Los
policías millonarios... y falsificadores/ANABEL
HERNÁNDEZ
Revista Proceso # 1917, 27 de julio de 2013
En
México hay personas capaces de hacer cualquier cosa para incorporarse a una
corporación policiaca y corromperse. Así lo hicieron Armando Espinosa de
Benito, exjefe de la División de Investigación de la Policía Federal, y Sergio
Quiroz Padilla, excoordinador de Investigación de la misma institución, como lo
ha evidenciado Proceso (ediciones 1910 y 1912). Ahora se tienen pruebas de que,
además de falsear sus declaraciones patrimoniales, falsificaron sus
certificados de estudios. Apenas con la secundaria terminada amasaron
inexplicables fortunas, ocuparon puestos clave en el supuesto combate al crimen
organizado y sus familiares siguen incrustados en la Policía Federal, evadiendo
los controles de confianza.
A
rmando Espinosa de Benito y Sergio Quiroz Padilla, quienes hasta principios de
este sexenio tenían altos cargos en la Policía Federal (PF), no solamente
mintieron en sus declaraciones patrimoniales para ocultar la riqueza que
obtuvieron injustificadamente; también falsificaron sus certificados de
bachillerato para poder ingresar en la institución, donde permanecieron más de
una década.
Según
el Código Penal Federal la falsificación de documentos oficiales y de
información dada a una autoridad, así como la usurpación de grado escolar y de
profesión, son delitos que se castigan con cárcel.
Por
lo menos desde 1998 el certificado de bachillerato era indispensable para
ingresar y permanecer en la Policía Judicial Federal (PJF, que en 2001 se
convirtió en AFI). También lo era durante el sexenio de Felipe Calderón para
incorporarse a la PF, permanecer en ella y ocupar puestos de alto nivel. Sólo
con la falsificación de sus certificados escolares ambos policías pudieron
entrar y mantenerse en las corporaciones gracias a las cuales se hicieron
millonarios y donde tienen trabajando a sus familiares.
Este
semanario denunció la riqueza inexplicable acumulada por Espinosa y Quiroz
entre 2005 y 2008 –durante sus encargos en la Agencia Federal de Investigación
(AFI) y la PF– así como su ostentoso tren de vida, que no corresponde con sus
salarios ni con sus declaraciones patrimoniales (Proceso 1910 y 1912).
Protegido
de García Luna
En
averiguaciones previas y declaraciones de los narcotraficantes Sergio
Villarreal Barragán, El Grande, y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, Espinosa
–quien en la PF se hacía llamar Dios y hace décadas era policía de crucero– fue
acusado de recibir sobornos a cambio de proporcionarle ayuda e información al
crimen organizado.
A
la sombra de García Luna en la AFI y la PF, llegó a ocupar cargos importantes
en el combate al narcotráfico y al secuestro. Entre 2005 y 2008 acumuló
propiedades por más de 37 millones de pesos: tres residencias en Prados
Churubusco, dos en Lomas de Cocoyoc y una más en el número 20 de la calle
Luarca, colonia Parques del Pedregal en la delegación Tlalpan, donde
actualmente vive.
Su
esposa, Rebeca Ibarra, y sus hijas, Nora y Rebeca Espinosa Ibarra, ostentaban
en las redes sociales su fortuna y lujoso tren de vida. Presumían sus
residencias, los pasteles de cumpleaños de sus perros, sus colecciones de
bolsas Louis Vuitton, sus constantes viajes a Europa, las visitas frecuentes al
salón de belleza de Silvia Galván –el más caro de la Ciudad de México–, todo
pagado con el salario del policía. También presumían su asistencia a desfiles
de moda de la boutique del diseñador Frattina, sus amistades de la farándula
(como la cantante Yuri) y sus fastuosas fiestas de halloween.
El
sexenio anterior y abusando de su cargo, Espinosa colocó en la PF a cuatro
familiares, entre ellos a sus yernos Erick Friedman y Rafael Navarro. Pese a
las revelaciones de Proceso, Friedman sigue en la institución, ahora cobijado
por Gustavo Calles Valdés, cuñado de Sergio Quiroz.
Quiroz
Padilla siempre estuvo a las órdenes de Espinosa y de Cortés –afirman agentes
de la PF consultados por este semanario–, quienes solaparon su alcoholismo, sus
excesos, su prepotencia y sus arranques de violencia.
En
octubre de 2011 Liliana Hernández, pareja de Quiroz, presentó una demanda en la
que lo acusó de haberla golpeado brutalmente y de huir, protegido por policías
federales, llevándose como rehén a su hija menor de edad, Heribel.
En
1999 Quiroz era cadenero de los giros negros del grupo Titanium en la Ciudad de
México. Ese año decidió ingresar a la PJF, luego convertida en AFI. En 2002 era
jefe de departamento en el área de Investigación de Delitos, a las órdenes de
Espinosa. Desde entonces se hicieron inseparables.
Espinosa
pertenecía al grupo de incondicionales de García Luna, y aunque los demás no lo
aceptaban en su selecto círculo, Quiroz siempre se benefició.
Entre
2005 y 2008 acumuló de la nada propiedades por más de 13 millones de pesos: una
residencia en Lomas de Cocoyoc y dos en la Ciudad de México, una de ellas en
Fuente del Saber 45, fraccionamiento Fuentes del Pedregal, donde actualmente
vive. Posee colecciones de motocicletas, de vehículos de lujo y de relojes
Rolex y Hublot.
También
aprovechó su puesto para colocar a sus familiares en la PF. A su cuñado Gustavo
Calles Valdés lo hizo director general de la Coordinación de Servicios
Generales, donde también metió como analista a su hermana Victoria; a otra
hermana, Edith Concepción, la convirtió en jefa de departamento en la División
de Investigación. Todos siguen cobrando en esa institución.
Dos
veces bachiller
Para
ingresar a la PJF y a la PF, Espinosa entregó a la Procuraduría General de la
República y a la Secretaría de Seguridad Pública federal un falso certificado
según el cual había terminado los estudios de bachillerato en la Preparatoria 2
de la UNAM.
Durante
años Espinosa declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que tenía
el certificado de bachillerato. Sin ese documento no hubiera podido desempeñar
los puestos que tuvo: director de Crimen Organizado de la AFI y en la PF (ya en
el sexenio calderonista y amparado por García Luna), coordinador general de las
Fuerzas Federales de Apoyo y jefe de la División de Investigación. Gracias a
esos cargos amasó su riqueza.
La
realidad es que no acabó la preparatoria. Dejó sus estudios truncos muy joven,
cuando se casó.
Proceso
comprobó que el documento ostentado durante años es falso, pues no fue sino
hasta el 4 de diciembre de 2009 cuando el Sistema Educativo Nacional de la SEP,
a través de la Dirección General del Bachillerato, le entregó al jefe policiaco
–cuya CURP es EIBA580801HDFSNR07– el certificado con el folio C 54013.
En
el certificado de la SEP –del cual este semanario tiene copia– aparece la
fotografía de Espinosa de Benito a sus 51 años, edad que tenía cuando recibió
el documento y ya era coordinador general de las Fuerzas Federales de Apoyo.
Ese documento oficial estipula que el jefe policiaco pudo certificar su nivel
de estudios gracias al acuerdo número 286 de la SEP.
Este
acuerdo establece que con un examen la secretaría “otorga reconocimiento
académico formal a los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas por
los individuos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o por
cualquier vía, cuando estos son equivalentes al bachillerato en general. (…)
Este examen permite a todas la personas que no tuvieron acceso a este nivel
educativo o que por algún motivo tuvieron que abandonar sus estudios, acreditar
los conocimientos equivalentes al bachillerato general”.
El
examen general de conocimientos, así como de comprensión de lectura y habilidad
en expresión escrita fue aplicado por el Centro Nacional de Evaluación.
Pero
inexplicablemente, en mayo de 2010 –seis meses después de haber obtenido un
certificado auténtico de bachillerato–, Espinosa, ya jefe de la División de
Investigación de la PF, incluyó en su declaración patrimonial –la cual tiene
carácter oficial y legal– que había terminado la licenciatura en derecho en la
Universidad Insurgentes y afirmó tener un certificado.
Sin
un certificado de bachillerato no hubiera podido realizar estudios
universitarios y de haberlos hecho merced a un documento falso, su grado
académico no puede tener validez.
El
mismo camino
Quiroz
Padilla hizo lo mismo para ingresar a la AFI y luego a la PF. Presentó un falso
certificado de bachillerato de la UNAM. De acuerdo con los documentos en poder
de Proceso se trata de la falsificación de un documento de la Dirección General
de Servicios Escolares. Tiene el número de expediente 83672, el número de
cuenta es 8678368-8 y “certifica” que Sergio Quiroz Padilla “cursó y aprobó en
la Escuela Nacional Preparatoria C-23/3 asignaturas que comprenden el plan de
estudios del bachillerato de tres años en ciencias sociales”.
El
documento, incluido en el expediente de Quiroz en la PF, asegura que tuvo un
promedio de 8.5 y ostenta la fotografía del policía cuando era adolescente. Lo
firma Ramón F. Ramos Carrasquedo como “Secretario General”.
Con
ese certificado Quiroz fue subdirector de Crimen Organizado de la AFI, así como
director de la Sección Segunda del Estado Mayor, director general de Secuestros
y Robos de la Coordinación de Inteligencia y coordinador de Investigación de
Campo de la División de Investigación de la PF.
Como
en el caso de su jefe, la SEP le entregó el 4 de diciembre de 2009 un
certificado de bachillerato a través del Sistema Educativo Nacional bajo el
acuerdo 286.
Igual
que Espinosa, Quiroz afirmó a la SFP en su declaración patrimonial de 2010 que
ya era licenciado en derecho también por la Universidad Insurgentes y contaba
con un certificado. Como en el caso de su jefe y protector, esos estudios
carecerían de validez pues los habría iniciado con un documento falso.
Espinosa
fue destituido de su jefatura en enero de este año; Quiroz, en marzo siguiente.
Pero ambos permanecieron en la PF con los cargos de comisarios generales y
siguieron cobrando sin ir a las oficinas. En abril, cuando supuestamente aún
eran funcionarios de la Policía Federal, empezaron a trabajar como parte del
equipo de seguridad de Grupo Carso.
Pero
a raíz de lo publicado por Proceso en junio pasado (números 1910 y 1912) y
según la información más reciente, Quiroz fue despedido; Espinosa, luego de
permanecer oculto varios días, ha tratado de convencer a sus excompañeros
policías federales de que aún trabaja en el consorcio de Carlos Slim.
El
artículo 243 del Código Penal Federal dice que la falsificación de documentos
oficiales merecerá una pena de cárcel de cuatro a ocho años; “si quien realiza
la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará
hasta en una mitad más”. De acuerdo con el código, falsifica quien elabora el
documento y quien lo usa. Los dos policías millonarios falsearon sus
declaraciones patrimoniales y falsificaron sus certificados de bachillerato.
Fuentes
internas de la PF afirman que los casos de Espinosa y Quiroz ejemplifican el
desastre en esa institución, la falta de controles internos y la corrupción que
no ha podido ser revertida en los primeros meses de gobierno de Enrique Peña
Nieto con Manuel Mondragón y Kalb al frente de la Comisión Nacional de
Seguridad.
Las
mismas fuentes aseguran que Espinosa y Quiroz y sus familiares siguen
trabajando en la PF sin ser sometidos a exámenes de control de confianza, están
seguros de su impunidad.
Señalan
que Ramón Pequeño García, jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal
desde los tiempos de García Luna, quien permanece en el cargo pese el cambio de
administración, garantiza esa impunidad.
Espinosa
y Quiroz han comenzado a esparcir el rumor de que en las próximas semanas
Mondragón y Kalb será removido –por supuestos problemas de salud– y en su lugar
quedaría el actual comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco
Galindo, gente de confianza de García Luna.
Al
frente de la PF quedaría Manelich Castilla Craviotto, actual jefe de la
División de Seguridad Regional y amigo de Luis Cárdenas Palomino, su antecesor.
De ser ciertos estos rumores, el verdadero control de la Policía Federal
permanecería en manos de los ahora exfuncionarios.
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