Reforma a la nacionalidad: degradación constitucional /Ignacio Morales Lechuga
El Universal, | 09-09-26 |
La iniciativa presidencial sobre “nacionalidad única” parte de una confusión jurídica que estigmatizará a un sector de ciudadanos. Nuestra Constitución distingue dos categorías que el contenido de la reforma mezcla: Nacionalidad y ciudadanía.
Los artículos 30 a 32 regulan quién es mexicano; los artículos 34 a 38 regulan quién, siendo ya mexicano, adquiere la condición de ciudadano y con ella los derechos políticos. Un menor nacido en México es nacional mexicano y todavía no es ciudadano; un adulto puede perder la ciudadanía sin dejar por ello de ser mexicano. La nacionalidad expresa pertenencia jurídica al Estado; la ciudadanía determina participación política. Convertir la coexistencia de dos nacionalidades en una presunción de lealtad dividida confunde pertenencia con conducta y termina juzgando la biografía antes que los actos.
La reforma de 1997 reconoció que adquirir otra nacionalidad no debía arrancar a los mexicanos el derecho de serlo. La iniciativa exige a quien recibió otra nacionalidad al nacer a renunciar a ella. Dos mexicanos con idéntica vida pública, iguales obligaciones y la misma ciudadanía quedarían separados por un simple accidente biográfico: uno podría aspirar al gobierno de su estado; el otro que nació fuera, tendría que extinguir jurídicamente una nacionalidad que nunca pidió.
La torpeza aumenta al observar el remedio. México puede regular la nacionalidad mexicana, sin embargo carece de poder para extinguir una nacionalidad extranjera; a ello se suma la regresividad. El artículo 1º constitucional obliga a respetar la progresividad de los derechos humanos, y el derecho a votar o a ser votado. La iniciativa reduce el universo de ciudadanos elegibles mediante una condición que, en muchos casos, nació con ellos y nunca dependió de su voluntad.
La República ya dispone de instrumentos para sancionar deslealtades verificables sin fabricar una categoría de mexicanos "incompletos" obligados a acreditar fidelidad mediante una renuncia extranjera.
Todavía queda el problema de la certeza electoral. El artículo 105 constitucional exige que las normas electorales aplicables a un proceso sean promulgadas y publicadas al menos noventa días antes de su inicio y prohíbe durante éste modificaciones legales fundamentales. En 2027 se elegirán diecisiete gubernaturas y los procesos electorales 26-27 están entrando en su fase formal. Si el Congreso pretende que la nueva exigencia opere en esas elecciones, violará la Constitución y la ley. La lealtad republicana se acredita cumpliendo la ley y respondiendo por los actos propios. Medirla por el número de nacionalidades reemplaza la responsabilidad por la sospecha y empobrece, otra vez, nuestra idea de ciudadanía.
Si el peligro que se invoca fuese realmente la injerencia extranjera, resultaría difícil explicar por qué la sospecha alcanza únicamente a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mientras deja intactos a diputados locales y federales, senadores, secretarios de Estado, altos funcionarios, directores de organismos y a toda una burocracia que también decide, ejecuta, contrata, regula y administra poder público. Una segunda nacionalidad tendría que ser peligrosa allí donde existiera capacidad de influencia estatal, no únicamente en los cargos sometidos a una competencia electoral que preocupa al oficialismo.
La selección revela entonces el carácter contingente de la reforma: se construye un valladar constitucional alrededor de ciertas candidaturas porque existe el temor político de que alguien, cuyo nombre no puede escribirse en la Constitución sin exhibir la dedicatoria, pueda presentarse ante los electores y triunfar.
Cuando una mayoría reforma las condiciones de elegibilidad para cerrar el paso a la persona que teme enfrentar en las urnas, la Constitución deja de ordenar la competencia y comienza a ser utilizada para administrarla. Esa es quizá la degradación más seria de todas, porque una democracia conserva su dignidad mientras quienes gobiernan aceptan la posibilidad de perder.
Notario y exprocurador general de la República
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