Foro "Ley General de Atención a víctimas u ofendidos del délito", Cámara de diputados, 10 de marzo de 2010:
Josefina Vázquez Mota, inauguró este miércoles en San Lázaro el Foro: “Ley General de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito”, ahí aseguró que su bancada trabaja en una iniciativa que reconozca el dolor de las víctimas del delito y sus familias.
Aseveró que la sociedad demanda a los legisladores a hacer mejores leyes, que es para lo que está el Congreso de la Unión y no para ocuparse de otros asuntos, ya que “reconocemos la exigencia total de que nosotros somos sus servidores”.
En ese sentido, la diputada afirmó que su grupo parlamentario considera indispensable reglamentar los derechos previstos en el apartado para víctimas en el artículo 20 constitucional; establecer obligaciones para las autoridades del Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública, para dar certidumbre en el ejercicio de los derechos a favor de las víctimas y los ofendidos.
De igual manera, manifestó que es necesario considerar estructuras jurídicas y materiales para apoyar a las victimas mediante una figura de defensor victimal, que ofrecerá asesoría y acompañamiento legal durante todo el procedimiento; garantizar que las víctimas cuenten con atención médica, psicológica, psiquiátrica y especializada; establecer apoyo económico a las víctimas.
En su oportunidad, la Sra. Isabel Miranda de Wallace, subrayó que el país requiere de varios cambios y reformas estructurales en diversos ámbitos, para que México salga adelante y tenga un desarrollo óptimo por el bien de los ciudadanos. Por lo anterior, exigió a los diputados la pronta aprobación de la Ley de Amparo, ya que es un instrumento importante para las víctimas del delito porque las leyes en el país fueron creadas en los derechos y beneficios de los delincuentes.
Isabel Miranda destacó que las víctimas del delito no son tomadas en cuenta dentro de un proceso judicial de manera activa, solamente llegan a la coadyuvancia: "les pido ( a los diputados) que aprueben la Ley de Amparo, porque es un importante instrumento en su lucha”.
Posteriormente, el presidente de México SOS, Alejandro Martí, indicó que ser víctima del delito de secuestros, es ser víctima secuencial de una serie de efectos colaterales derivados del sistema judicial, ya que el país padece de un de un Ministerio Público ineficaz.
Martí dijo que “es necesario mejorar el sistema judicial mexicano; es una reforma importante que se debe de hacer para fortalecer los juicios abiertos o orales. Todos los estados de la República tienen que pasar del sistema actual al sistema de oralidad”.
Señaló en su intervención que es necesario defender a las víctimas del secuestro tanto económica como legalmente, ya que existen miles de personas que no cuentan con los recursos suficientes para pagar los servicios de un abogado u asesor jurídico. Además, los trámites antes las autoridades competentes son confusas y desorientan al ciudadano.
Por su parte el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Juan de Dios Castro Lozano, reconoció que en la legislación actual no existen los suficientes mecanismos de protección a las victimas del delito y a sus familiares, además de que dijo, es necesario implementar una limpieza de las autoridades a nivel federal y local. “Se tiene que hacer un esfuerzo para que desde los mandos altos se empiece hacer una limpieza federal (…) el funcionario corrupto es peor que la prostituta, la prostituta tiene dignidad humana porque entrega su cuerpo pero no su alma, el funcionario público entrega su alma para alimentar el cuerpo”, expresó Juan de Dios Castro.
El Subpprocurador, explicó que los delincuentes tienen defensores y garantías individuales procesales, sin embargo la victimas del delito carecen de coadyuvantes. Por lo anterior, urgió a trabajar en la materia y aprobar la Ley de Amparo y la Ley de Atención a Víctimas del Delito. “Porque la Constitución dice que las víctimas del delito tienen derecho a coadyuvar con el Ministerio Público y significa participar en el proceso, ofrecer pruebas junto con el MP y se prevé un Centro Nacional de Victimas del Delito y varios centros en cada entidad federal”, acotó.
Respecto a la cultura de la denuncia, dijo que se anula con la conducción generalizada de policías, federales, estatales y municipales. “Porque la experiencia que yo tengo es que los familiares de los secuestrados dicen no denuncie porque lo voy a hacer contra quiénes son mis verdugos, porque saben quienes son los que secuestraron a mi familiar”.
Por su parte, el subsecretario de Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Monte Alejandro Rubido García, confió en que la propuesta de Ley de Atención a Victimas del Delito que se encuentra en discusión en el legislativo fortalezca la materia a nivel nacional.
Rubido destacó que en el 2009, la SSP atendió a más de 22 mil personas que fueron víctimas de algún delito o acto violento. “Lo anterior se logró con base en tres modalidades de trabajo: presencial, virtual y a distancia”.
Enfatizó que la Secretaría de Seguridad coordina la Red Nacional de Atención a Víctimas, la cual está conformada, por 513 miembros, que incluyen instituciones de los tres órdenes de gobierno.
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