Sobre los militares procesados por vínculos con el crimen, 50% pide esperar a las pesquisas, según la encuesta BGC-Excélsior
Excelsior, 6 de agosto.- Pese al proceso que se sigue a cuatro generales por su probable involucramiento en actividades de narcotráfico, la opinión pública apoya sólidamente la participación del Ejército en las labores de combate al crimen organizado. Se cree que esos militares de alto rango pueden ser culpables, aunque se piensa que hay que esperar a que terminen las investigaciones.
Este caso no ha afectado la imagen general positiva de la institución militar, según se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
El proceso a cuatro generales por su presunta complicidad
con cárteles del narco no afecta el mayoritario respaldo de la opinión pública
nacional a la intervención de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen
organizado. En efecto, para la población, el Ejército debe participar
activamente en esa lucha (88%).
Las diferencias de opinión en todo caso se dan en cuanto a
la duración que debe tener esa participación: para 49%, la colaboración de los
militares en labores policíacas para enfrentar a la delincuencia organizada
debe ser permanente y para 42% debe darse sólo mientras se mejoran los cuerpos
policiacos. Sólo 7% rechaza que tengan cualquier participación (gráfico 1).
No extraña (gráfico 2) que se vea correcto que el
presidente Felipe Calderón haya empleado al Ejército en ese tipo de tareas
propias de la policía (hizo bien, 75%; hizo mal, 18%).
Quienes piensan que el Ejército y la Marina deben
participar en las tareas contra el crimen organizado lo hacen principalmente
bajo los argumentos de que trabajan mejor juntas, que están mejor preparados,
que son más confiables, que brindan mayor seguridad y que se les ve menos
susceptibles de corromperse (gráfico 3).
La población está medianamente informada del caso de los
cuatro generales sujetos a proceso penal por su presunta implicación en narcotráfico. Alrededor de cuatro de cada
diez saben que se dictó formal prisión a los generales Tomás Ángeles, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez.
La opinión pública nacional todavía no cuenta con una postura definitiva sobre
su culpabilidad: la mitad cree que puede que estén involucrados, pero hay que
esperar a que terminen las investigaciones. Un tercio cree que sí son
responsables de lo que se les acusa (gráfico 4).
Como suele suceder en México al opinar sobre el posible
desenlace que tendrá un juicio, prevalece el escepticismo sobre la aplicación
de la ley. Para algo más de la mitad (53%), estos militares saldrán libres por
el hecho de ser de alto rango (gráfico 5).
La noticia sobre el supuesto involucramiento con el
narcotráfico dista de generar una impresión de generalizada penetración de los
cárteles de la droga en las filas del Ejército. Para 70%, esta incursión sólo
se da en algunos niveles. Según la opinión de 67%, el caso de algunos militares
corruptos no se puede extender a toda la institución militar.
El enjuiciamiento de militares de alto rango genera
preocupación (58%), aunque resulta satisfactorio que se proceda contra ellos
(52%). Sobre a la imagen del Ejército, se mantiene la confianza en esta
institución (58%) y se sostiene en lo general la impresión positiva (gráfico 6)
sobre la organización militar (buena, 64%). En lo particular, se califica como
adecuada (gráfico 7) la labor que ha desarrollado contra el narcotráfico (73%).
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