¿Hacia un periodo extraordinario de sesiones?

¡ Hacia un periodo extraordinario de sesiones?

Analiza la Primera Comisión de la Permanente  la posibilidad de convocar de manera urgente a un periodo extraordinario de sesiones para analizar la reformas Laboral, Ley de Amparo, así como al Código Federal de Procedimientos Penales.
La propuesta formal de la bancada panista e indica que dicha convocatoria al periodo extraordinario de sesiones debe ser emitida “con carácter de urgente y obvia resolución”.La proponente, la legisladora María Joann Novoa Mossberger.
Rezan las consideraciones de la propuesta:

“…En otro tema, se encuentra la urgente transformación de un Sistema de Justicia Penal que provea a la población las condiciones de confiabilidad y transparencia, cerrando espacios a la impunidad y a la arbitrariedad.
La reforma integral de seguridad y procuración de justicia, atenderá la necesidad de adoptar un sistema acusatorio adversarial en materia penal, que consiste en implementar el sistema de justicia oral y de procedimientos simplificados y transparentes que den cabida a instituciones que protejan y garanticen la vigencia de los derechos de la víctima durante todo el procedimiento y faciliten y aseguren la reparación del daño, entre otros. Su aprobación brindará herramientas para combatir los flagelos que afectan a toda la nación.
La iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal que expide el Código Federal de Procedimientos Penales, plantea el desarrollo de los tres grandes elementos procesales propios del sistema penal acusatorio: la investigación, la etapa intermedia y el juicio oral. Además, se complementa con características propias de la reforma constitucional, tales como la vinculación a proceso, el control previo, la figura del hecho delictivo, el catálogo de delitos considerados graves por nuestra Constitución para efectos de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la regulación de la conducción y el mando del Ministerio Público durante la investigación y las funciones de la policía, el desarrollo de procedimientos especiales para sancionar a personas jurídicas o para inimputables, entre otros aspectos.
Se pretende además, “crear un ordenamiento jurídico que tenga por objeto establecer las normas que habrán de observarse en la investigación, imputación, acusación, juzgamiento e imposición de la sanción de los delitos competencia de los jueces y tribunales federales, para contribuir a asegurar el acceso a la justicia, en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en las leyes que de aquélla emanen, así como de las garantías para su protección”.
Privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando en el procedimiento tanto la víctima u ofendido como el imputado participen conjuntamente para la solución de las cuestiones derivadas del hecho delictivo; el procedimiento será acusatorio y oral, se regirá por los principios generales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; entre otros.
Por último, se establecen disposiciones preliminares, principios y derechos del procedimiento, jurisdicción y competencia, actividad procedimental y sujetos procesales y sus auxiliares, además de destacar los siguientes rubros: principios y derechos procesales, jurisdicción y competencia, diversos tipos de competencia, competencia auxiliar, conflictos competenciales, acumulación y separación de procesos, impedimentos, recusaciones y excusas, disposiciones comunes a la actividad procedimental, oralidad, idioma, protesta de ley, registro de las actuaciones, medios tecnológicos, audiencias, publicidad de las audiencias, correcciones disciplinarias, comunicaciones entre autoridades, notificaciones y citaciones, gastos procedimentales, acceso a la información, medios de apremio, sujetos procesales, víctimas u ofendidos, imputado, defensor, ministerio público, policía, juzgador”, entre otros.
Por lo que es urgente y necesario la aprobación de tan importante reforma, para la agilización de la impartición de justicia en el país. El sistema de procuración e impartición de justicia requiere de atención inmediata por parte de las distintas instituciones públicas, sin embargo hay poco por hacer, si antes el marco jurídico en el que basan la justicia no contempla mecanismos suficientemente efectivos, para la realidad que vivimos.
En el caso de la modificación a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política, fue aprobada en el Senado de la República, luego enviada a la Cámara de Diputados, donde se turnó para dictaminación, y que actualmente se encuentra pendiente.
En la propuesta enviada a esta Cámara se prevén mecanismos para evitar y corregir abusos que desvíen el objetivo central de esta figura. Las tesis que sean generadas deberán cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley.
Se sugiere crear los Plenos de Circuito para brindar una mayor autonomía a los Circuitos judiciales para acrecentar la homogeneidad, precisión y claridad de sus criterios y precedentes. En consecuencia, se fortalece a los Tribunales Colegiados de Circuito y se les da un reconocimiento a sus integrantes como intérpretes judiciales.
Además de considerar facultar al Pleno de la Suprema Corte a resolver las solicitudes de atención prioritaria y facultar al Presidente de la misma para atender dichas solicitudes y darle el trámite que el asunto requiera. Asimismo, contempla adiciones en la Ley Orgánica del Congreso General, a fin de que los Presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores puedan solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de la representación legal que poseen de sus respectivas Cámaras, la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, con fundamento el artículo 94 Constitucional.
También, se faculta al Procurador General de la República a denunciar las contradicciones de tesis de jurisprudencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como ante los Plenos de Circuito, reformando la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Asimismo, se dictaminen las reformas a la Ley de Asistencia Social, el cual propone modificar la denominación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia por el de Sistema Nacional para el Desarrollo de la Infancia y la Familia, estableciéndose como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, crea al interior del organismo una Procuraduría para la Defensa de la Infancia y la Familia, como instancia encargada de vigilar el respeto y observancia a los derechos de la niñez y la adolescencia, así como de fomentar la cultura del respeto a sus derechos, estará a cargo de la persona que designe la Junta de Gobierno.
Por último, para que se dictamine la nueva Ley General para la Protección de los Derechos de la Niñez, que tiene por objeto promover y garantizar la protección integral de los derechos de la niñez y establecer la coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado.
Este nuevo ordenamiento es resultado de una acción legislativa transparente y responsable. Para su elaboración, se realizo un análisis detallado de 22 iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Nuestras acciones deben ser coherentes ante esta situación, los temas que requieren reformas relevantes, necesitan atención inmediata; por ello exhortamos a ustedes, honorables miembros de la Comisión Permanente, a realizar la convocatoria correspondiente a un periodo extraordinario de sesiones. Sin él, la discusión sobre estos temas tendría que postergarse hasta que sean atendidos por la nueva legislatura. Los problemas que aquejan a nuestra sociedad no esperarán, seguirán su curso haciéndose cada vez más profundos y difíciles de abordar.
Demos a nuestra sociedad las reformas legales que reclama. Abordemos ahora los temas que necesitan de nuestra atención y concretemos las reformas jurídicas que ayuden a resolver las necesidades de los mexicanos.
Nuestra sociedad exige que cumplamos nuestro deber y brindemos las bases jurídicas necesarias para el desarrollo del país. Las reformas pendientes deben ser dictaminadas inmediatamente, el pueblo mexicano ha depositado sus esperanzas en nuestro trabajo y no debemos darle la espalda.
Por lo expuesto, someto a consideración de la Honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente con carácter de urgente y obvia resolución a los miembros de la Comisión Permanente, a convocar al Honorable Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones, con el fin de aprobar las reformas estructurales pendientes como lo son la laboral, en seguridad y procuración de justicia y de amparo, en beneficio de nuestra sociedad.
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La otra propuesta en la Primera comisión es los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Víctor Humberto Benítez Treviño (PRI)
Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Gobernación para que en el ámbito de su competencia libere los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 destinados para desarrollo de proyectos prioritarios, para la implementación del sistema procesal acusatorio, dentro de los que se incluye: la adquisición de equipo, el desarrollo tecnológico y la adecuación o creación de infraestructura, de las Procuradurías y Tribunales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal que se encuentren en proceso de implementación del nuevo sistema penal.
Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal para que en el ámbito de su competencia haga llegar a los estados y el Distrito Federal los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 destinados para desarrollo de proyectos prioritarios, para la implementación del sistema procesal acusatorio, dentro de los que se incluye: la adquisición de equipo, el desarrollo tecnológico y la adecuación o creación de infraestructura, de las Procuradurías y Tribunales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal que se encuentren en proceso de implementación del nuevo sistema penal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de mayo de 2012.
Fue turnada a la Primera Comisión que preside el senador Rogelio Rueda Sánchez  (PRI).
Son secretarios los diputados César Augusto Santiago; Dip. Gustavo González Hernández (PAN) y Dip. Mary Thelma Guajardo Villareal (PRD). Integrantes; Sen. Carlos Aceves del Olmo (PRI); Sen. Renán Cleominio Zoreda(PRI); Dip. Carlos Flores Rico (PRI); Dip. Alfonso Navarrete Prida (PRI); Dip. Felipe Solís Acero (PRI); Sen . Humberto Aguilar Coronado (PAN); Sen. Sergio Alvarez Mata; (PAN); Dip. José Gerardo de los Cobos Silva (PAN);: Dip. Carlos Alberto Pérez Cueva (PAN); Sen. Carlos Sotelo Garcia (PRD) y Senador Julián Guitrón Fuentevilla (MC).