Los canjeables

Según un reportaje de Gonzálo Guillen publicada este domingo 1 de julio para El Nuevo Herald los 11 diputados colombianos recientemente asesinados en cautiverio murieron en medio de fuego cruzado entre los captores que los cuidaban y cazadores de recompensas.

Según el Herald un oficial de inteligencia de la Armada Nacional de Colombia, le contó que, además de las recompensas por los máximos jefes de las FARCS, el gobierno colombiano mantiene ofertas de aproximadamente $800,000 por líderes de las FARC de segundo nivel; $100,000 por los de tercero y $70,000 por los de cuarto.

"El alto precio por las cabezas de los jefes de la organización ha atraído a mercenarios de Estados Unidos, Israel y Europa".

Y en efecto, la invitación a encontrar a los jefes de las FARC es hecha por el Ministerio de Defensa a través de una baraja que distribuye entre los interesados: cada carta lleva la foto de un guerrillero, el precio que se paga por él y, en el anverso, instrucciones sobre la manera como pueden ser contactadas las autoridades para darles información.
'En la carta más representativa de la baraja, el as de diamantes, se encuentra el máximo cabecilla de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias Tirofijo, quien es buscado a nivel internacional a través de una Circular Roja de INTERPOL y cuyo expediente suma 21 órdenes de captura por delitos como terrorismo, homicidio, secuestro extorsivo y homicidio con fines terroristas'', dijo una comunicación del Ministerio de Defensa entregada ayer a El Nuevo Herald.
Otras hipótesis sobre los diputados muertos indican que pudieron haber sido asesinados por las mismas FARC o por paramilitares que atacaron el inhóspito campamento andino en el que supuestamente permanecían los secuestrados desde hace cinco años. Esa es la versión del Viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo.

Empero, ninguna posibilidad ha sido confirmada hasta ahora porque las FARC no han entregado los cadáveres ni informado el sitio exacto donde se encuentran, lo que es imprescindible para las investigaciones que deben hacer los forenses para establecer las circunstancias de los once homicidios.
La probabilidad de que la masacre hubiera ocurrido durante un enfrentamiento armado de las FARC con mercenarios cazadores de fortunas se basa - dice el reportaje de Guillen-, entre otras cosas, en el hecho de que al anunciar la muerte de los secuestrados los guerrilleros no señalaron al Ejército Nacional, como suelen hacerlo en estos casos, sino a "un grupo militar sin identificar hasta el momento''. (Comando Conjunto de Occidente)

Agrega el reportaje que Las FARC "lejos de ser la fuerza rebelde que hace medio siglo fue inspirada en delirios de libertad, justicia social e igualdad.., con cerca de 11,000 combatientes, en su mayor parte niños, constituyen unas de las empresas criminales contemporáneas más ricas, grandes y crueles del mundo, después de Alqaeda."

Y no es para menos, como lo publicó el periódico El Tiempo, a la fecha dicha organización tiene en su poder y en condiciones infrahumanas a casi 1,300 civiles secuestrados de los aproximadamente 3,500 que se cree existen hoy en ese país.

Además, desde 1997, 815 secuestrados han sido rescatados por las autoridades, 313 cobraron la libertad por presiones militares sobre los captores y 103 han escapado por sus propios medios, de acuerdo con estadísticas del CONASE, (Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro y demás Atentados contra la Libertad Personal).
Aparte de las FARC, la organización que más secuestra en Colombia, durante los últimos tres años han aumentado los casos cometidos por organizaciones criminales distintas, entre ellas otras guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, o los paramilitares, escuadrones de la muerte de extrema derecha, muchos de cuyos frentes de guerra ingresaron a un proceso de paz con el gobierno pero no han entregado a los secuestrados que tienen en su poder pese a estar obligados a hacerlo.

Los más de 1,000 que están en poder de las FARC, solamente 46 forman parte de un grupo conocido como el de ''los canjeables'', a quienes las FARC intentan usar para liberar a millares de presos que mantienen en las cárceles colombianas y exigir la desmilitarización de un territorio en el sur occidente de Colombia.
Entre estos se encuentran la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, su compañera de fórmula Clara Rojas y su bebé; cinco congresistas; un ex gobernador, un diputado (otros 11 fueron los asesinados), cuatro militares de EE UU, 32 militares y policías, algunos de los cuales van a cumplir 10 años en campos de concentraciones improvisados en las selvas del sur.
Los demás (más de 1,000) pertenecen a la categoría de ''secuestrados con fines extorsivos''. De ellos no se conocen muchas veces ni los nombres y su libertad no depende de gestiones políticas o posibles intercambios. Se quedarán o saldrán cuando sus familias consigan con qué pagar el dinero que los secuestradores exigen por ellos. Si pasados aproximadamente dos años no es desembolsado el rescate, son, por lo general, asesinados. (fuente Reportaje del Nuevo Herald).

En tanto, la revista Semana ( semana.com) publica en portada en la edición de este domingo 1 de julio, el siguiente reportaje:

Como nos duele....

El asesinato de los 11 diputados del Valle enluta a todo el país.
Los países, como los seres humanos, son frágiles y tienen momentos en que no pueden contener su dolor. Así como los familiares de los 11 diputados se estremecieron en llanto cuando supieron que habían sido vilmente asesinados después de cinco años de secuestro, el país amaneció ese día con un nudo en la garganta. Mientras los familiares asimilaban la trágica noticia, Colombia sufría en silencio. La sociedad se estremecía ante un nuevo coletazo de la violencia que mostraba su cara más cruel e irracional. Fue un baldado de agua fría para el ímpetu de un país que no quiere dejarse doblegar frente a la adversidad y que vislumbra un futuro más optimista.
Y que en las últimas semanas leía señales para ese optimismo. Un acuerdo humanitario para facilitar la liberación de los secuestrados se empezaba a tomar más en serio. La comunidad internacional, con el nuevo Presidente de Francia a la cabeza, se había empeñado en empujarlo. Representantes de Francia, España y Suiza se habían reunido recientemente con 'Raúl Reyes', del Secretariado de las Farc, para hablar sobre el tema. En Europa se produjo un encuentro de alto nivel en el que se aprobó una declaración a favor del acuerdo. El ex ministro Álvaro Leyva se había reunido con el presidente Uribe para hacerle una propuesta más digerible de despeje militar. Hasta la insólita liberación de Rodrigo Granda, criticada por su improvisación y falta de realismo, mostraba que el gobierno estaba dispuesto a pagar un precio altísimo para buscar la liberación de los secuestrados.
Pero las ilusiones que generaron estos hechos en las familias de las víctimas se desplomaron como un castillo de naipes con la masacre de los diputados. La noticia fue confusa e incompleta y se conoció por un canal poco usual: la agencia de noticias Anncol, cercana a las Farc, publicó un comunicado del Comando Conjunto de Occidente. En él la guerrilla atribuyó la muerte de los 11 diputados a un intento de rescate de un "grupo militar no identificado".
En medio de la incertidumbre sólo había un hecho cierto, lamentable y contundente: 11 diputados habían sido asesinados en la espesura de la selva. Quedó un sobreviviente, Sigifredo López quien, según informaron los guerrilleros, no se encontraba en el mismo lugar de cautiverio. La otra verdad irrefutable, y que a veces se desdibuja en la intensidad del dolor y la rabia, es que la responsabilidad de esta tragedia es de las Farc: cometieron el secuestro, mantuvieron el encierro cruel y ejecutaron el sangriento desenlace.
La información sobre los hechos es todavía precaria. No se sabe a ciencia cierta qué pasó. El gobierno ha tratado de dejar claro que fue lo que no pasó: que no hubo una operación de rescate ni se habían producido operaciones militares en la zona, y que los organismos de seguridad no conocían el lugar donde estaban cautivos los diputados.
¿Qué pasó?
Las circunstancias de los hechos dejan algunas cosas más o menos claras. La primera es que seguramente hubo una confrontación militar y que los secuestradores cumplieron la orden de matar a sangre fría a sus víctimas para evitar un rescate. Descartadas las Fuerzas Militares -el gobierno y las Farc coinciden en este punto-, habría que plantear otras alternativas.
La primera es que un grupo paramilitar haya atacado a las Farc en uno de sus campamentos, sabiendo o no que allí se encontraban los diputados. En la región donde se supone que estaban los diputados -las selvas del Valle o el Cauca- hay una fuerte presencia de grupos emergentes del narcotráfico, así como ejércitos de los capos del norte del Valle, como los Rastrojos y los Machos. De hecho, las propias Farc en su comunicado dicen que en la zona ha habido permanentes enfrentamientos con grupos paramilitares.
Sin embargo, esta hipótesis es poco probable. Estos hijos bastardos del paramilitarismo están más dedicados al narcotráfico y al crimen organizado que a combatir a las Farc. Es difícil imaginar a una banda más delincuencial que militar haciendo una operación que requiere penetrar en lo profundo de la selva, atravesando varios anillos de seguridad de la guerrilla. Grupos como las Águilas Negras están más dedicados a defender negocios, comprar políticos locales y hacer vendettas selectivas, que a patrullar las impenetrables selvas de la cordillera Occidental.
Otra posibilidad es que los combates de las Farc hayan sido con el ELN. Varios argumentos le darían fuerza a esta hipótesis. Se sabe que en el último año ha habido cruentos enfrentamientos entre ambas guerrillas en el occidente del país, que es una guerra a muerte, y que si alguien tiene la capacidad de penetrar en el campamento de una fuerza insurgente, es exactamente otra fuerza idéntica que conoce la montaña y las tácticas guerrilleras. Las Farc y el ELN son enemigos íntimos. Los guerrilleros habrían identificado fácilmente a sus atacantes y no se referirían a ellos como un grupo desconocido, pudiendo endilgarles la culpa de lo acontecido. Pablo Beltrán, vocero del ELN, le aseguró a SEMANA que sus frentes no realizan operaciones ofensivas contra las Farc, sino que apenas se defienden en caso de ser atacados por éstas. Adicionalmente, el ELN está en un momento relativamente avanzado en sus acercamientos con el gobierno y difícilmente se jugaría el poco capital político que le queda en una acción con consecuencias tan graves.
La tercera posibilidad es que un comando especial de fuerzas especiales, con información muy precisa, se haya infiltrado en la selva para ubicar el campamento donde estaban los diputados, bien fuera para planear una operación de rescate o para hacer un asalto sorpresivo. Se trataría de un grupo elite, colaborador del Ejército y hasta compuesto por mercenarios extranjeros, tal como lo han insinuado las Farc. Ante la inminente presencia de un grupo de esta naturaleza, los guerrilleros habrían asesinado a los diputados.
Esta tesis no es tan descabellada si se tiene en cuenta que el gobierno nunca ha renunciado a la opción de los rescates, y que en otros casos ya se han usado estos 'rambos'. En enero pasado, el propio gobierno entregó versiones sobre la infiltración de un grupo de estos en las montañas de Bolívar para ubicar a Fernando Araújo y proceder a su rescate. Según el relato oficial, este grupo podía incluso ver el campamento donde estaba como rehén el actual Canciller. Comandos de este tipo se habrían empezado a utilizar después de que fracasara el intento de rescate del ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri y del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria en Urrao, donde se hizo una operación militar convencional. Un grupo especializado, con buena tecnología y altamente capacitado, tiene mejores posibilidades de lograr su objetivo. Y con menor riesgo político, porque un fracaso eventual no recae en cabeza institucional del Ejército.
Esta hipótesis, sin embargo, tiene una grave falencia: el gobierno la niega tajantemente. El comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León, asegura que las operaciones de rescate sólo se planean y hacen bajo orden presidencial. Uribe arriesgaría demasiado su legitimidad y la del gobierno si mintiera en un caso tan delicado. Y en estos caso hay que darle el beneficio de la duda al gobierno.
Otra hipótesis, la menos creíble de todas, es que la masacre fue una retaliación de un grupo de guerrilleros de base porque las Fuerzas Militares mataron a uno de los más importantes dirigentes de las Farc en esa región. El 5 de junio, Milton Sierra Gómez, alias 'J. J.', murió de un disparo en la cabeza y otro en el pecho, disparados por un francotirador de fuerzas especiales mimetizado en las selvas de Buenaventura. J. J. había sido el cerebro del sofisticado secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle, en pleno centro de Cali, el 11 de abril de 2002. Esta hipótesis tiene poco asidero. Las Farc no suelen hacer actos de implicaciones políticas y militares tan graves por razones emocionales como la venganza. En su mentalidad, la muerte en combate es un avatar de la guerra, no un agravio del enemigo.
Cabrían otras posibilidades: ¿reaccionaron los guerrilleros a un intento de fuga? ¿Intentaron escapar los diputados, estimulados por las experiencias del canciller Fernando Araújo y del policía John Frank Pinchao? La flaqueza de esta interpretación radica en que si todos los cuerpos están en poder de las Farc, se deduce que no habrían logrado el objetivo de la fuga. Y si fueron recapturados, ¿para qué matarlos? Adicionalmente, según información oficial, los secuestrados no estaban juntos y en tal condición era poco probable que pudieran planear una fuga. Tampoco se explicaría que la guerrilla callara el motivo de su acción criminal, ni que la disfrazara con el argumento de que hubo "fuego cruzado".
¿Y ahora?
Las implicaciones de esta masacre se van a sentir por mucho tiempo. Una desgracia de semejantes proporciones deja una sensación generalizada de pesimismo y desilusión. ¿Qué será de la suerte de los demás secuestrados? ¿Se cerraron definitivamente las puertas para un acuerdo humanitario? ¿Queda el gobierno maniatado para intentar otros rescates?
Las reacciones inmediatas son pesimistas para una negociación sobre intercambio de secuestrados por guerrilleros presos. Nadie quiere premiar a las Farc con un despeje después de su criminal acción. Pero pueden cambiar a la larga: ante una falta de solución para las decenas de secuestrados, obligará al gobierno a repensar con pragmatismo sus opciones. Y la presión internacional, después de que tantos países e instituciones se han involucrado en el tema, se va a seguir incrementando a favor de un acuerdo.
Mientras 'Raúl Reyes' insistió el viernes pasado a través de un comunicado en el despeje de Pradera y Florida, el Presidente volvió a pronunciarse en contra de esa posibilidad. En el fondo, Uribe considera que un despeje de 45 días sin una agenda pactada previamente puede empantanar al gobierno. Después de hecho el despeje, es difícil levantarse de la mesa sin lograr el acuerdo, y las prórrogas, en una situación de tanta desconfianza entre las partes como la que existe, son prácticamente inevitables. No hay que olvidar que el Caguán empezó también con 45 días, con un reglamento supuestamente claro, que terminaron en tres años en los que la guerrilla ganó la ventaja militar que le ha permitido soportar cinco años de ofensiva oficial.
Para Uribe sigue siendo más importante la política de seguridad democrática que los esfuerzos por negociar la liberación de secuestrados. ¿Cambiará ese balance luego del asesinato de los diputados? ¿Perderán significado Florida y Pradera ahora que los diputados del Valle no forman parte del grupo de canjeables?
Por el lado de las Farc, la masacre de los diputados las deja mal paradas ante la comunidad internacional, y el grupo de canjeables se debilita. A la pérdida de 11 políticos se suman el canciller Araújo y el policía Pinchao, que lograron soltarse las amarras de sus cautiverios. La mayoría de los miembros de las Farc que estaban presos en 2002, cuando el Secretariado planteó el intercambio, han salido a la libertad por decisiones del gobierno, por vencimientos de términos o por cumplimientos de las condenas. El panorama cambió totalmente. ¿Insistirán en el canje?
Más que liberar guerrilleros, a Manuel Marulanda le interesa el intercambio por su obsesión en ser considerado contraparte del Estado, por su terquedad en lograr que el gobierno acepte su idea y por su apego al mecanismo del despeje militar. Eventualmente quisiera convertirlo en la primera piedra de un proceso de paz. Pero es muy poco probable que pueda lograr todo esto sin una modificación de su posición. Después de la tragedia de la semana pasada, la comunidad internacional va a presionar a la guerrilla tanto, o más, que al gobierno. Y las Farc han demostrado una enorme incapacidad para ajustarse a nuevas realidades.
La otra gran pregunta tiene que ver con el futuro de las operaciones de rescate. Los argumentos a favor de un acuerdo se convierten, con frecuencia, en demandas al gobierno para que renuncie a buscar a los secuestrados para evitar poner en peligro sus vidas. El caso del presidente francés Sarkozy es el ejemplo más palpable, pero no es el único. Varios comunicados de ONG imploran que el gobierno se abstenga de acudir a la vía militar.
Pero el presidente Uribe tiene razones para no hacerlo. En primer lugar, su obligación constitucional de mantener el control sobre todo el territorio nacional. El Estado tiene la obligación moral y legal de buscar a los secuestrados. Eludir estas responsabilidades con el objeto de evitar el costo político de posibles fracasos mostraría una debilidad del Estado que sólo incentivaría a las Farc para seguir secuestrando. Renunciar a los rescates es perpetuar la espiral del secuestro y oficializar su impunidad. Una paradoja que surge de la lógica de la guerra colombiana es que mientras el Ejército más les respire en la nuca a los guerrilleros en la selva, más riesgo correrán los secuestrados debido a la orden de matarlos si se intenta un rescate. Pero así como hay un imperativo militar, hay una dimensión humanitaria del conflicto colombiano que también lo obliga a buscar un camino más político, como lo es el acuerdo humanitario. Así, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) lo obliga a proteger a los civiles en el fuego cruzado entre los bandos de la guerra. La pregunta es si es posible intentar rescates con un mínimo de riesgo para los rehenes. O si toda operación de rescate es siempre una apuesta donde se pueden salvar todas las vidas o ninguna. En ese escenario ¿vale la pena correr el riesgo?
Lo cierto es que la prolongación indefinida de los secuestros es inaceptable e insostenible. Por consideraciones humanitarias -hay plagiados que llevan más de ocho años bajo las inclementes condiciones de la selva- y también por razones políticas: un gobierno reelegido no puede terminar en el mismo punto en que encontró la situación. Es decir, con un alto número de ciudadanos inocentes en poder de las Farc. Pero la responsabilidad frente al flagelo de la violencia y los dolorosos golpes de las Farc a la yugular del país no es sólo del Estado, sino de toda la sociedad. En cualquier otro país, una masacre como la que acaba de ocurrir en Colombia motivaría manifestaciones masivas y actos dirigidos a obstaculizar las acciones violentas contra los ciudadanos comunes y corrientes.
Desde el viernes pasado se han movilizado algunas protestas en varias ciudades. Pero falta mucho terreno para que ellas tengan la contundencia del rechazo que muestran los españoles contra ETA, por ejemplo, cuando hace sus fechorías. Y si hay algo que está demostrado es que la pasividad y el conformismo, a la larga, son licencias para que todo siga igual. Y realidades como el secuestro y los asesinatos en Colombia sencillamente no pueden continuar toda la vida.