Por ALAN FEUER
The New York Times, 29 de noviembre de 2018;
Durante un tiempo, parecía que el juicio de Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera se convertiría en una suerte de comisión para la verdad y la reconciliación que no solo revelaría los detalles de la vida criminal del acusado, sino también los secretos sobre la narcocorrupción en México.
Sin embargo, luego de un torrente de solicitudes de los fiscales y dictámenes por parte del juez durante las primeras tres semanas, ahora parece poco probable que se produzca una extensa revelación de casos de soborno. El jurado ya ha escuchado bastante sobre los pagos a la policía y los políticos mexicanos, pero queda mucho por saber y es probable que eso jamás suceda.
Imponer límites a la evidencia en los juicios penales es una medida común con el fin de enfocarse en los cargos específicos en contra de los acusados. No obstante, las restricciones impuestas en este caso parecen oponerse al deseo profundo que existe en México por exponer públicamente los excesos de su policía y la élite política durante la larga guerra contra el narcotráfico.
“Tenía muchas expectativas”, dijo Daniel Ortiz de Montellano Vásquez, un empleado de una casa de cambio en el aeropuerto de Ciudad de México. Pero, por lo menos hasta ahora, no han cumplido con esas expectativas, comentó.
“Estamos hartos de este juego”, agregó Montellano Vásquez, y dijo que había esperado que el juicio fuera un suceso que “no dejara que la impunidad ganara”.
Quizá la restricción más importante a la evidencia ocurrió la semana pasada, cuando el juez Brian Cogan decidió que un testigo estrella de la fiscalía no podía testificar acerca de haber pagado por lo menos 6 millones de dólares en sobornos a uno de los presidentes de México. Aunque el mandatario nunca fue identificado, el juez decidió que el testimonio avergonzaría innecesariamente a ciertos “individuos y entidades”, y que además sería una distracción del objetivo central del juicio: decidir si Guzmán es inocente o culpable.
La semana pasada, el juez emitió otros dictámenes que restringen testimonios que también involucran evidencia de posible corrupción. La naturaleza exacta de esas pruebas ha sido difícil de discernir porque los dictámenes del juez Cogan se han editado mucho.
Uno de ellos se refiere al “Testigo colaborador 1”, o CW1 en inglés, que trabajó para Guzmán de 2006 a 2014. El juez decidió que, aunque le permitirían a CW1 testificar sobre haber sobornado a funcionarios mexicanos con “cantidades de cocaína”, no le permitirían hablar sobre un soborno de 10.000 dólares que habría entregado para salir de la cárcel después de que lo arrestaron. Esa evidencia se excluyó del juicio, explicó el juez, debido a la “relación del soborno con…”, y se editó esa frase del dictamen.
Una orden aparte hablaba de un testigo identificado como “CW3”, que podrá testificar sobre haberle pagado a la policía federal mexicana para “escoltar un cargamento de drogas” y sobre darle “a un político mexicano de alto nivel un préstamo de 300.000 dólares sin intereses”, dictó el juez. Sin embargo, Cogan no le permitirá testificar sobre haber sobornado a un fiscal para que retirara un cargo criminal que enfrentaba.
Algunas de estas restricciones parecen haberse impuesto, en parte, para limitar la agresiva estrategia de defensa que los abogados de Guzmán pusieron en marcha al comienzo del juicio. En su argumento inicial, los abogados sostuvieron que la verdadera mente maestra del Cártel de Sinaloa era Ismael “el Mayo” Zambada García, exsocio de Guzmán.
En una declaración sorprendente, afirmaron que Zambada urdió durante años una gran conspiración para incriminar a Guzmán con la ayuda de agentes antidrogas “corruptos” de Estados Unidos y funcionarios mexicanos involucrados, entre ellos “el presidente y el expresidente del país”.
Aún no está claro si los abogados de Guzmán intentarán presentar evidencia sobre la corrupción de agentes de la policía estadounidense, o cómo reaccionará Cogan si lo hacen. El juez ya ha frenado esfuerzos por parte de la defensa para cuestionar a los testigos sobre el operativo “Rápido y furioso”, un controvertido programa de la policía federal en el que los funcionarios estadounidenses perdieron la pista de cientos de armas mientras investigaban una red de contrabando de armas vinculada con narcotraficantes mexicanos.
Las continuas batallas sobre la evidencia reflejan la cuestión de a quién está dirigido el juicio en realidad. Estrictamente hablando, la única audiencia que importa son los dieciocho miembros del jurado que escuchan el caso.
No obstante, el juicio ha generado un enorme interés público. Al limitar la evidencia sobre la corrupción, el juez Cogan quizá está ayudando a los fiscales a mantener al jurado enfocado en Guzmán. Sin embargo, también parece estar frustrando a la audiencia afuera de la corte, sobre todo en México.
Es difícil saber cuándo los fiscales estadounidenses tendrán otra oportunidad para analizar tan de cerca el funcionamiento interno de un gran cártel mexicano de la droga.
“Entiendo que el objetivo del juicio del Chapo es juzgar al gran capo mexicano”, dijo Bianca Salces, actriz y comediante de 45 años de Ciudad de México. Pero también es “importante para entender nuestro pasado y la historia actual, además de ofrecerle justicia y paz a un país devastado”, agregó.
Para Carlos Aguirre Ley, un ingeniero veracruzano de 40 años, el juicio es una oportunidad para exponer finalmente los vínculos entre “los narcos, el dinero y el poder” en este país, o, como lo dijo, “para que salga a la luz toda la verdad”.
Aunque el proceso podría ser doloroso, dijo, también es valioso. “Vale la pena adentrarse en las entrañas de la bestia”, comentó.
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