El organismo nacional advierte que no se hizo nada para protegera a más de 2 mil desplzados de Sinaloa y Choix, en 2012
Nota de Marcos Vizcarra
Noroeste, 10/10/2017
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación al Gobierno del Estado, la Fiscalía General y a los ayuntamientos de Sinaloa y Choix, por no proteger a 2 mil 38 personas desplazadas de esos municipios en 2012.
El organismo cuestionó el trabajo para proteger a las personas desplazadas, debido a que no se les garantizó protección social, de salud, jurídica y de seguridad, pese a que ellos expresaron ante Ministerio Público haber sido víctimas directas de actos violentos.
“Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros”, se señaló en la recomendación.
La CNDH indicó que hubo negligencia por parte del Ministerio Público, de la entonces Procuraduría General de Justicia, para la integración de tres averiguaciones previas, violando su derecho a la procuración de justicia.
En esta recomendación, la CNDH hizo solicitudes puntuales, a partir de un análisis en el que se encontró diversas anomalías, como la falta de un censo oficial de personas desplazadas, falta de legislación sobre desplazamiento forzado interno y de programas de asistencia social.
¿Qué recomendó la CNDH?
* Diseñar programas de reparación integral colectiva para personas desplazadas
* Realizar un censo de personas desplazadas en Sinaloa
* Que los sistemas DIF implementen programas de asistencia como se establece en la Ley General de Víctimas
* Que el Gobierno de Sinaloa y los ayuntamientos reconozcan a dos mujeres como defensoras de derechos humanos y desarrollar una campaña sobre la importancia de la actividad de las personas defensoras en general.
* Que el Congreso diseñe leyes apropiadas para regular el Desplazamiento Forzado Interno
* Que la Procuraduría Agraria proteja los derechos de las personas desplazadas sobre sus tierras
* Que la Fiscalía General del Estado investigue los hechos violentos denunciados por las personas desplazadas.
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