En el domicilio fiscal Periférico de la Juventud número 8725 de la colonia Lomas Universidad en esta capital, que comparte con Servicios y Atenciones Médicas K (Farmacias Economik), Duarte Jáquez tiene registrada su Unión Ganadera División del Norte y su asociación civil Que el Cielo Bendiga a Chihuahua, registrada apenas en 2013 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Revista
Proceso No. 1001, 27 de diciembre de 2014
Sector
salud, la mina de César Duarte/PATRICIA
MAYORGA, reportaje
El
gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, colecciona denuncias y
acusaciones. En la PGR ya hay una demanda en su contra por peculado,
corrupción, uso indebido de atribuciones y malversación de fondos, pues
transfirió recursos estatales a un banco del cual es accionista. Ahora enfrenta
señalamientos de conflicto de interés por su marcado favoritismo a ciertas
empresas proveedoras del sector salud estatal, con las cuales mantiene
estrechas relaciones.
CHIHUAHUA,
Chih.- Desde 2011, a dos meses de haber ocupado el cargo, el gobernador de
Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, tiene una alianza con las compañías
Ymmarsa Pharmaceutica, SA de CV, y Servicios y Atenciones Médicas K, a las
cuales convirtió en las principales proveedoras del sector salud estatal,
privilegió con licitaciones millonarias en adjudicaciones directas –pese a las
quejas contra esas empresas por vender sus medicamentos con sobreprecios– y con
las cuales comparte la dirección fiscal y las oficinas de una asociación civil
y un negocio propiedad del mandatario.
En
el domicilio fiscal Periférico de la Juventud número 8725 de la colonia Lomas
Universidad en esta capital, que comparte con Servicios y Atenciones Médicas K
(Farmacias Economik), Duarte Jáquez tiene registrada su Unión Ganadera División
del Norte y su asociación civil Que el Cielo Bendiga a Chihuahua, registrada
apenas en 2013 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Aunque
la dirección de la razón social de Ymmarsa Pharmaceutica es la calle Rudyard
Kipling número 11368, en el Complejo Industrial Chihuahua, los ejecutivos de la
empresa despachan en el domicilio de los negocios del gobernador, como consta
en sus tarjetas de presentación.
Duarte
ya estaba envuelto en un escándalo por las transferencias de recursos estatales
al banco Progreso de Chihuahua, del cual es accionista. En su contra pesa una
denuncia por los delitos de peculado, corrupción, malversación de fondos y uso
indebido de atribuciones, presentada por el abogado Jaime García Chávez y la
diputada panista Rocío Reza Gallegos, respaldada por 40 senadores y miles de
ciudadanos que han creado un movimiento “antiduarte”. La denuncia está radicada
en la Procuraduría General de la República.
El
caso de las farmacéuticas arrastra otro conflicto de interés y favoritismo a
empresas aliadas. Entre 2011 y 2013 el sector salud gastó 2 mil 665 millones
707 mil pesos en la compra de medicamentos, de acuerdo con reportes de la
Secretaría de Salud estatal solicitados mediante la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información.
Ymmarsa,
Farmacias Economik y Administración y Comercialización de Franquicias
Internacional, S de RL de CV –propiedad del priista Eduardo Almeida Navarro,
quien apoyó la campaña de Duarte–, recibieron sólo en 2011, 2012 y 2013 más de
la mitad del presupuesto estatal destinado a la compra de medicamentos y
material de curación. Los gastos de 2014 aún no son públicos.
Pese
a que los gastos estatales en medicamentos se han incrementado 32% (301.9
millones de pesos) desde la llegada de Duarte a la gubernatura, en los centros de
salud aumentó notablemente el desabasto –señalan médicos entrevistados– y la
propia Auditoría Superior del Estado (ASE) informó que no hay control en los
almacenes.
A
las empresas aliadas de Duarte se les señala en las auditorías por
incumplimiento de requisitos o bien generaron quejas de otros proveedores,
quienes demostraron que cotizan los medicamentos con precios mucho más altos
que sus competidores y aun así ganan los contratos con el gobierno.
Un
grupo de ciudadanos –asesorados por médicos que sospecharon del conflicto de
interés y la malversación de fondos– solicitó una investigación a la Secretaría
de la Función Pública federal, la cual se negó argumentando que le corresponde
hacerlo a la Contraloría del Estado; ésta la preside la exdiputada priista Liz
Aguilera García, cercana a Duarte y posible candidata por el PRI a una
diputación federal.
El
28 de noviembre de 2014 estos ciudadanos –quienes informaron a Proceso de su
queja– interpusieron otra demanda ante la Auditoría Superior de la Federación,
que la mantiene abierta con el código WEB8613 en el estatus de “estudio y
análisis”. En su documento, los demandantes acusan al gobernador de coludirse
con funcionarios del sector salud y violar la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contrato de Servicios y Obra Pública y la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Púbicos del Estado de Chihuahua, entre otras.
Más
dinero, menos abasto
A
partir de la alianza con las farmacéuticas señaladas, la Secretaría de Salud de
Chihuahua aumentó su presupuesto para el gasto de medicamentos: de 2011 a 2013
pasó de 781 millones 784 mil pesos a 974 millones 223 mil pesos.
Mediante
el desglose del documento obtenido vía la Ley de Transparencia se desprende que
los Servicios Estatales de Salud gastaron en esos tres años 2 mil 665 millones
707 mil pesos sólo en adquisición de medicamentos y material de curación. El
Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal, el cual maneja el programa federal
del Seguro Popular) gastó mil 552 millones 618 mil pesos y Pensiones Civiles
del Estado manejó 1 millón 552 mil pesos, ambos en el mismo rubro.
Sin
embargo, en uno de los hospitales con más afluencia de los derechohabientes del
Seguro Popular se constató un importante desabasto de medicamentos y material
de curación desde 2013. El último reporte obtenido da cuenta de que entre enero
de 2013 y julio de 2014 ningún mes tuvo un abasto mayor a 90% y el promedio de
esos 19 meses fue de 58%. El gobierno anterior, aunque con menos presupuesto,
tuvo un promedio de más de 80% de abasto, según el cálculo de funcionarios
consultados.
Para
algunos expertos, el aumento en la compra de medicamentos carece de
explicación. “Esa situación contrasta con el incremento de la población (…), de
apenas 8% contra 45% en el gasto de medicamentos en la administración actual,
sin considerar que la mitad de la población estatal es derechohabiente del
IMSS”, estima un funcionario cercano al actual secretario estatal de Salud,
Pedro Hernández Flores y quien pidió el anonimato.
Sobre
esa diferencia opina: “Se compra caro, se compra mal o, a juzgar por el
deterioro en el abasto de medicamentos a los hospitales, suceden ambas cosas.
La mala compra puede consistir en un análisis deficiente de los reportes
estadísticos de enfermedades o simplemente esos reportes no son tomados en
cuenta, ya que la prioridad es comprarle al proveedor favorito aquello que como
intermediario pueda venderte con un máximo de ganancia y con el mínimo
esfuerzo, aunque ese medicamento esté a punto de caducar o se trate de uno de
uso infrecuente”.
Entonces,
advierte, un auditor difícilmente podrá detectar esa mala práctica puesto que
no se trata de un médico con preparación administrativa. Señala que con la
llegada de Hernández Flores al sector salud empeoró la situación.
Otro
colaborador de alto nivel de la Secretaría de Salud estatal, quien también
pidió el anonimato, dijo que el sector salud ha adquirido sus insumos a través
de intermediarios, en vez de licitar cada insumo por separado y directamente
con los fabricantes, lo cual permitiría un gran ahorro. “Basar el abasto de
medicamentos en intermediarios va contra esa tendencia y es una puerta abierta
de par en par a la corrupción”, dice a Proceso.
Empresas
opacas
Ymmarsa
y Servicios y Atenciones Médicas K aparentemente son lo mismo. Tienen los
mismos socios, despachan en la misma dirección y compran medicamentos y
material de curación a diferentes laboratorios a bajo costo y al mayoreo. Pero
cuando esas empresas empezaron a ser proveedoras estatales en 2011 no estaban preparadas
para atender el abasto del sector público en Chihuahua ni los de otros estados
a los cuales también surten.
Los
hermanos Juan Hiram y Jorge Márquez Rodríguez abrieron farmacias Economik como
un negocio familiar en Durango en 2004 y en 2011 crearon Ymmarsa Pharmaceutica,
para convertirse en proveedores del sector público. El negocio lo continuó Juan
Hiram e invitó como socio a Jesús Miguel Robles Villarreal.
“Tenían
el medicamento en el piso o expuesto a la luz, pese a que debe estar con
temperatura controlada. Así operaron un año hasta que la Coespris (Comisión
Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios) les puso un alto”, asevera un
empleado administrativo de la empresa, quien también habló con este semanario a
condición de reservar su nombre. Esa situación la confirmó la ASE en la
fiscalización de 2012.
Un
empleado del área administrativa entrevistado en las oficinas de Periférico de
la Juventud dice que en ese lugar acomodan las licitaciones según les convenga:
“Una semana antes empiezan a preparar todo para concursar, pero se atenían
porque ellos mismos ponían las condiciones; el gobierno les manda las
licitaciones y se acomoda de acuerdo a lo que tienen”.
Ymmarsa
atrajo las franquicias de las farmacias Economik en 2011. Éstas surgieron en 2004
como negocio familiar en Durango, donde abrieron siete sucursales. En 2011
llegaron a Chihuahua. Actualmente hay nueve sucursales repartidas en la
capital, Parral, Ciudad Juárez y Cuauhtémoc.
En
Periférico de la Juventud número 8725, cuando se pregunta por Servicios y
Atenciones Médicas K, los encargados canalizan la petición a Jesús Miguel
Robles Villarreal, uno de los socios de Ymmarsa. Esta persona –quien entregó
una tarjeta de presentación con el domicilio de Médicas K y de los negocios del
gobernador, aunque la empresa registró el de Rudyard Kipling 11368– explicó que
comparten la razón social “porque hubo un acuerdo para prestarles el domicilio
fiscal”.
Al
pedirle una entrevista con uno de los encargados de Médicas K, propuso
contactar al apoderado legal, pero éste no atendió la solicitud. Personal de
esa empresa consultado por Proceso confirma que se trata de la misma compañía
pero con diferente nombre (Ymmarsa y Médicas K).
Robles
Villarreal niega que exista alguna relación con la Unión Ganadera División del
Norte, fundada por Duarte en 2005. “Hasta tenemos problemas de estacionamiento
(con la asociación), pero no tenemos nada que ver”, asevera. Agrega que “pagan
renta”.
A
Ymmarsa –proveedora de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y del Instituto
Municipal de Pensiones en el ayuntamiento de Chihuahua– se le acusa de inflar
precios hasta en 300%, y pese a ello gana las licitaciones. Las denuncias se
han hecho en Chihuahua, Tabasco y Durango; en Nuevo León le retiraron una
licitación el pasado 27 de junio.
La
ASE hizo observaciones en el ejercicio fiscal de 2012 y 2013 a la Secretaría de
Salud respecto del abasto de medicamentos por la mala distribución, falta de
control en los almacenes y caducidad, que implicaba a Médicas K; con todo, el Congreso
estatal aprobó por unanimidad su cuenta.
Los
Servicios de Salud del estado han entregado por adjudicación directa al menos
500 millones de pesos a Médicas K a partir de 2012. Sólo ese año recibió 321.1
millones de pesos en medicamentos y material de curación para aplicarlo al
programa federal del Seguro Popular. Así lo indica el contrato D20517 derivado
de la adjudicación directa 282/2012.
En
2013, mientras esa empresa recibió 183.5 millones pesos como proveedor de la
Secretaría de Salud, el resto de proveedores recibió entre 106 mil y 600 mil
pesos y uno más obtuvo 68 millones de pesos, según la solicitud de información
087242014.
Un
año antes la ASE había hecho observaciones a los Servicios de Salud por haber
adjudicado a esa empresa, sin concurso, los contratos D20517 y D20518, por
417.5 millones de pesos, pese a no tener la licencia sanitaria obligatoria.
Ymmarsa
también tiene su historia. En 2012, Marketing Medicinal y otros proveedores
denunciaron públicamente que Pensiones Civiles adjudicó a esa empresa
duranguense un contrato por 345 millones de pesos, aun cuando ésta ofreció
precios inflados. De 881 medicamentos y materiales etiquetados para su compra
le otorgó 738; más de 80% de la licitación LP002012.
Los
proveedores quejosos ofrecen más ejemplos: Ymmarsa cotizó en mil 503 pesos cada
una de las 700 cajas de Bicalutamida (para combatir el cáncer de próstata), en
tanto que la distribuidora México Hospitalaria las cotizó en 500 pesos; la
Fenitoína (antiepiléptico) la ofreció en 394 pesos por caja, mientras que el
Laboratorio Pisa la ubicó en 14 pesos; la licitación para el antidepresivo
Prozac la ganó cotizándolo en 398 pesos por caja, cuando un año antes lo compró
en 7.50 pesos.
Los
mismos proveedores calculan el desfalco al estado en al menos 100 millones de
pesos. Los inconformes alegan que a Ymmarsa no le pidieron una carta para
demostrar que no tiene historial de incumplimiento, como lo exigen los
requisitos; la razón es que dicha empresa no hubiera podido mostrar nada pues
surgió en 2011 y no había cotizado ni surtido a dependencias oficiales.
Al
Instituto Municipal de Pensiones le abasteció 67% de los medicamentos
licitados, también con sobreprecio.
En
2012, Marcelo González Tachiquín, actualmente secretario de Educación y quien
fue director de Pensiones, aseguró que había despedido al encargado del área de
Adquisiciones, Édgar Hermes Sandoval Tarín. Sin embargo, oficialmente dicho
funcionario no salió de esa dependencia sino hasta agosto del presente año.
También
Prosalud
La
tercera proveedora beneficiada es Administración y Comercialización de
Franquicias Internacional (conocida como Prosalud) del Grupo ALSA, propiedad de
Eduardo Almeida Navarro, quien apoyó económicamente la campaña de Duarte. El
empresario posee una avioneta Cessna 402 matrícula N3403 y en junio último fue
nombrado presidente seccional del PRI municipal.
Grupo
ALSA está formado por siete firmas. Tres son proveedoras del gobierno estatal y
de la Presidencia Municipal de Chihuahua: Construcciones Corporativas
Inmobiliarias, SA de CV, Comercializadora Corporativa Internacional, SA de CV,
y Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S de RL de
CV.
Estas
compañías se encargan de instalar alumbrado público, remodelar inmuebles,
vender maquinaria, construir y remodelar escuelas y vender medicamentos.
Prosalud
provee medicamento y equipo médico al gobierno chihuahuense. En 2012 recibió
por ese rubro más de 180 millones de pesos. En su portal indica que la empresa
administradora fue constituida en 2003 y en 2011 se reactivó para la apertura
de la farmacia Prosalud, la cual abastece de medicamentos a por lo menos nueve
farmacias y es proveedora del IMSS, Ichisal y Pensiones.
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