23 ago 2010

Acuerdos de la V Sesión del Consejo de Judticia penal

ACUERDOS aprobados por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en su V Sesión Ordinaria celebrada el 26 de julio de 2010.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Secretaría Técnica.
Acuerdos aprobados en la V Sesión Ordinaria por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal celebrada el 26 de julio de 2010.
Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
Acuerdos aprobados en la V Sesión Ordinaria celebrada el 26 de julio de 2010.
FELIPE BORREGO ESTRADA, Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos Noveno Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación; 13 fracciones I, VII, XV, XXV y XXVI del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2008; Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, y Transitorios Tercero y Cuarto del Acuerdo al que concurren los tres poderes de la Unión para dar cumplimiento al mandato constitucional para instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado el 18 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de agosto de 2009; y 2 fracción V, 3, 23 fracciones X, XI, XIII y XIV y 59 de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal aprobadas en la III Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación celebrada el 8 de enero de 2010, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 19 de febrero de 2010, tengo a bien publicar en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos aprobados en la V Sesión Ordinaria de Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, celebrada el pasado 26 de junio de 2010, al tenor de lo siguiente:
COCO/03/V/10.- Acuerdo del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal por el cual se reforman las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2010.
ANTECEDENTES
1. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana.
2. El artículo Noveno Transitorio del citado Decreto, establece que se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias nacionales de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, la cual contará con una Secretaría Técnica (SETEC) que coadyuvará y apoyará a las autoridades federales y a las locales, cuando estas últimas así lo soliciten.
3. El 13 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de los estados, el Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.
4. El artículo 5 del mencionado Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, establece que "En las sesiones del Consejo de Coordinación, a propuesta de la Secretaría Técnica, podrán participar como invitados para efectos consultivos, representantes de las organizaciones de la sociedad civil, legalmente constituidas e inscritas en el Registro Federal de Organizaciones que sean expertos en los temas del orden del día,
de la sesión que corresponda, así como representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres órdenes de gobierno."
5. Con fecha 10 de junio del año 2009, los tres poderes federales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, suscribieron un Acuerdo para dar cumplimiento al mandato constitucional de instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo noveno transitorio del Decreto de reformas constitucionales y establecer las bases para la operación del Consejo de Coordinación, reconociendo a éste el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia, el nuevo sistema de justicia penal. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de agosto de 2009.
6. El punto Segundo del Acuerdo de fecha 10 de junio de 2009 dispone que el Consejo de Coordinación se integrará por: un Diputado y un Senador; el Secretario de Gobernación; un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Consejero de la Judicatura Federal; un representante de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública; un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; un representante del sector académico; un representante de la sociedad civil; y la Procuraduría General de la República; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
7. En la III Sesión Ordinaria del 8 de enero de 2010 el Consejo de Coordinación tomó el acuerdo COCO/07/III/10- mediante el cual se nombra al Licenciado Alejandro Joaquín Martí García como representante de las organizaciones de la sociedad civil ante el Consejo de Coordinación, y el diverso COCO/09/III/10, mediante el cual se nombra al Maestro Miguel Sarre Iguíniz como representante de la academia ante el Consejo de Coordinación.
8. En la misma III Sesión Ordinaria, el Consejo de Coordinación emitió el Acuerdo número COCO/03/III/10, mediante el cual aprobó las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Dicho Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del año 2010.
9. El artículo 8 del las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal dispone que el Consejo se integra por el Secretario de Gobernación; un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; un Consejero del Consejo de la Judicatura Federal; un Diputado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; un Senador de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; el Procurador General de la República; el Secretario de Seguridad Pública; el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; un representante de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; un representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; un representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos; un representante de las organizaciones académicas, y un representante de las organizaciones de la sociedad civil. Así mismo, dispone que el Consejo de Coordinación, a propuesta de cualquiera de los Consejeros y por unanimidad de los mismos, podrá acordar la incorporación, de forma temporal o permanente, de otras representaciones, cuando así lo considere indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines.
10. De la misma manera, el artículo 13 de las Reglas establece que en las Sesiones, a propuesta de los Consejeros y el Secretario Técnico, previa aprobación del Consejo, podrán participar como invitados para efectos consultivos, sin derecho a voto, representantes de las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia que sean expertos en los temas del orden del día de la sesión, así como representantes de los poderes municipales, locales y federales.
11. Que con fecha 25 de enero de 2010 el Consejero magistrado Dr. Rodolfo Campos, Presidente y representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, CONATRIB, hizo llegar el oficio sin número al Secretario Técnico del Consejo de Coordinación, por la cual solicitó la incorporación del Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Consejo de Coordinación. Como invitado permanente al Consejo de Coordinación.
12. Que durante la IV Sesión del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia
penal del 18 de marzo de 2010, en su punto VII se trató el punto relativo a la "Discusión y aprobación de la solicitud del Dr. Rodolfo Campos Montejo, representante de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se invitado permanente del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal", sobre el cual el Consejo de Coordinación resolvió dar por recibida la solicitud a efecto de que sea reconsiderada en una sesión posterior del Consejo junto con una propuesta de procedimiento para la incorporación de invitados a las sesiones del Consejo de Coordinación.
13. Que con fecha 7 de mayo de 2010, el Presidente de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, Mtro. José Patricio Patiño Arias, hizo llegar mediante oficio CNSP/401/2010, la solicitud al Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para que la mencionada Conferencia sea considerada como invitada permanente a las sesiones del Consejo de Coordinación.
14. El artículo 8, fracción I, del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación y el artículo 7, fracción I, de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, disponen que el Consejo de Coordinación, con el propósito de hacer operable y a fin de lograr la implementación del Sistema de Justicia Penal, tiene la atribución de emitir acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos necesarios para el debido cumplimiento de su objeto, vinculatorios para sus integrantes. Establecen, asimismo, en sus fracciones II, X y XI del artículo 8 del Decreto, y fracción III del artículo 7 de las Reglas, respectivamente, que le corresponde elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para instrumentar, en los tres órdenes de gobierno, una estrategia nacional para la implementación del Sistema de Justicia Penal, que contemple la programación de compromisos y etapas de desarrollo; interpretar las disposiciones normativas aplicables y las demás atribuciones que requiera para el cumplimiento de su objeto. Y por su parte, el punto CUARTO del Acuerdo de fecha 10 de junio de 2008 señala que corresponderá al pleno del Consejo de Coordinación conocer y sancionar la normatividad interna que sea necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a lo previsto en el presente instrumento y en general, para que ese órgano pueda cumplir adecuadamente con su objeto.
CONSIDERANDOS
1. Que, el mandato del Constituyente Permanente contenido en el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación limita la integración de la instancia de coordinación a:
a) Representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
b) Representantes del sector académico y de la sociedad civil, y
c) Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Tribunales;
2. Que, por determinación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, contenida en el Acuerdo de fecha 10 de junio de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2009, y por decisión unánime del Consejo de Coordinación, instituida en las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación aprobadas en la III Sesión Ordinaria de dicho órgano colegiado y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de febrero de 2010, los representantes de los poderes, son:
a) Ejecutivo: el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, el Secretario de Seguridad Pública y el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.
b) Legislativo: un Diputado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y un Senador de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
c) Judicial: un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un Consejero del Consejo de la Judicatura Federal;
3. Que, por determinación del Consejo de Coordinación, tomada en su III Sesión Ordinaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de febrero de 2010, se acordó que los representantes de la academia y de la sociedad civil serían:
a) De la academia: Maestro Miguel Sarre Iguíniz.
b) De la sociedad civil: Licenciado Alejandro Joaquín Martí García;
4. Que, en consecuencia, debe precisarse, mediante las reformas a que se refiere este documento que, el Acuerdo de fecha 10 de junio de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2009, en su punto Segundo, fracción IV, y las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 19 de febrero de 2010, en su artículo 8, segundo párrafo, establecen respectivamente que "el Consejo de Coordinación, a propuesta de cualquiera de los Consejeros y por unanimidad de los mismos, podrá acordar la incorporación, de forma temporal o permanente, de otras representaciones, cuando así lo considere indispensable o conveniente para el cumplimiento de sus fines", también lo es que, derivado de los límites constitucionales establecidos en el artículo Noveno Transitorio del Decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, no es posible modificar la integración explícita del Consejo de Coordinación establecida por el Poder Constituyente permanente a través de figuras de invitados permanentes, por lo que resulta necesario desaparecer esta figura.
5. Que, al ser jurídicamente procedente contar con invitados temporales a las sesiones del Consejo de Coordinación, siempre que ello sea a propuesta de los Consejeros o del Secretario Técnico, previa aprobación del Consejo, para efectos consultivos, y se trate de representantes de las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia que sean expertos en los temas del orden del día de que se trate, así como representantes de los poderes municipales, locales y federales y órganos constitucionales autónomos, resulta necesario que las propias Reglas determinen dicho procedimiento y funciones, de conformidad con el artículo 5 del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación, en los términos del presente Acuerdo.
6. Que, debido a la magnitud y alcances de las tareas constitucionalmente encomendadas al Consejo de Coordinación, también es necesario precisar las condiciones mínimas a observar para la suplencia de aquellos integrantes de la citada instancia de coordinación que les corresponda, de modo que se garanticen sus condiciones resolutorias, por lo que resulta pertinente reformar las Reglas para el Funcionamiento el Consejo de Coordinación en los términos que se contienen en el presente Acuerdo;
7. Que, en razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en las fracciones I, II, X y XI del artículo 8 del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2008, y artículos 7, fracciones I, III, VI, XI y XII y 8 penúltimo párrafo, 13 y 59 de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2010, el Consejo de Coordinación emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se reforman los artículos 8, segundo párrafo, 9 y 13 de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación, aprobadas en la III Sesión Ordinaria y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de febrero de 2010, para quedar como sigue:
Artículo 8.- ....
I. a XIII. ....
...
El Consejo de Coordinación, a propuesta del Secretario Técnico o de cualquiera de los consejeros, por mayoría de los mismos, podrá acordar la incorporación, de forma temporal, en carácter de invitado a la sesión correspondiente, de otros representantes de los poderes de la Unión, organismos constitucionalmente autónomos, del sector académico o de la sociedad civil, cuando así lo considere necesario para el cumplimiento de sus fines.
...
Artículo 9.- Los consejeros serán suplidos en casos excepcionales y de acuerdo a la normatividad interna de cada uno de los órganos representados. Los consejeros representantes del sector académico y de la sociedad civil no podrán designar a sus representantes, por la naturaleza personal de su nombramiento. Sus suplentes serán nombrados por el Consejo de Coordinación.
Los suplentes deberán acreditar su carácter ante la Secretaría Técnica, previamente a la asistencia de las sesiones, junto con la justificación de la ausencia del titular. Los suplentes contarán con todos los derechos inherentes a la calidad de consejeros.
Artículo 13.- En las sesiones, a propuesta de los consejeros o del Secretario Técnico, previa aprobación del Consejo por mayoría, podrán participar como invitados honoríficos para efectos consultivos, sin derecho a voto, representantes de las organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia que sean expertos en los temas del orden del día de la sesión, así como representantes de los poderes federales, estatales y municipales, y de organismos constitucionalmente autónomos.
La solicitud deberá formularse al Secretario Técnico con al menos cinco días de anticipación a la fecha de la sesión de que se trate. Una vez recibida, el Secretario Técnico consultará sobre el particular a los consejeros, por cualquier medio y, de existir mayoría, extenderá la invitación e informará sobre el particular a los consejeros al inicio de la sesión.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a efecto de que realice las gestiones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, como lo prevé el artículo 59 de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el mismo momento en que sean aprobadas por el Consejo de Coordinación.
Aprobado por unanimidad de los integrantes del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal en su V Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de julio de 2010.- El Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo de Coordinación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.- El Secretario Técnico del Consejo de Coordinación, Felipe Borrego Estrada.- Rúbrica.
COCO/04/V/10.- Acuerdo del Consejo de Coordinación que instruye a la Secretaría Técnica para impulsar y poner a disposición el apoyo que sea requerido por los Poderes de las entidades federativas para la implementación del nuevo sistema de reinserción y régimen de ejecución de sanciones, de conformidad con los artículos 18, párrafo segundo, 21, párrafo tercero y quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008.
ANTECEDENTES
1. El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115, y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo Sistema de Justicia Penal en la República Mexicana.
2. El artículo Noveno Transitorio del citado Decreto, establece que se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las conferencias nacionales de Seguridad
Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, la cual contará con una Secretaría Técnica (SETEC) que coadyuvará y apoyará a las autoridades federales y a las locales, cuando estas últimas así lo soliciten.
3. El 13 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal como una instancia de coordinación, con la finalidad de implementar, en los tres órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con pleno respeto a las atribuciones de los poderes federales, la soberanía de los estados, el Distrito Federal y la autonomía municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la instancia de coordinación.
4. Que en virtud de ello, crea la Secretaría Técnica como instancia de Coordinación como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con el carácter de instancia de seguridad nacional, para ejecutar los acuerdos y demás determinaciones de la propia instancia, así como apoyar y coadyuvar con las autoridades federales y locales cuando así se lo soliciten, con absoluto respeto a las atribuciones y soberanía de dichas autoridades, para el diseño de reformas legales, cambios organizacionales, construcción y operación de infraestructura, y capacitación para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados, entre otras acciones que se requieran para la implementación de la reforma mencionada.
5. Con fecha 10 de junio del año 2009, los tres poderes federales: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, suscribieron un Acuerdo para dar cumplimiento al mandato constitucional de instalar la instancia de coordinación prevista en el artículo noveno transitorio del Decreto de reformas constitucionales y establecer las bases para la operación del Consejo de Coordinación, reconociendo a éste el objeto de analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia, el nuevo sistema de justicia penal. Dicho acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de agosto de 2009.
6. Que de acuerdo con el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; establece que "el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para el prevé la ley. las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto".
7. Que conforme al tercer párrafo del artículo 21 constitucional, la imposición de las penas, su modificación y duración serán propias y exclusivas de la autoridad judicial, por lo que deberán derogarse las facultades y procedimientos que al respecto implementen actualmente autoridades administrativas. Por tanto, deberá reformarse y/o adicionarse para crear la figura del juez de ejecución de sentencias, así como las normas que sean necesarias en las leyes orgánicas de los tribunales superiores de justicia y su código de procedimientos penales, entre otras, de cada entidad federativa. La nueva Ley de Ejecución de Sentencias, deberá prever mecanismos jurídicos a través de los cuales podrán revisarse periódicamente las penas impuestas a los inculpados y los casos y requisitos conforme a los cuales podría modificarse el tipo de pena o su duración.
8. Por su parte, en el quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, señala que: "El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero, del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de 3 años contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto".
9. Que durante la V Sesión del Consejo de Coordinación, para la implementación del sistema de justicia
penal del 25 de julio de 2010, en el punto relativo a asuntos generales, el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación, señaló que en virtud de la vacatio legis a que se refiere el artículo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, resulta apremiante coadyuvar con los poderes de las entidades federativas para impulsar la implementación del nuevo sistema de reinserción y régimen de ejecución de sanciones, de conformidad con los artículos 18, párrafo segundo, 21, párrafo tercero y quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, con absoluto respeto a su soberanía.
10. Que el artículo 8, fracción I, del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación y el artículo 7, fracción I, de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, disponen que el Consejo de Coordinación, con el propósito de hacer operable y a fin de lograr la implementación del Sistema de Justicia Penal, tiene la atribución de emitir acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos necesarios para el debido cumplimiento de su objeto, vinculatorios para sus integrantes. Establecen, asimismo, en sus fracciones I y II del artículo 8 del Decreto, y fracción I y III del artículo 7 de las Reglas, respectivamente, que le corresponde emitir los acuerdos necesarios para el debido cumplimiento de su objeto, las cuales serán vinculantes para sus integrantes así como elaborar las políticas, programas y mecanismos necesarios para instrumentar, en los tres órdenes de gobierno, una estrategia nacional para la implementación del Sistema de Justicia Penal, que contemple la programación de compromisos y etapas de desarrollo y, las demás atribuciones que requiera para el cumplimiento de su objeto.
CONSIDERANDOS
1. Que el Estado mexicano desde 1931 no había llevado a cabo una reforma a su sistema penal de tal envergadura y trascendencia como la contenida en el Decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, del 18 de junio de 2008, por la que se reformaron y adicionaron los artículos: 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Que esta reforma no sólo se centra en la confección de un nuevo sistema procesal de tipo acusatorio, sino que tiene como alcance, replantear nuevas instituciones y directrices en materia de prevención, procuración y administración del sistema de seguridad y justicia penal, incluyendo la ejecución de sanciones penales y en especial la reinserción social.
3. Además, la reforma constitucional no se circunscriben al ámbito de un sólo actor del proceso, sino que es integral, ya que atañe a todos los órganos de procuración e impartición de justicia: a la policía, a los peritos, a los mediadores, al ministerio público, a la defensoría pública, al poder judicial, a las instituciones de ejecución de sanciones, a los abogados litigantes, a las universidades, e incluso, pretende fortalecer las atribuciones de los individuos que como víctimas u ofendidos y/o acusadores particulares decidan participar en el proceso penal.
4. Que toda vez que la vacatio legis tiene un plazo no mayor a tres años, habrá que dar celeridad a los procesos de armonización legislativa para modificar la imposición de las penas, así como su modificación y duración por parte de la autoridad judicial; la creación del juez de ejecución de sentencias; establecer el sistema penitenciario para organizar y lograr la reinserción social, -procurando que el sentenciado no vuelva a delinquir- (regular los beneficios, así como los medios para lograrlos como la salud y el deporte); incorporar los términos "readaptación social" por "reinserción social"; "sistema penal" por "sistema penitenciario" y "reos" por "sentenciados"; entre
otros.
5. Que ante ello, las entidades federativas en la mayoría de los casos, actualmente no cuentan con una legislación secundaria que pretenda dar cumplimiento a lo dispuesto por el imperativo constitucional.
6. Que en razón de lo anterior, este Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal, instruye a la Secretaría Técnica para que a través de la ejecución de políticas, programas y/o mecanismos, instrumente las acciones necesarias que permitan impulsar y poner a disposición el apoyo que sea requerido por los Poderes de las entidades federativas para la implementación del nuevo sistema de reinserción y régimen de ejecución de sanciones, de conformidad con los artículos 18, párrafo segundo, 21, párrafo tercero y quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008.
7. Que, en razón de los antecedentes y considerandos expresados, y con fundamento en las fracciones I y II del artículo 8 del Decreto por el que se crea el Consejo de Coordinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2008, y artículos 7, fracciones I y III y 8 penúltimo párrafo, 13 y 59 de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2010, el Consejo de Coordinación emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se aprueba el acuerdo por el que se instruye a la Secretaría Técnica para impulsar y poner a disposición el apoyo que sea requerido por los Poderes de las entidades federativas para la implementación del nuevo sistema de reinserción y régimen de ejecución de sanciones, de conformidad con los artículos 18, párrafo segundo, 21, párrafo tercero y quinto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a efecto de que realice las gestiones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, como lo prevé el artículo 59 de las Reglas para el Funcionamiento del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor en el mismo momento en que sea aprobado por el Consejo de Coordinación.
Aprobado por unanimidad de los integrantes del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal en su V Sesión Ordinaria, celebrada el 26 de julio de 2010.- El Secretario de Gobernación y Presidente del Consejo de Coordinación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.- El Secretario Técnico del Consejo de Coordinación, Felipe Borrego Estrada.- Rúbrica.   (R.- 311264)

Reacciones ante lo dicho por Sandoval

Calman ánimos en la Catedral
Prevé Arquidiócesis de México dirimir conflicto con Ebrard en tribunales
Nota de Susana Moraga
Reforma, 23 agosto 2010).- Tras una semana de enfrentamientos entre líderes de la Iglesia católica y el Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, en la Catedral Metropolitana permeó la calma.
Para evitar confrontaciones, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina redobló la seguridad en las inmediaciones del recinto con más de 100 elementos.
Antes de iniciar la ceremonia, un contingente conformado por mujeres se mantuvo en doble fila sobre la banqueta del recinto, cerca de donde cada semana se planta la activista Julia Klug.
Vestida de sotana con colores militares, Julia permaneció fuera del templo gritando consignas y cargando pancartas contra el activismo de la Iglesia ante las leyes que permiten que personas del mismo sexo se casen y adopten menores.
"Los victimarios se hacen hoy las víctimas, siembran el odio y la intolerancia desde el ataque contra las mujeres, sus derechos, y contra los homosexuales, cuando los curas son los lobos rapaces que devoran a sus corderos (niños violados). El país se rige por leyes no por dogmas divinos", señalaba una de las pancartas.
Fuentes de la Iglesia confirmaron que el Arzobispado de México buscar atender las discrepancias con Ebrard sólo a través de los tribunales.
La editorial, donde comúnmente la Arquidiócesis da su postura sobre temas coyunturales, no apareció ayer en el semanario dominical Desde la Fe.
Mientras, el presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez, se limitó a indicar que durante la semana presentará ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra los ministros de la Corte que votaron a favor de la constitucionalidad de los matrimonios entre parejas del mismo sexo y su derecho a adoptar niños.
Luego de que el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar, calificara al PRD como más dañino que el narcotráfico por encabezar reformas como la despenalización del aborto y los matrimonios homosexuales, y señalara que los católicos no deben votar por este partido, el miércoles pasado el jefe de Gobierno y el PRD-DF demandaron al sacerdote por daño moral.
Durante su homilía, el Cardenal Rivera mencionó que no es suficiente formar parte de un grupo o raza para llegar al reino de Dios.
"No basta para salvarse el hecho de pertenecer a un determinado pueblo o a una determinada raza, seguir una tradición o una costumbre o estar afiliado a una institución o grupo", pronunció.
***
Defienden expresión
Yadira Cruz
Reforma, 23 agosto 2010).- TLALNEPANTLA.- El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Carlos Aguilar, descartó que se ofrezca una disculpa pública por las acusaciones del Cardenal Juan Sandoval Íñiguez respecto a la presunta compra de voluntades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que imputó al Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard.
"Nosotros hemos hablado desde lo que tenemos que hablar", reviró Aguiar a la pregunta de si ofrecerían una disculpa pública, como lo demanda Ebrard.
"No tenemos qué decir nada por lo que se dijo aquí, en el comunicado ", agregó el Arzobispo.
"Somos libres de expresar lo que nos parezca oportuno", destacó en entrevista al final de la misa en la Catedral. regresar a titulares
***
Recriminan a la Corte en marcha de jóvenes
Jorge Escalante
Reforma, (23 agosto 2010).- Corresponsal
LEÓN.- Una marcha que pretendió ser a favor de la vida y la familia, se convirtió ayer en un foro de repudio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por aprobar la adopción a favor de parejas homosexuales.
Convocada por la Alianza Internacional de la Juventud, que aglutina a 80 organizaciones de México y países como Brasil, Estados Unidos, Argentina, España, Puerto Rico y Chile, principalmente de corte católico, la marcha sirvió también para arropar al Cardenal Juan Sandoval íñiguez, quien acusó al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrad de "maicear" a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por aprobar la adopción a favor de parejas homosexuales.
Durante la caminata se lanzaron distintas consignas como: "¡Viva la vida!", "¡No a la muerte!", "¡No al aborto!", "No somos uno, no somos gay, Suprema Corte cuéntanos bien"; "Ministros vendidos, la vida se defiende"; "¡Fuera la ONU, viva la vida!".
Rafael Becerra, vocero de la Alianza Internacional de la Juventud, exigió que dentro de la Conferencia Mundial de la Juventud organizada por la ONU, que inicia hoy, se incluyan los temas de derecho a la vida y a la familia.
"Queremos que la ONU escuche las voces de los mexicanos, de la juventud que pugna por la vida, por la familia integrada por un padre y una madre. Exigimos ser escuchados porque son temas que no se contemplan y en ese sentido existe una discriminación", señaló.
Al término de la manifestación, sobre un templete colocado en la Plaza de los Fundadores, un grupo de jóvenes de Jalisco lanzó consignas contra los Ministros y aseguraron que su estado promoverá su destitución.
Por la tarde, en un foro alterno a la Conferencia Mundial de la Juventud que denominaron "Dilo fuerte", el secretario de Gobierno de Guanajuato, Gerardo Mosqueda, exhortó a los jóvenes a escribir a los Ministros para manifestar su rechazo a la aprobación de las uniones entre parejas de homosexuales, su derecho a la adopción, así como a la legalización del aborto en el DF.
***
Enfrentan gays a católicos en Guadalajara
Nota de Andrés Martínez y Cielo Mejía
Reforma, 23 agosto 2010).- Corresponsales
GUADALAJARA.- Activistas de los derechos de lesbianas y homosexuales, así como católicos que defienden al Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, se volvieron a encontrar ayer en un par de manifestaciones frente a la Catedral.
Cada grupo utilizó para expresar su mensaje sistemas de sonido a todo volumen, por lo que mientras unos vistiendo camisas blancas elevaban plegarias por los altavoces y gritaban "Viva Cristo Rey", los otros con la misma intensidad, algunos ataviados como travestis o ministros religiosos y con música electrónica de fondo coreaban "Viva la Constitución" y "Vivan nuestros derechos".
Agrupados en la Plaza Guadalajara, los defensores de la diversidad sexual, exigían a la jerarquía católica cese la discriminación contra las parejas del mismo sexo y se respete la laicidad del Estado.
Los cerca de 150 activistas -según conteos de la Policía Municipal-, portaban banderas multicolores, réplicas de la Constitución Mexicana y carteles donde se podía leer por ejemplo: "C. Sandoval, repudiamos tu discurso de violencia, homofobia y culpa".
"No por ser gays, somos ciudadanos de segunda, que podemos ser discriminados, que tenemos menos derechos que los demás", expresó Isidro García Bañuelos, integrante de la organización, Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad.
Frente a ellos, , unos 300 católicos de todas las edades y que decían venir de distintos puntos de la Ciudad, rezaban el rosario y coreaban alabanzas detrás de largas mantas con mensajes en defensa de la Iglesia.
Pide Sandoval no defenderlo
El Cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, exhortó ayer a los fieles católicos para que más que defenderlo a él, se manifiesten a favor de la familia.
"Tenemos que manifestarnos todos públicamente, para defender no al Cardenal, uno como quiera, (sino) para defender la familia y la vida, que son instituciones del Señor", externó el jerarca católico ante los asistentes reunidos en el Auditorio Benito Juárez para la clausura de la Tercera Cruzada Matrimonial "Caminemos juntos".
**
Encuesta: Objetan adopción de gays; respetan fallo
La sentencia de la Corte no satisface a 77% de las personas entrevistadas, pero llaman a la Iglesia a acatar la decisión
Ulises Beltrán y Alejandro Cruz
Excélsior, 23 de agosto.- Encuesta revela que 68% de la población ve inadecuado otorgar ese derecho a parejas del mismo sexo
Desagrada el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al derecho a la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales en el Distrito Federal.
Por lo mismo, se justifican las críticas de la Iglesia a este fallo de la Corte, pero se reprueban las acusaciones y modos despectivos del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y también de la Arquidiócesis capitalina para expresar su inconformidad, según se observa en la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior sobre esta controversia.
De bastante dominio público ha sido la resolución de la Suprema Corte con la que declara constitucional el derecho otorgado en el Distrito Federal a los matrimonios homosexuales para adoptar hijos (enterados, 60%).
Esta decisión del máximo tribunal del país causa desaprobación, pues se considera inadecuada (68%) y satisface poco o nada (77%).
Se cree que con este tipo de adopciones se "trastornaría el desarrollo del niño", "no sería una familia normal" y "se afecta la moral y las buenas costumbres", entre otros argumentos (gráfica 1).
Este fallo de la Suprema Corte genera controversia sobre su legalidad y sobre la libertad que tuvieron los ministros para decidir de ese modo.
Para cerca de la mitad, los ministros se apegaron en mayor o menor medida a la ley para dictar su resolución (sí/en parte, 42%), pero otra proporción parecida no lo cree así (47%).
También se dividen las opiniones en torno de si los miembros de la Corte actuaron con independencia (43%) o si se dejaron presionar (42%).
Entre quienes piensan que fueron presionados se menciona, entre otros, al gobierno capitalino, a Marcelo Ebrard y a los homosexuales como posibles fuentes de influencia (gráfica 2).
Dada la oposición de la opinión pública nacional al derecho de las parejas homosexuales a adoptar hijos, se consiente que la Iglesia critique al Gobierno del Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa capitalina y al Partido de la Revolución Democrática por promover esa medida (algo más de 40% ve bien las críticas a esas instituciones).
No obstante, para la opinión pública una cosa es el rechazo de la Iglesia a la decisión de avalar el derecho de los matrimonios del mismo sexo a la adopción y otra son las acusaciones y los modos empleados por el arzobispo de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y también, en algunos casos, por la Arquidiócesis de México para cuestionar esa decisión.
Causan rechazo tanto la imputación del cardenal Sandoval sobre un presunto "maiceo" a los ministros de la Corte por las autoridades del la Ciudad de México (incorrecto, 62%) como el tono despectivo con el que se refirió a ese derecho de adopción "¿a usted le gustaría que lo adoptara una pareja de maricones o lesbianas?" (incorrecto, 79%).
Esa manera del cardenal de expresarse genera sentimientos negativos a más de la mitad de la población, principalmente de molestia. Para 58%, Sandoval Íñiguez hace mal, pues fomenta el odio y la intolerancia (gráficas 3 y 4).
A pesar de que en un sector se cree que los ministros no actuaron con independencia, eso no quiere decir que se acepte que se les sobornó. Se piensa que se trata de una declaración irresponsable y sin fundamento del cardenal tapatío (53%, gráfica 5).
La Arquidiócesis Primada de México no se escapa al rechazo por su manera de descalificar al gobierno de Marcelo Ebrard y al PRD. Alrededor de 60% está en desacuerdo con las aseveraciones de la jerarquía eclesiástica de la capital al decir que la administración capitalina ha creado leyes contra la familia que son más destructivas que el narcotráfico y que el PRD es un partido del mal por el que no hay que votar.
No obstante, si bien se tiende a reconocer que estas acusaciones del cardenal de Guadalajara y del Arzobispado capitalino pueden merecer sanción, la gente se ve indulgente con sus guías religiosos y no se ve muy dispuesta a verlos compareciendo en los tribunales. En efecto, se tiende a apoyar la idea de sancionar a Sandoval si no muestra pruebas de su denuncia de soborno (49%). Sin embargo, un significativo 37% cree que hay que dejar al cardenal hacer sus acusaciones, aun si no exhibe evidencia, pues es parte de su libertad de expresión. La anunciada demanda civil de Ebrard contra Sandoval por causarle daño moral, aunque se ve justificada (54%), suena excesiva (59%). Igualmente, se ve desproporcionado pedir que el Instituto Federal Electoral intervenga contra la Arquidiócesis de la capital por sus llamados a no votar por el PRD (64%, gráfica 6).
Para los mexicanos, de aquí en adelante la Iglesia debe acatar la resolución de la Corte sobre el derecho de adopción por parejas homosexuales, pese a que no le guste; 42% dice que el clero debe respetarla, aunque puede seguir criticándola, en tanto 31% cree que debe respetar su aplicación sin cuestionarla (gráfica 7).

Hitler

Columna TOLVANERA/ Roberto Zamarripa
Hitler,
Reforma, 23 Ago. 10
Cuando aparecía en los pasillos del Seminario los muchachos susurraban: "ahí viene Hitler". Era el apodo, "Hitler". Puntadas de seminaristas.
Ya después, hecho un cardenal, los políticos pasaban lista ante él. A los candidatos solía recibirlos en su oficina del Seminario, por Chapalita. Cuentan que una vez a un aspirante a gobernador le sacó un expediente del cajón de un enorme escritorio y lo desempolvó cuando el legajo golpeó la mesa. Recorrió con su índice flamígero el contenido señalando oficios de autorización de construcción de moteles y fotos de los mismos junto con las fichas de los regidores que avalaron esas obras. Tenía fichas de ellos y otros políticos; vida y obra o dicho del modo suyo, santo y seña. La Gestapo tapatía.
Es de su gusto palomear y tachar gobernantes, diputados, senadores y hasta regidores. De diente fino, comelón como pocos, de costillas de puerco que desayuna con el chocolate que le hacen las monjas que tiene a su servicio, El Cardenal disfruta también de la birria. Tanto que a su birriero favorito, apodado "El Chololo", lo hizo hace unos años regidor en Tlaquepaque.
Acusó a Marcelo Ebrard de "maicear" a los ministros de la Corte y escupió a los periodistas que le oían: "¿les gustaría que los adoptaran una pareja de maricones?".
Lo dijo en el Obispado de Aguascalientes en una conferencia con motivo del día de la Virgen de la Asunción. Cuando salió, un grupo de personas lanzó consignas contra su boca de fuego. El Obispo de Aguascalientes, José María de la Torre, que le acompañaba, encaró a los manifestantes, en su mayoría mujeres: "¿y ustedes ya tienen marido?", espetó. Alguien le regresó, "¿y usted ya tiene el suyo?".
Votado el punto en la Corte, El Cardenal calificó en un boletín que el hecho era una "traición a México, a la familia y a la ley natural".
Otra ley, la de Asociaciones Religiosas y Culto Público, dice en su artículo 29 que constituyen infracciones "oponerse a las leyes del país o a sus instituciones en reuniones públicas" y el artículo 31 cita que las infracciones procederán considerando: 1) naturaleza y gravedad de la falta o infracción; 2) la posible alteración de la tranquilidad social y el orden público que suscite la infracción; 3) situación económica y grado de instrucción del infractor; y, 4) la reincidencia, si la hubiere.
La falta, la gravedad de la misma y alteración están más que acreditadas: una provocación que ya está en barandilla. La situación económica del infractor se acredita con el ejemplar de la Revista Quién donde aparecen las fotos de la casa de interés social de El Cardenal con alberca techada, gimnasio particular, pavo reales danzando en el jardín, changos, loros y pajarracos (no le hacen falta guacamayas).
Dice la ley que si hay reincidencia no hay más que actuar en consecuencia. Si algo faltara que llamen a La Chona (Encarnación de Díaz, Jalisco) donde el alcalde priista, Raúl Fermín Gutiérrez, destrozó el mural del pintor Francisco Pérez acatando una orden del obediente Obispo De la Torre, quien impidió que cuando El Cardenal llegara al pueblo, para las fiestas de los 250 años de la localidad, hubiera unos desnudos femeninos pintados en la bóveda del auditorio municipal. El boceto del mural "Evolución del factor femenino" había sido aprobado por el cabildo -no era un capricho sino una decisión del ayuntamiento- y representaba una reinterpretación que hizo el artista de "La creación de Adán" que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina, donde en vez de un Dios masculino dándole vida a Adán, Pérez trazó a una Diosa tocando a Eva. Para el Obispo resultaron "pinturas obscenas" y avalado por El Cardenal, las mandó borrar pasando por encima de la autoridad gubernamental electa. Algo así como si "El Chololo" hiciera una birria del Estado laico.
Edilberto Aldán (La Jornada de Aguascalientes, 15/08/10) acuñó el poema del ilustre hidrocálido Víctor Sandoval -"Lección de historia patria ante un mural revolucionario", escrito en 1964- para reparar sobre los sotanazos de Los Altos:
"Pero los privilegios, las casacas / las altas dignidades eclesiásticas, / con sus capas pluviales, sus hisopos, / surgieron de lo amargo de la noche, / corrompieron el agua al bendecirla, / esparcieron el humo del incienso, / administraron las excomuniones / y nos trajeron una fauna extraña".
La Ley de Asociaciones Religiosas, invocada ya por la Secretaría de Gobernación para abrir una investigación sobre el escándalo, establece desde multas hasta suspensión de derechos de la asociación religiosa a la que pertenezca el violador de la norma.
El violador, El Cardenal, acreditó con creces las faltas. Su procacidad lo define. Querrá la impunidad y que la fauna extraña nos inunde. Ya no estamos para eso.
tolvanera06@yahoo.com.mx

22 ago 2010

Reunión de legisladores en SLP

El grupo parlamentario del PAN aseguró que durante el siguiente periodo ordinario de sesiones “no titubeará” para establecer reformas que permitan combatir y perseguir a la delincuencia, por lo que impulsarán el fortalecimiento al Sistema de Seguridad Nacional, así como el de Justicia Penal y apoyo a las fuerzas armadas.
En la presentación de conclusiones de la Sesión Plenaria del PAN, celebrada en San Luis Potosí, la diputada Adriana Fuentes Cortés, aseguró lo anterior y dijo que México no cuenta con mecanismos efectivos para combatir todo tipo de prácticas delictivas, por lo que no ha habido el éxito necesario y se ha convertido en un “terrible mal” que vulnera la tranquilidad de las familias.
Por ello, adelantó que el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional; aplicar castigos ejemplares a cualquier integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y que cometa traición; fortalecer la operatividad de la Armada de México y brindar apoyo a los militares son algunos temas que legisladores panistas se han comprometido a trabajar.
“Nuestra lucha y convicción se basan en una legislación que sea un punto de encuentro entre prevención y derechos fundamentales; el delito se debe combatir respetando los derechos humanos”, afirmó la diputada.
Refirió que se requiere aplicar mecanismos adecuados de control sobre la evolución patrimonial de los servidores públicos para disuadir las conductas corruptas; así como fortalecer el sistema policial para contar con cuerpos de seguridad más eficientes y profesionales, a fin de combatir el tráfico ilícito de armas, explosivos, cartuchos y municiones.
Fuentes Cortés señaló que también es necesaria la creación y/o adecuación de reformas al sistema de justicia, a través de implementar el sistema acusatorio, el fortalecimiento del modelo penitenciario, defensoría pública profesional y especializada, Código Penal único, modernización del juicio de amparo y la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.

Hacía un tribunal constitucional

Será la Corte verdadero Tribunal Constitucional
El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, afirmó que con la reforma a los artículos 94, 100, 103, 104 y 107 de la Constitución Política, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejará de ser tribunal revisor para convertirse en verdadero Tribunal Constitucional.
Es decir, sólo tramitará los amparos directos que ameriten ser examinados por la Justicia Federal, explicó.
La reforma, dijo, establece la figura del amparo adhesivo el cual otorga a las partes, la posibilidad de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución.
El legislador puntualizó que con los cambios recientes se evitará que se interpongan amparos por cada acto. Tan sólo en el año 2009, los Tribunales recibieron 130 mil demandas de amparo, acotó.
Benítez Treviño resaltó que la reforma otorga un equilibrio razonable entre la autonomía del Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales locales
Además, fortalece a los Tribunales de los estados con el fin de que se conviertan en Tribunales terminales y coadyuven a desahogar el rezago existente.
La reforma –aprobada el pasado 11 de agosto por la comisión- agrega el concepto de Derechos Humanos al de Garantías Individuales ya existente.

De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio

Estrictamente Personal De imágenes y comunicados/Raymundo Riva Palacio El Financiero, noviembre 19, 2026 | La presidenta Claudia Sheinbaum h...