Narco-terror, encrucijada para el EPR/Jorge Lofredo, investigador del Centro de Documentación de los Movimientos Armados
Tras el atentado ocurrido en la noche del grito: ¿ha variado el escenario para el Ejército Popular Revolucionario?
Desde abril de este año, la coyuntura sigue delimitada a un único espacio: la continuidad de la tregua eperrista mediante las gestiones de la Comisión de Mediación para conocer lo ocurrido con los desaparecidos. Ambos, Mediación y EPR, se encuentran frente a la encrucijada que plantea el silencio de la administración federal. Y la pregunta se torna inevitable: ¿cuánto tiempo más resistirá esta situación?
La cuestión de la guerrilla transcurre hoy por la de los desaparecidos, en el esclarecimiento de este delito de lesa humanidad y la reconfirmación de la instancia política, pero no por las armas. El escenario posgrito, o 15-S, ha reafirmado aquellos ámbitos: “De nuestra parte seguiremos cumpliendo nuestro compromiso con nuestro pueblo y la Comisión de Mediación”, escribió recientemente el EPR.
El silencio lleva la situación a un punto muerto que imposibilitará conocer lo sucedido con Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, obligará la renuncia de la Comisión y le dará argumentos al EPR para romper la tregua. Se retrotraerá la situación al 4 de julio de 2007, preludio del primer atentado contra los ductos.
La lectura que el EPR esboza sobre el presente refiere a que ese silencio está incluido en una política que busca imponer el miedo para paralizar: “lo de Morelia —dice en su comunicado del 22 de septiembre— sin duda alguna es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes”. La coordinadora de grupos armados, que acaba de romper la tregua ofrecida meses atrás, señala un cuadro semejante: “Valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social, Calderón intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco”. (TDR-EP, MRLCB y otros, 23 de septiembre)
* * *
Para el EPR, el silencio ha cobrado un nuevo significado desde el 15-S, donde un acto político-militar de su autoría no hallará la misma realidad existente en julio de 2007. Implicará romper con la Comisión de Mediación, quebrar cualquier acercamiento con organizaciones sociales y populares, también con grupos políticos, inhibir cualquier iniciativa de amnistía y cerrar sus puertas a futuro con cualquiera de esos ámbitos. Un acto de este tipo lo devolverá al ostracismo.
En un contexto social dominado por la sensibilidad ante temas de inseguridad, delincuencia, violencia y ahora narcoterrorismo, donde los medios masivos reflejan profusamente sus repercusiones y constituyen un tema urgente en la agenda del poder político, una acción guerrillera sería incluida en esta dinámica y no existirá espacio alguno para la diferenciación. Ya está delineándose la hipótesis de la convivencia de “dos terrorismos” (¿terrorismo bueno/terrorismo malo?) y un nuevo acto político-militar no hará más que exacerbar. Se borrará el carácter indiscriminado que uno posee respecto de aquélla, equiparará el valor de las muertes de la noche del grito al daño económico ocasionado en los ductos (como si existiese compensación por lo irreparable de las muertes) y acabará resultando “natural” referenciarlos como las dos caras de un mismo y único fenómeno. Dos producciones con distintos medios, objetivos y finalidades equiparados sin más. Y no se trata de una cuestión semántica o dialéctica, sino que cobra sentido en el contexto político y social.
Hoy más que antes, si la guerrilla incurriese en actos de terrorismo o se plantea una alianza con el narcotráfico sellaría el “certificado de defunción” para cualquier aspiración de legitimidad.
El 15-S agravó el miedo previo con una cuota de terror mayor e inédito. (Uno de los mensajes que pretenden emitir esas granadas arrojadas contra el pueblo en la noche del grito es que ante el terrorismo no hay salvaguardas, pues trascendieron el “ajuste de cuentas” y/u “ocupar la plaza”.) Los asesinatos cotidianos del narco, mensajes y advertencias enmarcan el atentado en Michoacán en una línea de continuidad entre ésta y aquella realidad a la que se suman las narcomantas que claman venganza contra los autores del hecho. Pero no resuelven el problema de fondo, sino que presagian una nueva vorágine de violencia y terror. Terrorismo y narco nunca habían encontrado tantos puntos de contacto ni cobrado tanta relevancia como ahora.
Dentro de la caracterización de los “dos terrorismos”, el escenario del posgrito se ha convertido en un laberinto para la guerrilla, aún más para el eperrismo, no sólo porque desacredita su posición (EPR = terrorismo), sino que además fortalece la posición de quienes abiertamente se oponen a una salida política sobre el tema de los desaparecidos. Es por ello que el dilema EPR/Pemex, como sinónimo de Michoacán/narcoterrorismo, le otorga al grupo armado una sola salida a corto plazo: reafirmar el camino de la mediación.
El terrorismo, aquí en su vertiente narco-terror, siempre acentúa los extremismos y radicalismos de derecha, y el caso mexicano no se presenta distinto a los demás.
* * *
Los sabotajes a los ductos y la propuesta de intermediación formaron parte de una única política para el EPR, pero luego tomaron cuerpo más allá del grupo armado. Lo político-militar se presentó a sí mismo como una respuesta a la desaparición y/o por la dinámica interna del grupo armado, donde se impuso la línea militar a la política; sin embargo, también como un antecedente estratégicamente calculado de lo político (la mediación como fase superadora de lo político-militar), por el fracaso de la vertiente político-militar (en su doble dimensión: porque no se obtuvo respuestas luego de las explosiones, o para “romper el cerco” que se cernía sobre el EPR), o para “contragolpear y negociar” desde una posición de mayor fuerza con su contraparte y no desde la debilidad (también como respuesta al gobierno, si es que las desapariciones forman parte de la estrategia “golpear y negociar” con el EPR).
En el caso de los ductos, ha sido superior el efecto que causó la producción del acto que el valor del acto en sí mismo: los sabotajes alcanzaron mayor repercusión porque se llevaron a cabo contra Pemex, antes que por la consumación de un sabotaje. Para el EPR era necesario que el objetivo “hable por sí solo”. La respuesta oficial (Segob, boletín 331/07, 7 de diciembre de 2007) recogió, a la inversa, este mismo sentido: Pemex es una empresa que pertenece a todos los mexicanos ergo los ataques han sido realizados contra todos los mexicanos. Se relegaron acto (sabotaje) y causa (los desa-parecidos), pero reivindicó el objetivo (Pemex); y si Pemex es de todos quiere decir que forma parte del nosotros. Por lo tanto, son otros (los eperristas) quienes sabotean los ductos porque lo hacen también contra los mexicanos, contra México, contra nosotros.
No obstante, ya no se trata de la otra parte de la actuación guerrillera, aquella que queda sumida en el secreto, reservada al silencio e invisibles sus movimientos, sino que la reivindicación “muestra” y “exhibe” lo sucedido. Como un “punto ciego”, existe (todos aceptan su existencia) pero no puede ni deja verse. Con la mediación sucede otro tanto: se transparenta su producción, mas no así quien la produce. Entre una y otra forma de producción (política-militar y/o política) existe una diferencia que implica que la decisión por esta última opción no queda delimitada exclusivamente al arbitrio del grupo armado, sino al contexto político-social del que decidió formar parte al momento de la propuesta de la intermediación. Las decisiones de Mediación, por tanto, serán independientes de las del EPR.
Las granadas del 15-S marcaron otras pautas. El carácter indiscriminado convirtió a todos en (potenciales) víctimas, las igualó entre sí y las hizo el medio para la transmisión de su mensaje. Quebró la línea divisoria entre “inocentes” (el pueblo) y “culpables” (directa o indirectamente involucrados con algunos de los cárteles en pugna). Su “campo de batalla” se expandió hasta el seno mismo de la sociedad y significa que ya no existirán salvaguardas de ninguna índole que impidan la repetición del hecho. Cualquier acto será “posible” de acuerdo con sus intereses: representan el mayor desafío a los poderes tradicionales, provocan vacíos de poder, empujan hacia la descomposición social y constituyen una amenaza para la seguridad interior y nacional. Para el narcoterrorismo todos se han vuelto “culpables”.
* * *
La gravedad del 15-S marcó la distancia entre el acto “delimitado” y el “indiscriminado”. Más aún, uno de los aspectos no examinados de las explosiones en Pemex ha sido la diferencia entre la primera campaña militar eperrista de 1996 y la actual, donde se incluyen los sabotajes a los ductos. Entre una y otra se produjeron las rupturas del tronco original y un lapso de casi diez años de inactividad militar. El punto de quiebre sucedió en mayo de 2007.
El EPR encauzó sus demandas a través de la Comisión de Mediación, que tiene ahora la iniciativa política. Falta aún la respuesta del gobierno federal, lo que puede observarse como un “compás de espera”. Pero también como una situación de “punto muerto”, porque si las labores y resultados de la intermediación no obtienen una respuesta oficial tornará complejo y difícil el escenario de corto plazo.
El desaparecido es una víctima que no puede “expresar por sí mismo” lo sucedido, y porque “no tiene voz”, otros hablan por él (acto que rompe con la secrecía de lo privado para luego convertirse en social). El caso no acabará “administrándose”, pues dos de las tres partes no mantienen diálogo entre sí; “olvidándose” no abandonará el EPR su principio político y menos aún tras las iniciativas que produjo por esa razón; ni “diluyéndose” por los resultados que alcance la mediación, sean éstos cuales fuesen.
¿Cómo se conducirán los actores dentro de este escenario? En este cuadro de violencia entrecruzada (operativos conjuntos, terrorismo, narco, guerrilla, desapariciones, etcétera) la política debe cobrar un nuevo significado, cargarse de contenido, ser capaz de romper con el anillo de acero que está planteado.
Desde abril de este año, la coyuntura sigue delimitada a un único espacio: la continuidad de la tregua eperrista mediante las gestiones de la Comisión de Mediación para conocer lo ocurrido con los desaparecidos. Ambos, Mediación y EPR, se encuentran frente a la encrucijada que plantea el silencio de la administración federal. Y la pregunta se torna inevitable: ¿cuánto tiempo más resistirá esta situación?
La cuestión de la guerrilla transcurre hoy por la de los desaparecidos, en el esclarecimiento de este delito de lesa humanidad y la reconfirmación de la instancia política, pero no por las armas. El escenario posgrito, o 15-S, ha reafirmado aquellos ámbitos: “De nuestra parte seguiremos cumpliendo nuestro compromiso con nuestro pueblo y la Comisión de Mediación”, escribió recientemente el EPR.
El silencio lleva la situación a un punto muerto que imposibilitará conocer lo sucedido con Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, obligará la renuncia de la Comisión y le dará argumentos al EPR para romper la tregua. Se retrotraerá la situación al 4 de julio de 2007, preludio del primer atentado contra los ductos.
La lectura que el EPR esboza sobre el presente refiere a que ese silencio está incluido en una política que busca imponer el miedo para paralizar: “lo de Morelia —dice en su comunicado del 22 de septiembre— sin duda alguna es un acto de provocación desde la derecha para justificar la militarización y el estado de sitio que vive la ciudad desde hace más de un mes”. La coordinadora de grupos armados, que acaba de romper la tregua ofrecida meses atrás, señala un cuadro semejante: “Valiéndose del creciente clima de terror e incertidumbre social, Calderón intenta restringir las libertades políticas, legalizar un estado de excepción e intensificar el despliegue militar y policiaco”. (TDR-EP, MRLCB y otros, 23 de septiembre)
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Para el EPR, el silencio ha cobrado un nuevo significado desde el 15-S, donde un acto político-militar de su autoría no hallará la misma realidad existente en julio de 2007. Implicará romper con la Comisión de Mediación, quebrar cualquier acercamiento con organizaciones sociales y populares, también con grupos políticos, inhibir cualquier iniciativa de amnistía y cerrar sus puertas a futuro con cualquiera de esos ámbitos. Un acto de este tipo lo devolverá al ostracismo.
En un contexto social dominado por la sensibilidad ante temas de inseguridad, delincuencia, violencia y ahora narcoterrorismo, donde los medios masivos reflejan profusamente sus repercusiones y constituyen un tema urgente en la agenda del poder político, una acción guerrillera sería incluida en esta dinámica y no existirá espacio alguno para la diferenciación. Ya está delineándose la hipótesis de la convivencia de “dos terrorismos” (¿terrorismo bueno/terrorismo malo?) y un nuevo acto político-militar no hará más que exacerbar. Se borrará el carácter indiscriminado que uno posee respecto de aquélla, equiparará el valor de las muertes de la noche del grito al daño económico ocasionado en los ductos (como si existiese compensación por lo irreparable de las muertes) y acabará resultando “natural” referenciarlos como las dos caras de un mismo y único fenómeno. Dos producciones con distintos medios, objetivos y finalidades equiparados sin más. Y no se trata de una cuestión semántica o dialéctica, sino que cobra sentido en el contexto político y social.
Hoy más que antes, si la guerrilla incurriese en actos de terrorismo o se plantea una alianza con el narcotráfico sellaría el “certificado de defunción” para cualquier aspiración de legitimidad.
El 15-S agravó el miedo previo con una cuota de terror mayor e inédito. (Uno de los mensajes que pretenden emitir esas granadas arrojadas contra el pueblo en la noche del grito es que ante el terrorismo no hay salvaguardas, pues trascendieron el “ajuste de cuentas” y/u “ocupar la plaza”.) Los asesinatos cotidianos del narco, mensajes y advertencias enmarcan el atentado en Michoacán en una línea de continuidad entre ésta y aquella realidad a la que se suman las narcomantas que claman venganza contra los autores del hecho. Pero no resuelven el problema de fondo, sino que presagian una nueva vorágine de violencia y terror. Terrorismo y narco nunca habían encontrado tantos puntos de contacto ni cobrado tanta relevancia como ahora.
Dentro de la caracterización de los “dos terrorismos”, el escenario del posgrito se ha convertido en un laberinto para la guerrilla, aún más para el eperrismo, no sólo porque desacredita su posición (EPR = terrorismo), sino que además fortalece la posición de quienes abiertamente se oponen a una salida política sobre el tema de los desaparecidos. Es por ello que el dilema EPR/Pemex, como sinónimo de Michoacán/narcoterrorismo, le otorga al grupo armado una sola salida a corto plazo: reafirmar el camino de la mediación.
El terrorismo, aquí en su vertiente narco-terror, siempre acentúa los extremismos y radicalismos de derecha, y el caso mexicano no se presenta distinto a los demás.
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Los sabotajes a los ductos y la propuesta de intermediación formaron parte de una única política para el EPR, pero luego tomaron cuerpo más allá del grupo armado. Lo político-militar se presentó a sí mismo como una respuesta a la desaparición y/o por la dinámica interna del grupo armado, donde se impuso la línea militar a la política; sin embargo, también como un antecedente estratégicamente calculado de lo político (la mediación como fase superadora de lo político-militar), por el fracaso de la vertiente político-militar (en su doble dimensión: porque no se obtuvo respuestas luego de las explosiones, o para “romper el cerco” que se cernía sobre el EPR), o para “contragolpear y negociar” desde una posición de mayor fuerza con su contraparte y no desde la debilidad (también como respuesta al gobierno, si es que las desapariciones forman parte de la estrategia “golpear y negociar” con el EPR).
En el caso de los ductos, ha sido superior el efecto que causó la producción del acto que el valor del acto en sí mismo: los sabotajes alcanzaron mayor repercusión porque se llevaron a cabo contra Pemex, antes que por la consumación de un sabotaje. Para el EPR era necesario que el objetivo “hable por sí solo”. La respuesta oficial (Segob, boletín 331/07, 7 de diciembre de 2007) recogió, a la inversa, este mismo sentido: Pemex es una empresa que pertenece a todos los mexicanos ergo los ataques han sido realizados contra todos los mexicanos. Se relegaron acto (sabotaje) y causa (los desa-parecidos), pero reivindicó el objetivo (Pemex); y si Pemex es de todos quiere decir que forma parte del nosotros. Por lo tanto, son otros (los eperristas) quienes sabotean los ductos porque lo hacen también contra los mexicanos, contra México, contra nosotros.
No obstante, ya no se trata de la otra parte de la actuación guerrillera, aquella que queda sumida en el secreto, reservada al silencio e invisibles sus movimientos, sino que la reivindicación “muestra” y “exhibe” lo sucedido. Como un “punto ciego”, existe (todos aceptan su existencia) pero no puede ni deja verse. Con la mediación sucede otro tanto: se transparenta su producción, mas no así quien la produce. Entre una y otra forma de producción (política-militar y/o política) existe una diferencia que implica que la decisión por esta última opción no queda delimitada exclusivamente al arbitrio del grupo armado, sino al contexto político-social del que decidió formar parte al momento de la propuesta de la intermediación. Las decisiones de Mediación, por tanto, serán independientes de las del EPR.
Las granadas del 15-S marcaron otras pautas. El carácter indiscriminado convirtió a todos en (potenciales) víctimas, las igualó entre sí y las hizo el medio para la transmisión de su mensaje. Quebró la línea divisoria entre “inocentes” (el pueblo) y “culpables” (directa o indirectamente involucrados con algunos de los cárteles en pugna). Su “campo de batalla” se expandió hasta el seno mismo de la sociedad y significa que ya no existirán salvaguardas de ninguna índole que impidan la repetición del hecho. Cualquier acto será “posible” de acuerdo con sus intereses: representan el mayor desafío a los poderes tradicionales, provocan vacíos de poder, empujan hacia la descomposición social y constituyen una amenaza para la seguridad interior y nacional. Para el narcoterrorismo todos se han vuelto “culpables”.
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La gravedad del 15-S marcó la distancia entre el acto “delimitado” y el “indiscriminado”. Más aún, uno de los aspectos no examinados de las explosiones en Pemex ha sido la diferencia entre la primera campaña militar eperrista de 1996 y la actual, donde se incluyen los sabotajes a los ductos. Entre una y otra se produjeron las rupturas del tronco original y un lapso de casi diez años de inactividad militar. El punto de quiebre sucedió en mayo de 2007.
El EPR encauzó sus demandas a través de la Comisión de Mediación, que tiene ahora la iniciativa política. Falta aún la respuesta del gobierno federal, lo que puede observarse como un “compás de espera”. Pero también como una situación de “punto muerto”, porque si las labores y resultados de la intermediación no obtienen una respuesta oficial tornará complejo y difícil el escenario de corto plazo.
El desaparecido es una víctima que no puede “expresar por sí mismo” lo sucedido, y porque “no tiene voz”, otros hablan por él (acto que rompe con la secrecía de lo privado para luego convertirse en social). El caso no acabará “administrándose”, pues dos de las tres partes no mantienen diálogo entre sí; “olvidándose” no abandonará el EPR su principio político y menos aún tras las iniciativas que produjo por esa razón; ni “diluyéndose” por los resultados que alcance la mediación, sean éstos cuales fuesen.
¿Cómo se conducirán los actores dentro de este escenario? En este cuadro de violencia entrecruzada (operativos conjuntos, terrorismo, narco, guerrilla, desapariciones, etcétera) la política debe cobrar un nuevo significado, cargarse de contenido, ser capaz de romper con el anillo de acero que está planteado.
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