El Universal, 27 de octubre de 2014
Nadie
en el Congreso local fue capaz de explicar por qué les fue impuesto el nombre
de Rogelio Ortega Martínez
Se
cumplió un mes y nada de los 43 normalistas desaparecidos. Eso sí, la crisis en
Guerrero ha pasado del horror y el estupor a la vergüenza por la descarnada
lucha política que desató el relevo del gobierno estatal; cargo interino que
recayó en el número dos de la Universidad Autónoma de Guerrero, Rogelio Ortega
Martínez.
Un
mes y nada de los normalistas desaparecidos, pero eso sí, arrancó la feria de
deslindes, algunos de ellos verdaderas perlas del cinismo. Y es que con la
cachaza que le caracteriza —y que ya no sorprende a nadie—, Andrés Manuel López
Obrador volvió a mentir y, en la plaza pública, se deslindó de los probados
vínculos con el alcalde criminal de Iguala, José Luis Abarca.
El
deslinde se produjo luego que aquí y en otros medios se documentó que a
petición de Lázaro Mazón, el señor López Obrador impuso a Abarca como candidato
a la alcaldía de Iguala. ¿Y por qué lo impuso? Las notas de la prensa local de
la época dicen que Abarca garantizaba recursos económicos para la campaña de
AMLO.
Y
frente a esas evidencias —además de imágenes en las que López Obrador aparece
junto a cartulinas que le advierten de la imposición de Abarca—, el PRI exigió
que se investigue todo lo relacionado con los nexos políticos del ex alcalde de
Iguala, en tanto que el jefe de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones
censuró que los políticos que impulsaron a Abarca hoy se hagan de la vista
gorda.
Un
mes y la autoridad federal y los sistemas de inteligencia no ofrecen los
resultado que todos esperan; la localización de los 43 desaparecidos. En
cambio, los profesionales de la violencia siguen estimulando el vandalismo, el
saqueo y el oportunismo político, como ocurrió el fin de semana en Chilpancingo,
en donde fueron impunes el robo a comercios, oficinas públicas y privadas.
Un
mes y nada de los 43, pero eso sí, las tribus más radicales del PRD, aquellos
que fueron desplazados por transas —como Bejarano-Padierna—, buscan raja
política y reclaman la caída del nuevo presidente del PRD, Carlos Navarrete. Y
con un cinismo propio de su clan, Bejarano exige honestidad en el caso Abarca.
Un
mes y nada de los 43, en tanto el Congreso local de Guerrero, los partidos
políticos y el gobierno federal siguen dando palos de ciego. ¿Por qué? Porque
nadie en el Congreso local fue capaz de explicar las razones por las que les
fue impuesto a los diputados el nombre de Rogelio Ortega Martínez. ¿Cuáles son
sus cualidades?
La
pregunta obliga, porque si recordamos una nota informativa publicada por EL
UNIVERSAL el 18 de marzo de 2009, los diputados del Congreso local de Guerrero
habrían nombrado gobernador a un presunto secuestrador, aliado de las FARC de
Colombia y promotor en México de ese grupo guerrillero vinculado la mafia del
crimen organizado y el narcotráfico.
Y
es que según la citada nota informativa, el presidente del Consejo Ciudadano
para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega Sánchez
denunció ante la PGR —en marzo de ese 2009—, al militante del PRD en Guerrero,
Rogelio Ortega Martínez —hoy gobernador interino de Guerrero—, como presunto
enlace de la guerrilla colombiana en México.
Según
esa denuncia, el hoy mandatario de Guerrero habría sido “enlace con las Fuerzas
Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) desde 2002” y que existen pruebas
documentales de su colaboración con el grupo armado colombiano. De acuerdo con
la misma nota, el hoy gobernador interino de Guerrero habría participado con la
representación de las FARC en México, en secuestros en el estado de Guerrero,
para obtener financiamiento para la causa de las FARC.
Toda
esa, y mucha más información poco clara del nuevo gobernador de Guerrero estuvo
en manos de la PGR luego del escándalo de la mexicana y activista de las FARC,
Lucía Morett, quien salvo la vida luego del ataque del ejército colombiano a
las FARC, en la frontera con Perú. Según información entregada a la PGR, el hoy
gobernador de Guerrero habría sido parte de los enlaces entre grupos
clandestinos del Estado de Guerrero con las FARC.
¿Nada
de eso investigó el gobierno federal?
¿Es cierto o falso que Rogelio Ortega Martínez fue aliado en México de las
FARC; que participó en secuestros, que preparaba universitarios para participar
en las milicias de las FARC? ¿Por qué los diputados del Congreso local no
explicaron la historia negra de Rogelio Ortega Martínez y sólo ofrecieron la
parte amable de que se trata de “un catedrático” con méritos suficientes?
¿Será
que aplicaron la muy mexicana “para que la cuña apriete” debe ser de la misma
guerrilla? Al tiempo.
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