El Presidente en el XCV Aniversario de la Constitución de 1917

El Presidente en el XCV Aniversario de la Constitución de 1917;

Teatro de la República, Querétaro, 5 de febrero del 2012

Señor Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Señor Senador José González Morfín, Presidente del Senado de la República.

Señor Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente de la Cámara de Diputados.

Señor licenciado José Eduardo Calzada Rovirosa, Gobernador del Estado de Querétaro, y Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Doctor Leonardo Valdés Zurita, Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral.

Doctor Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Señores Gobernadores.

Señoras y señores Legisladores.

Señoras y señores integrantes del Poder Judicial.

Señoras y señores Secretarios.

Señoras y señores familiares de los Constituyentes de 1917.

Señoras y señores integrantes de los organismos autónomos.

Señoras y señores representantes de los Poderes de los Estados.

Señoras y señores líderes, dirigentes sociales y políticos.

Señores rectores y académicos.

Distinguidos invitados especiales.

Señoras y señores:

Hoy, México conmemora el XCV Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. Y por eso, rendimos sentido homenaje a la generación de revolucionarios que legó a los mexicanos una Carta Magna, en la que se plasmaron los anhelos de justicia y los más altos principios de la Patria.

En el Teatro de la República, al término de la Revolución, los Constituyentes asumieron como deber, no solamente restaurar el orden constitucional quebrantado por Victoriano Huerta, sino, también, plasmar en un nuevo código supremo las decisiones fundamentales que habrían de guiar a nuestro pueblo en su ruta por constituirse como una Nación de libertades, igualdad y progreso.

Los Constituyentes eran conscientes que de sus resoluciones dependía el porvenir de los mexicanos. Por ello, en la Carta Magna, otorgaron más libertades y derechos a los ciudadanos, y también, introdujeron los derechos de los trabajadores.

Delinearon un sistema democrático con pesos y contrapesos entre los Poderes. Protagonizaron debates históricos sobre la economía del país, la libertad de trabajo y la educación, y acordaron que los recursos naturales debieran ser propiedad de la Nación.

Ningún ámbito de la vida pública quedó fuera de la discusión de los Legisladores del 17, y en este Teatro de la República se discutió intensamente, con pasión, con altura de miras, con apertura de ideas y, estoy seguro, con profundo amor a México.

Luis Manuel Rojas, Presidente del Congreso, entregó la Constitución a don Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, diciéndole estas palabras: En nombre de este Congreso Constituyente, que será ilustre en la historia mexicana, me cabe el honor de poner en vuestras manos la nueva Ley Suprema de esta tierra, dando a usted la seguridad de que todos nosotros seremos sus más celosos defensores, estando dispuestos a cumplirla y respetarla como el emblema sagrado a cuyas sombras gozará mañana de libertad, de paz y bienestar el pueblo mexicano.

Desde entonces, la Constitución ha sido símbolo de unión de todos los mexicanos, de muchas generaciones que hemos creído en sus principios.

Y desde el 17, los mexicanos hemos construido y fortalecido las instituciones de la República para llevar el cumplimiento pleno, los derechos individuales y las garantías sociales que establece.

El Orden Constitucional es el más grande patrimonio que compartimos los mexicanos.

La Constitución Mexicana fue, en su tiempo y lo sigue siendo ahora, una de las más avanzadas en términos sociales y aunque muchas de esas garantías sociales fueron durante décadas aspiraciones colectivas, hoy muchas de ellas comienzan a concretarse para millones de mexicanos.

El derecho a la salud, por ejemplo, o el de vivienda, están dejando de ser enunciados aspiracionales para convertirse en realidad para millones y millones de familias mexicanas cada año.

Éste es el sexto y último aniversario de la promulgación de la Constitución que presido en mi calidad de Titular del Ejecutivo Federal.

Como Presidente de la República, hace más de cinco años juré guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y dando el todo por el bien y la prosperidad de la Nación, tal como lo prescribe, desde 1917, el Artículo 87 de nuestro Código Supremo.

Este juramento sagrado e irrenunciable implica, para mí y para cualquier gobernante, la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, y entender ella como la primera obligación del gobernante. Entenderla como un deber constitucional pero, también, un deber político y un deber ético. Un verdadero imperativo categórico, donde reside, precisamente, el sentido vital de los órganos constitucionales.

Hoy, uno de los mayores desafíos que enfrentamos como Nación es, precisamente, éste: Lograr que la ley se cumpla y se haga cumplir. Enfrentamos el reto histórico de construir un auténtico Estado de Derecho, para hacer del nuestro un país que finque su prosperidad en la certidumbre de que nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley.

Y, precisamente, en el Estado de Derecho es donde se concatena la vigencia de las aspiraciones de los mexicanos y, también, las posibilidades de prosperidad y de certeza a las que aspiramos.

Uno de los obstáculos para alcanzar este objetivo fundamental de hacer del nuestro un país de leyes es, precisamente, la acción de grupos delincuenciales, que buscan, en algunos casos, a través de la violencia y del terror, oprimir social y económicamente a los ciudadanos, coartando las libertades y las oportunidades de progreso que garantiza nuestra Carta Magna.

Por eso, en el Gobierno Federal no dudamos ni un minuto en hacerles frente. No dudamos en poner un alto a quienes asesinan, roban y secuestran a los buenos mexicanos; a quienes envenenan y reclutan a nuestros jóvenes; a quienes destruyen nuestras comunidades con su violencia con la impunidad, con la corrupción que generan y quienes son claramente el verdadero enemigo de nuestra sociedad.

Y con base en la letra y en el espíritu del texto Constitucional, decidimos usar la fuerza legítima del Estado para cumplir y hacer cumplir las leyes de la República, salvaguardar las libertades de los ciudadanos y combatir a quienes vulneran la paz, la seguridad y el orden.

Los Constituyentes del 17 sabían que para que México pudiera transformarse en una Nación moderna tenían que poner los cimientos perdurables sobre los que se construirían leyes e instituciones.

Y con ese mismo espíritu, en la lucha por la seguridad de los mexicanos hemos puesto especial atención a la consolidación de nuestras instituciones previstas, precisamente, en la Carta Magna. Porque sabemos que la clave para un auténtico Estado de Derecho radica en la fortaleza de sus instituciones. Porque sabemos que un país con instituciones más fuertes y confiables es un país seguro, justo y próspero. Justo como aspiramos sea México.

En la fortaleza de las instituciones reside el pleno cumplimiento de la Ley. Por eso, en el Gobierno Federal estamos depurando y profesionalizando a instituciones de seguridad, claves para la vida de la República, como son la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas.

Y a su vez, estamos apoyando e impulsando constantemente a los gobiernos estatales para que depuren y fortalezcan sus propias instituciones de seguridad y de justicia, que por ley y por orden lógico son las más cercanas a los ciudadanos.

Es claro que este esfuerzo debe ser compartido, tanto en el Gobierno Federal, como en los estatales y municipales, según lo dispone, precisamente, la Constitución, al establecer órdenes competenciales concurrentes entre los tres órdenes de Gobierno, tenemos que seguir avanzando, sin claudicar, para consolidar instituciones de seguridad y de justicia fuertes y confiables.

Parte de la fortaleza institucional que queremos para el país radica, precisamente, en la transformación de su marco jurídico. Y en este esfuerzo de consolidación institucional, quiero expresar mi reconocimiento a la labor realizada por el Poder Legislativo y por el Poder Constituyente Permanente en estos años.

Porque gracias a la labor de Legisladores Federales y locales, en México se han aprobado reformas trascendentes e históricas de rango constitucional, como son: la Reforma al Sistema de Justicia Penal, con lo que transitamos de un sistema inquisitorial a uno acusatorio y equitativo de carácter presencial, con juicios orales y públicos, y procesos simplificados, donde la víctima tenga un rol fundamental.

O la Reforma Constitucional en Materia de Amparo, que reviste una importancia particular al erigirse como el medio de control jurisdiccional, para proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana y para avanzar, entre otras cosas, a poner en práctica el principio erga omnes, según el cual, a diferencia del pasado, en el que una resolución de amparo únicamente protegía a quien lo interponía, ahora protegerá a todos los que se encuentren en la misma situación jurídica.

O la Reforma en Materia de Derechos Humanos, que es la mayor ampliación, la ampliación más importante de derechos fundamentales en la historia moderna de nuestro país, porque con ello, los derechos humanos, no sólo los aprobados en la legislación interior, sino también los reconocidos internacionalmente en tratados de los cuales México sea parte, ahora son norma obligatoria en nuestro país.

Y, también, debo señalar, otras leyes como la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece competencias y coordinación de instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno, define el servicio civil de carrera policial, y nos impone a todos, la obligación de contar con órganos policiacos y ministeriales confiables.

O la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que amplía las facultades del Ministerio Público y fortalece mecanismos de selección, evaluación y profesionalización de sus integrantes.

La nueva Ley para Prevenir, Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que incrementan sanciones para los secuestradores, que lastiman violentamente a la sociedad, y establece competencias y formas de coordinación entre los órdenes de Gobierno.

Y otras reformas. La que sanciona en diversas leyes: Código Penal Federal, Código de Procedimientos, Ley de Delincuencia Organizada, Robos de Hidrocarburos. En fin. Un largo etcétera de reformas institucionales por la vía de la legalidad que, sin duda, legarán un México más fuerte desde el marco institucional.

Estas reformas, señores, representan avances invaluables en el marco del derecho para fortalecer, precisamente, el Estado de Derecho. Son un legado que deberá servir no sólo a los mexicanos de hoy, sino, sobre todo, a las generaciones del futuro.

Con estas reformas, los mexicanos estamos diciendo a las futuras generaciones que la lucha por el Estado de Derecho, por la seguridad y la justicia, es una lucha por un bien superior de la Patria. Un bien que está por encima de ideologías, intereses partidistas y coyunturas políticas.

Con estas reformas, el Poder Legislativo ha mostrado, también, que nuestro esfuerzo por consolidar el Estado de Derecho no admite mezquindades, porque es un esfuerzo en favor de todos los mexicanos.

Y desde esta Tribuna Republicana, quiero pedir con todo respeto por México, a las señoras y señores Legisladores, que completemos la reforma institucional del país, y, en consecuencia, que se valoren, discutan y aprueben leyes fundamentales para consolidar el Estado de Derecho en diversas materias, en las que tienen que ver, precisamente, con el desafío de la amenaza criminal:

La Ley de Seguridad Nacional, que busca reforzar y ordenar el procedimiento a seguir, para precisar y ejercer la corresponsabilidad que la Constitución nos atribuye a los tres órdenes de Gobierno en la tarea de proveer seguridad a los ciudadanos, y preservar, a la vez, la seguridad nacional e interior del país, y establecer un marco claro para la acción, entre otras, de las Fuerzas Armadas, para que tengan mayor certidumbre en su tarea de servir a la gente, y proteger a las familias mexicanas.

O la Ley de Mando Policial Único y Confiable, que permitirá reducir el número de cuerpos policiacos, de más de dos mil, a 32 cuerpos confiables, fuertes y eficaces, dotados de mayores tecnologías y capacidades.

O la Ley contra el Lavado de Dinero, indispensable para desmantelar la capacidad financiera del crimen organizado.

O la Legislación Complementaria en Materia Penal, orientada a tipificar nuevas conductas delictivas, como las que ponen en práctica los criminales, y que asolan a nuestra sociedad.

Las Reformas en Materia Económica, para poder generar mayor competitividad y mejores oportunidades de empleo, en particular, a mujeres y jóvenes en el país, como es la Reforma en Materia de Trabajo.

Y la propia Reforma Política, aún en discusión en el Congreso de la Unión, y que implicaría que se establecieran cambios fundamentales para darle o devolverle el poder a los ciudadanos en la elección y en la valoración de sus representantes.

Los desafíos del país, señores, pueden ser indefinidos, pero los tiempos de los gobiernos y las legislaturas son limitados.

Y por eso, las mexicanas y los mexicanos no pueden, ni tienen por qué esperar más a que se cuente con leyes e instituciones que los protejan de tales desafíos, en particular, en tiempos que son complejos para todos.

Señoras y señores:

La Constitución General de la República es la norma suprema de la unión. Y la República democrática y Federal que en ella se consagra, nos permite a los mexicanos no sólo contar con las mayores garantías a nuestros derechos, sino integrar los Poderes públicos, conforme a reglas democráticas que hay que preservar y poner en práctica.

Se dice fácil, pero México cuenta con una democracia vibrante, con absoluta pluralidad y libertad de expresión de los ciudadanos, con equilibrio de poderes, donde ningún partido tiene ni hegemonía, ni dominio en los Poderes uno sobre otro.

Y si el derecho es la parte estática del Estado, la política es la dinámica del Estado. Por eso es importante ejercer los derechos y cumplir los deberes cívico-políticos con la Patria, en particular, en un año en el que se eligen e integran nuevos Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En la estabilidad democrática, que privilegiadamente tenemos los mexicanos, integremos los nuevos Poderes a través del voto libre y respetado. Un voto libre y respetado que debe ser fruto de una deliberación ciudadana, que sólo puede provenir de campañas, también, libres y equitativas.

Hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo en paz y con pleno apego a la ley, sin claudicar en nuestro deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan con todas sus consecuencias.

Porque esa es la mayor y mejor garantía de nuestra convivencia democrática.

En su momento, los Constituyentes sabían que legislaban para los mexicanos del futuro. Emulemos hoy su ejemplo y asumamos con altura de miras, con patriotismo, también, nuestro desafío histórico de construir leyes e instituciones para las y los mexicanos del mañana.

En nuestras manos está el preservar y ampliar nuestro patrimonio institucional y legal para ellos, para los que vienen.

Enfrentemos sin ambigüedades y con patriotismo los retos de mayor trascendencia en el devenir de nuestra Nación. Todos aquellos que nos permitan construir un México más justo, más próspero y más seguro.

Y yo estoy seguro de que, como siempre lo han hecho, las instituciones de México estarán a la altura de sus responsabilidades históricas.

Este Teatro de la República es emblema, también, del respeto a la ley y a México, no sólo porque aquí nació la Constitución de 1917, sino, también, porque aquí se llevó a cabo el juicio en contra de Maximiliano de Habsburgo y con ello se puso fin a un régimen que había usurpado las instituciones y las leyes de la República.

Por eso, el Presidente Benito Juárez, al entrar triunfante a la Ciudad de México, exclamó con profunda sabiduría: La prosperidad de la Nación sólo puede conseguirse con un inviolable respeto a las leyes, y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte.

El Benemérito de las Américas tenía razón. Coincidamos todos hoy, que es fundamental hacerlo, que la prosperidad de la Nación sólo puede conseguirse con un inviolable respeto a las leyes.

En el fortalecimiento de las instituciones del país se juega el futuro mismo, porque sólo el Estado de Derecho nos permitirá alcanzar el México al que aspiramos.

Sólo el Estado de Derecho nos permitirá a los mexicanos gozar plenamente de nuestras libertades, sin temor a que tales libertades sean canceladas por un poder autoritario o por un poder de facto, como lo es ahora, el propio crimen que asola al país.

Sólo el Estado de Derecho nos permitirá forjar una Nación con igualdad de oportunidades, en la que todas las familias puedan salir adelante, a partir de su esfuerzo.

Sólo el Estado de Derecho nos permitirá tener una economía competitiva, que genere los empleos suficientes que demandan los mexicanos.

El Estado de Derecho de nuestra Nación es la síntesis de nuestras luchas de Independencia, de Reforma y de Revolución. Es herencia de nuestros padres y legado para nuestros hijos.

Es, precisamente, un árbol frondoso que debe proteger con su sombra bienhechora la libertad de los mexicanos del mañana, tal como lo dijera el Presidente del Congreso Constituyente, Luis Manuel Rojas: Estando dispuestos a cumplirla y respetarla como el emblema sagrado a cuyas sombras gozará mañana de libertad, de paz y bienestar, el pueblo de México.

Nuestra ley fundamental ha sido, es y debe ser el mecanismo rector de nuestra vida pública y el faro que oriente el esfuerzo de todos los buenos mexicanos hacia una Patria más segura, justa y próspera.

Por eso, hoy, 5 de febrero, conmemoramos el Aniversario de la Promulgación de la Constitución General de la República. Pero, por eso, también, todos los días nuestro personal e institucional empeño es, precisamente, para hacerla valer en las vidas de todas y de todos los mexicanos.

Muchas gracias.