Este jueves 1 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular por 315 votos a favor, seis en contra y siete abstenciones el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados; y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
¡Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales!
El dictamen señala que se impondrá de uno a 5 años de prisión y de mil a 10 mil días de multa, a la autoridad que utilice los datos e información relacionados para fines distintos y de 250 a 2 mil 500 días de multa a permisionarios y concesionarios que se rehúsen a colaborar con la autoridad en las investigaciones.
Se determina que los concesionarios y permisionarios deberán garantizar que los equipos de comunicación móvil cuenten con una combinación de teclas que al ser digitadas permitan a los clientes o usuarios enviar señales de auxilio; a su vez los centros penitenciarios deberán bloquear o anular las señales de telefonía móvil o radiocomunicación dentro del perímetro de aquellos.
Asimismo se precisa que las señales de auxilio serán enviadas de forma automática a un sistema nacional de atención de emergencias a fin de garantizar la intervención oportuna de las autoridades de la federación, de las entidades federativas o de los municipios.
En ese sentido fue muy oportuna la intervención de Alejandro Martí, en la reciente sesión del Consejo nacional de Seguridad Pública cuando les hizo un reclamó a los legisladores, en concreto a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que preside don Humberto Benítez Treviño (PRI).
Durante su intervención el Presidente de la Organización México SOS, manifestó que su organización propuso la Ley de Geolocalización que se aprobó en el Senado en 45 días, y agregó: "lamentablemente ayer cumplió 10 meses en la Cámara de Diputados y no ha sido aprobada, 10 meses que se traducen en dos mil 252 secuestros, 61 secuestrados asesinados, sin tomar en cuenta las secuestros exprés y de migrantes; 3 mil 474 extorsiones telefónicas denunciadas".
La respuesta vino de inmediato: no son 10 meses , sino cinco: HBT
En la sesión de este jueves 1 de marzo, Benítez Treviño, al presentar justamente al pleno el dictamen reclamado por Martí, denominado dijo : “El día de ayer el señor Alejandro Martí acusaba la lentitud de la Cámara de Diputados acerca de este dictamen. Quiero subrayar que la iniciativa en el Senado de la República se presentó el 15 de marzo del año pasado, que fue turnada a la Cámara de Diputados el 6 de septiembre. Es decir, no tiene un año este asunto, tiene escasos cinco meses en que la Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Justicia.
Los posicionamientos –de acuerdo a la versión estenográfica:
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Distinguidas diputadas, compañeros diputados. Señor Presidente de la Mesa Directiva. El día de ayer el señor Alejandro Martí acusaba la lentitud de la Cámara de Diputados acerca de este dictamen.
Quiero subrayar que la iniciativa en el Senado de la República se presentó el 15 de marzo del año pasado, que fue turnada a la Cámara de Diputados el 6 de septiembre. Es decir, no tiene un año este asunto, tiene escasos cinco meses en que la Mesa Directiva lo turnó a la Comisión de Justicia.
La Comisión de Justicia en sesión de Comisiones Unidas con la Comisión de Comunicaciones y de Seguridad Pública, aprobó en sus términos la minuta que proviene del Senado.
¿De qué se trata esta minuta? De inhibir el uso de teléfonos celulares desde el interior de los 429 centros penitenciarios con que cuenta el país.
¿De qué trata esta minuta? De atacar la delincuencia organizada? ¿Los delitos contra la salud? ¿Las extorsiones telefónicas? ¿Las amenazas que se realizan desde el interior de los centros penitenciarios?
¿Sabían ustedes, compañeros legisladores, que tenemos documentado que cada día se realizan 6 mil llamadas desde el interior de los reclusorios para extorsionar telefónicamente?
¿Que aunque está prohibida la utilización de teléfonos móviles, por la corrupción que impera en los centros penitenciarios del país, se siguen realizando seis mil llamadas cada día?
¿Sabían ustedes que solamente el estado de México es el único que ha colocado antenas inhibitorias para evitar el uso de los teléfonos celulares? ¿Sólo en 17 de los 21 centros con que cuenta el estado de México?
¿Sabían ustedes que con esta minuta a la que les pido su voto aprobatorio estamos derogando el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que ha sido un fracaso? Estamos inhibiendo la utilización de teléfonos celulares para la comisión de delitos de delincuencia organizada.
Y es que cómo no vamos a tener seis mil llamadas cada día si la reinserción social que apuntó la reforma del 18 de junio del 2008, compañeros, es un fracaso; si no hay centros de educación en el interior de los reclusorios, no hay aulas para talleres y nosotros le agregamos la salud y el deporte, que son los cuatro soportes de la reinserción social.
Antes de la reforma del 18 de junio se hablaba de readaptación social. Dije en su momento que era un fracaso. A partir del 18 de junio, insertamos el concepto de reinserción social; es un fracaso.
Lo más adecuado es readaptar, porque primero se readapta y luego se reinserta y nosotros pasamos por alto la readaptación social y con la reforma constitucional acuñamos el concepto de reinserción social.
Con estos objetivos contenidos en la minuta del Senado, damos un paso extraordinario, porque obligamos al Consejo Nacional de Seguridad Pública, a colocar en cada centro penitenciario del país, sea federal, sea para menores, sea para mujeres, sea estatal, una antena inhibitoria de las llamadas de teléfonos celulares que siguen produciéndose indebidamente en este país. Es cuanto, compañeros.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado, si acepta una pregunta del diputado Vidal Llerenas.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Acepto todas, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Vidal Llerenas, tiene usted la palabra.
El diputado Vidal Llerenas Morales (desde la curul): Gracias, señor presidente. Quisiera aprovechar la discusión sobre este tema para hacer una pregunta que está en el aire de la opinión pública y que me gustaría conocer, de manera respetuosa, su opinión.
Qué ha pasado con la dictaminación de la ley de lavado de dinero, minuta que llegó de la Cámara de Senadores, que entiendo que hubo ya una dictaminación por parte de la Comisión de Hacienda y que a muchos de nosotros nos parece fundamental para combatir el crimen organizado en el país y que entiendo que sigue siendo un dictamen pendiente de la Comisión de Justicia.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Aunque no es el tema, déjeme platicarle, compañero diputado, que acabamos de aprobar en el seno de la Comisión de Justicia la Ley de Trata de Personas, que ya viene al pleno; la Ley de Extinción de Dominio, que ya viene al pleno; la Ley de Justicia para Adolescentes, que ya viene al pleno.
El día de ayer, en la Comisión de Justicia aprobamos la Ley de Ejecución de Sanciones. En lo general aprobamos la Ley de Amparo y como había algunos apuntamientos de barras, colegios, asociaciones, creamos una subcomisión. El 14 de marzo vamos a aprobarla ya en definitiva.
Ayer boletinamos el Código Federal de Procedimientos Penales. También nos pusimos como plazo el 14 de marzo. El siguiente producto, diputado Vidal Llerenas, es la Ley Contra el Lavado de Dinero. No sé si hay algún otro comentario, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: No hay ninguna otra pregunta, diputado Benítez Treviño.
Tiene la palabra el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, por parte de la Comisión de Comunicaciones. Para fundamentar el dictamen.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Con su permiso, señor presidente, señores integrantes de la mesa Directiva. El dictamen que nos ocupa implica reformas, adiciones y derogaciones a cinco ordenamientos: al Código Federal de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, la Ley Federal de Telecomunicaciones, a la Ley Federal de Prevención y Readaptación Social y a la Ley Federal de Seguridad Pública.
Tiene dos propósitos fundamentalmente: uno, eliminar la figura del Renaut o Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y, por otro lado, tiene por objeto establecer medidas verdaderamente eficaces para contribuir a la inhibición y reducción de la comisión de delitos relacionados con amenaza, secuestro y extorsión, fundamentalmente.
Con el primer propósito quiero subrayar que se termina con un período largo, tortuoso de simulación, de omisión y de burla al pueblo de México. A qué me refiero con lo anterior. Omisión porque desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, nunca cumplieron con lo que se estableció en la reforma original a la Ley Federal de Telecomunicaciones, a través de la cual se llevó a cabo la creación precisamente del llamado Renaut. Porque como ustedes lo saben, nunca se concibió ni se integró dicho registro como la propia ley precisamente lo establecía, nunca se publicó por parte del Ejecutivo el reglamento que establece dicha reforma para integrar y para operar el Renaut, como tampoco nunca se llevó a cabo la reforma al Código Penal Federal que establecía precisamente ese decreto por el que se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía.
Hoy con esta reforma se están incorporando cuatro disposiciones fundamentales, que vale la pena destacar la principal, la más importante y que constituye sin lugar a dudas una contribución fundamental para combatir la comisión de los delitos antes señalados y con ello, por supuesto, elevar los niveles de seguridad pública de nuestro país: es la obligación de los concesionarios de contribuir a la localización en tiempo real del teléfono móvil de donde se está llevando a cabo una llamada que implique la comisión de alguno de los delitos antes citados.
Una segunda contribución que se realiza a la seguridad pública a través de esta reforma, la constituye el hecho de que los concesionarios están obligados a dar de baja de manera inmediata las líneas telefónicas de aquellos aparatos señalados como robados o como extraviados ante la autoridad competente.
Un tercer elemento lo señalaba el diputado Benítez Treviño hace un momento, que es también fundamental el bloqueo de señales dentro y en el perímetro de los Centros de Prevención y Readaptación Social, con lo cual un factor que actualmente contribuye de manera significativa a la comisión de estos delitos, que es la comunicación por vía de teléfonos celulares, de personas que están recluidas con personas que constituyen bandas que se encuentran fuera de estos Centros de Prevención y Readaptación Social, finalmente también se elimina.
Y una cuarta disposición importantísima que vale la pena resaltar es la obligación también de los concesionarios de incorporar dispositivos en los teléfonos móviles para que los usuarios que se encuentren en una situación de emergencia puedan llevar a cabo llamadas a las autoridades competentes y con ello puedan recibir su auxilio –repito- tratándose en casos de emergencia, en fin.
Quiero solicitar a ustedes su voto favorable, porque estoy convencido que estas reformas verdaderamente van a contribuir a mejorar los niveles de seguridad pública de México y también vamos a concluir con un largo periodo, como lo decía al principio, de simulación, de ambición y de burla al pueblo de México con la existencia del supuesto Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Muchas gracias a todos ustedes.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Diputado Rubí Salazar, el diputado Sergio Saldaña quisiera hacerle una pregunta, ¿la acepta?
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Sí, claro que sí.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Sí, diputado.
El diputado Fausto Sergio Saldaña del Moral (desde la curul): Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado, estaba escuchando con atención y mi pregunta es muy clara. Me podría usted explicar o ampliar ¿a qué se refiere con las omisiones, en concreto?
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Sí, el 9 de febrero del año 2009 se publicó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, como lo señalaba hace un momento, que establecía obligaciones a diferentes actores involucrados en la prestación del servicio de telefonía móvil.
Por supuesto los concesionarios están involucrados, las autoridades competentes, particularmente dos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cofetel también, aparecen como responsables de llevar a cabo algunas acciones y, por supuesto el propio Poder Legislativo, particularmente de la Cámara, que fue la Cámara de origen –me refiero al Senado- de esta reforma que instrumentó el denominado Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Omisiones son el hecho de que la Cofetel publicó extemporáneamente más de tres meses después las disposiciones administrativas que estos artículos transitorios señalaban debía de publicar con oportunidad como condición indispensable para integrar debidamente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
Omisión también significa el hecho de que en mayo del 2009 de acuerdo con esta reforma, el Ejecutivo federal debía de publicar el Reglamento a través del cual se debería llevar a cabo la integración y operación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, situación que al día de hoy, el día de hoy, primer día de marzo del 2012, no ha sucedido; es decir, sigue sin haberse publicado este registro.
También omisión por parte del Senado puesto que el promotor de esta iniciativa formalmente se comprometió en el propio dictamen a presentar la reforma al Código Penal relacionada con la comisión de delitos que tienen que ver con la telefonía móvil, situación que en ningún momento sucedió y prueba de ello es de que no existe tal iniciativa.
Burla al pueblo de México también, porque se dijo que el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil existía, situación que por supuesto siempre fue una mentira. Nunca se nos tomaron, tal y como lo dice la ley, las huellas dactilares o se comprobó fehacientemente el domicilio de las personas que se registraron teóricamente o supuestamente en un registro, que por cierto debían integrar los concesionarios y permisionarios y que terminó integrando o medio integrando la Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población, y en eso mismo constituye la burla al pueblo de México.
Fue un mecanismo que desde su concepción resultaba ridículo el alcance que podía tener, cuestión que se confirma y que hoy afortunadamente terminamos con ello, y hoy también estaremos aprobando medidas verdaderamente eficaces, repito, para contribuir a la disminución de los delitos de extorsión, amenaza, secuestro y delitos contra la salud, que son los que recurrentemente se cometen a través del uso de teléfonos celulares. Muchas gracias, muy amables.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Está a discusión el dictamen en lo general. Se han inscrito para hablar en contra del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia y el diputado Mario Di Costanzo Armenta. Y para hablar a favor del dictamen, el diputado Martín García Avilés, la diputada Nancy González Ulloa y la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos para hablar en contra del dictamen, el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenos días. Primero manifestar que respecto a este dictamen en la Comisión de Seguridad Pública lo voté a favor, pero analizándolo veo que me he equivocado y por eso aquí voy a rectificar la posición que mantuve en la Comisión de Seguridad Pública, porque sí se puede, sí se puede. Estamos en el proceso deliberativo y tengo derecho a manifestar que me he equivocado públicamente ante todos ustedes, y a rectificar el sentido de mi voto.
Por qué voto en contra de este dictamen. Me preocupa muchísimo el tema de los derechos fundamentales. Creo que es un dictamen que está proponiendo reducir la libertad de las personas, de conceder inmensos poderes al Ministerio Público federal y a las autoridades del Ministerio Público, en donde el titular de la Procuraduría General de la República delegue la atribución.
De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución, la intervención de conversaciones o de líneas telefónicas es una facultad que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, en este dictamen el Poder Judicial no tiene ninguna intervención; será el Ministerio Público, las autoridades penitenciarias, etcétera, las que intervendrán para establecer los bloqueos o para realizar la localización geográfica, sin facultar al Poder Judicial de la Federación, y estamos hablando de derechos fundamentales.
Cuando existe una limitación a un derecho fundamental, quien tiene que autorizar esta limitación al derecho fundamental en los términos estrictos del artículo 16 de la Constitución tiene que ser el Poder Judicial, y repito, aquí no hay intervención del Poder Judicial supervisando la localización geográfica, el bloqueo de señales o la autorización para dar de baja teléfonos presuntamente robados. No hay intervención del Poder Judicial.
Por otra parte, la propuesta de modificación al Código Federal de Procedimientos Penales, al artículo 133 Quáter, establece el procedimiento para que el Ministerio Público ordene la localización geográfica respectiva y bloquee o inhiba las señales telefónicas, pero nunca establece esta norma que ese tipo de decisiones ministeriales deben de estar fundadas y motivadas.
Brilla por su ausencia, en este dictamen, la obligación correspondiente de la autoridad ministerial o de la autoridad penitenciaria, para fundar y motivar las razones, los motivos, la justificación correspondiente de por qué se están tomando estas decisiones. Creo entonces que hay violaciones constitucionales en este dictamen, que no podemos pasar por alto.
La usencia de la intervención judicial en las autorizaciones correspondientes, por una parte; por otra parte, la ausencia de motivación y fundamentación de las decisiones correspondientes, puede implicar también este dictamen una limitación al derecho de defensa.
Qué pasa, por ejemplo, con los procesados, con los reos que se encuentran en los centros penitenciarios, que desean comunicarse no solamente con sus familiares, sino también con sus abogados.
Cómo se está garantizando, cómo se está maximizando el derecho a la defensa de las personas que se encuentran en un centro penitenciario. Me parece gravísimo que limitemos el derecho de defensa y ordenemos el bloque de señales en los centros penitenciarios, limitando las posibilidades al acceso a la defensa de las personas que se encuentran procesadas o sentenciadas.
Por todo esto y porque estamos configurando, además, una suerte de big brother en el Estado mexicano. Un big brother en donde la autoridad ministerial o penitenciaria va a bloquear o inhibir señales, en donde va a determinar libremente, sin fundar ni motivar debidamente su decisión, qué señales telefónicas, qué localización geográfica de señales telefónicas se va a realizar en violación a las libertades de los mexicanos.
Por eso no puedo acompañar estos dictámenes y votaré en contra en este pleno, como debí haberlo hecho en la Comisión de Seguridad Pública. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra, para hablar a favor, el diputado Martín García Avilés, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Martín García Avilés: Muchas gracias, presidente. Con su venia. Como bien lo dijo el diputado Benítez Treviño, esta Cámara de Diputados el día de ayer fue aludida en el marco de la celebración de la trigésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aludiendo a la morosidad, al presente dictamen.
El dictamen que hoy está a consideración de nosotros es de suma importancia. Se trata de reformas, como ha quedado claro, a diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Federales y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El presente dictamen intenta y pretende, como así lo es y queda claro en la redacción, dotará de instrumentos jurídicos y herramientas tecnológicas para que toda autoridad ministerial o judicial tenga mejores elementos para combatir a la delincuencia organizada, el secuestro, extorsión, amenaza e inhiba el robo y utilización de celulares o radiocomunicadores como instrumentos de crimen.
Este dictamen es un dictamen de comisiones unidas. Cinco meses fueron importantes porque al interior las más diversas opiniones de académicos y experiencias de legisladores y senadores acompañaron el desahogo de las comisiones unidas.
Establece el dictamen, las normas mínimas sobre la readaptación social de los sentenciados, de los procesados o de quienes están cumpliendo una pena en centros federales y centros estatales.
El Instituto Ciudadano de Estudios contra la Criminalidad establece que más del 70 por ciento de extorsiones, secuestros o amenazas en la privación ilegal de la libertad se realizan desde los Cereso. Más del 70 por ciento. El número que da es más de 6 mil y así es.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en su último informe refiere que gran número de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas del delito provienen de centros de readaptación social o escuelas del crimen, que tienen muchas facilidades para accesar a los teléfonos y radios, y desde ahí causar menoscabo en los derechos humanos, causando daño psicológico y psicosis.
Lo mismo, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el Inacipe, en estudios serios y ensayos refiere que hay nula readaptación social, y sin embargo, hay un exceso de concesiones a los procesados para practicar, desde ahí, novedosas formas para realizar secuestros, organizar los mismos o bien, orientar las rutas críticas de cómo operarlos, dado que ahí se perfeccionan entre la convivencia de los criminales, las mejores formas para secuestrar.
De las bondades de este dictamen, como ya ha quedado claro, se establecen mecanismos legales que obligan a los permisionarios y concesionarios para colaborar con el Ministerio Público y también con las autoridades judiciales en la localización georeferencial de quienes están cometiendo conductas antisociales y se puedan, en una realidad posible, detectar y detener en flagrancia.
Pretende, desde luego también, inhibir el robo de celulares y la utilización como instrumentos de criminalidad.
Incorpora una tecla de pánico, como existen radios matra, que ya tienen policías ministeriales y agentes federales, para que los usuarios o las víctimas puedan activar y pedir el auxilio.
Y desde luego, también inhibe, prohíbe y da la posibilidad de anular que en los centros federales y estatales pueda el juez de la causa penal que conoce de algún proceso, o bien, a petición del Ministerio Público adscrito al juzgado pedir la nulidad de la transmisión de la señal o radiocomunicación para permitir la detención o aprehensión o, bien, encontrar elementos de prueba supervenientes dada la flagrancia en que están incurriendo presos que estén realizando llamadas telefónicas o entablar comunicación por radio.
Amigas diputadas y amigos diputados, les pido su voto en pro. Soy testigo presencial, vivencial, y lo sé porque me consta, siendo responsable del área de Prevención del Delito y de Derechos Humanos en la Procuraduría de Michoacán.
Esta misma institución recibía desde adentro quejas de maltrato o abuso de otros compañeros presos de los sentenciados, en el fondo sólo era para transmitir psicosis a quienes laborábamos adentro. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra para hablar en contra del dictamen el diputado Mario di Costanzo Armenta, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Miren, no voy a repetir lo que dijo mi compañero Jaime, voy a citar algunos ejemplos de cómo operaría esta ley.
Bajo el pretexto de cualquier tipo de investigación, relacionada con delitos contra la salud, contra la delincuencia organizada, contra amenazas, puede en cualquier momento la Procuraduría sin mediar ninguna cosa enviar un e-mail –por medio electrónico, dice la ley– para que ubiquen por GPS, para que ubiquen –ahora sí que valga la redundancia– la ubicación geográfica de mi teléfono celular y vengan por mí con toda la discrecionalidad del mundo, como si tuviéramos un procurador que fuera intachable. ¿Cómo es posible?
Esto va a legalizar, por ejemplo, lo que le hicieron al tuittero éste, que tuitteo que se iba a caer un secretario y que fueron por él y lo sacaron de su casa con lujo de violencia. Ya lo hicieron, lo localizaron en su casa por medio de su teléfono celular y llegaron muchas patrullas de judiciales, de granaderos, de agentes y lo sacaron con lujo de violencia.
Fíjense lo que estamos aprobando hoy. Y a agentes y a personajes que dejan de pagar impuestos –que debiera ser considerado delincuencia organizada, porque no lo hace uno solo– entonces ellos no entran.
No le pudieron intervenir el teléfono a Gastón Azcárraga, no obstante que dejó un año de pagar impuestos sin enterar lo que le quitaba a los trabajadores. Eso no es delincuencia organizada, eso no es delito, ahí sí no podemos. Bueno, no podemos ni siquiera girarle una orden de aprehensión a Manuel Borja Chico, porque el juez dice que no procede.
Es verdaderamente absurdo que se esté aprobando una ley así, es verdaderamente absurdo que se le den estos poderes discrecionales al procurador de la República para que cometa cuánta arbitrariedad pueda o quiera cometer, porque nada va a justificar, nada exige que demuestre en base a qué está haciendo esa investigación. Lo peor de todo es que luego agarran a unos, como a este coqueto, y se les escapan del Ministerio Público casi, casi.
Y entonces, ¿de qué sirve localizarlos si gracias a la corrupción estos cuates se vuelven a salir? Me parece que estamos haciendo las cosas mal. Alguien está viendo demasiada televisión. No hemos hecho nada –lo decían anteriormente– contra el lavado de dinero. Ésa sí es una reforma, ésa sí es una reforma que debe de combatir de fondo a la delincuencia organizada, al secuestro, a la extorsión, a la corrupción, porque entonces no pueden legalizar su dinero; pero sí entonces violamos la Constitución para decir que estamos combatiendo a la delincuencia organizada y ponemos en manos del procurador general de la República toda la discrecionalidad del mundo.
Se los estoy diciendo fundamentalmente en el caso de éste famoso de las amenazas. Entonces alguien que por twitter diga cualquier cosa ya puede ser acusado de amenaza y van a ir por él a su casa o van a ubicar su teléfono celular y lo van a subir con lujo de violencia y lo van a llevar quién sabe a dónde.
Me parece que no estamos meditando ni midiendo los alcances de lo que hoy se está aprobando. No estamos poniendo ni siquiera una demostración, una condicionante de en base a qué se está investigando a tal o cual persona, porque se les quiere agarrar en tiempo real. Perdónenme, ¿cómo van a agarrar a alguien que están lanzando una amenaza en tiempo real?, porque se le salió, porque hizo una broma o porque verdaderamente la hizo, pero cuando lleguen ya no es tiempo real.
No inventemos cosas, compañeros. No sigamos siendo la comparsa de las arbitrariedades que se han cometido en nombre de la seguridad pública. No sigamos permitiendo esta violación a los derechos humanos y a los derechos individuales.
Nadie está en contra de perseguir a la delincuencia organizada, pero hagámoslo de manera inteligente y no de manera demagógica. Muchas gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen la diputada Nancy González Ulloa.
Aprovechamos para saludar a estudiantes del Colegio Pasteur, Asociación Civil, Lázaro Cárdenas de la zona oriente de Tlalnepantla, invitados por el diputado Amador Monroy Estrada.
La diputada Nancy González Ulloa: Con su venia, señor presidente. Buenos días, compañeros diputados y diputadas.
Efectivamente, la creación del Renaut no ha rendido frutos en la prevención, investigación y persecución de delitos como el secuestro y la extorsión.
Diversos estudios demuestran que dichos fenómenos delictivos continúan en aumento y que el uso de teléfonos móviles para cometerlos, sigue siendo común.
La incapacidad del Ranaut, ha sido producto de la idea de que el Registro de Usuarios de Celulares en una gran base de datos nacional, garantizaría la ubicación de los responsables de un delito. Una idea errónea fundada sobre el argumento de que los delincuentes utilizarían aparatos de comunicación móvil registrados a su nombre o a nombre de sus cómplices.
Por eso hoy estamos ante la oportunidad y responsabilidad de generar herramientas eficaces para acabar con el crimen organizado.
Recodemos que este mal social ha logrado adaptarse de forma rápida a los avances tecnológicos, valiéndose de ellos para perpetrar crímenes y sembrar el miedo entre la sociedad mexicana.
Aprobar este dictamen, compañeros, sin duda ayudará a que las autoridades tengan las herramientas para que los delincuentes sean castigados y los ciudadanos puedan gozar de vida y libertad que merecen.
De esta manera la aprobación de estas reformas permitirá lo siguiente: cuando se investiguen delitos relacionados con la delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, la PGR podrá solicitar por oficio o medios electrónicos a los concesionario o permisionarios del servicio de telecomunicaciones, la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil, asociados a una línea que se encuentre relacionados con los hechos delictivos.
También se impondrá de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días multa, al responsable operativo del concesionario o permisionario del servicio de telecomunicaciones que tenga asignada la función de colaborar con las autoridades en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea en que estén relacionadas las investigaciones.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentará asesoría técnica a las autoridades competentes para la instalación y operación de equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen, dentro del perímetro de centros de reinserción social federales o de las entidades federativas.
Los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones estarán obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica en tiempo real.
También los concesionarios estarán obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular., de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen.
En caso de que éstos no cumplan con dicha obligación, se les impondrá una sanción con pena, como ya lo dije, de uno a cinco años de prisión y de mil a 10 mil días multa.
Compañeros y compañeras, estamos en un momento en donde la toma de decisiones debe de ser exacta y pronta. Por eso la aprobación del presente dictamen es uno de los avances más importantes para desvanecer uno de los medios operativos de las bandas delictivas que les permite obtener grandes ganancias a expensas de la seguridad ciudadana.
En Acción Nacional no dudamos en votar a favor de este dictamen, ya que sin duda permitirá avanzar de forma firme y contundente en contra del crimen organizado. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, para hablar a favor del dictamen.
Saludamos a los alumnos de quinto grado de primaria del Instituto Andersen, invitados por la diputada Paula Hernández Olmos.
Asimismo, a estudiantes de la escuela primaria número 4 Niger de la delegación Tlalpan, del Distrito Federal, invitados por el diputado Marco Antonio García Ayala.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: el dictamen que nos ocupa el día de hoy es una minuta, como ya lo dijo aquí el presidente de la Comisión de Justicia, que viene del Senado de la república, una minuta que es turnada a tres comisiones: a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Seguridad Pública, y a la Comisión de Comunicaciones.
En ocasiones se nos comenta que cuando una iniciativa o una minuta es turnada a dos o más comisiones es muy difícil que pueda salir. Hoy es una muestra de que eso no es así, no funciona así. Es un dictamen que se vio de manera minuciosa en las comisiones, que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Justicia, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Comunicaciones, y en la Comisión de Seguridad Pública únicamente con una abstención. Por lo tanto, en ninguna de las tres comisiones hubo un voto en contra.
Es por eso que el día de hoy subimos a esta tribuna para poder comentar lo importante de la aprobación de esta minuta que estamos aprobando en sus términos y que en la Cámara de Senadores fue presentada por compañeros senadores de diferentes partidos políticos. Por lo tanto, es un tema con el cual todos debemos coincidir. Es un tema que nos reclama la sociedad, que los ciudadanos están pendientes de lo que se está haciendo en esta Cámara de Diputados.
Estas reformas tienen como propósito fortalecer las herramientas de la autoridad en el combate de delitos en materia de delincuencia organizada, de secuestro, de extorsión o amenazas; este tipo de delitos son en este momento delitos muy graves que padecen los ciudadanos.
Garantiza que todos los establecimientos penitenciarios federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular, de manera permanente, las señales de telefonía celular, de radio comunicación, de transmisión de datos e imagen dentro del perímetro de los mismos.
Éste ha sido un reclamo permanente para que desde nuestras cárceles, desde los centros penitenciarios de este país –tenemos más de 400 centros penitenciarios y cárceles– no se opere ahí a través de estos medios de comunicación.
Creo que esto ayudaría muchísimo para poder controlar el problema tan importante que tenemos en nuestros reclusorios.
El día de ayer aprobamos también en la Comisión de Justicia, que cada semana nos reunimos y que siempre tenemos quórum en esa comisión, aprobamos también reformas importantes para la nueva Ley del Sistema Penitenciario. Y el día de hoy con esta reforma le damos a los ciudadanos y a las ciudadanas mexicanas y mexicanos, les damos de veras la seguridad de que estamos en esta Cámara de Diputados velando por su seguridad. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Nuestro grupo parlamentario votará a favor. Gracias.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra para hablar en pro del dictamen, el diputado Arturo Zamora Jiménez.
El diputado Arturo Zamora Jiménez: Con su permiso, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, el dictamen que estaremos votando en unos momentos es muy importante como un instrumento jurídico que permitirá ejercer de alguna manera mayores controles de respeto a la libertad de las personas que están en reclusión, para ejercer también los derechos plenos de las personas que están en reclusión y sobre todo en los 429 reclusorios que están diseminados en el país, desde donde -de acuerdo a estadísticas- salen aproximadamente 6 mil llamadas diarias con fines extorsivos, 6 mil llamadas diarias con fines de llevar a cabo procedimientos de secuestro, procedimientos de amenaza, para llevar a cabo una serie de delitos, y que también en el interior de los propios centros de reclusión se llevan a cabo comunicación entre internos de diferentes centros, con la finalidad de llevar a cabo esquemas de violencia generalizada que muchas veces devienen en motines, que muchas veces generan fugas de personas que están privadas de la libertad por haber cometido delitos.
Definitivamente este dictamen tiene una finalidad muy importante, crear para el sistema de seguridad pública en el contexto nacional, un instrumento eficaz con el apoyo no solamente de la estructura jurídica del país, sino con el apoyo también de la tecnología, en donde se estará planteando que los permisionarios y concesionarios estarían obligados a llevar a cabo los esquemas de localización georreferenciada de los lugares donde salen las llamadas amenazantes a grandes núcleos de la población mexicana.
Entonces estas empresas estarían vinculadas a proporcionar la información de manera inmediata con el fin de evitar delitos o evitar los efectos de muchos delitos que se están cometiendo en el territorio nacional. Por esta razón estoy completamente seguro que disposiciones de esta naturaleza que han sido aprobadas por tres Comisiones de Comunicaciones, de Justicia y de Seguridad en esta Cámara de Diputados, no violentan ninguna disposición constitucional y por supuesto ninguna disposición metaconstitucional.
Por esa razón me queda claro que nosotros como diputados estamos actuando para darle al gobierno federal y para darle a los gobiernos de todas las entidades del país, un instrumento jurídico que permitirá ejercer con mayor eficacia los controles en centros penitenciarios y que permitirá también, por lo mismo, llevar a cabo esquemas de prevención de delitos y de protección a la sociedad civil en general.
Con esta disposición estamos dando una respuesta a tiempo y en forma, de una serie de modificaciones a varias leyes, que nosotros lo hicimos de manera cuidadosa con la finalidad de no crear leyes ornamentales, con la finalidad de no crear solamente leyes decorativas. Queremos crear leyes que estén debidamente pensadas, analizadas y acuciosamente revisadas en el contexto, no solamente de las garantías constitucionales, sino también de los principios universales del derecho y los principios que nosotros hemos adoptado a través de la reforma al primero constitucional.
Por esa razón estimadas diputadas y diputados y, en consecuencia, a quienes me han antecedido en la palabra en favor de este dictamen, apelo, por supuesto al voto generoso de cada una de las diputadas y diputados para que, precisamente, en el llamado no solamente de las autoridades sino de la sociedad civil que el día de ayer también se nos plantea, votemos a favor de esta disposición, que es una disposición que toca tres leyes generales, y es una disposición que va a permear en todo el territorio nacional.
Esa es la razón fundamental por la que el grupo parlamentario del PRI, el grupo parlamentario del PRI reitera su interés de seguir trabajando para que regrese a nuestro país los tiempos de paz y libertad a los que tenemos derechos todos los mexicanos. Y esa es la razón por la que sin distingo de ninguna naturaleza hoy estamos actuando, aprobando normas que ya se han explicado.
Y finalmente quiero felicitar a los integrantes de las tres comisiones por haber logrado por unanimidad votar este dictamen a favor, solicitándoles la benevolencia del apoyo del mismo en el momento en que se lleve a cabo el proceso de votación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar, para hablar a favor del dictamen hasta por cinco minutos.
El diputado José Adán Ignacio Rubí Salazar: Gracias, señor presidente. Quiero abonar a la discusión que en favor de este dictamen se ha venido dando.
Se trata de cinco ordenamientos, como ya mencionó, que se reforman y adicionan con dos propósitos: uno, eliminar el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, y el segundo propósito es incorporar disposiciones legales a diferentes ordenamientos, a cinco ordenamientos que de manera verdaderamente eficaz contribuyan a incrementar los niveles de seguridad pública del país, y particularmente a través del combate, la inhibición de la comisión de delitos como lo son el secuestro, las amenazas, la extorsión y los delitos contra la salud. Esos ordenamientos son el Código Federal de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; la Ley Federal de Readaptación Social; la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Seguridad Pública.
Cuando he escuchado argumentos en contra de este dictamen verdaderamente me inquieto, porque los argumentos que he escuchado denotan el total desconocimiento del contenido precisamente de esta reforma, que sin lugar a dudas verdaderamente convencido estoy, plenamente convencido estoy de que va a contribuir precisamente a atender uno de los aspectos más delicados que estamos padeciendo los mexicanos, y me refiero a estos altos índices delictivos que se registran en el país.
Quiero decirlo y lo digo de la manera más atenta y respetuosa, que decir que no es muy fácil, decir que no con argumentos elaborados, sólidos, ya es un poco más difícil, pero decir que sí y cómo sí se puede parecería ser que no está dentro de la agenda de algunos compañeros diputados. Yo creo que no es la lógica de nuestra actuación en esta Cámara, yo creo que nuestro compromiso con el pueblo de México implica hacer un esfuerzo precisamente para identificar aquellos mecanismos que verdaderamente contribuyan al desarrollo económico y social de México, y no decir que no simplemente porque no.
Ése es exactamente el motivo fundamental por el que he querido subir a la tribuna nuevamente para defender el dictamen. Decimos que sí y también decimos el por qué sí es conveniente esta reforma, no es un asunto ocurrente o caprichoso; tres comisiones han aprobado este dictamen, dos de ellas por unanimidad y en la tercera sólo una abstención indica sin lugar a dudas que el estudio que se realizó de esta reforma no fue a la ligera, no fue superficial y que implica por supuesto compromiso de quienes estamos trabajando en las tres comisiones a las que se les encomendó la revisión y dictaminación del asunto en comento.
Reitero, convencido estoy que esta reforma efectivamente va a contribuir al combate, a la inhibición de los delitos que antes he señalado. Muchas gracias, en su caso, por su voto aprobatorio. Muy amables.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Tiene la palabra el diputado Alejandro Carabias Icaza, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. No se encuentra en el salón, ah, lo va a hacer desde allá. Perdón, Juan Gerardo Flores.
Saludamos a personal docente y a alumnos del CBTIS Esteban Baca Calderón, de Villa Guerrero, estado de México, invitados por el diputado Rubí, precisamente. Tiene usted la palabra, diputado.
El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez: Gracias, señor presidente. Simplemente para señalar que a nombre de la bancada del Partido Verde manifestamos nuestro total apoyo al dictamen que hoy se está sometiendo a votación.
Es un dictamen que contiene una serie de modificaciones, en particular por lo que hace a las discusiones que tuvimos en la Comisión de Comunicaciones, a la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Hace adecuaciones importantes, que tenemos la esperanza de que sean una mejor solución que la que se propuso en la legislatura pasada, que tenía que ver con el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
En ese sentido, el deber de nosotros como diputados es votar a favor de este dictamen, porque propone soluciones que seguramente serán más eficaces que el registro al que me he referido.
La población mexicana no puede seguir estando a la expectativa de que nosotros hagamos los cambios necesarios para que las autoridades tengan a la mano las herramientas que sean eficaces para poder combatir los delitos, sobre todo los delitos del secuestro.
Me parece y estoy convencido que el dictamen que hoy está a consideración, aporta las soluciones que por lo menos van a darle mucho mayor fuerza a la actuación de las autoridades en materia de seguridad pública.
En ese sentido, estamos a favor del dictamen y esperamos que todos en este salón de pleno voten a favor de él, porque sin duda alguna se trata de una gran solución, que en caso de que posteriormente notemos que requiere alguna adecuación, pues seguramente se hará. Pero por hoy, es una solución bastante útil y que seguramente tendrá mucha mayor eficacia que lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: A usted, diputado. Muchas gracias. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Diputadas y diputados por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Suficientemente discutido en lo general.
En virtud de que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se han emitido 315 votos en pro, 6 en contra, 7 abstenciones.
El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Aprobado en lo general y en lo particular por 315 votos el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados; y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Fuente: Cámara de Diputados.
PD. Por cierto, la columna Trascendió de Milenio Diario, señala:
Que los legisladores que impulsan la Ley contra la Trata de Personas esperan que algún personaje de la talla de Alejandro Martí dé un manotazo en la mesa para urgir la aprobación de este importante dictamen, aplazado reiteradamente en San Lázaro.
El empresario y presidente de la agrupación civil México SOS hizo un fuerte reclamo a los diputados el miércoles, durante la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por no dar por buena la Ley de Geolocalización, que duró 10 meses en la congeladora.
Un día después de este jalón de orejas prosperó la iniciativa, que obliga a las empresas telefónicas a colaborar con las autoridades cuando se presente una denuncia por delitos como el secuestro o la extorsión.
PD. Por cierto, la columna Trascendió de Milenio Diario, señala:
Que los legisladores que impulsan la Ley contra la Trata de Personas esperan que algún personaje de la talla de Alejandro Martí dé un manotazo en la mesa para urgir la aprobación de este importante dictamen, aplazado reiteradamente en San Lázaro.
El empresario y presidente de la agrupación civil México SOS hizo un fuerte reclamo a los diputados el miércoles, durante la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por no dar por buena la Ley de Geolocalización, que duró 10 meses en la congeladora.
Un día después de este jalón de orejas prosperó la iniciativa, que obliga a las empresas telefónicas a colaborar con las autoridades cuando se presente una denuncia por delitos como el secuestro o la extorsión.
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