Reforma, 18 Feb. 2019
A principios de la semana pasada, en el Palacio Nacional, el presidente de la República da cuenta de una lista de traidores. Funcionarios que conspiraron para destruir la industria eléctrica del país. Significativamente, se sirve de un hombre desvergonzado y sin prestigio para dar lectura al nombre de los infames. "Le voy a pedir al licenciado Bartlett que les dé a conocer los nombres de los funcionarios que han trabajado y trabajan para las empresas particulares". Su subordinado reitera que la difusión de la lista es una orden del jefe del Estado mexicano: me encarga el presidente que recordemos el nombre de quiénes han destruido a la CFE. Así empieza a leer la lista de los villanos. No se toma la molestia de verificar cargos y responsabilidades. Se equivoca en los tiempos en los que ocuparon puestos, confunde fechas y oficinas, pero aún así procede a leer la lista de la infamia
Desde el centro del poder nacional, ante todos los medios de comunicación del país, el hombre más poderoso de México da la instrucción para destrozar la reputación de un grupo de mexicanos. Adelante, dijo: lea usted los nombres. Son los traidores. Son los inmorales. Son quienes cometieron faltas imperdonables. Vulneraron el interés de la patria. Colocaron su ambición por encima del deber. Que los conozca el mundo para que dé la espalda a los miserables. Para que les escupa y se les destierre. Ningún otro propósito tiene la publicidad de esa nómina. Se trataba de arruinar el prestigio de un grupo de mexicanos. Marcar su rostro y su cuerpo con una seña de deshonra. Mancharlos, estigmatizarlos. Todo el poder de la Presidencia en contra de un grupo de ciudadanos que no puede defenderse de la agresión. ¿Qué defensa puede esgrimir un particular en contra de una embestida presidencial de esta dimensión? ¿Quién tiene una tribuna semejante a la que ocupa el Presidente cotidianamente? ¿Quién cuenta con los poderes que ejerce el Presidente más poderoso de la historia reciente del país? Una acusación del presidente López Obrador es una denuncia, un veredicto y una condena. Un monstruoso abuso de poder.
¿Y de qué se les acusa? De haberse apartado del código moral del Amado Líder. Eso. Ninguno de ellos recibe una acusación legal. Nadie enfrenta un proceso jurídico, nadie tiene oportunidad de defenderse en tribunales para limpiar su imagen. El jurado y el verdugo son el propio presidente de la República. Es sólo él quien ha inventado la infracción moral. Los acusados no han cometido delito alguno. Cumplieron, hasta donde puede saberse, con sus obligaciones legales. Acataron las reglas del derecho que son las únicas cuyo cumplimiento puede exigir el poder público a los ciudadanos. ¡Pero pecaron! Todos esos funcionarios fueron tentados por el mal y cayeron en el vicio. El puritano los llama pecadores, inmorales. Ese lenguaje de inquisidor implacable ha vuelto al discurso público: quienes aparecen en la lista de la deshonra no cometieron delito pero, a juicio del inquisidor, actuaron "inmoralmente". Por eso lanza a los pecadores a la jauría. Incapaz de construir un argumento legal en su contra, los mancha para provocar su deshonra.
Al inquisidor le tiene sin cuidado el marco de lo jurídico, ese trazo que todos conocemos y que delimita con razonable precisión los límites de lo lícito. Su engreimiento moral lo faculta para lanzar acusaciones que no tienen más fundamento que su prejuicio. Así aparece cotidianamente en la plaza pública para fustigar al traidor que no se ajusta a su código personal. Nuevo ataque al orden cívico: despreciar la ley acordada para invocar la moralidad del caudillo.
Lo que sucedió la semana pasada en la conferencia de prensa del presidente de la República es gravísimo. El Presidente empleando su gigantesco poder para aniquilar moralmente a sus adversarios. La tribuna presidencial empleada para promover una cultura de linchamiento. Esta es la lista de los miserables: que el pueblo noble, sabio y bueno actúe como crea conveniente. Cuando el Presidente habla no habla un ciudadano cualquiera que expresa su punto de vista. La palabra presidencial tiene un impacto directo en la vida de las personas que nombra. La voz del poder no puede ser la voz de la inquina personal y del odio.
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