Lo que le hacen a Ruffo es un abuso: Gomez Montt…
Tres de la mañana con quince minutos. El reloj marcaba la madrugada de este jueves, pero el cansancio ya pesaba en el aire tras más de 34 horas de una audiencia asfixiante y, sobre todo, sospechosamente hermética. Se violentó el debido proceso, sí. Pero seamos honestos: al gobierno de hoy, eso parece no importarle.
A sus 76 años, Ernesto Ruffo Appel se queda en la cárcel. Y no en cualquiera: directo al penal de máxima seguridad del Altiplano.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega dictó vinculación a proceso para él y siete implicados más.
¿La narrativa oficial?
Delincuencia organizada, contrabando y un supuesto "huachicol fiscal" de proporciones colosales: más de 2 mil 137 millones de litros de combustibles sin el aval de Energía, tan solo en este 2025. Hablan de un desfalco de 166 millones de pesos.
Pero el verdadero peso de esta historia, escúchenlo bien, no radica en las cifras... radica en las sombras.
Toda la audiencia se blindó a puerta cerrada bajo la gastada excusa de la "seguridad nacional". Es patético. Hoy, el andamiaje de la opacidad institucional se resguarda cómodamente bajo esas dos palabras, lejos del escrutinio que exige y merece nuestra democracia.
Las reacciones, por supuesto, no tardaron.
En los micrófonos de Radio Fórmula, la voz de su abogado, el penalista Fernando Gómez-Mont, fue contundente: "Así no se vale, es un abuso". Al calificar de inverosímil un supuesto riesgo de fuga, advirtió que aquí no hay sorpresas. Y para disipar cualquier duda sobre el ánimo en el Altiplano, sentenció: Ruffo no está devastado; se mantiene firme, enfrentando este embate con la entereza de un hombre de bien.
Mientras el ruido mediático intentaba salpicar falsamente las cuentas de su hija Verónica —obligando al Gabinete de Seguridad a desmentirlo de urgencia— la realidad se impone.
El primer gobernador de oposición de nuestra historia moderna enfrentará la implacable maquinaria del Estado desde la fría celda de un penal de máxima seguridad, cargando ante muchos con la percepción ineludible de ser un preso político.
Las cartas están sobre la mesa. La luz pública, por ahora, sigue apagada. Pero Ruffo no está solo en este tablero judicial, y de este frente, ténganlo por seguro... hablaremos seguido.
¡Para la historia inmediata!
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Una libertad recuperada: el triunfo de la exjueza Norma Angélica..
Tres años. Ese fue el tiempo que la exjueza veracruzana Norma Angélica Sánchez tuvo que sobrevivir a la maquinaria del Estado para poder gritar, al fin: "¡Totalmente libre!".
Su calvario comenzó en junio de 2023 por el simple hecho de hacer su trabajo y exhibir las deficiencias de una fiscalía estatal. La respuesta del poder fue brutal. La detuvieron en la Ciudad de México, violentaron sus amparos, la encapucharon, la habrían obligado a disparar un arma y la encerraron en Pacho Viejo bajo acusaciones prefabricadas de tráfico de influencias y delitos contra la fe pública.
Pero lo más grave no fue el capricho del entonces gobernador Cuitláhuac García, sino el espaldarazo desde Palacio Nacional. En aquella mañanera del 20 de junio de 2023, hace ya tres años, un reportero le preguntó al entonces presidente si respaldaba la postura del mandatario estatal. López Obrador, desde el púlpito, respondió sin titubear: "¡Sí, claro que sí la respaldo, y nosotros vamos a hacer lo mismo con jueces federales!".
A López Obrador nunca le preocupó el debido proceso, ni que la detención hubiera sido, como dicen en la política, haiga sido como haiga sido. No le importó que se violara un amparo, la capucha ni el arma forzada.
La historia rima de forma escalofriante. El caso de Norma Angélica es un calco de la pesadilla que vivió la jueza Lourdes Afiuni en Venezuela en 2009. Afiuni liberó a un empresario apegada a derecho y siguiendo una resolución de la ONU. ¿La respuesta? Esa misma noche, en televisión nacional, Hugo Chávez la condenó a 30 años de cárcel.
Fui a Caracas a presenciar aquel juicio oral y documentar cómo el poder absoluto despedaza a quien se atreve a ser independiente, un análisis que fue recogido por el Centro de Derechos Humanos de la Barra Americana de Abogados. A Afiuni la vejaron y la destruyeron.
Hoy, afortunadamente, los tribunales federales le han dado la razón a la jueza Norma Angélica y su última imputación ha quedado sin efectos. Ella recupera su paz, pero la cicatriz en el sistema queda abierta. Cuando los mandatarios amenazan por televisión y los jueces de consigna obedecen a ciegas, la justicia siempre será la primera víctima. Un caso sumamente revelador sobre el que ya habíamos advertido en su momento, y que hoy, por fin, ve la luz.
El caso es interesante lo comente en su momento..
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Las columnas políticas hoy, jueves 23 de julio de 2026
Templo Mayor/ REFORMA
EN OAXACA fue asesinado un periodista mientras comía. En Michoacán se reportó la desaparición y luego fue encontrado el cadáver de un empresario restaurantero. Y en Morelos, al alcalde de Temoac fue ejecutado en su oficina.
REGISTRADOS como "delitos de alto impacto", ocurren en la misma semana en que 10 personas fueron ejecutadas en Zacatecas y varios de esos cadáveres aparecieron colgados de un puente.
EL GOBIERNO FEDERAL ha insistido en que hay un descenso notable en homicidios. Puede ser. Pero el evidente repunte de violencia registrado después del Mundial indica que no fueron crímenes de ocasión, como un robo, sino ejecuciones planeadas ya sea por extorsión o porque alguien no quiso trabajar para los delincuentes.
LO GRAVE es que los homicidios se acumulan en las fiscalías estatales, donde deberían ser investigados como delitos del fuero común, pero suelen quedar en la impunidad por la relación con delitos federales.
VAYA AMBIENTE precede al encuentro de hoy entre el representante comercial de EU, Jamieson Greer, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Las advertencias de Washington no han caído nada bien en Palacio Nacional.
GREER AVISÓ que en la mesa no estarán solo asuntos comerciales sino también de seguridad, conflictos en la frontera y hasta el agua del Río Bravo. Habrá que ver si el gobierno mexicano está preparado para entablar esas negociaciones o tiene alguna alternativa al agresivo planteamiento estadounidense.
UNA INTERESANTE reunión habrá mañana en Guadalajara de mandatarios surgidos del PAN, para respaldar en voz alta a Ernesto Ruffo, preso en Almoloya por supuesto huachicol fiscal. El encuentro es convocado por dos ex gobernadores de Jalisco: el ahora senador Francisco Javier Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas Jiménez. También estarán el ex presidente Vicente Fox, Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez, ex gobernadores de Guanajuato. Además de Fernando Canales Clariond, de Nuevo León, y Patricio Patrón Laviada, de Yucatán.
LOS EX MANDATARIOS actúan porque seguramente ven muy débil el reclamo panista ante esta detención. No en balde varios de ellos hace rato que tomaron distancia de la actual dirigencia blanquiazul.
CON LOS PELOS de punta andan en Washington con la nueva ocurrencia de Donald Trump: firmó un "acuerdo" para que Arabia Saudita pueda desarrollar tecnología nuclear, supuestamente con fines pacíficos. Dicen que el acuerdo se sustenta en la relación entre Trump y el monarca saudí, Mohamed bin Salman Al Saud, y no contempla suficientes salvaguardas para evitar que ese país pueda desarrollar armas nucleares. Nada resulta más tranquilizador para el mundo que saber que ahora en Arabia, donde el costo es lo de menos, podrán tener una (o más) bombas atómicas.
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Las maromas huachicoleras de un diputado morenista
Bajo Reserva/ El Universal,
Nos dicen que el diputado por Morena, Arturo Ávila, hizo maromas para defender de señalamientos de huachicol fiscal a funcionarios del movimiento de la autollamada Cuarta Trasformación, pero se descalabró en la machincuepa. Don Arturo aseguró que la cifra que se maneja de 600 mil millones de daño al erario a causa del contrabando de hidrocarburos son parte de una campaña “dolosa” de la oposición y de periodistas. Al parecer, a don Arturo se le olvida que dicho daño al erario fue cifrado por Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación, como resultado de investigaciones del gobierno federal, y que hay exfuncionarios y altos exmandos de la Marina que están presos y sujetos a proceso por operar una red de huachicol fiscal. Nos dicen que alguien en el gobierno o en el partido debería decirle al diputado Ávila que son muy peligrosas las maromas en el trapecio cuando no hay red de protección.
Sheinbaum lanza pedrada contra…
Ayer, desde Toluca, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó el reconocimiento a la gobernadora Delfina Gómez y tras el elogio vino el mensaje: hay gobernantes que llegan al cargo y “ya andan con camionetotas” o se marean. Muchos se preguntan para quién iba dirigido el mensaje pues tanto gobernadores y ediles de oposición ha dado muestras de lujos y mareos, varios de los pertenecientes al movimiento de la Cuarta Transformación han dejado guardado en un cajón el Decálogo para Autoridades Emanadas de Morena que prohíbe las banalidades, y las cartas compromiso que los aspirantes a gobiernos firmaron en las que se comprometen a ajustarse a los principios de austeridad, a no robar, no mentir y no traicionar. ¿A quién le queda el saco?
Las dos cachuchas de Hugo Eric
Nos cuentan que ahora que el diputado de Morena, Hugo Eric Flores, asumió como presidente del nuevo partido PAZ hay un acuerdo para que pida licencia como legislador para no dobletear. El mismo coordinador morenista, Ricardo Monreal, le invitó a hacerlo. Sin embargo, parece que don Hugo hará lo posible para esperar a que inicie el nuevo período de sesiones en septiembre y hacerse a un lado como legislador federal y así aprovechar para cobrar dos meses más su dieta como diputado de Morena, poco más de 300 mil pesos, antes de pasarse a su nuevo partido, y así no llegar con las manos vacías, ya que aún no le designan un salario en el PAZ. Hombre precavido cobra por dos, dicen.
Tiro chihuahuense, a puño limpio
Quien, nos dicen, opera como si fuera líder sindical es la presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez. Doña Daniela, nos hacen notar, se aventó un pliego petitorio para el IMSS, que encabeza Zoé Robledo. Nos dicen que es de llamar la atención que un partido político exija al Seguro Social atención, medicinas y cirugías para los derechohabientes, así como aumentos de sueldo y prestaciones para los trabajadores. Incluso, se atrevió a decir que “porque lo pidieron”, se avienta ella “el tiro, a puño limpio” con Zoé, como se dice en “Shihuahua”. Además, le dijo al Sindicato, en su cara, que “están para defender a su gente y hablarle fuerte al IMSS”. Y es que la campaña “IMSS Y NADA, ES LO MISMO”, sigue sacando chispas en el Gobierno Federal y parece no tener fin, porque la panista afirma que está llena de verdades que duelen, porque matan.
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Ya ni caso alegar lo de la “soberanía”
El asalto a la razón/Carlos Marín
Milenio,
Excelente la entrevista de Ángel Hernández en las plataformas de MILENIO que presentó este lunes Alejandro Domínguez en televisión con el abogado de Ismael El Mayo Zambada.
Se refuerzan los indicios para resolver la incógnita: con su padre condenado de por vida y con Ovidio, su hermano, pretendiendo una pena menor, Joaquín Guzmán López quiso entregarse y al FBI le bastó prometerle un trato conveniente si además de rendirse daba una sólida muestra de su disposición.
Lo que permanecerá en el misterio es a través de quién o quiénes la agencia estuvo en contacto con el ingrato y temerario chapito durante las negociaciones previas, pero con lo que se sabe ya es difícil aventurar que los estadunidenses hubieran intervenido inclusive en el violento secuestro del capo.
Por la inamovible versión del exembajador Ken Salazar y las categóricas declaraciones del FBI negando una injerencia directa, llegué a suponer que todo se planeó con Ovidio, pero el investigador Eduardo Guerrero me dijo la semana pasada (en El asalto… de MILENIO Televisión) que el armado se hizo únicamente con Joaquín y sin pensar en Zambada. “En el FBI se sorprendieron al saber que el ahijado llegaría a Estados Unidos con su célebre padrino…”.
Antier, Keegan Hamilton, periodista de Los Angeles Times, citando fuentes que, asegura, conocen el trasfondo del caso, publicó que la agencia le planteó a Joaquín que podría obtener un mejor trato judicial si aportaba pruebas relevantes y facilitaba la captura de otros integrantes del cártel de Sinaloa.
De acuerdo con sus informantes, el FBI tuvo el cuidado de no conducir directamente las acciones, pero le transmitió al chapito qué tipo de cooperación podría considerarse favorable dentro de un eventual acuerdo. Días antes del secuestro —narra el periodista—, Guzmán López notificó a su contacto de la agencia que su llegada a EU era inminente y les “traería algo grande”, sugiriendo que llegaría con otra persona.
Los agentes del FBI supusieron que quizá se refería a otro de sus hermanos (Iván Archivaldo o Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de María Alejandrina Salazar Hernández. La madre de Ovidio y Joaquín es Griselda López Pérez), pero ni de lejos que se tratara de El Mayo.
Zambada y su abogado dicen que fue convocado a una reunión en la finca de Joaquín, en Huertos del Pedregal, para dizque mediar en una disputa política entre sus amigos exrectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (el gobernador Rubén Rocha Moya y el exalcalde de Culiacán y diputado electo Héctor Melesio Cuén), pero que al llegar de inmediato fue golpeado, atado y subido al avión privado (conducido por El Jando) que lo trasladó a Nuevo México, donde fue capturado por los federales estadunidenses.
Creíble o no, todo indica que así de simples fueron las cosas.
Por lo mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum y sus tramposos comités preelectorales de “defensa de la transformación y la soberanía” debieran cambiar de arenga, ya tan trillada, inútil y patriotera….
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Cuando la estadística no checa con la violencia/Salvador García Soto
El Universal, 23/07/2026 |
Justo ayer, cuando la Presidenta presentaba sus más recientes estadísticas sobre seguridad en el país, y aseguraba que en lo que va de su gobierno se han reducido los homicidios violentos en 52%, al pasar de 87 asesinatos dolosos diarios a 45.4, un par de horas después de ese discurso presidencial, sicarios armados ingresaban al Palacio Municipal de Temoac, en Morelos –a escasos 80 km. de Cuernavaca— y asesinaban a sangre fría y de varios disparos al presidente municipal de ese lugar, Valentín Lavín Moreno, en su propia oficina; y casi al mismo tiempo, en la ciudad de Oaxaca, a plena luz del día y mientras desayunaba, otro sicario armado asesinaba al periodista oaxaqueño Alejandro Leyva, quien cayó de tres tiros en cabeza y cuello frente al resto de los comensales que presenciaron la ejecución.
“Cuando llegamos al gobierno, nosotros entramos el 1 de octubre de 2024. En septiembre de 2024 había 87 homicidios dolosos, casi tres cada día en promedio. Y ahora, a junio de 2026, lo que llevamos del 2026, tenemos un promedio de 45.4 homicidios, promedio quiere decir que hay días que pasamos de 50 homicidios y hay días en que tenemos menos homicidios; en efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años, 21 homicidios”, se ufanó la Presidenta en su conferencia matutina ayer desde Puebla.
Aun aceptando que las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean reales, con todo y reportajes y análisis que han documentado que la reclasificación de ciertos delitos por parte de las fiscalías estatales han contribuido a hacer bajar el promedio de homicidios dolosos, hay algo que no checa y no coincide entre el discurso oficial, que habla de una baja de más del 50% en el principal indicador para medir la violencia en el país, como son los homicidios dolosos, y la realidad que viven diariamente distintas regiones del país.
Porque a los terribles asesinatos del alcalde pevemista de Temoac, contra quien ya habían atentado hace unos meses, y el brutal asesinato del periodista Leyva en Oaxaca, se suman los 10 empresarios y políticos que apenas el domingo fueron asesinados y colgados en puentes de la ciudad de Zacatecas, por sicarios del Cártel de Sinaloa que no sólo reivindicaron la masacre, sino que además amenazaron al gobernador morenista David Monreal de continuar asesinando a otros personajes zacatecanos, con mensajes en video en los que exigían “cumplimiento de acuerdos” hechos con su organización criminal.
Y a esos casos recientes podrían sumarse muchos otros homicidios dolosos reportados en los últimos días, semanas y meses a lo largo y ancho de la República y que tienen un común denominador: la impunidad y el descaro con el que actúa el crimen organizado, ya sean los cárteles de la droga, grupos huachicoleros o cualquier otra forma de organización criminal de las muchas que operan por todo el país a sus anchas y sin que la estrategia de seguridad que el gobierno presenta como exitosa, les impida o inhiba en lo más mínimo a seguir matando, extorsionando, desapareciendo a mexicanos, incluso menores de edad como está ocurriendo en Guadalajara y en todo Jalisco, o librando incluso guerras entre ellos como ocurre desde hace dos años en Sinaloa.
Y no es que sea algo exclusivo de este gobierno, el divorcio abismal entre la realidad que viven los mexicanos y el discurso oficial con sus cifras y datos halagüeños. Lo mismo hacían en su momento los gobiernos del PRI y los del PAN, como lo siguen haciendo los gobiernos de Morena que decían ser diferentes pero que, en la práctica y en su forma de gobernar, vuelven a utilizar las estadísticas hechas por ellos mismos —que además hoy ya no pueden ser revisadas vía transparencia por instituciones autónomas— para tratar de sostener un discurso falaz y feliz de que todo mejora y marcha como nunca antes había ocurrido. “El día de menos homicidios desde hace muchísimos años”.
La realidad es que, por más que las cifras oficiales digan lo contrario, la violencia criminal y narca en México está muy lejos de estar disminuyendo o retrocediendo. Los cárteles y sus grupos de sicarios siguen actuando, en los hechos y en la práctica, con tanta impunidad que no hay quien les impida entrar hasta el despacho de un alcalde para asesinarlo en la misma silla donde despachaba los asuntos de su municipio; o entrar por la fuerza a una casa de una periodista, como Roxana Guzmán, para llevársela secuestrada, sin que haya autoridad que lo impida ni que actúe con prontitud y eficacia para evitar su muerte bajo tortura.
Como no hay tampoco quien busque, encuentre o identifique, desde el gobierno, a más de 130 mil desaparecidos más las decenas y cientos que se siguen sumando cada día o quien ponga fin a la extorsión multimillonaria (calculada hasta en 1,500 millones de pesos mensuales) a los limoneros de Michoacán, o la todavía mayor extorsión a los aguacateros de ese mismo estado; o el robo de combustibles, o el secuestro y desaparición con fines de trata de mujeres y niños, por no hablar de tantos otros delitos que se cometen diaria y repetidamente en el país.
Sí, las estadísticas son un mecanismo serio y confiable para medir los niveles de violencia o la incidencia delictiva, pero la realidad actual de México es mucho más compleja que unas cifras, sus promedios y porcentajes. Esa realidad, que es la que viven los mexicanos de a pie, no se alcanza, ni se quiere ver desde la altura de los cargos políticos y gubernamentales, donde no se reconoce que la ingobernabilidad y la impunidad del narco y del crimen siguen siendo el mayor problema que enfrenta este país, junto con la colusión, corrupción u omisión de autoridades de todos los niveles, que prefieren dar discursos y presentar estadísticas positivas, porque de no hacerlo, tendrían que reconocer su fracaso e incapacidad.
NOTAS INDISCRETAS…
La caballada morenista, que se brinca las trancas de la ley y los tiempos oficiales con sus procesos internos, anda más que inquieta ante el levantamiento de las primeras encuestas que la dirigencia morenista denomina como “filtros” en los que se eliminarán a muchos aspirantes a las gubernaturas, sobre todo en estados donde se registraron demasiados suspirantes, que es el caso de la mayoría. Hay entidades donde el registro llegó hasta 16, 12 o 10 aspirantes para un total de 277 en los 17 estados en los que elegirán candidatos bajo el eufemismo de “defensores de la 4T”. En todas aquellas entidades donde haya más de 6 aspirantes registrados, se está aplicando una encuesta que eliminará a los menos conocidos y con más negativos, lo que ha desatado ya reclamos y golpeteos en los procesos, al grado que tuvo que salir la dirigente de Morena, Citlali Hernández, a pedir que se calmarán los ánimos y se respetaran las reglas de sus adelantados procesos. Veremos qué tanto le hacen caso a la famosa Citla y si los eliminados no terminan haciendo berrinche…Un buen ejemplo de la agitación interna en Morena es lo que pasa en Baja California. En momentos en que las acusaciones de ilegalidad entre la clase política de ese estado están al orden del día, y la gobernadora Marina del Pilar está en tela de juicio por sus mentiras y traiciones, a alguno de los 10 suspirantes morenistas en Baja se le ocurrió mandar presentar una denuncia “anónima” ante la FGR en contra del alcalde con licencia de Tijuana, Ismael Burgueño, y otros miembros cercanos de su círculo político, acusándolos de desvíos e ilegalidades. No se sabe quién fue, pero al que haya sido de la decena de registrados al parecer le salió el tiro por la culata. Porque, según nos dicen integrantes del equipo de campaña del alcalde tijuanense, “la Fiscalía realizó una investigación meticulosa del aspirante y no encontró absolutamente nada, al grado que la denuncia fue desechada". La pregunta que se hacen ahora los cercanos a Burgueño ya no es quién fue el Judas que los denunció, sino ¿cuántos de los otros 9 aspirantes registrados en Baja California por la gubernatura estarían dispuestos o resistirían una investigación tan profunda? ¿acaso Julieta? ¿Alfredo? ¿Jesús? Por lo pronto, los ismaelistas sostienen, con base en una encuesta publicada ayer por EL UNIVERSAL que su gallo ya se despegó de su competidora más cercana, la favorita de Marina, Julieta Ramírez…Sobre el brutal asesinato del periodista Alejandro Leyva, quien fuera director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en el gobierno del expriista y ahora morenista, Alejandro Murat, fuentes de la fiscalía de Oaxaca aseguran que el ataque armado en el municipio de San Pablo Etla, apunta a que fue ejecutado por “bandas del narcotráfico que han sido sometidas los meses recientes por el gobierno federal en esa entidad”. El crimen ocurrió en un puesto de comida en el interior del fraccionamiento La Esmeralda, donde un sicario armado le disparó al periodista crítico del gobierno de Salomón Jara, por lo que se piensa que el objetivo del asesinato fue el de desestabilizar el gobierno justo en los días en que se realiza la Guelaguetza, la fiesta más importante del estado. Las investigaciones las realiza la Fiscalía estatal en coordinación con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en delitos contra la libertad de expresión. Ayer el fiscal estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, se presentó personalmente en el lugar donde ejecutaron a Francisco Alejandro Leyva, conocido en redes y por su columna como “El Moscardón” y, aunque declaró que aún no hay líneas de investigación sobre el asesinato del comunicador, dijo que se investigará a partir de su labor como periodista. Anoche el gobernador Salomón Jara condenó el asesinato de Alejandro Leyva. Dijo que a pesar de ser un periodista crítico con su gobierno, eso no justifica la brutal violencia en su contra. Indicó que además de la Fiscalía Estatal, se sumará a las investigaciones la Fiscalía General de la República y pidió evitar las especulaciones y conjeturas anticipadas en este violento asesinato. De acuerdo con los datos reportados por organismos como Reporteros Sin Fronteras, Articulo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas, en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum han asesinado en México a 19 periodistas…Los dados mandan Serpiente Doble. Caída libre.
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El brutal mensaje de Temoac/Héctor De Mauleón
El Universal, | 23/07/2026 |
Horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera el anuncio de que el próximo viernes viajaría a Morelos para encabezar ahí el Gabinete de Seguridad y ofrecer la llamada “mañanera del pueblo”, el alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado el mediodía de ayer, dentro de sus propias oficinas en el Ayuntamiento, por dos sujetos que luego huyeron en motocicleta rumbo a Popotlán.
La ambulancia que iba en auxilio del alcalde no llegó a su destino. A poco de iniciar el trayecto se informó a los paramédicos que Lavín Romero había perdido la vida a consecuencia de sus heridas.
La Presidenta envió hace unos meses al oriente de Morelos, 1,200 elementos de la Guardia Nacional con la intención, según dijo, de frenar la violencia y detener el avance de los grupos delictivos.
El refuerzo militar no solo no ha logrado reducir el clima de violencia que sacude el estado: integrantes de uno de los grupos criminales que imperan en el oriente de la entidad penetraron en la sede misma del gobierno para acribillar al alcalde.
El mensaje es brutal.
Lavín Romero, abanderado del Verde Ecologista y presidente de Temoac por segunda ocasión, estaba incluido en la lista de 16 alcaldes de Morelos vinculados al crimen organizado que el año pasado la Secretaría de Seguridad Pública estatal envió a la Fiscalía General de la República.
Sus vínculos eran claros y se hallaban a la luz del día. El 31 de enero pasado el alcalde de Temoac sobrevivió a un atentado en la carretera México-Oaxaca, a la altura de Acayuca. Motociclistas tirotearon su camioneta y lo hirieron en la cadera. Se ausentó del cargo “en lo que se recuperaba”.
Estaba vivo aún el escándalo de la detención de su suegra, Andrea Angelina Zamora Castilla, La Patrona de Temoac, tesorera del municipio y líder de los Huazulcos, un grupo delictivo, conocido también como Los Aparicio, que opera en Zacualpan, Jantetelco, Jonacatepec y Cuautla, y se halla enfrentado con la célula del Cártel del Pacífico que dirige Júpiter Araujo, El Barbas.
La suegra del alcalde fue detenida en noviembre de 2024 al lado de 11 integrantes del grupo criminal, con tres armas largas calibre .223, cinco cortas, 9 celulares, metanfetaminas, cocaína y mariguana. Las autoridades la acusaron de secuestro exprés agravado, extorsión, portación de armas y narcomenudeo. Al final, la fiscalía local no logró acreditar las acusaciones y Zamora Castilla quedó en libertad cuatro meses más tarde.
En diciembre de ese año se anunció la captura de Fernando Tajonar, El Tajonar, quien actuaba como brazo derecho de la tesorera. Al mismo tiempo, en una serie de cateos, uno de estos realizado incluso en la comandancia municipal, fueron detenidos dos agentes que portaban armas largas que no eran las del cargo, se hallaban en posesión de droga y fueron señalados como halcones de los Huazulcos.
En junio de 2025, durante un operativo en el que tomaron parte la Secretaría de Seguridad federal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, la suegra del alcalde fue aprehendida por segunda ocasión al lado de cinco integrantes de los Huazulcos. Actualmente se encuentra recluida en el penal de Atlacholoaya.
Según fuentes estatales, su esposo, Arturo Romero Aparicio, recluido en una prisión de Puebla desde hace varios años bajo cargos de secuestro, es el verdadero líder de los Huazulcos o los Aparicio: tiene bajo su control el cobro de cuotas en la cárcel y opera desde ese sitio a través de uno de sus hijos -cuñado del presidente municipal asesinado.
Había una primera señal de lo que vendría cuando a fines de 2018, siendo Valentín Lavín Romero presidente electo de Temoac, tres familiares de su esposa, una de estas una menor de edad, fueron ejecutadas en su domicilio.
Toda esta información fue entregada a autoridades federales a la llegada de la gobernadora Margarita González Saravia, y formaba parte del mismo paquete que señalaba los vínculos de otros alcaldes -el de Tlaltitenango, el de Amacuzac, el de Cuautla, entre otros- con el crimen organizado.
Guardias Nacionales, “Murciélagos” del Ejército, helicópteros, unidades militares y motopatrullas, fueron enviados hace unos meses a reforzar el oriente de Morelos. Nada de esto impidió que dos gatilleros entraran al Ayuntamiento, asesinaran al alcalde y escaparan sin que nadie los molestara.
Se anuncia ahora el operativo de rigor “para dar con los responsables”. La realidad se le adelanta otra vez a la Presidenta, que pensaba o piensa encabezar mañana el Gabinete de Seguridad, y encontrará una región hundida en la inseguridad y en la violencia, herida por la demostración de impunidad que un grupo del crimen organizado ha llevado a cabo.
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El “deslinde” de Sheinbaum con López/Azucena Uresti
El Universal | 23/07/2026 |
Hay formas de admitir que una estrategia fracasó sin decirlo de manera explícita. La más contundente es mostrar resultados. Y eso es justamente lo que hoy ocurre en México con las cifras de homicidios dolosos, las cuales alcanzaron cifras récord en 2020 y 2021, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por razones políticas y por pertenecer al mismo movimiento (Morena), a la presidenta Claudia Sheinbaum le ha sido difícil reconocer los errores del gobierno de su antecesor, entre ellos la estrategia de “abrazos, no balazos” que prevaleció durante toda su administración. Sin embargo, hoy los datos oficiales hablan por sí mismos y establecen un contraste difícil de ignorar, evitando así la necesidad de una confrontación o un deslinde público por parte de la mandataria.
El martes se reportaron en nuestro país 21 asesinatos. 18 de las 32 entidades reportaron este delito en ceros. Se trata de la cifra más baja desde el primero de enero de 2019, cuando el Gabinete de Seguridad federal comenzó a publicar los homicidios dolosos diarios registrados el día inmediato anterior.
En lo que va de este sexenio, el promedio de personas asesinadas cada día es de 60. Se trata de 14 más que en el gobierno de Felipe Calderón; cinco menos que en el de Enrique Peña Nieto; y 31 menos que en el de López Obrador, cuyo sexenio concluyó con el mayor número absoluto de asesinatos de la historia reciente del país. Si la estrategia actual fuera exactamente la misma, difícilmente los resultados serían tan distintos.
La reducción de este delito es una noticia positiva, sí, pero de ninguna manera significa que la crisis de violencia haya terminado.
México sigue siendo escenario de masacres; como las registradas recientemente en Tabasco, Zacatecas y Guanajuato.
También se siguen hallando cuerpos embolsados; como en Veracruz, donde la gobernadora morenista, Rocío Nahle, trata de lavarse las manos afirmando que las víctimas halladas el lunes son “restos humanos de larga data”.
Los periodistas siguen siendo amenazados y asesinados; como en Coahuila, donde el 13 de julio, sujetos intentaron irrumpir en la casa del periodista independiente, Ángel Maldonado. Lo amenazaron con levantarlo, pero desde entonces ha sido ignorado por el Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Hoy teme por su vida. Mientras, en Oaxaca, apenas ayer fue asesinado el periodista Alejandro Leyva. Tres disparos de arma de fuego silenciaron una voz que jamás podrá defenderse, ni defender a otros. Además mientras escribo este texto me entero del asesinato del alcalde de Temoac, Morelos; ingresaron al palacio municipal y le dispararon, hace unos meses ya habían atentado contra su vida, nadie lo protegió y el segundo atentado fue definitivo.
Reducir los homicidios es un avance que debe reconocerse, pero solo cuando ese indicador se traduzca en paz para la población podremos decir que el Estado está cumpliendo plenamente con su responsabilidad.
Bien por la Presidenta y su equipo de seguridad, cuyo trabajo y disciplina parecen dar frutos. Ojalá esa misma determinación se aplique también para combatir la corrupción, el desvío de recursos, el nepotismo, la infiltración del crimen organizado en la política, la crisis del sistema de salud y otros problemas heredados del desastroso sexenio anterior.
@azucenau
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¿Vas a venir, Claudia?/Luis Cárdenas
El Universal, | 23/07/2026 |
Claudia, ¿vas a venir?. Así, por teléfono, Donald Trump invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum a la final del Mundial. La Presidenta atendió la invitación y no es para menos: Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y de seguridad, hay más de 40 millones de mexicanos del otro lado del Río Bravo y, sí, la foto era importante.
Me parece muy lastimoso, en cambio, que haya decidido omitir su presencia en el Estadio Azteca el pasado 11 de junio, en la inauguración del Mundial, donde pudo haber sido un ejemplo para el mundo. El dato no es menor: en 96 años de copas del mundo, desde Uruguay 1930, ningún gobernante de un país anfitrión había faltado a la inauguración en su propia casa. Ella fue la primera. Pudo haber aprovechado ese momento, pudo haberse empapado del pueblo, pudo ser la primera mujer en inaugurar un Mundial, un deporte predominantemente masculino, pudo haber tantas cosas… Pero prefirió los ambientes controlados, ni modo, se perdió una oportunidad de oro para la historia.
El corifeo cuatrotero presume a una Presidenta que, casi, casi, salvó la patria con su presencia, pero los hechos parecen contradecir la narrativa.
Al día siguiente de la final, Trump firmó aranceles de 50 por ciento contra Canadá —contra el mismo Mark Carney que estuvo sentado en el palco—, amparado en una ley de 1930. Y para México viene una negociación complicada: es verdad que la mayoría de nuestras exportaciones sigue entrando sin arancel, pero Washington se negó el 1 de julio a extender el T-MEC por dieciséis años más y dejó el tratado bajo revisión anual. Esta misma semana los equipos negocian en la Ciudad de México. Si algo hemos librado en materia arancelaria, no parece ser resultado por la foto de Nueva York.
Hay otro punto que me llama poderosamente la atención y que me preocupa: el informe de cien páginas que presentó el secretario de Estado, Marco Rubio, titulado "Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI".
Ahí, Washington vuelve a señalar la presencia en nuestro territorio de altos mandos de la inteligencia rusa que se hacen pasar por diplomáticos para espiar a Estados Unidos.
No es nuevo: se viene documentando desde 2022, cuando el general Glen VanHerck, entonces jefe del Comando Norte, declaró ante el Senado estadounidense que en México operaba la mayor concentración de agentes del GRU en el mundo, y The New York Times reveló después que la CIA entregó al gobierno mexicano una lista con más de dos docenas de presuntos espías rusos con estatus diplomático. La presencia de espías rusos es peligrosa para la relación bilateral y para nuestra propia seguridad nacional.
¿Qué diablos se nos perdió en Moscú? Los números no admiten discusión: en 2025 le vendimos a Estados Unidos 534 mil 874 millones de dólares, récord histórico. A Rusia, apenas unos 30 millones de dólares. Dicho de otra forma: le vendemos más a Estados Unidos en un solo día que a Rusia en todo un año. Ese es el tamaño de la desproporción entre lo que nos jugamos con Washington y lo que coqueteamos con el Kremlin.
Y por si la semana necesitara otro recordatorio incómodo, el mismo lunes de los aranceles y del informe, un juez de Brooklyn sentenció a cadena perpetua a Ismael "El Mayo" Zambada y ordenó un decomiso de 15 mil millones de dólares. Medio siglo de imperio criminal construido en México y desmantelado, procesado y sentenciado allá.
Por eso la pregunta del teléfono no puede quedarse en anécdota simpática. Trump preguntó y la Presidenta fue; hizo bien. Pero las citas que vienen —el tratado, los aranceles, los espías y el crimen organizado— no serán de cortesía, ni tendrán palco, ni Balón de Oro.
Y la pregunta seguirá sonando, cada vez con menos amabilidad: ¿vas a venir, Claudia?
@LuisCardenasMX
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Preguntas para la CNDH dirigida por Rosario Piedra/Maite Azuela
El Universal, | 23/07/2026 |
¿En qué momento una comisión de derechos humanos comienza a parecer más preocupada por la reputación de las instituciones, en especial por el ejército, que por la confianza de las víctimas?
La pregunta surge inevitablemente después de leer la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa. No porque el documento deba ser inmune a la crítica o porque las conclusiones del GIEI sean un dogma. Las recomendaciones de la CNDH son discutibles por definición. Lo que sorprende es el lugar desde donde parece construirse el razonamiento institucional. La Constitución imaginó un ombudsman dispuesto a mirar al poder con desconfianza. Hoy muchos colectivos encuentran una institución que observa con mayor severidad a quienes cuestionan al Estado que al propio Estado.
¿Por qué dejó de ser prioritario preguntarse qué información permaneció oculta y comenzó a ser prioritario desacreditar a quienes la buscaron?
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes llegó a México porque el propio Estado aceptó que había perdido credibilidad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes. Sus informes modificaron el rumbo del caso. Derrumbaron la llamada "verdad histórica", documentaron irregularidades procesales, señalaron actos de tortura y evidenciaron la existencia de información militar relevante que permanecía fuera del expediente. Puede debatirse alguna de sus conclusiones; lo que resulta difícil es negar que cambió para siempre la comprensión del caso Ayotzinapa.
¿Cómo es que ahora las organizaciones que acompañan a las víctimas comenzaron a ocupar el lugar de los sospechosos?
El Centro Prodh lleva más de tres décadas litigando casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Su trabajo ha contribuido a construir criterios de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana. En cualquier democracia madura, un organismo nacional de derechos humanos encuentra en esas organizaciones un aliado incómodo, pero indispensable. Cuando la energía institucional se desplaza hacia la confrontación con quienes documentan abusos, el debate deja de concentrarse en los hechos y comienza a girar alrededor de quienes los revelan.
¿Puede existir un escrutinio suficiente cuando las Fuerzas Armadas concentran el mayor poder civil de su historia reciente?
La pregunta resulta pertinente. El Ejército administra hoy puertos, aduanas, aeropuertos, empresas públicas, obras de infraestructura y participa de manera permanente en tareas de seguridad. El constitucionalismo moderno enseña una lección sencilla: mientras mayor es el poder, mayores deben ser los controles. Esa lógica no expresa desconfianza hacia una institución en particular; constituye una garantía para cualquier democracia.
¿Contribuyó el caso del general Salvador Cienfuegos a tambalear ese equilibrio?
La exigencia de su repatriación desde Estados Unidos pudo sostenerse en razones de soberanía. La exoneración posterior correspondió a la Fiscalía General de la República. Lo que marcó un cambio de clima político fue la reivindicación pública de su honor y del prestigio institucional del Ejército. Ese episodio instaló una narrativa que privilegió la protección de la institución militar frente al costo político que implicaba mantener abiertas las dudas. Desde entonces, cualquier decisión relacionada con las Fuerzas Armadas se analiza bajo esa sombra.
¿Quién ocupa hoy el centro de gravedad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?
La pregunta adquiere especial relevancia bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra. Su historia familiar hacía pensar en una institución particularmente sensible frente al dolor de las víctimas de desaparición forzada. Esa expectativa no nació de un cálculo político; surgió de una biografía marcada por la búsqueda de un desaparecido y por décadas de confrontación con un Estado que negaba responsabilidades. Precisamente por ello, el contraste entre aquella esperanza y la percepción que hoy expresan numerosos colectivos resulta tan profundo.
¿Puede una institución conservar autoridad moral cuando las víctimas comienzan a dudar de su independencia?
La autoridad de la CNDH nunca dependió de la fuerza de sus recomendaciones. Dependió de la confianza que inspiraba. Una recomendación puede ser impecable desde el punto de vista jurídico y, aun así, perder eficacia si quienes buscan justicia consideran que la institución ya no observa al poder con la distancia que exige su mandato constitucional.
México supera las ciento treinta mil personas desaparecidas. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ha advertido sobre los elevados niveles de impunidad que persisten en estos delitos. Las madres buscadoras siguen encontrando fosas antes que las autoridades. Ese contexto convierte cada decisión de la CNDH en algo más que un debate jurídico. Cada palabra del ombudsman nacional contribuye a fortalecer o debilitar la confianza de quienes esperan verdad.
¿Quién defenderá a las víctimas cuando el organismo creado para vigilar al poder deja de ser percibido como el contrapeso más confiable frente a ese mismo poder?
@MaiteAzuela
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No necesitan a El Mayo/Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
Muchas veces hemos dicho que en términos de seguridad y alineamiento internacional, el gobierno federal, como lo hacía López Obrador, sigue pensando y concibiendo el mundo en términos de la guerra fría, sin comprender que ese mundo desapareció hace mucho tiempo, no sólo en términos políticos e ideológicos sino también tecnológicos y legales.
Muchos han estado preocupados, o simplemente ocupados, pensando en qué podrá divulgar, por ejemplo, Ismael El Mayo Zambada si colabora con las autoridades de los Estados Unidos (una colaboración que ya se está realizando, aunque sea “no tradicional”, como dijo su abogado Frank Pérez). Sin duda puede decir muchas cosas, luego de una carrera de medio siglo en el crimen organizado. Como lo pueden hacer, lo están haciendo, el centenar de criminales que envió México y que están siendo juzgados en Estados Unidos, muchos de los cuales ya son testigos protegidos, o funcionarios como Gerardo Mérida, ex secretario de seguridad o Enrique Díaz, el ex secretario de finanzas de Sinaloa, ambos colaborando con la justicia de la Unión Americana.
Pero en todo caso, lo que los fiscales estadounidenses necesitan son declaraciones para judicializar esa información, porque del crimen organizado saben todo o casi todo respecto a lo que ocurre en México. La inteligencia cibernética estadounidense tiene una dimensión difícil de comprender cuando se la asume desde escalas nacionales.
La Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) captura miles de millones de comunicaciones al día. Esto se logra mediante la conexión directa a la infraestructura troncal de internet a nivel mundial y la recopilación de enormes cantidades de metadatos telefónicos y de internet, todo esto dentro de sus capacidades denominadas Signal Inteligence (SIGINT).
Según Santiago Carrasco, quien me facilita muchos de estos datos, la NSA tiene varios programas específicos como el de seguimiento de ubicación de teléfonos móviles que intercepta cerca de cinco mil millones de registros diarios. Los mensajes de texto se revisan con el programa Dishfire que extrae datos de geolocalización y otra información de 200 millones de mensajes de texto diarios a escala global.
Los programas de vigilancia en la red troncal (upstream) procesan más de mil 700 millones de correos electrónicos y mensajes instantáneos al día, los cuales son filtrados buscando palabras clave y patrones específicos.
Según información de la propia NSA, si bien por Internet circulan aproximadamente mil 826 petabytes de información al día, la agencia accede a cerca del 1,6 por ciento de dicho volumen, una fracción de la cual se selecciona activamente para su revisión y almacenamiento. En el contexto específico del conflicto entre Rusia y Ucrania, existe una operación de inteligencia de señales que rastrea 42 mil comunicaciones diariamente entre militares de la estructura de mando rusa. ¿Cuántas serán entre civiles y militares en México?
Para lograrlo la NSA ha construido una red global de estaciones terrestres, cables submarinos y sistemas de interceptación por satélite que pueden captar comunicaciones electrónicas en todo el espectro electromagnético. Con la ayuda de empresas de telecomunicaciones, la NSA lleva a cabo este espionaje aprovechando directamente la red troncal de Internet dentro de los Estados Unidos y otros países, la infraestructura física que transporta las comunicaciones en línea de los estadounidenses y de muchos otros lugares del mundo. Después de copiar prácticamente todo el tráfico internacional basado en texto, la NSA busca en este tráfico términos clave, llamados “selectores”, que están asociados con sus muchos objetivos.
Dentro de los Estados Unidos, la NSA lleva a cabo la vigilancia ascendente bajo la autoridad de la Ley de Enmiendas de la Foreign Intelligence Surveillance Act de 2008, que establece que la NSA puede participar en cierta vigilancia, sin orden judicial, de los estadounidenses que se comunican con objetivos en el extranjero. También dice que la NSA puede atacar a casi cualquier extranjero sin revisión judicial si sospecha de irregularidades, lo cual se fortalece con las leyes antiterroristas como las que se aplican a los cárteles mexicanos, a todos sus patrocinadores, cómplices o beneficiarios.
Hay ejemplos notables de cómo se combinan estos operativos cibernéticos y tradicionales y como se aplican a beneficiarios e impulsores de estrategias consideradas terroristas. Por ejemplo, para combatir cárteles que considera terroristas, como los talibanes, esa agencia logró identificar y aprender, usando tecnología cibernética y métodos tradicionales a los tres principales impulsores de esa organización narcoterroristas: Haji Bashir Noorzi, Haji Juma Khan y Haji Bashko. Ellos fueron quienes desarrollaron el modelo financiero de traficar con opioides para financiar las actividades terroristas y políticas de los talibanes. Los tres están detenidos en la Unión Americana.
El modelo es transparente y lo explicitaba apenas el lunes el director de la DEA, Terry Cole: su gobierno tiene capacidades para perseguir y detener a facilitadores, fundadores, y estrategas financieros y políticos, no sólo líderes y operadores de los cárteles. Y esa estrategia cruza la política con el crimen.
El mensaje no debería ser tan difícil de entender en México.
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Ruffo y la arbitrariedad legalizada
Día con día/Héctor Aguilar Camín
Milenio
Creo que es clara y exacta la cabeza que puso Gil Gamés a su columna de antier en MILENIO: “Ruffo detenido: sin la razón y por la fuerza”.
Es clara y exacta incluso para los simpatizantes del régimen, y para el régimen mismo: lo de Ruffo es un exceso, un abuso de la ley y una advertencia. La arbitrariedad es el mensaje y el gobierno está de acuerdo con eso: eso es lo que quiere transmitir.
Está la pradera llena de huachicoleros impunes, descritos y acusados por el mismo gobierno, todos ellos de Morena, pero el gobierno se va a buscar en las yerbas marginales de la pradera a un presunto miembro de la tribu huachicola, para presentarlo como el huachicolero mayor.
Dan risa, salvo porque no dan risa: dan cárcel. Y se la dan a un adversario político, histórico por el PAN y actual, por la pertenencia de Ruffo al consejo de un nuevo partido de oposición: Somos México.
Dan risa, pero dan cárcel. Y este es el hecho central: Ruffo está en la cárcel, los demás están libres; el gobierno encarcela a quien escoge, sin la razón y por la fuerza, como dice Gil Gamés. Es el mensaje evidente.
El gobierno hace esto, además, utilizando la ley, la ley de prisión preventiva ampliada que se ha dado con sus mayorías fabricadas, para legalizar sus caprichos políticos y sus arbitrariedades gubernativas.
Y este es el mensaje mayor: con la ley en la mano, escrita por ellos, con los jueces en la mano, elegidos por ellos, con la fuerza del gobierno que está en sus manos, al margen de toda razón política que no sea la razón del poder, el gobierno puede privar de la libertad a quien quiera.
“No evitemos la obviedad”, dice Gamés: “Mientras en un operativo de alta gama detuvieron a Ruffo, Rocha Moya asoma la cabeza y dice que él está tranquilo en su casa, que como la Martina allí se ha estado sentado, no se ha movido de ahí. Gil ignora cuándo se afilió Ruffo a Somos México, pero de paso el estado policiaco le da un golpe al nuevo partido. Malo, malo”.
Muy malo.
La arbitrariedad legalizada es el mensaje.
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JPor qué no hay inversión, otro argumento
Pensándolo bien/Jorge Zepeda Patterson
Milenio,
En este espacio, como en el de muchos otros analistas, hemos dado cuenta de los esfuerzos de Claudia Sheinbaum para promover la inversión de parte de los empresarios y generar la activación económica y los empleos que el país tanto necesita. De igual forma se han descrito los aciertos y desaciertos que el gobierno ha realizado en esta materia y el hecho de que hasta ahora no está sucediendo o lo hace en términos muy modestos. Una de las razones más citadas, y la preferida de críticos y oposición, es la desconfianza que genera en los empresarios las actitudes, errores y disposiciones del gobierno de la 4T. En particular la que tiene que ver con la reforma judicial y el control que ejerza el poder político en los tribunales.
Sin duda, es un factor mencionado por los empresarios. Pero habría que insistir que el grueso de la explicación está en otro lado, por más que las disputas en la arena política enfaticen una causa en detrimento de otra. En esencia los empresarios invierten o dejan de hacerlo en función del rendimiento esperado y del riesgo que entrañe esa inversión. Pero su principal riesgo no es que el gobierno vaya a dañar su negocio o puedan perderlo en tribunales; su temor es que las condiciones económicas sean demasiado volátiles para garantizar la estabilidad mínima que requiere una nueva operación. Y la razón para esa falta de estabilidad es, simple y llanamente, el vuelco que ha experimentado el contexto a partir del tsunami económico que tiene al mundo de cabeza.
Nada que no enfrenten otros países, pero quisiera advertir la peculiaridad en la que se encuentra México. Para decirlo rápido, Trump necesita a México como trampolín, para terciar las mercancías, maquinaria e insumos que Estados Unidos requiere de China y su esfera de influencia. Está atrapado, como en Irán, en una promesa que no puede cumplir. Por desgracia una simulación no reconocida que impide avanzar el nearshoring o la industrialización que sustituya importaciones. Me explico.
Durante 35 años apostamos a la integración comercial con Estados Unidos y la industrialización subordinada a las cadenas productivas del norte. Cometimos el error de no crear las líneas de abastecimiento nacionales para apoyar este esfuerzo exportador; es decir, no generamos efectos multiplicadores porque recurrimos a la importación de insumos y maquinaria desde Oriente. México se convirtió en una potencia exportadora, pero a diferencia de Corea o China, creció apenas un 2 por ciento anual en lo que va del siglo, y con enormes diferencias por regiones, sectores económicos y grupos sociales.
Lo que sucedió con el arribo de Trump es una variante ampliada y distorsionada de lo que ya era un mal arreglo. Pese a toda la hostilidad del republicano y la aplicación de aranceles específicos a algunas mercancías mexicanas, nuestro país desplazó a China como principal proveedor del mercado estadunidense y la diferencia aumenta mes con mes. No hay ninguna ciencia en ello, las tarifas promedio que se aplican a nuestras mercancías siguen siendo más bajas que las del resto del mundo. Por desgracia esto no ha sido resultado del famoso nearshoring o la relocalización industrial, sino de la intermediación.
México exporta más de 50 mil millones de dólares mensuales a Estados Unidos, un salto de casi el doble de lo que enviábamos hace dos años; pero las importaciones han crecido con la misma velocidad y en ocasiones aún más. Lo que traemos de China y de los países vinculados a su esfera también se ha multiplicado. No han surgido fábricas ni los consiguientes empleos destinados a sustituir importaciones de Oriente. Lo que sí ha brotado es una febril actividad comercial, imaginativa y cambiante, para mover mercancías por vías que desafían las represalias y obstáculos impuestos formalmente por Washington. Por desgracia esos arreglos comerciales, muchos de ellos efímeros, representan una opción mucho más segura que invertir en proyectos industriales de mediano o largo plazo propios de un nearshoring.
En ese sentido, si nuestro ritmo de crecimiento ya era de por sí precario y los niveles de inversión del empresariado eran modestos, la enorme inestabilidad provocada por el nuevo (des) orden que sacude al mundo, hace de la economía mexicana una incierta paradoja. Una que no habrá de despejarse fácilmente porque estamos atrapados en el fracaso de Trump; la imposibilidad de que la realidad se ajuste a su absurda aspiración: que los productos que consumen los estadunidenses sean producidos en su territorio con costos similares a los de México o China.
Trump asestará piñatazos a diestra y siniestra esgrimiendo tarifas con un pretexto u otro, queriendo convencerse a sí mismo y a su electorado de haber conseguido una ventaja, pero con nulos resultados. La aplicación de un arancel simplemente encarece el producto para los hogares estadunidenses. Nunca reconocerá que México es el aliado natural para producir en Norteamérica algo o mucho de lo que se trae de China y sus satélites. Seguirá engañándose con un arreglo que no beneficia a nadie. No puede prescindir de la función de trampolín que desempeña México porque provocaría carencias de productos finales e insumos que necesita su mercado o los obtendría a precios excesivos. Pero tampoco permitirá que se hagan aquí; todo lo contrario, su permanente berrinche por el desequilibrio comercial entre Estados Unidos y México y su deseo de mantener en vilo el tratado T-MEC, perpetúa una incertidumbre que, con toda razón, introduce riesgos que para la mayoría resultan excesivos.
No hay una estrategia clara para neutralizar o compensar esta zozobra, ni forma de predecir (o apaciguar) los arrebatos de Trump, más allá de la prudencia necesaria para no provocarlos. Algo puede hacerse en los estrechos márgenes que las circunstancias ofrecen a las élites políticas y económicas, que al menos han comenzado a compartir criterios y conversar diferencias. Explorar estas posibilidades escapa a los límites de este texto, pero me parece que mucho se gana con el mero hecho de ponderar las razones por las cuales padecemos una crisis de inversión. El riesgo de sobre politizar la explicación (“la culpa de la falta de inversión es del gobierno de la 4T”) es que subestima la magnitud y el hecho de que estamos atrapados en una situación inédita.
No pretendo minimizar el peso que la inseguridad, las extorsiones o el incremento en los salarios tiene en el pesimismo de muchos empresarios. Pero mal haríamos en subestimar, como me parece que se está haciendo, la intensidad de la tormenta que nos sacude.
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No habrá elecciones
JAQUE MATE / Sergio Sarmiento
REFORMA. 23 julio 2026;
"Las dictaduras carecen de imaginación, repiten sus mentiras, su saña, sus odios y sus caprichos". Sergio Ramírez
Por lo menos habrá que agradecer a Daniel Ortega su sinceridad: "Ya quisieran ellos [la oposición] ganar elecciones para hacer reales [ganar dinero] con las escuelas. Aquí no volverá a haber elecciones, para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder".
Hace mucho que Ortega, de 81 años, es un dictador, pero ahora no realizará ni siquiera ese ejercicio formal electoral para pretender que Nicaragua es una democracia. Incluso Cuba tiene elecciones, aunque no son democráticas.
Ortega fue uno de los líderes de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle en 1979. Formó parte de la primera junta de gobierno con el escritor Sergio Ramírez y la editora Violeta Barrios de Chamorro, viuda del director de La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978. Ortega fue Presidente por elección de 1985 a 1990. En 1990 se presentó a la reelección y fue derrotado por Violeta Barrios. Se postuló nuevamente en 1996, pero lo venció Arnoldo Alemán. En 2001 perdió nuevamente. En 2006 buscó otra vez la presidencia, promoviendo mensajes sobre Dios, el amor y la reconciliación, y prometió respetar la propiedad y las libertades individuales. Esta vez triunfó con el 37.99 por ciento de los votos. Desde entonces está en el poder. En 2014 modificó la Constitución para permitir su reelección indefinida y decretar leyes sin pasar por el Congreso.
No es inusual que un revolucionario se convierta en dictador. Hemos visto a Napoleón, Lenin, Mao, Fidel Castro, Hugo Chávez y muchos más. Pero Ortega es más patético. Con los años se ha vuelto crecientemente autoritario e irracional. Ha reprimido de forma sanguinaria a quienes protestan, ha expulsado a los disidentes y los ha despojado de su nacionalidad y propiedades, ha cancelado los registros de las organizaciones no gubernamentales, ha perseguido a la Iglesia y a sacerdotes y obispos, ha hostigado a medios de comunicación y periodistas independientes. Quienes expresan cualquier crítica al régimen son tildados de agentes extranjeros, traidores a la patria o criminales, y se les reprime y persigue judicialmente.
A su esposa Rosario Murillo, de 75 años, la hizo primero vicepresidenta, pero después la designó copresidenta. Ella ha llenado las principales avenidas de Managua con altares y estructuras metálicas, conocidas como "árboles de la vida", que mezclan cultos cristianos y esotéricos.
Ernesto Cardenal, sacerdote y escritor, izquierdista comprometido, fallecido en 2020, fue miembro del Frente Sandinista y ministro de Cultura, pero abandonó el sandinismo en 1994 por el autoritarismo de Ortega. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, fue detenido en 2022 y condenado en 2023 a 26 años de cárcel por "traición a la patria"; finalmente fue expulsado del país y despojado de su nacionalidad nicaragüense. Contra Sergio Ramírez, ganador del Premio Cervantes, se giró una orden de aprehensión en 2021 mientras viajaba a España; en 2023 se le retiró la nacionalidad mientras que su casa, con todo y su amada biblioteca, fue confiscada. Gioconda Belli, quien también fue parte del sandinismo, fue despojada de su nacionalidad nicaragüense en 2023.
A pesar de las violaciones a los derechos humanos, Nicaragua fue reelecta en abril como miembro del Comité de Organizaciones No Gubernamentales del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas para 2027-2030. A este comité pertenecen también Cuba y México. Nuestro país mantiene relaciones diplomáticas normales con Nicaragua. Las violaciones a los derechos humanos no le molestan a la 4T.
· INMUNIDAD
El gobierno estadounidense ha pedido al Departamento de Justicia que garantice la "inmunidad judicial" de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una demanda civil en Florida. Al presidente Trump no le interesan ni la justicia ni la democracia.
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