“Los Chacales. Expedientes abiertos de la mafia que ordenó el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas”
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México,
21 años sin verdad en el crimen del cardenal
La
presentación en Roma de un libro reaviva la exigencia de justicia en el
violento asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo,
perpetrado en 1993
Opinión de ANDRÉS
BELTRAMO ÁLVAREZ, correspnsal de Notimex, para Vatican Insider.
México
tiene una herida abierta. Todavía está pendiente la verdad sobre el asesinato
del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Una exigencia de justicia que
permanece, aunque hayan pasado 21 años. Ese reclamo llegó hasta Roma, con un
mensaje directo para el actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto:
“Esclarecer el asesinato serviría para dar confianza a una nación presa del
miedo y la impunidad”. Una oportunidad histórica.
El
23 de mayo de 1993 el entonces arzobispo de Guadalajara fue acribillado con 14
balazos mientras se encontraba en el estacionamiento del aeropuerto local. Un
asesinato cometido a plena luz del día y con decenas de testigos. Pese a las
públicas características del crimen y las numerosas pruebas a disposición,
hasta ahora nadie ha sido condenado por él.
El
recuerdo de aquel magnicidio centró, la tarde del 20 de mayo, la presentación
en Roma del libro “Los Chacales. Expedientes abiertos de la mafia que ordenó el
asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas” en su edición italiana. Un texto
escrito por el abogado Jesús Becerra Pedrote.
“Se
trató del injusto asesinato de un hombre de la Iglesia, un hombre de bien”,
afirmó el actual arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM), José Francisco Robles Ortega, durante la conferencia
que tuvo lugar en la basílica de San Bartolomé. Un templo sugestivo, dedicado a
los mártires del siglo XX.
Justo
en ese templo, en una capilla con reliquias de hombres y mujeres de la Iglesia
asesinados en las últimas décadas en el Continente Americano, se encuentra un
báculo que perteneció al cardenal Posadas y donado hace unos años por el
anterior arzobispo tapatío, Juan Sandoval Iñiguez.
“Nosotros
como pueblo no estamos tranquilos al no conocer la verdad de este hecho. No nos
mueve deseo alguno de venganza, lo que menos necesitamos en este momento en
nuestro país es la venganza. Nos mueve únicamente el deseo de vivir en paz,
vivir hermanados, pero en base a la verdad y en base a la justicia. Nos urge
saber la verdad no para vengarnos sino para que nuestra pacificación y nuestra
fraternidad tengan el sólido sustento de la verdad y la justicia”, indicó
Robles Ortega.
Consideró
además a Posadas como un hombre mártir, aunque no se diga explícitamente que su
asesinato fue por odio a la fe. No obstante, insistió que su memoria no puede
ser venerada oficialmente como la de un santo porque falta el pronunciamiento
explícito de la Iglesia.
Reconoció
que existe “la intención” y “el deseo” de iniciar un proceso formal para su
beatificación, pero anticipó que eso se llevaría a cabo en un segundo momento.
“Ahora
estamos ocupados en que se esclarezca el crimen desde el punto de vista de la
justicia. No queremos mezclar un proceso con el otro, podríamos incluso crear
confusión. La gente de Guadalajara tiene la convicción de que el cardenal
Posadas murió por el evangelio y percibe que no se ha hecho justicia sobre su
muerte”, añadió.
Durante
la presentación, convocada por el movimiento católico Comunidad de San Egidio,
Becerra Pedrote aseguró que según diversas pistas algunas personalidades del
círculo directo del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari habían
estado involucradas en los hechos.
“El
cardenal Posadas se había parado de manera valiente ante ciertas políticas de
Estado. De la investigación se desprende que militares, policías locales y
federales, así como integrantes de los aparatos de inteligencia estuvieron
involucrados. Esta no es una investigación de la Iglesia, de los laicos o de
los católicos, es una investigación de la autoridad judicial que permanece
abierta no por gusto de la misma autoridad, sino por la presión de muchos
laicos que sabemos cómo fueron las cosas”, estableció.
Señaló
que el presidente Peña Nieto “necesita la fuerza social y de la Iglesia para
sacar adelante el país”, afectado por un grave problema de inseguridad. “Es su
oportunidad de dar signos reales de buena fe que demuestren su voluntad por
dejar atrás la cadena de impunidad”, apuntó.
Con
él coincidió Fernando Guzmán, abogado que ha seguido el caso por años. Sostuvo
que en los últimos tiempos se han registrado “avances importantísimos” en la
investigación, pero que todavía no se han puesto en manos de los jueces.
“El
procurador de la República debe consignar todas estas partes a la autoridad
judicial, existen elementos para consignar a algunos de los responsables y esto
es tarea del nuevo gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que inyectaría
confianza y oxígeno nuevo, hoy que tanto agobio hay por la situación de
violencia e inseguridad en el país. Los elementos están, insistiremos en esa
petición. Hay que ver si existe buena voluntad del gobierno”, advirtió.
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