Revista
Proceso
No. 1996, 31 de enero de 2015
La
vieja y mala fama de Iguala/EZEQUIEL
FLORES CONTRERAS
Chilpancingo,
Gro.- Un mes antes de la matanza y desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa, habitantes de la Sierra de Guerrero denunciaron un secuestro masivo
del cual responsabilizaron a Guerreros Unidos, quienes presuntamente actuaron
en contubernio con el Ejército. El hecho evidencia que las autoridades estaban
al tanto de las actividades del grupo delictivo pero nada hicieron para
frenarlo.
El
27 de agosto de 2014 Proceso acudió al poblado de Tlacotepec, cabecera del
municipio General Heliodoro Castillo, donde decenas de pobladores se
congregaron en la plaza principal para exigir la intervención de las
autoridades ante los niveles de violencia, corrupción e impunidad que
prevalecían en la Sierra y las regiones Centro y Norte de Guerrero.
Ese
día la agencia Apro dio esta información y agregó que un día antes el servicio
de transporte público que conecta la Sierra con la región Centro había sido
suspendido pues una célula criminal al servicio de Guerreros Unidos había
interceptado cuatro unidades en las cuales viajaban al menos 20 personas
originarias de Tlacotepec quienes iban a Iguala y Chilpancingo.
Los
delincuentes se llevaron los vehículos con todo y pasajeros a Iguala, señalaron
familiares de los plagiados consultados por este reportero y que pidieron
mantener el anonimato.
Transportistas
y habitantes de Tlacotepec narraron entonces que en los puntos que conectan los
poblados de Mezcala y Xochipala, municipio de Eduardo Neri, sobre el tramo
Iguala-Chilpancingo de la carretera federal México-Acapulco, operaba un grupo
delincuencial dirigido por un sujeto identificado como El Puma y señalado como
responsable de la ola de secuestros, asaltos y extorsiones en la zona.
El
secuestro masivo –ocurrido el 25 de agosto–coincidió con el retiro de un
destacamento militar que estaba desde principios de 2014 en las inmediaciones
de Xochipala, poblado que conecta la región Centro con la Sierra y se considera
paso obligado de la ruta de la heroína que se produce en Guerrero y se exporta
a Estados Unidos, según reportes oficiales.
La
situación obligó a los habitantes de Tlacotepec a realizar una asamblea el 27
de agosto en la plaza cívica de la comunidad, donde reprocharon la criminal
indolencia gubernamental. También, exigieron una explicación sobre el retiro
del retén militar de Xochipala.
Asimismo
denunciaron la presunta protección del Ejército a Guerreros Unidos y pidieron
mantener bajo reserva los nombres de las víctimas porque estaban negociando su
liberación con los secuestradores, afincados en Iguala.
El
director de Seguridad Pública municipal de Heliodoro Castillo, Raymundo Catalán
Nájera, se declaró incompetente para enfrentar los problemas de inseguridad;
argumentó que desde 2012 en el municipio sólo hay tres policías.
El
funcionario dijo entonces que a principios de la administración del perredista
Mario Chávez Carbajal, señalado por la presunta protección que brinda al narco
en la región, había 60 policías; 57 desertaron por el miedo a la narcoviolencia
o fueron cesados por no pasar las evaluaciones de control y confianza.
Solución
sigilosa
A
raíz de la protesta de los pobladores de Tlacotepec, quienes amenazaron con
revelar los nexos de las autoridades y la delincuencia, el entonces procurador
guerrerense, Iñaky Blanco Cabrera anunció la liberación de cinco de los 20
secuestrados y el desmantelamiento de la banda de plagiarios dirigida por un
sujeto identificado como El Fogón, quien operaba en los municipios de
Tepecoacuilco, Chilpancingo y Heliodoro Castillo.
El
29 de agosto, en conferencia de prensa en Acapulco, Blanco informó que la
mañana del 25 de agosto de 2014 fueron privados de su libertad cinco personas
que viajaban en una camioneta del servicio público de la ruta
Tlacotepec-Chilpancingo.
Dijo
que las víctimas –cuatro hombres y una mujer– fueron llevadas a las faldas de
un cerro en las inmediaciones de Tepecoacuilco de Trujano, municipio vecino a
Iguala y considerado otro de los bastiones de Guerreros Unidos. Ahí, precisó
Blanco, los plagiados fueron vendados de los ojos y encadenados.
Los
secuestradores se comunicaban con los familiares de las víctimas para negociar
la liberación, e “inclusive comunicaban a los secuestrados para dar la prueba
de vida y presionar el pago”.
El
entonces procurador añadió que el 28 de agosto de 2014 el padre de una de las
víctimas compareció ante el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía
Especializada en la Investigación y Combate al Delito de Secuestro de la
Fiscalía General para denunciar el secuestro.
La
investigación del grupo antisecuestros de la Fiscalía determinó que para los
campesinos del municipio de Iguala era común ver que los delincuentes entraban
y salían de una brecha ubicada en las inmediaciones del punto conocido como
Curva del Conejo, en el kilómetro 140 de la carretera federal México-Acapulco,
en las inmediaciones de la entrada del poblado de Santa Teresa, municipio de
Iguala.
El
exfiscal informó que cerca de las 15:40 horas del 28 de agosto de 2014 los
agentes ministeriales interceptaron el vehículo donde se desplazaban los
secuestradores y se desató un enfrentamiento donde fue abatido Crisanto Nájera
Ontiveros, El Fogón.
El
grupo antisecuestros desplegó un operativo en la zona y liberó a cuatro de las
víctimas. El resto de los secuestrados de Tlacotepec fueron liberados en sigilo
para evitar que el conflicto escalara en los medios.
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