CNDH: que la ONU investigue desaparición forzada

De acuerdo con el organismo, otra de las tareas urgentes del Estado mexicano es la aprobación de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que incluya políticas públicas para la búsqueda de personas desaparecidas.

Revista Proceso No. 1996, 31 de enero de 2015

CNDH: que la ONU investigue desaparición forzada/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

En México la desaparición forzada de personas es un problema grave, que expone la crítica situación de los derechos humanos en el país y obliga al Estado a reconocer la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Ésta es la posición que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) fijará ante aquel organismo este domingo 1 y lunes 2 en Ginebra.

Participante por primera vez en una sesión ante ese comité, la CNDH busca que el gobierno de Enrique Peña Nieto termine con su ambigüedad y acepte la jurisdicción de esa instancia de la ONU, a fin de que pueda recibir y examinar peticiones individuales de investigación por parte de quienes se digan víctimas de violaciones –por parte del Estado mexicano– de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. 

Durante esos dos días el comité examinará si México ha cumplido con la Convención, en momentos en los cuales el gobierno federal está bajo el escrutinio internacional por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también por los altos índices de violencia e inseguridad.

Según un documento que circula entre las organizaciones no gubernamentales que participarán en el encuentro, la CNDH coincidirá con los grupos de la sociedad civil para que México acepte ya la competencia de ese comité.

Para la CNDH, la posición de México en el tema es incierta y ambigua, pese a la insistencia de la comunidad internacional.

El ómbudsman nacional Luis Raúl González Pérez, pedirá también que el Estado mexicano actualice y homologue las bases de datos sobre desaparición forzada en el país, puesto que cada entidad de la República hace sus cuentas a discreción.

Uno de los criterios que propone para elaborar esas bases es que las desapariciones no se atribuyen únicamente a agentes del Estado, sino también a los particulares que actúan con el apoyo o consentimiento de representantes estatales y que actualmente son consideradas sólo como desapariciones responsabilidad de la delincuencia organizada. Además, dice, deben incluirse los particulares que delinquen sin la aquiescencia de los agentes del Estado.

Paralelamente propone “una ruta verificable” de cuándo y cómo se retirarán las Fuerzas Armadas de los operativos de seguridad. Aunque el documento no lo expresa, el propósito es deslindar responsabilidades de los militares, toda vez que soldados y marinos están acusados ante la CNDH de graves violaciones a los derechos humanos.

Para el organismo, la impunidad en que quedaron las desapariciones forzadas en los setenta y principios de los ochenta, atribuidas a policías, militares y otros agentes del Estado, es un incentivo para que en México siga ocurriendo ese delito grave y se repitiera en Iguala en septiembre pasado.

De acuerdo con el organismo, otra de las tareas urgentes del Estado mexicano es la aprobación de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, que incluya políticas públicas para la búsqueda de personas desaparecidas.

 Además el Estado ha incumplido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su contra por el caso Rosendo Radilla Pacheco, detenido y desaparecido por el Ejército en 1974. Uno de los resolutivos fue que México debía modificar el Código Penal Federal para tipificar el delito de desaparición forzada, de acuerdo con el derecho internacional humanitario.

 A pesar de la gravedad del problema y a que el gobierno de Peña Nieto se comprometió en agosto de 2013, durante el examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU, a elaborar el Reglamento del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, no sólo el ordenamiento está pendiente de publicarse sino que el problema se agravó.

 Una muestra de que México tiene un problema de grandes dimensiones es la localización de fosas clandestinas en distintas partes del país, considera el organismo, de acuerdo con el documento que se conoció en Ginebra. Pero pide que los hallazgos se sistematicen con criterios homologados.

 Otra falta del Estado mexicano que González Pérez hará notar ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas es la inexistencia en la Procuraduría General de la República de un Sistema Nacional de Información Genética. Además planteará la necesidad de que los encargados de procesar y recabar la información, así como los encargados de la búsqueda de las personas, sean en verdad profesionales que respeten los criterios internacionales en la materia.