Rusia y los peligros de la memoria histórica/Henry Kamen, historiador británico. Su último libro es El enigma del Escorial, Espasa Calpe, 2009
Publicado en EL MUNDO, 06/10/09;
Yaroslavl no es un nombre que venga a los labios de inmediato, pero en Rusia es un nombre que huele a Historia. Situada hacia el norte de Moscú, en tiempos medievales era la segunda ciudad más rica y poderosa de Rusia. Es el hogar del famoso monasterio Spassky, que todos los estudiantes de la Historia de Rusia conocen. Las tradiciones históricas de Yaroslavl han sido, con toda probabilidad, la principal razón por la que a principios de septiembre se la eligió como lugar para una conferencia especial dirigida por el presidente de Rusia, Dmitri Medvedev, y celebrada (sin duda deliberadamente) en el día de su cumpleaños.
La conferencia tenía algunos rasgos característicos que la prensa occidental parece haber ignorado. Primero, fue anunciada como una conferencia internacional, con la intención (expresada por el presidente en su discurso de apertura) de competir con Davos como lugar de encuentro para el debate económico. Pero los detalles que he podido encontrar en la prensa rusa muestran poca evidencia de un alcance «internacional». Aparte de mi antiguo colega Immanuel Wallerstein, quien se encuentra ahora en Yale University, había pocos nombres de relevancia. Sólo hubo dos políticos occidentales: François Fillon, de Francia, y José Luis Rodríguez Zapatero, de España.
Segundo, la conferencia excluyó de manera deliberada a los que critican al Gobierno ruso. Sólo a personas aprobadas se les permitía entrar. Los oficiales del Kremlin explicaron que había invitaciones limitadas sólo para «figuras reconocidas de la oposición en la Duma del estado» y habían excluido a hooligans o extremistas.
Tercero, la conferencia dio su apoyo a conferenciantes que de forma abierta respaldaban la interpretación estalinista de la historia. Según el periódico ruso Pravda, algunos conferenciantes «elogiaban a Josef Stalin por su sensibilidad hacia los temas sociales, y los analistas rusos criticaron el estilo de democracia de Estados Unidos».
Al final del congreso, Rodríguez Zapatero, según informaba Pravda, «elogió encarecidamente a Medvedev por celebrar la conferencia y destacó el deseo de cooperar más estrechamente con Rusia». Este «elogio encarecido», se puede suponer, incluía respaldar la actitud del Gobierno ruso hacia la Historia. Puesto que el Gobierno español recientemente también ha dado su apoyo a una «memoria histórica» oficial socialista, que ha preferido ocultar las atrocidades que el Frente Popular de la Segunda República cometió contra las personas de España, y dar publicidad sólo a las atrocidades cometidas por los franquistas, sería interesante ver lo que el Gobierno ruso ha estado haciendo para mejorar su propia versión de una «memoria histórica».
En mayo de este año el presidente Medvedev estableció un comité de 28 expertos para salvaguardar «la verdad histórica», con la intención de «contrarrestar intentos de falsificar la Historia e intereses de Rusia». «Debemos luchar por la verdad histórica», declaró. Es significativo que casi todos los 28 así llamados expertos para la «comisión por la verdad histórica» no sean historiadores. La mayoría de los miembros son políticos y militares burócratas leales al régimen. Uno de ellos, Sergei Markov, un político, dijo: «Tenemos que escoger qué manuales de Historia dicen la verdad y cuáles mienten». Es una afirmación asombrosa, que hace temblar de miedo a cualquier historiador. La pregunta obvia es: ¿cuál es el motivo por este repentino interés en la «verdad histórica»?
La verdad es que Rusia está intentando defenderse de su propia Historia. El Gobierno está reaccionando en contra de los recientes giros habidos en los países que una vez fueron satélites de la Unión Soviética, y están ahora tratando de mirar hacia el pasado estalinista a través de sus propios ojos nacionalistas en lugar de a través de ojos soviéticos. Medvedev ha sido especialmente crítico con Letonia, Estonia, Polonia, Ucrania y Georgia, todos los cuales han condenado las atrocidades rusas en sus países y han tomado medidas para reescribir su Historia nacional.
Los polacos, en particular, han declarado públicamente este año que el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, que permitió a Rusia la ocupación de la mitad de Polonia, y la subsiguiente masacre de 20.000 oficiales militares polacos, fue una causa directa de la Segunda Guerra Mundial. Eso haría a Stalin tan culpable como Hitler de causar la guerra.
Los líderes rusos han condenado esta opinión como una mentira. La reacción oficial se puede ver en un artículo que escribió este verano el coronel Sergei Kovalov, del Instituto de la Historia de la Guerra en el Ministerio ruso de Defensa, bajo el título Historia contra mentiras y falsificación. En el artículo, Kovalov culpaba a Polonia del estallido de la guerra, y declaraba que las demandas de Hitler sobre Polonia eran «moderadas». Stalin, afirmaba, firmó el pacto con Alemania ex profeso para evitar la guerra.
Los rusos encaran un formidable obstáculo, porque ahora todos sus vecinos independientes guardan amargas memorias del gobierno socialista. El presidente ucraniano Viktor Yushchenko viene presionando a su Parlamento para que declare las hambrunas de principio de los años 1930, provocadas por la campaña de Stalin por la colectivización de granjas, un acto de «genocidio» (holodomor) de los soviéticos contra el pueblo de Ucrania. Los georgianos han abierto dos museos sobre la ocupación soviética de su país. Y en Estonia han trasladado un monumento conmemorativo a las tropas soviéticas fuera del centro de la capital.
La propuesta nueva ley para proteger la memoria histórica de Rusia especifica que cuestionar el papel del régimen de Stalin en la guerra, será castigado con una fuerte multa o sentencia de tres meses de cárcel. Es interesante como una y otra vez la palabra «soviético» aparece en el debate. En mayo de este año, cuando se celebraba el final de la Guerra Mundial, Medvedev afirmó: «Nunca olvidemos que nuestro país, la Unión Soviética, contribuyó decisivamente al desenlace final de la Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente nuestra gente quien destruyó el nazismo y determinó el destino del mundo entero».
Por supuesto, Rusia todavía no ha logrado controlar la manera de escribir su Historia. Un periódico ha condenado la propuesta como de «grotesca». Los libros que critican el pasado estalinista circulan con libertad. Pero Stalin se introduce lentamente en algunos manuales de historia, en los que se le describe como un «eficiente [en ruso, effectivniy] dirigente». La policía ha registrado las oficinas de grupos que investigan los crímenes de Stalin, y un oficial del Kremlin condenó a uno de estos grupos por cuestionar la «gloriosa memoria» de la Unión Soviética. Un importante historiador ruso afirma: «Me temo que la comisión será utilizada como caza de brujas y ajuste de cuentas».
Comentando estas tendencias en Rusia, me gustaría citar de un artículo en el The St. Petersburg Times, del periodista y antiguo diputado de la Duma, Vladimir Ryzhkov, que señala que el Gobierno ha bloqueado el acceso a archivos delicados sobre materias como los crímenes de la Unión Soviética durante la guerra o la deportación de nacionalidades. Afirma: «Los historiadores estiman que el número de víctimas sólo en la Era Stalin se aproxima a 60 millones de personas; la cifra exacta es difícil de precisar, y los archivos inmovilizados harán aun más difícil llegar a la verdad». Su argumento es muy sencillo: si el Gobierno cree que otros países están distorsionando la verdad, ¿por qué no hacer asequibles los documentos pertinentes, de manera que la verdad pueda darse a conocer?
No señalemos con el dedo sólo a Rusia. En España, también, el control de la «memoria» ha sido activo durante largo tiempo, durante la dictadura de Franco, y sin interrupción desde entonces hasta ahora. En Cataluña el fixing de la Historia ha sido financiado de manera sistemática por la Generalitat. Los programas de TV3, financiados obviamente por el poder, subrayan el sufrimiento de las víctimas del fascismo pero guardan un silencio total sobre el asesinato de miles por la República. En Madrid el Gobierno actual ha apoyado activamente una presentación sumamente parcial del pasado. No es, pues, sorprendente que cuando Rodríguez Zapatero fue a Yaroslavl cumplimentara «encarecidamente» a Medvedev. Cuando los gobiernos empiezan a hablar de una «memoria histórica» podemos estar seguros de que están planeando silenciar el derecho de buscar con libertad la verdad. Están planeando imponer una especial «memoria» dictada por el estado. En Yaroslavl o en Madrid, el problema es el mismo, y la obligación de los historiadores de luchar por una verdad independiente se hace más fuerte que nunca.
La conferencia tenía algunos rasgos característicos que la prensa occidental parece haber ignorado. Primero, fue anunciada como una conferencia internacional, con la intención (expresada por el presidente en su discurso de apertura) de competir con Davos como lugar de encuentro para el debate económico. Pero los detalles que he podido encontrar en la prensa rusa muestran poca evidencia de un alcance «internacional». Aparte de mi antiguo colega Immanuel Wallerstein, quien se encuentra ahora en Yale University, había pocos nombres de relevancia. Sólo hubo dos políticos occidentales: François Fillon, de Francia, y José Luis Rodríguez Zapatero, de España.
Segundo, la conferencia excluyó de manera deliberada a los que critican al Gobierno ruso. Sólo a personas aprobadas se les permitía entrar. Los oficiales del Kremlin explicaron que había invitaciones limitadas sólo para «figuras reconocidas de la oposición en la Duma del estado» y habían excluido a hooligans o extremistas.
Tercero, la conferencia dio su apoyo a conferenciantes que de forma abierta respaldaban la interpretación estalinista de la historia. Según el periódico ruso Pravda, algunos conferenciantes «elogiaban a Josef Stalin por su sensibilidad hacia los temas sociales, y los analistas rusos criticaron el estilo de democracia de Estados Unidos».
Al final del congreso, Rodríguez Zapatero, según informaba Pravda, «elogió encarecidamente a Medvedev por celebrar la conferencia y destacó el deseo de cooperar más estrechamente con Rusia». Este «elogio encarecido», se puede suponer, incluía respaldar la actitud del Gobierno ruso hacia la Historia. Puesto que el Gobierno español recientemente también ha dado su apoyo a una «memoria histórica» oficial socialista, que ha preferido ocultar las atrocidades que el Frente Popular de la Segunda República cometió contra las personas de España, y dar publicidad sólo a las atrocidades cometidas por los franquistas, sería interesante ver lo que el Gobierno ruso ha estado haciendo para mejorar su propia versión de una «memoria histórica».
En mayo de este año el presidente Medvedev estableció un comité de 28 expertos para salvaguardar «la verdad histórica», con la intención de «contrarrestar intentos de falsificar la Historia e intereses de Rusia». «Debemos luchar por la verdad histórica», declaró. Es significativo que casi todos los 28 así llamados expertos para la «comisión por la verdad histórica» no sean historiadores. La mayoría de los miembros son políticos y militares burócratas leales al régimen. Uno de ellos, Sergei Markov, un político, dijo: «Tenemos que escoger qué manuales de Historia dicen la verdad y cuáles mienten». Es una afirmación asombrosa, que hace temblar de miedo a cualquier historiador. La pregunta obvia es: ¿cuál es el motivo por este repentino interés en la «verdad histórica»?
La verdad es que Rusia está intentando defenderse de su propia Historia. El Gobierno está reaccionando en contra de los recientes giros habidos en los países que una vez fueron satélites de la Unión Soviética, y están ahora tratando de mirar hacia el pasado estalinista a través de sus propios ojos nacionalistas en lugar de a través de ojos soviéticos. Medvedev ha sido especialmente crítico con Letonia, Estonia, Polonia, Ucrania y Georgia, todos los cuales han condenado las atrocidades rusas en sus países y han tomado medidas para reescribir su Historia nacional.
Los polacos, en particular, han declarado públicamente este año que el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939, que permitió a Rusia la ocupación de la mitad de Polonia, y la subsiguiente masacre de 20.000 oficiales militares polacos, fue una causa directa de la Segunda Guerra Mundial. Eso haría a Stalin tan culpable como Hitler de causar la guerra.
Los líderes rusos han condenado esta opinión como una mentira. La reacción oficial se puede ver en un artículo que escribió este verano el coronel Sergei Kovalov, del Instituto de la Historia de la Guerra en el Ministerio ruso de Defensa, bajo el título Historia contra mentiras y falsificación. En el artículo, Kovalov culpaba a Polonia del estallido de la guerra, y declaraba que las demandas de Hitler sobre Polonia eran «moderadas». Stalin, afirmaba, firmó el pacto con Alemania ex profeso para evitar la guerra.
Los rusos encaran un formidable obstáculo, porque ahora todos sus vecinos independientes guardan amargas memorias del gobierno socialista. El presidente ucraniano Viktor Yushchenko viene presionando a su Parlamento para que declare las hambrunas de principio de los años 1930, provocadas por la campaña de Stalin por la colectivización de granjas, un acto de «genocidio» (holodomor) de los soviéticos contra el pueblo de Ucrania. Los georgianos han abierto dos museos sobre la ocupación soviética de su país. Y en Estonia han trasladado un monumento conmemorativo a las tropas soviéticas fuera del centro de la capital.
La propuesta nueva ley para proteger la memoria histórica de Rusia especifica que cuestionar el papel del régimen de Stalin en la guerra, será castigado con una fuerte multa o sentencia de tres meses de cárcel. Es interesante como una y otra vez la palabra «soviético» aparece en el debate. En mayo de este año, cuando se celebraba el final de la Guerra Mundial, Medvedev afirmó: «Nunca olvidemos que nuestro país, la Unión Soviética, contribuyó decisivamente al desenlace final de la Segunda Guerra Mundial, que fue precisamente nuestra gente quien destruyó el nazismo y determinó el destino del mundo entero».
Por supuesto, Rusia todavía no ha logrado controlar la manera de escribir su Historia. Un periódico ha condenado la propuesta como de «grotesca». Los libros que critican el pasado estalinista circulan con libertad. Pero Stalin se introduce lentamente en algunos manuales de historia, en los que se le describe como un «eficiente [en ruso, effectivniy] dirigente». La policía ha registrado las oficinas de grupos que investigan los crímenes de Stalin, y un oficial del Kremlin condenó a uno de estos grupos por cuestionar la «gloriosa memoria» de la Unión Soviética. Un importante historiador ruso afirma: «Me temo que la comisión será utilizada como caza de brujas y ajuste de cuentas».
Comentando estas tendencias en Rusia, me gustaría citar de un artículo en el The St. Petersburg Times, del periodista y antiguo diputado de la Duma, Vladimir Ryzhkov, que señala que el Gobierno ha bloqueado el acceso a archivos delicados sobre materias como los crímenes de la Unión Soviética durante la guerra o la deportación de nacionalidades. Afirma: «Los historiadores estiman que el número de víctimas sólo en la Era Stalin se aproxima a 60 millones de personas; la cifra exacta es difícil de precisar, y los archivos inmovilizados harán aun más difícil llegar a la verdad». Su argumento es muy sencillo: si el Gobierno cree que otros países están distorsionando la verdad, ¿por qué no hacer asequibles los documentos pertinentes, de manera que la verdad pueda darse a conocer?
No señalemos con el dedo sólo a Rusia. En España, también, el control de la «memoria» ha sido activo durante largo tiempo, durante la dictadura de Franco, y sin interrupción desde entonces hasta ahora. En Cataluña el fixing de la Historia ha sido financiado de manera sistemática por la Generalitat. Los programas de TV3, financiados obviamente por el poder, subrayan el sufrimiento de las víctimas del fascismo pero guardan un silencio total sobre el asesinato de miles por la República. En Madrid el Gobierno actual ha apoyado activamente una presentación sumamente parcial del pasado. No es, pues, sorprendente que cuando Rodríguez Zapatero fue a Yaroslavl cumplimentara «encarecidamente» a Medvedev. Cuando los gobiernos empiezan a hablar de una «memoria histórica» podemos estar seguros de que están planeando silenciar el derecho de buscar con libertad la verdad. Están planeando imponer una especial «memoria» dictada por el estado. En Yaroslavl o en Madrid, el problema es el mismo, y la obligación de los historiadores de luchar por una verdad independiente se hace más fuerte que nunca.
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