Publicado en Excélsior, 4 de febrero de 2009;
Un general asesinado
En la portada de mi libro El otro poder (Aguilar, Nuevo Siglo, septiembre 2001) aparezco entrevistando, en un enorme campo de cultivo de amapola, a un militar. Se trataba del general Mauro Enrique Tello Quiñones, entonces uno de los responsables de la lucha antinarcóticos del Ejército Mexicano, quien me acompañó a observar y realizar un amplio reportaje sobre un operativo de erradicación de drogas en el Filo Mayor de Guerrero. El general llevaba años, si mal no recuerdo, entonces eran 17, trabajando en los temas relacionados con la seguridad y el narcotráfico pero, ese mismo día, cuando regresábamos de aquel largo recorrido, recibió una llamada: era del general Enrique Salgado, quien acababa de ser informado de que sería el nuevo jefe de la policía capitalina y le pedía a Tello Quiñones que lo acompañara como jefe de Agrupamientos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. El general aceptó (el nombramiento ya tenía el respaldo de la Secretaría de la Defensa) y abandonó rápidamente las instalaciones de la Zona Militar en Acapulco, donde estábamos en ese momento.
No lo volví a ver hasta que se informó que estaba acusado de haber comandado, en septiembre de 1997, un operativo en donde murieron seis jóvenes de la colonia Buenos Aires. Un crimen del que jamás se comprobó su responsabilidad, pero sirvió para que el entonces jefe de la Asamblea Legislativa del DF, Martí Batres (en unas semanas más asumiría el cargo de jefe de Gobierno capitalino Cuauhtémoc Cárdenas) hiciera escarnio del general Salgado y se instrumentara la detención de varios mandos policiales, entre ellos Tello Quiñones. Fueron reemplazados por el equipo de Alejandro Gertz Manero.
El general fue exonerado y tiempo después regresó al servicio activo. El 20 de noviembre de 2005, Tello Quiñones recibió el grado de general de brigada por el presidente Vicente Fox y, en enero de 2007, fue designado comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia. A la ceremonia asistieron, en lo que era más que un acto protocolario, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y todos los mandos de seguridad del estado. Cuando terminó la administración de Lázaro Cárdenas, Tello Quiñones fue enviado con otro gobernante emanado del PRD, Greg Sánchez, entonces nuevo alcalde de Cancún. No hubo, que se supiera, ninguna información oficial al respecto, pero en los hechos quedó como el responsable de todo el esquema de seguridad en esa ciudad y en buena parte de Quintana Roo.
Tello Quiñones se había especializado, a lo largo de todos esos años, en temas de seguridad y narcotráfico y, particularmente, en tareas de inteligencia relacionadas con el mismo. Y por la información que teníamos, cumplía muy eficientemente con esas labores, en el pasado y en la actualidad. No sé cómo se desempeñaba el general en Cancún. Sé que lo hizo bien en Michoacán en medio de la más violenta de las confrontaciones con el narcotráfico del Estado mexicano y de la lucha de los cárteles entre sí.
El martes pasado el general, junto con dos funcionarios del área de seguridad, el jefe de custodias de Greg Sánchez y un mando de la Policía Federal, fueron asesinados en Cancún. Es un crimen que apunta muy alto: se trataba de un general de brigada en activo, un hombre que era especialista en esos temas y, además, había pagado una cuota real de sacrificio, consecuencia de intrigas políticas, por haber sido leal a sus mandos y su institución. Tello, a pesar de que estuvo algunos años preso por un delito que no había cometido, jamás hizo una sola declaración sobre el tema y simplemente continuó con su tarea en las Fuerzas Armadas. Es uno de esos crímenes que tendrán, casi necesariamente, que tener una respuesta, que no puede quedar impune.
La carta de Herrán
Casi al mismo tiempo en que Tello Quiñones dejaba el área de lucha contra el narcotráfico del Ejército Mexicano para venir a la policía capitalina, uno de los principales personajes de esa batalla era Mariano Herrán Salvatti, quien acababa de sacarse la rifa del tigre: había sido designado zar antidrogas, en reemplazo del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien desde esa misma posición había trabajado para el cártel de Amado Carrillo. Durante los tres años que estuvo al frente de la Siedo, Herrán tuvo un buen desempeño e incluso se pensó, que al inicio de la administración de Fox, se quedaría en esa posición. Sin embargo, cuando asumió Pablo Salazar Mendiguchía la gubernatura de Chiapas, fue designado primero procurador y luego fiscal para garantizar la seguridad en un estado donde la misma era una exigencia urgente. Fue la mano derecha de Salazar y operó con miras al triunfo electoral de Juan Sabines, su sucesor. Pero el nuevo gobernador y el fiscal se distanciaron cada vez más. Primero Herrán fue designado secretario de Comercio y la semana antepasada detenido, acusado de varios delitos. Hoy está preso. No sé si esos delitos son reales: se han encontrado armas en algunos de sus domicilios y se le acusa, entre otras cosas, de malversar fondos. Eso lo tendrá que definir la justicia y me imagino que el gobierno estatal no se hubiera lanzado a esa aventura sin tener pruebas sólidas en su haber.
Lo que resulta poco creíble son algunas versiones que se utilizan para fortalecer esa percepción: la más increíble de ellas es que Herrán haya escrito una carta desde la prisión, entregada a su hermano, para que pidiera ayuda a los miembros del crimen organizado con el fin de que lo apoyaran para quedar en libertad. Que pidiera que se recurriera a políticos, funcionarios, jueces y periodistas es creíble y lógico, pero que por escrito diera esa instrucción, suena descabellado, más aún en alguien que conoce perfectamente ese mundo. Mariano Herrán deberá ser juzgado por los delitos que se le imputan y, si es culpable, castigado, pero le resta legitimidad a la acusación que se recurra a historias tan trasnochadas para fortalecerla.
En la portada de mi libro El otro poder (Aguilar, Nuevo Siglo, septiembre 2001) aparezco entrevistando, en un enorme campo de cultivo de amapola, a un militar. Se trataba del general Mauro Enrique Tello Quiñones, entonces uno de los responsables de la lucha antinarcóticos del Ejército Mexicano, quien me acompañó a observar y realizar un amplio reportaje sobre un operativo de erradicación de drogas en el Filo Mayor de Guerrero. El general llevaba años, si mal no recuerdo, entonces eran 17, trabajando en los temas relacionados con la seguridad y el narcotráfico pero, ese mismo día, cuando regresábamos de aquel largo recorrido, recibió una llamada: era del general Enrique Salgado, quien acababa de ser informado de que sería el nuevo jefe de la policía capitalina y le pedía a Tello Quiñones que lo acompañara como jefe de Agrupamientos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. El general aceptó (el nombramiento ya tenía el respaldo de la Secretaría de la Defensa) y abandonó rápidamente las instalaciones de la Zona Militar en Acapulco, donde estábamos en ese momento.
No lo volví a ver hasta que se informó que estaba acusado de haber comandado, en septiembre de 1997, un operativo en donde murieron seis jóvenes de la colonia Buenos Aires. Un crimen del que jamás se comprobó su responsabilidad, pero sirvió para que el entonces jefe de la Asamblea Legislativa del DF, Martí Batres (en unas semanas más asumiría el cargo de jefe de Gobierno capitalino Cuauhtémoc Cárdenas) hiciera escarnio del general Salgado y se instrumentara la detención de varios mandos policiales, entre ellos Tello Quiñones. Fueron reemplazados por el equipo de Alejandro Gertz Manero.
El general fue exonerado y tiempo después regresó al servicio activo. El 20 de noviembre de 2005, Tello Quiñones recibió el grado de general de brigada por el presidente Vicente Fox y, en enero de 2007, fue designado comandante de la 21 Zona Militar, con sede en Morelia. A la ceremonia asistieron, en lo que era más que un acto protocolario, el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y todos los mandos de seguridad del estado. Cuando terminó la administración de Lázaro Cárdenas, Tello Quiñones fue enviado con otro gobernante emanado del PRD, Greg Sánchez, entonces nuevo alcalde de Cancún. No hubo, que se supiera, ninguna información oficial al respecto, pero en los hechos quedó como el responsable de todo el esquema de seguridad en esa ciudad y en buena parte de Quintana Roo.
Tello Quiñones se había especializado, a lo largo de todos esos años, en temas de seguridad y narcotráfico y, particularmente, en tareas de inteligencia relacionadas con el mismo. Y por la información que teníamos, cumplía muy eficientemente con esas labores, en el pasado y en la actualidad. No sé cómo se desempeñaba el general en Cancún. Sé que lo hizo bien en Michoacán en medio de la más violenta de las confrontaciones con el narcotráfico del Estado mexicano y de la lucha de los cárteles entre sí.
El martes pasado el general, junto con dos funcionarios del área de seguridad, el jefe de custodias de Greg Sánchez y un mando de la Policía Federal, fueron asesinados en Cancún. Es un crimen que apunta muy alto: se trataba de un general de brigada en activo, un hombre que era especialista en esos temas y, además, había pagado una cuota real de sacrificio, consecuencia de intrigas políticas, por haber sido leal a sus mandos y su institución. Tello, a pesar de que estuvo algunos años preso por un delito que no había cometido, jamás hizo una sola declaración sobre el tema y simplemente continuó con su tarea en las Fuerzas Armadas. Es uno de esos crímenes que tendrán, casi necesariamente, que tener una respuesta, que no puede quedar impune.
La carta de Herrán
Casi al mismo tiempo en que Tello Quiñones dejaba el área de lucha contra el narcotráfico del Ejército Mexicano para venir a la policía capitalina, uno de los principales personajes de esa batalla era Mariano Herrán Salvatti, quien acababa de sacarse la rifa del tigre: había sido designado zar antidrogas, en reemplazo del ex general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien desde esa misma posición había trabajado para el cártel de Amado Carrillo. Durante los tres años que estuvo al frente de la Siedo, Herrán tuvo un buen desempeño e incluso se pensó, que al inicio de la administración de Fox, se quedaría en esa posición. Sin embargo, cuando asumió Pablo Salazar Mendiguchía la gubernatura de Chiapas, fue designado primero procurador y luego fiscal para garantizar la seguridad en un estado donde la misma era una exigencia urgente. Fue la mano derecha de Salazar y operó con miras al triunfo electoral de Juan Sabines, su sucesor. Pero el nuevo gobernador y el fiscal se distanciaron cada vez más. Primero Herrán fue designado secretario de Comercio y la semana antepasada detenido, acusado de varios delitos. Hoy está preso. No sé si esos delitos son reales: se han encontrado armas en algunos de sus domicilios y se le acusa, entre otras cosas, de malversar fondos. Eso lo tendrá que definir la justicia y me imagino que el gobierno estatal no se hubiera lanzado a esa aventura sin tener pruebas sólidas en su haber.
Lo que resulta poco creíble son algunas versiones que se utilizan para fortalecer esa percepción: la más increíble de ellas es que Herrán haya escrito una carta desde la prisión, entregada a su hermano, para que pidiera ayuda a los miembros del crimen organizado con el fin de que lo apoyaran para quedar en libertad. Que pidiera que se recurriera a políticos, funcionarios, jueces y periodistas es creíble y lógico, pero que por escrito diera esa instrucción, suena descabellado, más aún en alguien que conoce perfectamente ese mundo. Mariano Herrán deberá ser juzgado por los delitos que se le imputan y, si es culpable, castigado, pero le resta legitimidad a la acusación que se recurra a historias tan trasnochadas para fortalecerla.
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