
Ahora es crucial que todos apoyemos esta Iniciativa, que aún se encuentra en deliberación en el Congreso, que recoge una demanda ciudadana, que deriva de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública y que aumentará la eficacia de todos los gobiernos para combatir a la criminalidad.
Como he mencionado, ya se cuenta, incluso antes de su aprobación, con una autorización presupuestaria por la Cámara de Diputados por dos mil 400 millones de pesos, para implementar en sus inicios el modelo de Mando Único Estatal de Policía.
Por otra parte, en tanto se aprueba la Reforma, reconocemos el esfuerzo que algunas entidades federativas ya han realizado para operar, bajo los lineamientos legales vigentes, bajo un esquema policial de Mando Único.
También enviamos hace unos meses, al Congreso, la Iniciativa de Ley en Materia de Lavado de Dinero. El objetivo es golpear a la criminalidad donde más le duele, que es en su capacidad económica. Con ello, se busca detectar las operaciones de lavado de dinero, impedir el ingreso de dinero ilícito al país y mantener informada a la sociedad de los logros en la materia.
Tanto esta Iniciativa, como la de Mando Estatal Único, son claves en la lucha por la seguridad. Es por ello que, de manera corresponsable, todos los integrantes del Consejo podamos impulsar, con capacidad y liderazgo político, la Reforma ante los representantes al Congreso de la Unión.
Por otra parte, es importante resaltar que el Congreso también ha aprobado ya, con el impulso vigoroso de la sociedad civil, una Ley en Materia de Secuestro, sin menoscabo de otras iniciativas que ya han sido aprobadas, como la Ley de Seguridad Pública o las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal.
El cuarto elemento es la prevención. Prevención del delito y reconstrucción del tejido social. Sé que en todos los estados y a nivel Federal le hemos dado una relevancia especial.
Sabemos que la lucha por la seguridad no se gana sólo a través del combate policiaco en las calles, sino también desde la casa, la escuela y los círculos sociales.
Es por ello, que a nivel Federal se han implementado programas específicos, de los cuales puedo mencionar: el Programa Escuela Segura, que opera en más de 30 mil planteles y beneficia a ocho millones de alumnos.
El Programa de Rescate de Espacios Públicos, con el cual se ha recuperado y restaurado más de dos mil 700 espacios públicos, como parques, plazas y, especialmente, canchas deportivas.
Y el Programa de Prevención de Adicciones, por medio de la creación de los Centros Nueva Vida, que operan ya en más de 300 lugares del país y que han atendido a más de dos millones y medio de personas a la fecha.
Hay otras medidas que podemos sumar que contribuyen a la prevención del delito: el otorgamiento de becas para estudiantes, la mejora de entornos comunitarios, el aumento de la participación de las organizaciones sociales.
En esta tarea clave de prevención y de generación de oportunidades laborales, educativas, de salud, de esparcimiento, culturales, para los jóvenes y adolescentes, todos podemos y debemos participar.
En la corresponsabilidad de los Gobiernos están muchas soluciones. Por ejemplo, desde lo local, puede hacerse un esfuerzo para mantener operando, con eficacia, los 300 Centros Nueva Vida que se han creado por la Secretaría de Salud, o mantener vigilados y participativos, por los ciudadanos, los espacios públicos que se han recuperado.
Estamos convencidos, señoras y señores, de que la forma más  efectiva de vencer al crimen, y luchar por la seguridad, es hacerlo de manera integral y desde varios frentes. Para responder a los retos cambiantes que nos impone el crimen organizado, sabemos que debemos adaptar constantemente la Estrategia Nacional de Seguridad. Estamos decididos a ajustar lo que se tenga que ajustar, a fin de combatir con mayor eficacia a los delincuentes.  
Con el propósito de intercambiar reflexiones y propuestas, iniciamos una serie de Diálogos  con los poderes públicos y los órdenes de Gobierno, con los sectores sociales, con líderes políticos, religiosos, empresariales, y con los medios de comunicación.
Estos Diálogos están generando un entorno de mayor colaboración, que nos ha permitido mejorar para hacer frente al desafío de la seguridad. El reto ha sido destacable, dada la apertura y la pluralidad de las opiniones.  No hay duda de que continuar estos Diálogos, particularmente a nivel local, es imprescindible para que mejoremos todos nuestra labor contra la delincuencia y respondamos a las necesidades particulares de la ciudadanía.
Señoras y señores:
México está frente a uno de sus más grandes desafíos en la historia moderna. Desde hace dos años, el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad dejó claro un diagnóstico sobre la situación que enfrentamos en materia de criminalidad, y dejó especialmente clara, también, la ruta a seguir para superar este problema, y cada instancia de Gobierno asumimos compromisos concretos. Nada justifica que no los cumplamos en tiempo y forma, esos compromisos adquiridos.
La urgencia de la situación nos convoca y nos compromete a todos. Nos obliga a ir más allá de diferencias ideológicas o partidistas. La sociedad no quiere excusas, sino respuestas y resultados.
Para lograrlo, es indispensable que cada orden de Gobierno aplique la ley en los espacios que le corresponden. La consolidación del Estado de Derecho, el imperio de la legalidad en nuestro país, es tan importante como la construcción de instituciones democráticas sólidas y confiables, que fue la causa más trascendente por la que se luchó, particularmente, hacia el final del Siglo XX.
La democracia no puede consolidarse sin Estado de Derecho, y he ahí un nuevo llamado a la urgencia de trabajar corresponsable y estrechamente.
Trabajemos, corresponsables, por un México seguro, por un México de leyes. Unidos, los órdenes de Gobierno, los poderes públicos, la sociedad y la autoridad, tenemos el deber y el derecho de hacer valer la fuerza del Estado mexicano.
Los ciudadanos confían en nosotros y es nuestra obligación responderles.
Y con estas reflexiones, amigas y amigos, quiero pedirles que me acompañen a hacer la Declaratoria formal de Inauguración de esta Sesión de Consejo.
El día de hoy, 18 de noviembre de 2010, a las 11 horas con 42 minutos, declaro formalmente inaugurada la XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
***
Segunda intervención del Presidente Calderón en la XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública
Simplemente, quiero agradecerles a la señora y a los señores consejeros su participación el día de hoy.
Reiterar la bienvenida a los señores Gobernadores que han tenido hoy la primera Sesión de Consejo con tal carácter.
Agradecer la presencia de los Gobernadores Electos, que pronto integrarán este Consejo.
La presencia de las organizaciones de la sociedad civil. Los comentarios vertidos por todos y cada uno de ustedes, sus participaciones.
Al Gobernador Eugenio Hernández, deseándole el éxito en su tarea aventura.
Y, desde luego, reiterar el compromiso del Gobierno Federal para seguir apoyando a las fuerzas del orden local, el seguir apoyando con las Fuerzas Federales el imperio de la ley, de la autoridad y haciendo frente a los criminales en aquellas regiones donde más afectan a la población y donde más se registran, tanto eventos, incidentes de carácter violento por parte de las bandas delincuenciales, como, también, en aquellas zonas del país donde tenemos registro de mayor presencia de delitos que agravian a la ciudadanía.
En particular, quiero exhortar a los miembros del Consejo y, en específico, a la señora y señores Gobernadores, a que todos redoblemos el esfuerzo, a fin de jerarquizar nuestra acción, particularmente en estos delitos que son los que más afectan a los ciudadanos y los que más zozobra causan en ellos. En particular, el delito de secuestro, el delito de extorsión, el delito de robo, independientemente de los homicidios especialmente violentos, que, qué duda cabe, conmocionan y preocupan a todos los mexicanos.
 Pero, en particular, pienso que si nos enfocamos al combate de estos delitos, en una cooperación intensa por parte de todos los órdenes de Gobierno y los poderes públicos, creo que avanzaremos significativamente en nuestro objetivo común, que es la seguridad pública.
 Por otra parte, reiterar el exhorto respetuoso a fortalecer las instituciones de seguridad y de justicia en todas las entidades federativas; a que continuemos, instancias Federales y estatales, fortaleciendo los mecanismos de evaluación y control de confianza, a que terminemos ya con la certificación de los Centros de Control y Confianza en todas las entidades; a que avancemos, decididamente, en la evaluación de los responsables de la seguridad pública, comenzando por los niveles superiores en cada una de las dependencias, tanto Federales como estatales; a que impulsemos entre todos el diálogo respetuoso y la deliberación en el Congreso, a fin de que se resuelvan pronto los temas legislativos que están pendientes y que, sabemos, son cruciales para el objetivo compartido de la seguridad pública.
 Seguiremos reuniéndonos en este Consejo. Tendremos, pronto, ofrezco una reunión con los representantes de la sociedad civil para valorar una serie de información muy pertinente, que nos ha sido solicitada en los Diálogos por la Seguridad, y que está en el curso de preparación para ser analizada con todo detalle.
 Y sin más, les pido que me acompañen a hacer la Declaratoria Solemne de Clausura.
 Hoy, 18 de noviembre de 2010, siendo las 13 horas con 50 minutos, declaro formalmente clausurados los trabajos de esta XXIX Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
 Muchísimas gracias.  Enhorabuena.

18 nov 2010

Las opciones de Japón

Las opciones de Japón

Por Joseph Nye, ex secretario adjunto de Defensa de Estados Unidos y profesor en la Universidad de Harvard.
Traducido por Carlos Manzano
EL PAÍS, 16/11/10;
Las actuales tensiones entre China y Japón han hecho que se vuelva a hablar de lo mucho que este último país ha caído desde sus años de gloria en la década de los ochenta. En 2010, la economía china superó a la de Japón en tamaño total, aunque solo es una sexta parte de su tamaño desde el punto de vista de la renta por habitante. En 1988, ocho de las 10 empresas más importantes del mundo por su capitalización en el mercado eran japonesas; hoy ninguna lo es.
Pero, pese a sus recientes resultados, Japón conserva unos recursos de poder impresionantes. Su economía ocupa el tercer puesto de las economías nacionales por su tamaño y cuenta con industrias avanzadas y las fuerzas militares no atómicas mejor equipadas de los países asiáticos. Hace solo dos décadas, muchos americanos temían verse superados después de que la renta japonesa por habitante superara la de Estados Unidos. Se publicaron libros que predecían un bloque del Pacífico encabezado por Japón y que excluiría a EE UU, e incluso una posible guerra entre los dos países. El futurólogo Herman Kahn pronosticó que Japón llegaría a ser una superpotencia nuclear y que la transición en cuanto a su papel sería como “el cambio habido en los asuntos europeos y mundiales en el decenio de 1870 por el ascenso de Prusia”.
Esas opiniones extrapolaban una impresionante ejecutoria japonesa. Sin embargo, en la actualidad sirven de útil recordatorio del peligro de las proyecciones lineales basadas en aumentos rápidos de los recursos de poder. En vísperas de la II Guerra Mundial, Japón contaba con el 5% de la producción industrial del mundo. Después de quedar devastado, no recuperó ese nivel hasta 1964. De 1950 a 1974, la tasa media de crecimiento anual ascendió a un 10% y en la década de los ochenta ocupaba el segundo puesto por tamaño de las economías nacionales del mundo, con el 15% de la producción mundial. Japón llegó a ser también el mayor acreedor y el mayor donante de ayuda exterior. Su tecnología era aproximadamente igual a la de EE UU e incluso ligeramente más adelantada en algunas manufacturas. Japón se armó solo ligeramente (pues limitó los gastos militares al 1% del PNB) y se centró en el crecimiento económico.
Aquella no fue la primera vez que Japón se reinventó a sí mismo. Hace un siglo y medio, fue el primer país no occidental que se adaptó a la mundialización. Tras siglos de aislamiento, la restauración Meiji eligió selectivamente modelos del resto del mundo y, 50 años después, el país había llegado a ser lo bastante fuerte para derrotar a una gran potencia europea en la guerra ruso-japonesa.
¿Puede reinventarse de nuevo a sí mismo Japón? En 2000, una comisión creada por el primer ministro sobre las metas en el siglo XXI pidió eso precisamente. Poco ha habido al respecto. Dados el estancamiento económico, las deficiencias del sistema político, el envejecimiento de la población y la resistencia a la inmigración, el cambio fundamental no resultará fácil. Pero Japón sigue conservando un nivel de vida elevado, una mano de obra muy especializada y una sociedad estable, aparte de encabezar algunos sectores tecnológicos y manufactureros. Además, su cultura, su ayuda internacional al desarrollo y su apoyo a las instituciones internacionales le granjean recursos de poder blando, es decir, atractivo.
Pero no parece probable que un Japón revitalizado llegue, en una o dos décadas, a ser un aspirante a la primacía mundial económica o militarmente, como se predijo. El país, que tiene aproximadamente el tamaño de California, nunca tendrá la escala geográfica o demográfica de China o de EE UU y su poder blando resulta socavado por actitudes y políticas etnocéntricas. Algunos políticos japoneses hablan de revisar el artículo 9 de la Constitución, que limita sus fuerzas a la autodefensa y algunos han hablado de armamento nuclear. Las dos opciones parecen imprudentes e improbables ahora.
En cambio, si Japón se aliara con China, sus recursos combinados constituirían una coalición potente. En 2006, China pasó a ser el mayor socio comercial de Japón y el nuevo Gobierno del Partido Democrático del Japón en 2009 se propuso mejorar las relaciones bilaterales. Pero una alianza también parece improbable. No solo no se han cerrado las heridas del decenio de 1930, sino que, además, China y Japón tienen concepciones encontradas del lugar idóneo que corresponde a Japón en Asia y en el mundo. Por ejemplo, China ha bloqueado los intentos de Japón de llegar a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
En el muy improbable caso de que EE UU se retirara de la región de Asia Oriental, Japón podría subirse al carro chino, pero es más probable que mantenga su alianza con EE UU para preservar su independencia de China.
El peligro principal para el Japón actual es su tendencia a encerrarse en sí mismo, en lugar de llegar a ser una potencia civil mundial que haga realidad su gran capacidad para producir bienes públicos mundiales. Por ejemplo, el presupuesto de Japón para ayuda ha disminuido y solo la mitad de los estudiantes japoneses estudian en el extranjero en comparación con los que lo hacían hace décadas. Un Japón que se encerrara en sí mismo sería una pérdida para todo el mundo.

Aung San Suu Kyi

Nuestra voz, el arma de Aung San Suu Kyi

Por Gordon Brown, ex primer ministro de Reino Unido
Publicado en EL MUNDO, 16/11/10;
Aung San Suu Kyi es la activista más famosa del mundo en defensa de la democracia y ahora, gracias a usted querido lector, está en libertad. Su prolongado arresto domiciliario ha llegado a su fin debido a la incansable presión ejercida de un extremo al otro del planeta por millones de personas que creen que ninguna injusticia dura para siempre. Sin embargo, el levantamiento de su arresto domiciliario, bajo el que ha pasado 15 de los últimos 21 años, representa tan solo una victoria parcial porque su liberación y la del pueblo birmano no serán completas mientras Suu Kyi no recupere su condición de legítima dirigente de su país.
Las recientes elecciones birmanas constituyeron un ejercicio de relaciones públicas, no de participación pública. La Constitución traída por los generales consagra el principio de que el presidente, que no es responsable ante el Parlamento, debe ser un militar, ya sea retirado o en servicio activo, y encabezar un Gobierno que no es necesario que incluya a un solo miembro electo del Parlamento. La decisión de poner en libertad a Suu Kyi demuestra que la Junta es consciente de que tener una única referencia simbólica de la resistencia le resulta contraproducente, pero no nos consta ninguna prueba de que tengan la más mínima intención de ceder un ápice y permitir una genuina reforma democrática.
A lo largo de dos décadas he ofrecido a Suu Kyi y a su familia todo el apoyo que he podido prestarles y le he escrito en numerosas ocasiones para decirle que hasta en el último rincón de Gran Bretaña hay personas que la tienen en su pensamiento y en sus oraciones. Mantuve una reunión con su marido, Michael Aris, que posteriormente murió de cáncer sin que le permitieran volverla a ver, y le prometí que haría todo lo que estuviera en mi mano.
Durante más de 20 años, la familia de Suu Kyi ha soportado el dolor de la separación y su fuerza nos ha servido de inspiración a todos. Su sostén ha sido no sólo la valentía de los monjes y de otros contestatarios birmanos que han desafiado la represión para proclamar públicamente su lealtad a la causa democrática sino también la solidaridad mundial promovida por organizaciones como Birmania Campaign UK, avaaz.org y otras.
El pasado fin de semana, cuando a invitación de mi mujer hice de editor de sus mensajes de Twitter para promover que se conociera más la grave situación de Suu Kyi, me sentí abrumado por cómo muchísimas personas de todos los rincones del mundo consideran ésta una de las causas definitorias de nuestra época. Por supuesto, hay injusticias graves en otros lugares, como la continua pérdida silenciosa de vidas que la pobreza extrema causa a diario a miles y miles de personas. Sin embargo, eso no debería servir jamás de excusa para que volvamos la espalda a infracciones tan grotescas de los derechos humanos como las que se han infligido a la dirigente democrática de Birmania. Un tweet enviado desde Amnesty fue especialmente aleccionador: «Nadie por debajo de 38 años (la mitad de la población de Birmania) ha votado hasta ahora». Que una población en su conjunto pueda llegar a la edad adulta sin haber ejercido jamás el voto y que luego se le ofrezca exclusivamente una sola papeleta en la que no aparece el principal partido de oposición del país representa todo un testimonio del enquistamiento de la Junta en el poder y de su brutalidad.
La democratización de Birmania no va a ser nada fácil, pero no es imposible. La Red es nuestra arma. A través de ella, las personas de buena voluntad pueden organizarse y aplicar esa forma de presión que dio lugar a la liberación del sábado. Sin embargo, y exactamente igual de importante, gracias a las nuevas tecnologías los activistas de Birmania pueden contar al mundo lo que está ocurriendo. En ningún otro medio queda este hecho más patente que en la película Birmania VJ, realizada por periodistas que han conseguido sacar de contrabando todas las imágenes fuera del país. En el avance de la película, hay una secuencia escalofriante en la que alguien que se encuentra al teléfono está contemplando desde una ventana la agresión a unos manifestantes y explicándosela a un amigo.
«¿A quién han disparado?», pregunta el amigo. La respuesta es la siguiente: «A un chico con una cámara».
Los generales tienen miedo de que se les observe, miedo de las pruebas, miedo de la solidaridad. En pocas palabras, tienen miedo de usted. La liberación de Suu Kyi es una de las grandes victorias del poder de la gente en nuestra época. Ojalá consigamos que la siguiente liberación sea la de su país.

El extraño “atentado” y los fantasmas del Dr. Navarro

El extraño “atentado” y los fantasmas del Dr. Navarro/ Salvador García Soto El Universal, | 10-10-26  La noticia del desplome de una avionet...