"La Compañía" y "testigos(des) protegidos"

Veracruz, bajo control de " La Compañía"“La Compañía”, sus directivos y su modus operandi…

Jorge Carrasco Araizaga, reportero
Publicado en la revista mexicana Proceso # 1736, 7 de febrero de 2010;
El cobijo institucional que tiene el exbrazo armado del cártel del Golfo en Veracruz, “no se entiende” sin el concurso de las principales autoridades del estado, aseguran a Proceso testigos protegidos que operaron en ambos bandos y que dan fechas y lugares de supuestos encuentros entre el gobernador Fidel Herrera y los líderes del grupo en la entidad. Así lo declararon a la SIEDO, pero sus señalamientos fueron desestimados porque eso, les dijeron, “es política”. Si bien los informantes detallaron las operaciones criminales y la estructura de Los Zetas en la entidad, ahora han quedado fuera del programa de la PGR y claman por ayuda al presidente Felipe Calderón.
Con protección institucional, Los Zetas establecieron su dominio en Veracruz a través de una organización conocida como La Compañía, en la que participó también el cártel del Golfo y que es investigada en Estados Unidos.
En México, exempleados de la administración de Fidel Herrera Beltrán declararon como testigos protegidos sobre los supuestos vínculos del gobierno estatal con esa organización.

Los informantes, que entre 2005 y 2009 trabajaron al mismo tiempo para el gobierno veracruzano y para el grupo que se inició como brazo armado del cártel del Golfo, detallaron a la Procuraduría General de la República (PGR) cómo se hicieron Los Zetas del control de las actividades delictivas en el estado, al amparo –afirman– de la protección oficial.

En sus declaraciones ministeriales, los testigos revelaron también cómo funciona la estructura que le ha permitido a Los Zetas controlar prácticamente todas las actividades de delincuencia organizada, desde venta de drogas hasta el robo de gasolina a Pemex, pasando por el secuestro, la extorsión y el tráfico de indocumentados.

Los señalamientos contra las autoridades de Veracruz, sin embargo, fueron desestimados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), según la cual la PGR “no se mete en política”.

Proceso entrevistó a esos informantes, cuya identidad fue plenamente acreditada, aunque, por su condición de testigos anónimos y el peligro que eso entraña, no puede revelar sus nombres.

Los testigos se quejan del fiscal Guillermo Domínguez y de “su sobrino”, el titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, Javier Humberto Domínguez, por haber omitido en la indagatoria sus declaraciones contra funcionarios del gobierno, además de utilizarlos para fabricar acusaciones contra personas que niegan conocer.

Renuentes a declarar en averiguaciones previas de hechos que no les constan, la PGR no sólo les redujo significativamente los beneficios del programa de testigos protegidos, sino que amenaza con procesarlos y encarcelarlos.

Según los entrevistados, ellos no son los únicos que están en esa situación: el 21 de diciembre pasado, 13 testigos protegidos enviaron al titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, una carta para quejarse del trato y la manipulación que reciben de la SIEDO.

La organización

Empleados de Los Zetas al mismo tiempo que trabajaron en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, los informantes entrevistados dieron a conocer la estructura y el funcionamiento de la organización que en años recientes logró establecerse en ese estado del Golfo de México.

“La Compañía –dicen al referirse a Los Zetas– logró el control de todo cuanto pasa en el estado: droga, secuestros, extorsiones, tráfico de centroamericanos, piratería, robo de gasolina… todo; aunque ellos no siempre actúan directamente.”

Explican: en los secuestros participan policías, ya sea como informantes, como muros –encargados de dar protección física a delincuentes– o como responsables directos de los levantones; las extorsiones las controla La Compañía, y en el caso de robo de gasolina les cobra a quienes “ordeñan” las tuberías de Pemex. Los vendedores de mercancía pirata también deben pagar su cuota. “Hasta el juguero paga renta. El que no trabaja para ellos, paga cuota. Por eso, Veracruz aporta mucho a la organización”.

Para dar una idea de las ganancias de La Compañía, señalan que la nómina quincenal de sobornos a policías va de 500 mil a 600 mil pesos. Es decir, más de 1 millón de pesos mensuales. Los pagos, dicen, se hacen los días 5 y 25 de cada mes, en efectivo. Los policías firman recibos con su nombre por los sobres que reciben.

Los montos varían de acuerdo con el rango de los uniformados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado –a cargo del general de división retirado Sergio López Ezquer–, de la Policía Intermunicipal Veracruz-Boca del Río o de las direcciones de Policía Municipal.

Según los testigos, también entregaron dinero a policías ministeriales del estado, efectivos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y militares de la 29 Zona Militar, con sede en Minatitlán.

En la SSP, precisan, los sobornos más bajos oscilan entre 2 mil y 5 mil pesos quincenales para los policías que sirven de protectores, vendedores de droga o informantes. Los mandos medios reciben 50 mil, y los más altos, 100 mil al mes.

Identifican como supuestos beneficiarios al exdelegado de la SSP estatal en Coatzacoalcos, de apellidos Arellano Cano, y al exsubdirector operativo de la misma corporación en la zona sur, también de Coatzacoalcos, Alfonso Lara Montero.

Aseguran que “la mafia y la policía funcionan como dos estructuras paralelas”, pues La Compañía considera como propios a los tenientes y subtenientes de la corporación estatal. “Incluso, si alguno es despedido, pasa a ocupar el cargo que ya tiene en la organización”.

De acuerdo con su versión, esta es la estructura operativa de La Compañía:

“Quienes están en el nivel más bajo son los halcones, que se encargan de dar información sobre los movimientos en las calles”. Entre ellos hay taxistas y gente común.

Luego están los escoltas, en los que participan policías que dan protección y vigilan las actividades del narcomenudeo con radios de telecomunicación tipo Nextel proporcionados por la organización delictiva. Arriba de ellos están los sicarios y los comandantes de estaca, encargados de grupos operativos. “Después vienen los comandantes de plaza y el comandante del estado”. Los estacas, dicen, siempre acompañan al comandante de la plaza y son los encargados de ordenar los secuestros y las ejecuciones.

Una vez dentro, cuentan, es muy difícil que los policías estatales o intermunicipales deserten de La Compañía. Y no es sólo porque están comprados: tienen información de las relaciones del grupo delictivo con las corporaciones.

Desde noviembre de 2007, La Compañía es investigada en Estados Unidos, y para mayo del año pasado el Departamento de Justicia ya había fincado cargos contra 19 miembros de la organización por operaciones de narcotráfico entre 2006 y 2008.

Aunque la alianza entre Los Zetas y el cártel del Golfo se rompió, la justicia estadunidense busca la extradición de siete líderes de Los Zetas, seis del cártel del Golfo y seis de La Compañía por actividades realizadas bajo esta organización.

Los encuentros

Pagados “por la mafia” durante los años que coinciden con el gobierno de Fidel Herrera, los testigos sostienen que la protección de La Compañía en Veracruz no se entiende sin las principales autoridades estatales. Y mencionan varios hechos de esa presunta relación.

El primero, una supuesta reunión de Fidel Herrera y sus principales jefes de seguridad y justicia con Braulio Arellano Domínguez, conocido como El Zeta-20, El Gonzo o El Verdugo, muerto el pasado 3 de noviembre en un enfrentamiento con elementos federales e infantes de Marina en el municipio de Soledad de Doblado, en el centro de Veracruz.

Los declarantes sostienen que el alegado encuentro con el entonces jefe de Los Zetas en Veracruz ocurrió a finales de 2008 en el hotel Mabiel, frente al hospital Valentín Gómez Farías, en Coatzacoalcos.

Aseguran que Herrera Beltrán estuvo acompañado por el entonces subcoordinador de la SSP estatal de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y actual subsecretario B de la dependencia –que corresponde a la misma zona–, Remigio Ortiz Olivares, quien ha trabajado en esa área desde finales del gobierno de Miguel Alemán Velasco.

Los informantes dicen que a esa reunión también asistieron el exsubdirector operativo Lara Montero, y el subprocurador general de Justicia del estado, Jorge Yunes Manzanares.

Agregan que en noviembre de ese mismo año, en la víspera de su IV informe de gobierno, Fidel Herrera acudió a un festejo en una casa del fraccionamiento Las Ánimas, donde vive el propio gobernador, su secretario de Gobierno, Reinaldo Escobar Pérez, y los empresarios más ricos del estado.

Según su versión, en la fiesta estuvieron El Gonzo y Miguel Treviño Morales, el presunto jefe de Los Zetas en Veracruz. También refieren otros festejos que tuvieron lugar en el mismo fraccionamiento en diciembre último.

Añaden que a finales de 2008, dos ayudantes de Escobar fueron detenidos con fotografías de familiares y casas de los empresarios que viven en el fraccionamiento, además de que les confiscaron cámaras de video, radios de telecomunicación y armas de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, fueron puestos en libertad al día siguiente.

Relacionan un hecho más: el asesinato de cuatro escoltas de la familia del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, integrantes de la Agencia de Seguridad Estatal. Indican que el ataque, ocurrido en mayo de 2007 en Boca del Río, camino al puerto de Veracruz, fue ordenado por El Gonzo, al confundir el convoy en el que iban los hijos de Peña Nieto con integrantes de La Familia michoacana.

Para el operativo, además de los sicarios, se movilizaron alrededor de 30 patrullas, tanto de Coatzacoalcos como de la intermunicipal Veracruz-Boca del Río. En total, estiman, fueron ocupados unos 90 uniformados, incluidos los de Coatzacoalcos, que está a cuatro horas del puerto. Ninguno de los agresores está detenido.

Los entrevistados dicen que ese episodio y el de las fiestas en el fraccionamiento Las Ánimas también fueron omitidos por la SIEDO, con el argumento de que “eso es política”.

Testigos abandonados

A uno de los testigos la SIEDO lo integró de inmediato al programa de testigos protegidos, no así al otro, a pesar de haber declarado ministerialmente.

El testigo oficialmente reconocido dice que rindió su declaración inicial ante el entonces titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, a quien identifica como el “licenciado Cabrera”. Sostiene que este funcionario le ofreció entrar al programa de testigos protegidos junto con su familia, una mensualidad de 10 mil pesos, gastos escolares y médicos, así como apoyo para vivienda.

Asegura que desde el principio sus declaraciones y las del otro testigo sobre Fidel Herrera y su equipo quedaron fuera de la averiguación previa. “El fiscal Faustino Angulo” omitió “mucha información de la mafia, incluido lo que dijimos del gobernador”, con el argumento de que “así era más rápido para entrar al programa”, refiere. Angulo fue sustituido por “el licenciado Francisco Vera, quien también se negó a incluir esa información”.

En una carta enviada al presidente Felipe Calderón en diciembre pasado, ambos testigos señalan que el actual titular del área de Delitos contra la Salud de la SIEDO, Javier Domínguez, y el coordinador Guillermo Domínguez, no sólo persisten en omitir esa información, sino que les han retirado casi todo el apoyo que recibían, “porque somos delincuentes”.

Ahí cuentan que Javier Domínguez les dijo que la SIEDO “no era beneficencia pública” y que todos los testigos deberían “estar en la cárcel”, o mejor entregarse a las mafias a las que pertenecen “para que nos mataran”.

Abunda uno de los testigos en el escrito: “De manera amenazante y burlona, me dijo que no se me ocurriera hablar algo en contra de ellos, porque ya sabía él que la mafia nos había fabricado… una denuncia y que no le importaba que la persona que denunciaba estuviera dentro de mi declaración… y que él, con una mano en la cintura nos podía poner en el reclusorio… para que nos terminara de matar la mafia”.

Se queja también de que debía ganarse los apoyos del programa declarando en contra de unos detenidos a los que no conoce. Afirma que Guillermo Domínguez, el otro funcionario de la SIEDO, le dijo que si no los conocía “no había problema, que eso sólo lo sabíamos él y yo, y que el juez no tenía por qué saberlo”. Desde entonces, expone, “me han hecho declarar en contra de personas que yo jamás he visto, pues me dijo que mi familia está amenazada”.

El otro informante, que no fue incorporado al programa de testigos protegidos, sostiene que le ofrecieron ser “testigo oculto” o “testigo colaborador”. El exempleado del gobierno veracruzano rechazó la propuesta.

Y refiere que, ante la negativa, Guillermo Domínguez lo amenazó: “Te advierto que si hablas algo de cómo estamos trabajando, van a tener problemas tú y tu familia, o la mafia puede dar con ustedes o sus hijos. Así que te conviene declarar o atente a las consecuencias”.

La carta enviada a Calderón concluye: “Señor presidente, no omito manifestarle que no me estoy negando… a seguir colaborando ni estoy renunciando al programa (de testigos protegidos), pero me dirijo a usted y ante los medios de comunicación, ya que si algo me llega a pasar a mí o a mi familia… (responsabilizo) al señor Guillermo Domínguez, ya que nos han amenazado que si nosotros decíamos lo que han hecho con nosotros, nos podían poner a disposición o desaparecernos”.

En entrevista, los testigos dicen que ante esas presiones accedieron a firmar averiguaciones que les dieron los fiscales de la SIEDO y que contienen información aportada por los propios informantes, a pesar de lo cual prácticamente les han retirado los beneficios del programa.

Los testigos ahora temen ser procesados por falsedad de declaraciones o sufrir represalias de las organizaciones delictivas, como les ha ocurrido a otros testigos protegidos.

La reiterada negativa de los testigos a participar en nuevas declaraciones fabricadas llevó a Domínguez a endurecer las amenazas: “Lo que les pase de ahora en adelante ya no es de mi incumbencia”, les dijo el pasado 29 de diciembre.

Una semana antes, 13 testigos protegidos le enviaron una carta al procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, para quejarse de los tratos de la SIEDO, a cargo de Marisela Morales Ibáñez.

En ese escrito, enviado también a la Presidencia de la República con una nota para Felipe Calderón solicitándole su apoyo, le piden al procurador “un diálogo de unidad” para detener los abusos de funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

“Nosotros no somos la solución, pero somos parte de la solución para ganar esta guerra contra los cárteles de las drogas, a (los) que pertenecimos”, dice la carta firmada con las claves que les han asignado en la SIEDO.

Los 13 testigos protegidos le piden al procurador “garantizar nuestros derechos humanos y garantías individuales”, además de un trato no discriminatorio, “como nos los a (sic) dado algunos funcionarios y funcionarios públicos sin escrúpulos”, dice el escrito entregado en la PGR y en Los Pinos el mismo 21 de diciembre.

***

Jorge Carrasco Araizaga, reportero

Publicado en la revista mexicana Proceso # 1736, 7 de febrero de 2010;Mientras el gobierno de Felipe Calderón demuestra cada día la inoperanciade su estrategia de combate al crimen organizado, la justicia estadunidense mantiene desde hace dos años una amplia y pormenorizada investigación en torno a Los Zetas. Este trabajo revela las identidades de presuntos narcotraficantes pertenecientes a La Compañía, una organización que operaba cuando el cártel del Golfo y los propios zetas trabajaban de común acuerdo.

Una investigación que la justicia estadunidense sigue desde hace dos años puso al descubierto la estructura, los mandos y la forma en que operaban el cártel del Golfo y Los Zetas para traficar droga desde Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos bajo el nombre de La Compañía, y con la protección oficial en México.

De acuerdo con acusaciones hechas por el Departamento de Justicia ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia en Washington, La Compañía operó en años recientes para traficar droga a Estados Unidos y dinero a México bajo la dirección de una tríada en la que participaron los principales jefes del cártel del Golfo y Los Zetas.

Según el gobierno estadunidense, La Compañía surgió como un “consejo de gobierno o triunvirato” integrado por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, El Doble X o El Dos Equis, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado.

El proceso judicial se inició en noviembre de 2007 al fincarse acusaciones contra 11 integrantes de la organización. La investigación está en curso y ahora el Departamento de Justicia estadunidense tiene cargos contra ocho personas más, a quienes busca extraditar desde México.

Dos de los acusados ya fueron detenidos aquí el año pasado, pero la mayoría aún aparece en el programa de recompensas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Entre ellos están los principales requeridos por Estados Unidos: Tony Tormenta, El Cos y El Lazca. La investigación señala a Tony Tormenta como un líder propio de La Compañía; a El Cos, como “activamente involucrado en las actividades del cártel del Golfo”, y a El Lazca, como líder de Los Zetas, que fue jefe de seguridad del cártel del Golfo. También identifica a qué organización pertenece el resto de los acusados y establece un quién es quién dentro de La Compañía, el cártel del Golfo y Los Zetas.

El proceso

De acuerdo con la causa criminal CR-057 abierta por la justicia federal estadunidense, La Compañía operaraba en todos los estados de la costa del Golfo de México, por donde traficaba embarques de cocaína y mariguana procedentes de Venezuela, Colombia, Panamá y Guatemala con destino a Texas, para después distribuirlos en distintas ciudades de Estados Unidos.

En el caso de México, la indagatoria se enfoca principalmente a Tamaulipas, pero incluye a Veracruz y Tabasco, en la costa occidental, y a Coahuila, Nuevo León y Chiapas, zonas de operación del grupo o de alguno de sus integrantes. Según la acusación, esa alianza también ejercía el control de miles de kilómetros en la frontera de México con Estados Unidos.

Elaborada por la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés), la investigación identificó a los mandos de las plazas y el papel jugado por cada uno en operaciones realizadas por La Compañía entre 2006 y 2008.

El Departamento de Justicia indica que la información en torno a esa alianza la obtuvo a partir de intervenciones telefónicas a los miembros del grupo. Así se enteró de datos logísticos, costos de las transacciones, precio de la droga y referencias acerca de sobornos a autoridades mexicanas.

La investigación sigue abierta y, a petición del Departamento de Justicia, el tribunal de Columbia decidió mantenerla bajo reserva. Lo único que se conoce es la acusación, en donde se fincan tres cargos contra 19 personas.

Además de Tony Tormenta –hermano de Osiel Cárdenas, detenido en 2003 y extraditado en 2007 a Estados Unidos–, El Cos y El Lazca, el gobierno estadunidense acusa a Miguel Treviño Morales, al que identifica como Zeta 40 o Cuarenta y como jefe de La Compañía en Veracruz.

En seguida aparecen Jaime González Durán, El Hummer –detenido en Reynosa en noviembre de 2006–; Samuel Flores Borrego, El Tres o El Metro Tres; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o X-20; Alfredo Rangel Buendía, El Chicles, y a una persona que sólo señala como Lino.

Incluye también a Gilberto Barragán Balderas, El Tocayo; Juan Reyes Mejía González, R-1, Kike o Reyes; Omar Treviño Morales, El 42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito o El Caballero; Alfonso Lam-Liu, El Gordo Lam, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo.

El resto de los acusados son Aurelio Cano Flores, Yankee o Yeyo; Carlos Cerda González, Puma o Carlitos; Víctor Hugo López Valdez, Jorge Hernández Martínez, Chiri o Chiriquas, y Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, Chito, Chito Can, Chito Canico o Chito Canicón. Este último fue operador del grupo en Nuevo León y detenido en Saltillo en marzo de 2009, acusado del asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones en Cancún, en febrero del año pasado.

A todos se les responsabiliza de conspirar para manufacturar y distribuir cocaína y mariguana destinadas a Estados Unidos entre junio de 2006 y marzo de 2008. A 10 de ellos, además, les levantaron cargos por distribución de cocaína para importarla a ese país en octubre de 2007, y a otros cuatro por tráfico de cocaína en noviembre del mismo año. El Cos, X-20 y El Metro Tres aparecen en los tres cargos.

A partir de lo que describe como “una investigación de largo plazo de una organización de tráfico internacional de cocaína que opera en México y otros lugares”, el Departamento de Justicia asegura que los acusados pertenecen al cártel del Golfo o a Los Zetas y actuaron juntos bajo el nombre de La Compañía.

Originalmente reclutados por Osiel Cárdenas como brazo armado del cártel, los militares de élite desertores del Ejército que formaron Los Zetas adquirieron fuerza propia dentro de los grupos de delincuencia organizada y se desprendieron del cártel del Golfo a finales de 2008.

Según el gobierno estadunidense, La Compañía dividió su territorio en áreas conocidas como plazas a lo largo de miles de kilómetros de la frontera México-Estados Unidos, con sus respectivos jefes.

Sobre las tres acusaciones, indica que el triunvirato dirigía el transporte de cocaína y mariguana mediante barcos, aeroplanos y automóviles desde Colombia y Venezuela a Guatemala, y de ahí a varias “plazas” en México. En Estados Unidos, operaba en Texas para después distribuir la droga en otras ciudades.

El gobierno estadunidense también responsabiliza a ese grupo y a otros miembros de La Compañía de “organizar, dirigir y llevar a cabo varios actos de violencia contra oficiales de procuración de justicia mexicanos y narcotraficantes rivales como represalia e intimidación a quien o quienes interfirieran o fueran considerados como potenciales obstáculos a sus actividades”.

Como característica común para el embarque de la droga y la evasión de la vigilancia policial, señala la utilización de teléfonos Nextel y equipo de radiotelecomunicación UHF/VHF, además del lenguaje codificado para disfrazar y ocultar sus actividades.

También se valía de equipo sofisticado de computación para mantener “una amplia base de datos” con información sobre las cantidades de cocaína embarcada, las identidades y localidades de los jefes de plaza, las nóminas, los pagos hechos a las autoridades mexicanas y el dinero recibido y prestado.

Si bien la acusación no hace públicos los detalles de esos registros, se apoya en “actos manifiestos” conocidos a partir de decenas de conversaciones telefónicas interceptadas al grupo.

Quién es quién

Entre los 19 acusados, el Departamento de Justicia de Estados Unidos describe el liderazgo y el papel de seis jefes de La Compañía, seis del cártel del Golfo y siete de Los Zetas.

Los líderes que identifica como propios de La Compañía son Tony Tormenta, El Tocayo, El 42, El Yankee, El Puma y El Chiriquas. A El Tocayo lo ubica como el encargado de obtener información sobre los operativos contra la organización. A El 42, como operador en Coahuila junto a El Mamito, de Los Zetas. Y a El Yankee como introductor también de heroína a Estados Unidos. De El Chiriquas asegura que le llevó asuntos personales y de negocios a Heriberto Lazcano relacionados con La Compañía, incluidos lugares de ubicación y llamadas telefónicas.

Como integrantes del cártel del Golfo menciona a El Cos, El Metro Tres, El X-20, Lino, El R-1 y El Gordo Lam. Del Metro Tres dice que, además de haber sido el encargado de informar sobre las operaciones del gobierno contra el grupo, ha operado en Chiapas desde 1996, mientras que a Lino lo señala como uno de los primeros contadores de La Compañía.

De Los Zetas integrados a la alianza ubica a El Lazca, El Zeta 40, El Hummer, El Chicles, El Mamito, El Chelelo y El Canicón. Del Chelelo dice que ha operado en Monterrey junto a El Canicón, quien fue detenido en Saltillo, en marzo del año pasado.

Sobre las actividades de los tres principales dirigentes de La Compañía, en las acusaciones que se siguen en la corte estadunidense se dice que Tony Tormenta “se involucró activamente” en sus actividades, incluida la recepción de “grandes cantidades” de dinero de Estados Unidos a México.

A El Cos lo identifica no sólo como parte del triunvirato, sino como uno de los principales responsables de las actividades del cártel del Golfo, incluido el manejo de dinero producto de la venta de la cocaína y la mariguana en Estados Unidos.

De El Lazca menciona que además de líder de La Compañía y de Los Zetas, era el jefe de seguridad del cártel del Golfo, involucrado directamente en actividades como el manejo de los embarques con los recursos económicos llegados desde Estados Unidos.

Después de ellos menciona a Miguel Treviño Morales, El 40, Zeta 40 o El Cuarenta. Lo ubica como el segundo al mando de Los Zetas y un activo participante en las actividades de ese grupo y del cártel del Golfo, tanto en el trasiego de droga como en la recepción de dinero.

Dentro de La Compañía, su función era la de supervisar las actividades en áreas de México cerca de la frontera con Estados Unidos, así como en Nuevo Laredo y Veracruz, donde tiene el control de la Policía Ministerial, según sus propios dichos referidos en la acusación.

Al ya detenido El Hummer, uno de los fundadores de Los Zetas, lo ubica como activo operador de la alianza en Tamaulipas, especialmente en Nuevo Laredo, Miguel Alemán y Reynosa.

La relación entre El Hummer y El Zeta 40 era intensa, a decir de la acusación estadunidense. Cita varios casos. Uno, el del 21 de octubre de 2006, cuando en una llamada telefónica Treviño Morales le indicó a González Durán que la organización pagaba “bonos” según el nivel de sus integrantes, y que en el caso de los jefes era de 10 mil dólares. Además, acordaron que Treviño le vendería mil kilos de mariguana.

Otro es de una llamada intervenida el 21 de mayo de 2007, en la que El Zeta 40 buscaba asegurar el embarque de 300 a 400 kilos de cocaína con el apoyo de El Hummer y El Canicón. Según la acusación, El Zeta 40 tenía una gran capacidad para traficar droga. Además de ese embarque, refiere el transporte, un mes después, de 400 kilos de cocaína desde Camargo, Tamaulipas, a la ciudad de Río Grande, en Texas.

Otra llamada, del 25 de junio de 2007, lo involucra en los preparativos logísticos en Altamira y Tampico, en Tamaulipas, “para recibir miles de kilos de cocaína desde Colombia”.

Poco después, el 24 de julio, Miguel Treviño Morales le ordenó a El Hummer contactar “a un individuo para decirle que sólo la carga de La Compañía era la permitida para pasar por la ciudad de Camargo”.

Además de facilitar el paso de mariguana de El Lazca por Reynosa, El Hummer también estableció relación con Omar Treviño Morales, El 42, para la movilización de los recursos económicos producto de la droga.

Según el Departamento de Justicia, el 26 de marzo de 2007, El 42 le dijo a El Hummer que estaba movilizando “una gran cantidad de dinero en efectivo” en una camioneta sport tipo pick up marca Chevrolet Avalanche, color gris con placas de Tamaulipas.

Las conversaciones también dan cuenta de pérdidas de efectivo, como la incautación de 2 millones 700 mil dólares, en Texas, cuya propiedad fue adjudicada por El Hummer a El Zeta 40.

Sobre los precios de la cocaína, la acusación señala que entre junio y agosto de 2006, El Canicón le compró a La Compañía 65 kilos de cocaína, por un total de 877 mil dólares, a un precio de 13 mil 500 dólares por kilo. El siguiente año, según una conversación del 29 de mayo entre El Hummer y El Lazca, La Compañía ya había bajado a 12 mil dólares el kilo de cocaína.

En el caso de la mariguana, el 8 de febrero de 2007, El Chiriquas le dijo a El Hummer que El Lazca quería saber el precio que cobraba La Compañía por un kilo en Reynosa. La respuesta fue que la organización vendía el kilo entre 150 y 170 dólares.

Además, el costo del embarque por cada kilo de mariguana fijado por La Compañía era de 20 dólares, según una conversación de El Metro Tres y El Zeta 40. En esa misma conversación, de fecha 26 de marzo, El Zeta 40 le dijo a su interlocutor que tenía el control de la Policía Ministerial de Veracruz.

Sobre el control de autoridades, la acusación menciona una llamada del 8 de mayo de 2007. Según el Departamento de Justicia, El Cos autorizó a El X-20 y a El Metro Tres pagar “un soborno de 2 millones de dólares a funcionaros del gobierno mexicano”. Amparado en que se trató de una conversación en lenguaje codificado, el gobierno estadunidense evita precisar los nombres y niveles de las autoridades mexicanas involucradas.

Otro ejemplo de corrupción aparece en una conversación del 11 de mayo de 207, cuando El Metro Tres le indica a Tony Tormenta que les confiscaron 300 kilos de cocaína, pero que la persona detenida –no identificada en la acusación– “podría salir bajo fianza”.

Las grabaciones también registran las incautaciones sufridas por La Compañía durante 2007, como las siete toneladas de mariguana que estaban en ruta entre Reynosa, Tamaulipas, y McAllen, Texas, en marzo; 400 kilos de cocaína en febrero; cinco toneladas de cocaína en abril; 300 kilos en mayo, y 2.4 toneladas en Panamá, en diciembre.

El gobierno estadunidense también registró las amenazas y reglas de La Compañía. El 10 de febrero de 2007, El Cos y El Metro Tres acordaron imponer una tarifa de 20 mil dólares a la semana a un individuo –no identificado en la acusación– que estaba transportando mariguana a través de Reynosa, territorio identificado como de El Cos.

En octubre de ese año, la coerción fue más intensa cuando El Chicles advirtió que los inversionistas de un cargamento de cocaína asegurado en Altamira tenían 72 horas para pagar el dinero del embarque o serían asesinados.