La comparecencia/ Diodoro Carrasco
Publicado en Milenio (www.milenio.com), 25 Septiembre, 2008
El pasado martes 23 tuvo lugar la comparecencia de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, y del procurador general de la República, ante el pleno de la Cámara de Diputados; ello como parte sustancial de la glosa del II Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón. Una de las novedades fue el formato, por el que tres miembros del gabinete presidencial explican y rinden cuentas, al alimón, de los asuntos públicos a su cargo.
Durante la comparecencia se les hicieron un total de 38 preguntas con una duración de tres minutos, preguntas que motivaron las respectivas respuestas de igual duración. El ejercicio resultó largo y tedioso, lo que provoca dispersión y desinterés de la mayoría de los presentes; el nuevo formato resultó, en una palabra, poco práctico. Parece evidente que hay que volver a las comparecencias en comisiones, y bajo un formato democrático que permita dialogar, replicar y aclarar.
El centro de la comparecencia fue, no podía ser de otra manera, el asunto de la inseguridad y la violencia, de la crisis que vivimos los mexicanos en el tema de la seguridad pública, puesta en evidencia por los atentados narcoterroristas de Morelia, que se suman a las 24 personas ejecutadas en el Estado de México, a la matanza de Creel, etcétera.
La fotografía social que nos dejaron los atentados de Morelia es que más de la mitad de la población percibe amenazada su seguridad personal, lo que no ocurría con otros acontecimientos violentos del pasado inmediato, como los atentados del EPR contra Pemex o el asesinato de Edgar Millán. Asimismo, la gente percibe un alto riesgo para la seguridad nacional, más que en cualquier otra situación del pasado reciente.
Según encuestas, como la de Ulises Beltrán y Asociados, la gente tuvo una reacción positiva a las medidas y acciones tomadas por el presidente Calderón a raíz de los hechos de Morelia, consideró su respuesta “adecuada y oportuna”; sin embargo, se incrementa la percepción de la falta de control del gobierno sobre la situación del país (ingobernabilidad) y ahora predomina el porcentaje de quienes desconfían de su capacidad para proteger a la población de la delincuencia.
Las preguntas de los legisladores bordaron, como es obvio, sobre lo adecuado o inadecuado de la respuesta del Estado ante el reto de la delincuencia organizada. ¿Sirvió o no sirvió la reunión y los compromisos del Consejo Nacional de Seguridad Pública? ¿Fue sólo para calmar los ánimos y dar la impresión de que se estaba haciendo algo? ¿Son los cien días suficiente plazo para empezar a ver resultados?
En este contexto, resultan de particular importancia temas como la participación ciudadana en tareas de seguridad, lo que al menos contempla dos aspectos: auditoría ciudadana sobre la actuación de las instituciones de seguridad, y colaboración ciudadana en la denuncia y delación de posibles actividades ilícitas.
Más allá de las críticas infundadas de algunos sectores de la oposición, las cosas empiezan a tomar un rumbo más definido, no sólo porque la presión social e institucional ha obligado a las autoridades a actuar con mayor diligencia y a mostrar resultados (han sido desarticuladas varias bandas de secuestradores en los últimos días y los decomisos de droga, dinero, aviones) y armas, sino también porque ya se empieza a ver con más claridad dónde están los nudos que impiden avanzar a la respuesta institucional.
De lo planteado durante las comparecencias, se desprenden dos posturas básicas respecto al tema de la seguridad pública: la de quienes piensan que esta guerra ya se perdió (con todas sus implicaciones: un Estado fallido y un país al pie del abismo) y que lo mejor sería “pactar” con las mafias, y quienes pensamos que México, su historia, sus instituciones y su gente son y pesan mucho más que la delincuencia organizada, que no pueden ser derrotados por ella, y que la clave del triunfo, a mediano y largo plazos, está en la cooperación diligente y asertiva de todos los eslabones institucionales, para poner a las mafiosos contra la pared.
La discusión de algunos de los elementos de la iniciativa de Ley General de Seguridad Pública muestra dónde están las principales reticencias a una colaboración más abierta y eficaz: en los gobiernos de los estados se localizan por el momento los eslabones más débiles de la cadena institucional. Ello no implica que algunas de sus reticencias no sean justas, el asunto es la actitud. El problema es utilizar al federalismo como coartada para no abrirse a la colaboración en una tarea en la que está de por medio, literalmente, la seguridad nacional.
El mensaje más importante a la sociedad es que no podemos dejar que la delincuencia y el crimen organizado nos atemoricen y que el Estado mexicano tiene la capacidad para enfrentarlos con éxito si todos asumimos la responsabilidad que nos toque en este reto.
dcarrasco@milenio.com
El pasado martes 23 tuvo lugar la comparecencia de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, y del procurador general de la República, ante el pleno de la Cámara de Diputados; ello como parte sustancial de la glosa del II Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón. Una de las novedades fue el formato, por el que tres miembros del gabinete presidencial explican y rinden cuentas, al alimón, de los asuntos públicos a su cargo.
Durante la comparecencia se les hicieron un total de 38 preguntas con una duración de tres minutos, preguntas que motivaron las respectivas respuestas de igual duración. El ejercicio resultó largo y tedioso, lo que provoca dispersión y desinterés de la mayoría de los presentes; el nuevo formato resultó, en una palabra, poco práctico. Parece evidente que hay que volver a las comparecencias en comisiones, y bajo un formato democrático que permita dialogar, replicar y aclarar.
El centro de la comparecencia fue, no podía ser de otra manera, el asunto de la inseguridad y la violencia, de la crisis que vivimos los mexicanos en el tema de la seguridad pública, puesta en evidencia por los atentados narcoterroristas de Morelia, que se suman a las 24 personas ejecutadas en el Estado de México, a la matanza de Creel, etcétera.
La fotografía social que nos dejaron los atentados de Morelia es que más de la mitad de la población percibe amenazada su seguridad personal, lo que no ocurría con otros acontecimientos violentos del pasado inmediato, como los atentados del EPR contra Pemex o el asesinato de Edgar Millán. Asimismo, la gente percibe un alto riesgo para la seguridad nacional, más que en cualquier otra situación del pasado reciente.
Según encuestas, como la de Ulises Beltrán y Asociados, la gente tuvo una reacción positiva a las medidas y acciones tomadas por el presidente Calderón a raíz de los hechos de Morelia, consideró su respuesta “adecuada y oportuna”; sin embargo, se incrementa la percepción de la falta de control del gobierno sobre la situación del país (ingobernabilidad) y ahora predomina el porcentaje de quienes desconfían de su capacidad para proteger a la población de la delincuencia.
Las preguntas de los legisladores bordaron, como es obvio, sobre lo adecuado o inadecuado de la respuesta del Estado ante el reto de la delincuencia organizada. ¿Sirvió o no sirvió la reunión y los compromisos del Consejo Nacional de Seguridad Pública? ¿Fue sólo para calmar los ánimos y dar la impresión de que se estaba haciendo algo? ¿Son los cien días suficiente plazo para empezar a ver resultados?
En este contexto, resultan de particular importancia temas como la participación ciudadana en tareas de seguridad, lo que al menos contempla dos aspectos: auditoría ciudadana sobre la actuación de las instituciones de seguridad, y colaboración ciudadana en la denuncia y delación de posibles actividades ilícitas.
Más allá de las críticas infundadas de algunos sectores de la oposición, las cosas empiezan a tomar un rumbo más definido, no sólo porque la presión social e institucional ha obligado a las autoridades a actuar con mayor diligencia y a mostrar resultados (han sido desarticuladas varias bandas de secuestradores en los últimos días y los decomisos de droga, dinero, aviones) y armas, sino también porque ya se empieza a ver con más claridad dónde están los nudos que impiden avanzar a la respuesta institucional.
De lo planteado durante las comparecencias, se desprenden dos posturas básicas respecto al tema de la seguridad pública: la de quienes piensan que esta guerra ya se perdió (con todas sus implicaciones: un Estado fallido y un país al pie del abismo) y que lo mejor sería “pactar” con las mafias, y quienes pensamos que México, su historia, sus instituciones y su gente son y pesan mucho más que la delincuencia organizada, que no pueden ser derrotados por ella, y que la clave del triunfo, a mediano y largo plazos, está en la cooperación diligente y asertiva de todos los eslabones institucionales, para poner a las mafiosos contra la pared.
La discusión de algunos de los elementos de la iniciativa de Ley General de Seguridad Pública muestra dónde están las principales reticencias a una colaboración más abierta y eficaz: en los gobiernos de los estados se localizan por el momento los eslabones más débiles de la cadena institucional. Ello no implica que algunas de sus reticencias no sean justas, el asunto es la actitud. El problema es utilizar al federalismo como coartada para no abrirse a la colaboración en una tarea en la que está de por medio, literalmente, la seguridad nacional.
El mensaje más importante a la sociedad es que no podemos dejar que la delincuencia y el crimen organizado nos atemoricen y que el Estado mexicano tiene la capacidad para enfrentarlos con éxito si todos asumimos la responsabilidad que nos toque en este reto.
dcarrasco@milenio.com
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