México rechaza acusación de Venezuela que lo vincula al atentado a Maduro
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechaza categóricamente las infundadas acusaciones que el Ministro de Comunicación e Información del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió hoy respecto a una supuesta participación de nuestro personal diplomático en Caracas en el presunto atentado contra el Presidente Nicolás Maduro.
El Gobierno de México y su personal diplomático actúan siempre con pleno respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior definidos en el artículo 89, fracción X, de nuestra Constitución. México continuará realizando esfuerzos diplomáticos para contribuir a una solución pacífica, y definida por los propios venezolanos, a la grave crisis que enfrenta ese país.
La Cancillería mexicana aseguró que el Gobierno mexicano y su personal diplomático “actúan siempre con pleno respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior” señalados en la Constitución.
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Las columnas políticas, hoy domingo 23 de septiembre de 20018....
BAJO RESERVA/EL UNIVERSAL...
Con motivo del 69 aniversario de la fundación de la República Popular China, el embajador Qiu Xiaoqi abrirá las puertas de la misión diplomática en la Ciudad de México, este miércoles 26 de septiembre, e invitó a los festejos al ex presidente Luis Echeverría Álvarez. Se nos recuerda que el político, como jefe del Estado mexicano, apoyó el ingreso del gigante de Asia a la ONU. Sin embargo, nos comentan que Luis Echeverría Álvarez designó a su hijo Benito Echeverría Zuno para que asista en su representación a dicho evento. La razón es que don Luis aún no se recupera totalmente de salud. Nos hacen ver que en esa celebración, la principal del país amigo, el invitado especial ha sido quien gobernó México de 1970 a 1976, y a quien se le reconoce a tal grado que en Beijing hay un museo en el que se destaca su aporte al concierto de las naciones.
Morena, ¿cuentas claras?
La bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, que encabeza Mario Delgado, y el Comité de Administración, están tejiendo un plan para que los 500 legisladores comprueben, en tiempo y forma, cómo gastan los más de 74 mil pesos adicionales a su salario que reciben mes a mes. Nos cuentan que Morena busca establecer un catálogo con conceptos y montos en lo que sí se pueden gastar los 45 mil 786 pesos que les depositan por concepto de Asistencia Legislativa y los 28 mil 772 pesos de Atención Ciudadana. Nos agregan que, aunque ya es obligación comprobar estos sobresueldos de los legisladores, se detectó un modus operandi en la pasada Legislatura en el que los recursos se gastaban en cualquier cosa y no para lo que está establecido. Veremos si habrá cuentas claras.
El PRI, después del 1 de diciembre...
La gran incógnita, nos cuentan priístas, es qué va a suceder con el PRI después de que el presidente Enrique Peña Nieto concluya su mandato. Porque si desde ahora hay rudos roces entre peñistas y otros grupos que se sienten lastimados por el equipo del mandatario o sus cercanos, nadie se quiere imaginar cómo será después del 1 de diciembre. Y también, agregan, hay muchos tricolores que, ante las circunstancias, no dudan en migrar del partido, aunque se vayan sin nada seguro a otras latitudes. Lo cierto es que no falta quien empiece a afilar navajas, no vaya a ser que se necesite en una lucha cuerpo a cuerpo.
Las curules separadas
Nos cuentan que dos diputados sin partido en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Lucía Riojas y Carlos Morales, fueron retirados de las curules que ocuparon desde la primera sesión, quedando separados de un extremo al otro del salón de sesiones. La diputada acusó, a través de sus redes sociales, que fue "por instrucciones de Morena" que les cambiaron el asiento. "Una persona de servicios parlamentarios se me acercó a decirme que por instrucciones de Morena me habían cambiado de curul y me habían separado de mi compañero", escribió en Twitter. A través de Facebook, Riojas incluso subió un video donde recorre todas las curules de Morena y el PT, desde su lugar, hasta llegar a donde se sienta el legislador también sin partido. "No entendemos esta separación de curules, cuando todos los grupos parlamentarios trabajan en unidad", expresó por su parte Morales. ¿Divide y vencerás?
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TEMPLO MAYOR/REFORMA
La terca realidad le mostró a Andrés Manuel López Obrador un atisbo del futuro y cómo no es lo mismo la austeridad en el discurso que en la vida real.
El miércoles, se quedó varado cinco horas en el aeropuerto de Huatulco por el mal tiempo. Cuando a un Presidente le pasa eso, se pone a trabajar en el despacho del avión presidencial, pero el tabasqueño acabó en una sala de espera sin muchas opciones.
Y el viernes, el Financial Times y el New York Times dedicaron artículos al plan de austeridad lopezobradorista, al cual calificaron como bien intencionado... pero irrealizable. Ya se ve que no todo es tan fácil como poner hamacas y catres para dormir en Palacio Nacional.
Quienes creen que la Cuarta Transformación traería el fin del dominio de los egresados del ITAM en la política, es porque no vieron la lista de 400 invitados a la boda de Xiuh Tenorio.
El ex diputado contrajo nupcias en un fiestón que sirvió para reconciliar a morenistas, perredistas, panistas y priistas. Entre los invitados estuvieron el titular del Trabajo, Roberto Campa; el pastor del rebaño sagrado, Mario Delgado, y la siempre polémica Alejandra Sota.
También fue invitado al ágape, en el que se sirvió un mezcal oaxaqueño especialmente elaborado para la ocasión con etiquetas como "Abrazos, no balazos" y "Saludos de la mafia del poder", el próximo canciller, Marcelo Ebrard.
Por ahí dicen que luego de haber sido asambleísta de Nueva Alianza, senador suplente del PRD, candidato a delegado y funcionario de un gobierno tricolor, Tenorio está listo para dar el sí a Morena. ¡Que vivan los novios!
En el medio de las constructoras se dice que Grupo Riobóo ha estado trabajando con una empresa extranjera en un proyecto para el tren que conectaría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México -sí, el de Texcoco- con la CDMX.
El comentario suena muuuy extraño dado que el dueño de esa empresa, José María Riobóo, ha sido uno de los más acérrimos críticos de esa obra y defensor de la opción de ampliar el aeropuerto militar de Santa Lucía.
¿Será que el constructor sabe algo que el resto de los mexicanos ignoramos? Es pregunta como para hacer una consulta... y no digital (por aquello de "lo que diga mi dedito").
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TRASCENDIÓ/MILENIO...
Que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene ya tomada la decisión de desaparecer ProMéxico, la dependencia del gobierno federal creada en 2007 para atraer inversión extranjera y promover las exportaciones por el mundo. El argumento es que "no hace nada".
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, el mecanismo no funciona mal. De hecho, genera beneficios, pues solo en el segundo semestre del año llegaron al país 44 dólares de inversión extranjera directa por cada uno invertido por este programa. Sin embargo, esta vez también se impondrá la austeridad republicana.
Que Manlio Fabio Beltrones sigue muy activo en sus reuniones con priistas, pues el objetivo es conformar una oposición firme al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El sonorense pidió a sus correligionarios exponer siempre una propuesta inteligente a las "ocurrencias" de la próxima administración, e incluso citó a su amigo Luis Donaldo Colosio, quien señalaba: "El poder desgasta, pero más desgasta el no poder".
Que, también en Puebla, las fuerzas federales mantienen la vigilancia a las bodegas del Instituto Electoral del Estado, ubicadas en la junta auxiliar de Sanctorum de Cuautlancingo, donde hay miles de votos de la elección de gobernador. Este domingo, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, los paquetes serán trasladados hacia CdMx y Estado de México para que mañana comience el recuento de sufragios.
Que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, estuvo en el segundo Informe de labores de su homólogo de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Ahí habló de los notables avances que ha tenido la entidad vecina en temas de seguridad, pero de su terruño, nada. Ambos estados cuentan con una frontera común, pero es evidente que municipios veracruzanos de esa zona, como Pánuco, no viven sus mejores días por la violencia.
Que la Secretaría de Seguridad Pública de CdMx registró el viernes un récord de personas remitidas al Ministerio Público, con un total de 143 presuntos delincuentes.
En dos meses que lleva Raymundo Collins al frente de la dependencia, la cifra de detenidos supera 8 mil 600, mientras que en prevención del delito los infractores presentados ante un juez cívico suman 44 mil.
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SACAPUNTAS/EL HERALDO DE MÉXICO..
Buscan excepciones
En el Senado se puede complicar la aprobación de la reforma que castiga con cárcel la portación de armas. Y es que la iniciativa que presentó el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, puede afectar a los amigos de la senadora Nestora Salgado, ex lideresa de las autodefensas de Olinalá. Nos adelantan que se estudia hacer ciertas "excepciones".
EPN, invitado de todos
Nutrida agenda tiene el Presidente Enrique Peña en Nueva York, a donde viaja hoy para para participar en la 73 Asamblea de la ONU. También será parte, por ejemplo, de la Segunda Cumbre One Planet, a la que fue invitado por el francés Emmanuel Macron; y a invitación de Michael Bloomberg asiste al Foro Global de Negocios 2018. Regresa el miércoles.
Se queda IEPS en gasolina
Es un hecho: la gasolina no bajará de precio en la cuarta transformación. El Impuesto Especial de Productos y Servicios que elevó su precio se queda, y la encargada de explicar por qué, será la futura secretaria de Energía, Rocío Nahle. El argumento será que en todos los países del mundo se pagan ese tipo de impuestos y que lo recaudado será para obra pública.
La esperanza de Negrete
Una luz de esperanza tiene el equipo de Manuel Negrete, tras la anulación de la elección de alcalde de Coyoacán, que había ganado. Nos explican que la sentencia del TEPJF, encabezado por Janiene Otálora, no le impide participar en la elección extraordinaria. Y, como los candidatos tampoco podrán hacer campaña, creen posible volver a triunfar.
¡Avísenle!
Por cierto, nos comentan que el comunicado en el que Negrete acusa intromisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, por la anulación de la elección, salió de su mismo equipo. El problema fue que no le consultaron y el ex futbolista debió salir a decir que era una/a/ce news.
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FRENTES POLÍTICOS/EXCÉLSIOR...
I. ¿Reversa? Rocío Nahle, futura secretaria de Energía, advirtió que el Impuesto Especial de Productos y Servicios (IEPS) de las gasolinas va a seguir igual, porque si se modifica, los estados petroleros perderían presupuesto por recaudación. En visita de inspección por los terrenos donde se construirá la refinería en Tabasco, Nahle, acompañada por Adán Augusto López, gobernador electo de esa entidad, dijo que "el precio de las gasolinas lo puso una Reforma Energética que nos guste o no, ahí está". Pero advirtió que "vamos a ir subsanando lo que se tenga que subsanar". Que le ponga más ingenio, porque si no cumple en el tema de las gasolinas no queremos ni contarle…
** II. Derrota. El exfutbolista y exalcalde electo, Manuel Negrete, cuyo triunfo en la delegación Coyoacán fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), llamó a las autoridades a "resolver con imparcialidad y apego a Derecho". A unas horas de que se supo la noticia, el viernes, surgió una versión de que culpaba a Claudia Sheinbaum, jefa electa de la Ciudad de México, y a Andrés Manuel López Obrador, futuro mandatario del país, de haber ejercido presión, pero el mismo exjugador lo desmintió más tarde. Por el
momento, dice, no ha recibido notificación alguna. Violencia de género fue una de las causas; y eso es más grave que ejercer o no un cargo público.
III. Bonitas familias. En Nogales, Sonora, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, advirtió que no tolerará actos de nepotismo en los gobiernos emanados de la coalición Juntos Haremos Historia. No está permitido que el cuñado, la tía, el sobrino o el abuelo de los gobernantes participen en los gabinetes municipales. Se trata de ir tras una transformación profunda e impedir corrupción o tráfico de influencias, les comentó. No se pueden hacer candidatos a los cónyuges de los gobernantes, "pues México es una república, no una monarquía", advirtió. Como ejemplo, en la época de Héctor Ortiz como gobernador de Tlaxcala, le documentaron 26 familiares en la nómina y nunca pasó nada. ¿Ahora, sí?
IV. Siempre atento. José Narro, secretario de Salud, visitó Sinaloa, tras las lluvias, y recorrió las comunidades afectadas. En Los Mochis, verificó las acciones que se implementan para proteger la salud de la población. Para atender la contingencia, explicó, que en la primera fase se activaron acciones sanitarias para el control de vectores, como dengue, zika y chikungunya, y en la segunda fase, dijo, se incluirán medidas para evitar la presencia de epidemias o brotes de enfermedades infecciosas. "Sinaloa contará con todo el apoyo del gobierno federal", comentó. Y pensar que hay funcionarios que si llueve no quieren ni mojarse los zapatos.
V. Paz y amor. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, señaló que no confrontará al gobierno de Estados Unidos, y que los temas bilaterales se irán tratando y resolviendo paulatinamente. "Es una labor diplomática de respeto; no nos vamos a pelear con el presidente Donald Trump; yo estoy buscando un buen entendimiento, quiero convencer, quiero explicar cuál es nuestro plan para atemperar el fenómeno migratorio; quiero ponerlo en práctica en nuestro país", comentó López Obrador. Confirmó que no tocará el tema del muro. La relación va tan bien que Trump está por decidir si viene a la toma de protesta histórica el primero de diciembre. ¿Para qué echarlo a perder?
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RETRATO HEREJE/ ROBERTO ROCK L
La fiscalía que viene
El Univerrsal...
Este martes llegará al Senado una iniciativa de ley que buscará superar, en el breve lapso de las próximas semanas, el obstáculo que puso en vilo durante todo el sexenio el establecimiento de la Fiscalía General de la República y convirtió ese tema en una de las mayores pesadillas del gobierno Peña Nieto.
Se anticipa un proceso singular, con actores implicados en una mecánica que hace no mucho se hubiera antojado inverosímil, pues reunirá a personajes que en el pasado reciente se enfrentaron con crudeza.
La iniciativa de ley reglamentaria de la reforma constitucional que en febrero de 2014 estableció la Fiscalía, fue elaborada por el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que la encomendó a Santiago Nieto, el ex fiscal electoral acosado y defenestrado por la actual administración.
Por órdenes de Humberto Castillejos, entonces consejero jurídico de la Presidencia, y de Miguel Osorio Chong, a las sazón secretario de Gobernación y ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Nieto fue despedido en octubre de 2017 por Alberto Elías Beltrán, subprocurador encargado de la Procuraduría General de la República (será quien la acabe sepultando, en más de un sentido).
Tras su cese, Nieto recurrió al Senado que lo había designado para defenderse, pero desistió ante amenazas de Jorge Márquez, oficial mayor y principal operador de Osorio Chong en Gobernación.
Castillejos, Alberto Bazbaz (con otros tantos) y el referido Alberto Elías Beltrán, conocidos como Los Betos, fueron señalados por años, de "manosear" el entorno judicial del país y someter a su conveniencia a la PGR, lo que provocó que la misma haya acumulado hasta ahora cuatro titulares.
El ciclo se empieza a cerrar pero todavía nos depara algunas sorpresas, luego de que tanto la cámara como San Lázaro, que funcionará como colegisladora, aprueben la iniciativa de ley reglamentaria elaborada por Nieto con la participación de la amplia gama de organizaciones ciudadanas integradas en el frente "Por una Fiscalía que sirva".
De esta interlocución solo se ausentó el presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, empecinado en imponer una reforma a la reforma de 2014, la que nunca ha entrado en vigencia, pues faltaba precisamente la ley que esta semana entrará a debate nacional. Los aspectos clave de esta propuesta de ley ameritarán una entrega próxima de este espacio.
De aprobarlo así el Congreso, ante el Senado se inscribirán "al menos" (como dice la enmienda constitucional) 10 aspirantes a ocupar la Fiscalía. Esos 10 o más nombres serán enviados al presidente Peña Nieto, quien enviará a los propios senadores una terna de la que saldrá el nuevo fiscal.
Es muy probable que debamos estar preparados para que de esta deliberación resulte designado como el primer fiscal general de la República un personaje cercanamente ligado al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pero sin que formalmente sea él quien lo proponga y cuando aún no ha tomado posesión.
Ese personaje es Bernardo Bátiz, procurador general de Justicia durante el gobierno de López Obrador como jefe del Gobierno capitalino (2000-2005).
Bátiz y Vázquez, que el pasado día 14 cumplió 82 años, es un jurista e intelectual mexicano que durante casi tres décadas (1965-1992) militó en el PAN, al que desertó junto a muchos otros notables panistas que habían formado el "Foro Democrático y Doctrinario" desde donde denunciaron que grupos empresariales se habían apropiado de Acción Nacional. Junto con otras figuras panistas como Jesús González Schmal, Bátiz se sumó al PRD. Ha sido diputado federal cuatro veces.
Pero quizá su mayor carta de presentación sea una modesta casa en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, que ha ocupado con su familia por muchos años, incluso tras ser procurador capitalino, en un tiempo en el que muchos funcionarios, bajo siglas múltiples, han usado a la política como una herramienta para hacer negocios.
Apuntes: El rector de la UNAM, Enrique Graue, imprimirá esta semana un enigmático ajuste en su equipo, tras los disturbios que sacudieron a la casa de estudios por la injerencia de grupos de porros. Despedirá a Javier de la Fuente como secretario de Prevención y Seguridad, dentista de formación que ha dado múltiples indicios de estar rebasado tanto dentro como fuera de la institución. Si no hay un viraje de último momento, el relevo será Néstor Martínez, responsable de la comunicación social en la Universidad. Se trata sin duda de uno de los hombres más cercanos al doctor Graue, pero su arribo a tales tareas extrañará a más de uno.
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Sueño en libertad/Enrique Krauze
Reforma 23 Sep. 2018
Los mexicanos tenemos una deuda histórica con el movimiento estudiantil de 1968. En gran medida, le debemos nuestras libertades. Por eso es de celebrar que la televisión privada y la oficial ofrezcan series y documentales de alto nivel profesional sobre diversos aspectos del movimiento.
Destaco entre ellas "Un extraño enemigo", producida por Televisa para Amazon, que se trasmitirá por Amazon Prime a partir del 2 de octubre. La dirige Gabriel Ripstein. El personaje central, interpretado por Daniel Giménez Cacho, es el comandante Barrientos, alter ego de Fernando Gutiérrez Barrios, personaje clave de la vida política mexicana por casi medio siglo.
Conocí las versiones finales del guión y asistí hace unos días a una función privada en la que pude ver sus dos primeros capítulos. Nada similar se ha hecho antes en términos de producción, eficacia narrativa, sutileza de enfoque. Sombría, ágil y poderosa, la serie me hizo revivir la atmósfera de aquella época. La reconstrucción es tan impecable como la caracterización de los principales protagonistas (Díaz Ordaz, Echeverría, Corona del Rosal, Javier Barros Sierra y desde luego Gutiérrez Barrios). Los estudiantes trasmiten la fe, la exaltación y angustia del momento. Las escenas que recrean el estallido del conflicto en La Ciudadela y el bazucazo en la Preparatoria #1 son de verdad impresionantes. El fondo musical va acorde con el dramatismo. Una serie histórica no puede tener otra aspiración que la verosimilitud. "Un extraño enemigo" la alcanza cabalmente.
El 68 ¿fue una conspiración tramada desde las altas esferas del poder por los políticos que comenzaban a disputarse encarnizadamente la candidatura a la presidencia o fue un movimiento espontáneo, la versión mexicana de un incendio mundial que estalló en París, recorrió la Europa Occidental y la Oriental y cimbró a Estados Unidos? La serie oscila entre ambas hipótesis. Seguramente alentará el debate sobre la verdad y el legado del 68.
Nunca hay una explicación única de los hechos históricos. En La presidencia imperial intenté fundamentar el aislamiento creciente de Díaz Ordaz con respecto a los hechos que verdaderamente ocurrían. Con el alejamiento de Corona del Rosal (general y licenciado que parecía ser su carta fuerte para la presidencia) y la paulatina neutralización de Emilio Martínez Manautou (el conciliador secretario de la Presidencia), Díaz Ordaz confiaba desde luego en su secretario de Defensa, el general Marcelino García Barragán, quien a la postre sería igualmente rebasado. Ninguno de ellos tenía acceso privilegiado al presidente.
Quien sí lo tenía, crecientemente, era el secretario de Gobernación, Luis Echeverría, a quien Díaz Ordaz creía conocer como un hombre callado, discreto, leal y "entrón". Junto a Echeverría operaba otro hombre que desde los años cincuenta acumuló una larga experiencia en el manejo (y creación) de crisis. Era el director de la Dirección Federal de Seguridad, personaje de aspecto impecable, finísimo trato y una larga experiencia de inteligencia política: el capitán Fernando Gutiérrez Barrios.
El comandante Barrientos está inspirado en él. Conversé con Gutiérrez Barrios en septiembre de 1999. Desayunamos en su casa de San Jerónimo, en una sala de muebles bajos mexicanos, similar a la de su vecino Echeverría. Vestía un saco azul, camisa de rayas y un gazné de seda. Era notable el cuidado de su bigote y, desde luego, el legendario copete plateado. Por discreción, o más bien por temor, me abstuve no solo de proponer grabarlo sino de tomar notas. En algún momento, refiriéndose a la huelga que un grupo de estudiantes había impuesto a la UNAM en esos días, me dijo: "Hay que tener cuidado con las 'revoluciones blandas'. Las provocan hechos nimios que crecen o que alguien hace crecer. No son violentas pero en cualquier momento pueden desembocar en la violencia. Advierta usted que ocurren a finales de sexenio, para desestabilizar al gobierno y complicar el proceso electoral. Son muy peligrosas". ¿Me estaba describiendo un problema o me estaba haciendo una revelación?
La conspiración política puede explicar parte de los hechos pero no su esencia. Los estudiantes no fuimos marionetas del poder y mucho menos de una conjura comunista, como creía no solo el presidente sino la CIA. Los estudiantes fuimos actores de nuestra historia. Hacíamos historia al marchar.
El pliego petitorio se basaba en seis puntos modestos y una exigencia de diálogo: libertad para manifestarnos, libertad para disentir, libertad para criticar al poder. Conviene recordar ese valor para los tiempos que vienen. Octavio Paz lo postuló en la línea final de Posdata: "Tenemos que aprender a ser aire, sueño en libertad".
www.enriquekrauze.com.mx
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Cuerpos y ausencias/Eduardo Caccia
Refoma 23 Sep. 2018
Cuerpos. En otras partes del mundo sería un escándalo mayor, en México nada más es otra nota roja, ahora sobre ruedas, la morgue móvil circulando por los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara en un camión con caja refrigerada, cargando decenas de cadáveres en un limbo frío; adentro, ellos, los sin nombre, despojos humanos sin rumbo fijo, apilados como basura o mercancía en descomposición que espera un lugar para su desecho final, el basurero, la fosa común, el olvido, el gélido olvido de una sociedad indiferente que apenas se inmuta al ver pasar el tráiler que por fuera ostenta un simpático oso polar levantando el pulgar en señal de "todo está bien" o quizá "todos ellos están bien", no se quejan, pedazos de carne y vísceras, soporíferos, hediondos, supurando por justicia o al menos nostalgia.
Ausencias. Denuncias que son un expediente más en un cajón oscuro, funcionarios que tramitan la rutina, nombres que faltan, lugares vacíos en cientos de casas donde no regresaron, no se supo de ellos salvo que no volvieron; ahí, donde deberían estar, hay sillas vacías y una vela encendida, lágrimas de madres que no pierden la esperanza, no pueden perderla, de esposas que acarician un retrato o huelen una camisa que no se lavó, de hijos que en el apellido llevan preguntas sin respuesta, de padres y abuelos en silencio, un largo silencio agudo, cortante, más que cualquier palabra hiriente, un silencio que penetra el corazón pero no puede romper la tristeza, la más dura de las dudas: ¿dónde estás?
El epicentro, Jalisco, un mosaico más en la realidad nacional. Autoridades omisas ante una previsible tendencia que anunciaba un récord histórico y sangriento: 2018 será el año más violento en homicidios, ¿el resultado?, una morgue saturada de cuerpos; ¿la solución?, improvisar una capacidad ampliada en tráileres con cámaras de refrigeración donde usualmente se almacenan perecederos. Uno a uno fueron apilándose los cuerpos como si fueran bananas, evocando a Macondo, al tren donde José Arcadio despierta entre muertos luego de una masacre, un tren que lleva los restos humanos para tirarlos al mar, del realismo mágico al realismo macabro.
Preocupa que estemos construyendo una imagen de la violencia que tiende a la normalización, al horror como objeto de lo ordinario. En este estado de violencia generalizado en la mayoría del territorio nacional, el cuerpo humano transita como desecho y trasciende como estadística. La reflexión es obligada si queremos recuperarnos: ¿cuál es la noción de ser humano que queremos? Ciertamente no una donde podemos ser tratados como tomate podrido. O cambiamos la narrativa que nos estamos contando como país o esta narrativa terminará por sepultarnos en vida.
En un magnífico ensayo, "La imagen del desecho. Hacia un análisis de la estética del cadáver, el desaparecido y el cuerpo como basura", Roberto Carlos Monroy y Laksmi Adyani de Mora atienden el tema y con tino citan a Didi-Huberman: "el artista y el historiador tendrían así una responsabilidad común que es la de volver visible la tragedia en la cultura (para no separarla de su historia), pero también hacer visible la cultura en la tragedia (para no separarla de su memoria)".
Una fotografía de Robert Capa, La primera víctima del día de las elecciones (Ciudad de México, 7 de julio de 1940), ilustra la portada de un libro de Daniel Sada. La imagen en blanco y negro muestra a un hombre, presumiblemente cadáver, que yace en el piso con una mancha, seguramente de sangre, a la altura del corazón. Una decena de hombres, la mayoría jóvenes, posan haciendo una especie de anfiteatro humano. Sus rostros van de la incredulidad a la indignación. Ambas se han perdido en el México contemporáneo. La novela inicia con la llegada de una camioneta que viene cargada de cadáveres. El título es propio para una noticia donde una morgue itinerante sorprende a una nación: Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe.
Somos en potencia los de adentro y los de afuera, carne y ausencia. Adentro, los cuerpos fríos apilados en bolsas de plástico. Afuera, las ausencias de los que nos faltan y el ruido de otro camión más que avanza en el tráfico. Es un día soleado, como tantos otros.
Ésa es la verdadera bancarrota de México.
@eduardo_caccia
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México y China7Luis Rubio
REFORMA, 23 Sep. 2018
Luego de cuatro décadas de extraordinaria transformación, nadie puede dudar de las enormes ambiciones de China como potencia mundial, ahora asistida por el repliegue que Trump ha iniciado, dejándole un campo fértil para su expansión política y estratégica, además de económica. Napoleón así lo entendió desde 1817 cuando afirmó, desde su "estancia" en la isla de Santa Elena, que "China es un gigante dormido... Hay que dejarla dormir, porque cuando despierte moverá al mundo". China ha despertado y su presencia en el mundo se hace sentir tanto en el impactante proyecto logístico que está construyendo en Asia y África como en su evidente aspiración por recobrar su importancia como potencia mundial. La pregunta para México es si existe un espacio viable de interacción.
México se encuentra localizado en una zona geopolítica distante a la de China, lo que ha condicionado mucho del devenir de la relación bilateral. La paradoja ahora es que la actitud norteamericana genera un incentivo mutuo para explorar alternativas comunes. El atractivo es evidente, pero la complejidad no es menor: por un lado, a pesar de la enorme transformación que ha experimentado la nación asiática, las distorsiones económicas que la caracterizan no son menores y, en contraste con la relación complementaria con Europa o EUA, competimos con ellos en un sinnúmero de sectores (que alegan que en China no se opera bajo reglas convencionales). Por otra parte, la circunstancia geopolítica no es simple, como demostró el fallido proyecto de tren rápido a Querétaro.
Nada cambiará nuestra geografía, pero la realidad política de nuestra región obliga a la diversificación que siempre se ha planteado pero nunca se ha conseguido (algo no distinto a Canadá). Desde esta perspectiva, China constituye un ejemplo y un desafío, un problema y una solución, todo al mismo tiempo. A pesar de sus propios dilemas estructurales, que no son pocos ni fáciles de resolver, China se ha convertido en el principal motor de crecimiento del mundo y un imponente competidor en cada vez más sectores y actividades.
En este contexto, no es casualidad que China y la potencial relación con esa nación, desate pasiones: para unos es un país que no se conforma a regla alguna, en tanto que para otros constituye una alternativa estratégica. Ambas cosas pueden ser ciertas y sería una de las muchas contradicciones con que sería necesario lidiar. Su sistema político se parece más al que nos caracterizó a lo largo del siglo XX que al que (supuestamente) aspiramos a crear por la vía democrática y, sin embargo, muchos lo admiran precisamente porque su gobierno tiene una impactante capacidad para imponer cambios estructurales y forzar la transformación de sectores, regiones y actividades. Es decir, una eventual profundización de la relación con China entrañaría una necesaria introspección en México sobre valores que, al menos en la retórica cotidiana, se han convertido en clave, como corrupción, transparencia y pesos y contrapesos, ninguno de los cuales son parte del menú chino. En este contexto, cualquier presunción de interacción requeriría definiciones internas muy claras y precisas.*
Mi impresión es que las pasiones que desata esa nación se explican sobre todo por la falta de comprensión de lo que es China y cómo se mueve, situación que es prácticamente universal: un país sumamente controlado, con instituciones autoritarias y, aunque hay muchas fuentes informales de información, su criterio en la conducción de sus asuntos, igual económicos que políticos, es político y estratégico. Nada de esto es sorprendente, pero se trata de un país difícil de conocer y al que, en general, México le ha dedicado muy poca atención.
China es una fuente de referencia inexorable con la que hay que establecer contacto, pero éste es inconcebible con una nación tan centralizada y estratégica sin una visión comparable, algo inusual, por no decir inexistente (hasta hoy), en nuestro contexto. Además, aunque los contactos que se establezcan sean políticos (allá todo es política), la articulación será, en la mayoría de los casos, a través de empresas privadas (al menos de nuestro lado), lo que obligaría al gobierno mexicano a definir cómo actuaría frente a situaciones complejas: cuando las condiciones de operación no sean equitativas o cuando las fuentes de competitividad sean de origen político. En una palabra, cómo va a tomar la iniciativa la parte mexicana y no dejar que la conducción sea toda del otro lado. Pocos países exhiben tal complejidad.
Lo que he aprendido de China a lo largo de los años, y de escuchar y leer a expertos diversos, es que tenemos que ser realistas en lo que es posible de esa relación y mantener claro que se trata de una conexión triangular en la que no tenemos todos los elementos del juego porque nuestra realidad geopolítica entraña condicionantes que no podemos saltar. Mucho más importante, con Trump o sin Trump, la integración de nuestra industria está ocurriendo y nada va a modificar ese patrón, aunque el ritmo pudiera variar. También, no es imposible que, tarde o temprano, acabemos concluyendo que lidiar con los americanos, incluso con Trump, es cosa de niños comparado con el dragón oriental.
* Comexi propone algunas ideas: http://www.consejomexicano.org/?s=contenido&id=3649.
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Si AMLO no cumple "volveremos a movilizarnos”/GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Incansables en su búsqueda, los padres de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años muestran su indignación por la falta de resultados, pero sobre todo les duele la necedad de la administración de Enrique Peña Nieto montada en su “verdad histórica”… Con todo, no desfallecen. “Seguiremos presionando hasta que los muchachos aparezcan, dicen a Proceso. Con respecto a Andrés Manuel López Obrador, sentencian: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas”.
Desesperación, coraje, impotencia y un dolor que no cesa son algunos de los sentimientos que atormentan a padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el cuarto año de su búsqueda incansable por conocer la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Avivados por el empecinamiento inalterable de Enrique Peña Nieto de sostener su “verdad histórica” y utilizar la fuerza del Estado para combatir una sentencia que ordena rehacer la investigación, esos sentimientos se ven también acompañados por la esperanza de que la administración de Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de crear una comisión para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
“Esperanza sí, cheque en blanco no”, dicen en entrevista con Proceso padres y madres de los jóvenes desaparecidos que el miércoles 26 se reunirán con el presidente electo en el Museo de Memoria y Tolerancia.
Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, y los padres de César Manuel González, Mario César González e Hilda Hernández, fueron abordados por la reportera el miércoles 19, horas antes de que se integraran a una marcha de los damnificados por el sismo del año pasado.
La movilización y la solidaridad con organizaciones civiles y otros colectivos de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” han sido para los padres y madres de los 43 estudiantes mecanismos que mantienen viva su exigencia de conocer la verdad sobre el destino de sus hijos.
“Hay esperanza que debe ser corroborada con actos concretos de justicia”, dice Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a la reportera.
El cuarto aniversario de la desaparición forzada ocurre en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a debatir sobre la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), como lo ordenó y ratificó, el jueves 20, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, al rechazar la posición de la Procuraduría General de la República (PGR) de la “imposibilidad material y jurídica” para operarla.
Una vez emitida la sentencia el 30 de mayo, el gobierno de Peña Nieto interpuso alrededor de 200 recursos a través de una decena de dependencias. A su vez, militares, marinos y policías federales presentes en la noche trágica o que detuvieron a presuntos involucrados en las agresiones –los cuales denunciaron torturas– hicieron lo propio (Proceso 2181 y 2182).
A la inusitada embestida, Peña Nieto remató con un spot, en el contexto de su último informe de gobierno, en el que insistió en la “versión histórica”, lo que “vino a confirmar eso que de alguna manera siempre supimos pero que se trataba de disimular diciendo que la investigación aún estaba abierta y que había apertura para seguir las recomendaciones internacionales”, destaca Aguirre Espinosa.
El abogado puntualiza que la apuesta de las familias es que se ejecute en sus términos la sentencia del Tribunal Colegiado, la cual dispone “contrapesos que aseguran que la PGR no reincida en las irregularidades que se han acreditado a lo largo de estos años, y que incorpora una virtud muy relevante, que es profundizar la asistencia técnica internacional; es más, no sólo se considera plausible, sino recomendable que se vuelva a un esquema similar al de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”.
Con el antecedente de un cuarto año intenso de informes de organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y documentos preliminares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –en los que los familiares expusieron irregularidades y omisiones en la investigación, tortura a imputados y hasta la presentación de personas con identidades falsas, como es el caso de Érick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana–, los padres de los 43 normalistas desaparecidos llegan a un aniversario más estando golpeados por la pérdida de una de sus compañeras, Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, quien murió en mayo pasado a causa de un cáncer que se aceleró por el desgaste físico y emocional.
“Han sido cuatro años de pasar hambres, enfermedades, depresiones; de abandonar todo: familia, trabajo, por buscar a nuestros hijos, y lo que hemos encontrado son dificultades y mentiras del gobierno”, refiere Estanislao Mendoza.
Pequeño y regordete, muestra sus prendas y dice no avergonzarse de que la ropa que porta haya sido obsequiada por organizaciones o ciudadanos solidarios, pues, dice, ellos “saben que por buscar a nuestros hijos no podemos trabajar”.
Originario de Mártir de Cuilapan, municipio ubicado a 20 kilómetros de la normal de Ayotzinapa, lamenta que hasta el último momento Peña Nieto insistiera en su “necedad” de decir que los jóvenes fueron incinerados en Cocula, porque “abrió más la herida”. “Más coraje nos dio”, afirma.
Estanislao, quien antes de la tragedia trabajaba en cultivos de autoconsumo, no oculta sus expectativas luego de dos encuentros con Alejandro Encinas, quien será responsable de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la administración de López Obrador.
También dice tener “esperanzas de que regrese al GIEI para que sigan las investigaciones. Vamos a ver a qué se compromete (López Obrador) el 26 de septiembre. Si no cumple, tendremos que movilizarnos otra vez para que lo haga”.
Cristina Bautista, quien se ha distinguido por iniciar sus discursos en náhuatl, coincide con Estanislao: el cambio de administración no modifica la demanda, tal como le expresaron el 25 de mayo en Iguala, cuando irrumpieron en un acto de campaña de López Obrador.
“La exigencia es la misma: la presentación con vida de nuestros hijos. Sabemos que ellos (el próximo gobierno) no son los culpables, pero tenemos que seguir presionando, y esperemos que Andrés Manuel cumpla su palabra –como nos dijo en Iguala, donde pasaron los hechos– de crear la comisión, de que va a hablar con la Comisión Interamericana y va a hablar con el Alto Comisionado de ONU para que atraiga el caso Ayotzinapa.”
“Lo importante es
llegar a la verdad”
Oriunda del pueblo montañoso de Alpuyecancingo, municipio de Ahuacotzingo, Cristina ha recorrido buena parte del territorio nacional y ha visitado Argentina, Colombia y Estados Unidos para difundir la tragedia de Ayotzinapa.
Considera que López Obrador tiene una ardua tarea para esclarecer el caso Ayotzinapa: “Esperemos que le dejen cumplir su compromiso, porque sabemos que el gobierno del PRI no lo va a dejar trabajar como él quiere. Por lo que a nosotros respecta, estaremos presionando, pues para nosotros es importante llegar a la verdad y que se castigue a quienes construyeron su ‘verdad histórica’”.
Cristina es una de las madres más activas del colectivo. Con frecuencia es oradora en mítines y foros; también se da tiempo para visita a su hija menor, que estudia en Cuernavaca. Y cuando tiene cuatro días libres se va a su pueblo a ver a su hija mayor, con la que se queda dos días.
“Cuando voy a mi pueblo ella me pregunta qué nos dicen, cuándo nos van a entregar a los muchachos. Lo más difícil para mí es dar la misma respuesta: ‘No sé. Me dicen que ya no regrese, que ya pasó mucho tiempo, que mi hijo ya ha de estar difuntito, que corro peligro’.
“Nunca me imaginé estar en (la Cuidad de) México. Siento que el gobierno me obligó a dejarlo todo y a salir a hablar. Con cada mentira que nos dicen siento coraje, y tanto coraje me obliga a hablar para decirle al gobierno y al pueblo que sepan que aquí estamos.”
Mario González y su esposa Hilda Hernández siempre están juntos en las movilizaciones de los familiares de los 43 normalistas. Originarios de Huamantla, Tlaxcala, el matrimonio dejó su casa para dedicarse de lleno a la búsqueda de los jóvenes. Al principio sus familiares se encargaron de la manutención de sus dos hijas; ahora son ellas quienes respaldan a sus padres y les dan aliento.
También cuentan con la solidaridad de organizaciones sociales y de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. Hilda advierte que antes de la desaparición de los estudiantes desconocía la magnitud del problema de los desaparecidos y de los feminicidios. “Es impactante ver tanta impunidad que vives tú también. Después de cuatro años de tanta mentira, da coraje, pues ves que los gobernantes no hacen nada para investigar”, dice.
Lo peor, agrega Mario, es que “tengamos que mendigar justicia”. Y añade: “Esperamos que en el gobierno entrante sí haya justicia para todas las víctimas; lo anhelo con todo el corazón. Sentimos también su dolor. Con respecto a los 43 muchachitos de Ayotzinapa, tenemos que conocer su paradero”.
Para el padre del normalista César Manuel González la expectativa se basa en la creación de una Comisión de la Verdad, según prometió Andrés Manuel López Obrador en su campaña; más tarde, cuando los padres de los estudiantes desaparecidos irrumpieron en un acto proselitista en Iguala, él aclaró que sería una Comisión de Investigación.
En nombre de sus compañeros, Mario insiste en que mantendrán su exigencia de que “se lleve a cabo la sentencia (del Tribunal Colegiado) con puntos y comas, como lo resolvieron los tres magistrados. Es nuestra petición para el gobierno entrante”.
Confía también en que se solucione el caso Ayotzinapa. Ojalá sea el primero en resolverse y se convierta en un parteaguas, dice.
Y advierte: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas. Para nosotros lo importante es que veamos una voluntad política real para dar con los muchachos”.
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Incomprensible que Peña Nieto se aferre a la "verdad histórica": Ángela Buitrago
RAFAEL CRODA/
El mes pasado, en su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto repitió la “verdad histórica” de la PGR en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años: que fueron cremados en el basurero de Cocula. Pero la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago –quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el caso– lo desmiente: el presidente “dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió” y sus afirmaciones “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”.
BOGOTÁ.- La abogada y exfiscal colombiana Ángela María Buitrago está tan sorprendida como amplios sectores de mexicanos por las afirmaciones del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace cuatro años en Iguala fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No lo entiendo. Él dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió”, afirma Buitrago sobre las declaraciones del presidente respecto a lo ocurrido aquella noche en Iguala.
Y no lo entiende porque ella fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó durante un año la desaparición de los estudiantes y cuyas indagaciones desacreditaron la “verdad histórica” que ahora repite Peña Nieto: que una organización criminal incineró a los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
“Hay elementos para decir que eso no ocurrió, muchos más que para decir que sí ocurrió. Entonces, ¿para qué me meto yo a decir con esa seguridad algo que no está respaldado por las evidencias?”, plantea la exfiscal colombiana.
En entrevista, Buitrago sostiene que las afirmaciones de Peña Nieto “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”. Las contradice el material probatorio, sostiene. Y asegura que nadie puede llegar a una conclusión como la que formuló el presidente “porque en la investigación y en los informes que él dijo que leyó, está claro que eso no pudo haber sucedido”.
Para la exintegrante del GIEI es “incomprensible” la insistencia de Peña Nieto en aferrarse a la “verdad histórica” que lanzó la Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2015, apenas cuatro meses después de la desaparición de los normalistas, y la cual fue para los padres de los estudiantes un intento de dar “carpetazo” al asunto.
El pasado 29 de agosto, en un mensaje con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, Peña Nieto afirmó que la PGR encontró “evidencias claras y contundentes” de que los 43 jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala fueron “incinerados por un grupo delincuencial (Guerreros Unidos) que operaba en el estado Guerrero”.
Días antes había dicho en una entrevista con Televisa que incluso en conversaciones y mensajes interceptados por autoridades estadunidenses a los jefes de Guerreros Unidos en Chicago el 27 de septiembre de 2014 y días después “se confirma qué hicieron con los estudiantes” pues esos delincuentes –según Peña Nieto– dijeron: “Los quemamos en el basurero”.
Buitrago refuta al mandatario y recuerda que en los mensajes interceptados en Estados Unidos los delincuentes “nunca dicen que (los normalistas) fueron quemados” y “lo único que preguntaban es quién tenía a los muchachos, quién se los llevo y dónde están”.
La doctora en derecho señala que las transcripciones de esas grabaciones, que las autoridades de Estados Unidos entregaron a la PGR, fueron mostradas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado y ella las conoció.
“Salvo que haya otras interceptaciones que no han sido mostradas a la CIDH, es evidente que en las conversaciones que yo conocí, y que en su mayoría son de conocimiento público, ninguno de los de Guerreros Unidos que hablaban sabía dónde estaban los muchachos”, asegura.
Dice que “entonces no se puede concluir que ellos sabían algo del paradero de los estudiantes y mucho menos que alguien había dado la orden de incinerarlos en el basurero de Cocula”.
La CIDH, que fue la convocante del GIEI y que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue informada además por el gobierno mexicano de que las comunicaciones interceptadas en Chicago “confirmaron algo que ya sabíamos nosotros, que los muchachos fueron separados en dos grupos”, señala Buitrago.
“Sabemos que un grupo de estudiantes fue llevado a Huitzuco, que está en una dirección contraria al basurero de Cocula, y que la policía de Huitzuco está comprometida”, asegura.
Además, agrega, todos los peritajes que se hicieron en el basurero de Cocula indican “que no se puede afirmar ninguna actividad de quema de 43 cuerpos”.
Aclara que “nadie dice que allí no haya habido quema de cuerpos, lo que se está diciendo es que hubo quema que no coincide con la fecha de los hechos de los muchachos y que había restos humanos que no son de los muchachos”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó peritajes en el basurero de Cocula, también contradijo las afirmaciones de Peña Nieto al afirmar que en 18 meses de recolección y examen de evidencia física proveniente de ese sitio “no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014”.
De acuerdo con Buitrago, hay muchos elementos probatorios que son “totalmente contrarios a la afirmación del presidente de que ‘ahí se quemaron los muchachos’”. Además, señala, “me parece que no hay necesidad de decir algo que todavía tiene tantas inconsistencias desde el punto de vista investigativo”.
Doble victimización
Buitrago viajará a México la semana que empieza para participar en los actos conmemorativos a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en una reunión con el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien anunció que se reabrirá el caso.
Encinas dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iniciará el próximo 1 de diciembre, retomará las líneas de investigación del GIEI, que estuvo un año en México indagando el paradero de los estudiantes y la identidad de sus agresores, aunque su labor a menudo fue obstaculizada por el gobierno de Peña Nieto.
Los cinco integrantes del GIEI –Buitrago, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el abogado colombiano Alejandro Valencia, el abogado chileno Francisco Cox y el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain– participarán este miércoles 26 en un encuentro entre López Obrador y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Buitrago dice que los expertos del GIEI están “en la mejor disposición de colaborar con el próximo gobierno mexicano en lo que nos solicite para desarrollar una investigación tan compleja y dura como ésta”.
Considera que la decisión de López Obrador de reabrir el caso Ayotzinapa para buscar la verdad y la justicia que se les ha negado a los familiares de las víctimas durante cuatro años “es un tema de sanidad social”.
La abogada penalista y especialista en ciencias criminológicas considera que si este tipo de crímenes atroces no se resuelve, “la misma impunidad puede generar prácticas similares”.
Afirma que “la negación y la impunidad acaban generando más violencia, y por eso es sano ir hasta la médula en la investigación de estos casos”.
Llegar a la verdad, dice, permite a los países diseñar políticas preventivas y de control para salvaguardar derechos fundamentales.
“No son sólo 43 los que han desparecido en México. La desaparición de personas, tanto en México como en Colombia, es un fenómeno muy serio que genera alarma en nuestras sociedades”, asegura.
En los últimos dos sexenios, en México han desaparecido unas 49 mil 500 personas, una cada dos horas en promedio, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. En Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza 80 mil 514 desaparecidos en los últimos 60 años, casi cuatro por día.
Buitrago dice que esa tragedia que viven los dos países sólo va a encontrar solución si se detectan y solucionan los factores que la provocan. Y por eso, agrega, es tan importante llegar a la verdad del caso Ayotzinapa.
Recuerda que la investigación de la PGR fue tan deficiente desde el principio, que el mismo gobierno mexicano aceptó que la CIDH creara un grupo de expertos que coadyuvara en las indagaciones, aun después de que el procurador general, Jesús Murillo Karam, lanzara la “verdad histórica”.
Según esta tesis, los normalistas fueron confundidos con integrantes de Los Rojos, un grupo rival de Guerreros Unidos, y por eso fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Pero en el gobierno sabían que había cosas que no coincidían, que había elementos que no se habían investigado. Por ejemplo, la participación de la policía de Huitzuco en estos hechos y la posibilidad de que un grupo de estudiantes haya sido trasladado a Huitzuco. Esto ya es contundente en la investigación: los grupos fueron separados”, indica Buitrago.
Dice que por eso es imposible concluir lo que concluyó Peña Nieto: que todos los estudiantes “fueron al mismo lado”, es decir, al basurero de Cocula.
Señala que las evidencias que contradicen las afirmaciones del presidente no sólo son parte de la investigación del GIEI, sino que fueron la base del fallo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con base en Reynosa, Tamaulipas, que desacredita la investigación de la PGR y ordena crear una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa.
La exfiscal colombiana recuerda que el tribunal federal determinó que los elementos probatorios que llevaron a la PGR a proclamar la “verdad histórica” son inexistentes, ya que los testimonios de los acusados se obtuvieron bajo tortura y violando derechos fundamentales.
“Jurídicamente, los elementos en que se basó la ‘verdad histórica’ han sido erradicados del proceso (del caso Ayotzinapa) y no hay posibilidad de que nadie, por esas declaraciones, acepte que esos hechos pudieron haber sucedido así”, asegura.
Dice que, por eso, después de las declaraciones de Peña Nieto sobre la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula ella queda “con un sinsabor”.
“Y el sinsabor es que, si no hay elementos nuevos que te confirmen esa teoría (de la incineración de los 43), pues la teoría no puede estarse pregonando. Yo me pregunto: ¿en qué basa (Peña Nieto) su afirmación? Y la respuesta es: no sé”, indica Buitrago.
La integrante del GIEI considera que la declaración del presidente es “revictimizante” para los padres de los estudiantes desaparecidos.
“Cuando tú le dices a alguien que tiene un ser desaparecido algo que le remueve el dolor y que es de esa magnitud, tienes que tener la certeza absoluta de que es así, porque lastimas y revives ese episodio cuando ya los padres han tratado de superarlo”, asegura.
Los padres, dice, “están anhelando que se investigue realmente y que se llegue a la verdad, y si se vuelve a la misma historia de hace cuatro años, pues es lógico que ellos digan: ‘¿Por qué nos devolvimos?’.”
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Donde ya debería imperar la justicia gobierna el narco/
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
El miércoles 26 se cumplen cuatro años de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 de sus compañeros en Iguala, Guerrero, y el caso sigue impune. Más todavía: la región sigue en manos de Guerreros Unidos, el grupo criminal implicado en ese ataque que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso siguen intactas las propiedades del expresidente de Iguala José Luis Abarca y su esposa, presos por su presunta implicación en el caso.
CHILPANCINGO, GRO.- Iguala, la ciudad donde hace cuatro años fueron agredidos por las autoridades municipales los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, es considerada por el gobierno federal como la cuna de Guerreros Unidos.
Ese inhóspito entorno, marcado por la incesante violencia que generan los integrantes de ese grupo criminal, marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto y lo arrastró a una explosiva crisis política y social, pues exhibió la impunidad con la que operan los sicarios y sus nexos con algunas autoridades estatales y municipales, de acuerdo con un documento oficial consultado por Proceso.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es uno de los más oprobiosos de la saliente administración peñanietista y ha tenido una amplia repercusión internacional. La captura en junio de 2016 de Víctor Hugo Benítez Palacios, uno de los integrantes de Guerreros Unidos, provocó una división en esta banda criminal; un año antes de su captura fue detenido en la Ciudad de México su primo Alejandro Palacios Benítez, quien está relacionado con las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 y por la de ocho jóvenes en el municipio de Cocula el 1 de julio de 2013.
Actualmente una facción de Guerreros Unidos la controla la familia Benítez Palacios, afincada en la cabecera municipal de Iguala y en Teloloapan. A sus seguidores se les identifica como Los Tilos o Los Peques. La otra, la controla el grupo Gente Nueva y su líder es un expolicía municipal identificado como El Muñeco, replegado en el municipio de Huitzuco, Tepecoacuilco y en la zona del Alto Balsas, según los reportes oficiales.
Los hermanos de Víctor Hugo –Osiel, Reynaldo, Salvador y Mateo– continúan operando al amparo de las autoridades de los tres niveles y del Ejército. Son ellos los que convirtieron la histórica ciudad de la zona norte en un cementerio clandestino y centro de acopio de drogas que se distribuyen en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, según refieren los informes consultados por el corresponsal.
La impunidad es tal en Iguala que los principales negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa –quienes desde noviembre de 2014 están presos y enfrentan procesos por crimen organizado, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio– siguen funcionando con normalidad.
Los tres años de gestión de Héctor Astudillo Flores en Guerrero han estado permeados por las masacres, secuestros y desaparición de personas en Iguala y el resto de la entidad. La administración del priista Astudillo Flores es similar a la del perredista Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador cuando ocurrió la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de sus compañeros.
Facciones en lucha
Desde antes de la masacre y desaparición de los 43 normalistas, Proceso ha documentado las pugnas intestinas de Guerreros Unidos por el control de la estructura criminal en Iguala, así como los nexos de sus integrantes con autoridades de los tres niveles y de oficiales del Ejército con el narco.
En la confrontación de Los Tilos con Gente Nueva se menciona al excomandante de la Policía Ministerial estatal Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, a quien los padres de los normalistas consideran un personaje central para aclarar la relación entre criminales y autoridades.
Al Guacho no se le ve desde el 28 de junio de 2016, cuando organizó una conferencia de prensa en el centro de Iguala para rechazar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Las autoridades federales nunca investigaron por qué el exalcalde priista igualteco Esteban Albarrán mantuvo a Ulises Velázquez –otro hermano del Guacho– como subdirector de la Policía Auxiliar municipal de 2015 a 2016, cuando solicitó licencia para incorporarse como senador en sustitución de su padrino, René Juárez Cisneros, quien hoy es integrante de la LXIV Legislatura federal.
Hace un año Proceso publicó el reportaje Caso Ayotzinapa: Un sospechoso al que nadie busca, en el cual informó que los padres de los normalistas desaparecidos solicitaron a la Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, unas 140 diligencias con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015
En el escrito, los peticionarios demandaron investigar al excomandante Humberto Velázquez; incluso solicitaron una “orden de presentación y localización” por su presunto involucramiento con Guerreros Unidos (Proceso 2069).
Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) –que atrajo la investigación del caso Ayotzinapa el 3 de diciembre de 2016– tomó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por secuestro en el penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de Guerreros Unidos.
A partir de 2007 y durante siete años, según relató Pineda Vega, entregó un mínimo de 9 mil pesos mensuales “al comandante de la Policía Ministerial Humberto Velázquez Delgado o a su hermano Ulises Velázquez, quienes me manifestaban que iban de parte de la señora María de los Ángeles Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Según el testimonio de la UEIDMS, los hermanos Humberto y Ulises Delgado le decían a Pineda Vega que el dinero “era para la organización criminal Guerreros Unidos, a la cual pertenece desde entonces María de los Ángeles Pineda Villa”.
En los 400 tomos del expediente del caso Ayotzinapa hay un documento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala con los nombres de 165 policías que operaron desde las 20:00 horas del 26 de septiembre de 2014 a las 8:00 horas del día siguiente.
La lista incluye al entonces comandante de la Policía Ministerial estatal, Ulises Velázquez Delgado, así como a otros dos familiares: Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez Ruiz, quienes estaban asignados a un área denominada “recuperación de vehículos”.
Hasta ahora ni la Fiscalía General de Guerrero ni la PGR han llamado a declarar a ninguno de los mencionados para que expliquen el papel que jugaron en las horas trágicas en las que desaparecieron los 43 normalistas.
Propiedades de dudoso origen
En 2014 la PGR informó que su Unidad Especializada en Análisis Financiero aseguró de forma precautoria al menos 90 propiedades del exalcalde Abarca y su esposa, dueños de las empresas Asociación Yozy & Apos y Abarpin, para triangular la compra de los inmuebles. La primera firma se dedica a la renta de locales comerciales; la segunda, a la compraventa de terrenos y a la construcción.
El gobierno federal informó que, según la Unidad Especializada, 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías propiedad de los Abarca se encuentran en Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco.
En Morelos, añadió, detectó seis casas, dos más en Tlaxcala y 10 en la Ciudad de México, de las cuales dos se ubican en la delegación Cuajimalpa.
Los negocios más conocidos del matrimonio Abarca-Pineda en Iguala son el Centro Joyero y la plaza comercial Galerías Tamarindos, que en septiembre de 2015 seguían operando (Proceso 2030) pese a la insistencia de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sus abogados de que esos negocios fueran embargados ante la presunción de que son producto de lavado de dinero.
La plaza Galerías Tamarindos, la propiedad más importante del exalcalde Abarca, valuada en más de 300 millones de pesos, está en la parte oriental del Periférico, frente a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería; el predio donde se asienta fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según reportes periodísticos, la Sedena cedió el terreno de 70 mil metros cuadrados al ayuntamiento de Iguala a condición de que fuera utilizado para construir “vías de acceso y áreas recreativas”.
El exsenador perredista Lázaro Mazón Alonso y el exdiputado local priista Rubén Figueroa Smutny, amigos de Abarca que tienen intereses políticos en la zona norte, fueron quienes gestionaron la donación.
El centro comercial comenzó a edificarse en 2008. El entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, postulado por el PRD, así como políticos de otros partidos y mandos del 27 Batallón de Infantería, asistieron al acto de colocación de la primera piedra.
La plaza incluye 42 establecimientos comerciales, incluidas una Comercial Mexicana, un complejo de Cinépolis, así como tiendas de todo tipo y restaurantes de comida rápida. Roselia Abarca Velázquez, hermana del exalcalde igualteco, es la administradora; también es directora de la escuela privada Centro de Estudios Benemérito de las Américas, otro negocio de la familia.
Hasta ahora ningún funcionario ha informado sobre el resto de las propiedades y negocios de los Abarca Pineda, por lo que se desconoce su situación legal.
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Abarca y Pineda, a un paso de la libertad/PATRICIA DÁVILA
Presos desde noviembre de 2014 acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber ordenado la detención de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, podrían quedar en libertad gracias a la sentencia sobre el caso Ayotzinapa emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas el pasado 4 de junio.
El fallo determinó que las declaraciones de cuatro integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en las cuales se sustentó “la verdad histórica” del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fueron obtenidas a base de torturas; incluso uno de ellos ya obtuvo su libertad.
En entrevistas por separado, Luis Argüelles Meraz, abogado del matrimonio Abarca-Pineda, y la exmagistrada Olga Sánchez Cordero, quien está emplazada para ser la secretaria de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, están de acuerdo con la resolución del tribunal, pues coinciden en que la tortura se volvió una práctica cotidiana en el país.
La resolución, que comprende la orden de reponer el poceso y crear la Comisión de la Verdad y la Justicia, faculta a los familiares de las víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para intervenir en la investigación que deberá de llevar un nuevo Misterio Público. La PGR argumentó que por mandato constitucional sólo a ella le corresponde la investigación de los delitos.
Además, la resolución ordena al presidente Enrique Peña Nieto destinar recursos a los fines mencionados y sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones cometidas durante la investigación.
En respuesta, el gobierno de Peña Nieto movió a todo el aparato de Estado en contra del fallo y el pasado 18 de junio logró que el magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, lo declarara improcedente.
Ahora, el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los cuatro detenidos que involucraron al matrimonio Abarca-Pineda son Marco Antonio Ríos Berber, alias El Cuasi o La Pompi; Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro; el policía municipal Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, y Luis Alberto José Gaspar, El Tongo.
El problema es que, según la resolución del Primer Tribunal, ellos declararon bajo tortura. Incluso, nueve días después del fallo, El Tongo fue liberado porque esta era la única carpeta de investigación en su contra.
De acuerdo con Murillo Karam, la noche en que desaparecieron los normalistas éstos se encontraban en Iguala para “botear” y conseguir dinero para la manifestación del 2 de octubre.
Según él, los cuatro detenidos declararon que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque contra el grupo de estudiantes con el fin de impedir que sabotearan el informe de actividades que ese día rendía su esposa como presidenta del DIF municipal, pues en julio de 2013 los normalistas “ya habían atacado la Presidencia Municipal”.
“Los cuatro testigos también llevaron a la PGR a la detención del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. Él, junto con El Cuasi, El Becerro, El Patachín y El Tongo, declararon que este cártel recibía de Abarca hasta 3 millones de pesos de manera regular, y al menos 600 mil pesos eran utilizados para comprar policías municipales.”
El 5 de julio, a un mes de la liberación de El Tongo, Óscar García Vega, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, consideró que los dos testimonios de Casarrubias tampoco tienen ningún valor probatorio, por las condiciones en las que fueron obtenidos. Sin embargo, Casarrubias no quedará en libertad, puesto que tiene un caso abierto por delincuencia organizada.
La “mentira histórica”
Argüelles Meraz, abogado de los Abarca, explica:
“Según PGR, los testigos manifiestan que vieron que el señor Abarca participaba, incluso que aportaba dinero a Guerreros Unidos. Por ello, en el momento en que el Tribunal Colegiado de Tamaulipas resuelve que la confesión obtenida de ellos es una prueba ilegal, producto de la tortura, nosotros ofrecemos esa sentencia (como descargo de Abarca y Pineda), porque lógicamente la acusación se queda sin ningún basamento de prueba.
“Así aconteció con los cuatro señores que se ampararon. Incluso El Tongo obtuvo la libertad y los otros tres están libres por esa causa penal, aunque siguen detenidos porque tienen que dar trámite a otras que les imputan. Mis defendidos, gracias a Dios, quedarían libres por todas las causas, porque son los mismos testigos para todas.”
En el caso 100/2014, que se lleva en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales de Matamoros, Tamaulipas, Abarca enfrenta cargos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado. El exalcalde de Iguala se amparó y el Tribunal Unitario confirmó la resolución de amparo 409/205 a su favor.
La causa 123, también de Matamoros, es por desaparición forzada de personas y tentativa de homicidio, pero la PGR no obtuvo orden de detención, así que quedó por el lado de Pineda Villa por cohecho. Por ello en mayo de 2015 solicitaron un amparo, que fue concedido en abril de 2017.
En la 66/2015 (antes 1/015) por delincuencia organizada en contra de la pareja, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito de Reynosa protegió a Pineda en el juicio de amparo 165/2015 y mantuvo la acusación contra Abarca; en la 103/2014 contra ambos por delincuencia organizada y en contra de Abarca –como alcalde– por operaciones con recursos de procedencia ilícita, se obtuvo el amparo.
En la 103/2014 en contra de los dos, su defensa interpuso un recurso de apelación hasta llegar al juicio de amparo 1801/2015 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito del Estado de México, en beneficio de ambos.
El único caso que, en opinión de Argüelles Meraz, “queda un poco vivo”, es el 217/2014, radicado en Iguala, por los mismos cargos de la causa penal 100 de Matamoros, lo que quiere decir que Abarca es juzgado por los mismos hechos en la materia federal y en la local”.
–¿Después del fallo del tribunal de Tamaulipas promovió el recurso para obtener la libertad del matrimonio? –se le pregunta al litigante.
–De entrada le dijimos al juez que conoce, ya sea de la causa o del amparo, que si las pruebas en contra del matrimonio fueron declaradas ilegales, por lo tanto debe de resolver el caso conforme a eso. Después se puede presentar una promoción para que tome en cuenta los incidentes por desaparición de pruebas, como en el caso de los videos del C4.
–¿Los casi 130 detenidos por el caso Iguala pueden quedar libres?
–¡Todos! Desconozco el resto de los expedientes, pero para armar la famosa “verdad histórica” la PGR se fue con los mismos cuatro testigos. Al comentar con abogados de los otros detenidos, creo que examinan la famosa sentencia del Tribunal Colegiado para el efecto de aprovechar esa resolución, que califican de histórica.
Después de la sentencia del Tribunal de Tamaulipas, la PGR se inconformó de inmediato ante la SCJN, argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir con el fallo y se quejó por considerar que el resolutivo invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos.
El 9 de julio se conoció que el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, notificó a la PGR en fecha no precisa que este máximo tribunal carece de competencia para conocer las quejas que interpuso; al cotrario, le aclaró que sólo podrá intervenir en caso de que incurra en desacato al mandato. Dio tres días a la PGR y al presidente de la República para fundamentar al Tribunal Colegiado de Tamaulipas si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo.
Así lo hicieron: Enrique Peña Nieto, la PGR, la Cámara de Diputados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Salud y de Hacienda, así como la Policía Federal (PF), presentaron al tribunal 43 recuros de apelación en contra de la sentencia.
El 12 de julio, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas los desechó por “notoriamente improcedentes”, con lo que quedó firme la sentencia emitida el 4 de junio pasado.
Una “resolución valiente”
Entrevistada por Proceso en torno a la resolución del Tribunal de Tamaulipas que ordena reponer el proceso sobre el caso Ayotzinapa, la exministra Olga Sánchez Cordero señala: “Está muy bien argumentada, explicitando que han obtenido la confesión de algunos detenidos procesados bajo tortura, lo cual es gravísimo; desgraciadamente es una práctica muy común en nuestro país”.
Añade: “La resolución determina que se forme una Comisión de la Verdad. Efectivamente, nuestro marco normativo no contempla esta figura jurídica y por eso ha sido muy criticada. En lo personal considero que, si bien no hay un marco normativo interno, sí lo hay en las resoluciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que estimo que, si se considera que se excedieron en su creación, no obsta para que sea una sentencia justa socialmente”.
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México y China7Luis Rubio
REFORMA, 23 Sep. 2018
Luego de cuatro décadas de extraordinaria transformación, nadie puede dudar de las enormes ambiciones de China como potencia mundial, ahora asistida por el repliegue que Trump ha iniciado, dejándole un campo fértil para su expansión política y estratégica, además de económica. Napoleón así lo entendió desde 1817 cuando afirmó, desde su "estancia" en la isla de Santa Elena, que "China es un gigante dormido... Hay que dejarla dormir, porque cuando despierte moverá al mundo". China ha despertado y su presencia en el mundo se hace sentir tanto en el impactante proyecto logístico que está construyendo en Asia y África como en su evidente aspiración por recobrar su importancia como potencia mundial. La pregunta para México es si existe un espacio viable de interacción.
México se encuentra localizado en una zona geopolítica distante a la de China, lo que ha condicionado mucho del devenir de la relación bilateral. La paradoja ahora es que la actitud norteamericana genera un incentivo mutuo para explorar alternativas comunes. El atractivo es evidente, pero la complejidad no es menor: por un lado, a pesar de la enorme transformación que ha experimentado la nación asiática, las distorsiones económicas que la caracterizan no son menores y, en contraste con la relación complementaria con Europa o EUA, competimos con ellos en un sinnúmero de sectores (que alegan que en China no se opera bajo reglas convencionales). Por otra parte, la circunstancia geopolítica no es simple, como demostró el fallido proyecto de tren rápido a Querétaro.
Nada cambiará nuestra geografía, pero la realidad política de nuestra región obliga a la diversificación que siempre se ha planteado pero nunca se ha conseguido (algo no distinto a Canadá). Desde esta perspectiva, China constituye un ejemplo y un desafío, un problema y una solución, todo al mismo tiempo. A pesar de sus propios dilemas estructurales, que no son pocos ni fáciles de resolver, China se ha convertido en el principal motor de crecimiento del mundo y un imponente competidor en cada vez más sectores y actividades.
En este contexto, no es casualidad que China y la potencial relación con esa nación, desate pasiones: para unos es un país que no se conforma a regla alguna, en tanto que para otros constituye una alternativa estratégica. Ambas cosas pueden ser ciertas y sería una de las muchas contradicciones con que sería necesario lidiar. Su sistema político se parece más al que nos caracterizó a lo largo del siglo XX que al que (supuestamente) aspiramos a crear por la vía democrática y, sin embargo, muchos lo admiran precisamente porque su gobierno tiene una impactante capacidad para imponer cambios estructurales y forzar la transformación de sectores, regiones y actividades. Es decir, una eventual profundización de la relación con China entrañaría una necesaria introspección en México sobre valores que, al menos en la retórica cotidiana, se han convertido en clave, como corrupción, transparencia y pesos y contrapesos, ninguno de los cuales son parte del menú chino. En este contexto, cualquier presunción de interacción requeriría definiciones internas muy claras y precisas.*
Mi impresión es que las pasiones que desata esa nación se explican sobre todo por la falta de comprensión de lo que es China y cómo se mueve, situación que es prácticamente universal: un país sumamente controlado, con instituciones autoritarias y, aunque hay muchas fuentes informales de información, su criterio en la conducción de sus asuntos, igual económicos que políticos, es político y estratégico. Nada de esto es sorprendente, pero se trata de un país difícil de conocer y al que, en general, México le ha dedicado muy poca atención.
China es una fuente de referencia inexorable con la que hay que establecer contacto, pero éste es inconcebible con una nación tan centralizada y estratégica sin una visión comparable, algo inusual, por no decir inexistente (hasta hoy), en nuestro contexto. Además, aunque los contactos que se establezcan sean políticos (allá todo es política), la articulación será, en la mayoría de los casos, a través de empresas privadas (al menos de nuestro lado), lo que obligaría al gobierno mexicano a definir cómo actuaría frente a situaciones complejas: cuando las condiciones de operación no sean equitativas o cuando las fuentes de competitividad sean de origen político. En una palabra, cómo va a tomar la iniciativa la parte mexicana y no dejar que la conducción sea toda del otro lado. Pocos países exhiben tal complejidad.
Lo que he aprendido de China a lo largo de los años, y de escuchar y leer a expertos diversos, es que tenemos que ser realistas en lo que es posible de esa relación y mantener claro que se trata de una conexión triangular en la que no tenemos todos los elementos del juego porque nuestra realidad geopolítica entraña condicionantes que no podemos saltar. Mucho más importante, con Trump o sin Trump, la integración de nuestra industria está ocurriendo y nada va a modificar ese patrón, aunque el ritmo pudiera variar. También, no es imposible que, tarde o temprano, acabemos concluyendo que lidiar con los americanos, incluso con Trump, es cosa de niños comparado con el dragón oriental.
* Comexi propone algunas ideas: http://www.consejomexicano.org/?s=contenido&id=3649.
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Si AMLO no cumple "volveremos a movilizarnos”/GLORIA LETICIA DÍAZ
Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Incansables en su búsqueda, los padres de 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años muestran su indignación por la falta de resultados, pero sobre todo les duele la necedad de la administración de Enrique Peña Nieto montada en su “verdad histórica”… Con todo, no desfallecen. “Seguiremos presionando hasta que los muchachos aparezcan, dicen a Proceso. Con respecto a Andrés Manuel López Obrador, sentencian: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas”.
Desesperación, coraje, impotencia y un dolor que no cesa son algunos de los sentimientos que atormentan a padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en el cuarto año de su búsqueda incansable por conocer la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Avivados por el empecinamiento inalterable de Enrique Peña Nieto de sostener su “verdad histórica” y utilizar la fuerza del Estado para combatir una sentencia que ordena rehacer la investigación, esos sentimientos se ven también acompañados por la esperanza de que la administración de Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de crear una comisión para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
“Esperanza sí, cheque en blanco no”, dicen en entrevista con Proceso padres y madres de los jóvenes desaparecidos que el miércoles 26 se reunirán con el presidente electo en el Museo de Memoria y Tolerancia.
Estanislao Mendoza, padre de Miguel Ángel Mendoza; Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, y los padres de César Manuel González, Mario César González e Hilda Hernández, fueron abordados por la reportera el miércoles 19, horas antes de que se integraran a una marcha de los damnificados por el sismo del año pasado.
La movilización y la solidaridad con organizaciones civiles y otros colectivos de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” han sido para los padres y madres de los 43 estudiantes mecanismos que mantienen viva su exigencia de conocer la verdad sobre el destino de sus hijos.
“Hay esperanza que debe ser corroborada con actos concretos de justicia”, dice Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), a la reportera.
El cuarto aniversario de la desaparición forzada ocurre en momentos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se apresta a debatir sobre la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala), como lo ordenó y ratificó, el jueves 20, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, al rechazar la posición de la Procuraduría General de la República (PGR) de la “imposibilidad material y jurídica” para operarla.
Una vez emitida la sentencia el 30 de mayo, el gobierno de Peña Nieto interpuso alrededor de 200 recursos a través de una decena de dependencias. A su vez, militares, marinos y policías federales presentes en la noche trágica o que detuvieron a presuntos involucrados en las agresiones –los cuales denunciaron torturas– hicieron lo propio (Proceso 2181 y 2182).
A la inusitada embestida, Peña Nieto remató con un spot, en el contexto de su último informe de gobierno, en el que insistió en la “versión histórica”, lo que “vino a confirmar eso que de alguna manera siempre supimos pero que se trataba de disimular diciendo que la investigación aún estaba abierta y que había apertura para seguir las recomendaciones internacionales”, destaca Aguirre Espinosa.
El abogado puntualiza que la apuesta de las familias es que se ejecute en sus términos la sentencia del Tribunal Colegiado, la cual dispone “contrapesos que aseguran que la PGR no reincida en las irregularidades que se han acreditado a lo largo de estos años, y que incorpora una virtud muy relevante, que es profundizar la asistencia técnica internacional; es más, no sólo se considera plausible, sino recomendable que se vuelva a un esquema similar al de GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes)”.
Con el antecedente de un cuarto año intenso de informes de organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y documentos preliminares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –en los que los familiares expusieron irregularidades y omisiones en la investigación, tortura a imputados y hasta la presentación de personas con identidades falsas, como es el caso de Érick Uriel Sandoval Rodríguez, alias La Rana–, los padres de los 43 normalistas desaparecidos llegan a un aniversario más estando golpeados por la pérdida de una de sus compañeras, Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez, quien murió en mayo pasado a causa de un cáncer que se aceleró por el desgaste físico y emocional.
“Han sido cuatro años de pasar hambres, enfermedades, depresiones; de abandonar todo: familia, trabajo, por buscar a nuestros hijos, y lo que hemos encontrado son dificultades y mentiras del gobierno”, refiere Estanislao Mendoza.
Pequeño y regordete, muestra sus prendas y dice no avergonzarse de que la ropa que porta haya sido obsequiada por organizaciones o ciudadanos solidarios, pues, dice, ellos “saben que por buscar a nuestros hijos no podemos trabajar”.
Originario de Mártir de Cuilapan, municipio ubicado a 20 kilómetros de la normal de Ayotzinapa, lamenta que hasta el último momento Peña Nieto insistiera en su “necedad” de decir que los jóvenes fueron incinerados en Cocula, porque “abrió más la herida”. “Más coraje nos dio”, afirma.
Estanislao, quien antes de la tragedia trabajaba en cultivos de autoconsumo, no oculta sus expectativas luego de dos encuentros con Alejandro Encinas, quien será responsable de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la administración de López Obrador.
También dice tener “esperanzas de que regrese al GIEI para que sigan las investigaciones. Vamos a ver a qué se compromete (López Obrador) el 26 de septiembre. Si no cumple, tendremos que movilizarnos otra vez para que lo haga”.
Cristina Bautista, quien se ha distinguido por iniciar sus discursos en náhuatl, coincide con Estanislao: el cambio de administración no modifica la demanda, tal como le expresaron el 25 de mayo en Iguala, cuando irrumpieron en un acto de campaña de López Obrador.
“La exigencia es la misma: la presentación con vida de nuestros hijos. Sabemos que ellos (el próximo gobierno) no son los culpables, pero tenemos que seguir presionando, y esperemos que Andrés Manuel cumpla su palabra –como nos dijo en Iguala, donde pasaron los hechos– de crear la comisión, de que va a hablar con la Comisión Interamericana y va a hablar con el Alto Comisionado de ONU para que atraiga el caso Ayotzinapa.”
“Lo importante es
llegar a la verdad”
Oriunda del pueblo montañoso de Alpuyecancingo, municipio de Ahuacotzingo, Cristina ha recorrido buena parte del territorio nacional y ha visitado Argentina, Colombia y Estados Unidos para difundir la tragedia de Ayotzinapa.
Considera que López Obrador tiene una ardua tarea para esclarecer el caso Ayotzinapa: “Esperemos que le dejen cumplir su compromiso, porque sabemos que el gobierno del PRI no lo va a dejar trabajar como él quiere. Por lo que a nosotros respecta, estaremos presionando, pues para nosotros es importante llegar a la verdad y que se castigue a quienes construyeron su ‘verdad histórica’”.
Cristina es una de las madres más activas del colectivo. Con frecuencia es oradora en mítines y foros; también se da tiempo para visita a su hija menor, que estudia en Cuernavaca. Y cuando tiene cuatro días libres se va a su pueblo a ver a su hija mayor, con la que se queda dos días.
“Cuando voy a mi pueblo ella me pregunta qué nos dicen, cuándo nos van a entregar a los muchachos. Lo más difícil para mí es dar la misma respuesta: ‘No sé. Me dicen que ya no regrese, que ya pasó mucho tiempo, que mi hijo ya ha de estar difuntito, que corro peligro’.
“Nunca me imaginé estar en (la Cuidad de) México. Siento que el gobierno me obligó a dejarlo todo y a salir a hablar. Con cada mentira que nos dicen siento coraje, y tanto coraje me obliga a hablar para decirle al gobierno y al pueblo que sepan que aquí estamos.”
Mario González y su esposa Hilda Hernández siempre están juntos en las movilizaciones de los familiares de los 43 normalistas. Originarios de Huamantla, Tlaxcala, el matrimonio dejó su casa para dedicarse de lleno a la búsqueda de los jóvenes. Al principio sus familiares se encargaron de la manutención de sus dos hijas; ahora son ellas quienes respaldan a sus padres y les dan aliento.
También cuentan con la solidaridad de organizaciones sociales y de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos. Hilda advierte que antes de la desaparición de los estudiantes desconocía la magnitud del problema de los desaparecidos y de los feminicidios. “Es impactante ver tanta impunidad que vives tú también. Después de cuatro años de tanta mentira, da coraje, pues ves que los gobernantes no hacen nada para investigar”, dice.
Lo peor, agrega Mario, es que “tengamos que mendigar justicia”. Y añade: “Esperamos que en el gobierno entrante sí haya justicia para todas las víctimas; lo anhelo con todo el corazón. Sentimos también su dolor. Con respecto a los 43 muchachitos de Ayotzinapa, tenemos que conocer su paradero”.
Para el padre del normalista César Manuel González la expectativa se basa en la creación de una Comisión de la Verdad, según prometió Andrés Manuel López Obrador en su campaña; más tarde, cuando los padres de los estudiantes desaparecidos irrumpieron en un acto proselitista en Iguala, él aclaró que sería una Comisión de Investigación.
En nombre de sus compañeros, Mario insiste en que mantendrán su exigencia de que “se lleve a cabo la sentencia (del Tribunal Colegiado) con puntos y comas, como lo resolvieron los tres magistrados. Es nuestra petición para el gobierno entrante”.
Confía también en que se solucione el caso Ayotzinapa. Ojalá sea el primero en resolverse y se convierta en un parteaguas, dice.
Y advierte: “El cheque en blanco no está firmado. La confianza se va a ir dando según se vayan dando las cosas. Para nosotros lo importante es que veamos una voluntad política real para dar con los muchachos”.
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Incomprensible que Peña Nieto se aferre a la "verdad histórica": Ángela Buitrago
RAFAEL CRODA/
El mes pasado, en su último informe de gobierno, Enrique Peña Nieto repitió la “verdad histórica” de la PGR en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años: que fueron cremados en el basurero de Cocula. Pero la exfiscal colombiana Ángela María Buitrago –quien formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que investigó el caso– lo desmiente: el presidente “dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió” y sus afirmaciones “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”.
BOGOTÁ.- La abogada y exfiscal colombiana Ángela María Buitrago está tan sorprendida como amplios sectores de mexicanos por las afirmaciones del presidente Enrique Peña Nieto en el sentido de que los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace cuatro años en Iguala fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No lo entiendo. Él dice algo que, desde el punto de vista de la investigación y las pruebas, no ocurrió”, afirma Buitrago sobre las declaraciones del presidente respecto a lo ocurrido aquella noche en Iguala.
Y no lo entiende porque ella fue integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó durante un año la desaparición de los estudiantes y cuyas indagaciones desacreditaron la “verdad histórica” que ahora repite Peña Nieto: que una organización criminal incineró a los 43 normalistas en el basurero de Cocula.
“Hay elementos para decir que eso no ocurrió, muchos más que para decir que sí ocurrió. Entonces, ¿para qué me meto yo a decir con esa seguridad algo que no está respaldado por las evidencias?”, plantea la exfiscal colombiana.
En entrevista, Buitrago sostiene que las afirmaciones de Peña Nieto “son, por lo menos, apresuradas y contradictorias”. Las contradice el material probatorio, sostiene. Y asegura que nadie puede llegar a una conclusión como la que formuló el presidente “porque en la investigación y en los informes que él dijo que leyó, está claro que eso no pudo haber sucedido”.
Para la exintegrante del GIEI es “incomprensible” la insistencia de Peña Nieto en aferrarse a la “verdad histórica” que lanzó la Procuraduría General de la República (PGR) en enero de 2015, apenas cuatro meses después de la desaparición de los normalistas, y la cual fue para los padres de los estudiantes un intento de dar “carpetazo” al asunto.
El pasado 29 de agosto, en un mensaje con motivo de su Sexto Informe de Gobierno, Peña Nieto afirmó que la PGR encontró “evidencias claras y contundentes” de que los 43 jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala fueron “incinerados por un grupo delincuencial (Guerreros Unidos) que operaba en el estado Guerrero”.
Días antes había dicho en una entrevista con Televisa que incluso en conversaciones y mensajes interceptados por autoridades estadunidenses a los jefes de Guerreros Unidos en Chicago el 27 de septiembre de 2014 y días después “se confirma qué hicieron con los estudiantes” pues esos delincuentes –según Peña Nieto– dijeron: “Los quemamos en el basurero”.
Buitrago refuta al mandatario y recuerda que en los mensajes interceptados en Estados Unidos los delincuentes “nunca dicen que (los normalistas) fueron quemados” y “lo único que preguntaban es quién tenía a los muchachos, quién se los llevo y dónde están”.
La doctora en derecho señala que las transcripciones de esas grabaciones, que las autoridades de Estados Unidos entregaron a la PGR, fueron mostradas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo pasado y ella las conoció.
“Salvo que haya otras interceptaciones que no han sido mostradas a la CIDH, es evidente que en las conversaciones que yo conocí, y que en su mayoría son de conocimiento público, ninguno de los de Guerreros Unidos que hablaban sabía dónde estaban los muchachos”, asegura.
Dice que “entonces no se puede concluir que ellos sabían algo del paradero de los estudiantes y mucho menos que alguien había dado la orden de incinerarlos en el basurero de Cocula”.
La CIDH, que fue la convocante del GIEI y que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa, fue informada además por el gobierno mexicano de que las comunicaciones interceptadas en Chicago “confirmaron algo que ya sabíamos nosotros, que los muchachos fueron separados en dos grupos”, señala Buitrago.
“Sabemos que un grupo de estudiantes fue llevado a Huitzuco, que está en una dirección contraria al basurero de Cocula, y que la policía de Huitzuco está comprometida”, asegura.
Además, agrega, todos los peritajes que se hicieron en el basurero de Cocula indican “que no se puede afirmar ninguna actividad de quema de 43 cuerpos”.
Aclara que “nadie dice que allí no haya habido quema de cuerpos, lo que se está diciendo es que hubo quema que no coincide con la fecha de los hechos de los muchachos y que había restos humanos que no son de los muchachos”.
El Equipo Argentino de Antropología Forense, que realizó peritajes en el basurero de Cocula, también contradijo las afirmaciones de Peña Nieto al afirmar que en 18 meses de recolección y examen de evidencia física proveniente de ese sitio “no se encontraron elementos científicos objetivos que sustenten la incineración de 43 cuerpos en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014”.
De acuerdo con Buitrago, hay muchos elementos probatorios que son “totalmente contrarios a la afirmación del presidente de que ‘ahí se quemaron los muchachos’”. Además, señala, “me parece que no hay necesidad de decir algo que todavía tiene tantas inconsistencias desde el punto de vista investigativo”.
Doble victimización
Buitrago viajará a México la semana que empieza para participar en los actos conmemorativos a cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y en una reunión con el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien anunció que se reabrirá el caso.
Encinas dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que iniciará el próximo 1 de diciembre, retomará las líneas de investigación del GIEI, que estuvo un año en México indagando el paradero de los estudiantes y la identidad de sus agresores, aunque su labor a menudo fue obstaculizada por el gobierno de Peña Nieto.
Los cinco integrantes del GIEI –Buitrago, la exfiscal guatemalteca Claudia Paz, el abogado colombiano Alejandro Valencia, el abogado chileno Francisco Cox y el médico y psicólogo español Carlos Martín Beristain– participarán este miércoles 26 en un encuentro entre López Obrador y familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Buitrago dice que los expertos del GIEI están “en la mejor disposición de colaborar con el próximo gobierno mexicano en lo que nos solicite para desarrollar una investigación tan compleja y dura como ésta”.
Considera que la decisión de López Obrador de reabrir el caso Ayotzinapa para buscar la verdad y la justicia que se les ha negado a los familiares de las víctimas durante cuatro años “es un tema de sanidad social”.
La abogada penalista y especialista en ciencias criminológicas considera que si este tipo de crímenes atroces no se resuelve, “la misma impunidad puede generar prácticas similares”.
Afirma que “la negación y la impunidad acaban generando más violencia, y por eso es sano ir hasta la médula en la investigación de estos casos”.
Llegar a la verdad, dice, permite a los países diseñar políticas preventivas y de control para salvaguardar derechos fundamentales.
“No son sólo 43 los que han desparecido en México. La desaparición de personas, tanto en México como en Colombia, es un fenómeno muy serio que genera alarma en nuestras sociedades”, asegura.
En los últimos dos sexenios, en México han desaparecido unas 49 mil 500 personas, una cada dos horas en promedio, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. En Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica contabiliza 80 mil 514 desaparecidos en los últimos 60 años, casi cuatro por día.
Buitrago dice que esa tragedia que viven los dos países sólo va a encontrar solución si se detectan y solucionan los factores que la provocan. Y por eso, agrega, es tan importante llegar a la verdad del caso Ayotzinapa.
Recuerda que la investigación de la PGR fue tan deficiente desde el principio, que el mismo gobierno mexicano aceptó que la CIDH creara un grupo de expertos que coadyuvara en las indagaciones, aun después de que el procurador general, Jesús Murillo Karam, lanzara la “verdad histórica”.
Según esta tesis, los normalistas fueron confundidos con integrantes de Los Rojos, un grupo rival de Guerreros Unidos, y por eso fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Pero en el gobierno sabían que había cosas que no coincidían, que había elementos que no se habían investigado. Por ejemplo, la participación de la policía de Huitzuco en estos hechos y la posibilidad de que un grupo de estudiantes haya sido trasladado a Huitzuco. Esto ya es contundente en la investigación: los grupos fueron separados”, indica Buitrago.
Dice que por eso es imposible concluir lo que concluyó Peña Nieto: que todos los estudiantes “fueron al mismo lado”, es decir, al basurero de Cocula.
Señala que las evidencias que contradicen las afirmaciones del presidente no sólo son parte de la investigación del GIEI, sino que fueron la base del fallo del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con base en Reynosa, Tamaulipas, que desacredita la investigación de la PGR y ordena crear una Comisión de la Verdad para esclarecer el caso Ayotzinapa.
La exfiscal colombiana recuerda que el tribunal federal determinó que los elementos probatorios que llevaron a la PGR a proclamar la “verdad histórica” son inexistentes, ya que los testimonios de los acusados se obtuvieron bajo tortura y violando derechos fundamentales.
“Jurídicamente, los elementos en que se basó la ‘verdad histórica’ han sido erradicados del proceso (del caso Ayotzinapa) y no hay posibilidad de que nadie, por esas declaraciones, acepte que esos hechos pudieron haber sucedido así”, asegura.
Dice que, por eso, después de las declaraciones de Peña Nieto sobre la incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula ella queda “con un sinsabor”.
“Y el sinsabor es que, si no hay elementos nuevos que te confirmen esa teoría (de la incineración de los 43), pues la teoría no puede estarse pregonando. Yo me pregunto: ¿en qué basa (Peña Nieto) su afirmación? Y la respuesta es: no sé”, indica Buitrago.
La integrante del GIEI considera que la declaración del presidente es “revictimizante” para los padres de los estudiantes desaparecidos.
“Cuando tú le dices a alguien que tiene un ser desaparecido algo que le remueve el dolor y que es de esa magnitud, tienes que tener la certeza absoluta de que es así, porque lastimas y revives ese episodio cuando ya los padres han tratado de superarlo”, asegura.
Los padres, dice, “están anhelando que se investigue realmente y que se llegue a la verdad, y si se vuelve a la misma historia de hace cuatro años, pues es lógico que ellos digan: ‘¿Por qué nos devolvimos?’.”
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Donde ya debería imperar la justicia gobierna el narco/
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
El miércoles 26 se cumplen cuatro años de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y de la desaparición de 43 de sus compañeros en Iguala, Guerrero, y el caso sigue impune. Más todavía: la región sigue en manos de Guerreros Unidos, el grupo criminal implicado en ese ataque que marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso siguen intactas las propiedades del expresidente de Iguala José Luis Abarca y su esposa, presos por su presunta implicación en el caso.
CHILPANCINGO, GRO.- Iguala, la ciudad donde hace cuatro años fueron agredidos por las autoridades municipales los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos y desaparecieron 43 de sus compañeros, es considerada por el gobierno federal como la cuna de Guerreros Unidos.
Ese inhóspito entorno, marcado por la incesante violencia que generan los integrantes de ese grupo criminal, marcó al gobierno de Enrique Peña Nieto y lo arrastró a una explosiva crisis política y social, pues exhibió la impunidad con la que operan los sicarios y sus nexos con algunas autoridades estatales y municipales, de acuerdo con un documento oficial consultado por Proceso.
El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es uno de los más oprobiosos de la saliente administración peñanietista y ha tenido una amplia repercusión internacional. La captura en junio de 2016 de Víctor Hugo Benítez Palacios, uno de los integrantes de Guerreros Unidos, provocó una división en esta banda criminal; un año antes de su captura fue detenido en la Ciudad de México su primo Alejandro Palacios Benítez, quien está relacionado con las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 y por la de ocho jóvenes en el municipio de Cocula el 1 de julio de 2013.
Actualmente una facción de Guerreros Unidos la controla la familia Benítez Palacios, afincada en la cabecera municipal de Iguala y en Teloloapan. A sus seguidores se les identifica como Los Tilos o Los Peques. La otra, la controla el grupo Gente Nueva y su líder es un expolicía municipal identificado como El Muñeco, replegado en el municipio de Huitzuco, Tepecoacuilco y en la zona del Alto Balsas, según los reportes oficiales.
Los hermanos de Víctor Hugo –Osiel, Reynaldo, Salvador y Mateo– continúan operando al amparo de las autoridades de los tres niveles y del Ejército. Son ellos los que convirtieron la histórica ciudad de la zona norte en un cementerio clandestino y centro de acopio de drogas que se distribuyen en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos, según refieren los informes consultados por el corresponsal.
La impunidad es tal en Iguala que los principales negocios del exalcalde perredista José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa –quienes desde noviembre de 2014 están presos y enfrentan procesos por crimen organizado, enriquecimiento ilícito, secuestro y homicidio– siguen funcionando con normalidad.
Los tres años de gestión de Héctor Astudillo Flores en Guerrero han estado permeados por las masacres, secuestros y desaparición de personas en Iguala y el resto de la entidad. La administración del priista Astudillo Flores es similar a la del perredista Ángel Aguirre Rivero, quien era el gobernador cuando ocurrió la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y la desaparición de 43 de sus compañeros.
Facciones en lucha
Desde antes de la masacre y desaparición de los 43 normalistas, Proceso ha documentado las pugnas intestinas de Guerreros Unidos por el control de la estructura criminal en Iguala, así como los nexos de sus integrantes con autoridades de los tres niveles y de oficiales del Ejército con el narco.
En la confrontación de Los Tilos con Gente Nueva se menciona al excomandante de la Policía Ministerial estatal Humberto Velázquez Delgado, El Guacho, a quien los padres de los normalistas consideran un personaje central para aclarar la relación entre criminales y autoridades.
Al Guacho no se le ve desde el 28 de junio de 2016, cuando organizó una conferencia de prensa en el centro de Iguala para rechazar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Las autoridades federales nunca investigaron por qué el exalcalde priista igualteco Esteban Albarrán mantuvo a Ulises Velázquez –otro hermano del Guacho– como subdirector de la Policía Auxiliar municipal de 2015 a 2016, cuando solicitó licencia para incorporarse como senador en sustitución de su padrino, René Juárez Cisneros, quien hoy es integrante de la LXIV Legislatura federal.
Hace un año Proceso publicó el reportaje Caso Ayotzinapa: Un sospechoso al que nadie busca, en el cual informó que los padres de los normalistas desaparecidos solicitaron a la Oficina de Investigación del Caso Iguala, a cargo de Alfredo Higuera Bernal, unas 140 diligencias con base en indicios extraídos de la indagatoria PGR/SDHPDSC/O1/2015
En el escrito, los peticionarios demandaron investigar al excomandante Humberto Velázquez; incluso solicitaron una “orden de presentación y localización” por su presunto involucramiento con Guerreros Unidos (Proceso 2069).
Personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS) –que atrajo la investigación del caso Ayotzinapa el 3 de diciembre de 2016– tomó la declaración ministerial de Ernesto Pineda Vega, recluido por secuestro en el penal de Acapulco, para que hablara de la estructura de Guerreros Unidos.
A partir de 2007 y durante siete años, según relató Pineda Vega, entregó un mínimo de 9 mil pesos mensuales “al comandante de la Policía Ministerial Humberto Velázquez Delgado o a su hermano Ulises Velázquez, quienes me manifestaban que iban de parte de la señora María de los Ángeles Pineda Villa”, esposa del defenestrado alcalde José Luis Abarca Velázquez.
Según el testimonio de la UEIDMS, los hermanos Humberto y Ulises Delgado le decían a Pineda Vega que el dinero “era para la organización criminal Guerreros Unidos, a la cual pertenece desde entonces María de los Ángeles Pineda Villa”.
En los 400 tomos del expediente del caso Ayotzinapa hay un documento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Iguala con los nombres de 165 policías que operaron desde las 20:00 horas del 26 de septiembre de 2014 a las 8:00 horas del día siguiente.
La lista incluye al entonces comandante de la Policía Ministerial estatal, Ulises Velázquez Delgado, así como a otros dos familiares: Omar Velázquez Nájera y Jonathan Uriel Velázquez Ruiz, quienes estaban asignados a un área denominada “recuperación de vehículos”.
Hasta ahora ni la Fiscalía General de Guerrero ni la PGR han llamado a declarar a ninguno de los mencionados para que expliquen el papel que jugaron en las horas trágicas en las que desaparecieron los 43 normalistas.
Propiedades de dudoso origen
En 2014 la PGR informó que su Unidad Especializada en Análisis Financiero aseguró de forma precautoria al menos 90 propiedades del exalcalde Abarca y su esposa, dueños de las empresas Asociación Yozy & Apos y Abarpin, para triangular la compra de los inmuebles. La primera firma se dedica a la renta de locales comerciales; la segunda, a la compraventa de terrenos y a la construcción.
El gobierno federal informó que, según la Unidad Especializada, 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías propiedad de los Abarca se encuentran en Iguala, Acapulco, Zihuatanejo, Chilpancingo y Taxco.
En Morelos, añadió, detectó seis casas, dos más en Tlaxcala y 10 en la Ciudad de México, de las cuales dos se ubican en la delegación Cuajimalpa.
Los negocios más conocidos del matrimonio Abarca-Pineda en Iguala son el Centro Joyero y la plaza comercial Galerías Tamarindos, que en septiembre de 2015 seguían operando (Proceso 2030) pese a la insistencia de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y sus abogados de que esos negocios fueran embargados ante la presunción de que son producto de lavado de dinero.
La plaza Galerías Tamarindos, la propiedad más importante del exalcalde Abarca, valuada en más de 300 millones de pesos, está en la parte oriental del Periférico, frente a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería; el predio donde se asienta fue donado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según reportes periodísticos, la Sedena cedió el terreno de 70 mil metros cuadrados al ayuntamiento de Iguala a condición de que fuera utilizado para construir “vías de acceso y áreas recreativas”.
El exsenador perredista Lázaro Mazón Alonso y el exdiputado local priista Rubén Figueroa Smutny, amigos de Abarca que tienen intereses políticos en la zona norte, fueron quienes gestionaron la donación.
El centro comercial comenzó a edificarse en 2008. El entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, postulado por el PRD, así como políticos de otros partidos y mandos del 27 Batallón de Infantería, asistieron al acto de colocación de la primera piedra.
La plaza incluye 42 establecimientos comerciales, incluidas una Comercial Mexicana, un complejo de Cinépolis, así como tiendas de todo tipo y restaurantes de comida rápida. Roselia Abarca Velázquez, hermana del exalcalde igualteco, es la administradora; también es directora de la escuela privada Centro de Estudios Benemérito de las Américas, otro negocio de la familia.
Hasta ahora ningún funcionario ha informado sobre el resto de las propiedades y negocios de los Abarca Pineda, por lo que se desconoce su situación legal.
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Revista Proceso #2186, 23 de septiembre de 20108...
Abarca y Pineda, a un paso de la libertad/PATRICIA DÁVILA
Presos desde noviembre de 2014 acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de haber ordenado la detención de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, podrían quedar en libertad gracias a la sentencia sobre el caso Ayotzinapa emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas el pasado 4 de junio.
El fallo determinó que las declaraciones de cuatro integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, en las cuales se sustentó “la verdad histórica” del entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, fueron obtenidas a base de torturas; incluso uno de ellos ya obtuvo su libertad.
En entrevistas por separado, Luis Argüelles Meraz, abogado del matrimonio Abarca-Pineda, y la exmagistrada Olga Sánchez Cordero, quien está emplazada para ser la secretaria de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, están de acuerdo con la resolución del tribunal, pues coinciden en que la tortura se volvió una práctica cotidiana en el país.
La resolución, que comprende la orden de reponer el poceso y crear la Comisión de la Verdad y la Justicia, faculta a los familiares de las víctimas y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para intervenir en la investigación que deberá de llevar un nuevo Misterio Público. La PGR argumentó que por mandato constitucional sólo a ella le corresponde la investigación de los delitos.
Además, la resolución ordena al presidente Enrique Peña Nieto destinar recursos a los fines mencionados y sancionar a los funcionarios responsables de las violaciones cometidas durante la investigación.
En respuesta, el gobierno de Peña Nieto movió a todo el aparato de Estado en contra del fallo y el pasado 18 de junio logró que el magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial, lo declarara improcedente.
Ahora, el caso está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los cuatro detenidos que involucraron al matrimonio Abarca-Pineda son Marco Antonio Ríos Berber, alias El Cuasi o La Pompi; Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro; el policía municipal Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, y Luis Alberto José Gaspar, El Tongo.
El problema es que, según la resolución del Primer Tribunal, ellos declararon bajo tortura. Incluso, nueve días después del fallo, El Tongo fue liberado porque esta era la única carpeta de investigación en su contra.
De acuerdo con Murillo Karam, la noche en que desaparecieron los normalistas éstos se encontraban en Iguala para “botear” y conseguir dinero para la manifestación del 2 de octubre.
Según él, los cuatro detenidos declararon que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ordenó el ataque contra el grupo de estudiantes con el fin de impedir que sabotearan el informe de actividades que ese día rendía su esposa como presidenta del DIF municipal, pues en julio de 2013 los normalistas “ya habían atacado la Presidencia Municipal”.
“Los cuatro testigos también llevaron a la PGR a la detención del líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. Él, junto con El Cuasi, El Becerro, El Patachín y El Tongo, declararon que este cártel recibía de Abarca hasta 3 millones de pesos de manera regular, y al menos 600 mil pesos eran utilizados para comprar policías municipales.”
El 5 de julio, a un mes de la liberación de El Tongo, Óscar García Vega, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, consideró que los dos testimonios de Casarrubias tampoco tienen ningún valor probatorio, por las condiciones en las que fueron obtenidos. Sin embargo, Casarrubias no quedará en libertad, puesto que tiene un caso abierto por delincuencia organizada.
La “mentira histórica”
Argüelles Meraz, abogado de los Abarca, explica:
“Según PGR, los testigos manifiestan que vieron que el señor Abarca participaba, incluso que aportaba dinero a Guerreros Unidos. Por ello, en el momento en que el Tribunal Colegiado de Tamaulipas resuelve que la confesión obtenida de ellos es una prueba ilegal, producto de la tortura, nosotros ofrecemos esa sentencia (como descargo de Abarca y Pineda), porque lógicamente la acusación se queda sin ningún basamento de prueba.
“Así aconteció con los cuatro señores que se ampararon. Incluso El Tongo obtuvo la libertad y los otros tres están libres por esa causa penal, aunque siguen detenidos porque tienen que dar trámite a otras que les imputan. Mis defendidos, gracias a Dios, quedarían libres por todas las causas, porque son los mismos testigos para todas.”
En el caso 100/2014, que se lleva en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales de Matamoros, Tamaulipas, Abarca enfrenta cargos de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado. El exalcalde de Iguala se amparó y el Tribunal Unitario confirmó la resolución de amparo 409/205 a su favor.
La causa 123, también de Matamoros, es por desaparición forzada de personas y tentativa de homicidio, pero la PGR no obtuvo orden de detención, así que quedó por el lado de Pineda Villa por cohecho. Por ello en mayo de 2015 solicitaron un amparo, que fue concedido en abril de 2017.
En la 66/2015 (antes 1/015) por delincuencia organizada en contra de la pareja, el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito de Reynosa protegió a Pineda en el juicio de amparo 165/2015 y mantuvo la acusación contra Abarca; en la 103/2014 contra ambos por delincuencia organizada y en contra de Abarca –como alcalde– por operaciones con recursos de procedencia ilícita, se obtuvo el amparo.
En la 103/2014 en contra de los dos, su defensa interpuso un recurso de apelación hasta llegar al juicio de amparo 1801/2015 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito del Estado de México, en beneficio de ambos.
El único caso que, en opinión de Argüelles Meraz, “queda un poco vivo”, es el 217/2014, radicado en Iguala, por los mismos cargos de la causa penal 100 de Matamoros, lo que quiere decir que Abarca es juzgado por los mismos hechos en la materia federal y en la local”.
–¿Después del fallo del tribunal de Tamaulipas promovió el recurso para obtener la libertad del matrimonio? –se le pregunta al litigante.
–De entrada le dijimos al juez que conoce, ya sea de la causa o del amparo, que si las pruebas en contra del matrimonio fueron declaradas ilegales, por lo tanto debe de resolver el caso conforme a eso. Después se puede presentar una promoción para que tome en cuenta los incidentes por desaparición de pruebas, como en el caso de los videos del C4.
–¿Los casi 130 detenidos por el caso Iguala pueden quedar libres?
–¡Todos! Desconozco el resto de los expedientes, pero para armar la famosa “verdad histórica” la PGR se fue con los mismos cuatro testigos. Al comentar con abogados de los otros detenidos, creo que examinan la famosa sentencia del Tribunal Colegiado para el efecto de aprovechar esa resolución, que califican de histórica.
Después de la sentencia del Tribunal de Tamaulipas, la PGR se inconformó de inmediato ante la SCJN, argumentó imposibilidad “real, jurídica y material” para cumplir con el fallo y se quejó por considerar que el resolutivo invade la facultad constitucional del Ministerio Público de encabezar la investigación de los delitos.
El 9 de julio se conoció que el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, notificó a la PGR en fecha no precisa que este máximo tribunal carece de competencia para conocer las quejas que interpuso; al cotrario, le aclaró que sólo podrá intervenir en caso de que incurra en desacato al mandato. Dio tres días a la PGR y al presidente de la República para fundamentar al Tribunal Colegiado de Tamaulipas si existe una imposibilidad jurídica para el cumplimiento del fallo.
Así lo hicieron: Enrique Peña Nieto, la PGR, la Cámara de Diputados, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Salud y de Hacienda, así como la Policía Federal (PF), presentaron al tribunal 43 recuros de apelación en contra de la sentencia.
El 12 de julio, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas los desechó por “notoriamente improcedentes”, con lo que quedó firme la sentencia emitida el 4 de junio pasado.
Una “resolución valiente”
Entrevistada por Proceso en torno a la resolución del Tribunal de Tamaulipas que ordena reponer el proceso sobre el caso Ayotzinapa, la exministra Olga Sánchez Cordero señala: “Está muy bien argumentada, explicitando que han obtenido la confesión de algunos detenidos procesados bajo tortura, lo cual es gravísimo; desgraciadamente es una práctica muy común en nuestro país”.
Añade: “La resolución determina que se forme una Comisión de la Verdad. Efectivamente, nuestro marco normativo no contempla esta figura jurídica y por eso ha sido muy criticada. En lo personal considero que, si bien no hay un marco normativo interno, sí lo hay en las resoluciones de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que estimo que, si se considera que se excedieron en su creación, no obsta para que sea una sentencia justa socialmente”.
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