Una buena noticia para el debido proceso!

Los jueces Federales penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, figura creada con la reforma de justicia penal de junio de 2008, ya no concede el 91 % de las peticiones de arraigos e intervenciones telefónica como lo hicieron en 2009, cuando empezaron a funcionar.
Y es que en lo que va de 2014, solamente se han concedido el 40 por ciento de las solicitudes de la medida cautelar, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Estadística del CJF.
¡Ya NO es tan fácil dar una orden de arraigo!

Esa es una buena noticia para el debido proceso.
México, D.F., 19 de septiembre de 2014 Comunicado No. 58
RECIBE CJF A RELATOR ESPECIAL SOBRE DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LAS AMÉRICAS

Con el propósito de fortalecer la cooperación internacional y compartir experiencias sobre las políticas institucionales adoptadas por el Poder Judicial de la Federación en materia de derechos humanos, amparo y respecto al nuevo sistema penal acusatorio, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió a James L. Cavallaro, Relator Especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA.
Durante el encuentro en el edificio sede de este órgano colegiado, el consejero José Guadalupe Tafoya Hernández detalló la labor que realiza la Judicatura Federal para garantizar la protección de los derechos humanos, y particularmente los avances registrados en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio.
El consejero Tafoya Hernández subrayó que México vive un tiempo histórico en la administración de justicia federal derivado de las reformas constitucionales en materia penal, de juicio de amparo y de derechos humanos, en el que este órgano colegiado, así como las y los juzgadores federales están conscientes del impacto social que tienen sus resoluciones en el nuevo contexto.
Añadió que la garantía del debido proceso es responsabilidad de las y los jueces y magistrados federales. Ejemplo de ello es que mientras que en 2009 se libraron 91 por ciento de las órdenes de arraigo tramitadas, en lo que va de 2014, solamente se han concedido el 40 por ciento de las solicitudes de la medida cautelar, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Estadística del CJF.
Ello se deriva de un mayor control y perfeccionamiento por parte de las y los Jueces Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones.
Derivado de las reformas constitucionales en materia penal, el CJF asumió anticipadamente el compromiso de dotar la infraestructura necesaria y el personal calificado para responder de manera ágil y oportuna a los desafíos que impone la transformación del sistema penal mexicano, explicó.
Anunció que a nivel federal iniciará la implementación del nuevo sistema penal acusatorio a finales de noviembre en los estados de Durango y Puebla para continuar paulatinamente con el resto de las entidades federativas y el Distrito Federal y cumplir con el compromiso constitucional de lograr la operación total en junio de 2016.
Otro tema relevante tratado durante la reunión fue la transparencia y es de subrayar que durante la gestión judicial del ministro presidente Juan Silva Meza se han fortalecido los mecanismos de rendición de cuentas, destacadamente la difusión de las sentencias que emiten jueces y magistrados en su versión pública.
En respuesta al interés mostrado por el Relator Especial sobre los mecanismos de selección e independencia de los juzgadores, el consejero José Guadalupe Tafoya enfatizó que a diferencia de otros países, en el PJF se realiza un proceso de selección interno en donde no tienen injerencia los otros Poderes de la Federación.
Esta es la tercera visita que realiza la Relatoría Especial sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera tuvo lugar en 2007 y la segunda en 2011. Esta es la primera ocasión que el Consejo de la Judicatura Federal la recibe.
La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de su Libertad fue creada en 2004, y tiene como mandato informarse de la situación de todo tipo de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión en los Estados miembros de la OEA.
Asimismo, visitar lugares de detención o centros de privación de la libertad de menores de edad, aun sin previo aviso a las autoridades cancelarias; entrevistarse libre y privadamente con personas detenidas o en prisión, funcionarios, autoridades, testigos o familiares, así como con organizaciones no gubernamentales.

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