Pena de muerte

Pena de muerte: menos y más solos/Pep Parés, presidente de Amnistía Internacional Catalunya

Publicado en EL PERIÓDICO, 30/03/10;

Delara Darabi, iraní de 22 años, fue declarada culpable de asesinato y robo en un juicio sin garantías durante el que mantuvo siempre su inocencia. Fue ejecutada en la horca el Primero de Mayo del 2009, por unos hechos ocurridos cuando tenía 17 años. Junto con Delara, un total de 714 personas fueron ejecutadas a lo largo del 2009 en todo el mundo (sin contar a China), según los datos que Amnistía Internacional hace públicos hoy en el informe sobre condenas y ejecuciones en todo el mundo.

A pesar de ello, los países que ejecutaron a alguien el pasado año son cada vez menos y están más marginados. Son 18, una auténtica excepción entre una mayoría que ya no aplica la pena de muerte (139 países), o bien que ya la ha eliminado totalmente de su legislación (95). Puede afirmarse sin lugar a dudas que el proceso hacia la abolición universal de la pena de muerte está hoy un poco más claro. Las cifras nos muestran que menos países que nunca llevan a cabo ejecuciones (seis menos que en el 2008) y que asistimos a nuevas muestras hacia la erradicación de la pena máxima. Podemos hablar sin rodeos de una tendencia: en los últimos 10 años, un total de 23 países han eliminado este castigo irreversible de su legislación, sea cual sea el crimen.

La lista de la pena de muerte la encabezan este año países como Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos, y nos referimos a 714 personas porque no contamos a los supuestos miles de casos de China, especialmente preocupantes. Por primera vez, Amnistía Internacional ha decidido no publicar cifras ni ningún tipo de estimación de las ejecuciones ni de las condenas a muerte en China en su informe. La pena de muerte se sigue aplicando en el país asiático bajo un muro de secretismo (como en Corea del Norte, Vietnam o Mongolia), algo que consideramos inaceptable. Si la pena capital es, como afirman esos países, un acto de Estado legítimo, ¿por qué lo esconden? ¿Cuál es el motivo real para que su aplicación se oculte a la opinión pública y al escrutinio internacional?

Por ello, este año, desafiamos y emplazamos a las autoridades chinas a que faciliten estadísticas públicas que demuestren su afirmación de que están reduciendo la aplicación de esta violación extrema del derecho a la vida, cruel, arbitraria y degradante. La ausencia de datos estadísticos oficiales públicamente accesibles sobre la pena de muerte solo favorece cálculos y estimaciones que, en gran medida, distorsionan la cifra real de ejecuciones y condenas.

La información sobre el número de ejecuciones en China tiene carácter de secreto de Estado y quien la revele puede ser acusado penalmente. Es así como se consolida una especie de apagón informativo que favorece que el mundo desconozca realmente de cuántos casos estamos hablando. Es muy probable que el año pasado las ejecuciones en China llegasen a miles y que, en consecuencia, la mayoría de casos en el mundo tuviesen lugar en ese país. Las autoridades chinas, si bien afirman tener como objetivo reducir su uso, siguen utilizando las ejecuciones para demostrar que las actividades consideradas perjudiciales para la estabilidad social serán tratadas con mano dura.

Otra tendencia preocupante es que la pena de muerte se utilizase en el 2009 para transmitir o reforzar determinados mensajes políticos, para silenciar y reprimir la disidencia interna o para promover determinadas agendas políticas en países como Irán o Sudán. Así, por ejemplo, en Irán y en un corto periodo de dos meses, el que transcurrió entre las elecciones presidenciales de junio del 2009 y la toma de posesión de Mahmud Ahmadineyad para un segundo mandato, se dio un aumento drástico de las ejecuciones. Hasta 112 personas fueron ejecutadas en solo ocho semanas. Muchas de ellas habían sido condenadas en un juicio sin garantías y en algunos casos bajo la acusación de «enemistad con Dios». También Irán integra, con Arabia Saudí, el dueto de países que ejecutaron a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, una clara violación del derecho internacional.

Pero en la otra cara de la moneda están las buenas noticias que nos llevan a afirmar que avanzamos hacia un mundo sin pena de muerte. En el 2009, en Europa no se produjo ninguna ejecución por primera vez desde que Amnistía Internacional empezó a contabilizarlas. En el continente americano, solo EEUU aplicó la pena máxima. En África, dos países, Burundi y Togo, la abolieron, y tan solo Botsuana y Sudán ejecutaron a alguien. Países que tradicionalmente han aparecido en la lista en puestos destacados, como Afganistán o Pakistán, no registraron ninguna ejecución en el 2009. Todos los países del Magreb mantuvieron la moratoria que aplican desde hace tiempo. Son pequeños pasos, pero muy destacables. A finales del 2010, la Asamblea General de la ONU estudiará una tercera resolución sobre el uso de la pena de muerte. Será una nueva oportunidad para que la comunidad internacional exprese su rechazo a las ejecuciones y trate de lograr que esta práctica desaparezca y pase definitivamente a la historia