El Universal, 18 de agosto de 2015
La
resistencia política es brutal; como brutal es la impartición de la justicia en
México y la estancia en los penales mexicanos.
Porque
según distintos especialistas –académicos, constitucionalistas y analistas
políticos–, con el proceso legal para que la ex dirigente magisterial continúe
su juicio penal en la modalidad domiciliaria, se pondrá a prueba la
independencia del Poder Judicial, se sabrá si se trató de un juicio político y,
sobre todo, si la señora Gordillo está en prisión en calidad de preso político.
Y es que son
muchas las evidencias de que detrás del proceso judicial contra la profesora
Gordillo, en realidad asistimos a una suerte de venganza política producto de
los acuerdos del Pacto –firmado entre PRI, PAN y PRD con el gobierno de
Peña Nieto–, y que habrían incluido quitar del camino a la otrora poderosa
lideresa sindical.
Y
es que, a la distancia, está claro que para hacer creíble la reforma educativa
surgida del Pacto y para hacerla operativa con la resistencia de un sindicato
controlado de manera vertical como el SNTE –en donde la mandona era la
profesora Gordillo–, se requirió de una decisión política por parte de las
instituciones del Estado mexicano, más que de una acción legal.
Dicho
de otro modo, que el gobierno federal primero decidió quitar del control
sindical a la señora Gordillo –para cumplir los acuerdos del Pacto–, luego
buscó las causales para iniciar acción penal que la sacaran del camino de la
reforma educativa y, al final, asestó el golpe penal.
Por
eso fue acusada como presunta responsable de los delitos de defraudación
fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia
ilícita; delitos que aún no han sido probados y que podría llevar años probar.
Por
lo pronto –y una vez transcurridos más de dos años de su detención–, la defensa
de la señora Gordillo espera que en cuestión de días el juez de la causa
determine la prisión domiciliaria. Los argumentos legales y la edad de la
detenida están dados para que así ocurra. La profesora Gordillo ya cumplió los
70 años.
Sin
embargo el fondo del asunto no es legal sino político. ¿Por qué? Por la misma
razón; porque el detonante de la acción penal contra la señora Gordillo fue una
decisión política.
¿A
quién le conviene que la señora Gordillo se acoja al beneficio de la prisión
domiciliaria? ¿A quien le interesa que eso no ocurra en los próximos tres años?
Sin
duda que la profesora Gordillo, su familia y sus abogados hacen todo por
alcanzar ese beneficio. Sin embargo, la resistencia política es brutal; como
brutal es la impartición de la justicia en México y la estancia en los penales
mexicanos.
Lo cierto es
que al gobierno federal es al último que le interesa que la profesora alcance
el beneficio de la prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque una victoria de la
profesora Gordillo y de sus abogados en ese sentido sería una escandalosa
derrota política para el presidente Peña Nieto.
Por
eso la presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial; para que los
juzgadores cierren el paso a la posibilidad de que la lideresa salga de la
cárcel y siga el proceso en su domicilio.
Así,
la exigencia legal de la profesora Gordillo pone a prueba la independencia del
Poder Judicial; exhibiría la tutela del Poder Ejecutivo sobre los otros
poderes; la división de poderes, la democracia mexicana y, sobre todo, exhibirá
si Elba Esther Gordillo es un preso político. ¿De quien será la victoria? Al
tiempo.
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