Inauguración del quinto foro sobre seguridad y justicia por una adecuada implementación de la reforma penal

El Presidente Enrique Peña Nieto, del martes 7 de mayo de 2013

•  Inauguración del quinto foro sobre seguridad y justicia por una adecuada implementación de la reforma penal

WTC, CIUDAD DE MÉXICO
DISCURSO 

Inauguración del Quinto Foro sobre Seguridad y Justicia por Una Adecuada Implementación de la Reforma Penal

Señoras y señores:

Muy buenos días a todas y a todos ustedes.

Agradezco esta nueva invitación, ahora en mi carácter de Presidente, a este Foro sobre Seguridad y Justicia, que gentilmente y con gran interés y con enorme compromiso, Alejandro Martí y otras organizaciones de la sociedad civil involucradas e interesadas, y en apoyo y respaldo por la seguridad y la justicia de nuestro país, han venido realizando desde hace cinco años.

Por eso, saludo al Presidente de esta organización, Alejandro Martí.

A don Ernesto Canales.

A miembros, presidentes de otras organizaciones que participan de este esfuerzo.

A los funcionarios del Gabinete del Gobierno de la República que, también, como parte y comprometida de esta tarea están aquí presentes.

A los señores Embajadores de Estados Unidos.

A la Embajadora de Canadá.

Y a distinguidas personalidades del ámbito académico, intelectual, de distintas organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en esta tarea.

Señoras y señores:

Muy buenos días.

Permítanme antes de dar inicio al mensaje que quiero dedicar en este espacio, expresar mi solidaridad con las personas, con los deudos de que quienes lamentablemente en un accidente, fallecieron hoy por la mañana.

Creo que los medios de comunicación han dado cuenta de este lamentable accidente ocurrido en la Carretera México-Pachuca, hoy por la mañana, muy temprano, y que según el último informe que tengo, fallecieron 19 personas, 35 resultaron lesionadas, en un saldo muy lamentable y que desde aquí expresamos nuestra solidaridad para con los deudos.

Las autoridades locales del Estado de México están ya participando en las investigaciones correspondientes. He instruido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Gobernación, para que a través de Protección Civil coadyuven y participen de los esfuerzos para las investigaciones correspondientes.

Pero, sobre todo, también para revisar las condiciones donde se encuentra esta vialidad Federal y donde los derechos de vía, hay construcciones, para que puedan desarrollarse trabajos en un futuro próximo que permitan darle a esta zona condiciones de mayor seguridad.

En tanto, vaya para con los deudos nuestras expresiones de mayor solidaridad y respaldo para con ellos.

Señoras y señores:

Agradezco la invitación de la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, para participar nuevamente en este Quinto Foro, y como lo ha expresado ya su Presidente, he tenido la fortuna y privilegio de participar en él, en distintos espacios, y bajo distintas condiciones.

Sin duda, uno de los reclamos más sentidos de la sociedad mexicana es, indiscutiblemente, contar con tribunales expeditos, profesionales y confiables que den plena certeza sobre la aplicación de la ley.

Por ello, expreso a todos ustedes mi reconocimiento por su decidida participación en la transformación institucional de nuestro sistema de procuración y administración de justicia.

Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y déjenme compartir con ustedes lo siguiente. En el encuentro pasado afirmé categóricamente que el Estado tiene la obligación irrenunciable, insustituible e intransferible de brindar seguridad a todos los mexicanos. Y así lo he comprometido en el ejercicio de mi mandato como Presidente de México.

También señalé que para lograr ese fin era indispensable contar con la contribución y respaldo de la sociedad civil. La paz, la seguridad y la justicia que exigen los habitantes del país, sólo pueden garantizarse con instituciones y leyes eficaces bajo el escrutinio ciudadano.

Por eso, una de las primeras decisiones del Gobierno de la República fue poner en marcha la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos.

Es una visión integral, que pone al individuo y a su familia en el centro de las decisiones y las estrategias de seguridad. Esta política consta de seis líneas de acción, que ustedes ya conocen, y que sólo me permitiré enunciar.

La primera es planeación. Estamos alineando los programas, esfuerzos, acciones y presupuestos con que cuenta con el Estado para construir un México de paz, y lograr una sensible y significativa reducción de la violencia, que se vive en nuestro país, especialmente en algunas partes de su geografía.

La planeación nos ha permitido definir responsabilidades precisas entre los distintos órdenes de Gobierno.

Segunda acción: Prevención. Uno de los principales cambios de la política de seguridad fue la decisión de atender, no sólo los efectos de la criminalidad, sino, también, las causas estructurales.

Para revertir las condiciones que fomentan el delito, se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y se instaló su respectiva comisión intersecretarial.

Tercera línea de acción: Protección y respeto a los derechos humanos. Aquí el compromiso del Gobierno es muy claro, es asegurar que la actuación de la autoridad salvaguarde, en todo momento, los derechos fundamentales de las personas.

Hoy contamos con dos nuevos instrumentos para lograr la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo, ambas recientemente publicadas.

Asimismo, dentro de la Secretaría de Gobernación se creó un área específica para instrumentar la Reforma Constitucional en Derechos Humanos y los convenios internacionales que México ha suscrito en esta materia.

Cuarta línea de acción: Coordinación. Hoy tenemos mejores bases para lograr una eficaz coordinación entre las propias instituciones Federales, entre éstas y los estados, y las de los estados con las de los municipios.

Un elemento clave de este esfuerzo ha sido crear cinco regiones operativas, lo que permite reorganizar los recursos del Estado, para dar una respuesta acorde a los retos y necesidades de cada una de estas cinco regiones.

El objetivo es que las cinco zonas cuenten con policías capacitados, mejor remunerados y con equipamiento y tecnologías adecuadas para cumplir con eficacia sus responsabilidades.

Las áreas involucradas han estado de manera regular y periódica en un permanente trabajo de coordinación. Ayer el Secretario de Gobernación estuvo en distintas regiones, concluyendo, la última, en el Estado de Chihuahua. Seguramente hoy por la madrugada, después de que yo hablé con él.

Y ésta es una labor permanente, porque lo que estamos logrando es una efectiva coordinación de esfuerzos entre el orden Federal, los órdenes estatales y de ahí hacia los órdenes locales.

No estamos queriendo competir con ninguna autoridad. Está muy claro que esta tarea por la seguridad y la justicia de los mexicanos involucra al Estado en su conjunto, y eso implica la colaboración y corresponsabilidad, no sólo de los Poderes de la Unión, sino de todos los órdenes de Gobierno. Y no en un afán de competir, sino más bien en un afán de que cada parte haga la tarea que le corresponde y esto nos permita dar los resultados esperados, que es darle a la sociedad mexicana condiciones de mayor seguridad y de mayor justicia.

Quinta línea de acción. Transformación institucional. La responsabilidad de salvaguardar y preservar el orden en el país, debe sustentarse en instituciones sólidas, profesionales y sobre todo confiables para la población.

Éste me parece que ha sido un ejercicio y un objetivo reiterado, claramente señalado, no sólo por nosotros, sino por gobiernos que nos han antecedido. Y aún no hemos logrado, realmente, concretar este objetivo, sin por ello menospreciar o dejar de reconocer los avances que se tienen.

Hoy, tenemos instituciones mucho más sólidas, más fortalecidas, con mayores capacidades. Pero necesitamos mejorarlas, perfeccionarlas, para garantizar la vigencia plena del Estado de derecho.

Por eso, hemos dado prioridad a la agenda de cambios y reformas estructurales para mejorar la seguridad pública del país, así como para garantizar una procuración y administración de justicia efectivas.

Y sexta línea de acción: Evaluación y retroalimentación. Cualquier política que no está sujeta permanentemente a una evaluación y que sea a través de los resultados que se puedan realmente obtener como evaluemos qué tan eficaces están siendo las políticas que sigamos, eso nos permitirá, primero, mantener las líneas de acción que estén resultando efectivas y, eventualmente flexibilizar y ajustar aquellas acciones o políticas que deban mejorarse, a partir de la evaluación que estemos obteniendo.

Reitero, en este marco, mi agradecimiento a la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso, por enriquecer la política de Estado por la seguridad y justicia de los mexicanos.

Celebro que el tema central de este Quinto Foro sea compartir ideas, opiniones y experiencias por una adecuada implementación de la Reforma Penal.

Como les dije hace un año, estoy convencido del avance que significa el Sistema de Justicia Penal Adversarial y Oral que mandata nuestra Constitución desde el 2008.

Refrendo mi compromiso de trabajar junto con las autoridades estatales y los Poderes Públicos para que la Reforma Penal, la más relevante, sin duda, en el último siglo y que ha significado un parteaguas dentro del sistema de justicia de nuestro país, sea una realidad en todo México.

Con ella, se agilizarán los juicios, se resolverán más casos y se asegurará la equidad a las partes. También, se privilegiará la solución de conflictos, en vez de imposición de penas. Y esto será posible mediante mecanismos alternativos, como la conciliación y la mediación para la pronta reparación del daño.

Asimismo, se garantizará el debido proceso a cualquier persona y, sobre todo, se crearán cimientos sólidos para brindar una justicia pronta y expedita, como lo mandata nuestra Constitución.

Todo ello, a su vez, permitirá cumplir una condición indispensable para la plena vigencia del Estado de Derecho: que la sociedad confíe en sus instituciones y en las autoridades.

Por todas esas razones, tenemos que acelerar el paso, para lograr el funcionamiento de la reforma, primero en el ámbito Federal, donde ya estamos trabajando de manera muy cercana y coordinada con el Poder Judicial de la Federación, y también en lo que es tarea y responsabilidad de las entidades federativas, especialmente de aquellas que todavía no lo tiene, 29.

Hoy sólo tres lo tienen plenamente, tres estados; 29 tienen ya avances, algunos mayores, otros menores. Pero es del interés nacional que a la par que en el orden Federal estamos trabajando, también en los órdenes locales se concite este mismo esfuerzo. Y pronto, como lo prevé la Constitución, en el 2016, tengamos en todo el país, en los órdenes locales y en el orden Federal, la vigencia plena de este nuevo Sistema de Justicia Penal Oral y Adversarial.

Estoy consciente de que la correcta implementación de la Reforma Penal requiere de la participación corresponsable de todos los órdenes de Gobierno y de los Poderes de la Unión.

Estoy muy claro, como lo señalaba Alejandro Martí hace un momento, me corresponde como Presidente de la República el trabajar a favor de este propósito.

Y hoy, ante ustedes, ratifico mi plena voluntad y compromiso institucional de usar todos los recursos y medios del Estado para hacer este objetivo una realidad.

Para este año ya se están ejerciendo recursos que están autorizados dentro del Presupuesto Federal, precisamente para la instrumentación tanto en los órdenes locales como en el orden Federal.

Para agilizar y homologar su aplicación, también estamos promoviendo la creación de un Código Único de Procedimientos Penales, que regirá en la República en el orden Federal y en el fuero común.

Debemos tener presente que si bien en el país hay una sana división de poderes y competencias, todos compartimos un objetivo superior: Abatir la corrupción y la impunidad, que lastiman, ofenden y agravian a nuestra sociedad.

Señoras y señores:

Con reformas transformadoras y una reingeniería institucional, los responsables de un delito serán sometidos a la justicia y serán sancionados con las penas que prevé la ley.

El reto es lograr una actuación eficaz de la autoridad en un marco de protección y absoluto respeto a los Derechos Humanos.

Alcanzar la paz, la seguridad y la justicia que reclaman los mexicanos es un desafío que exige el compromiso y la coordinación del Estado en su conjunto. Es un reto que demanda el trabajo corresponsable y articulado de los Poderes de la Unión, de los tres órdenes de Gobierno, de la sociedad civil organizada y de los propios ciudadanos. Éste es un tema en el que todos estamos comprometidos.

Yo quiero concluir mi intervención dejando un testimonio de reconocimiento, de felicitación y de agradecimiento a la sociedad civil organizada, tan involucrada, tan comprometida en favor de esta causa.

De igual forma, a participantes de los otros Poderes de la Unión, a ministros, a senadoras, senadores, diputadas y diputados Federales; y por igual, en los órdenes locales, quienes han hecho de este tema una bandera, una causa para asegurar de que en México tengamos muy pronto un nuevo sistema de justicia, como lo prevé la Constitución con estas características oral y adversarial, insisto, que ha transformado el sistema que tradicionalmente habíamos llevado en este país por varias décadas. Ante este reto, todos estamos comprometidos.

Primero, felicito a quienes han participado y a quienes han hecho su esfuerzo mayor y comprometido en favor de este proyecto.

Y hago votos porque realmente el compromiso y corresponsabilidad de autoridades, de poderes y de la sociedad en general, nos permitan realmente tener en este país un sistema de justicia que realmente venga a darle a los mexicanos condiciones de mayor seguridad y de justicia plena.

Muchas gracias y muchas felicidades.

Si me lo permiten, voy a proceder a la declaratoria inaugural, agradeciendo a esta muy honrosa distinción, que los organizadores de este evento hoy me confieren, para que en el marco de los trabajos que habrán de realizar, realmente se alcancen los objetivos y realmente cumplan con estos propósitos nobles en favor de la justicia y seguridad en nuestro país.

Procedo a la declaratoria inaugural de este Quinto Foro de Seguridad y Justicia.

En México, Distrito Federal, siendo las 12 horas del día 7 de mayo del 2013, es muy grato declarar inaugurado el Quinto Foro sobre Seguridad y Justicia por una Adecuada Implementación de la Reforma Penal, seguro de que sus ideas y propuestas contribuirán a acelerar esta transformación institucional tan anhelada, y seguro estoy, de enorme beneficio para todos los mexicanos.

Muchas felicidades.

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Diversas intervenciones durante la Inauguración del Quinto Foro sobre Seguridad y Justicia por una Adecuada Implementación de la Reforma Penal

-MODERADORA: Hace uso de la palabra el Presidente de México SOS, Asociación Civil, licenciado Alejandro Martí García.

-LIC. ALEJANDRO MARTÍ GARCÍA: Señor ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto; señor Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; Ministro representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Sergio Armando Valls Hernández; señor Embajador de los Estados Unidos de América, Excelentísimo señor Earl Anthony Wayne.

Muy queridos amigos de este presídium; Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, licenciado Humberto Castillejos Cervantes; señor Procurador General de la República, licenciado Jesús Murillo Karam; Coordinador de la Red Nacional a Favor de Juicios Orales, mi amigo, licenciado Ernesto Canales; Presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, licenciado Héctor Larios Santillán; amigos y amigas de las organizaciones sociales.

A todos, muy buenos días.

También, a todos los académicos, a todos los juristas y a todos los grandes seguidores de la reforma penal a favor de los juicios orales.

Muy buenos días.

Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, afirmaba el filósofo romano Séneca. Sus palabras hacen sentido cuando en cada barrio, colonia, en cada cárcel, constatamos que la justicia de calidad sigue siendo la asignatura pendiente en nuestro país.

Resulta sin duda paradójico que cuando en el país discutimos ya la implementación de los llamados derechos de tercera generación: Derechos económicos, sociales y culturales, aún no hayamos terminado de aterrizar, para su operación, la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal.

El contexto se amplía y el reto de garantizar los derechos de primera generación son aún mayores. Se intensifica si consideramos los grandes alcances de la nueva Ley de Amparo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de México que obligan a toda autoridad a apegarse a la convencionalidad y a la Constitución en materia de derechos humanos.

Los riesgos de este desfasamiento entre los andamiajes normativos, se expresan constantemente entre la tensión, entre derechos como, por ejemplo, el de tener un debido proceso y el de contar como víctimas con la certeza de que se ha llegado sin duda alguna a la verdad, la verdad histórica de los hechos y de ahí, a la sanción y al resarcimiento de quienes nunca debieron haber sido agredidos por el crimen.

En estos últimos meses, hemos tenido vastos y dolorosos ejemplos de ello, y el tiempo se nos acaba para construir el Código adjetivo que haga operable el nuevo sistema penal.

En el corte de caja que significa este foro, este quinto foro, vemos que muchas autoridades estatales siguen siendo omisas. Esto muestra lo poco que se ha entendido el significado de una política de Estado que trascienda los escollos electorales.

Señor Presidente:

Es necesario impulsar con nuevo vigor la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal.

El país, los mexicanos, todos merecemos dejar atrás el sistema ineficaz que tenemos.

Usted nos ha convocado a mover a México.

México no se va a mover mientras no haya una justicia eficaz. Debemos acelerar el paso, teniendo como objetivo la justicia para todos, pero la implementación no puede ser improvisada, debe contar con requisitos básicos para su adecuada y correcta puesta en marcha.

Recordamos que siendo Gobernador del Estado de México, tuvimos el honor de recibirlo en los últimos cuatro foros que organizamos para dar seguimiento a esta misma reforma penal, promulgada en 2008.

En su momento, como candidato a la Presidencia de la República, sostuvimos con usted un encuentro con motivo de la presentación de la Agenda México 12-18, de la que ofrecimos un taller personalizado a su entonces equipo de transición, responsable en los temas de seguridad y justicia.

Es impresionante, señor Presidente, que como Gobernador fue usted uno de los tres estados que complementó y terminó la Reforma Penal Constitucional en el Estado de México, y hoy como Presidente le toca complementarla a nivel nacional, a nivel de la República Mexicana.

Lo felicito, buena chamba tiene.

El clima de construcción democrática que impera en el país con el concurso de las cuatro fuerzas políticas en el seno del Pacto por México, nos anima respecto al impulso final que debe recibir la reforma penal.

A este concurso, la sociedad organizada nos hemos sumado de manera propositiva, nutriendo y orientando con la visión del ciudadano, las decisiones de este esquema de concertación. De los seis puntos que refieren al tema seguridad y justicia, son los ya señalados en la propia Agenda México 12-18.

Es por ello que, en días recientes, nuestra Organización México SOS, junto con la Red Nacional a favor de los Juicios Orales, y coordinando a destacadísimos juristas, académicos, jueces, magistrados y procuradores, presentamos un proyecto de código adjetivo, el Código Procesal Penal Único.

Por ser ese el producto de más de dos mil 800 horas de talento y experiencia que en forma absolutamente pro bono, trabajamos sin cesar a partir de su pronunciamiento en su discurso el día de su toma de posesión.

Hemos creído en el Congreso, hemos creído en el Pacto por México. Yo quisiera hacer un agradecimiento muy, muy especial a los senadores. Muy en especial a los que dictaminan y promulgan, y ven la reforma penal constitucional, los temas de justicia y de seguridad, y dentro de eso una mención muy especial a la Senadora Arely Gómez González, porque desde el principio ha caminado con nosotros, desde este camino, en éste camino, como una muestra de una gran democracia, en donde funcionarios de Gobierno, Legisladores, están de la mano con ciudadanos trabajando por un solo objetivo en México, que deseamos.

Muchas gracias.

Muchas gracias, Arely.

Este proyecto ciudadano recoge, por un lado, la experiencia del Sistema Penal Acusatorio en muchos estados del país, que ya se está practicando; y, por el otro, la de aquellos que han conducido esa implementación, participaron la mayoría de las personas que desde un principio han implementado en los lugares, en los estados que ya está funcionando.

Creemos que esta propuesta es sumamente valiosa, primero, por provenir de quienes desde hace más de cuatro años trabajamos sin cesar, por la implementación de tan importante reforma; y, segundo, y quizá lo más importante de todo, es crear ya un documento base, como sin duda lo es, para que se puedan agregar las aportaciones necesarias y que de esta manera podría ser dictaminado y aprobado por el Congreso de la Unión en un periodo extraordinario.

Hemos venido trabajando a diario con la Procuraduría General de la República, a cargo de nuestro gran amigo, el señor Procurador General, Murillo Karam, y la Secretaría Técnica, con el objeto de asegurar las coincidencias que son la mayoría, y poder ajustar las divergencias cuando así lo ameriten.

Reconocemos en el señor Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y su equipo incluido, así como el equipo de la SETEC, la voluntad y el ánimo para concretar su dictaminación. Muchas gracias.

Dándose esto, señor Presidente, no me equivocaría al calificarlo de un documento inédito, puesto que por primera vez en la historia la Nación entera tendrá un código común para proceder a la aplicación del nuevo sistema de justicia penal, que además provendría del trabajo conjunto ciudadanía y Estado.

Este instrumento jurídico tiene características históricas. Tras de 203 años del México independiente, será la primera vez en su historia que el Congreso de la Unión sea sede para la discusión de un código de proceso penal. La primera vez en 203, antes era por mandato, por designación ejecutiva.

Ciudadano Presidente:

Si bien es digno enfatizar y reconocer las importantes leyes y ordenamientos jurídicos que se han aprobado recientemente, entre ellos la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas, la Ley de Derechos Humanos, ahora la discusión sobre el Código Procesal Único, entre otros, es fundamental tener la claridad de la articulación, la concordancia y coordinación entre cada uno de éstos y el nuevo sistema de justicia penal.

Amigas y amigos todos:

México está vivo, y la ciudadanía es cada vez más responsable y más fuerte. No hay duda de ello.

Debe destacarse que la reforma penal no tiene como fin único la instauración de los juicios orales. Existen elementos clave que, a lo largo de estos años, hemos confirmado que requieren especial atención para su correcta y adecuada implementación.

Una de ellas, la justicia alternativa, la formación de actuales y nuevos operadores del nuevo sistema, la policía investigadora, mucho muy importante, el Ministerio Público, el sistema penitenciario, entre otros.

Sabemos que algunos de estos temas ya están siendo considerados a fondo y anunciados por la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, lo que nos refuerza la confianza en el actuar de manera integral e integrada.

Señor Presidente:

El Pacto por México es un ejercicio democrático sin precedentes, del cual los ciudadanos organizados nos sentimos parte. Sin embargo, como lo señalamos en su momento, consideramos que debemos ser parte formal en el propio Consejo Técnico. En esa medida, seremos corresponsables directos del futuro del país, al abrírsenos las puertas a este mecanismo.

El fin último de ese esfuerzo es el bienestar de todos los mexicanos. Que cada persona sea respetada en su plena dignidad y que tenga acceso a los mejores niveles y calidad de vida. Pero ningún país puede ser próspero si existe un déficit en la implementación y en la impartición de justicia, y en la seguridad de sus habitantes. Si quienes están obligados a protegerlos son quienes los secuestran y violentan, o son víctimas de los violentos.

El bienestar y la prosperidad social están basados en respetar las leyes, en construir un sistema judicial transparente, pronto y justo. Los ciudadanos y sus familias deben volver a sentirse seguros en nuestro país.

El actual Gobierno tiene una oportunidad histórica para lograr que esa seguridad retorne, pero que retorne bien. Se trata de cumplir la promesa empeñada, no para salir del paso, sino hacerlo de manera sólida y eficaz.

De ahí que confiemos en la estrategia de prevención y damos nuestro voto de confianza para que se establezcan mecanismos eficaces y honestos de acción en lo que no puede esperar para ser corregido e implementado, como es la Reforma Penal.

Por ello, planteamos en este Foro que en el Pacto por México y en el Plan Nacional de Desarrollo se ratifique y se asuma como uno de los compromisos inaplazables la conclusión de la correcta implementación de la reforma penal en todo el país y la concreción del Código Procesal Único.

Que las instituciones que enmarcan el Sistema Judicial mexicano reporten periódicamente los avances en términos de una agenda y una ruta crítica para su ejecución. De tal forma, que podamos todos constatar que se esté cumpliendo con esta promesa histórica.

Gandhi decía que la causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutar la libertad.

En México SOS creemos en la libertad. Creemos en lo que los ciudadanos de manera responsable somos capaces de hacer. Creemos que las dificultades, los tropiezos, las experiencias trágicas que muchos hemos vivido, se nos presentan como retos para ser y ser mejores, porque no nos detenemos ante el: no, porque buscamos el: cómo sí. Y confiamos siempre en la esperanza de lo posible.

Un mejor México, sí es posible.

Muchas gracias, señor Presidente.

-MODERADORA: Corresponde la siguiente intervención al representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

-MIN. SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ: Ciudadano Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Alejandro Martí, Presidente de México SOS, Sociedad Civil; ciudadano Ernesto Canales Santos, Presidente del Patronato de la Institución Renace; distinguida concurrencia; distinguidos invitados; señoras, señores.

Me congratulo de estar aquí, en tan importante encuentro en representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su nombre agradezco a la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el debido proceso por involucrar, por tomar en cuenta al Poder Judicial de la Federación en estas actividades que, sin duda, sirven de retroalimentación y análisis en torno a los temas del nuevo Sistema de Justicia Penal.

Con las reformas constitucionales de junio de 2008, se modificó el Sistema de justicia penal, basado en los principios de presunción de inocencia, inmediación, publicidad, contradicción, concentración y continuidad.

Esto tiene como finalidad que la impartición de justicia sea más ágil, más transparente y más dinámica, en donde las partes cuenten con un equilibrio procesal, fundado en el respeto a los derechos humanos.

Para alcanzar los fines de las reformas, los fines que la reforma busca, es necesario que magistrados, jueces, procuradores, agentes del Ministerio Público, policías, peritos, defensores, abogados postulantes, por mencionar algunos, nos vayamos adentrando en las tareas de instrumentación, y realicemos trabajos institucionales para lograr un sistema de justicia acorde a los principios que lo integran.

En ese sentido, se requieren reestructuras y cambios que generen una conciencia del nuevo sistema, y permitan la transición e instrumentación deseada. De acuerdo a ello, el Poder Judicial de la Federación, consciente de su responsabilidad dentro de la reforma, ha establecido objetivos específicos tendientes a dar continuidad y a contribuir en la instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Aunado a las acciones que ya he referido en otros foros donde nos han hecho el favor de invitarnos, el Poder Judicial de la Federación continua desarrollando actividades conforme a los tres ejes fundamentales de la reforma constitucional: el eje de cambio organizacional, el eje de cambio cultural y el de la coordinación institucional.

En el primero, el de cambio organizacional, para dar seguimiento a la reforma constitucional en la materia, la unidad administrativa creada para la implementación continúa trabajando, de acuerdo a las necesidades de capacitación e instrumentación, y con una coordinación estrecha con la Secretaría Técnica del Consejo para la implementación de la reforma.

Están funcionando, por otra parte, siete juzgados Federales, especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, y tres juzgados Federales especializados en materia de ejecución de sanciones.

Actualmente, se está trabajando en la capacitación de funcionarios del Poder Judicial en materia de ejecución de sanciones, para que, de acuerdo a las necesidades, se creen más juzgados especializados en este rubro.

En cuanto al cambio cultural, se han organizado 170 actividades académicas tendientes a la capacitación y difusión de este nuevo sistema de justicia, en las que han participado magistrados, jueces, secretarios de estudio y cuenta, actuarios, oficiales administrativos, así como abogados y estudiantes de derecho.

De estos destaco los foros regionales de juzgadores Federales y locales sobre la Reforma Constitucional Penal, mesas redondas dedicadas al análisis de la reforma constitucional en materia penal; diplomados sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, desde la perspectiva constitucional; el seminario de la Reforma Penitenciaria, que es un eslabón clave de la reforma constitucional en materia penal, y el taller de análisis del procedimiento penal acusatorio, así como un curso de especialización del sistema acusatorio.

Actualmente, en conjunto con diversas instituciones educativas y de gobierno, se está trabajando en el diseño de programas de capacitación en los temas referentes a la reforma constitucional y la migración hacia el sistema acusatorio.

En cuanto a labor de difusión, en la Suprema Corte y en el Consejo de la Judicatura Federal se han creado micrositios en donde la información y documentación de los talleres, de los cursos, de los seminarios, y en general eventos de relevancia para la capacitación, son puestos a disposición del público con el objeto de que llegue a la mayor cantidad de interesados de una manera accesible.

Asimismo, se diseñó un sitio web de la reforma en materia penal, del juicio de amparo y de derechos humanos, en el cual se dan a conocer todas las actividades, documentos, sentencias y material de los cursos que se realizan en torno a estas reformas constitucionales.

En el eje del cambio institucional señalo que, en este mismo tenor y convencidos de la importancia del trabajo institucional dentro y fuera del Poder Judicial, se han realizado reuniones de trabajo con integrantes del Consejo de Coordinación para la implementación del nuevo sistema, así como un Consejo Asesor integrado por magistrados y titulares de áreas administrativas de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, en el que se han desarrollado programas de planeación estratégica, seguimiento y evaluación de las actividades derivadas de este proceso de Instrumentación.

De la misma forma y en coordinación con la SETEC, se continúan realizando reuniones entre autoridades universitarias. Esto es muy importante, autoridades universitarias de escuelas y facultades de derecho, con el objetivo, con la finalidad de revisar los planes de estudio de la licenciatura en derecho, actualizarlos, unificarlos, con el nuevo sistema de justicia penal, a fin de que los futuros abogados cuenten con las herramientas necesarias para comprenderlo y aplicarlo.

Con el desarrollo de estas actividades se pretende que cada una de las personas involucradas en el nuevo sistema adquiera conocimientos, destrezas, habilidades para desempeñar la función que les corresponda.

El Poder Judicial es consciente de las bondades de este nuevo sistema. Por ello, está trabajando para que, de este modo, se constituya como una respuesta del Estado a los ciudadanos en su derecho a una justicia pronta y expedita, a una impartición de justicia brindada por instituciones respetuosas de la igualdad e integradas por personal calificado, procedimientos transparentes, resoluciones dictadas en audiencias públicas, con procedimientos simplificados y transparentes, que den cabida a instituciones que protejan y garanticen la vigencia de los derechos.

Señoras y señores:

Sociedad y Gobierno debemos seguir trabajando para contar con el sistema de justicia penal basado en el respeto de los derechos humanos y en el equilibrio procesal entre las partes.

El Poder Judicial tiene el compromiso de que se realicen las actividades necesarias para que esto sea una realidad y, con ello, contribuir en esta transformación de movimiento en el que hoy se encuentra México.

Muchas gracias.