Las columnas políticas hoy, jueves 3 de febrero de 2022

Cuestionan también a Jesusa en Panamá:

Guillermo Cochez, ex Embajador panameño ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuestionó por qué el Gobierno mexicano les envía a personas que "incomodan" en el País.

"Debemos decirle no también a nueva designada @jesusardgz porq pareciera q designan embajadores acá a quienes causan problemas allá", indicó, según una nota de Reforma..

"Con excelente cuerpo diplomático q tiene México cómo es q @lopezobrador_ no designa en Panamá a embajador d carrera como los excelentes q han estado aquí? Por qué su desprecio a nuestro país? Por qué enviarnos a personas q incomodan en México?".

Cochez agregó que López Obrador había sido "muy irrespetuoso" al tildar a la Canciller Erika Mouynes de "inquisidora" por haber rechazado el nombramiento de Pedro Salmerón, quien enfrenta varias acusaciones de acoso sexual, como Embajador. 

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Denuncia PAN ante FGR tráfico de influencias de hijo de AMLO 

El PAN presentó está mañana ante la FGR y la Fiscalía Anticorrupción una denuncia de hechos por "presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias" del hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Pedimos que se investigue el origen de los recursos de las lujosas casonas de Houston, que fueron exhibidas a través de los medios de comunicación, y que se investigue todo lo relacionado con los contratos de las empresas proveedoras de Pemex", explicó el dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés.

El líder opositor se hizo acompañar de una treintena de diputados federales y senadores, que se concentraron frente a la sede de la FGR.

Marko Cortés afirmó que "el conflicto de interés y el tráfico de influencias del hijo del Presidente López Obrador es evidente, después de recibir un contrato de Pemex la empresa agraciada le presta una mansión y esto lo hace claro y evidente para todos los mexicanos".

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Templo Mayor/ REFORMA

A VECES da la impresión de que los directivos de la Comisión Federal de Electricidad no saben mucho de economía, pero definitivamente no entienden nada de derecho. Y es que en su cantaleta contra la generación privada de energía, siguen insistiendo en conceptos que naaada tienen que ver con la realidad.

POR EJEMPLO, en una aclaración enviada por el vocero de la CFE, Luis Bravo Navarro, se califica como ¡clientes desleales! a los usuarios del servicio eléctrico que se encuentran bajo el esquema de autoabastecimiento. La deslealtad, según el funcionario, se refiere a que esas empresas, como los consabidos Oxxo, no aceptan pagar la luz más cara de la CFE.

PERO AHÍ no acaba la cosa: la campaña para promover la contrarreforma eléctrica parte de un falso supuesto. Según la CFE, el esquema de autoabastecimiento es ilegal... y háganle como quieran. Sólo porque así lo decidió Manuel Bartlett, se acusa públicamente a esos usuarios de un delito que, ¡oh, delirio!, no existe.

NO SE PUEDE dar un debate serio y necesario sobre el tema energético en México, cuando el gobierno pretende partir desde la mentira y busca imponerla como una verdad indiscutible. Tienen muy fundido el foco del diálogo.

SEMANA a semana, en la conferencia mañanera, la sección "Quién es quién en las mentiras" se ha convertido en la botana debido a su humorismo involuntario, con perlas como que "no es falso pero se exagera". Sin embargo, ayer causó conmoción, pero no por lo que se dijo en ella, sino por lo que no se dijo: ni una sola palabra sobre la investigación sobre la lujosa vida del hijo del presidente en Houston y el posible conflicto de intereses con un proveedor de Pemex. Fue de esas veces en las que el silencio resulta verdaderamente escandaloso.

QUIÉN SABE qué cree el Presidente que hace el litio, pero no suena mal eso de crear una paraestatal para administrar la riqueza de ese mineral. Nomás es cosa de que no se vuelva improductiva como Pemex, que no se le quiera revivir artificialmente como a la CFE, que no sea una quimera como Uranio Mexicano (Uramex), que no condene al atraso a los mexicanos como sucedía con la Telmex nacionalizada, que no les crezcan las uñas a sus directivos como Segalmex, que no sea un elefante blanco como el Banco del Bienestar y, claro, que no se llene de corrupción como cualquier otra empresa paraestatal. Nomás cuidando esos detallitos, Andrés Manuel López Obrador tiene garantizado el éxito con el litio.

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Bajo Reserva/ Reserva

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no es, por mucho, la campeona de la transparencia. La dependencia que encabeza la profesora Delfina Gómez eliminó los documentos en los que se daba una pincelada de lo que serán los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica. Para acceder a ellos, se debía escanear un código QR, pero después de la nota que apareció en la portada de este diario, en la que se da cuenta de la preocupación de la SEP por eliminar de los textos “palabras neoliberales” y de que se generaron varias críticas a la dependencia, los documentos fueron eliminados o cambiados de sitio. ¿No que la vida pública debe ser cada vez más pública?

El general viaja en moto

Ayer causó revuelo la imagen del general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), en la que se le ve  llegar a toda velocidad en una motocicleta a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con el gabinete de salud. Sin embargo, nos hacen ver que esta forma de llegar del general al recinto histórico es algo más o menos común. Nos detallan, por ejemplo, que el jueves 20 de enero, a las 16:30 horas, el general Sandoval llegó a bordo de la motocicleta BMW. Y  para evitar cualquier sorpresa, el alto mando de la Defensa viaja escoltado por otras motocicletas con el personal que se hace cargo de su seguridad, además de que el militar que conduce la motocicleta en la que el secretario viaja está armado.

No se dio el round Bartlett-Salazar

Nos platican que de última hora, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), canceló su participación en el foro número 10 del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica. Apenas dos semanas atrás, Bartlett confrontó al presidente de Concamin, José Abugaber, llamó mentirosos a los opositores de la iniciativa presidencial, y sostuvo que la reforma energética de 2013 fue un plan perverso para acabar sistemáticamente con la industria eléctrica del país. Para este miércoles se tenía previsto otro round de don Manuel, ahora contra el titular del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, quien ha asegurado que la reforma eléctrica que impulsa Morena significará un grave retroceso para México, sin embargo, de última hora se informó que llegaría un representante de la CFE y no el señor Bartlett. Nos dicen que se optó por evitar un encontronazo entre ambos personajes. Que devuelvan las entradas.

Crítica de una morenista a la 4T

Quien al parecer se encamina a dejar el partido Morena, y obviamente la bancada, es la senadora Cecilia Sánchez, quien fue aspirante a secretaria general del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Doña Cecilia calificó  como un fraude la elección en la que ganó Ricardo Aldana. Incluso felicitó a Carlos Romero Deschamps por negociar el cargo con la actual Presidencia de la República de la autollamada Cuarta Transformación. Nos dicen que lo dicho por la senadora no ha sido muy bien recibido en Palacio Nacional y que ese tipo de críticas se hacen cuando alguien está en la ruta de salida del partido.

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Estrictamente Personal

Conflicto (de interés) en Palacio/Raymundo Riva Palacio

EL Financiero, febrero 03, 2022 | 

El presidente Andrés Manuel López Obrador está metido en un dilema porque su palabra en contra de la impunidad sonará hueca a menos que tome acciones que probablemente afecten a su hijo José Ramón y a su esposa Carolyn Adams. El Presidente navega un río rumbo a una catarata, que comenzó con la revelación de la residencia de éstos en Houston, propiedad de un petrolero que obtuvo contratos millonarios con Pemex, que desató un debate ácido y altanero, donde el fondo de la discusión está ausente. ¿Hay o no un conflicto de interés en el que quedó atrapado López Obrador? De acuerdo con la información pública disponible, sí lo hay.

El conflicto de interés no significa automáticamente que se trate de un delito, y plantearlo de esa manera enturbia la discusión y la vuelve superficial. La definición del conflicto de interés la centra cuando los intereses personales familiares, de amistades, o vínculos financieros o factores sociales, pueden comprometer el juicio de la persona o sus decisiones, al introducir dilemas que llevan a los prejuicios. Esto sucedió, por ejemplo, con el empresario sinaloense Juan Armando Hinojosa, propietario del Grupo Higa, que quedó en el centro de una turbulencia en noviembre de 2014.

Una de las empresas de Hinojosa fue agente inmobiliario en la adquisición de una casa de Angélica Rivera, esposa en ese entonces del presidente Enrique Peña Nieto, que quedó manchado con la tinta indeleble de la corrupción, que nunca se probó ni pasó de la retórica, pero se anidó fuertemente en el imaginario colectivo que, como resultado de aquella operación de compra-venta, lo considera un ratero. Hinojosa, años antes de conocer a Peña Nieto, hacía negocios en el Estado de México, y cuando su amigo llegó a la Presidencia, participó en uno solo, el tren bala México-Querétaro, que al final no se construyó.

La cercanía con el Presidente lo benefició indirectamente, y aunque no tenía contratos con el gobierno federal, sí abundaban los adjudicados en todo el país. Después del escándalo de la llamada ‘casa blanca’, los contratos con Hinojosa comenzaron a ser cancelados y fue perdiendo acceso, al grado de que tuvo que recortar en 50 por ciento la nómina y el gasto de sus empresas. En su caso, el conflicto de interés no tenía que ver con ningún acto de corrupción, pero incurrió en el amiguismo y el influyentismo para beneficiarse, que no se tipificaba como delito, pero chorreaba ilegitimidad.

Al hablar de su primogénito, López Obrador dijo que debía investigarse todo para que no hubiera impunidad, aunque fuera su hijo. El Presidente tiene en la cabeza la posibilidad de un delito, y por ello pide la investigación, saltándose que el tema de saque es la legitimidad de las acciones de su familia. Piensa en que no lo comparen con Peña Nieto, no en resolver el conflicto de interés existente, que se deriva de que la señora Adams, casada con José Ramón desde 2019, tiene una larga carrera en el sector petrolero.

Tan sólo por ese pasado, mudarse a la casa de Keith Schilling cuando era presidente ejecutivo de Baker Hughes, que tiene negocios multimillonarios con Pemex, tendría que haber sido razón suficiente para no rentarla, a fin de evitar suspicacias. Si ello era de sí un tema delicado, más sospechas levantan porque empezaron a vivir ahí un mes después de que firmara un nuevo contrato con Pemex por 85 millones de dólares, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Hay, cuando menos, un evidente conflicto de interés, que permite preguntarse de manera legítima si esa operación inmobiliaria se dio de la misma manera como las empresas de Hinojosa obtuvieron contratos con gobiernos estatales: por su cercanía con el Presidente. Una vez más hay que reiterar que el conflicto de interés no representa de forma mecánica un delito. Tiene que probarse que sí se cometió.

En el caso de Adams, está claro que la relación con la familia presidencial la benefició a ella y a sus negocios, como sucedió en septiembre del año pasado, cuando la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cedió 2.5 hectáreas en la isla de Holbox que habían estado protegidas desde 2016 a Desarrollo Inmobiliario Xunnan, una empresa filial de Stella Holding, cuyo principal socio es el empresario regiomontano Carlos Álvarez de Alba, de acuerdo con medios en Yucatán y la Ciudad de México. Entre las varias empresas que maneja Álvarez de Alba se encuentra Cava Energy, una empresa petrolera proveedora de Pemex para la que también trabajó la señora en Monterrey, en 2016, donde vive Álvarez de Alba.

Las acciones de la señora Adams no hacen menos responsable a su esposo. Incluso, él puede no haber participado en negociaciones que pudo haber hecho su esposa, pero no podía extraerse de lo que su apellido y condición significa. Hipotéticamente hablando, la renta de la casa de Schilling pudo haberse dado por la relación de Adams con los petroleros, pero es más difícil explicar y entender por qué la Secretaría del Medio Ambiente modificó zonas reservadas en Holbox para beneficiar a la empresa donde trabajaba la nuera del Presidente.

López Obrador no puede hacer ahora una defensa personal y deslindarse de su hijo pidiendo una investigación para determinar si hay corrupción o no. Más allá de que la orden del Presidente al fiscal Alejandro Gertz Manero sea sepultar cualquier imputación de presuntos actos de corrupción y manejo de recursos de procedencia ilícita de sus hermanos, hablar en el caso de su hijo en términos de un crimen no es el principio del camino, sino, eventualmente, el final. Aun otorgándole el beneficio de la duda sobre la inexistencia de un delito, el conflicto de interés existe, y es lo que tiene que resolver, por ejemplo, revocando la cesión de tierras en Holbox y revisando los contratos de Baker Hughes con Pemex.

Si, en efecto, como afirma López Obrador, no es igual que Peña Nieto, ésta es una muy buena oportunidad para demostrarlo.

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