¿Inocente o culpable?

Columna PLAZA PÚBLICA/Miguel Ángel Granados Chapa ¿Inocente o culpable?

Reforma, 21 Mar. 11

El 3 de octubre de 2007 el presidente Calderón informó, ufano, de un suceso ocurrido tres días atrás:
"El viernes pasado fueron detenidos, entre muchos que se han detenido este año, la verdad ya perdí la cuenta, dos de los delincuentes más peligrosos y de los más importantes de América Latina. Una es la famosa Reina del Pacífico, o del sur, Sandra Ávila Beltrán, y otro es un colombiano, Juan Diego Espinosa Martínez".
Al emitir así un dictamen que se basaba sólo en información sesgada de sus colaboradores, el presidente de la República actuaba según la pauta establecida por la Procuraduría General de la República o, con aun mayor énfasis, por la Secretaría Seguridad Pública, de la que depende la Policía Federal. El veredicto
presidencial fue no sólo ilegal y apresurado, sino erróneo. En diciembre pasado Sandra Ávila Beltrán, motejada La reina del Pacífico por el gobierno (y no Reina del sur, título que corresponde a una novela de Arturo Pérez Reverte), quedó absuelta de los delitos por los cuales se le encausó a partir de octubre de 2007, poco después de su detención. Los jueces no hallaron sólida la acusación de narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero que se le imputaron. En rigor tendría que haber sido puesta en libertad hace tres meses. Pero se la mantuvo en prisión porque está abierta otra causa penal en que es protagonista, la relativa a un pedido de extradición proveniente de la justicia norteamericana. No importa que ya se hayan emitido resoluciones contrarias a su remisión a Estados Unidos, porque no se acredita que ella sea la mujer acusada ante los tribunales de aquel lado de la frontera. Únicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores se empecina en obtener la autorización para extraditarla.
En vez de que, por la naturaleza del procedimiento cuyo desenlace aguarda, Ávila Beltrán hubiera sido trasladada del reclusorio femenil de Santa Marta a un recinto carcelario administrativo, hace tres semanas, el 28 de febrero, se la trasladó a un penal de mediana seguridad, el de San José del Rincón, cerca de Tepic, Nayarit. Esa penitenciaría se ha convertido en una prisión de reos con alguna significación política. Allí fueron llevados, por ejemplo, los ciudadanos oaxaqueños que cayeron en una redada practicada en noviembre de 2006 por la policía del gobernador Ulises Ruiz. Allí fueron llevados también, en mayo de 2009, los alcaldes y funcionarios estatales y municipales de Michoacán, acusados por nexos con el narcotráfico y aprehendidos con violencia innecesaria y riesgosa. En uno y otro caso las personas injustamente presas fueron devueltas a prisiones de su lugar de origen y luego exoneradas por la simple razón de que no cometieron los delitos que se les imputaron.
Espinosa Martínez, el presunto traficante colombiano apodado El tigre detenido junto con Ávila Beltrán, fue también absuelto pero la justicia norteamericana había tenido éxito y fue extraditado el 2 de enero de 2009. En Estados Unidos se le sentenció ya a seis años de prisión. Si el juicio de extradición a Sandra Ávila se resolviera en su favor y quedara libre, habría ya pagado lo que no debe con tres años y medio de prisión injusta.
¿Dónde radica la dolencia del sistema de procuración e impartición de justicia que infiere daños a presos que deberían estar libres? Cuando una persona como La reina del Pacífico es exonerada hemos de admitir que lo fue porque es inocente. O si complicamos el razonamiento, podemos explicarnos el resultado en función de la destreza profesional de sus defensores. O bien porque el Ministerio Público elaboró deficientemente la acusación o porque los juzgadores, de primera y de segunda instancia, instauraron impropiamente el proceso respectivo. Y si unos y otros actuaron de ese modo, la siguiente pregunta es si lo hicieron por ineptitud y negligencia o por bien aceitada mala fe, con errores deliberados, para propiciar la libertad de los imputados debido a fallas procesales de mínima importancia pero gran eficacia.
Acaba de ser liberado, después de cuatro años de estar prófugo y tres más prisionero, Moisés Arenas Jiménez. Estaba condenado a 46 años y medio de reclusión acusado de participar en el homicidio de dos agentes de la Policía Federal Preventiva en el poblado de San Juan Ixtayopan, delegación de Tláhuac. En un episodio que todavía hoy sigue siendo oscuro, el 23 de noviembre de 2004 una embravecida multitud retuvo y linchó a tres personas, a las que tenían por plagiarios en grado de tentativa. Dos de las víctimas fueron incineradas todavía con vida. No en ese momento, nadie en flagrancia porque si se hubiera intentado hacerlo el tumulto habría adquirido una magnitud todavía más grave, decenas de personas fueron detenidas, más para satisfacer el apetito social de vindicación ante un suceso intolerable que por razones sostenibles en un juzgado. Cabe recordar que por la misma causa, la exacerbada opinión pública, fueron removidos de sus cargos el comisionado de la Policía Federal Preventiva, almirante José Luis Figueroa, y el secretario de Seguridad Pública del gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
Entre otros, se libró orden de aprehensión contra Arenas Jiménez no obstante que se probó que se hallaba lejos del ataque directo a los agentes, y no lo instigó. Hoy está libre porque el magistrado de la apelación, J. Guadalupe Luna Altamirano, no encontró en la acusación ni en la sentencia inicial "ni siquiera un indicio" de su responsabilidad penal. Está libre, pero no a salvo del estigma.Cajón de Sastre
Transmitir este mensaje por el correo electrónico tropezó con la casi insalvable deficiencia y lentitud de Prodigy, que de pronto se ausenta del aire, sin aviso, sin disculpa, sin descuento posterior por las horas de servicio no brindadas. Mantener abierta la comunicación por la red no es un asunto que la competencia tan ensalzada por los monopolistas de otras áreas de las telecomunicaciones puedan, pues ya hay contienda por el mercado en este campo y los usuarios son maltratados en uno y otro caso. Aunque se agudicen las rivalidades entre los gigantes, mientras las autoridades -la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes- no perciban que son órganos reguladores y no simples mirones estaremos tan sujetos al azar para comunicarnos como lo estaban quienes usaban señales de humo.


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