Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.

Pactan 715 medios la cobertura de violencia

El presidente Felipe Calderón expresó su reconocimiento a los propietarios, directivos, cuerpos editoriales y conductores de los medios de comunicación que hoy suscribieron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia.

En un comunicado, Los Pinos dio a conocer que el presidente Calderón celebra también que se hayan sumado a este acuerdo un gran número de organizaciones sociales, instituciones privadas y académicas e individuos que otorgan un amplio sustento social a los elementos postulados por el documento.

En el comunicado expresó que el jefe del Poder Ejecutivo federal aplaude que el acuerdo se rija por los principios rectores de pleno respeto a la libertad de expresión, independencia editorial, profesionalismo y responsabilidad social.

Este acuerdo es, de nueva cuenta, una muestra clara de la responsabilidad ejercida por los medios de comunicación firmantes para enfrentar el fenómeno de las organizaciones criminales y la violencia que éstas generan, cuya atención es de interés de todos los mexicanos, expuso el comunicado.

Calderón igualmente refrenda su compromiso inquebrantable con la libertad de expresión y con el derecho y acceso a la información pública, consagrados en nuestra Constitución, para fortalecer el ejercicio del periodismo y de la comunicación en México.

Además, el mandatario subrayó que la participación de los medios de comunicación es crucial para consolidar una política de Estado en materia de seguridad, por lo que reconoce que el acuerdo es un hecho de la mayor trascendencia para el país, y convoca a los demás actores de nuestra sociedad a impulsar iniciativas como ésta, para hacer frente a quienes desean poner en riesgo la tranquilidad y la seguridad de los mexicanos.

El día de hoy 715 medios de comunicación firmarán hoy el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia. Este compromiso, que fue saludado ayer por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, es parte de la responsabilidad de estos medios para “actuar con profesionalismo” y apegarse fielmente a los hechos.

“Uno de los retos centrales que tenemos los medios en este tipo de coberturas es cómo consignar hechos con valor periodístico y a la vez limitar los efectos estrictamente propagandísticos de los mismos”, para impedir que los presuntos delincuentes se conviertan en “víctimas o héroes públicos”, se señala en el documento.

Además de los más de 700 medios de comunicación, participan organismos empresariales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, deportistas, actores y serán testigos: la directora del Politécnico, Yoloxóchitl Bustamante; el rector de la UNAM, José Narro Robles; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia; el presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles, y el director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña.

Todos manifiestan que son conscientes de que el combate frontal a la delincuencia es una “obligación constitucional y legal que no puede ni debe estar sujeta a compromisos o negociaciones”, por lo que manifiestan su esperanza de que los actores políticos la reconozcan como tal y asuman su compromiso de no claudicar en su cumplimiento.

Además, expresan “su determinación” sólo en el contexto para realizar acciones que contribuyan al Estado de derecho, porque sólo en ese contexto “es posible la vida democrática y el goce pleno de libertades fundamentales que consagra la Constitución”.

Órgano de observaciónMás de 600 estaciones de radio, 92 periódicos y 23 revistas se comprometen a cumplir con este acuerdo que tiene entre sus criterios editoriales: condenar y rechazar la violencia motivada por la delincuencia organizada, enfatizar el impacto negativo que tiene y bajo ninguna circunstancia justificar “las acciones y los argumentos del crimen organizado y el terrorismo”.

No convertirse en su vocero involuntario, evitar el lenguaje y la terminología empleadas por los delincuentes y abstenerse de usar inadecuadamente los términos jurídicos que compliquen la comprensión de los procesos judiciales.

Los medios participantes también se comprometen a no prejuzgar a los culpables y tener cuidado con la información de las autoridades, que en algunas ocasiones por mostrar una mayor eficacia presentan a los detenidos en condiciones que cancelan su presunción de inocencia.

Así como no prejuzgar culpables, cuidar a las víctimas y a los menores de edad; alentar la participación y denuncia ciudadana, no interferir en el combate a la delincuencia, proteger a los periodistas y solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios.

Conscientes de que “hoy, la libertad de expresión está amenazada” y que sin ella “no hay democracia”, los medios que participan en el acuerdo alentarán la creación de un órgano ciudadano de observación que estará listo en un plazo no mayor a 30 días.

En el documento que avala, entre otros, el ex rector Juan Ramón de la Fuente, se reconoce como punto de partida que “el poder intimidatorio y corruptor criminal se ha constituido en una amenaza a las instituciones y prácticas que sustentan nuestra vida democrática” y las libertades fundamentales de la sociedad.

Ya que el terror que ha propagado la delincuencia organizada ha limitado mucho la libertad de expresión, de reunión y de tránsito en localidades importantes del país.

Hoy por la mañana se presentará públicamente este acuerdo, que será firmado por los propietarios y directores editoriales de MILENIO, El Universal, Excélsior, Organización Editorial Mexicana, El Economista y La Razón, entre otros, para tener una estrategia que permita a los comunicadores seguir con su trabajo, para lo cual se retomaron las experiencias que han vivido otras democracias desde el primer cuarto del siglo pasado.

Se subraya, que según organismos internacionales, “México es uno de los países más riesgosos en ejercer el periodismo y la libertad de prensa por la presión de la delincuencia organizada” y que para lograr informar a la sociedad en este contexto de alto riesgo se requiere una estrategia que impida que el “terror vaya cancelando plazas informativas”.

Se parte del reconocimiento de que es responsabilidad “única y exclusiva del gobierno” cumplir y hacer cumplir la ley, del Poder Legislativo hacer las leyes que faciliten el uso constitucional de la fuerza pública, así como de los juzgadores procesar conforme a la ley.

Mientras que los medios “tenemos la responsabilidad de actuar con profesionalismo y preguntarnos de las implicaciones potenciales que tiene el manejo de la información”, por lo que las noticias deben apegarse fielmente a los hechos.

Entre los objetivos del acuerdo destaca el definir criterios para la “protección de la identidad de las víctimas de la violencia y promover el respeto a la legalidad, el combate a la impunidad y la participación ciudadana”.

Se busca sumar a más medios de comunicación, sobre todo los que trabajan en las zonas de mayor conflicto, para que todos cuenten con mecanismos que les impidan convertirse en “instrumentos involuntarios de la propaganda del crimen organizado”.

Gráfico: Alfredo San Juan