Hay amenazas del crimen organizado a jueces y magistrados: SCJN

La primera conferecnia de prensa de don Juan Silva Meza; presidente de la SCJN y del CJF
EL UNIVERSAL: Intimida el narco a jueces: Corte

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, reconoció este lunes que la delincuencia organizada ha intentado intimidar a jueces federales, y que este tipo de hechos, así como la la violencia asociada con el crimen ha obligado a reforzar la seguridad de muchos juzgadores federales con escoltas, vehículos blindados e incluso con apoyo de la Policía Federal y el Ejército. Hace unos años, explicó, los juzgadores federales no tenían protección 'más allá de su ángel de la guarda', pero esto ya no es suficiente pues los riesgos se han incrementado, como ocurrió con un juez que fue levantado y amenazado en vísperas de dictar una resolución.

LA JORNADA:

•          Necesitan jueces protección 'más allá del ángel de la guarda': SCJN


El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, reconoció que debido a la violencia generada por el crimen organizado, los jueces y magistrados federales han sido amenazados y han visto en riesgo su seguridad, por lo que necesitan mayor protección, 'más allá de su ángel de la guarda', como son vehículos blindados y escoltas de la Policía Federal, y en casos excepcionales, del Ejército. En la primera conferencia de prensa que ofrece desde que asumió el cargo, en enero del año pasado, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aceptó que la violencia en algunas regiones ha obligado a modificar horarios de juzgados y tribunales para salvaguardar la integridad física de los empleados judiciales, y reveló que incluso en una ocasión un juez fue levantado y liberado una noche antes de resolver una consignación, por lo que tuvo que pedir el auxilio del Ejército para que lo llevara al juzgado a dictar su resolución.
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Intimida el narco a jueces: Corte
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, afirmó que grupos de la delincuencia organizada han intentado intimidar a jueces federales, por lo que se ha reforzado la seguridad de muchos juzgadores con escoltas, vehículos blindados e incluso con apoyo de la Policía Federal y del Ejército
El Universal, Martes 06 de noviembre de 2012
María de la Luz González |reportera,
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, reconoció ayer que la delincuencia organizada ha intentado intimidar a jueces federales, y que este tipo de hechos, así como la la violencia asociada con el crimen ha obligado a reforzar la seguridad de muchos juzgadores federales con escoltas, vehículos blindados e incluso con apoyo de la Policía Federal y el Ejército.
Hace unos años, explicó, los juzgadores federales no tenían protección “más allá de su ángel de la guarda”, pero esto ya no es suficiente pues los riesgos se han incrementado, como ocurrió con un juez que fue levantado y amenazado en vísperas de dictar una resolución.
 “Fue levantado y amenazado la noche anterior, estando del turno, teniendo que resolver un término constitucional al día siguiente”, relató en conferencia de prensa, la primera que ofrece desde que asumió el cargo en 2010.
Tras ser liberado, el juez amenazado decidió cumplir con su trabajo y dictar la resolución (un auto de término constitucional), pero fue escoltado por personal del Ejército mexicano, y ese mismo día se autorizó su cambio de adscripción.
 “El Ejército mexicano, desde la noche cuando lo liberaron y al día siguiente que fue a resolver, lo acompañó y después ya no. Ahora está en otro lugar”, explicó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Silva Meza reconoció que hay amenazas del crimen organizado a los juzgadores federales, pero que el tránsito de la intimidación al cumplimiento de las mismas no es muy frecuente.
 “El trabajo de los jueces en este tiempo es muy complicado por las situaciones que se presentan en el país: la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, están presentes, esos son hechos reales, son hechos ciertos”, expuso.
Sostuvo, que, pese a esta situación, son los propios juzgadores los que tratan de preservar la autonomía e independencia judicial, por vocación.
 “Tenemos unos jueces muy valientes, muy valientes, tenemos muchos casos donde han enfrentando situaciones muy difíciles, las siguen enfrentando”, dijo.
Para atender estos problemas, el Consejo cuenta con dos programas de seguridad que buscan preservar la autonomía e independencia judicial: uno permanente, para los juzgadores adscritos a plazas consideradas peligrosas o que llevan asuntos de crimen organizado; y uno emergente, para dar respuesta inmediata a riesgos y amenazas eventuales.
En el programa permanente, el Consejo tenía el año pasado a 50 jueces de distrito y 16 magistrados de circuito, a varios de los cuales se les habían asignado vehículos blindados y escoltas de la Policía Federal, que brindan protección a los juzgadores en virtud de un convenio suscrito con la corporación.
Sostuvo que si bien los riesgos no son recientes, pues hace unas décadas los jueces federales, como él lo fue, tenían a su cargo los juicios instruidos en contra de quienes “eran los capos del momento”, ahora las cosas son totalmente diferentes, pues “ahora sí hay violencia, ahora sí hay mucha violencia”.
Explicó que el CJF tiene identificadas las zonas de riesgo para el trabajo jurisdiccional, en función tanto del tipo de plaza como de los asuntos que se litigan, y que a partir de esos mapas se han tomado decisiones para fortalecer la seguridad de los juzgadores.
Entre las medidas adoptadas, además de los vehículos y escoltas, detalló, existen acuerdos para que en ciertos estados o circuitos judiciales interrumpan sus labores a determinada hora, o que la intervención del personal femenino por la tarde o noche se reduzca a lo indispensable. “Es en función de esos mapas de riesgo, sí los tenemos, sí los vivimos”.
El año pasado, el Poder Judicial de la Federación enfrentó atentados a sus instalaciones en Nayarit y Veracruz, y enfrentó la muerte violenta de una secretaria de juzgado, hechos que, sumados a las amenazas en contra de jueces y magistrados, le obligaron a reforzar sus medidas de seguridad.
Como parte de esas acciones, el CJF restructuró recientemente su plan integral de seguridad, con medidas que restringieron el acceso a las instalaciones de juzgados, tribunales y oficinas administrativas a vendedores ambulantes y personas ajenas. 
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Jueces necesitan mayor protección que la del ángel de la guarda: Silva

Reciben amenazas de miembros del crimen organizado, asegura

En algunas partes del país la violencia ha obligado a modificar los horarios de juzgados y tribunales; ha habido levantones

Nota de Jesús Aranda

Periódico La Jornada, Martes 6 de noviembre de 2012, p. 5

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, reconoció que debido a la violencia generada por el crimen organizado, los jueces y magistrados federales han sido amenazados y han visto en riesgo su seguridad, por lo que necesitan mayor protección, “más allá de su ángel de la guarda”, como son vehículos blindados y escoltas de la Policía Federal, y en casos excepcionales, del Ejército.

En la primera conferencia de prensa que ofrece desde que asumió el cargo, en enero del año pasado, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aceptó que la violencia en algunas regiones ha obligado a modificar horarios de juzgados y tribunales para salvaguardar la integridad física de los empleados judiciales, y reveló que incluso en una ocasión un juez fue levantado y liberado una noche antes de resolver una consignación, por lo que tuvo que pedir el auxilio del Ejército para que lo llevara al juzgado a dictar su resolución.

Saben a qué se enfrentan
Tan pronto como ese funcionario cumplió con su obligación fue transferido a otro juzgado, indicó el ministro presidente de la SCJN, quien dijo que antes –incluso a él le tocó resolver asuntos relacionados con los capos de esos momentos– había menos violencia que la que sufren en la actualidad los juzgadores.
Agregó que los jueces saben muy bien a qué se enfrentan y están comprometidos a cumplir con su labor de manera autónoma e independiente.
En cuanto a los malos elementos dentro del Poder Judicial Federal (PJF), Silva Meza comentó que los primeros interesados en sacar a aquéllos que se apartan de la ley son precisamente los integrantes del Poder Judicial.
Respecto de los casos de jueces que actualmente son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado, el ministro aseveró: “La única exigencia que ha habido por parte de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura es que cualquier actuación, cualquier reproche, tiene que estar sustentado en pruebas. Si nosotros tenemos las pruebas, somos los primeros” en denunciarlos.
El ministro Juan N. Silva Meza, el pasado 8 de octubreFoto Luis Humberto González
“No andamos en cacería de nadie, pero cuando los tenemos y hay pruebas, ya no están con nosotros”, aseveró ayer el ministro presidente, luego de dar a conocer la realización de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas Constitucionales y Regionales, el próximo jueves y viernes en la ciudad de México.
Comentó también que tiene conocimiento de que están en curso algunas averiguaciones previas de la PGR en contra de jueces federales, además de las dos relacionadas con Efraín Cázares López, quien fue el juez del llamado michoacanazo, pero aseguró que hasta el momento no se ha consignado penalmente a ningún otro juzgador.
Silva Meza aclaró que del universo de investigaciones que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Federal en contra de jueces, no todas tienen que ver necesariamente con posibles nexos con la delincuencia, sino con cuestiones de disciplina y administración de justicia.
Lo que tiene que ver con la posible comisión de delitos, dijo, es competencia de otras autoridades, como la Procuraduría General de la República.
Los relevos
Por otra parte, el ministro presidente hizo un llamado al Senado de la República a que antes del 30 de noviembre próximo elija a los magistrados que sucederán en el cargo a Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y a Sergio Aguirre Anguiano, a efecto de que a partir del próximo primero de enero el pleno de la Suprema Corte esté en condiciones de trabajar, porque laborar con el pleno incompleto es sumamente complicado, advirtió.
Sobre todo porque “en temas cruciales”, como la invalidez de leyes, se requiere de mayoría calificada de ocho votos para tomar una resolución, insistió.
Asimismo, comentó que a título personal confía en que finalmente sean elegidos dos magistrados de circuito en los cargos que dejarán Ortiz y Aguirre, para así cumplir con lo dispuesto en la Constitución de que los integrantes de la Corte sean “preferentemente” profesionales con carrera judicial. Aclaró que él no se opone a que lleguen académicos o litigantes sin carrera judicial, pero en este momento “es indispensable” que así sea.
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EL UNIVERSAL; 7 de noviembre.

·         Ya dan protección a 98 jueces, revelan

Cerca de 10% de los jueces y magistrados federales del país (98 de un total de 1,174) cuenta con medidas especiales de seguridad, como escoltas y autos blindados, por amenazas del crimen organizado o el riesgo de la plaza a la que están adscritos. Las medidas forman parte del programa de seguridad puesto en marcha por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que ha asignado autos blindados a 78 jueces y magistrados federales en prevención de riesgos potenciales. Otros 20 jueces y magistrados cuentan con escolta. De estos juzgadores, 12 son protegidos por personal de seguridad del propio Consejo y ocho tienen escoltas de la Procuraduría General de la República (PGR). La mayor parte de los juzgadores a quienes se brinda este tipo de protección está a cargo de asuntos relacionados con el crimen organizado en penales de máxima seguridad.

Oficio peligroso

20 jueces cuentan ya con escolta
12 de ellos tienen protección del propio CJF
8 son protegidos por personal de la PGR
10 estados son de riesgo para jueces y magistrados
330 mdp ejerció el CJF a marzo de este año en seguridad