El 'narco' va ganando la guerra. ¿Y ahora qué hacemos?/Reportaje
La lucha contra las mafias va siempre por detrás de su capacidad para innovar - Cada vez más instituciones llaman a reconocer el fracaso y atacar la demanda
FERNANDO PEINADO ALCARAZ
La lucha contra las mafias va siempre por detrás de su capacidad para innovar - Cada vez más instituciones llaman a reconocer el fracaso y atacar la demanda
FERNANDO PEINADO ALCARAZ
El País, 02/04/2009;
Las mafias de la droga se regeneran como la hidra de la mitología griega. Cuando la lucha policial bloquea una ruta, reaparecen por un nuevo camino; cuando los campos de coca o de opio son fumigados, desplazan los cultivos a otro rincón. A pesar de que la caza mundial del narco ha dado pocos frutos -los contrabandistas son cada vez más poderosos, las drogas más baratas y abundantes-, la mayoría de países se resiste a ensayar alternativas más allá de una persecución esquizofrénica, cara y contraproducente. ¿Hay métodos más eficaces para ganar la guerra de las drogas?
La cuestión ha cobrado fuerza en los últimos meses. Tocaba evaluar la estrategia trazada en 1998 por Naciones Unidas para un periodo de 10 años y los expertos han proclamado la derrota en la batalla contra los narcos y han pedido el abandono de una estrategia represiva que utópicamente se marcó como objetivo "un mundo libre de drogas".
Para conseguir esta meta, algunos Gobiernos apostaron por erradicar el origen del mal. Sin embargo, las campañas para eliminar con herbicidas las cosechas de coca suramericana han sido un despilfarro de dinero, principalmente estadounidense: sólo han conseguido trasladar las plantaciones a lugares más recónditos e inaccesibles y la producción mundial no ha disminuido. (también se ha incrementado la productividad, hay alta tecnología genetica, una super revolución verde)
Tampoco ha funcionado el bloqueo de las narcorrutas. Aunque la ONU estima que actualmente se decomisa alrededor del 42% de la producción mundial de cocaína y del 23% de heroína, los expertos en política antinarcóticos cuestionan la fiabilidad de esas cifras y argumentan que la cantidad de droga que se menudea en las calles europeas o estadounidenses es cada vez mayor, como prueba el descenso de los precios de venta: entre un 10% y un 30% en la última década.
Cuanto más difícil se lo han puesto las fuerzas del orden a los carteles, más ingenio y recursos han invertido éstos. Uno de los últimos ejemplos de la inagotable capacidad del crimen organizado para burlar la vigilancia son los narcosubmarinos. Se construyen en astilleros clandestinos en la selva colombiana y son capaces de transportar 10 toneladas de cocaína, a ras del agua rumbo al lucrativo mercado estadounidense. La Guardia Costera de EE UU, que ya ha puesto en marcha una inversión millonaria en sensores acuáticos, interceptó en 2008 una media de 10 semisumergibles al mes, aunque estima que cuatro de cada cinco llegan a su destino sin ser avistados. Los capos de la cocaína gallega han usado un narcosubmarino en al menos una ocasión, en 2006, cuando la Guardia Civil halló uno abandonado en la ría de Vigo.
Esta I+D del tráfico de droga crece alentada por la jugosa recompensa que supone cada operación realizada con éxito. Si fuera un país, Narcolandia sería la 21ª economía mundial, según la ONU, con un PIB anual de 243.000 millones de euros, justo detrás de Suecia, con 272.000 millones de euros. En el Tercer Mundo, los narcos son los empresarios más poderosos. Como en África Occidental, donde países como Guinea-Bissau tienen en el comercio de anacardos con India su principal fuente legal de ingresos.
Con estos incentivos no es extraño que, a pesar de los golpes policiales, siempre haya alguien dispuesto a jugarse una vida entre rejas por entrar en el negocio. "Los contrabandistas pagan a los campesinos 300 dólares (227 euros) por la hoja de coca necesaria para producir un kilo de cocaína, que en las calles estadounidenses, vendido en dosis de un gramo a 70 dólares (53 euros), les reportará 100.000 dólares (76.000 euros)", desgrana Peter Reuter, profesor de la Universidad de Maryland y uno de los más reputados expertos en políticas antidrogas, quien no cree que destinando más recursos a la represión se pueda reducir significativamente la cantidad de droga disponible en los mercados consumidores, EE UU y Europa. "Sería más eficaz disminuir la fuerte demanda de drogas en los países consumidores que seguir insistiendo en un control inviable de la oferta", opina Reuter.
"Es imperativo rectificar la estrategia de guerra a las drogas aplicada en los últimos 30 años", censura un informe publicado en febrero por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, con tres ex presidentes entre sus miembros: Ernesto Zedillo (México), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y César Gaviria (Colombia). "Las políticas prohibicionistas (...) no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas". El informe acusa a EE UU y Europa de no hacer lo suficiente para prevenir o curar el apetito de drogas de sus ciudadanos, que estimula la producción y el tráfico desde el resto del mundo.
A pesar de los cuantiosos recursos invertidos en políticas antidroga (al año 40.000 millones de dólares en EE UU y 34.000 millones de euros en la UE), sólo uno de cada cuatro euros se destina a prevención del consumo, mientras que el resto se invierte en represión criminal. No es casual que las quejas provengan de la región que es el principal campo de batalla de la guerra contra los carteles: en México, el desafío criminal al Gobierno ha dejado más de 7.000 muertos desde enero de 2008, (supera los 6.628 registrados en Palestina e Israel entre 2000 y 2008 por la ONG B'Tselem) y la sangría se extiende por países vecinos, como Guatemala y Honduras. Hillary Clinton, secretaria de Estado de EE UU, ha reconocido que al no haber contenido el consumo doméstico, su país es corresponsable en el drama al sur de su frontera.
Apostar por alternativas no significa que haya que bajar la guardia frente a los narcos, advierte Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC en inglés), una agencia que asiste y coordina a los Gobiernos. Costa reprocha que haya lobbies pro drogas que defiendan la legalización como solución. "No hay necesidad de sacrificar la protección de la salud de los ciudadanos para reducir el crimen. Ambos objetivos son compatibles", asegura.
Durante mucho tiempo, cualquier disidencia del discurso clásico prohibicionista ha levantado sospechas. Ahora que los carteles causan más estragos que nunca en Centroamérica, África Occidental o Afganistán, muchos se preguntan qué sentido tiene que los Estados hayan dejado a las mafias enriquecerse con el monopolio de la droga y proponen un régimen de legalización controlado que les restaría cuota de mercado.
"No me extrañaría que en 5 o 10 años emerja con fuerza en Europa el debate para legalizar la venta de cannabis", afirma Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Alianza por la Política de Drogas, una organización que promueve la legalización de la venta controlada de marihuana en EE UU. En su país, el principal abanderado de la guerra global contra la droga, aún se encarcela a los consumidores, pero la Administración de Obama acaba de romper el tabú imperante durante décadas sobre alternativas contra la droga con el anuncio de que apoyará con fondos federales los programas de distribución de jeringuillas para adictos. "El debate para abandonar el prohibicionismo no había estado tan candente en EE UU en 30 años", afirma Nadelmann. "Obama es más proclive a cambiar el rumbo, y eso va a afectar al resto del mundo porque reducirá las presiones en Europa para avanzar hacia políticas más progresistas", argumenta.
Partidarios o no de la legalización, la filosofía que mueve a los críticos del prohibicionismo es que la sociedad debe acostumbrarse a convivir con las drogas y a reducir los efectos más dañinos de éstas. "El ideal que sigue moviendo a muchos Gobiernos es la erradicación de las drogas", constata Iván Briscoe, experto en narcotráfico de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride). "Sin embargo, no hay una política realista que se proponga reducir otros delitos, que no llevan aparejada una carga de moralidad tan extrema, como el hurto o el robo". Reuter cree que, en última instancia, la influencia que el Estado puede ejercer sobre la cantidad de droga que se consume es limitada porque son valores culturales y sociales los que entran en juego. "Hay países con consumo muy bajo a pesar de que nunca han diseñado una política pública de drogas".
Los paladines de la batalla sin cuartel contra los traficantes reconocen su derrota, pero la atribuyen a la escasa coordinación policial y a la poca voluntad de los Gobiernos para acabar con el lavado de dinero. El esfuerzo hasta ahora ha sido un parcheado de acciones nacionales y la cooperación no ha ido más allá del intercambio de información y asistencia técnica.
¿Haría falta una fuerza policial mundial? "No es necesario poner a los policías bajo un mismo mando", contesta Amado Philip de Andrés, encargado de desarrollo de programas de UNODC en América Latina. "Lo que nos preocupa es la poca cooperación que ha habido hasta ahora". Markus Schultze-Kraft, director en América Latina de International Crisis Group, una influyente organización que asesora a los Gobiernos en seguridad, cree que una policía internacional del narcotráfico es algo idealista. "Aún cuesta que se entiendan los policías de dos países que no comparten el idioma, como Alemania o España, cuando trabajan en un cuerpo de intercambio de información como Europol". Schultze-Kraft destaca el avance que supone el Centro de Análisis y Operaciones contra el Narcotráfico por Vía Marítima (MAOC-N por sus siglas inglesas), operativo desde 2007. Con sede en Lisboa, pretende vigilar la costa entre Suráfrica y Noruega, como hace desde 1989 al otro lado del Atlántico la estadounidense Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias Sur (JIATF-S en inglés).
España, punto caliente en muchas de las narcorrutas, es uno de los países que más dinero gasta en lucha policial contra la droga. Intenta proteger su extensa frontera costera con un sofisticado y costoso despliegue de cámaras y sensores, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que aunque ya cubre Andalucía, Murcia y las islas Canarias, no ha espantado a los narcotraficantes. Lo saben bien en Cádiz, provincia pionera en la instalación del SIVE, que a pesar de los éxitos policiales -el 25% de las incautaciones de droga de España en 2008- registra cada vez un tráfico más intenso, como ha advertido en numerosas ocasiones la fiscal antidroga de Cádiz, Ángeles Ayuso.
"Cuando desarticulan una organización, al día siguiente hay otros dispuestos a ocupar su lugar", critica Francisco Mena, presidente desde hace 20 años de la Coordinadora de Asociaciones Antidroga de la provincia, y buen conocedor de los impulsos que empujan a tantos hacia las redes criminales: "Un adolescente que vigile en la playa la presencia de guardias civiles gana unos 1.500 euros, el que alija se lleva entre 3.000 y 4.000 y el que lo carga en su coche unos 6.000". Pese a todo, y aunque Cádiz es una de las provincias andaluzas con más consumo, Mena reconoce que la situación de seguridad es ahora mejor que antes de que se implantara el SIVE.
El Plan Nacional sobre Drogas ha puesto un creciente énfasis en la prevención y tratamiento de los drogodependientes. En 2004, el plan dejó de estar bajo la órbita del Ministerio de Interior para ser coordinado por Sanidad, marcando el paso de un enfoque de orden público a otro de protección de la salud. "Hay que profundizar en la prevención, pero el problema de las drogas presenta muchas caras y necesita actuaciones en una diversidad de ámbitos", asegura la delegada del Plan Nacional de Drogas, Carmen Moya: "Es cierto que las medidas represivas exclusivamente no resuelven el problema, pero no podemos menoscabar en medios policiales". Si en 2003 había 3.491 policías y guardias civiles combatiendo al crimen organizado, hoy son 10.653 los agentes dedicados a esta labor.
En 2009 está prevista la ampliación del SIVE por el Este, para frenar la entrada de droga por el delta del Ebro, pero los narcos han inaugurado una nueva vía de acceso mucho más permeable: la entrada por carretera desde los Balcanes. También han intensificado la ruta africana de la cocaína, y siguen colando la droga en zodiac, avionetas, contenedores de mercancías o en los intestinos de los camellos en vuelos comerciales. La creatividad y sofisticación de los traficantes parece no tener fin. El Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona interceptó el 20 de marzo un paquete procedente de Venezuela que contenía una vajilla de 42 piezas -vasos, platos y vasijas- fabricada con cocaína.
La cuestión ha cobrado fuerza en los últimos meses. Tocaba evaluar la estrategia trazada en 1998 por Naciones Unidas para un periodo de 10 años y los expertos han proclamado la derrota en la batalla contra los narcos y han pedido el abandono de una estrategia represiva que utópicamente se marcó como objetivo "un mundo libre de drogas".
Para conseguir esta meta, algunos Gobiernos apostaron por erradicar el origen del mal. Sin embargo, las campañas para eliminar con herbicidas las cosechas de coca suramericana han sido un despilfarro de dinero, principalmente estadounidense: sólo han conseguido trasladar las plantaciones a lugares más recónditos e inaccesibles y la producción mundial no ha disminuido. (también se ha incrementado la productividad, hay alta tecnología genetica, una super revolución verde)
Tampoco ha funcionado el bloqueo de las narcorrutas. Aunque la ONU estima que actualmente se decomisa alrededor del 42% de la producción mundial de cocaína y del 23% de heroína, los expertos en política antinarcóticos cuestionan la fiabilidad de esas cifras y argumentan que la cantidad de droga que se menudea en las calles europeas o estadounidenses es cada vez mayor, como prueba el descenso de los precios de venta: entre un 10% y un 30% en la última década.
Cuanto más difícil se lo han puesto las fuerzas del orden a los carteles, más ingenio y recursos han invertido éstos. Uno de los últimos ejemplos de la inagotable capacidad del crimen organizado para burlar la vigilancia son los narcosubmarinos. Se construyen en astilleros clandestinos en la selva colombiana y son capaces de transportar 10 toneladas de cocaína, a ras del agua rumbo al lucrativo mercado estadounidense. La Guardia Costera de EE UU, que ya ha puesto en marcha una inversión millonaria en sensores acuáticos, interceptó en 2008 una media de 10 semisumergibles al mes, aunque estima que cuatro de cada cinco llegan a su destino sin ser avistados. Los capos de la cocaína gallega han usado un narcosubmarino en al menos una ocasión, en 2006, cuando la Guardia Civil halló uno abandonado en la ría de Vigo.
Esta I+D del tráfico de droga crece alentada por la jugosa recompensa que supone cada operación realizada con éxito. Si fuera un país, Narcolandia sería la 21ª economía mundial, según la ONU, con un PIB anual de 243.000 millones de euros, justo detrás de Suecia, con 272.000 millones de euros. En el Tercer Mundo, los narcos son los empresarios más poderosos. Como en África Occidental, donde países como Guinea-Bissau tienen en el comercio de anacardos con India su principal fuente legal de ingresos.
Con estos incentivos no es extraño que, a pesar de los golpes policiales, siempre haya alguien dispuesto a jugarse una vida entre rejas por entrar en el negocio. "Los contrabandistas pagan a los campesinos 300 dólares (227 euros) por la hoja de coca necesaria para producir un kilo de cocaína, que en las calles estadounidenses, vendido en dosis de un gramo a 70 dólares (53 euros), les reportará 100.000 dólares (76.000 euros)", desgrana Peter Reuter, profesor de la Universidad de Maryland y uno de los más reputados expertos en políticas antidrogas, quien no cree que destinando más recursos a la represión se pueda reducir significativamente la cantidad de droga disponible en los mercados consumidores, EE UU y Europa. "Sería más eficaz disminuir la fuerte demanda de drogas en los países consumidores que seguir insistiendo en un control inviable de la oferta", opina Reuter.
"Es imperativo rectificar la estrategia de guerra a las drogas aplicada en los últimos 30 años", censura un informe publicado en febrero por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, con tres ex presidentes entre sus miembros: Ernesto Zedillo (México), Fernando Henrique Cardoso (Brasil) y César Gaviria (Colombia). "Las políticas prohibicionistas (...) no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas". El informe acusa a EE UU y Europa de no hacer lo suficiente para prevenir o curar el apetito de drogas de sus ciudadanos, que estimula la producción y el tráfico desde el resto del mundo.
A pesar de los cuantiosos recursos invertidos en políticas antidroga (al año 40.000 millones de dólares en EE UU y 34.000 millones de euros en la UE), sólo uno de cada cuatro euros se destina a prevención del consumo, mientras que el resto se invierte en represión criminal. No es casual que las quejas provengan de la región que es el principal campo de batalla de la guerra contra los carteles: en México, el desafío criminal al Gobierno ha dejado más de 7.000 muertos desde enero de 2008, (supera los 6.628 registrados en Palestina e Israel entre 2000 y 2008 por la ONG B'Tselem) y la sangría se extiende por países vecinos, como Guatemala y Honduras. Hillary Clinton, secretaria de Estado de EE UU, ha reconocido que al no haber contenido el consumo doméstico, su país es corresponsable en el drama al sur de su frontera.
Apostar por alternativas no significa que haya que bajar la guardia frente a los narcos, advierte Antonio María Costa, director ejecutivo de la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito (UNODC en inglés), una agencia que asiste y coordina a los Gobiernos. Costa reprocha que haya lobbies pro drogas que defiendan la legalización como solución. "No hay necesidad de sacrificar la protección de la salud de los ciudadanos para reducir el crimen. Ambos objetivos son compatibles", asegura.
Durante mucho tiempo, cualquier disidencia del discurso clásico prohibicionista ha levantado sospechas. Ahora que los carteles causan más estragos que nunca en Centroamérica, África Occidental o Afganistán, muchos se preguntan qué sentido tiene que los Estados hayan dejado a las mafias enriquecerse con el monopolio de la droga y proponen un régimen de legalización controlado que les restaría cuota de mercado.
"No me extrañaría que en 5 o 10 años emerja con fuerza en Europa el debate para legalizar la venta de cannabis", afirma Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Alianza por la Política de Drogas, una organización que promueve la legalización de la venta controlada de marihuana en EE UU. En su país, el principal abanderado de la guerra global contra la droga, aún se encarcela a los consumidores, pero la Administración de Obama acaba de romper el tabú imperante durante décadas sobre alternativas contra la droga con el anuncio de que apoyará con fondos federales los programas de distribución de jeringuillas para adictos. "El debate para abandonar el prohibicionismo no había estado tan candente en EE UU en 30 años", afirma Nadelmann. "Obama es más proclive a cambiar el rumbo, y eso va a afectar al resto del mundo porque reducirá las presiones en Europa para avanzar hacia políticas más progresistas", argumenta.
Partidarios o no de la legalización, la filosofía que mueve a los críticos del prohibicionismo es que la sociedad debe acostumbrarse a convivir con las drogas y a reducir los efectos más dañinos de éstas. "El ideal que sigue moviendo a muchos Gobiernos es la erradicación de las drogas", constata Iván Briscoe, experto en narcotráfico de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride). "Sin embargo, no hay una política realista que se proponga reducir otros delitos, que no llevan aparejada una carga de moralidad tan extrema, como el hurto o el robo". Reuter cree que, en última instancia, la influencia que el Estado puede ejercer sobre la cantidad de droga que se consume es limitada porque son valores culturales y sociales los que entran en juego. "Hay países con consumo muy bajo a pesar de que nunca han diseñado una política pública de drogas".
Los paladines de la batalla sin cuartel contra los traficantes reconocen su derrota, pero la atribuyen a la escasa coordinación policial y a la poca voluntad de los Gobiernos para acabar con el lavado de dinero. El esfuerzo hasta ahora ha sido un parcheado de acciones nacionales y la cooperación no ha ido más allá del intercambio de información y asistencia técnica.
¿Haría falta una fuerza policial mundial? "No es necesario poner a los policías bajo un mismo mando", contesta Amado Philip de Andrés, encargado de desarrollo de programas de UNODC en América Latina. "Lo que nos preocupa es la poca cooperación que ha habido hasta ahora". Markus Schultze-Kraft, director en América Latina de International Crisis Group, una influyente organización que asesora a los Gobiernos en seguridad, cree que una policía internacional del narcotráfico es algo idealista. "Aún cuesta que se entiendan los policías de dos países que no comparten el idioma, como Alemania o España, cuando trabajan en un cuerpo de intercambio de información como Europol". Schultze-Kraft destaca el avance que supone el Centro de Análisis y Operaciones contra el Narcotráfico por Vía Marítima (MAOC-N por sus siglas inglesas), operativo desde 2007. Con sede en Lisboa, pretende vigilar la costa entre Suráfrica y Noruega, como hace desde 1989 al otro lado del Atlántico la estadounidense Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias Sur (JIATF-S en inglés).
España, punto caliente en muchas de las narcorrutas, es uno de los países que más dinero gasta en lucha policial contra la droga. Intenta proteger su extensa frontera costera con un sofisticado y costoso despliegue de cámaras y sensores, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que aunque ya cubre Andalucía, Murcia y las islas Canarias, no ha espantado a los narcotraficantes. Lo saben bien en Cádiz, provincia pionera en la instalación del SIVE, que a pesar de los éxitos policiales -el 25% de las incautaciones de droga de España en 2008- registra cada vez un tráfico más intenso, como ha advertido en numerosas ocasiones la fiscal antidroga de Cádiz, Ángeles Ayuso.
"Cuando desarticulan una organización, al día siguiente hay otros dispuestos a ocupar su lugar", critica Francisco Mena, presidente desde hace 20 años de la Coordinadora de Asociaciones Antidroga de la provincia, y buen conocedor de los impulsos que empujan a tantos hacia las redes criminales: "Un adolescente que vigile en la playa la presencia de guardias civiles gana unos 1.500 euros, el que alija se lleva entre 3.000 y 4.000 y el que lo carga en su coche unos 6.000". Pese a todo, y aunque Cádiz es una de las provincias andaluzas con más consumo, Mena reconoce que la situación de seguridad es ahora mejor que antes de que se implantara el SIVE.
El Plan Nacional sobre Drogas ha puesto un creciente énfasis en la prevención y tratamiento de los drogodependientes. En 2004, el plan dejó de estar bajo la órbita del Ministerio de Interior para ser coordinado por Sanidad, marcando el paso de un enfoque de orden público a otro de protección de la salud. "Hay que profundizar en la prevención, pero el problema de las drogas presenta muchas caras y necesita actuaciones en una diversidad de ámbitos", asegura la delegada del Plan Nacional de Drogas, Carmen Moya: "Es cierto que las medidas represivas exclusivamente no resuelven el problema, pero no podemos menoscabar en medios policiales". Si en 2003 había 3.491 policías y guardias civiles combatiendo al crimen organizado, hoy son 10.653 los agentes dedicados a esta labor.
En 2009 está prevista la ampliación del SIVE por el Este, para frenar la entrada de droga por el delta del Ebro, pero los narcos han inaugurado una nueva vía de acceso mucho más permeable: la entrada por carretera desde los Balcanes. También han intensificado la ruta africana de la cocaína, y siguen colando la droga en zodiac, avionetas, contenedores de mercancías o en los intestinos de los camellos en vuelos comerciales. La creatividad y sofisticación de los traficantes parece no tener fin. El Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona interceptó el 20 de marzo un paquete procedente de Venezuela que contenía una vajilla de 42 piezas -vasos, platos y vasijas- fabricada con cocaína.
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