Por fin Ley de Lavado de activos!

Un largo proceso legislativo.
El Senado de la República aprobó este jueves 11 de octubre de 2012  por unanimidad, la minuta que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para debilitar las estructuras financieras de las organizaciones delictivas.
Rezó el Presidente  del senador Ernesto Cordero:
“En consecuencia quedan aprobados los artículos 6 y 8 del proyecto de decreto, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,
¡se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del Artículo 72, Constitucional!
Estos son los posicionamientos de los senadores de todas las fracciones parlamentarias, una vez dispensadas la segunda lectura que marca la normatividad parlamentaria.

-EL C. PRESIDENTE AISPURO TORRES: Muchas gracias, secretaria.
Se concede el uso de la palabra al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia en término de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento, y hasta por diez minutos.
EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Con su venia, señor presidente. Para fundamentar el dictamen que está a su consideración, dictamen que ha sido votado por las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda.
Uno de los tres ejes de la estrategia de seguridad y de justicia que ha implementado el Presidente Calderón es justamente el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia. Precisamente porque se propone en esta estrategia el fortalecimiento de estas instituciones se ha articulado como una verdadera política de estado.
Es por ello que en el año de 2010, el Presidente Felipe Calderón envió al Senado de la República la Iniciativa de Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, misma que el día de hoy, en caso de ser aprobada por la mayoría de los senadores, concluiría su proceso legislativo.
Ha sido un proceso de dos años en el cual el Congreso de la Unión ha fortalecido, a modificado, a generado consensos para precisamente tener hoy en día una ley en contra del lavado de dinero.
Y sin lugar a dudas la pluralidad política que se representa en el Congreso mexicano ha enriquecido esta propuesta.
Hay un reclamo social de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado. Y de eso se trata precisamente esta ley, de debilitar las estructuras financieras del crimen organizado y sobre todo inhibir la renta que reciben de parte de sus actividades ilícitas.
Se estima que el volumen de recursos que son objeto de operaciones del lavado de dinero oscila entre 10 mil y 14 mil millones de dólares.
La Iniciativa presentada por el Presidente de la República está vinculada a otras acciones que en materia administrativa asumió el gobierno federal precisamente para combatir el lavado de dinero, como fueron las restricciones al depósito de dólares en nuestro país.
Este proyecto de ley tiene básicamente tres ejes.
En primer lugar, se establece un sistema permanente para identificar y dar seguimiento a las operaciones económicas especialmente vulnerables e inusuales, de modo que las instituciones hacendarias y de procuración de justicia cuenten con mayores capacidades de inteligencia para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.
En segundo lugar, este proyecto de ley fortalece la coordinación entre la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con una unidad que esta ley crea en el ámbito de la Procuraduría General de la República.
Es preciso mencionar que los funcionarios que integrarán esta nueva unidad en el ámbito de la Procuraduría General de la República deberán ser sometidos a estrictos controles de confianza para garantizar no solamente el profesionalismo de sus actividades, sino la honestidad en el ejercicio de esta alta responsabilidad.
El tercer eje de este proyecto de ley consiste en fijar límites al uso de dinero en efectivo en operaciones de compra-venta de servicios bienes, muebles e inmuebles y a partir de ciertos umbrales definidos en la propia ley.
Este proyecto ha logrado un sano y razonable equilibrio entre la necesidad de inhibir el uso de dinero en efectivo y el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en nuestro país.
Es importante destacar, señoras y señores senadores, que bajo ninguna circunstancia esta ley vulnera los derechos de los ciudadanos.
Se establecen controles estrictos a la confidencialidad sobre los avisos y reportes que presenten los sujetos obligados a las autoridades competentes, con lo cual se garantizan los derechos de datos personales de los ciudadanos.

También el esquema de identificación y de avisos no constituye bajo ninguna circunstancia, denuncia o querella, de modo que por sí mismas no implican actos de molestia para los ciudadanos.
Este proyecto de ley recoge los criterios, las reglas y esquemas que han sido concertados por la Comunidad Internacional para el combate eficaz al lavado de dinero.

México había permanecido rezagado en razón de que no había extendido ciertas obligaciones antilavado de dinero a intermediarios no financieros.
En ese sentido, este proyecto de ley recurre a la participación de proveedores de bienes y servicios, lo mismo que a notarios públicos y corredores, para identificar operaciones especialmente vulnerables, sobre todo aquellas que se realizan en efectivo.
El presente dictamen, el que está a consideración de las señoras y señores senadores, propone aceptar las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados en ejercicio de sus facultades asociadas a su papel de Cámara revisora.
Esas modificaciones versaron básicamente sobre lo siguiente.
Se fortaleció el mecanismo para detectar operaciones fraccionadas en efectivo, con lo cual el proyecto ha sido enriquecido con mejores candados para detectar la simulación a los umbrales establecidos en la propia ley.
La Cámara de Diputados también estableció una facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para establecer reglas generales y poder interiorizar al régimen en contra del lavado de dinero, las particularidades de los sujetos obligados o de las actividades que realicen, con el propósito de, insisto, no inhibir las operaciones económicas que se realizan cotidianamente en nuestro país.
Es oportunidad para expresar el reconocimiento a todas las fuerzas parlamentarias representadas en este Congreso. Ha sido producto del trabajo político, de la disposición al acuerdo, de la voluntad a encontrar los equilibrios, no solamente para construir mayorías decisorias, sino sobre todo para encontrar los mejores modelos para que el Estado mexicano cuente con mejores herramientas e instrumentos para combatir este flagelo.
Esta iniciativa sale hoy del Congreso de la Unión fortalecida. Sale hoy del Congreso de la Unión enriquecida. Sale hoy con el sello de la pluralidad  política representada en este congreso.
Hemos dado una muestra que el diálogo, la negociación y la disposición a reconocer la verdad del otro es la vía para generar bienes públicos.  Esta es una muestra clara de que el congreso decide y de que nos unen altos propósitos de país, sigamos por esta ruta para transformar a México, tenemos muchas leyes, muchas reformas y muchos cambios que hacer por el bien de nuestro país.
Muchísimas gracias, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR ERNESTO CORDERO: Muchas gracias, señor senador. Se concede el uso de la palabra a la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación en términos de lo dispuesto por el Artículo 196 del Reglamento y hasta por 10 minutos.
  LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR (PRI)  Muchas gracias, señor Presidente. Compañeros senadores: La discusión y aprobación de esta ley es de una fundamental importancia. Según el estudio lavado de dinero, indicadores y acciones binacionales elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, abril del 2012.
El lavado de dinero en el mundo podría representar entre 2 y 5 por ciento del Producto Interno Bruto global, con un costo monetario que se ubicaría en un rango de entre 500 mil millones y 1.5 billones de dólares.
El Congreso en Washington señala que cada año entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares de ganancias ilícitas fluyen desde Estados Unidos hacia cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales en México.

La aprobación de esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita no es un asunto menor, sino una tarea sustantiva de poder establecer herramientas jurídicas en contra del flagelo que hoy más aflige en este tiempo la delincuencia organizada.

Esta minuta es fundamental pues nos ayuda a ir en contra de la columna vertebral y el sustento de las organizaciones criminales, sus bienes y sus recursos.
Esta ley establece que  la Procuraduría General de la República cuente con una unidad especializada en análisis financiero y que trabajará en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras instituciones.
Esto guarda un principio importantísimo y en el que hemos insistido la seguridad pública no se puede concebir si no es con cooperación y la auxiliariedad. En ella se debe de acompañar las diversas y más vastas expresiones tanto políticas como interinstitucionales para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según la DEA y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a propósito del mismo estudio al que hacemos referencia, en la economía mexicana existe un excedente, así también o de entre 9.2 y 10.2 mil millones de dólares, que al final del año no justifica una fuente legítima.
En el Centro Nacional de Inteligencia Sobre Narcóticos del Departamento de Estados Unidos de América que estima que cerca de 39 mil millones de dólares se lavan afuera de sus fronteras de Estados Unidos, acciones que desarrollan principalmente organizaciones de Colombia y México siendo nuestro el de mayor volumen.
La misma organización reportó la entrada a México de 17,200 millones de dólares entre 2003 y 2004, y el Congreso en Washington, DC., señala que entre 19 mil millones y 29 mil millones de dólares son ganancias ilícitas que fluyen y entran y se mueven en nuestro país anualmente sin que nadie señale nada.
Es fundamental, compañeros senadores golpear las finanzas de los criminales; es necesario que nuestras fuerzas de seguridad puedan tener un andamiaje jurídico para proteger y perseguir estos ilícitos.
En México las sentencias por investigaciones iniciadas en blanqueo de dinero apenas alcanzan el 2 por ciento y no se cuenta con los datos específicos para el secreto bancario.
Necesitamos salvaguardar la integridad de nuestro sistema financiero y,  dejar de hacerlo, blanco fácil y vulnerable a sucesos como los referidos.
No hay forma de ir en contra de la delincuencia organizada si no se lastiman las finanzas que las sustentan en la detección y en la prevención; pero de manera fundamental en el desmantelamiento de las mismas.
Hoy de nueva cuenta el Grupo Parlamentario del PRI acompaña al Ejecutivo en este esfuerzo. No hemos ni vamos a escatimar ningún esfuerzo en algo que nos atañe a todos, y en lo que todos tenemos que ir juntos, que se llama seguridad.
Celebro y aplaudo el interés y la capacidad de los actores políticos para este fin, de mi compañero Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia; del Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión Segunda de Estudios Legislativos, y desde luego de mi compañero Arturo Zamora que fue fundamental para este trabajo de las anteriores legislatura que procesaron esta ley, y que de igual manera el beneplácito a todos los partidos y de todas las personas involucradas por la oportunidad, y lo señalo y lo reitero, por la grande oportunidad de ponernos de acuerdo y de la aprobación de la misma.
Enhorabuena para todos los grupos parlamentarios.
Es cuanto, Presidente.
 EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señora senadora. Se concede el uso de la palabra al Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, en términos de lo dispuesto por el Artículo 196 del Reglamento, y hasta 10 minutos.
- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ (PRD): Con su autorización Senador Presidente. Compañeras y compañeros senadores: En representación de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, vengo a fundamentar la aprobación a las modificaciones y adiciones que la Cámara de Diputados remitió en carácter de minuta referente a la Ley Sobre la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita.
Aquí, en esta discusión partimos del reconocimiento de que la reconfiguración de la actividad delictiva en nuestro país derivó también en la reconfiguración del manejo de recursos económicos y financieros de la delincuencia organizada, lo cual llevó a definir nuevos niveles en los problemas y en las limitaciones de las instituciones públicas, que a nuestro juicio requieren de una reformulación de la visión tradicional de la seguridad nacional.
La seguridad nacional debe orientarse a una nueva concepción del estado que incentive capacidades legales y de acción y participación en la esfera pública y privada en la realización de acciones preventivas eficaces contra la delincuencia organizada sin necesidad del uso de medios represivos.
La seguridad nacional debe concebirse como el conjunto de condiciones de acciones no sólo de defensa sino también de carácter político, económico social y cultural que garanticen la soberanía, la independencia y la promoción de los intereses de la nación  mexicana, y al mismo tiempo fortalezcan las capacidades institucionales del gobierno y de la sociedad para hacer frente a riesgos y amenazas que puedan vulnerar la existencia de la nación.
El Estado Mexicano debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y priorizar la protección de la vida y el patrimonio de las personas en relación a cualquier amenaza crítica como la que representa la delincuencia organizada.
Por lo que mientras no se combata de manera eficaz el lavado de dinero y se desmantele el poder financiero y patrimonial de la delincuencia organizada, el problema de la violencia y el narcotráfico no desaparecerá en nuestro país.
En México se han mencionado en distintos medios de comunicación, y como lo han señalado aquí, tanto el Presidente de la Comisión de Justicia,  como la Presidenta, la Comisión de Gobernación,  los cárteres del narcotráfico habrán lavado  más de 3 billones de pesos en los Estados Unidos y en México lo que equivale al 82 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación para este año.
De acuerdo con esas estimaciones, cada cartel de la droga serían 15 veces más rentable que el grupo CARSO, y al mismo tiempo el departamento de  estado de los Estados Unidos ha señalado que el sistema financiero  en nuestro país es la principal fuente del blanqueo de capitales. Sin embargo y de manera lamentable entre el año 2007 y el 2011, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo denunció 197 casos de lavado en bancos ante la Procuraduría General de la República con un porcentaje profundamente marginal respecto al volumen que representa el blanqueo de recursos en el sistema financiero de nuestro país.
Por eso coincidimos en que debe aprobarse la minuta que envía la Cámara de Diputados donde hubo varias valoraciones que corrigieron de fondo el proyecto original de la iniciativa.
En primer lugar, se reestructuró el Proyecto de Ley, para establecer que los reportes para dar aviso de operaciones susceptibles de ser realizadas por el crimen organizado fueran los mismos que señala cada uno  de los cuerpos legales que integra la legislación financiera.
Se amplió también el objeto de la Ley para establecer que no sólo se trata de medidas y procedimientos para prevenir y detectar  actos de operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita, sino que también para establecer los  elementos, para investigar y perseguir los delitos de operaciones con estos recursos.
Las estructuras  financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento así como para proteger la integridad de la economía nacional y del sistema financiero.
La minuta crea la unidad especializada de análisis financiero en contra de la  delincuencia organizada de la Procuraduría General de la República,  la cual podrá coordinarse con la unidad de  inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda en donde se aprobarán los procesos de evaluación inicial y periódica para el ingreso y permanencia del personal en dicha unidad a los cuales se le otorga la posibilidad de resguardar su identidad a fin de que esto no incurra en una situación de vulnerabilidad a su integridad personal.
Se establece en el dictamen la obligación para que la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría  puedan contar con programas de capacitación, actualización y especialización permanentes en las materias de la presente ley en el ámbito de sus competencias y se modificó lo relativo a las entidades financieras reconociendo que las actividades que realizan son vulnerables  para ser utilizados en esquemas de lavado de dinero y por lo tanto tienen que ser sujetas a supervisión como son las obligaciones de identificar y conocer  a sus clientes y usuarios así como de reportar determinadas  operaciones ante la Secretaria de Hacienda a través de los órganos supervisores de la propia Secretaría, quienes continuarán siendo los responsables de sancionar las infracciones  en las que incurran dichas entidades.
En el dictamen se amplía el catálogo de las denominadas  actividades vulnerables, y se establecen, como tales a las vinculadas a las prácticas  de juegos con apuestas, concursos o sorteos, la emisión o comercialización  habitual o  profesional de tarjetas de servicios o de créditos no bancarias así como los cheques de viajero y la prestación habitual o profesional de operaciones de mutuo, de garantía, de crédito o préstamo realizado por personas distintas a las entidades financieras entre otras actividades que se consideran vulnerables.
Con la aprobación de esta iniciativa, cerramos un proceso de debate legislativo  que se extendió a lo largo de dos años, y que se dio de manera particular en la Cámara de Diputados  en la legislatura anterior, y con la aprobación de esta ley, ahora sí no hay pretexto para que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda, actúen de manera coordinada en uno de los temas fundamentales para poder desmantelar las redes del narcotráfico y su enorme poder  financiero y patrimonial.
Por supuesto que estamos conscientes de que esta Ley está sujeta a prueba todavía, y conocemos la preocupación de algunos sectores de la economía como la industria automotriz, la industria joyera, que algunas reservas  sobre lo contenido de la Ley, pero estamos seguros que una vez que la Ley entre en vigor y sea sometida a prueba, pueda ser susceptible de algunos ajustes y correcciones.
Más lo importante hoy es dotar a los instrumentos que se requieren para garantizar una acción eficaz del gobierno mexicano en el desmantelamiento de la delincuencia organizada.
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señor Senador.
Pasamos a la exposición de posicionamientos de grupos parlamentarios, harán uso de la palabra en los términos del artículo 197 del reglamento hasta por  5 minutos los senadores Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Me están reportando un cambio de orador, será el Senador Blásquez  quién posicione por parte del Partido del Trabajo, la Senadora Ninfa  Salinas Sada, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario  del Partido Acción Nacional y; el Senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia,  se concede el uso de la palabra al Senador Blásquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
EL C. SENADOR MARCO ANTONIO BLASQUEZ SALINAS: Muchas gracias, señor Presidente, con el permiso de la Asamblea, y de mi coordinador.
 Bien, es en sentido completamente positivo  que la bancada del Partido del Trabajo fija posicionamiento sobre esta  iniciativa de reforma, esta que conocemos como la Ley Federal para la Prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero que  en la ciudadanía se le conoce como la Ley Antilavado de dinero.
Nos hemos preguntado históricamente  así como el debate del huevo y la gallina o la gallina y el huevo qué es primero, si es la producción o si  es el consumo o si es el consumo o es la producción, al menos ese es un debate que hemos sostenido históricamente con el vecino país del norte, si tú no produces yo no consumo, si yo no consumo, tú no produces.
Pero qué pasaría si a esta discusión le agregáramos la cuestión financiera, esto es, si no tuvieras dinero, pregunto, ¿podrías producir? Y ese es precisamente el tópico central que  he sido instruido por mi bancada de comentar aquí, que es precisamente el factor financiero por el que debemos empezar, porque es el principio, es el génesis de la actividad ilícita.
Hay que considerar que dentro de estos campos restrictivos, primero tenemos que ver la manera como sí se afecta a sectores productivos que se dedican o están por el buen camino.
Esto lo hemos registrado por ejemplo en lo que tiene que ver con el control de dólares, cuando nosotros aplicamos estas medidas restrictivas o los depósitos en efectivo, es un hecho que colateralmente estamos afectando a personas físicas o morales que se dedican a los buenos oficios y que se ven afectados por este tipo de medidas restrictivas, tal como  por ejemplo, cualquiera de nosotros nos pudimos ver afectados  en un aeropuerto con las revisiones  enfadosas  y molestas que nos aplican, pero que son parte de una manera de prevención.
También tenemos que estar muy observantes al efecto de lo que tiene que ver con con la acción y la reacción, toda medida restrictiva en cualquier tipo de aplicación va a causar siempre una reacción, y es obvio que aquí estamos o debemos estar muy pendientes todos los órdenes de gobierno porque la medida restrictiva sin duda va a generar una especie de mercado negro, eso nosotros lo hemos podido corroborar en todas las medidas, no sólo en las medidas hacendarias, todas aquellas que tienen por objeto restringir inmediatamente el flujo corruptor, busca una salida por otra parte, y creo que es en este sentido donde debemos de estar muy pendientes.
También quiero comentar que esta minuta tuve el gusto de trabajar con ella dentro de las sesiones de la Comisión de Hacienda, de la cual soy parte, propone modificaciones a la iniciativa de origen para establece medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de la coordinación interinstitucional que tenga como fines establecer los elementos para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, a la vez que se protege el sistema financiero y la economía nacional.
Hagamos votos porque estos dos años que llevó, poder llegar hasta este punto donde estamos, creo yo, a punto de aprobarla, que estos dos años hayan servido para que las dos cámaras hayamos madurado el proyecto, que seguramente votaremos a plenitud en su favor, pero que sí estemos muy observantes de lo que tiene que ver con las reacciones. 
Es un hecho que si nosotros restringimos a tantas cantidades actividades comerciales, como la compraventa de joyas, por ejemplo, vienes y servicios, vienes inmobiliarios, seguramente surgirán por ahí algunas actitudes que busquen de alguna manera encontrar otro camino para poder centrar estas actividades hacendarias.
Vamos a celebrar que hemos llegado a un punto correcto, y reitero, la del posicionamiento de mi bancada, es total y absolutamente  a favor. Cinco minutos con dos segundos.  Es cuanto, muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO:  Muchas gracias, senador. Se concede el uso de la palabra a la senadora Ninfa Salinas Sada, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
-LA C. SENADORA NINFA SALINAS SADA (PVEM):  Con su venia, señor presidente, el lavado de dinero afecta a los más altos y sensibles valores de la sociedad, debido a que por lo general está asociado con el narcotráfico, el secuestro, el tráfico ilegal de armas, y de personas, entre otros delitos que atentan contra la salud y la seguridad de personas  y la integridad de las familias mexicanas.
Es un delito transversal, que no solamente se da al interior de las entidades financieras, sino que se extiende hacia los negocios del sector real, de la economía, como son el inmobiliario, el hotelero, el de la construcción y el ganadero.
El Senado comprometido en proteger la dignidad y los más altos valores de los seres humanos, ha actuado con respeto a nuestra Constitución y de conformidad a la ley. En tiempo y forma ha aprobado el dictamen respecto a la iniciativa, de Ley para la Prevención e Identificación para Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilícita.
El trabajo se realizó actuando con prudencia y responsabilidad. La aprobación por parte del pleno al dictamen de ley es de suma importancia en este momento para el país, ante el problema de delincuencia organizada. 
Está ampliamente diagnosticado que en esta operación, que esta operación ilícita tiene más éxito cuando se manejan grandes volúmenes de dinero en efectivo, lo que provoca que se dificulte la identificación del origen de los recursos, o se coloca en sectores que movilizan o implican importantes cantidades de dinero, y precisamente esto es lo que se busca combatir con esta propuesta de ley.
Estamos en presencia de un reto mayúsculo, el de prevenir, identificar, y en su momento sancionar a las redes que se encuentran involucradas en las operaciones con recursos de  procedencia ilícita. 
Para tal fin, el dictamen que hoy se encuentra sujeto a discusión, establece topes para las transacciones en efectivo, que se realizan en operaciones con activos, considerados de alto valor, como la compraventa de bienes inmuebles, por tanto un gran mérito de este proyecto de decreto es el énfasis que se le da a la mitigación de riesgos que deben identificar operaciones sospechosas.
Se privilegia la estrategia y prevención ante la sanción y el combate, inteligencia sobre la fuerza en la lucha ante el crimen organizado, coordinar a diferentes actores, intermediarios financieros, notarios, corredores, comerciantes de metales, otras empresas y no sólo a las autoridades para enfrentar el problema, se trata de hacer un frente común y sumar fuerzas ante un problema social.
Ante este escenario, el Partido Verde celebra que se haya puesto especial énfasis en la atención a principios, criterios y reglas que rigen a la comunidad internacional, así como el respeto a los derechos humanos. 
En esta tesitura debemos destacar como logro de este ordenamiento los siguientes.
Primero. El objeto de esta ley es proteger al sistema financiero y a la economía nacional.
Segundo. Se pretende debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, respondiendo a los estándares internacionales. 
Tercero. México cumple así como miembro de la Comunidad Internacional a luchar contra el lavado de dinero, al mismo tiempo que enfrenta el problema interno, fortaleciendo las herramientas para combatir las estructuras financieras del crimen organizado. 
Cuarto. Esta ley afianza los mecanismos de coordinación entre las unidades especializadas sobre la materia. Por ejemplo la PGR y la Secretaría de Hacienda, quien se conserva como la dependencia de inteligencia financiera, que sirve de Centro Nacional de Recopilación, Análisis y Difusión de Información sobre posibles actividades de dinero. 
Y quinto. Procura la eficiencia en la sanción del delito, asegurando mejores espacios de coordinación institucional.
En virtud de lo anterior, exhorto a esta Cámara a aprobar esta herramienta estratégica para frenar un problema que atenta, incluso, contra la fortaleza nacional. Es nuestra responsabilidad generar un marco legal a la altura de las necesidades del país.
Respondamos a este reto, refrendemos nuestro compromiso con México, el combate a los problemas que aquejan a nuestros ciudadanos, y respondamos por ellos. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos).
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señora senadora. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
-EL C. SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA:  Con su permiso, señor presidente, señores integrantes de la Mesa Directiva, señoras senadoras, señores senadores, antes de externar la postura del grupo parlamentario del PRD con relación a la aprobación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, quisiera compartir con ustedes algunos datos.
Según estimaciones, el 78 por ciento de los sectores económicos en México están infiltrados por el narcotráfico y los cárteles mexicanos. Quienes tienen participaciones accionarias en esos sectores.
Asimismo, se calcula que los recursos de los cárteles del narcotráfico podrían representar alrededor del 40 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. El Estudio Binacional de Bienes Ilicitos dado a conocer en junio de 2010, reveló que cada año ingresan a México entre 19 mil y 29 mil millones de dólares desde Estados Unidos, provenientes de actividades ilícitas. 
Sin embargo, lo más interesante del asunto es que según la asociación de Bancos de México casi el 50 por ciento de ese dinero llega al sistema financiero mexicano de forma lícita. Incluso en su momento el entonces Embajador de Estados Unidos en nuestro país, Carlos Pascual, reconoció que entre el 75 y 90 por ciento de ese dinero ingresa  a territorio nacional, en efectivo, y que el 75 por ciento de las transacciones en la economía mexicana se realizan precisamente en efectivo.
Estos datos resultan por demás alarmantes, y es claro que el Congreso de la Unión no podría permanecer en la indiferencia ante el justo reclamo de la sociedad mexicana por un país más seguro para sus familias.
En el Partido de la Revolución Democrática, compañeras y compañeros senadores, hemos sido críticos desde un principio de la estrategia del Gobierno Federal en la lucha contra las organizaciones de la delincuencia organizada.
Hemos sostenido que es un error central todos los esfuerzos para combatir este flagelo en la lucha armada, en los balazos, en la violencia, y que la estrategia debiese ser integral, es decir, privilegiando los esfuerzos encaminados a debilitar las estructuras financieras de estos cárteles, así como evitando que cada vez más y más jóvenes engrosaran a las filas de esas organizaciones delincuenciales, brindándoles a ellos, para lograrlo, más y mejores oportunidades de estudio, de empleo, y por supuesto, de desarrollo.
Jamás hemos pugnado porque se deje de perseguir y sancionar a los delincuentes, pero siempre hemos tenido la certeza de que la lucha contra la delincuencia organizada, que tanto lastima hoy a nuestro país, debía tener una visión mucho más amplia y ser mucho más integral.
Por eso la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, debe ser entendida como una aportación del Congreso de la Unión para reorientar los objetivos y la estrategia en el combate al crimen organizado.
Pero debemos reconocer que su efectividad dependerá también de su reglamentación, de su aplicación y de la coordinación de los 3 órdenes de gobierno en el combate al lavado del dinero.
Deseo, respetuosamente, combinar ambas Cámaras del Congreso desde esta máxima tribuna para que estemos atentos a la aplicación y efectividad de esta ley, así como al ejercicio de las facultades que en ella le confieren, tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a la Procuraduría General de la República, con el fin de señalar cualquier abuso o vulneración de derechos humanos en que se pudiese incurrir.

En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, compañeras y compañeros, coincidimos con los fines que persigue esta ley, y desde luego habremos de apoyar todas aquellas Iniciativas que busquen investigar y sancionar las conductas ilegales, pero siempre con pleno respeto a los derechos humanos.

Hacemos votos porque esta ley se constituya como una herramienta de gran relevancia, que no solamente permita atacar las estructuras financieras de los grupos de delincuencia organizada de manera más eficaz, sino que sea punto de partida para que el combate a la delincuencia organizada tenga por fin una visión mucho más integral y deje de centrarse en estrategia armada que ha prevalecido durante la actual administración federal.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRD, hago del conocimiento de esta Asamblea, que acompañamos en sus términos el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia; Estudios Legislativos, Segunda, y Gobernación en comento.
Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
EL C. SENADOR CARLOS MENDOZA DAVIS: Con su venia, señor Presidente.
Es un honor hacer uso de la voz en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en torno al tema que estamos hoy aquí discutiendo, y manifestar de antemano, por supuesto, nuestro apoyo total al dictamen que está a discusión.
Sin embargo, quiero referirme, aprovechando que quienes me han antecediendo en el uso de la voz, lo han hecho de manera muy puntual, en especial mi colega Roberto Gil, al impacto en la vida nacional de la lucha contra el lavado de dinero. Quiero yo abordar, de alguna manera, la problemática y la perspectiva internacional que tiene este fenómeno.
Sin duda alguna, el tema de lavado de dinero es de los más dinámicos que existe en el mundo, no sólo las herramientas para luchar en contra de él, sino también la adecuación de los marcos normativos.
A nadie le queda duda que el lavado de dinero es un fenómeno global, y que tenemos que tener la cooperación de la comunidad de naciones para ser eficientes y para ser eficaces en el tema.
Así las cosas, la comunidad internacional ha hecho esfuerzos muy importantes de carácter regional, de carácter hemisférico e incluso de carácter global, creando organismos a doc para definir y hacer recomendaciones sobre las mejores prácticas y los mecanismos más eficientes para luchar en contra del lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como GAFI, y que se sesiona al interior de la OCDE, es sin duda alguna el grupo que marca pauta.
Fue creado desde 1989, desde entonces había conciencia ya sobre la necesidad de que todas las comunidades, las naciones de la comunidad internacional se involucraran de manera coordinada.
México arranca tarde, hay que decirlo, en la lucha contra este fenómeno.
Hasta al año de 1998 tipificamos el delito de lavado de dinero; en el 99 nos aceptaron como miembros observadores de GAFI; en el 2000 nos aceptaron como miembro de pleno derecho, y gracias al esfuerzo que se hizo en los años recientes fuimos, incluso, presidentes de ese organismo en los años 2010 y 2011.
El cumplimiento de las recomendaciones de GAFI se evaluado por los propios miembros de los países miembros en un sistema de evaluaciones mutuas: Yo evalúo a un país, y el otro país me evalúa a mí.
La última evaluación de México fue en el año 2008, y si bien es cierto, se reconocieron avances muy importantes de nuestro país en la materia, también hay que decir que se señalaron retos pendientes, entre los que destacan, como aquí se ha señalado, el poder incorporar a las obligaciones antilavado, a los organismos no financieros, y aquellos que desempeñan actividades que por su naturaleza comercial los hacen susceptibles de ser utilizados indebidamente por los lavadores de dinero, son los que, la compra y venta de inmuebles, de joyería, de vehículos y demás que se han señalado.
El reto es acabar con el anonimato y permitir el rastreo de los flujos de dinero, especialmente los de efectivo.
El grado de cumplimiento de un país, no cabe duda, puede repercutir en la percepción internacional que se tiene sobre el mismo, y en la confianza que se tiene para invertir en nuestro país.
La nueva ley, sin duda alguna, buscar debilitar las estructuras financieras del crimen organizado en México, pero también busca armonizar la legislación mexicana con criterios y reglas que rigen la comunidad internacional en materia de combate al lavado de dinero, reconociendo que el problema no puede encararse como un fenómeno doméstico, sino que debe reconocerse como un fenómeno global.
El dictamen que tenemos aquí a consideración, habrá alguna voz que diga: “Que no es un producto perfecto, y quizás lo digan con razón”. Pero yo los invito a reflexionar, si en materia de lavado de dinero existe una legislación perfecta, y me atrevo a decir que no.
En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, quiero invitarlos a ustedes, colegas senadores, a aprobar el proyecto de dictamen que tenemos hoy a discusión, mismo que además cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, unánime, de la cual soy secretario; y los invito a aprobarlo porque significa un avance sustancial con respecto al marco normativo vigente y permitirá a México aportar su parte en la lucha contra este fenómeno global.
Asimismo, les pido que asumamos el compromiso de revisitar de manera permanente esta ley, que no la dejemos, tenemos que estarla actualizando una y otra vez de acuerdo con los mejores estándares.
No podemos permanecer estáticos ante la creatividad e inventiva del crimen organizado para hacer de los recursos, que sus, y ganancias, que sus actividades ilícita le reportan.
Tenemos ese gran compromiso, y cumplir ese compromiso comienza hoy votando a favor este dictamen.
Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos).
-Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, señor Senador. 
Tiene el uso de la palabra el senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
-EL C. SENADOR ARTURO ZAMORA JIMÉNEZ: Muchas gracias.
El dictamen que se presenta hoy ante el Pleno, para su debate y aprobación, es de la más alta importancia, ante la difícil situación que vive México, en materia de combate a la delincuencia organizada y el poderío económico que gozan esas organizaciones.
La llama Ley Federal para  la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, busca dotar al Estado mexicano de herramientas jurídicas, para detectar y actuar en contra de operaciones susceptibles de encubrir acciones de lavado de dinero, con el objetivo de desactivar el poderío financiero de esos grupos delincuenciales y lograr finanzas sanas en la economía mexicana.
 Cualquier estrategia de combate al crimen organizado debe privilegiar el combate a su brazo financiero, y no solamente apostar a la detención o abatimiento de líderes, porque son de inmediatos sustituidos, quedando intactas sus propiedades y finanzas.
A partir de finales de la década de 1980, la comunidad internacional a través de diversas instituciones, ha venido desarrollando un marco normativo, orientado a prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo del dinero proveniente de las actividades ilícitas del crimen organizado.
El delito pasó al ámbito mexicano, con la expedición en 1990 del artículo 115 Bis del Código Fiscal de la Federación.
Posteriormente, en mayo de 96, entró en vigor el artículo 400 Bis del Código Penal Federa, vigente hasta la fecha, es decir, que contempla el tipo penal de lavado de dinero, y que establece sanciones desde cinco hasta 15 años de prisión, con independencia de los delitos, que por crimen organizado, u otro tipo de delitos se cometan.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República, de acuerdo con el Departamento de Estado y de acuerdo con otras organizaciones, aquí se han dado cifras, todas ellas, importantes, pero también todas ellas divergentes.
La razón fundamental, es que no hemos tenido un instrumento real de medición, y esta ley, precisamente, también se convertirá en un instrumento de efectiva medición.
Por otro lado, debo decir a ustedes, que hoy es un día importante. Es importante porque después de dos años de discusión, análisis y debate, se logró un acuerdo entre todas las fuerzas políticas que permitirán quitar a México, el nada honroso segundo lugar mundial, como lavador de dinero.
En lo que se refiere a las instancias vinculadas a la investigación de delitos financieros y  lavado de dinero, existen en nuestro país diversas instituciones que van a trabajar en conjunto, como es la dirección general de Delitos Financieros y Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, dependiente de la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero de la PGR, la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, también de la PGR, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Fiscales y relacionados con el Sistema Financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como la Convención de Palermo, constituye otro mecanismo para buscar armonizar las medidas contra el blanqueo de capitales y obliga a los países signatarios a emplear el ámbito de delitos subyacentes en su propia legislación, como ya fue comentado anteriormente.
Por esa razón hoy es un día importante para México, porque se da un paso firme para combatir de manera efectiva a la delincuencia, sin afectar a los ciudadanos que buscan adquirir una vivienda de interés social o comprar un automóvil producto del esfuerzo de su trabajo, es decir, la inmensa mayoría de los mexicanos.
a nueva ley que estamos a punto de votar, permite supervisar a entes privados y obligarlos a informar a las autoridades federales, cualquier actividad que resulte sospechosa en aquellas actividades vulnerables al lavado de dinero. Como es el caso de los juegos, apuestas y sorteos, compraventa de inmuebles en efectivo, que superen la cantidad de un millón de pesos, la compraventa de joyas, metales preciosos, relojes, obras de arte, en efectivo que superen 300 mil pesos, la renta de autos blindados, entre otros.
Con la nueva ley se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero, en contra de la delincuencia organizada en la Procuraduría General de la República, que tendrá, la responsabilidad de elaborar reportes sobre operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero, la creación de mecanismos de análisis de la información financiera y contable. También permitirá generar herramientas de inteligencia, para investigar los patrones de conductas ligadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Por todo ello es, que la bancada del PRI respalda esta reforma, que busca sanear las finanzas del país y, por supuesto, atacar las finanzas de los grupos delictivos.
Por todo ello, felicitamos a los integrantes y presidentes de las comisiones de Gobernación,  de Justicia y de Estudios Legislativos, Cristina Díaz, Roberto Gil y Alejandro Encinas, por el trabajo que se realizó en las comisiones al haber logrado la unanimidad, precisamente en una ley, que no será estática; en una ley que será dinámica, porque estará sujeta a revisión constante y permanente; y esa es la actividad que nosotros los senadores, estamos ofreciendo de manera conjunta, dándole al Estado mexicano, mejores herramientas para que vivamos mejor en el futuro.
 Es cuanto, presidente. (Aplausos)
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muchas gracias, senador.
Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente)

Suficientemente discutido en lo general, señor presidente.

EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: (Desde su escaño) Presidente.

 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Senador Demédicis.

Sonido en el escaño del senador Demédicis.

-EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: (Desde su escaño)  Si. Me reservo el artículo sexto fracción V; y el artículo octavo fracción X.
-EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Muy bien, senador.
Háganse los avisos al que se refiere el artículo 58 del Reglamento, para informar de la votación.
Ábrase el sistema electrónico de votación, por tres minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general; y de los artículos no reservados.

LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 111 votos en pro; 0 en contra; 0 abstenciones.

En consecuencia, queda aprobado en lo general, y los artículos no reservados del proyecto de decreto.
 -EL C. PRESIDENTE ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO: En consecuencia, queda aprobado en lo general, y los artículos no reservados del proyecto de decreto.
 -Se concede la palabra al Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo 6 en su fracción V y al artículo 8 en su fracción X del proyecto de decreto.
 -EL C. SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO: Con su venia, compañero Presidente.
 Compañeros senadores; compañeras senadoras:
 No pretendemos hacer una modificación de fondo, solamente queremos plantear que se haga la adecuación de esta ley a nuestro marco constitucional y a la actualización de los sistemas de justicia que tenemos en México. ¿Qué pasaría si se insiste en sostener en esta Ley, y el Senado tiene que pensar muy bien, si se sigue sosteniendo conceptos como presunto infractor o conceptos como averiguación previa?
Estos conceptos fueron desechados, el primero, en la reforma del 99 para adecuarlo, y que en lugar de presunto se utilice “probable”. El otro es más delicado, el término de averiguación previa. Este término se utiliza exclusivamente en el sistema tradicional, y este país avanza en una reforma a los derechos humanos, aprobada por el Senado de la República en el 2011, y sostiene que los derechos fundamentales empiezan por preservar la presunción de inocencia. A nadie en este país se le puede declarar culpable si no se demuestra que efectivamente lo es.
Mi partido, el de la Revolución Democrática, ha luchado desde su nacimiento, y muchos hemos luchado desde antes del nacimiento del PRD porque no se fabriquen culpables, y esa es, ese es el problema principal que presenta el sistema tradicional, algunas reflexiones a partir de las diferencias que existen entre uno y otro sistema.
En el sistema tradicional el expediente formado por el Ministerio Público prácticamente es la prueba que conoce el juez o el Secretario de Acuerdos, y está celosamente integrada, y es con eso con las que se dictará la sentencia.
En el sistema adversarial la carpeta de investigación contiene todas las diligencias realizadas para la investigación y en todo momento está a disposición del imputado y su defensor, por tanto se puede ejercer una defensa técnica adecuada y oportuna. El juez en el sistema tradicional en la mayoría de los casos no conoce ni oye al imputado, víctima o a los testigos, las audiencias casi nunca se celebran ante la presencia del juez, sino del Secretario de Acuerdos y su mecanógrafa.
En el sistema oral las audiencias son públicas, cualquiera puede acudir a verlas y siempre se hacen ante la presencia del Juez, su tribunal, quien escucha de viva voz las declaraciones de testigos, peritos, la víctima, y en su caso del imputado. Es decir, este Senado no puede aprobar una reforma regresiva que violente los derechos humanos y que atente contra un elemento central por el que ha luchado la sociedad de este país y el pueblo de este país, como es la presunción de inocencia. ¿Cuántos inocentes hay en la cárcel ahora mismo, producto de acusaciones porque no coinciden con el régimen, por ejemplo?
Por eso, compañeros, muy comedidamente les pido que cuando menos estos dos términos planteados, uno en el artículo 6 y otro en el artículo 8, puedan adecuarse a nuestro marco constitucional, puedan adecuarse a la justicia oral que tratamos de implementar en México y que de manera definitiva por mandato constitucional debe quedar concluida en el año 2016.
Por la presunción de inocencia para todos los mexicanos, muchísimas gracias. (Aplausos)
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Solicito a la Secretaría… ¿Tenemos ya la propuesta de modificación presentada por el Senador? Secretaria ¿tiene ya las modificaciones del Senador, las propuestas? Le solicito dé lectura a la propuesta de modificación e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
 LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIÉRREZ: Doy lectura a la propuesta que propone el señor Senador.
 Artículo Sexto, Fracción Quinta, dice: Requiere de competencia de presunto infractor y demás personas que pueden contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley, proponemos.
 Quinto.-Requiere de competencia de los probables infractores.
Artículo Octavo, Fracción Décima.- Requiere informes y deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una averiguación previa. Fracción Décima, requiere informes en todos los casos. Estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación.
Consulto a la Asamblea si se admiten a discusión.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea no asiente).
quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente).
-No se admite a discusión, señor Presidente.
 EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño del Senador Encinas.
 EL C. SENADOR ALEJANDRO DE JESUS ENCINAS RODRÍGUEZ (Desde su escaño): Una consideración en la que tenemos consenso, lo hemos discutido rápidamente aquí por las distintas bancadas, es que toda vez de que solamente se trata de una adecuación al marco normativo vigente, hay además un proceso que se estableció por ley para que en hasta el 2006 se adecuara toda la legislación, eso quedo establecido con toda precisión en el Diario de los Debates, y que la Mesa Directiva de la Cámara al momento revisar la comisión de estilo del mismo dictamen, pues pudiera hacer alguna consideración.
 -EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: A ver, Senador, según entiendo la propuesta es que se incorpore al Diario de los Debates? La consideraciones del Senador Demédicis.
-EL C. SENADOR ENCINAS RODRÍGUEZ (Desde su escaño): En relación respecto a las consideraciones que se  hace, respecto a la corrección de estilo del dictamen.
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido al escaño del Senador Zamora.
-EL C. SENADOR ZAMORA JIMENEZ: Muchas Gracias Presidente. Solamente lo que creo en lo que hay coincidencia en los Grupos Parlamentarios es que la intervención del Senador Demédicis obre precisamente en el Diario de los Debates para los únicos efectos de interpretación, porque es una norma que no podemos modificar, sobre todo en virtud de que ya fue votada por esta Asamblea.
De tal suerte que para no desestimar los argumentos que si son muy válidos, estamos coincidiendo en que estos obren precisamente para los únicos efectos de interpretación en el Diario de los Debates durante la discusión del dictamen.
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño del Senador Cervantes.
-EL C. SENADOR RAUL CERVANTES ANDRADE (Desde su escaño): Lo único que le pediría es que lo que se va a poner en el Diario de Debates quede clarísimo que es una interpretación auténtica del Legislador. Esto ha sucedido en otras Legislaturas y los Jueces cuando están normando haciendo un criterio de interpretación de norma no lo toman en cuenta.
Que quede preciso que es un sistema de interpretación, no es debate; es un sistema de interpretación auténtica, y esto es un sistema de interpretación legislativa.
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño del Senador Roberto Gil Zuarth.
EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH (Desde su escaño): Gracias, señor Presidente. La forma de armonizar ambas propuestas es que además de que la sola intervención garantiza su inserción en el Diario de los Debates, que lo dicho por el Senador del Grupo Parlamentario del PRD pueda también reflejarse en la exposición de motivos en el sentido que ha planteado el Senador Cervantes.
Estamos en plena actitud y actitud jurídica para poder incorporar esos razonamientos en la exposición de motivos que prevalece en este Senado de la República.
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Sonido en el escaño del Senador Demédicis.
EL C. SENADOR DEMEDICIS HIDALGO (Desde su escaño): Hay coincidencia con los Senadores que han hablado. Sin embargo si es mi obligación frente al pueblo de México y frente a los que tienen problemas de justicia, que a la hora de revisar los jueces se van a encontrar con el problema de que no van a poder, si estamos en juicio orales integrar averiguaciones previas, sino que tendrán que integrar carpetas. Y en ese sentido la propia ley va a entrar en una contradicción.
Yo creo, desde mi punto de vista, que hasta pudiese ser motivo de una inconstitucionalidad a partir de la contradicción que tiene entre la Constitución actual y las reformas que se hicieron con respecto a la justicia tradicional y la justicia oral.
Solamente hago esta advertencia y por supuesto que coincidimos con lo que ha planteado el Senador Zuarth.
EL C. PRESIDENTE CORDERO ARROYO: Bien. Un poco para recapitular.
Fue votada por este Pleno la modificación propuesta por el Senador Demédicis y fue rechazada.
Solicito que se incluya en el Diario de los Debates las consideraciones del Senador Demédicis con las consideraciones del Senador Raúl Cervantes, y se incluya en la exposición de motivos como se ha planteado por el Pleno.
Solicito se abra el sistema de votación para votar los Artículos 6 y 8 en los términos del dictamen.
Repito, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal de los artículos 6 y 8 en los términos del dictamen.
En los términos en los que está publicado el dictamen.
(SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO)
LA C. SECRETARIA PALAFOX GUTIERREZ: Señor Presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 108 votos en pro, 3 en contra y 0 abstenciones.
- EL C. PRESIDENTE SENADOR CORDERO ARROYO: En consecuencia quedan aprobados los artículos 6 y 8 del proyecto de decreto, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del Artículo 72, Constitucional.
(A P L A U S O S)
 - Sonido en el escaño del Senador Martín Orozco.
 - EL C. SENADOR MARTIN OROZCO SANDOVAL (Desde su escaño): Presidente, sólo para que registren mi voto a favor, en lo general, que no estaba, gracias.
 - EL C. PRESIDENTE SENADOR CORDERO ARROYO: Favor de tomar nota, por favor. Me parece que estén en el mismo caso los senadores que están levantando la mano, y le pediría a los senadores que tuvieron problema al emitir su voto, que hagan el favor de levantar su mano para que tomemos nota.
El dictamen aprobado y que se convertirá en ley una vez publicado en el DOF
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37448